Desaparecidos en Colombia y México

Miguel Ángel Granados Chapa
30 Oct. 08

Evidenciada por contrastantes resultados, la prioridad con que se atiende la desaparición forzada de personas en Colombia y México resulta notoria; en aquel país investigan un caso en tres semanas, aquí un año y cinco meses son insuficientes.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunciaron ayer miércoles la destitución de tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores y seis suboficiales, a los que se seguirán procesos penales y disciplinarios en relación con "los desaparecidos de Soacha".

Entre enero y marzo pasados, entre 11 y 20 jóvenes desaparecieron de Soacha, un municipio conurbado a Bogotá. Los familiares denunciaron la desaparición y a mediados de junio los más de ellos recibieron notificación de que los cuerpos de sus parientes habían sido hallados en una fosa común en la provincia de Santander. El Ejército los había reportado como "muertos en combate", pero sus deudos no se resignaron con esa noticia y presionaron hasta hallar una explicación más convincente, pues estaban seguros de que los suyos no se habían adherido a ninguna banda de paramilitares o guerrilleros y sospechaban, por lo tanto, que los jóvenes habían sido asesinados a sangre fría. El Ministerio de Defensa, quizá acuciado por la inminente llegada, en octubre mismo, de Navanethem Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, y necesitado de obtener una adecuada calificación en esa materia, acordó el 3 de este mes formar una comisión investigadora que en tres semanas halló responsabilidades en los generales, jefes y oficiales ahora destituidos.

Aunque la espesa prosa evita definir con claridad los hechos, un comunicado expedido ayer en la Casa de Nariño, residencia presidencial colombiana, acepta que la comisión "encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción". El comunicado agrega que "esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad...".

La desaparición de personas es un ingrediente o consecuencia del estado de violencia interna, verdadera guerra civil en algunas regiones, que padece Colombia desde hace décadas. Según Amnistía Internacional, que presentó su informe sobre los derechos humanos en Colombia el mismo día, ayer, en que se anunció la destitución del personal castrense, entre 15 y 30 mil personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace unos 40 años. Sólo el año pasado los desaparecidos sumaron 190, sin que pueda determinarse qué porción de esa cifra corresponde a acciones guerrilleras o de grupos paramilitares, y cuántas constituyen casos de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad perpetrado por agentes del Estado o con su aquiescencia.

Es probable que en México el problema de las desapariciones alcance una dimensión mayor que en Colombia. Se calcula que durante los casi dos años de la actual administración federal la cifra llega a 600 personas, sin que sea posible distinguir en ese número cuántas resultan de "levantones" practicados por bandas criminales contra enemigos que poco después de ser privados de la libertad aparecen asesinados, y cuántas corresponden a la definición legal de desaparición forzada, es decir cometida por agentes del Estado, por instrucciones superiores.

Entre esa suma adquirió notoriedad el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, denunciado por el Ejército Popular Revolucionario a cuyas filas pertenecían en el momento de su desaparición, fines de mayo de 2007. En reclamo por la presentación de sus compañeros, en julio y septiembre siguientes, ese grupo insurgente armado atentó contra ductos de Pemex, sin causar daño a persona alguna pero generando cuantiosas pérdidas económicas, tanto por la destrucción de las instalaciones atacadas cuanto por la interrupción del suministro de gas a extensas y activas regiones, que era el objetivo de los ataques.

Hace seis meses, el EPR propuso la creación de una Comisión de mediación que favoreciera un diálogo entre ese grupo guerrillero y el gobierno federal con vistas a la presentación con vida de sus compañeros. A esa distancia de su integración, en que se ha reunido en varias ocasiones con un grupo de trabajo de la Secretaría de Gobernación, la Comisión declaró el martes que debido a las omisiones del gobierno, no le ha sido posible acercarse siquiera "al objetivo esencial que la convoca", que es la presentación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Entre omisa y renuente la administración federal sólo ha dado un paso, que resultó fallido, para establecer la suerte y el paradero de los desaparecidos: arraigó durante 90 días a dos agentes de la policía ministerial del estado de Oaxaca, al cabo de los cuales tuvo que liberarlos por la imposibilidad de fincarles cargos firmes por la desaparición. Habían sido detenidos bajo la presunción de que ellos capturaron a Reyes Amaya y Cruz Sánchez y los entregaron a instancias federales, policiacas o militares, a las que no se ha convocado en la averiguación previa respectiva, sobre desaparición forzada.

El viernes pasado Gobernación respondió a planteamientos de la Comisión hechos en junio y agosto, lo que permitirá a los comisionados hablar no sólo con Bucareli, sino con la Secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen...

Cajón de sastre

Dirigentes de algunas de las organizaciones internacionales de derechos humanos y promoción civil más activas e influyentes (Amnistía, Oxfam, Greenpeace, entre otras) han formulado una declaración pública para recordar a los gobiernos de los países industriales que su contribución al encaramiento de la crisis financiera internacional contrasta "con su reticencia y promesas incumplidas de ayuda y alivio a la pobreza, derechos humanos y cambio climático...". Los derechos humanos no son un lujo para los buenos tiempos. La inacción frente al cambio climático no es una opción viable. La pobreza mundial no ayuda a la estabilidad mundial. Los países ricos seguirán una estrategia miope y contraproducente si ignoran los retos más importantes de nuestro tiempo y se enfocan únicamente en intereses financieros estrechos. No se trata sólo de dinero. Es una cuestión de atención permanente, colaboración internacional y voluntad política clara para resolver los grandes problemas.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

(El Siglo de Torreón, 30 de octubre de 2008)

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Matanza silenciada

Miguel Ángel Granados Chapa
PLAZA PÚBLICA

Al mediodía del lunes 18 de agosto pasado, el tianguis que se sitúa al lado del templo parroquial en el San Pedro Limón, un poblado en el municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, Estado de México, fue interrumpido de manera brutal. Llegados a bordo de tres vehículos, una veintena de individuos con el rostro cubierto y con vestimenta de tipo militar disparó sus armas, AR-15 y AK-47 contra la pequeña multitud que trajinaba en el lugar. Murieron por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más resultaron heridas. No pareció que buscaran a alguien en particular, contra el que dirigieran su ataque. Su blanco era gente común y corriente, desconocida de los agresores. Se cree que no todos se marcharon al concluir su estúpida y sangrienta acción, sino que algunos de ellos se quedaron en la zona para tener control sobre lo que allí ocurriría.

Con ser excesivo, no fue eso lo peor. Rato después de la inesperada embestida, que dejó pasmados a los sobrevivientes, quienes no acertaban a decidir qué hacer, llegaron al lugar otros vehículos, esta vez ocupados por miembros del Ejército. Éstos retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena. Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido. Quizá disuadieron también al personal de la agencia del Ministerio Público, incluidos agentes ministeriales, que supieron de los hechos, pero no cumplieron sus funciones, pues no se inició averiguación previa alguna.

He tenido acceso a esta información por fuentes cuya identidad no revelo, pero que merecen mi confianza. Por ese motivo doy por ciertos los hechos cuya gravedad resulta evidente de su sola exposición. Se trata del primer ataque a la población civil, como el que un mes más tarde acontecería en Morelia, la noche del Grito. Si cabe compararlas, la matanza de San Pedro Limón es aún más estremecedora no sólo porque es mucho mayor el número de víctimas (tres veces más que las habidas en la capital michoacana) sino por las acciones y omisiones de las autoridades, encaminadas a ocultar lo sucedido en vez de investigar los hechos y perseguir a los responsables.

En otros espacios periodísticos (las columnas de Ciro Gómez Leyva en Milenio y Jorge Fernández Menéndez en Excélsior) aparecieron ayer informaciones sobre otra grave expresión de violencia. Se trata de la desaparición de siete comerciantes en joyería de oro. Procedentes de Pajacuarán, Michoacán, iban camino a Oaxaca y se detuvieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero. En un burdel de esta última ciudad se les vio por última vez. Puesto que llevaban consigo unos cuatrocientos mil pesos, se presume que fueron asaltados, pero el vehículo en que viajaban apareció quemado en un paraje remoto y sin indicio alguno sobre su paradero. La desaparición ocurrió el 29 de agosto y desde entonces nada se sabe de ellos, a pesar de que sus familiares han recorrido oficinas de tres estados en busca de información sobre los suyos.

Todo lo más que llegaron a saber los parientes de los desaparecidos es que probablemente fueron víctimas de Los Pelones, “la temible banda local parte narco, parte guerrilla, parte secuestradores, parte alborotadores”, según la define Gómez Leyva. Esa misma banda –u otra homónima, o extensión de la primera— actúa en otro extremo de Guerrero, en los límites con el Estado de México. En la madrugada del seis de septiembre Los Pelones se enfrentaron con Los Zetas en Arcelia. Los Pelones de este caso merodean en Tlatlaya, por lo que quizá la matanza del 18 de agosto se debe a esta pandilla. La actuación de los militares, en obvio beneficio de la banda homicida, revelaría un contubernio entre delincuentes y mandos militares, encargados de proveerles impunidad.

Tengan o no vinculación estos sucesos, son una nueva evidencia de que la delincuencia organizada está derrotando al Estado mexicano en su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la zona de Sultepec es verdad sabida que los agentes ministeriales se cuidan de realizar tareas de investigación o captura de presuntos delincuentes sin antes recabar una suerte de autorización de Los Zetas, sin la cual no es posible que hagan sus labores. Ese es un escalón superior en el trato de la banda criminal con los policías, con quienes mantienen una fluida relación después de haber roto una práctica común no sólo en esa comarca sino en muchos lugares del país. Los Zetas sentaron las bases de su trato con los jefes policiacos rehusando pagar “ayudas” a los agentes ministeriales, cuotas de protección cuya cobertura permite el narcomenudeo y la comisión de otros delitos menores. Alterada así la relación de poder, ahora son los agentes policiacos los que dependen del poder criminal.

El silencio que hasta este momento, en que lo rompemos, ha rodeado a la gran matanza de San Pedro Limón ha sido posible por la profundidad de la intimidación lograda por el atentado mismo y por la presencia militar complicitaria. Se comprende que los pobladores se sientan inermes, presos en la tijera de esos dos factores, y accedan a no hablar de lo ocurrido, temerosos de que la crueldad que mató sin causa a 23 personas agregue a su cuenta nuevas víctimas. La Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa, el Gobierno mexiquense poseen, en cambio, capacidades al menos formales para indagar lo sucedido. Al menos es su deber intentarlo.

(El Siglo de Torreón, 9 de octubre de 2008)

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Los desaparecidos de Cadereyta

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

Hace un año exactamente desaparecieron dirigentes sindicales, trabajadores y jubilados de la refinería Héctor Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Al hecho grave y agobiante de su desaparición ha seguido un silencio, una despreocupación oficial y social por la suerte de estas personas, que parece no importar a nadie.


Por eso hay que recordar lo ocurrido en aquella ciudad, porque es inadmisible que la gente se esfume como si se la hubiera tragado la tierra y ninguna autoridad explique lo ocurrido, a pesar de que hay información o indicios de que por lo menos algunas de esas infortunadas personas fueron detenidas por miembros de corporaciones oficiales.

Al anochecer del 16 de mayo de 2007. tras una asamblea de la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el comisionado de la Dirección Nacional, David Fernando Vega Zamarripa, conocido familiarmente como “El ganso”, y de cuarenta años de edad, fue “levantado” por un grupo armado, junto con varios compañeros.

Su hermano mayor, Hilario Vega Zamarripa, de 47 años, recibió al día siguiente un telefonema en que con amenazas se le requirió para presentarse en un lugar determinado, so pena de que David Fernando muriera.

Hilario, secretario general de la Sección y ex diputado federal priista, acudió a la cita y desde entonces no se sabe más de él.

Otros miembros de la Sección, trabajadores de la refinería, desaparecieron también entre esas fechas: Víctor Manuel Mendoza Román, de 35 años; Jorge Alejandro Hernández Faz, de 28 años; David Sánchez Torres, de 33 años. Igual destino corrieron los jubilados Félix Sánchez Torres, de 44 años; Luis Enrique Martínez Martínez, de 51 años; José Luis Zúñiga García, de 52 años. Los dos últimos desaparecieron después que el resto, el 20 de mayo, lo mismo que el ex alcalde de Cadereyta, José Luis Lozano Fernández.

El sólo número de personas “levantadas”, secuestradas o desaparecidas hubiera escandalizado a su entorno. Pero en ése como en otros momentos de violencia desatada en Nuevo León, el hecho se consideró como parte de un fenómeno más general, la desaparición de hasta 30 personas.

Por citar únicamente otro caso semejante, en el municipio de Guadalupe seis miembros de una familia de la colonia La Herradura habían sido privados de la libertad en esos mismos días.

Pero abrumó a los parientes de los desaparecidos la despreocupación de la autoridad local por investigar el caso, a pesar de que involucraba a personas de alto relieve en la vida política local.

Los hermanos Vega Zamarripa son parte del grupo director del sindicato de Pemex en todo el país. Hilario cubría su tercer periodo como secretario general, perseverancia sólo posible para quienes están bienquistos con la camarilla que rodea a Carlos Romero Deschamps.

Eso no obstante, tampoco el Sindicato hizo entonces, ni lo ha hecho a lo largo de un año, reclamo o protesta alguna por la suerte de sus integrantes, que no eran miembros de una corriente opositora o disidente, sino de la que controla la vida sindical y lo hace mediante mecanismos penados por la ley.

Ahora mismo se intenta procesar por venta de plazas a José Izaguirre Rodríguez, el reemplazante de Vega Zamarripa como secretario general interino. Tampoco él ni el resto de su comité salieron a las calles en exigencia pública por la aparición de su dirigente, cuyo periodo está por concluir. En vez de demandar su aparición, Izaguirre Rodríguez se apresta a la próxima elección seccional para formalizar su posición provisional.

Durante las dos semanas siguientes los familiares de los desaparecidos carecieron de toda noticia sobre ellos, hasta que el 4 de junio medios locales de información dijeron que soldados del Ejército mexicano los habían aprehendido y conducido a cuartel primero y después a la Subprocuraduría de Investigaciones Sobre Delincuencia Organizada en la ciudad de México. Se suponía también que agentes federales habían hecho las detenciones, ya que el despliegue de hombres dotados con armas de alto poder que las practicaron era semejante a los que estila esa dependencia. Y también se parecía a los que llevan a cabo sicarios de bandas de la delincuencia organizada.

No se confirmó ninguna de esas especies. Y nadie puso especialmente la vista en la refinería de Cadereyta donde la vida laboral siguió su curso. Ni siquiera se recordó a los desaparecidos en julio siguiente, cuando un rayo cayó sobre un depósito de gasolina primaria y provocó que se consumieran 200,000 litros de ese insumo.

La preocupante despreocupación oficial sobre ese caso alcanzó también al Senado, que el 11 de diciembre remitió a comisiones, en vez de aprobarlo inmediatamente, un punto de acuerdo iniciado por la senadora Rosario Ibarra en que se propuso exhortar a la Procuraduría General de la República y a la del estado de Nuevo León “a que den seguimiento urgente a la denuncia presentada por los familiares de los C.C. Hilario y David Vega Zamarripa por la desaparición forzada de que fueron víctimas los pasados 16 y 17 de mayo de 2007”.

Acaso el desinterés senatorial surgió por la referencia a la desaparición forzada, un delito de lesa humanidad con perfiles de mayor gravedad que el secuestro, que es también vituperable. En el punto de acuerdo aplazado se pedía al Senado condenar “de modo enérgico los casos de desaparición forzada que se han presentado en el país en el último año, causados por la omisión o acción autoritaria del Estado...”.— México, D.F.

(Diario de Yucatán, 16 de mayo de 2008)

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Retorno a la cerrazón autoritaria

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

La cancillería que solicita el relevo de un funcionario internacional, al que juzga incómodo, y un subprocurador de la república reticente hasta ser agresivo con una misión llegada a examinar las condiciones del ejercicio periodístico en México, son ingredientes de un posible retorno a la cerrazón autoritaria que caracterizó al sistema priista.

A fines de mayo se marchará el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Hartó a sectores duros del gobierno mexicano, y de sus inmediaciones, que pidieron a la titular de aquella oficina, Louise Arbour, su pronto reemplazo, a lo que accedió la funcionaria internacional durante su estancia en México en febrero pasado. En una adecuada interpretación de su papel como un promotor de derechos humanos más volcado a la sociedad que hacia el gobierno y la CND, Daniele Incalcaterra fue haciéndose disfuncional al propósito gubernamental e insoportable para la piel sensible de algunos funcionarios.

Ese mismo género de epidermis se mostró el 21 de abril en la Procuraduría General de la República, según refieren al presidente Calderón integrantes de una misión que estuvo en México para documentar ataques contra periodistas y medios de comunicación. En aquella fecha la misión se reunió con “el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano, quien realizó una breve presentación para posteriormente abrir la sesión para recibir preguntas de la sesión. Se solicitó información sobre la averiguación previa del caso de Brad Will, periodista asesinado en Oaxaca en el 2006 (sic), y cuyo caso fue desestimado por el subprocurador al afirmar que éste no era un periodista debido a que no contaba con una calidad y característica migratoria que lo acreditara como tal. Después de solicitarle información sobre otros casos en particular y dar respuesta puntual y de manera respetuosa a algunos cuestionamientos que el mismo funcionario solicitó a integrantes de la misión, el subprocurador señaló a la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias como 'enemiga del Estado', al tratar el caso del reciente asesinato de dos periodistas de radio comunitarias en Oaxaca. Con sorpresa, dicha integrante de la misión le preguntó si era verdad que considerara que ella es una enemiga del Estado, a lo que de manera agresiva el funcionario aseveró de nueva cuenta: 'Sí, usted es una enemiga del Estado por las afirmaciones que hace'. Cabe destacar que el funcionario condujo la reunión de un modo confrontativo, a pesar de que la misión en reiteradas ocasiones manifestó su disposición de colaboración y diálogo”.

No menos rasposo ha sido el descontento oficial mexicano contra Daniele Incalcaterra, cuya suerte se conocía vagamente pero de la que se tuvo noticia más precisa por una vasta información —a toda una plana, en la edición mexicana del lunes pasado— del diario español “El País”. Su corresponsal Francesc Relea afirmó que el funcionario de la ONU “deja abruptamente el cargo y abandonará el país en breve por presiones de las autoridades...”, motivo que fue diplomáticamente negado por el funcionario en declaraciones formuladas ayer.

Desde su llegada a México a fines de 2005, Incalcaterra “ha denunciado con firmeza las violaciones a los derechos humanos, amparadas en muchos casos en la impunidad. Su actitud crítica incomodó a las autoridades hasta llegar a una situación insostenible”.

La reacción oficial ha sido elusiva. Alejandro Negrín, director de derechos humanos de la cancillería negó el malestar gubernamental en el tema: “No tengo conocimiento de ello”, dijo, y acudió a la respuesta formal. Atribuyó a la alta comisionada Arbour la decisión de reemplazar a Incalcaterra: “Ella designa a sus representantes”. Negrín anticipó de ese modo la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores que el martes expidió un boletín (no se atrevió a enrostrar un desmentido al diario español) que reiteró la obviedad de que “es una práctica común en el sistema de Naciones Unidas que los funcionarios... sean trasladados a una nueva adscripción después de un cierto tiempo”.

La Secretaría también habría negado el hecho de que, como relata Relea, “llamó a capítulo” al funcionario internacional “por un artículo publicado en el diario 'El Universal' el 3 de agosto de 2006 sobre la controvertida elección presidencial... El aviso fue contundente: por mucho menos, aplicarían el artículo 33 de la Constitución. Dicho texto señala que 'los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país'”.

Como quiera que el funcionario no se dejara intimidar, en 2007 fue de nuevo reprendido por la cancillería. Incalcaterra dijo que la participación militar en funciones policiacas provoca violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de la Defensa se inconformó con esa opinión y la de Relaciones le lanzó “un ultimátum: No más críticas a las fuerzas armadas porque su implicación en el combate al narcotráfico es política de Estado”.

A las razones enumeradas por el corresponsal de “El País” hay que añadir la distancia creciente entre su oficina y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cuyo presidente no satisfizo la inclinación del funcionario a relacionarse con la sociedad civil y no con el costoso armatoste que no ha sido capaz de presionar al Estado para que emita su plan nacional de derechos humanos. Incalcaterra no vaciló en hacer suyas las conclusiones del informe de “Human Rights Watch”, adversas al funcionamiento de la Comisión.— México, D.F.

plazapublica@prodigy.net.mx

(Diario de Yucatán, 8 de mayo de 2008)

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Ilegal Secretaría de Seguridad

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

Asombra, e intranquiliza, saber que la principal política del gobierno federal, la de seguridad pública, trabaja sobre la ilegalidad y precarias bases de organización, sobre situaciones de hecho sujetas a oscilaciones del ánimo no se sabe si del presidente de la república o de sus secretarios, el del ramo y el de la Defensa Nacional.

Es mala noticia que los cuerpos policiacos y sus agentes sean noticia. Y no es infrecuente que eso ocurra. La semana pasada se rindió homenaje a nueve miembros de la Policía Federal asesinados.

Uno al menos, Roberto Velásquez Bravo, alto funcionario del Estado Mayor de esa corporación cayó en circunstancias que denotan al menos abulia en cuanto a la protección que debiera cubrir a los de su rango, dado que era director de investigaciones contra el crimen organizado.

En sentido contrario, al menos la segunda grave matanza en que el blanco principal era el líder ganadero guerrerense Rogaciano Alba quizá fue protagonizada por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones. El sábado pasado, después de que en la víspera habían muerto seis personas en un ataque en Iguala contra ese dirigente, un comando de 40 ó 50 personas vestidas con el uniforme de aquella corporación, a bordo de una decena de vehículos, atentó de nuevo contra Alba, esa vez en su casa en Petatlán, y ultimó a 11 personas.

La Secretaría de Seguridad Pública Federal, de que depende la AFI, no reaccionó de inmediato para negar que efectivos suyos cometieran tropelías de esa gravedad.

La Policía Federal no existe formalmente. No puede nacer sin base legal, y para construirla es preciso abrogar las normas que dieron vida a la AFI y la PFP.

Y ni siquiera se ha iniciado el trámite legislativo necesario para esa operación.

La demora quizá sea atribuible a Los Pinos, pero pueden situarse en la oficina del ingeniero Genaro García Luna otras insuficiencias legales que afectan el funcionamiento de esa policía.

Por ejemplo, 7,588 militares trabajan en la Policía Federal desde el año pasado, sin que sea clara su adscripción porque no ha sido formalizado este año el convenio anual que desde 2000 suscriben la Defensa y la SSP.

Por añadidura, en la segunda Secretaría aseguran que ese convenio ya fue firmado, extremo que a su vez se niega en Lomas de Sotelo. Conforme al último documento suscrito para ese efecto, en abril del año pasado, el personal militar que está comisionado a la SSP volvería a filas al comenzar 2008, lo que no ocurrió.

Pero desde entonces, visto que no ha sido renovado el convenio, la porción castrense de la PFP se halla en una situación de indefinición legal que sería en todos los casos inconveniente y lo es sobre todo a la luz de las importantes funciones jurídicas que esa corporación debe cumplir.

La diferencia de puntos de vista entre la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública no es nueva y manifiesta una tensión permanente entre ambas dependencias.

A veces no se trata sólo de pareceres diversos, sino de verdadero choque de posiciones. Hace un mes, para no ir más lejos, la SSP emitió un comunicado para informar que la Policía Federal detuvo en Nuevo Laredo a un grupo de zetas, los matones a sueldo del cártel del Golfo, que llevaban consigo más de cinco millones de dólares.

La oficina a cargo de García Luna atribuyó la detención a los “trabajos de inteligencia, de gabinete y de campo” realizados por esa corporación. En la Sedena esa información debe haber sido leída con asombro, e indignación, pues de inmediato la Secretaría de la Defensa desmintió a la SSP. La captura había sido realizada por elementos del quinto regimiento de caballería motorizada, que acudieron a averiguar el contenido de una denuncia ciudadana.

Cuando el 6 de abril me referí a ese choque de informaciones, a atribución del mérito ajeno por parte de la SSP conjeturé que esa Secretaría debía “cambiar de titular cuanto antes, para impedir que la desconfianza lastre la de suyo estéril tarea de las operaciones encabezadas por el Ejército”. Mi cálculo resultó errado por completo, pues García Luna sigue tan campante en su cargo. Pero quizá antes ya se había considerado en el círculo gobernante esa remoción, y aun se hablaba de quien lo sustituiría, el general Tomás Ángeles Dauahare, a la sazón subsecretario de la Defensa Nacional.

El presunto reemplazo se frustró, ya fuera porque el alto mando mudó de parecer ante el inconveniente de entregar formalmente a los militares la Seguridad Pública, ya porque el subsecretario fue inoportuno al comunicar su posible ascenso.

Que esto último pudo haber ocurrido lo denota su destino. A pesar de que llegó en noviembre pasado a la edad de jubilación en el Ejército, continuó en su elevado cargo hasta tres meses después. El 3 de marzo pasado, sin embargo, fue relevado por el general Francisco Meza Castro. Fue notorio que el comunicado de la Sedena se limitara a dar cuenta del nombramiento y, como si la Subsecretaría hubiera estado vacante, omitiera el nombre del reemplazado, cuyos servicios no fueron reconocidos, como suele hacerse en trámites de ese género. Sólo de modo extraoficial se adujo su edad como razón para su salida.

La Sedena atribuye a morosidad de la SSP el que no se haya renovado el convenio por el que la policía militar comisiona a más de 7,000 de sus integrantes a la Policía Federal. Si en sus labores sustantivas suele ser lenta la SSP ¿por qué habría de ocurrir lo contrario en sus tareas adje-tivas?— México, D.F.

plazapublica@prodigy.net.mx

(Diario de Yucatán, 7 de mayo de 2008)

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Militares, contra todos

En alerta debe poner la aparente disputa entre la Sedena y la SSP; la difusión de la versión de cada dependencia sobre una misma captura, diferentes entre sí, no denota sino un impulso contrario a la coordinación

Miguel Ángel Granados Chapa

Anteayer viernes estuvo en Ciudad Juárez el embajador Antonio Garza. Poco antes había anunciado que no sólo mantendrá la alerta que con informes de su oficina emite el Departamento de Estado sobre la seguridad en Chihuahua, sino que también "puede ser necesario elevar el nivel de la misma para reflejar de manera más precisa el aumento en la inseguridad" en ese estado. Ya en aquella frontera, insistió en el empeoramiento de las cosas para explicar su presencia: "Como a otras personas, me han preocupado los reportes de aumento de la violencia y criminalidad en Ciudad Juárez y consideré que era importante venir a la región para ver y oír de primera mano cómo se ha desarrollado la situación actual".

Las declaraciones y el viaje de Garza ocurrieron una semana después de iniciada la operación conjunta encabezada por el Ejército en aquel estado y en particular en aquella ciudad fronteriza. Aunque es temprano para evaluar el trabajo castrense en esta nueva fase de su participación en la lucha contra la delincuencia, la intervención del diplomático norteamericano parece indicar escepticismo sobre sus resultados, acaso por lo ocurrido en los primeros días del despliegue militar en la región. Una vez más se mostró que, aparte de su ineficacia en el combate contra la delincuencia, la presencia militar no sólo dista de ser disuasiva sino que se convierte en nuevo y negativo ingrediente de la grave situación.

Es bien sabido que una de las misiones militares en los estados y ciudades a donde se envían efectivos del Ejército es determinar la confiabilidad de sus aliados en las operaciones conjuntas, la policía estatal y municipal de cada lugar, que aparecen todas como sospechosas de contubernio con el crimen organizado. No es una mala hipótesis de trabajo, dada la experiencia que enseña cuán frecuente es ese vínculo, pero por la propia naturaleza de los sujetos investigados la pesquisa correspondiente debe realizarse con extremo cuidado, pues al identificar al enemigo interno puede resultar dañada la relación con la porción sana de las corporaciones enfermas.

Desaprensivamente, los mandos militares detuvieron el martes pasado a 45 integrantes de cuerpos policiacos en Ciudad Juárez. Sus compañeros y familiares protestaron por la detención, mediante una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cuyos visitadores les fue impedido el acceso a las instalaciones castrenses donde estaban los detenidos. Tampoco fue permitido el paso a la procuradora de Chihuahua, Patricia González, que quizá acudió alertada por la denuncia de que cuatro mujeres, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, que depende de la Procuraduría local, fueron sujetas a vejaciones y maltratos, desnudas por completo y con los ojos vendados.

El viernes fueron dejados en libertad 22 de esos detenidos, 15 de ellos de la corporación estatal y siete del Centro de Inteligencia Policial. No encontré noticias sobre la suerte de los 23 restantes, salvo la consignación de nueve de ellos por transportar mariguana en patrullas a su cargo. El propio martes se habían suscitado otros incidentes graves entre militares y agentes municipales juarenses. Por un lado, "la policía Sandra Guadalupe Vega fue trasladada a Servicios Médicos Municipales en estado de shock y con el uniforme desgarrado, aparentemente al forcejear con soldados que la pretendían revisar en un retén al norte de la ciudad" (Reforma, 2 de abril). Y, por otro lado, se produjo un tiroteo sobre el que los participantes sostuvieron versiones encontradas. La policía municipal dijo que tres agentes se dirigían a atender un llamado de emergencia a bordo de una patrulla que, inesperadamente, recibió fuego de un retén militar sin previo aviso, y uno de ellos fue herido de gravedad, en la cabeza. La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, dijo que la patrulla seguía a un convoy militar y que, al tratar de identificar a los policías a bordo, éstos huyeron y aun dispararon contra los soldados, que repelieron la agresión y pudieron detener a los agentes, que en su vehículo oficial llevaban droga y un rifle AK-47.

En Nuevo León ocurrió el viernes otro enfrentamiento entre militares y agentes policiacos, aunque de naturaleza distinta al de Ciudad Juárez. Dos soldados en servicio en la base de operaciones de Lampazo se embriagaron y abandonaron su cuartel llevando consigo sus armas. Pretendieron que un civil al que conocían pagara cervezas para continuar su juerga y lo mataron cuando se negó a hacerlo. Huyeron y horas más tarde, por una aparente casualidad, toparon con agentes ministeriales que iniciaban la averiguación sobre el crimen que los militares ebrios habían cometido. Los policías intentaron desarmar a lo soldados, pero éstos dispararon y mataron a tres agentes. También los agresores murieron al ser repelido su ataque. Tal vez para eludir la responsabilidad corporativa que la opinión pública pudiera imputarles, la Sedena se apresuró a declarar que los ebrios eran desertores, cuando que no había transcurrido el tiempo en que se consuma ese delito contra la disciplina militar.

Dos semanas atrás, el 26 de marzo, otros militares habían privado de la vida a dos de sus compañeros y a cuatro muchachos civiles, al producirse en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, un tiroteo por la aparente negativa de los jóvenes a detenerse ante un retén. En el momento inicial, se buscó justificar el ataque pretendiendo que las víctimas estaban armadas, pero pronto quedó claro que se trataba de un abuso atribuible a los militares, que fue ya admitido como tal por la autoridades. El viernes la Procuraduría de Justicia Militar avisó de la consignación ante un juez castrense de Mazatlán de un teniente, un cabo y tres soldados como responsables de esos hechos, luego de que se informó inicialmente de 12 detenidos. En junio pasado, también en Sinaloa, dos mujeres y tres niños menores de cuatro años resultaron muertos en un injustificable ataque de militares al vehículo en que viajaba una familia, también con el pretexto de desobediencia a la orden de detenerse ante un retén. Diecinueve militares, entre oficiales y soldados, fueron sometidos a juicio por ese múltiple homicidio. Nueve meses después la justicia militar condenó a los oficiales a 15 años de prisión y a los soldados a siete. Esa lenidad anuncia la que beneficiará a los agresores del 26 de marzo.

Es gravísima la comisión de delitos por miembros del Ejército, especialmente cuando actúan en funciones policiacas e investigan y se enfrentan con miembros de otras corporaciones, porque eso contradice el propósito de haber sacado a los militares de sus cuarteles a las calles, que es reforzar la capacidad del Estado en el combate a una creciente, diversificada, imbatible delincuencia organizada. No menos grave, en consecuencia, sería que la coordinación entre fuerzas federales sufriera a causa de una disputa interna, de una pugna por acaparar los reflectores de los medios. No es válido extraer conclusiones generales de un hecho particular, pero al menos debe ponernos alerta el relevante diferendo surgido entre las secretarías de la Defensa Nacional y la de Seguridad Pública federal.

El jueves la SSP emitió un boletín para informar que la Policía Federal, esa entidad jurídicamente inexistente, detuvo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a un grupo de zetas (los matarifes del Cártel del Golfo), que llevaban consigo cerca de 6 millones de dólares. La propia dependencia aseguró que la captura y el decomiso resultaron de "trabajos de inteligencia, de gabinete y campo", realizados por aquella corporación, presumiblemente formada por la fusión entre la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva que, sin embargo, mantienen su identidad legal propia. El que la SSP se atribuyera el mérito de esa detención disgustó a los militares. La Sedena lanzó al día siguiente un desmentido: siendo cierto el hecho central (la detención de delincuentes y la cantidad de dinero), no lo es la participación de la SSP, pues la captura fue realizada por miembros del quinto Regimiento de Caballería Motorizada, y fue posible gracias a una denuncia ciudadana. Si ello es así, la SSP debe cambiar de titular cuanto antes, para impedir que la desconfianza lastre la de suyo estéril tarea de las operaciones encabezadas por el Ejército.

(Reforma, 06 de abril de 2008. Tomado de Expresión Libre)

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La seguridad federal, errática

La seguridad federal, errática
Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

Convertida por el presidente de la república en el eje civil del combate a la delincuencia organizada, para actuar de consuno con el Ejército y la Armada, la Secretaría de Seguridad Pública no acierta a hallar su ruta y camina con pasos vacilantes en una misión de que depende la tranquilidad de la gente en todo el país.

El titular de ese ramo, Genaro García Luna, llegó a su cargo precedido de mala fama, así en su desempeño en la Policía Federal Preventiva durante el último sexenio priista, como al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Eso no obstante, se le confió una estructura policial destinada a concentrar funciones de los órganos de investigación y seguridad federales. De modo informal, porque no ha sido enviado al Congreso el proyecto de reforma a las leyes que les dieron origen, se trató de crear un solo cuerpo, la Policía Federal, a partir de la PFP y la AFI. Como anticipo de la fusión, se designó a un solo jefe de ambas corporaciones, Ardelio Vargas Fosado, un abogado a quien las vicisitudes de la lucha política veracruzana arrojaron a oficinas encargadas de seguridad nacional.

Sin que se explicaran nunca los motivos de su destitución, Vargas Fosado causó baja el 30 de marzo del año pasado y fue acogido por el procurador Eduardo Medina Mora dentro de la estructura de la PGR, lo que pareció confirmar una creciente diferencia de opiniones, rayana en la disputa burocrática, entre el procurador y el secretario. De ser verdadera la animosidad entre ambos, se comprenden los motivos de la parte que corresponde a Medina Mora, pues se le ha despojado del principal órgano de indagación del ministerio público, ya que la AFI quedó encuadrada en la SSP.

El mismo 30 de marzo pasado, sin ninguna base legal, García Luna creó cuatro subsecretarías, denominadas con criterios burocráticos: Prevención, Vinculación y Derechos Humanos; Sistema Penitenciario Federal; Evaluación y Desarrollo Institucional, y Estrategia e Inteligencia Policial, a cargo respectivamente de Monte Alejandro Rubido, José Luis Lagunes, Francisco Niembro González y José Patricio Patiño Arias.

Salvo Lagunes, introducido a las funciones federales por Miguel Ángel Yunes a cuyo lado trabajó en el gobierno vera- cruzano, el resto de los subse-cretarios eran compañeros y amigos de García Luna.

Antes de que esa estructura cumpliera un año, la semana pasada fue reordenado el organigrama. Salió Lagunes de la Subsecretaría responsable de las cárceles federales, sin que se explicaran las causas, lo que facilitará que su jefe político le dé cabida en el Issste. Y en un incomprensible trueque de funciones, el subsecretario Patiño pasó del área sustantivamente más relevante, la de estrategia e inteligencia policial, a administrar el Sistema Penitenciario Federal, en lugar de Lagunes. Patiño a su vez fue reemplazado a partir del 1 de marzo por Facundo Rosas Rosas, ingeniero civil graduado en la UAM, como su jefe el se-cretario García Luna.

Antes de su ascenso, Rosas Rosas era comisionado en funciones de la jurídicamente inexistente Policía Federal, que de creer una denuncia reciente no sólo carece de sustento legal, sino que incumple los propósitos que deberían animarla sin que de ello, por añadidura, tenga conocimiento el Ejecutivo federal.

Eso al menos supone Javier Herrera Valles, que era comisario general, coordinador de Seguridad Regional de la PFP, quien en una carta al presidente de la república niega que la PFP y la AFI se hayan fusionado, y ni siquiera hay coordinación entre ambas. No se trata de una mera deficiencia burocrática, sino de negligencia que pone en riesgo la vida y la eficacia del trabajo de los agentes, pues se les lanza a realizar misiones sin previas actividades de inteligencia que aseguren su buen resultado.

“En el mes de febrero de 2007 —cita como ejemplo vivido en carne propia, pero que no es el único— se me ordenó iniciar el operativo Nuevo León-Tamaulipas, igualmente sin dirección ni trabajo de inteligencia, dando a conocer nuevamente a los medios de comunicación de manera previa el inicio de dicho operativo”.

Errores como ese que alertan a la delincuencia no son banales, sino que pueden producir efectos muy graves, como el asesinato de tres miembros de la AFI, ultimados en un hotel regiomontano en septiembre de 2007, casi al mismo tiempo que dos más fueron torturados y muertos, cuyos cadáveres aparecieron en una gasolinera de Santa Catarina.

Esos crímenes, recuerda Herrera en su carta a Calderón (que sin embargo fue ya conocida por García Luna) quedaron impunes, “como todos los que se han cometido contra miembros de la PFP y la AFI, con la consecuente desmoralización del personal de servicio” (Reforma, 1 de marzo).

Herrera se formó en la escuela profesional de la antigua Policía Federal de Caminos, que se fundió con otras corporaciones en 1999 al ser creada la PFP. Es también licenciado en criminología y capitán de vuelo en helicópteros.

Sin explicación fue removido de su cargo el 20 de febrero, como lo fueron en julio pasado cientos de jefes de las corporaciones federales. Quizá no hubiera padecido esa suerte de ser amigo de García Luna. Todavía se recuerda que después de la escandalosa incursión de un grupo armado en Cananea, que transitó por todo Sonora ante la impasibilidad de la PFP, fueron removidos Javier Garza Palacios y cinco mandos más.

Pero debido a su vínculo con el secretario, Garza Palacios reapareció como representante de la SSP en Bogotá.— México, D.F.

miguelangel@granadoschapa.com

(Diario de Yucatán, 5 de marzo de 2008)

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Un año de impunidad y silencio

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

En la madrugada del 26 de febrero de 2007 —ayer se cumplió un año— falleció la señora Ernestina Ascensio Rosario. Consta en un acta del Ministerio Público que la anciana fue atacada la víspera, según relato de sus hijos, y consta asimismo que su muerte, según el certificado de defunción, fue provocada por un traumatismo craneoencefálico y una anemia aguda, producto de una hemorragia (resultado a su vez de un ataque sexual).

Se inició con esos documentos una averiguación previa en la Procuraduría de Justicia de Veracruz. Hizo lo mismo la Procuraduría de Justicia militar, ya que los indicios iniciales apuntaron a integrantes de una partida castrense acantonada cerca del domicilio de la víctima, como los probables responsables de los delitos que agraviaron y dieron muerte a doña Ernestina.

Un año después se ha consumado la impunidad que favoreció a los atacantes y a su institución.

Durante los primeros días posteriores al terrible acontecimiento, las dos procuradurías responsables de la investigación trabajaron sobre el entendido de una agresión sexual que causó la muerte de la señora, según constancia documental de sus trabajos.

Pero ya el 12 de marzo el caso dio un viraje, pues el propio presidente de la República, que se dijo entonces muy interesado en el asunto (sin que después se haya mostrado tan atento a una situación semejante, que han menudeado desde entonces) emitió un dictamen que adquirió, por así, decirlo, carácter de verdad oficial, y en torno del cual se organizó a partir de entonces la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 10 días antes del diagnóstico presidencial había anunciado su intervención en el caso tenido como un homicidio. Calderón negó explícitamente que se tratara de un asesinato y emitió su célebre sentencia: la señora murió de gastritis crónica mal atendida.

Dos meses después de iniciada la averiguación del Ministerio Público local, y en abierta contradicción con los indicios que se hicieron conocer paulatinamente, la Procuraduría veracruzana dio un vuelco en su posición y se avino a la hipótesis presidencial, desarrollada por la CNDH.

El gobierno de Fidel Herrera no sólo cerró la pesquisa, luego de un encuentro del cachazudo gobernante con el presidente de la Comisión Nacional, sino que se aseguró de que la familia de la víctima no impugnara la decisión de la fiscalía. Las hijas y los hijos de la señora Ernestina fueron invitados a una breve vacación en la ciudad de México (que incluyó una visita a la basílica de Guadalupe, quién sabe con qué motivo que no podría ser el que la muerte de su madre se hubiera aclarado) y al volver a Soledad Atzompa se encerraron en un mutismo que no ha sido roto desde entonces.

Sus vecinos sólo perciben de ellos, a un año de distancia, señales exteriores de una notoria mudanza en sus condiciones de vida: la precariedad de sus chozas se reforzó con muros de mampostería levantados por el gobierno estatal, y les espera una casa de dos plantas también construida por la administración de Herrera.

De la averiguación militar no se tuvo noticia pública, salvo el reconocimiento del general secretario de la Defensa de que aún estaba en curso, como tampoco se ha sabido del avance de la autoridad castrense en el cumplimiento de la recomendación 34 emitida por la CNDH el 3 de septiembre pasado.

Ese extenso documento fue dirigido al gobierno veracruzano, a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Congreso local de Veracruz, en este último caso para que los diputados averiguaran las omisiones e irregularidades en que habría incurrido el alcalde de Soledad Atzompa, que se negó a dar información a la CNDH.

La recomendación de la oficina del ombudsman, originada en una denuncia penal por homicidio y otros delitos, se convirtió en un catálogo de indicaciones a las autoridades sobre presuntas faltas de carácter meramente administrativo, salvo en el caso de dos médicos, la ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas y el forense Pablo Mendizábal, sobre los que pesa una averiguación ministerial, pues la CNDH pasó de ser defensora de derechos humanos a virtual atacante de los que corresponden a esos dos servidores públicos.

Su delito fue haber emitido la documentación inicial sobre las lesiones (donde consta que hubo desgarramiento de la región rectal y se expresa la causa mecánica, no médica de la muerte de Ernestina). Tan empeñada se mostró la CNDH en desvirtuar los hechos referidos por esos dos profesionales, que señala entre las razones por las que se debe investigar penalmente a Mendizábal el haber realizado la necropsia en el local de una funeraria y no en el anfiteatro correspondiente. Sólo que tal anfiteatro no existe y las autopsias se realizan en esa región veracruzana, la sierra de Zongolica, donde se puede.

Es presumible que la porción de la sociedad que se indignó ante el crimen de que fue víctima doña Ernestina y acrecentó su indignación ante el abordamiento del caso propiciado por la CNDH en complicidad con el gobierno veracruzano y al servicio de la posición presidencial y del Ejército aguarde el informe de seguimiento de la recomendación 34 que la Comisión Nacional emitió hace seis meses. Especialmente importante será conocer el modo en que la Sedena cumplió las partes de la recomendación que le corresponden, para aliviar el silencio castrense sobre el grave caso. Antes de que callara, la autoridad militar emitió comunicados que admiten la agresión negada después.— México, D.F.

miguelangel@granadoschapa.com

(Diario de Yucatán, 27 de febrero de 2008)

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Ante una confirmación impropia

Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa

El desfile del 16 de septiembre quedó esta vez marcado por el deplorable uso que el presidente Calderón hizo de sus propios hijos Juan Pablo y Luis Felipe, y por la presentación del Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal (Cefaf), creado por decreto del Ejecutivo aparecido en el Diario Oficial el 9 de mayo anterior.

Cada familia tiene derecho a educar y ataviar a sus miembros conforme a sus criterios, y nadie debe interferir en el ejercicio de ese derecho ni a violar la intimidad de la vida hogareña, pero lo que acontezca en la familia del jefe del Estado mexicano, máxime cuando ocurre a la luz pública, queda sujeto al escrutinio de la sociedad. Por eso es posible censurar a Calderón por hacer vestir a sus vástagos réplicas de uniformes del Ejército (mejor cortadas que las utilizadas por el propio comandante supremo), con insignias que en la vestimenta militar formal identifican a los mayores (una estrella) y a los tenientes coroneles (dos estrellas).

Fue usual —y la costumbre no ha desaparecido del todo— en las monarquías que los futuros reyes, cuando aún eran niños, ostentaran galas militares y hasta recibieran honores correspondientes a los jefes castrenses. Pero es impropio que eso ocurra en una república y es condenable que un padre de familia use de ese modo a sus inocentes criaturas para confirmar su adhesión y admiración a las fuerzas armadas, evidenciadas desde los últimos minutos del sexenio anterior y los primeros del presente, en que militares fueron testigos únicos de la transmisión de la Presidencia de la República de Fox a Calderón.

Si ningún padre tiene derecho a considerar como cosas a su descendencia, menos lo tiene el actual Presidente de la República que recibió de su padre, don Luis Calderón Vega, pleno respeto a su modo de ser y de pensar. Decepcionado por el rumbo que seguía Acción Nacional, en que había sido figura notable desde casi la fundación del partido, don Luis abandonó explícitamente su pertenencia al PAN en 1981, pero se abstuvo de arrastrar en esa decisión a sus hijos Luisa María, Juan Luis y Felipe de Jesús que, en sentido contrario, comenzaban en ese tiempo su militancia.

No obstante que en 1984 Calderón Vega denunció “el robo de un partido prestigiado” por los empresarios norteños que le imprimieron su sello, no pretendió que sus hijos mantuvieran sus mismas convicciones y abandonaran el partido en que Felipe haría carrera hasta llegar a la Presidencia.

Ya en ese cargo Calderón ha subrayado su identificación, susceptible de ser entendida como dependencia, con los uniformados (al punto de juzgar apetecible que sus pequeños hijos lo sean también). Ha hecho descansar en el Ejército y en menor medida en la Marina el combate contra la delincuencia organizada, con resultados poco fructíferos.

Movido por ese resultado, el 4 de mayo dispuso la creación del Cuerpo que hizo su presentación ayer. El decreto respectivo, aparecido en el Diario Oficial el 9 de mayo, instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que “dentro del término de 90 días naturales” llevara “al cabo las acciones pertinentes para proveer los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios” para organizar la nueva unidad.

En ese lapso puntualmente cumplido, fueron reclutados cerca de 2,000 soldados, oficiales y jefes que no mostraron la renuencia de sus compañeros cuando se trata de ingresar a la Policía Federal Preventiva. Por instrucciones de Calderón, 10,000 efectivos militares debían engrosar las filas de la PFP, sin que de lejos se haya conseguido el tránsito de ese número. Quizá la previsión de esa reticencia —aunque no está por supuesto explícita en los considerandos del decreto correspondiente— movió a organizar un cuerpo de índole policial pero integrado al Ejército mismo y no a una corporación distinta.

El Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal quedó integrado por una brigada de 1,884
integrantes, armados con fusiles FX-05, calibre 5.56 x 45 milímetros, que se transportan en camionetas Pick-up RAM artilladas con ametralladoras MK-19 y Barret, calibre 50 milímetros.
Los miembros del flamante cuerpo (algunos de los cuales descendieron mediante cuerdas desde dos helicópteros que volaban sobre el Zócalo, en su primera demostración pública) visten uniformes color capuchino —que es también el de sus vehículos— y boina negra. (Reforma, 17 de septiembre).

Conforme al decreto de su creación, el Cefaf está “bajo las órdenes del Presidente de la República” y “dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”. Su misión consiste en “proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno en tareas de restauración del orden y seguridad públicas, en el combate a la delincuencia organizada o contra actos que atenten contra la seguridad de la nación”.

El Cuerpo Especial “intervendrá por instrucciones del Presidente de la República, a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo. En ningún caso se podrá sustituir en las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas”. Su papel en el combate a la delincuencia casi desaparece al disponerse que sus miembros reciban “adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación y alteración o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden público y del estado de derecho”.— México, D.F.".

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México frágil

Miguel Ángel Granados Chapa
12 Sep. 07

El ataque del Ejército Popular Revolucionario a ductos de Pemex, donde colocó a las dos de la mañana del lunes 12 cargas explosivas, de las que sólo una falló, fue un alarde para mostrar capacidad de fuego y organización y despliegue de efectivos por doquier

En un lapso tan breve como seis horas, nuestro país vivió acontecimientos que muestran su fragilidad, derivada de la incompetencia gubernamental para hacer cumplir la ley, ineptitud aprovechada por núcleos sociales tan diversos como empresarios y terroristas que desafían de distinto modo y con diferentes fines a una autoridad cuando no impasible, corrupta.

El domingo, cerca de Monclova, un camión cargado con 25 toneladas de nitrato de amonio chocó contra una camioneta y poco después estalló su contenido en una explosión que mató a 28 personas y causó lesiones a más de 200. No fue en sentido estricto un accidente, regido por el azar, pues si bien la colisión entre los dos vehículos fue un acontecimiento fortuito, su principal consecuencia pudo haberse evitado. Eso es lo que impide hablar de sólo un accidente.

El camión, de la empresa transportadora Fletes y Traspaleos, salió de la planta de la compañía de productos químicos Orica en Cuatrociénegas rumbo a Colima. Según indicios, la operación contravenía los ordenamientos que norman el transporte de sustancias explosivas, que deben ser tratadas con gran delicadeza por razones de seguridad pública y de seguridad nacional. Los tripulantes deberían contar con adiestramiento para el manejo de la sustancia en circunstancias normales y en situaciones de emergencia. Y, sin embargo, tan pronto se produjo el choque, huyeron sin alertar en la forma prescrita (que incluye llamar al Sistema Nacional de Emergencias) sobre el riesgo inminente del estallido. Ellos se salvaron, pero no así cientos de personas que llegaron de inmediato a prestar auxilio o a informar sobre el percance, muchas de las cuales murieron o quedaron heridas. El vehículo viajaba a su suerte, sin unidades de acompañamiento, en previsión de sucesos como el ocurrido o el riesgo potencialmente más peligroso aun de ser asaltado para hacerse del cargamento, ya sea con fines mercantiles o políticos. Ni la Policía Federal Preventiva ni el Ejército federal, que tienen responsabilidades respecto de la seguridad del tránsito y del trasiego de explosivos, estaban al tanto de ese viaje, que debió realizarse con aviso a dichas autoridades.

El diario Reforma puntualiza que si bien el nitrato de amonio se utiliza de manera lícita en la industria minera y de la construcción, es también apetecido por delincuentes peligrosísimos como los que con ese material hicieron estallar el edificio federal de Oklahoma en Estados Unidos, en 1995, que causó la muerte de 137 personas. Informa, asimismo, que el Ejército Popular Revolucionario lo ha utilizado en algunas de sus incursiones.

Quizá lo hizo de nuevo horas después. A las dos de la mañana del lunes se inició en seis puntos del estado de Veracruz y uno más en Tlaxcala un ataque contra ductos de Pemex, que provocaron incendios en la cercanía de cuatro poblados y obligaron a cerrar el suministro de gas natural a más de mil instalaciones industriales en nueve entidades de la República, muchas de las cuales han tenido que suspender sus propias operaciones por la falta de ese energético.

La operación destructora, reconocida de inmediato por Pemex como un acto premeditado, se asemejó mucho a la ocurrida en julio pasado en Guanajuato y Querétaro, que también causó estragos no sólo a las instalaciones de la empresa petrolera, sino a su clientela en diversos estados. Ocurrieron en la madrugada, con la obvia intención de no causar víctimas sino destrozos materiales, tanto directa como indirectamente. Por ignorancia o por sigilo, ni Pemex ni la Procuraduría General de la República reconocieron aquella vez que se trataba de atentados. Sólo aceptaron que eso era cuando el 10 de julio -justamente dos meses antes de los estallidos veracruzanos- el EPR las caracterizó como "acciones quirúrgicas de hostigamiento", destinadas a forzar la presentación de dos de sus dirigentes, detenidos el 25 de mayo en Oaxaca y de los que no ha vuelto a saberse más. La guerrilla anunció que no cesaría su campaña político-militar hasta la aparición de los desaparecidos.

Por impericia o por negligencia, las autoridades no asumieron la calidad de esa amenaza, que se consumó el lunes a primera hora. En mucho mayor medida que en julio, esta vez, el ataque fue al mismo tiempo un alarde de poder y exactitud. El EPR se adjudicó ayer al mediodía la operación y al describirla hizo gala de su conocimiento del mapa estratégico de Pemex y exhibió su vulnerabilidad: "Unidades militares pertenecientes a nuestro ejército colocaron 12 cargas explosivas en igual número de ductos de Pemex en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Olmeaca, Mendoza, Cumbres de Maltrata en Veracruz y en Cuapiaxtla, Tlaxcala, de las cuales la colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo Tepa-Cadereyta (en La Antigua) no se activó. Todas fueron activadas simultáneamente a las 2:00 horas del día 10 del presente mes".

Ha quedado interrumpido el suministro de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, que lo utiliza para generar fluido eléctrico y a más de mil empresas, entre ellas la planta Volkswagen en Puebla (como ocurrió en julio a Nissan en Aguascalientes), y acaso la suspensión del servicio se prolongue hasta el fin de esta semana. Esos efectos parecen no haber sido ignorados por los atacantes, sino al contrario contar en su estrategia.

La fragilidad de México, en esos casos al menos, deriva de causas diversas, pero la constante es la incapacidad gubernamental de ser eficaz lícitamente.



Cajón de Sastre

Andrés Manuel López Obrador había estado en la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005 para defenderse del desafuero que finalmente se decretó allí como parte de la maniobra, a la postre fallida, mediante la cual Vicente Fox quiso impedirle ser candidato a la Presidencia de la República, maniobra que sin embargo fue a la larga exitosa porque el jefe del Gobierno de la Ciudad de México no se convirtió en titular del Poder Ejecutivo. Ayer tornó a San Lázaro, ahora en su calidad de voz principal de la oposición, líder de los legisladores agrupados en los partidos que sostuvieron su candidatura. Presentó un proyecto de legislación fiscal y arengó a los diputados a impedir la aprobación de impuestos lesivos para la gente. Le sienta bien el aire parlamentario. Por eso debería ser en 2009 candidato a diputado, para impulsar como hizo el año pasado la votación para su partido y sus aliados. Sin ese aliciente, la presencia electoral del PRD decaerá casi automáticamente. Quizá no debería desdeñar esa posibilidad.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

(El Norte.com, 12 de septiembre de 2007)

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Muerte en el retén

Miguel Angel Granados Chapa

Hasta ayer al mediodía, la Secretaría de la Defensa Nacional se había abstenido de informar sobre la desgracia ocurrida el viernes por la noche en un retén sinaloense, cuando soldados dispararon contra el vehículo en que viajaba una familia y mataron a cinco personas.

Hasta el mediodía del lunes 4, la Secretaría de la Defensa Nacional no había emitido información sobre un episodio muy confuso ocurrido el viernes 1o. de junio por la noche en el municipio de Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, que dejó un saldo inequívoco: una mujer y cuatro menores de edad, todos miembros de una familia, fueron muertos a tiros, disparados por integrantes de un puesto de inspección militar. Murieron Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, y los hijos de la primera Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años de edad. Resultaron heridos el chofer del vehículo, Adán Abel Esparza Parra, de 29 años, Teresa Flores de 16 y José Carrillo Esparza, de 5 años de edad.

Priva la confusión en torno a los hechos. No está claro si la familia, que viajaba en una camioneta pick up, volvía de un funeral o de un curso de actualización educativa, puesto que ambas versiones han circulado. No se sabe con precisión si el conductor del vehículo no logró frenar a tiempo, tan pronto como lo pidieron los soldados del retén, y por ello los militares dispararon, o uno de los tiradores salió inesperadamente a la carretera "y al tiempo que le marcaba el alto a sus ocupantes les abrió fuego" (Noroeste.com, 3 de junio). Por otro lado, mientras que una "fuente cercana a la Novena Zona militar indicó que en el vehículo se localizaron armas y drogas" (Reforma, 3 de junio), los deudos de las víctimas lo niegan: "Cómo se les ocurre que unas mujeres y un niño van a traer armas, quieren justificarse a toda costa", dijo Faustino Esparza Parra, hermano del conductor, quien "se bajó de la camioneta con una mano herida y con la mano buena les hacía señas y les gritaba que no dispararan por favor, que venían señoras y niños. Pero los militares le dispararon a la mano buena, y siguieron disparando contra la camioneta". Otros familiares, sobrevivientes de la balacera, dijeron que "los militares les hicieron perder mucho tiempo y no los dejaban mover a los heridos... Explicaron que en el camino se encontraron más camiones llenos de soldados que se dirigían al lugar de los hechos, y nuevamente perdieron mucho tiempo porque los revisaron a pesar de que ellos les explicaron que llevaban heridos... Con todo el tiempo perdido, en lugar de hacer cinco horas hasta el Hospital General de Culiacán se hicieron ocho, lamentaron" (Noroeste.com, 3 de junio).

Los familiares de las víctimas, según el parte de la Policía Ministerial, dijeron que "los elementos del Ejército sembraron un costal de mariguana a tres metros de la camioneta". De ser verdad ese dicho, acaso lo hicieron los militares para ocultar su responsabilidad, no sólo por disparar sino por la circunstancia en que se hallaban. Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que los afectados ocurrieron en queja el sábado, dijo el domingo: "Tenemos información que indica que presuntamente los militares que participaron en los hechos que culminaron en una desgracia, se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes... se nos indicó también que podría haber consumo de algún tipo de droga" (Reforma, 4 de junio). El propio ombudsman estatal había informado de quejas de los familiares porque "al momento de querer levantar el vehículo donde venía la familia", se opusieron soldados, lo que provocó forcejeos. "'Al parecer, no permitieron que se la trajeran (la camioneta)', manifestó" (Noroeste.com, 3 de junio).

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se apersonó en el lugar de los hechos, mediante tres visitadores adjuntos y dos peritos médicos, para "conocer directamente las quejas por probables violaciones a derechos fundamentales por parte de elementos militares destacamentados en el retén, así como para iniciar las investigaciones que comprenden inspecciones oculares, entrevistas y la solicitud de información a las autoridades sobre los operativos realizados".

Como parte de la estrategia de conjuntar las fuerzas federales en determinadas entidades y regiones, el 7 de enero comenzó el Operativo Triángulo Dorado en la confluencia de los estados de Chihua-hua, Durango y Sinaloa. A esa operación corresponde el retén instalado cerca del poblado Los Alamillos, cerca de la comunidad La Joya de los Martínez. En otro sitio del propio municipio de Sinaloa de Leyva, en Ocorahui, el propio viernes en que se produjo la matanza fue asesinado José Lucio Juárez Pérez, por un grupo de matones que al mismo tiempo secuestró a Ebodio Soto Domínguez, de 15 años. "Del jovencito no se sabía nada hasta ayer en la mañana cuando fue encontrado su cuerpo tirado a la orilla del camino, a un costado de las casas del poblado Ciénega de los Parra" (Debate.com.mx, 3 de junio). El 21 de mayo la presencia del Ejército se había extendido a Culiacán, donde no ha cesado la violencia delincuencial. El 2 de febrero, cerca del palacio de gobierno de la capital fueron asesinados dos militares.

Después de que al retén de Los Alamillos acudieron agentes del Ministerio Público estatal, federal y militar, se produjo la detención de 19 elementos del Ejército que fueron llevados a la Prisión Militar de Mazatlán. El rumor de posesión de armas y drogas atribuida a las víctimas no se formalizó en acusación, y los heridos permanecen sin custodia en el hospital de Culiacán, donde la familia sufre ahora la pena de conseguir recursos para la atención médica. Todavía no se responsabiliza a nadie de los homicidios y las lesiones, que inequívocamente ocurrieron, aunque no se precise cómo.

Cajón de Sastre

Imposible aprisionar en un espacio breve como éste, así nos limitáramos a su simple enumeración, la variedad de tareas que en media docena de artes emprendió Juan José Gurrola Iturriaga, nacido el 19 de noviembre de 1935 y muerto el 1o. de junio pasado. En el teatro, su campo más fértil, más asiduamente roturado, hizo de todo: creó obras, las tradujo, las dirigió, las actuó, les hizo escenografía, que fue el arte para el que se preparó formalmente, en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y en cursos de diseño y tecnología teatral en Estados Unidos. Pero entró también en parcelas cercanas, como el cine, la televisión, la radio, la pintura, la música. En todos esos territorios dio de qué hablar, pues a menudo su crítica al orden establecido, las ideas rutinarias, los convencionalismos burocráticos se expresaba de modo lapidario, ya sea de palabra o de obra. Fernando de Ita, gurroliano él mismo, lo llamó "el Picasso de nuestro teatro", único genio de la escena mexicana, según dictamen de Ludwik Margules.".

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Ernestina Ascensio Rosario

Miguel Ángel Granados Chapa

La Comisión Nacional de Derechos Humanos que se introdujo al caso de la señora indígena ultrajada y muerta reconociendo que falleció a causa de las lesiones que le fueron infligidas, transitó hasta negarlo y ahora endereza su acción contra la Procuraduría veracruzana.

No nos sorprendamos si pronto se nos dice que en realidad se suicidó la señora Ernestina Ascensio Rosario, una mujer indígena de 73 años, cuya familia la encontró moribunda en el campo donde pastoreaba sus ovejas, a tiempo de oírla denunciar que había sido atacada por militares, infame agresión que habría generado su muerte. En "la etapa final de la elaboración de la opinión integral sobre el caso", la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ayer un comunicado en que sugiere que la víctima falleció de causas naturales, insinúa que no hubo violación y asegura que "no se observaron lesiones de origen traumático exterior". En un episodio en que integrantes del Ejército podrían estar involucrados, es grave que antes que hacerlo saber a la opinión pública, la oficina del ombudsman nacional hiciera conocer esa información a los mandos castrenses, incluido el comandante supremo de las fuerzas armadas.

El 3 de marzo la CNDH informó haber abierto una "queja de oficio" sobre el caso de la señora Ascensio Rosario "quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas". Es probable que tres semanas más tarde esa Comisión hallara que se equivocó en ese diagnóstico precoz, pero no ha expresado que hubiera error en su afirmación inicial, que consta así con todas sus letras: "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas".

Días más tarde, la CNDH detectó "diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por personal médico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz", por lo que solicitó exhumar el cadáver y la práctica de una nueva necropsia. Esos hechos se realizaron el viernes 9 de marzo. El lunes siguiente, antes que nadie -¿no se ha dicho que el Presidente es el hombre mejor informado de México?- Felipe Calderón estaba al tanto del resultado de la necropsia. Sólo que oyó o leyó mal el informe que le fue ofrecido (él mismo sugirió que por la propia CNDH) y atribuyó el fallecimiento de la señora a "gastritis crónica no atendida". Negó también que hubiera violación. Todo lo dijo sin mediar pregunta al respecto en una entrevista a La Jornada con motivo de los 100 días de su gobierno.

Al leer esa declaración, Julio Atenco, funcionario municipal en el ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, se comunicó con el licenciado Pedro Armendáriz Enríquez, visitador de la CNDH que solicitó la exhumación, quien le habría dicho "No sabemos de dónde sacó esa información el Presidente. La exhumación fue apenas el viernes y es imposible que ya existan resultados; además, la información es confidencial". (La Jornada, 15 de marzo) Sin embargo, de inmediato el mencionado visitador negó "categóricamente haber realizado tales aseveraciones... en ese sentido o en cualquier otro" y aclaró que "en ningún momento coordiné el grupo interdisciplinario de trabajo de la CNDH que realizó esas actividades".

En tanto, la Comisión emitió un segundo comunicado el 14 de marzo en que, como ahora mismo, orientó su pesquisa al modo en que se realizó la autopsia y no tanto al caso de la señora Ascensio Rosario (a quien ya había cambiado el primer apellido y llamaba Ascensión). Dijo que el personal médico forense de la Procuraduría estatal incurrió en omisiones que lo condujeron "a asegurar indebidamente que la anciana falleció por 'traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda'". Conforme a "la revisión del 9 de marzo", dijo la CNDH, "no existe luxación o fractura de esas o de ninguna otra vértebra". Informó también la Comisión que "en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni los 'múltiples desgarros' que manifestaba la autopsia". Las equimosis en el cuerpo de la víctima, supuso la comisión, no se produjeron por "maniobras de sujeción o sometimiento" sino quizá "fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer". Eso no obstante, la CNDH manifestó "que en tanto no se esclarezcan las causas de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario se presume la violación de su derecho fundamental a la vida".

En su comunicado de ayer, donde restituye a la víctima su apellido verdadero, la Comisión sugiere que falleció de muerte natural. No lo afirma, pero lo insinúa: "se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo ordinario secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico, no se observaron lesiones de origen traumático al exterior".

Conocedor de esta descripción en la víspera de que la CNDH la hiciera pública, el diputado panista, general retirado Justiniano González, presidente de la Comisión de defensa nacional en San Lázaro expresó en declaración periodística lo que la CNDH no se atrevió a afirmar: que la señora falleció "debido a una anemia aguda secundaria". Y citó como fuente un "dictamen oficial", la información de la CNDH a la que tuvo acceso privilegiado. (La Jornada, 29 de marzo)

Dejadas atrás de ese modo las imputaciones a militares -no obstante que un comunicado del Ejército mencionó la existencia de líquido seminal en el cuerpo de la señora Ernestina- ahora la pesquisa se dirige contra el Ministerio Público local y sus auxiliares.

Cajón de Sastre

El gobierno de Estados Unidos confirmó su advertencia sobre la situación política de Oaxaca y recomendó cautela a sus nacionales si viajan a esa entidad. Habría sido un gesto atinado que el presidente Felipe Calderón tuviera en cuenta esas consideraciones y se abstuviera de ir a esa entidad o, en caso extremo, hacerlo con cuidado. Pero se comprende que se desplazara a Oaxaca pues, por un lado, no corre riesgos personales y, por otro lado, ha de ser fiel cumplidor de sus compromisos. La escolta y el circuito de seguridad que rodean al Ejecutivo, más amplios y rigurosos que nunca, le impiden aproximarse a la realidad de los lugares que visita. Y tiene que recompensar el apoyo que el PRI le ofrece para afianzarse en la silla, contribuyendo a que gobernadores en cuestión como el de Puebla, Mario Marín, y como Ulises Ruiz superen sus contratiempos. La recomendación norteamericana revela un mayor sentido de la realidad que el del Presidente, que parece desarrollar las afinidades electivas de que habló Goethe.

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