Civil habría puesto la mariguana en el camión, denuncia detenido

Intentó fotografiar al conductor, luego subió al autobús, tras ello, “aparecieron” los paquetes

JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)

Huamuxtitlan, 23 de junio. Francisco Emanuel Pizano Alejo es originario del Distrito Federal. Vive actualmente en el Valle de Chalco. Tiene 30 años. Desde hace 12 trabaja como conductor de transporte público, pero hace un par que se empleó con la empresa de autobuses Sur.

El domingo rindió su declaración ante el Ministerio Público (MP), en Huamuxtitlán, con ayuda de los abogados de su empresa. El testimonio que ahí rindió fue sobre la muerte del pasajero Porfirio Rubio Villegas, quien viajaba en el camión que iba al Distrito Federal, el sábado por la noche. Pero acerca de los paquetes de mariguana, 10 kilos, que encontraron los soldados en la unidad, tendrá que hacerlo ante la Procuraduría General de la República (PGR), en Chilpancingo. Se sabe que este martes fue trasladado desde Huamuxtitlán.

El lunes como a la 1 de la tarde fue posible hablar con Pizano, cuando aún estaba en la cárcel municipal. Todavía no era consignado a la PGR, pero seguramente ofrecerá a los fiscales la siguiente versión sobre el misterioso hallazgo de la droga en el autobús, que previamente había sido revisado ya con minuciosidad por los soldados en el retén, antes de que ocurrieran los disparos.

Después de la agresión, cuando emprendió la huida, “llegué a la terminal y lo primero que hice fue estacionar el autobús, me acerqué con el comisionista y le pedí de favor que hablara a los servicios de emergencia y a Tlapa para reportar la situación. Así lo hizo. En eso estábamos, no pasaron más de cinco minutos cuando me alcanzan los militares otra vez y estaban afuera de la terminal.

“Me alcanza a agarrar uno por la parte de atrás del pantalón y me dice: ‘¡hazte para acá cabrón, ya valiste verga!’”. Así me dijo. Entonces yo la verdad le di un manotazo y le dije: ‘¡a mí no me vas a llevar cabrón!’. Sí le grité, ya molesto, espantado. Me dijo: ‘¡a mí no me grites!’. Le dije: ‘¡cómo no quieres que te grite si me mataste a un pasajero, traigo un pasajero muerto!’.

“El iba a darme el cachazo, pero cuando dije eso y el pasaje se puso al brinco, le empezaron a gritar que eran unos asesinos. Muchas cosas le gritaron. Como que le midió, entonces se subieron al camión, vieron el cadáver, se bajaron y se retiraron.

Francisco es un joven delgado. Esa condición física parece haber aumentado desde el domingo en la madrugada. Luce ojeras. Es padre de familia.

Cuenta que en medio de la agitación, ya frente a la terminal de autobuses, en Huamuxtitlán, un hombre vestido de civil primero quiso tomarle fotografías. El se negó. Agentes de la Policía Federal (PF) y soldados estaban en el camión, revisando. Abajo, los pasajeros y Pizano.

“Me revisaron el camarote. Tampoco encontraron nada en el camarote. Estuvieron dando vueltas y de repente me dice un militar que su aparato detectaba algo en la parte de atrás del autobús, que si por favor le abría la tapa del motor. Sí, le abrí la tapa del motor. Checó abajo, estuvo checando. Yo vi cuando bajó el civil de la mochila se bajó y dijo, es que aquí no hay nada, vamos a ver allá arriba.

“Como a las 2:30 de la mañana estaban pasando un aparatito los militares en el camión, me imagino que para detectar una sustancia o algo así. Le dieron y le dieron vuelta. Yo vi, y le soy sincero: siento que fue él (quien puso los paquetes de mariguana en el autobús), la persona que estaba tomando fotos de parte de ellos. Traía una mochila grande. Esa persona estaba subiendo y bajando constantemente”.

Iba para Tuncingo

Fausto Saavedra Valera es de Xilistlahuaca, un pueblo na savi de los más alejados de Metlatónoc, en la agreste y pobre zona alta de La Montaña. Tiene 32 años. Hasta el lunes por la tarde su familia no sabía de él. Acudieron al centro de derechos humanos Tlachinollan, en Tlapa, donde abogados de la organización coadyuvaron a localizarlo y también lo asisten en su defensa.

El sábado por la mañana Fausto salió de la localidad y en la noche, tomó en Tlapa el autobús que lo llevaría a Tuncingo, Puebla, donde se encontraría con un amigo. Tenía un empleo para él como peón o campesino. Esta es la versión que ofreció al reportero el lunes, acompañado de Pizano, en una celda diminuta, en Huamuxtitlán.

–¿Cómo fue que te bajaron los soldados por las botas?

–Yo estaba abajo cuando me vieron las botas. Ya habían revisado a toda la gente. Estaban subiendo a la gente cuando un oficial me vio las botas, me dijo que me las quitara y me las quité.

“Ya después de la revisión, estaba subiendo la gente. Ya nos íbamos. Yo iba a subir hasta el último. Alguien me vio las botas y me dijo que me las quitara. Me las quité las dos y ya no me las quería entregar. Yo las quería, pero ya no me las quería entregar”.

–¿Qué te dijeron de los motivos de tu detención?

–Pues que esas botas no los puede cargar otra persona. Le dije que me las había vendido un amigo que trabaja en Tlapa.

–¿Y qué te dijeron cuando les dijiste que te las había vendido un amigo?

–Pues nada. No me dijeron nada. Que me iban a detener por eso. Por las botas. Yo me bajé con mi mochila cuando fue el retén, nomás traía una mochila.

–¿Estando abajo escuchaste si alguien de los soldados dio la orden de disparar?

–Pues yo no escuché nada, porque estaba hablando, no sé quién es el militar con el que hablaba. Estaba hablándole, pidiéndole que me dejara ir, que se quedaran las botas porque el camión todavía estaba ahí. Me dijo que no. Se fue el camión y yo me quedé ahí. Ya después oí los disparos, pero yo estaba abajo, con ellos, con los soldados.

(La Jornada Guerrero, 24 de juniio de 2009)

Leer más...

Militares matan a na savi en retén; “siembran” droga como excusa

Detienen a indígena por usar botas como las del Ejército; también arrestan al chofer

Revisan un autobús, lo dejan ir, luego ordenan que se detenga, los ignoran y disparan

Hallan 10 paquetes de mariguana que no fueron encontrados durante la inspección

JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)

Huamuxtitlan, 22 de junio. Sábado 20 de junio, 10:30 de la noche: en un retén militar de más de 30 soldados, en la carretera federal que comunica a Tlapa con Puebla, a menos de dos kilómetros de Huamuxtitlán, el autobús de la línea Sur es detenido por los militares. Uno de ellos sube e informa a los pasajeros que habrá una “revisión de rutina”. Pide a los varones que bajen. Las mujeres permanecen en sus asientos y comienza la inspección.

Pasaron más de 15 minutos. Arriba, un solado se encarga del chequeo minucioso al equipaje. Abajo, otros soldados revisan a los pasajeros.

La inspección “de rutina” concluye sin contratiempos, o al menos eso parece hasta que uno de los soldados nota que el indígena na savi Fausto Saavedra Valera usa botas tipo militar. El jefe del retén da luz verde al conductor, le dice que todo está “en orden”, pero que el pasajero de las botas tendrá que quedarse, porque su calzado no es de uso civil y constituye un delito. El conductor, Francisco Pizano, y otros pasajeros, increpan la decisión de los soldados.

Pizano pide al jefe militar que firme un documento en el cual deje constancia que el Ejército tiene al indígena, para justificar su ausencia ante la empresa. El encargado se niega. Intercambian insultos y después, cuando otro militar apacigua la discusión, el conductor sube el autobús, lo echa a andar y le advierte que es injusta la retención del na savi de Xilistlahuaca, Metlatónoc.

10:50 de la noche: de un silbido, el militar le ordena que se vuelva a detener y Pizano lo ignora. No han pasado más de 100 metros cuando se escuchan las primeras ráfagas que salieron de las metralletas de otros soldados, que estaban más adelante del retén. Los disparos dieron en la carrocería del autobús y en el cuello de Porfirio Rubio Villegas, un indígena de Tlapa, quien murió al instante.

Lunes 22 de junio: en la cabecera de Huamuxtitlán, un vehículo destartalado vende como pan caliente un periódico regional que da cuenta de la muerte del indígena. “Barbarie de militares”, consigna el encabezado principal.

En la cárcel de la ciudad están encerrados, en una diminuta celda, Francisco Pizano Y Porfirio Rubio. Han sido para ambos las 48 horas más largas de su vida porque ninguno sabe exactamente, hasta la fecha, cuál es el motivo de su detención. El sábado a las 11 de la noche, tras la balacera, el autobús se refugió en la terminal que tiene la empresa en Huamuxtitlán. Hasta ahí llegaron, primero, la Policía Municipal, después los soldados del retén, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), del Ministerio Público y paramédicos de la Cruz Roja .

El lunes por la tarde, en Chilpancingo, según empezaron a reportar los portales de periódicos del Distrito Federal, el Ejército ofreció la versión oficial de los hechos, y subraya dos momentos claves sobre la muerte del indígena de Metlatónoc: primero, que los soldados reaccionaron con disparos debido a que el conductor no se detuvo cuando lo ordenaron; segundo, que cuando inspeccionaron el camión encontraron 10 kilos de mariguana.

Francisco y Porfirio se ven cansados en la celda. Largas han sido las últimas horas. El domingo, por separado, los llevaron a declarar al Ministerio Público de Huamuxtitlán, pero a ninguno le han informado con precisión cuáles son los cargos que enfrentan.

Se habla con ellos a través de las rejas. En su testimonio contradicen las versiones oficiales y dan más detalles de los que sucedió. Pizano –barba crecida y con aliento a cigarrillo– sostiene: “en ningún momento me negué a la revisión, a nada, yo creo que los paquetes fueron sembrados”.

Cuenta que un par de horas después de las ráfagas, estando en la terminal de Huamuxtitlán, un soldado, un agente del MP y uno de la PFP seguían revisando el camión. “Nos habla el federal y nos dice: venga para acá y en la misma fila de asientos donde estaba el cadáver, pero del otro lado, no estaban ni escondidos ni nada, estaban unos paquetes envueltos en cinta canela. No estaban escondidos, estaban a simple vista.

“Mi pregunta es: si me están revisando en el retén antes, más de 10 minutos, luego, cuando estaban las autoridades, yo vi al señor del MP que se paró prácticamente ahí en los asientos de atrás, él estaba ahí parado cuando estaban haciendo la diligencias, entonces es imposible que no los hayan visto antes, que no los hayan pisado”.

De Porfirio, sus familiares no tuvieron noticias hasta el lunes por la tarde. El domingo permaneció bajo custodia de los militares en Tlapa y después lo llevaron a los separos en Huamuxtitlán.

Hasta ese momento no había podido hablar con nadie. Ni llamadas por teléfono ni un abogado le fueron concedidos. Los soldados sólo le dijeron: “esas botas (que consiguió en Tlapa, donde se exhiben en varias tiendas) no las puede cargar cualquier persona, son de uso exclusivo de los militares”.

Desde el sábado por la noche Porfirio Rubio anda en calcetines.

(La Jornada Guerrero, 23 de junio de 2009)

Leer más...

Zapatismo: la nueva provocación gubernamental

Luis Hernández Navarro

Desde la insurrección de enero de 1994 los distintos gobiernos federales han querido asociar al EZLN con el narcotráfico. Nunca han podido demostrarlo, pero de cuando en cuando lo intentan.

Apenas el pasado 4 de junio el gastado guión volvió a repetirse. Sólo que ahora la amenaza es mayor que en el pasado. En esa fecha más de 200 elementos del Ejército federal, de la Procuraduría General de la República y de la policía estatal y municipal, con el rostro pintado, incursionaron en parte del territorio zapatista de La Garrucha con el pretexto de buscar plantíos de mariguana. Centenares de pobladores de las comunidades de Hermenegildo Galeana y San Alejandro los rechazaron con machetes, palos, hondas y resorteras.

Los poblados zapatistas prohíben la siembra, el tráfico y el consumo de drogas. Ni siquiera se permite beber o vender alcohol en ellos. No es un hecho nuevo. Desde el inicio del levantamiento armado la comandancia rebelde hizo pública esta disposición. La medida sigue en vigor con las autoridades civiles que se hacen cargo de los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno. No sucede lo mismo con las comunidades priístas, donde se cultivan enervantes en contubernio con la fuerza pública.

En un comunicado dirigido al entonces presidente Ernesto Zedillo, con fecha 10 de febrero de 1995, un día después de la ofensiva militar que pretendió detener, por medio de una traición, al subcomandante Marcos, los alzados señalaron: “queremos decirle la verdad, si es que usted no la sabe: los delincuentes, terroristas, narcotraficantes son ustedes, son los mismos que forman su gabinete, son sus mismos soldados quienes trafican con drogas, quienes obligan a los campesinos indígenas a sembrar mariguana y otros estupefacientes. ¿Acaso no se ha dado cuenta de esto, señor Zedillo? Nosotros los zapatistas sí, porque vivimos con nuestro pueblo, somos los mismos que hemos combatido contra la siembra de drogas, contra el tráfico de drogas que sus mismos soldados hacen y han hecho dentro de los territorios que hemos controlado”.

Sin fundamento, la acusación se ha repetido año tras año. En 2004, el diario Reforma publicó la noticia de que “en promedio, cada dos días, efectivos del Ejército Mexicano ingresan a territorio zapatista para destruir plantíos de mariguana y amapola que en el último año se han incrementado considerablemente”. Días después, el general Jorge Isaac Jiménez García, mando del operativo militar en la zona, rechazó que los sembradíos de mariguana pertenecieran a simpatizantes del EZLN.

La provocación policiaco-militar del pasado 4 de junio contra los rebeldes no es un hecho aislado. Forma parte de una agresión de más largo aliento. El hostigamiento gubernamental contra los alzados ha sido una constante desde la llegada del gobernador Juan Sabines en 2006.

Diversos grupos campesinos cercanos al gobierno del estado pretenden posesionarse de las tierras que bases de apoyo zapatista ocupan y trabajan desde 1994. Grupos paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) acosan a los municipios autónomos. El Ejército ha establecido nuevas posiciones, cualificado su presencia en la entidad y realizado movimientos inusuales de carácter claramente intimidatorio.

Jaime Martínez Veloz, representante del gobierno de Chiapas ante la Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa), ha explicado con mucha claridad la dimensión agraria de la actual ofensiva antizapatista. “El gobierno mexicano –dijo a la CCIODH–, yo estoy convencido que en actitud de intentar confrontar al EZLN con campesinos e indígenas de la zona, habilitó a personas con necesidades de tierra, pero los habilitó como ejidatarios de las mismas zonas que los zapatistas ocupaban esas tierras. Los hace ejidatarios y evidentemente genera un conflicto. En una misma superficie hay quien ocupa la tierra y hay quien tiene un título. Esto se produjo ya por los primeros años, 95, 96... y las repercusiones de eso, pues hoy aparecen.”

Curiosamente, los responsables de la política agraria, rural y turística del gobierno de Juan Sabines son personajes como Jorge Constantino Kanter, representante de los latifundistas y ganaderos afectados por la irrupción del zapatismo, o Roberto Albores Gleason, hijo del ex gobernador Roberto Albores, ejecutor de innumerables violaciones a los derechos humanos.

El operativo del pasado 4 de junio se realizó en el lugar donde hace poco tiempo estuvo el subcomandante Marcos. Por lo visto, su presencia en La Garrucha inquietó a las autoridades gubernamentales. Hace ya meses que el vocero del grupo rebelde casi no aparece ante la opinión pública y sus silencios ponen nerviosos a los servicios de inteligencia. Pero los focos rojos que advierten la creciente intolerancia gubernamental ante la iniciativa civil pacífica de los rebeldes se habían prendido desde tiempo atrás. Camino al primer Encuentro Continental de Pueblos de América, realizado en Vicam, Sonora, entre el 11 y el 14 de octubre de 2007, retenes policiacos y militares detuvieron al convoy en el que se trasladaban los delegados zapatistas, obligando a que la comandancia indígena que asistía al evento regresara a Chiapas.

Una encuesta recientemente realizada sobre la administración de Felipe Calderón muestra que, además de la amplia simpatía de la población a la campaña antidrogas, a pesar del paso de los años, 26 por ciento de los sondeados apoyan a los zapatistas. Un porcentaje nada despreciable en las actuales circunstancias.

El nuevo intento gubernamental de mostrar al EZLN como cómplice del crimen organizado pretende montarse en la ola de sentimientos antinarco para tratar de erosionar la corriente de opinión favorable a los rebeldes y propinarle un golpe represivo. Un golpe decidido desde tiempo atrás. ¿Acaso no tiene el gobierno federal suficientes conflictos sin solución abiertos como para hacer más grande uno que no ha podido resolver en años?

(La Jornada, 10 de junio de 2008)

Leer más...