La seguridad federal, errática

La seguridad federal, errática
Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

Convertida por el presidente de la república en el eje civil del combate a la delincuencia organizada, para actuar de consuno con el Ejército y la Armada, la Secretaría de Seguridad Pública no acierta a hallar su ruta y camina con pasos vacilantes en una misión de que depende la tranquilidad de la gente en todo el país.

El titular de ese ramo, Genaro García Luna, llegó a su cargo precedido de mala fama, así en su desempeño en la Policía Federal Preventiva durante el último sexenio priista, como al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

Eso no obstante, se le confió una estructura policial destinada a concentrar funciones de los órganos de investigación y seguridad federales. De modo informal, porque no ha sido enviado al Congreso el proyecto de reforma a las leyes que les dieron origen, se trató de crear un solo cuerpo, la Policía Federal, a partir de la PFP y la AFI. Como anticipo de la fusión, se designó a un solo jefe de ambas corporaciones, Ardelio Vargas Fosado, un abogado a quien las vicisitudes de la lucha política veracruzana arrojaron a oficinas encargadas de seguridad nacional.

Sin que se explicaran nunca los motivos de su destitución, Vargas Fosado causó baja el 30 de marzo del año pasado y fue acogido por el procurador Eduardo Medina Mora dentro de la estructura de la PGR, lo que pareció confirmar una creciente diferencia de opiniones, rayana en la disputa burocrática, entre el procurador y el secretario. De ser verdadera la animosidad entre ambos, se comprenden los motivos de la parte que corresponde a Medina Mora, pues se le ha despojado del principal órgano de indagación del ministerio público, ya que la AFI quedó encuadrada en la SSP.

El mismo 30 de marzo pasado, sin ninguna base legal, García Luna creó cuatro subsecretarías, denominadas con criterios burocráticos: Prevención, Vinculación y Derechos Humanos; Sistema Penitenciario Federal; Evaluación y Desarrollo Institucional, y Estrategia e Inteligencia Policial, a cargo respectivamente de Monte Alejandro Rubido, José Luis Lagunes, Francisco Niembro González y José Patricio Patiño Arias.

Salvo Lagunes, introducido a las funciones federales por Miguel Ángel Yunes a cuyo lado trabajó en el gobierno vera- cruzano, el resto de los subse-cretarios eran compañeros y amigos de García Luna.

Antes de que esa estructura cumpliera un año, la semana pasada fue reordenado el organigrama. Salió Lagunes de la Subsecretaría responsable de las cárceles federales, sin que se explicaran las causas, lo que facilitará que su jefe político le dé cabida en el Issste. Y en un incomprensible trueque de funciones, el subsecretario Patiño pasó del área sustantivamente más relevante, la de estrategia e inteligencia policial, a administrar el Sistema Penitenciario Federal, en lugar de Lagunes. Patiño a su vez fue reemplazado a partir del 1 de marzo por Facundo Rosas Rosas, ingeniero civil graduado en la UAM, como su jefe el se-cretario García Luna.

Antes de su ascenso, Rosas Rosas era comisionado en funciones de la jurídicamente inexistente Policía Federal, que de creer una denuncia reciente no sólo carece de sustento legal, sino que incumple los propósitos que deberían animarla sin que de ello, por añadidura, tenga conocimiento el Ejecutivo federal.

Eso al menos supone Javier Herrera Valles, que era comisario general, coordinador de Seguridad Regional de la PFP, quien en una carta al presidente de la república niega que la PFP y la AFI se hayan fusionado, y ni siquiera hay coordinación entre ambas. No se trata de una mera deficiencia burocrática, sino de negligencia que pone en riesgo la vida y la eficacia del trabajo de los agentes, pues se les lanza a realizar misiones sin previas actividades de inteligencia que aseguren su buen resultado.

“En el mes de febrero de 2007 —cita como ejemplo vivido en carne propia, pero que no es el único— se me ordenó iniciar el operativo Nuevo León-Tamaulipas, igualmente sin dirección ni trabajo de inteligencia, dando a conocer nuevamente a los medios de comunicación de manera previa el inicio de dicho operativo”.

Errores como ese que alertan a la delincuencia no son banales, sino que pueden producir efectos muy graves, como el asesinato de tres miembros de la AFI, ultimados en un hotel regiomontano en septiembre de 2007, casi al mismo tiempo que dos más fueron torturados y muertos, cuyos cadáveres aparecieron en una gasolinera de Santa Catarina.

Esos crímenes, recuerda Herrera en su carta a Calderón (que sin embargo fue ya conocida por García Luna) quedaron impunes, “como todos los que se han cometido contra miembros de la PFP y la AFI, con la consecuente desmoralización del personal de servicio” (Reforma, 1 de marzo).

Herrera se formó en la escuela profesional de la antigua Policía Federal de Caminos, que se fundió con otras corporaciones en 1999 al ser creada la PFP. Es también licenciado en criminología y capitán de vuelo en helicópteros.

Sin explicación fue removido de su cargo el 20 de febrero, como lo fueron en julio pasado cientos de jefes de las corporaciones federales. Quizá no hubiera padecido esa suerte de ser amigo de García Luna. Todavía se recuerda que después de la escandalosa incursión de un grupo armado en Cananea, que transitó por todo Sonora ante la impasibilidad de la PFP, fueron removidos Javier Garza Palacios y cinco mandos más.

Pero debido a su vínculo con el secretario, Garza Palacios reapareció como representante de la SSP en Bogotá.— México, D.F.

miguelangel@granadoschapa.com

(Diario de Yucatán, 5 de marzo de 2008)