martes, 27 de febrero de 2007

Calderón y el alto mando del Ejército conspiran contra la Constitución

José Francisco Gallardo Rodríguez

generalgallardo@yahoo.com.mx

Para conocer cuál es el papel que corresponde a las fuerzas armadas en los tiempos modernos –que no es nada nuevo, en realidad es tan antiguo como la propia organización del Estado–, se necesita conocer a la institución.

El Ejército, por su tamaño y naturaleza es una organización social compleja; tiene carácter público y está altamente diferenciada en su interior respecto a las demás organizaciones estatales. El núcleo profesional que adopta las decisiones en su seno, es a su vez un grupo social de gran influencia en el conjunto de la sociedad. Ello se debe a la importancia, cualitativa y cuantitativa, de sus recursos organizativos, sin hacer mención de su condición de administrador de los medios de violencia, de sus elevada cohesión en comparación con otros grupos decisores, y de su posesión de diversas tecnologías no exclusivamente militares. No hay otra organización social, dentro del Estado, que disponga de expertos en áreas tan disímbolas como la ingeniería, el derecho, la medicina, los sistemas de comunicación, la educación, el aprovisionamiento, etcétera.

Desde otra perspectiva, hay pocas organizaciones con una capacidad de control sobre las decisiones individuales de sus miembros, comparable, en ámbito y en profundidad, a la ejercida por la organización militar.

Decía Maquiavelo: “El jefe de Estado debe ser un estudioso de las empresas militares; no debe reposar ni dar tregua hasta alcanzar el desarrollo profesional del ejército. La experiencia en el manejo de la milicia, es una forma que permite no incurrir en errores y desaciertos que, en otras latitudes, han significado la caída de gobernantes. Retener la autoridad del Estado con bases seguras, es condición innegociable de sobrevivencia y soberanía”. Esta concepción adquiere gran valor en la actualidad.

Desde el inicio de esta administración se insiste en el respeto al Estado de derecho, con lo que se quiere significar, desde los orígenes del Estado constitucional, que la organización política de la vida social, las instituciones y el gobierno, debe estar sujeta a procedimientos regulados por la ley. Últimamente el concepto pasó a incluir la legitimación democrática del poder del Estado, que también tiene que estar sometido a la norma jurídica. Por tanto, el Estado de derecho supone el reconocimiento de los derechos personales, la responsabilidad del Estado y la legitimación democrática del mismo.

De esta manera, cuando desde una visión de izquierda –apartidista– hablamos de Estado de derecho, tiene que ver con la legitimidad, no con la legalidad; con la justicia, no con el derecho; con la seguridad humana, no con la seguridad del Estado.

Durante estos primeros dos meses que corren del gobierno calderonista, los problemas sociales han sido interpretados –y aún más grave– desde una visión de Estado de derecha , lo que toma mayor relevancia si se trata de una venganza política en contra de aquellos sectores que votaron contra el régimen.

Esta actitud se ve reflejada en el presupuesto enviado recientemente al Congreso por el presidente Calderón. En el proyecto se da prioridad a la seguridad destinándole un gasto exorbitante. Por otra parte se reduce drásticamente el de cultura y educación, cuando las amenazas a la seguridad nacional pueden provenir de los aspectos sociales desatendidos y de la confrontación política que actualmente vive el país y que es soslayada por el gobierno.

Claro, desde una posición de derecha, la inseguridad pública se ataca con más militares, más policías, más cárceles y con leyes más duras. Desde una visión de izquierda, con más escuelas, más hospitales, más centros culturales, más justicia, más empleos, más investigación, es decir: atendiendo los reclamos sociales, educando y cultivando al pueblo que es fuente del poder nacional.

Por otra parte, si bien el presidente debe recurrir a toda la fuerza del Estado para preservar la seguridad nacional y para ello tiene que disponer del Ejército (artículo 89), como en los casos de Oaxaca, Michoacán y Baja California, lo cierto es que no se decretó el Estado de excepción que previene la Constitución (artículo 29) para que pudieran actuar las fuerzas armadas fuera de sus cuarteles; pero además dentro de un marco jurídico que es necesario para evitar los abusos de poder y garantizar la rendición de cuentas. De esta manera, el Ejército está operando fuera del cauce constitucional, cuando tiene la encomienda de tutelar la soberanía nacional. Dicho de otra forma, gobierno y Ejército conspiran contra la Constitución.

Ya adelantaba ( Forum 162) que desde la toma de posesión se iba a trazar el nuevo tipo de relación civil-militar que se tendría en esta administración. Desgraciadamente para nuestra incipiente democracia, Calderón toma posesión apoyado en el Ejército, lo que de entrada establece una supremacía del poder militar sobre el poder civil; relación ésta, contraria a todo intento de democratizar al país. Tal situación fortalece la impunidad en la que se han mantenido los militares desde hace varias décadas; además acrecienta las prerrogativas del alto mando y el gasto de defensa, cuando el país requiere urgentemente la atención de programas sociales.

(APIA Virtual, 27 de febrero de 2007)

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La militarización de Calderón

£ El gobierno de la ultraderecha inicia operativos militares.
£ Propagandísticamente anuncia que combatirá al narcotráfico.
£ Es la respuesta del gobierno fraudulento a la protesta social.

Calderón se viste de verde

Ni siquiera le pusieron ropa a la medida; casi arrastrando el uniforme militar, el presidente ilegítimo de México apareció disfrazado en la Zona Militar No. 43 para regocijo de los caricaturistas. El 3 de enero, vestido con chamarra y gorra militares, Calderón se reunió con soldados, marinos y policías en Apatzingán, Michoacán. El motivo oficial fue rendirles tributo porque, dijo, “han logrado detener el avance de la delincuencia en la primera fase de los operativos de seguridad, y a quienes ordenó que no desfallezcan en esta tarea” (Herrera C., Martínez E. en La Jornada 4 ene 2007)..

Agradecido, "por las operaciones emprendidas contra el narcotráfico", el gobernador del estado michoacano fue el primero en someterse. Lázaro Cárdenas Batel del abuelo solo tiene el apellido. En Michoacán, precisamente, se habían iniciado los operativos militares el 8 de diciembre anterior. Ahora, los resultados indicaban que, entre otros logros, se habían decomisado 4 kilogramos de semillas de amapola, 19 mil 341 pesos y 2,321 dólares. Los resultados son verdaderamente ridículos. No obstante, el secretario de la defensa de Calderón declaró que, “estos resultados han sido "contundentes" y no tiene precedente en las estadísticas de combate en contra del crimen organizado en Michoacán”.

Se extienden los operativos
Dos días ates, el 3 de enero, se había dado inicio al mismo operativo en Tijuana, Baja California. Miles de elementos militares y policíacos fueron movilizados en un programa “que prevé el uso de aeronaves reacondicionadas con alta tecnología para intercepción, la instalación de puntos de detección terrestre y marítima de narcóticos, así como de erradicación de cultivos ilícitos” (Román J.A., Castillo G., Heras A., en La Jornada 3 ene 2007).

El 6 de enero, el operativo se puso en marcha, ahora en Sinaloa. El gobierno de la ultraderecha decidió desplegar “más de 3 mil elementos provenientes de la PFP, la Agencia Federal de Investigación (AFI), del Ejército y Marina-Armada de México a Sinaloa, para instalar retenes y desplegar acciones por tierra y mar en contra del cultivo y trasiego de drogas, así como de dinero ilícito” (Castillo G., Muñoz A., en La Jornada 5 ene 2007). De inmediato los soldados levantaron retenes en calles, entradas y salidas de esta frontera, y realizaron labores de vigilancia por mar y aire con dos buques, cuatro lanchas rápidas y dos helicópteros.

En Sinaloa, el operativo se inició sin que el gobernador lo supiera, según declaró el mismo. Como parte del operativo, los militares desplegaron por el estado a “grupos de inteligencia”. Trascendió que el plan del gobierno federal era extender los operativos a todo el país.

En Chiapas y Sonora, los propios gobiernos locales anunciaron la inminente legada de efectivos militares. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados empezaron a instalar retenes en las avenidas de varias colonias. En Nuevo León, el propio gobernador se reunió con funcionaros federales para diseñar el operativo a aplicarse en su estado.

El 10 de enero, el gobierno local confirmó el arribo de 2 mil militares, 130 unidades terrestres y aéreas a Acapulco pero, dijo, que era parte de la rutina no de ningún operativo. El 15 de enero, el operativo ya se había ampliado a Culiacán, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo. Félix Salgado, presidente municipal de Acapulco, declaró que desconocía los detalles y estrategias que se iban a aplicar en el estado, principalmente, en el puerto.

El 22 de enero, ya estaban movilizados 9 mil soldados en Chihuahua, Durango y Sinaloa con los objetivos de ''ejecutar órdenes de aprehensión, realizar cateos y detener a miembros o líderes'' de organizaciones delictivas”. Según informó el secretario de la defensa nacional, desde el 8 de diciembre de 2006 se había movilizado a un total de 19 mil efectivos militares.

A la fecha el despliegue de efectivos era por tierra, mar y aire. En conferencia de prensa, en la casa presidencial, se informó que, al momento, se había logrado la erradicación de mil 613 plantíos de mariguana y 567 de amapola, además de la detención de 20 personas y el decomiso de 14 armas largas (Aranda J., en La Jornada 22 ene 2007).

Pobres resultados
El 7 de enero, el gobierno de Baja California aseguró que la Operación Tijuana sólo "ha dado buenos resultados", mientras en la jornada de vigilancia y combate al crimen organizado se detuvo a cuatro personas por omisión de pensión alimenticia, intento de violación y robo de cilindros de gas (Heras A., Martínez E. en La Jornada 8 ene 2007). Se publicó que, el principal "golpe" en Tijuana había sido desarmar a 2 mil 100 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal para que personal de inteligencia militar realice pruebas de balística y dactiloscopia con el propósito de saber si el arma de cargo o su responsable participaron en algún acto ilícito.

Ante tan pobres resultados, el gobierno mexicano procedió a un golpe mediático. El 19 de enero anunció la extradición de 15 capos del narcotráfico a Estados Unidos. Para el gobierno todo ocurrió con normalidad en contra de personas peligrosas. Sin embargo, a ninguno se le realizó ningún juicio de extradición, los jueces a cargo de los procesos ni siquiera fueron notificados y mucho menos se escucho en defensa a los afectados.

Las penas a que habían sido condenados en México (cadenas perpetuas), súbitamente fueron anuladas. Los hechos ocurrieron una semana después de la reunión en la capital mexicana de los procuradores de justicia de ambos países. Expertos penalistas señalaron que la acción fue inconstitucional al permitir que a los extraditados se les juzgue con leyes extranjeras.

El 25 de enero, Bush le llamó a Calderón para felicitarlo por la lucha contra el narco.

Tentación totalitaria
“El uso excesivo de la fuerza pública no sólo carece de resultados, sino que en los hechos se traduce en el fortalecimiento del poder para combatir cualquier disidencia política y restablecer el "orden y la legalidad, entendidos como disciplina y respeto a los esquemas sociales y económicos establecidos". Así lo señaló Fernando Tenorio Tagle, experto criminólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dijo que, Calderón “está cumpliendo con los mismos requisitos que Estados Unidos solicitó a Porfirio Díaz para garantizar la inversión extranjera, es decir, "seguridad, pero también control de los movimientos sociales" (Poy L., en La Jornada 5 ene 2007).

Agustín Pérez Carrillo, de la UAM-Azcapotzalco señaló que "no se logrará acabar con la delincuencia utilizando mano dura, mucho menos con un proceso de militarización, que sólo en países como Colombia ha costado miles de vidas y deterioro de los derechos humanos". El académico dijo que iniciar la "guerra" contra la delincuencia aplicando operativos de seguridad "no sólo vulnera garantías individuales, como el libre tránsito, también lesiona los derechos humanos y podría propiciar la pérdida de vidas y ocasionar lesiones físicas a personas ajenas a cualquier actividad ilícita".

“El prematuro uso de las fuerzas armadas mostró a un mandatario dispuesto a gobernar con el dedo en el gatillo” escribió J. Camil (en La Jornada 12 ene 2007).

En antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas dijo (en La Jornada 12 ene 2007) que “La casaca verde olivo y la gorra que ostenta el águila y las cinco estrellas del grado de comandante supremo de las Fuerzas Armadas que portaba Calderón el 3 de enero en Michoacán que nunca fueron utilizados por los presidentes priístas en una más de sus profusas reuniones con soldados en el corto tiempo de asumir el cargo; el aumento de salarios y recursos para los militares por encima de cualquier otro rubro o sector; la utilización masiva del ejército en operativos contra el crimen organizado en tres estados de la república en violación a la Constitución y, en particular, la violencia ejercida contra el pueblo oaxaqueño y la APPO, hacen pensar que Calderón más que presidente se asume como jefe supremo de la represión y el orden capitalistas”.

Gobierno usurpador apoyado en el Ejército federal
Gilberto analizó seriamente la situación. El mismo reiteró que, “ya en 1999 analizábamos las razones que continúan vigentes por las cuales las fuerzas armadas mexicanas se encuentran en desventaja en la lucha contra el narcotráfico: 1. El adiestramiento de los militares no va encaminado a prepararlos para misiones de seguridad pública y lucha contra el tráfico de drogas. 2. El crimen organizado por su poder económico penetra fácilmente las estructuras castrenses a través de su cooptación, corrompiendo a la institución armada desde la tropa hasta la alta oficialidad y convirtiéndola en cómplice de la acción delictiva. 3. Los recursos materiales de las fuerzas armadas están en desventaja con respecto al crimen organizado, el cual cuenta con los más modernos medios de comunicación e intercepción de señales, armamento, vehículos, aeronaves, navíos e infraestructura operativa. 4. La saturación de misiones de las fuerzas armadas traen consigo desgaste y deserciones: trabajo de inteligencia, seguridad pública, lucha contra el crimen organizado, represión de disidencias sociales y contrainsurgencia (las cuales abarcan diversas tareas de labor social y propaganda entre la población civil), contingencias y desastres naturales, etcétera. 5. Predominio del narcotráfico marítimo y en consecuencia fracaso en la contención de cargamentos ante la obsolescencia de las embarcaciones y los recursos de la Armada. 6. Resultados nulos, desprestigio, invasión de esferas de competencia entre sí (Ejército y Marina) y con diversas instituciones federales y estatales. 7. Inversiones inútiles en compra de transporte aéreo y marítimo inservible y riesgoso. 8. Nulo monitoreo del Congreso de la Unión y de la sociedad civil en el presupuesto militar, el cual resulta en un botín que propicia también la corrupción y la discrecionalidad en el gasto público. 9. Dependencia cada vez mayor de las fuerzas armadas mexicanas a Estados Unidos e incorporación de las mismas a los planes y mecanismos de dominio estratégico imperialista a través de la lucha contra el narcotráfico y ahora del "combate al terrorismo internacional".

López y Rivas dijo que “lo más preocupante de estas primeras semanas de Calderón es el mensaje que está dando a los ciudadanos todos y a la oposición de izquierda en particular: 1. Soy un presidente ilegítimo repudiado por millones de mexicanos, pero cuento con el apoyo de los militares. 2. Mi prioridad como gobernante es la seguridad para los capitales y la mediatización y control de la disidencia y la protesta social. 3. No me importa recortar el presupuesto para la educación, la salud, la cultura y el gasto social mientras el sector castrense se sienta no sólo apoyado, sino estimulado para el desempeño de sus tareas”.

También escribió que “No serán posibles la intimidación ni el repliegue de los movimientos sociales del pueblo mexicano ante estos intentos por hacer retroceder al país a etapas ya superadas por décadas de luchas civilistas, democráticas y de defensa de la soberanía e integridad de la nación. ¡La derecha no pasara!”.

La militarización va contra la protesta social
Calderón no es solamente un político de la ultraderecha fanática sino fascistoide. En Oaxaca, el gobierno federal optó con medidas de fuerza ante la protesta social. Habiéndose posesionado del gobierno luego de una elección severamente cuestionada, Calderón y grupos que lo patrocinan busca afirmarse en la fuerza del Ejército federal.

¿Cómo combatir al narcotráfico si éste se ha desarrollado al amparo del poder político? El mismo Estado ha sido penetrado por esas mafias y no de ahora. Sigue prevaleciendo la tesis de que no hay crimen organizado sin el apoyo del Estado. Eso es lo que ocurre en México. Por eso es que, el Ejército se ha visto mal, incapaz de cumplir con la función que el gobierno federal en turno le ha asignado.

Los operativos policíaco-militares y el amplio despliegue por todo el país son el anuncio de una guerra generalizada, aparentemente contra los narcos. Sin embargo, el mensaje va destinado a la sociedad en su conjunto. El gobierno tiene en marcha un operativo para criminalizar la protesta social, toda vez que el gobierno espurio sabe que, la aplicación de su política económica no es, ni será, aceptada voluntariamente por el pueblo. Imponer compulsivamente al neoliberalismo salvaje conlleva al uso de la fuerza del Estado.

(Energía, 27 de febrero de 2007)

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martes, 20 de febrero de 2007

Calderón otorga a tropas aumento salarial de 46%

El mandatario informó que dio instrucciones para que ningún miembro de la Marina o del Ejército perciba menos de 90% en sus sobrehaberes (sueldo más prestaciones) en todo el país

Sergio Javier Jiménez y Natalia Gómez Quintero
El Universal
Martes 20 de febrero de 2007

HUEHUETOCA, Méx.- Los integrantes de menor rango de las Fuerzas Armadas del país reciben a partir de ayer un incremento en sus percepciones, anunció Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, al celebrar el Día del Ejército.

El mandatario informó que dio instrucciones para que ningún miembro de la Marina o del Ejército perciba menos de 90% en sus sobrehaberes (sueldo más prestaciones) en todo el país. Además, anunció que tendrán un reconocimiento extra de mil pesos mensuales:

"Este paquete implica, por ejemplo, que un soldado de la primera región militar, con un sobrehaber de 60%, recibirá ahora uno de 90%, lo que representará que su sueldo, que el año pasado era de 3 mil 500 pesos, hoy percibirá 5 mil 200 pesos, lo que significa un incremento de 46%.

"Un cabo -explicó Calderón- recibirá un aumento de 45% y así sucesivamente para todos los miembros de la tropa".

El mandatario también les anunció un programa de crédito para vivienda y les dijo que el incremento es retroactivo al 1 de enero. "Estas son acciones de justicia elemental", consideró.

El Presidente reconoció el trabajo del Ejército mexicano, pues sin él, añadió, no puede entenderse una nación democrática.

Guardó un minuto de silencio por sus integrantes caídos en el ejercicio de su deber: "Estas lamentables perdidas no serán en vano. Habremos de combatir a los enemigos de la nación en todo el territorio nacional y los habremos de vencer, y la perseverancia de nuestro afán será coronada con la victoria".

En su discurso, el titular del Ejecutivo, quien reconoció que aún falta mucho por hacer, los instruyó a "mantener la guardia en alto" y les reiteró que "seguiremos trabajando para acordar con el Congreso las reformas necesarias que nos permitan incrementar los ingresos públicos y que eso nos facilite hacer un mayor esfuerzo para compensar el valor, el patriotismo y el invaluable servicio que a la patria prestan".

Refrendan lealtad

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, refrendó su lealtad y compromiso al presidente Calderón, de trabajar para contribuir al establecimiento del estado de derecho, para preservar la seguridad pública y para afianzar la democracia en México, pero sin desempeñar actividades que no correspondan a la institución.

Durante un desayuno ofrecido al Presidente en la base militar de San Miguel de los Jagüeyes, en el estado de México, con motivo del Día del Ejército, Galván Galván aseguró que el país tiene importantes apremios que resolver y atender, en los que, indicó, el Ejército seguirá sirviendo a la sociedad "por encima de intereses particulares".

Calderón estuvo acompañado del secretario de Marina, Francisco Saynez; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; el presidente del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones; la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, María Elena Álvarez Bernal, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Entre los invitados especiales se encontraba el Presidente y Director General de EL UNIVERSAL Juan Francisco Ealy Ortiz.

El general Galván Galván aseguró al Presidente que el Ejército mexicano "seguirá cumpliendo con esmero, energía y determinación inquebrantable sus directivas, para contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y que la población pueda desarrollar sus actividades productivas a plenitud, en un ambiente de seguridad y confianza".

El secretario de la Defensa reconoció que, como toda institución, el Ejército es perfectible y que vive un permanente proceso de superación, de creatividad, innovación, preparación actualizada y adiestramiento para alcanzar los niveles de aptitud que demanda el cumplimiento de nuestras misiones.

(El Universal, 20 de febrero de 2007)

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lunes, 19 de febrero de 2007

Calderón elogió al Ejército mexicano

Alabó esfuerzos antinarco y terrorista

EFE

19 de Febrero de 2007

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente de México, Felipe Calderón, exaltó a los militares que luchan contra el narcotráfico y protegen las instalaciones estratégicas del país, como las petroleras, sobre las que se ciernen supuestas amenazas terroristas.

Un aumento salarial

Al participar en una ceremonia con motivo del Día del Ejército mexicano, Calderón anunció también un incremento de los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente el de los soldados, que será del 46 por ciento.

El mandatario elogió la labor de las tropas para mantener la seguridad interior y proteger la soberanía nacional, aunque instó a modernizar las leyes y fortalecer el aparato de justicia para complementar esa lucha "patriótica".

"En nombre del pueblo de México, hago un reconocimiento especial a la valiosa participación de las Fuerzas Armadas en el combate que libramos contra quienes amenazan la seguridad y la tranquilidad y se empeñan en envenenar a nuestros niños y jóvenes", dijo el jefe de Estado en alusión a los narcotraficantes y secuestradores.

"En esta lucha que libramos por México frente a quienes quieren destruir su futuro, quiero rendir honores a los soldados caídos en el cumplimiento de su deber de luchar contra el crimen", añadió.

30 mil efectivos

Calderón, en el poder desde el pasado 1 de diciembre, ordenó a más de 30 mil soldados, marinos militares y policías federales perseguir por aire, mar y tierra a los criminales en 8 de los 32 estados mexicanos afectados por una ola de "narcoviolencia" que en 2006 se cobró más de 2 mil vidas en todo el país.

El último operativo antidrogas fue lanzado el fin de semana en los estados de Nuevo León, cuya capital es la ciudad de Monterrey, y Tamaulipas, ribereño del golfo de México, ambos colindantes con Texas, Estados Unidos.

"Seguiremos con la lucha contra el crimen y con las acciones para restablecer la paz y la seguridad de los mexicanos, y habremos de combatir a los enemigos de la Nación en todo el territorio hasta vencer", enfatizó Calderón en la ceremonia.

Las amenazas de Al Qaeda

El mandatario dijo que México"necesita a sus soldados para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior de la nación, para proteger sus instalaciones estratégicas y para salvaguardar la vida, el patrimonio y el futuro de los mexicanos".

"Necesitamos que la prosperidad, el crecimiento y los empleos surjan de la inversión, el turismo y la confianza que sólo un México verdaderamente seguro puede generar", expresó.

Calderón aludió a la protección de las instalaciones estratégicas cuatro días después de que Washington pidiera tomar en serio una supuesta amenaza de la rama saudí de la organización terrorista Al Qaeda de atacar a México, Canadá, Venezuela y otros proveedores de crudo a EU.

A raíz de ese supuesto anuncio de Al Qaida, las autoridades mexicanas redoblaron la vigilancia en varias instalaciones petroleras del sureste del país y las localizadas en el Golfo de México.

(Univisión.com, 19 de febrero de 2007)

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