“Si hace falta”, se enviarán más militares a Culiacán y Navolato

■ Recuperar espacios para la sociedad, objetivo de la operación

Jesús Aranda

El operativo Culiacán-Navolato –que comenzó esta semana con la participación de más de 2 mil elementos del Ejército y casi mil de la Armada– constituye la segunda operación en importancia en lo que va del año en contra del crimen organizado, sostuvieron fuentes militares, y agregaron que el objetivo es “hacer presencia y contener” los altos niveles de violencia alcanzados en días recientes y garantizar que la población no se vea afectada por enfrentamientos entre bandas criminales rivales.

Tenemos claro, añadieron los informantes, que existe una lucha entre dos grupos de narcotraficantes que se pelean la plaza, pero no podemos dejar de actuar y, si hace falta enviar más militares para inhibir las acciones del crimen organizado, así se hará.

Sostuvieron que el objetivo principal del operativo no es ubicar y detener a los principales líderes del crimen organizado radicados en Sinaloa, sino recuperar para la sociedad los espacios arrebatados por el hampa.

Explicaron que si bien al iniciar este sexenio se pusieron en marcha operativos anticrimen en Tijuana, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Tijuana, Baja California, en la actualidad los esfuerzos federales con el envío de tropas del Ejército, la Armada y agentes federales de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República se han centrado primordialmente en Ciudad Juárez, y en segunda instancia en las ciudades sinaloenses de Culiacán y Navolato.

De acuerdo con las fuentes, si bien el número de militares que se han enviado a Ciudad Juárez, Chihuahua –en marzo pasado–, y a Sinaloa son similares –casi 2 mil–, la diferencia radica en que a la primera localidad el grueso pertenecía a las fuerzas especiales y al cuerpo de fusileros paracaidistas, mientras a Sinaloa fueron enviados soldados de regimientos de caballería desplegados en el estado de México y Puebla.

En ambos casos, los operativos reforzaron acciones implementadas desde el año pasado que no tuvieron en una primera etapa los resultados esperados.

Los funcionarios consultados reiteraron que el gobierno federal tiene en claro –y así quedó establecido en la reunión del gabinete de seguridad que se reunió el pasado martes en la ciudad de Culiacán– que el aumento sustancial de la violencia obedece a la lucha entre los grupos criminales que encabezan los hermanos Beltrán Leyva, por un lado, y por el otro Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán Loera, por el control de esa plaza.

El gobierno, sostuvieron, no puede mantenerse al margen, aunque la mayoría de los muertos sean producto de esa lucha entre delincuentes, porque tiene la obligación de garantizar el orden y la seguridad de la ciudadanía.

El éxito del operativo dependerá, aseguraron, de la capacidad de las dependencias para obtener información y generar inteligencia sobre los grupos criminales, porque existe pleno entendimiento para “compartir lo que haya que compartir” y que “conozca la información quien deba conocerla”.

También es necesario garantizar que no haya filtraciones de información que afecten las operaciones, afirmaron.

(La Jornada, 16 de mayo de 2008)