Carmen Aristegui Flores
La ola de violencia y ejecuciones en México ha alcanzado ya niveles inimaginables en la historia de este país. Si no se revisa la estrategia y, aun, si se revisa -dicen los expertos- lo peor está por venir. La espiral desatada arroja, según información presentada esta semana en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente , cifras que alcanzan ya las 4 mil ejecuciones en lo que va del actual gobierno. Registro superior o equiparable al de cualquier conflicto bélico. 7.6 personas en promedio murieron diariamente. Según esta información en la última semana hubo cada 24 horas, 15 asesinatos. Muertes, desapariciones y enfrentamientos crecientes seguirán siendo parte del paisaje nacional por un tiempo indeterminado. No todo se reduce a los muertos.
Esto es lo visible y lo medianamente contabilizable. El insumo mayor, si se quiere, para el miedo, el temor y la psicosis. Pero, ¿de qué tamaño es la infiltración del crimen en las estructuras políticas y policiacas del país?, ¿en qué dimensión se encuentra el narco en las estructuras institucionales y de representación política en México?, ¿cuántos legisladores, presidentes municipales, gobernadores y altos mandos en el país están cooptados por el narcotráfico?, ¿se tiene una idea clara sobre los circuitos empresariales y financieros en los que se desenvuelve el narcotráfico?, ¿en qué medida el Estado mexicano está actuando en contra de ellos?
Explicaciones de especialistas internacionales como los doctores Samuel González y Edgardo Buscaglia remiten sus análisis sobre la corrupción, la violencia y el crimen organizado al estudio comparado de la experiencia internacional. Los patrones de conducta de la delincuencia organizada se repiten universalmente. El doctor Buscaglia (director del International Law and Economic Development Center y asesor de Naciones Unidas) explica sobre los factores que causan una defectuosa aplicación de políticas públicas para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Parte de una premisa básica, a partir de la cual se formularon las preguntas anteriores:
“La delincuencia organizada, a gran escala, sólo puede ser factible y sostenerse cuando el Estado no goza de niveles de gobernabilidad, y en donde existen alianzas tácitas y/o explícitas de apoyo entre actores políticos, empresas privadas y empresas criminales”.
Por lo tanto, dice el experto: “Es necesario implementar una Reforma integral del Estado, a través de un pacto político que rompa con la impunidad con la cual la delincuencia organizada infiltra al Estado”. Es a partir de la premisa, que lanza una aguda crítica a la estrategia que ha sostenido el gobierno federal en contra del narcotráfico. Buscaglia afirma que los países que alcanzaron el éxito contra el narcotráfico basaron su estrategia en cuatro vías: 1) ataque a las cúpulas del narcotráfico; 2) ataque a sus brazos armados; 3) ataque a sus redes financieras y 4) combate a la protección política y la corrupción. Cuatro líneas de acción que se aplicaron de manera simultánea. Necesariamente simultánea. Los gobiernos que las impulsaron contaban con amplios márgenes de legitimidad y aceptación social que les permitieron involucrar a poderes y sociedad en la cruzada.
El gobierno mexicano, que no cumple cabalmente con esta última condición, ha sostenido una estrategia que transita básicamente por las dos primeras vías, sin tomar como prioritario el combate dentro de las redes financieras y sin desmontar la protección política que hace posible que el narcotráfico domine zonas enteras del país. El problema mayor radica en que -siguiendo este estudio comparativo internacional- en los países en que sólo se instrumentó el combate a las cúpulas y a los brazos armados del narcotráfico sin incluir los frentes empresariales, financieros y políticos en donde se desenvuelve el narcotráfico, no sólo se desató una carnicería, como la que estamos viendo aquí, sino que se pasó de la infiltración y captura de autoridades a un control pleno del poder político conformándose lo que se dio en llamar narcodemocracias. No es muy difícil entenderlo. Si no se desarticula integralmente al monstruo, su capacidad de respuesta puede ser inaudita. Esta tesis sostiene que entre más recursos, soldados, policías y operativos destine el gobierno para combatirlos en el campo de la violencia y el descabezamiento -sin desarticularlos en lo político y financiero- trae como consecuencia más violencia, más corrupción, más infiltración y en algún momento, a la toma del poder político. Los casos analizados muestran no sólo el incremento de la violencia y las ejecuciones sino ataques tierra-aire y atentados.
En este momento todo indica que estamos ante una estrategia incompleta, por lo tanto ineficaz y, peor aún, contraproducente. Que quede constancia: nadie está diciendo aquí que el Estado claudique de sus obligaciones para dejar a “ciudadanos y periodistas en garras del narcotráfico”. Yo, como millones, deseo que el Estado se imponga al narcotráfico. Que los criminales sean vencidos y que se recupere la tranquilidad y el Estado de Derecho. Precisamente por eso destaco el valor de la crítica. Para revisar el camino. Para no equivocarnos. Para preguntarle al Presidente si realmente sabe ¿hacia dónde lleva al país?
(Reforma, 23 de mayo de 2008)
viernes, 23 de mayo de 2008
¿Quo vadis, Felipe?
viernes, 30 de marzo de 2007
Líquido seminal
Carmen Aristegui F.
El caso de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, ocurrida el 26 de febrero en la Sierra de Zongolica, ha entrado en un oscuro territorio plagado de dudas, confusiones y muchas interrogantes. Estamos frente a una situación que involucra tal cantidad de cosas, que la sociedad mexicana debería ocuparse en seguir los detalles de la historia.
En primerísimo lugar, la verdad sobre la muerte de una persona que reunía los rasgos de mayor vulnerabilidad posible en la sociedad mexicana -mujer, indígena y anciana- en condiciones que deben quedar totalmente aclaradas. Van de por medio los sistemas de justicia estatal, federal y militar, así como la palabra del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que se comprometió en persona con la autoridad municipal de Soledad Atzompa y con líderes y representantes partidistas del PRD y de Alternativa, a llegar al fondo en las investigaciones. Va de por medio la credibilidad de la CNDH y, por si fuera poco, la fiabilidad de la voz del presidente Calderón. Y va de por medio el derecho de los mexicanos a una información veraz y confiable. Hoy hay dos versiones: la que se difundió desde el primer momento, sobre cómo Ernestina fue víctima de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército mientras llevaba a pastar a sus ovejas. Se cuenta con testimonios de los pobladores y el de su hija Martha quien, en lengua náhuatl, ha dicho que su madre antes de morir le dijo que "los soldados se le habían echado encima". La primera información oficial disponible corroboraba los hechos. El subprocurador de Veracruz, Miguel Mina, informó días después de la muerte: "es un hecho aberrante y no lo podemos soslayar... de acuerdo al dictamen médico pericial, hay un traumatismo craneoencefálico, que son golpes en la cabeza, y anemia aguda producida por un desgarro que, de acuerdo al médico, había perforado parte de la región anal y que eso hubiese provocado la misma". La otra versión, se sostiene en la necropsia realizada a petición de la CNDH después de la exhumación. Ayer José Luis Soberanes informó que "...no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de una anemia aguda, debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionado por úlcera péptica. Eso fue de lo que murió y también... se llegó a la conclusión... de que no había habido tal violación ni propia ni impropia". ¿Qué pasó entonces? ¿Fue violada o no por soldados del Ejército? ¿Murió o no a consecuencia de una acción aberrante? El comunicado de la CNDH descalifica de tal manera las informaciones de la autoridad local que anuncia también que denunciará los presuntos delitos y faltas administrativas de funcionarios de la Procuraduría de Veracruz. Conclusión: según la CNDH, nada de lo que se dijo anteriormente sobre este caso es cierto. Murió, como lo dijo Felipe Calderón anticipadamente a Elena Gallegos en La Jornada, de una gastritis mal tratada. No hubo violación de soldados, no hubo golpes, no hubo fracturas, no hubo nada de lo que dicen testimonios ni mucho menos nada de lo que informó, en su momento, el subprocurador Mina. ¿Todo se inventó? ¿De veras -como algunos sugieren- los pobladores de la Zongolica están utilizando la muerte de su hermana mayor -como le llaman a Ernestina- para presionar a que los militares se vayan de esta zona en la que se presume existe presencia guerrillera?, o ¿estamos frente a una distorsión de la justicia para encubrir hechos aberrantes de abusos del Ejército en contra de la población civil? Por lo pronto hay demasiadas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué, si no hubo tal violación, el Ejército informó en su segundo comunicado 019 del 6 de marzo que "...especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial... consistente en comparar el líquido seminal recogido de la hoy occisa"? Al día siguiente emitió el comunicado 020 informando que se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la base de operaciones y que "...junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la ciudad de México, para que con apoyo de los servicios de la PGR, se obtengan los perfiles genéticos... los resultados... tienen un tiempo estimado de 15 ó 20 días". Si no hubo violación, ¿cómo es que el Ejército envió muestras de sangre y de líquido seminal para ser analizadas al DF? ¿También lo inventó? ¿Por qué el Ejército emitió un comunicado, el 019, que después sustituyó por otro de mismo número, en dónde señalaba: "...delincuentes que utilizaron prendas militares, perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia... y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".
¿Perpetraron el crimen? ¿Hubo o no crimen? Si no hubo crimen, ¿por qué sintieron algunas autoridades la necesidad de regalar casas y bicicletas a los familiares de Ernestina Ascensio en los últimos días? ¿Por qué se ve en una fotografía de Ernestina un charco de sangre junto a su cabeza, si la hemorragia fue interna y por razones médicas? Ayer Soberanes contestó: "Habría que preguntarle a los peritos nuestros que estuvieron ahí presentes cuál fue el origen de esta sangre. Yo por el momento no se lo puedo decir". Por la memoria de esta mujer y por nuestro derecho a la verdad, la interrogante mayor debe esclarecerse: ¿cómo murió Ernestina?
(Reforma, 30 de marzo de 2007)
viernes, 5 de enero de 2007
Comandante supremo
Carmen Aristegui
Las imágenes del presidente Felipe Calderón vestido con uniforme de campaña, portando una gorra de cinco estrellas y el escudo nacional, esta semana en Apatzingán, no pueden ser ni casuales ni pasar desapercibidas. Son el síntoma de algo grave. El debilitamiento de las fuerzas políticas mexicanas a raíz de una disputa desordenada, intervenida y violenta por la Presidencia de México, no sólo ha dejado al país dividido, sino que ha hecho irrumpir a la estructura militar como la única garante visible de la estabilidad nacional. La notable mayoría de los actos públicos del gobierno federal ha tenido a las Fuerzas Armadas como protagonistas indiscutibles.
Horas antes de que formalmente se realizara la atropellada ceremonia de traspaso de poder en San Lázaro el 1o. de diciembre, los mexicanos vimos, en la madrugada de ese día, una escena que hablaba de la gravedad de la crisis política por la que atravesaba nuestro país en esos momentos, producto de la impugnación electoral. Vicente Fox entregaba la banda presidencial no a un civil legislador, como lo indica la ley, sino la entregaba -con un simbolismo mayúsculo- a un joven cadete del Ejército mexicano. La ceremonia no era ante el Congreso, sino ante las cámaras de televisión. Horas más tarde, nuevamente el Ejército establecía condiciones de seguridad y de contención dentro y fuera de San Lázaro, que hacían pensar más en un estado de sitio que en una ceremonia republicana.
Una vez que Felipe Calderón asumió el mandato como presidente de México, de la manera en que lo asumió, el Ejército no ha abandonado su visible presencia en todos los actos de gobierno. Cuando se informó sobre las primeras acciones que incluían un plan de austeridad para todo el gobierno, tuvo que hacerse un anuncio aparte, horas después, para hablar de la excepción: para el Ejército no habría recortes sino todo lo contrario: se presupuestarían aumentos importantes.
Cuando se decidió desmovilizar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y encarcelar a quienes apenas unos días antes eran considerados interlocutores, el papel del Ejército fue central. Ahí se vio con mucha claridad la frontera rota, desde hace ya varios años, entre la actividad policiaca y la milicia.
Memorable es la fotografía de un soldado que se está quitando su uniforme original para ponerse uno de policía, antes de participar en los operativos. Están ahí las múltiples denuncias y señalamientos nacionales e internacionales sobre violaciones graves a los derechos humanos, de las que tendrá que hacerse cargo el gobierno de la República. Vino también el anuncio formal de la transferencia de miles de efectivos militares (7 mil 500 militares y 2 mil 500 marinos ya no sólo para incorporarse a distintas unidades policiacas, sino, según se sabe, ahora van agrupaciones navales completas, es decir, mandos incluidos) para fortalecer a los cuerpos policiacos federales y emprender acciones como las vistas en los últimos días en Tijuana y Michoacán. No sólo se han engrosado con militares las corporaciones policiacas, sino que se ha decidido también la concentración de mandos. El nombramiento de Ardelio Vargas Fosado como comisionado de la Policía Federal Preventiva, y al mismo tiempo como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), ha preocupado a varios especialistas. Ayer, el periódico La Jornada publicó las declaraciones que el constitucionalista Miguel Ángel Eraña hizo a Laura Poy Solano, en las que establece sus preocupaciones frente a esta medida que consideró ilegal e inconstitucional: imponer un solo mando a los cuerpos de seguridad con este nombramiento es "alentar un régimen de facto de concentración de poder policiaco que violenta la división de poderes y podría convertirse en un leviatán autocrático".
Cabe destacar también la intensa campaña de spots difundidos desde la Presidencia, en la que se destaca a las Fuerzas Armadas como garantes de la legalidad, las instituciones y el orden. ¿Cuántos impactos en radio y televisión se han transmitido con la voz de Felipe Calderón diciendo: "es para mí un honor comandar a una organización militar surgida del pueblo, identificada con el pueblo y consagrada al pueblo..." desde la salutación militar en el Campo Marte, apenas unas horas después de la accidentada llegada al poder? En su conjunto, las acciones gubernamentales colocan al Ejército y a la Marina, en principio, como el eje de la estrategia anticrimen del gobierno de Calderón; es deseable que -una vez echada a andar- arroje resultados positivos para contener y abatir los índices escandalosos de criminalidad relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sin embargo, es claro que estamos, fundamentalmente, frente a la columna vertebral de una estrategia de comunicación social, basada no sólo en el recordatorio, sino en la ostentación reiterada del principio del monopolio de la violencia como sostén del ejercicio del poder.
¿Cómo debe entender la sociedad mexicana todos estos mensajes? ¿Qué es exactamente lo que nos quiere decir Felipe Calderón con esta reiterada presencia suya, rodeado permanentemente de militares? ¿Qué le depara a México con un horizonte verde olivo?.
(El Norte, 5 de enero 2007)
