Represión, abusos, desapariciones...

José Gil Olmos

El número de muertes en el país relacionadas con el crimen organizado adquiere dimensiones inusitadas. El procurador Eduardo Medina Mora reconoció que este año van mil 378 ejecuciones; el 10% de estas bajas corresponden a elementos de la policía, la PGR, el Ejército y la Marina. Ante este escenario, organizaciones sociales muestran su preocupación no sólo por la militarización del combate al narcotráfico –25 mil soldados y policías federales se encuentran desplegados en diversas regiones del país–, sino por el retorno de prácticas represivas que, dicen, estaban ya superadas.

Dentro y fuera del país, organizaciones sociales advierten que la situación de los derechos humanos en México es “extremadamente crítica”.Su argumento: el gobierno de Felipe Calderón carece de una política de protección en ese campo. Además de condenar la salida del país de Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por supuestas presiones del gobierno de Felipe Calderón, también hacen hincapié en lo inconveniente que resulta utilizar al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, en el repunte de la práctica de la tortura y en la desaparición forzada de personas, así como en la aplicación de una política de criminalización de la protesta social.Édgar Cortez, integrante de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, sostiene: “Lamentablemente es el perfil de un gobierno que se ha desentendido de los derechos humanos, que mantiene un discurso y un trabajo en foros internacionales muy a favor, pero que en el ámbito doméstico es todo lo contrario e incluso contribuye a su agravamiento.”Y asegura que, como lo dijo la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, cuando visitó México, “seguimos viviendo una especie de esquizofrenia en materia de derechos humanos”.Para Cortez, el resurgimiento de las desapariciones forzadas y los casos de tortura registrados durante el gobierno de Calderón es grave porque, afirma, significa el retorno de crímenes de lesa humanidad que ocurrían en la llamada guerra sucia y que se creían superados.Cita los casos de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, quienes se encuentran desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.Otro hecho, agrega, es la “criminalización” de la protesta social. Las violaciones a los derechos humanos que se presentan con más frecuencia son las agresiones contra periodistas. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2007 fueron asesinados cuatro periodistas y tres más fueron reportados como desaparecidos. Desde que el PAN llegó al gobierno en 2000, 35 comunicadores han sido ejecutados y otros seis han desaparecido. No se ha aclarado ni un solo caso.Señala Cortez: “La situación se sigue agravando sin que a la fecha la fiscalía especial creada para investigar los casos de los periodistas haya dado resultados, con el efecto que esto tiene con la libertad de expresión y de que no existan problemas para que los medios aborden todos los temas, incluido el de seguridad y el narcotráfico.”Así mismo, considera que la militarización en las tareas de combate al crimen organizado viene desde 1995, cuando el gobierno creó las Bases de Operación Mixta (BOM), integradas por elementos del Ejército y de las policías federales y estatales. Desde entonces, dice, el gobierno nunca se preocupó por la profesionalización y la depuración de los cuerpos policiacos.Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que la espiral de violencia provoca la muerte de ocho personas por día. Hasta la fecha, según el documento, las víctimas del crimen organizado suman 4 mil 172.El propio procurador Eduardo Medina Mora dijo en una entrevista radiofónica, el viernes 23, que en lo que va de 2008 han sido ejecutadas mil 378 personas, lo que representa un incremento de 47% con respecto al período correspondiente al año pasado, en el que las bajas fueron 940, todas atribuidas al crimen organizado.Destacó que de esos muertos 450 eran policías, policías fiscales o miembros del Ejército Mexicano y la Marina. Eso significa, según el procurador, que poco más del 10% son bajas de servidores públicos. Para Medina Mora, estas cifras reflejan los golpes que el gobierno de Calderón ha asestado al narcotráfico y son “una expresión de su fortaleza”.Lo que el funcionario omitió es que a partir de que Calderón decidió que el Ejército encabezara la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la CNDH ha recibido 634 quejas por actos de ilegalidad de las Fuerzas Armadas y ha emitido seis recomendaciones.
Los excesos
Cifras extraoficiales indican que más de 25 mil soldados y policías federales fueron desplegados en puntos clave del país para combatir el narcotráfico. La actuación de los militares ha sido muy criticada por los asesinatos de civiles en los retenes instalados y por las violaciones a mujeres en algunos de los operativos.Sobre esto último, el 2 de mayo de 2007, en un operativo militar en Nocupétaro, Michoacán, cuatro adolescentes que trabajan en un bar fueron secuestradas, drogadas y violadas en el cuartel de la XXI Zona Militar. Tan sólo por ese operativo, que se extendió a los municipios de Carácuaro, Huetamo y Apatzingán, la CNDH recibió 52 quejas por presuntas violaciones de las garantías individuales.En cuanto a los llamados “daños colaterales” en la guerra contra el narcotráfico, el 1 de junio de 2007, en el poblado de la Joya, municipio de Sinaloa de Leyva, un grupo soldados disparó contra una camioneta donde viajaba una familia. Murieron cinco personas, entre ellas un par de niños, y tres más resultaron heridas. Actualmente 19 militares están bajo proceso por este caso.Dos días después, el 3 de junio, sobre la carretera que va de Mier a Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados que estaban en un retén dispararon contra un vehículo que no atendió el alto. En ese incidente murió el copiloto Héctor Adrián Salazar Hernández, de 27 años.La madrugada del pasado 16 de febrero, en un retén de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fue acribillado un vehículo en el que viajaban Sergio Meza y José Antonio Barbosa. El primero murió, mientras que su compañero, de origen estadunidense, quedó herido. Ambos andaban de parranda.Para el mes siguiente, el día 26, hubo otro incidente en la comunidad de Santiago de Caballero, municipio de Badiraguato, Sinaloa. En esa ocasión un grupo de jóvenes viajaban en una camioneta cuando un camión con soldados les dio alcance y les disparó varias ráfagas. Murieron cuatro civiles. En un principio las autoridades castrenses alegaron que se trató de un enfrentamiento, pero las primeras indagatorias revelaron que la versión era falsa. Por este hecho fueron consignados cinco militares.Finalmente, el lunes 5, en un enfrentamiento entre soldados y presuntos sicarios del grupo de Los Zetas, en el municipio de Villa de Cos, Zacatecas, murieron tres civiles: Edwin Castañeda López, Alejandra Pérez Rodríguez y una niña de nueve años, Noemí Pinales Hernández.Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), advierte sobre los riesgos que implica la participación del Ejército en el combate al crimen organizado. Esto sólo lleva a que “se legitime la represión y se reduzcan derechos y garantías fundamentales”, dice.El peligro reside en que el gobierno de Calderón, en lugar de reconstituir a los cuerpos policiales para combatir el narco y la inseguridad pública, puede caer en la tentación de mantener a las Fuerzas Armadas de manera permanente en su cruzada.Incluso advierte: “Hemos visto que con la injerencia militar en ámbitos civiles persiste el riesgo de que los procesos democráticos se realicen sin la rapidez deseable, sobre todo que no se avance hacia un estado de respeto a los derechos humanos”.El director del Prodh sostiene que la alternancia política no ha llevado a una recomposición de los espacios de poder y observa que la polarización social se agudizó a partir de aquellas elecciones.“El escaso margen por el que se decide la elección y el clima de confrontación posterior han obligado prácticamente al presidente Calderón a construir su legitimidad con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, señala el director de este centro que lleva 20 años de trabajo ininterrumpido.Y añade: “Ante esta situación hemos externado nuestra preocupación por el protagonismo militar, ya que consideramos que (Calderón) actúa contra la consolidación de los procesos democráticos.”Adrián Ramírez López, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), destaca que al haberle apostado al Ejército en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad pública, Calderón ha generado un contexto de graves violaciones a los derechos humanos poniendo en riesgo a todos los mexicanos.“Hemos visto los ataques que el Ejército ha lanzado de manera indiscriminada en diferentes lugares en los que ha habido muerte de civiles. Creo que el gobierno de Calderón pasa por encima del supremo derecho a la vida, así como del de libre voluntad de tránsito y del de asociación”.Ramírez destaca que con la decisión de mantener al Ejército en las calles en funciones policiales, Calderón viola el artículo 129 de la Constitución que establece con claridad que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podrá ejercer ninguna acción para la que no está facultada.Así mismo, habla de la impunidad con la que actúa el Ejército. A pesar de que hay denuncias de violaciones graves a los derechos humanos, incluidos algunos asesinatos y abusos sexuales contra militares, ninguno de éstos ha sido consignado ante las autoridades civiles; todos los casos han sido remitidos a la Procuraduría de Justicia Militar.
La ilegitimidad
Los defensores de derechos humanos consultados por este reportero consideran que entre los factores que generan la crisis en materia de derechos humanos está la falta de legitimidad con la que Calderón llegó a Los Pinos, así como la polarización social que se derivó de las elecciones del 2 de julio de 2006.Para el representante de la Limeddh es paradójico que Calderón no esté ganando legitimidad con el uso del Ejército. Es con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del empresariado nacional como ha logrado sostenerse, asegura el dirigente social.“Lo que se nota en el gobierno de Calderón es el desinterés que tiene con la constante violación a las garantías individuales, porque para él los derechos humanos son un obstáculo en su guerra en contra del narcotráfico y los grupos insurgentes”, puntualiza.Luis Arriaga, del Prodh, subraya que la falta de castigo a los responsables refleja la persistencia de la impunidad de parte de actores diversos, principalmente los gubernamentales, como fue el caso del conflicto en Oaxaca.“Persiste la impunidad, no hay acceso a la justicia por parte de las víctimas, tampoco se castiga a los responsables y mucho menos existe la reparación de daños”, externa. Y menciona el fracaso que significó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), coordinada por Ignacio Carrillo Prieto. Funcionó durante varios años y al final no pudo llevar a la cárcel a ninguno de los responsables de los asesinatos y desapariciones cometidas contra guerrilleros y luchadores sociales en la llamada guerra sucia.“Sabemos muy bien que para avanzar en un régimen democrático, de respeto a los derechos humanos, es necesario aclarar los crímenes del pasado. No podemos prescindir del derecho de las familias a conocer la realidad, de tener acceso a la justicia y, sobre todo, que se les dé una reparación adecuada”, sostiene Arriaga.
La salida de Incalcaterra
Ante esta situación de crisis, los responsables de las organizaciones no gubernamentales consideran grave la salida del país de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por supuestas presiones del gobierno de Calderón a raíz de sus críticas al uso del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.Arriaga expone: “Nos preocupa que sean ciertas las versiones de que salió por presiones del gobierno. El representante de la ONU señaló con oportunidad y con firmeza prácticas violatorias a derechos humanos; impulsó estrategias claras para promover la vigencia de los derechos humanos, y abrió algunos canales de comunicación entre diversos actores. En algunas ocasiones tuvo una voz crítica y con capacidad de aportar elementos sustantivos para prevenir violaciones a los derechos humanos.“Lo grave de su salida por las presiones del gobierno es que contribuye a profundizar un clima desconfianza y de conflicto. Estamos ante un país con un régimen que se ha caracterizado por sufrir una situación alarmante en materia de derechos humanos. Hemos visto que, más allá de la alternancia política, hay una recomposición de los espacios de poder.”Para Adrián Ramírez, la salida de Amerigo Incalcaterra es “el signo más ominoso” de los ataques a los defensores de derechos humanos.“Si el representante del máximo órgano de la ONU para los derechos humanos es presionado para que salga de la representación, ¡imagínese la situación que día a día viven los defensores de derechos humanos, los reporteros, los líderes de opinión y los luchadores sociales! Es una situación grave, es un signo más que nos preocupa.”El activista español Ignacio García, quien llegó a la Ciudad de México el miércoles 21 para entregar al gobierno de Calderón el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) sobre los casos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, calificó de “extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México.Tras 10 años de trabajo durante los cuales han visitado seis veces el país para observar la situación de los derechos humanos en la zona sur de la República, dijo que hay muy pocos avances en la aplicación de la justicia.En los foros internacionales, subrayó, “hay declaraciones más positivas y los compromisos se cumplen; pero en los hechos desgraciadamente esta política no se corresponde. Un ejemplo de ello es Acteal, donde hasta ahora no se ha hecho justicia a pesar de que ya pasaron más de 10 años. Lo mismo sucede en los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca”.

(Proceso, mayo de 2008. Tomado de El justo reclamo)