Represión, abusos, desapariciones...

José Gil Olmos

El número de muertes en el país relacionadas con el crimen organizado adquiere dimensiones inusitadas. El procurador Eduardo Medina Mora reconoció que este año van mil 378 ejecuciones; el 10% de estas bajas corresponden a elementos de la policía, la PGR, el Ejército y la Marina. Ante este escenario, organizaciones sociales muestran su preocupación no sólo por la militarización del combate al narcotráfico –25 mil soldados y policías federales se encuentran desplegados en diversas regiones del país–, sino por el retorno de prácticas represivas que, dicen, estaban ya superadas.

Dentro y fuera del país, organizaciones sociales advierten que la situación de los derechos humanos en México es “extremadamente crítica”.Su argumento: el gobierno de Felipe Calderón carece de una política de protección en ese campo. Además de condenar la salida del país de Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por supuestas presiones del gobierno de Felipe Calderón, también hacen hincapié en lo inconveniente que resulta utilizar al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, en el repunte de la práctica de la tortura y en la desaparición forzada de personas, así como en la aplicación de una política de criminalización de la protesta social.Édgar Cortez, integrante de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, sostiene: “Lamentablemente es el perfil de un gobierno que se ha desentendido de los derechos humanos, que mantiene un discurso y un trabajo en foros internacionales muy a favor, pero que en el ámbito doméstico es todo lo contrario e incluso contribuye a su agravamiento.”Y asegura que, como lo dijo la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, cuando visitó México, “seguimos viviendo una especie de esquizofrenia en materia de derechos humanos”.Para Cortez, el resurgimiento de las desapariciones forzadas y los casos de tortura registrados durante el gobierno de Calderón es grave porque, afirma, significa el retorno de crímenes de lesa humanidad que ocurrían en la llamada guerra sucia y que se creían superados.Cita los casos de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, quienes se encuentran desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.Otro hecho, agrega, es la “criminalización” de la protesta social. Las violaciones a los derechos humanos que se presentan con más frecuencia son las agresiones contra periodistas. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2007 fueron asesinados cuatro periodistas y tres más fueron reportados como desaparecidos. Desde que el PAN llegó al gobierno en 2000, 35 comunicadores han sido ejecutados y otros seis han desaparecido. No se ha aclarado ni un solo caso.Señala Cortez: “La situación se sigue agravando sin que a la fecha la fiscalía especial creada para investigar los casos de los periodistas haya dado resultados, con el efecto que esto tiene con la libertad de expresión y de que no existan problemas para que los medios aborden todos los temas, incluido el de seguridad y el narcotráfico.”Así mismo, considera que la militarización en las tareas de combate al crimen organizado viene desde 1995, cuando el gobierno creó las Bases de Operación Mixta (BOM), integradas por elementos del Ejército y de las policías federales y estatales. Desde entonces, dice, el gobierno nunca se preocupó por la profesionalización y la depuración de los cuerpos policiacos.Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que la espiral de violencia provoca la muerte de ocho personas por día. Hasta la fecha, según el documento, las víctimas del crimen organizado suman 4 mil 172.El propio procurador Eduardo Medina Mora dijo en una entrevista radiofónica, el viernes 23, que en lo que va de 2008 han sido ejecutadas mil 378 personas, lo que representa un incremento de 47% con respecto al período correspondiente al año pasado, en el que las bajas fueron 940, todas atribuidas al crimen organizado.Destacó que de esos muertos 450 eran policías, policías fiscales o miembros del Ejército Mexicano y la Marina. Eso significa, según el procurador, que poco más del 10% son bajas de servidores públicos. Para Medina Mora, estas cifras reflejan los golpes que el gobierno de Calderón ha asestado al narcotráfico y son “una expresión de su fortaleza”.Lo que el funcionario omitió es que a partir de que Calderón decidió que el Ejército encabezara la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la CNDH ha recibido 634 quejas por actos de ilegalidad de las Fuerzas Armadas y ha emitido seis recomendaciones.
Los excesos
Cifras extraoficiales indican que más de 25 mil soldados y policías federales fueron desplegados en puntos clave del país para combatir el narcotráfico. La actuación de los militares ha sido muy criticada por los asesinatos de civiles en los retenes instalados y por las violaciones a mujeres en algunos de los operativos.Sobre esto último, el 2 de mayo de 2007, en un operativo militar en Nocupétaro, Michoacán, cuatro adolescentes que trabajan en un bar fueron secuestradas, drogadas y violadas en el cuartel de la XXI Zona Militar. Tan sólo por ese operativo, que se extendió a los municipios de Carácuaro, Huetamo y Apatzingán, la CNDH recibió 52 quejas por presuntas violaciones de las garantías individuales.En cuanto a los llamados “daños colaterales” en la guerra contra el narcotráfico, el 1 de junio de 2007, en el poblado de la Joya, municipio de Sinaloa de Leyva, un grupo soldados disparó contra una camioneta donde viajaba una familia. Murieron cinco personas, entre ellas un par de niños, y tres más resultaron heridas. Actualmente 19 militares están bajo proceso por este caso.Dos días después, el 3 de junio, sobre la carretera que va de Mier a Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados que estaban en un retén dispararon contra un vehículo que no atendió el alto. En ese incidente murió el copiloto Héctor Adrián Salazar Hernández, de 27 años.La madrugada del pasado 16 de febrero, en un retén de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fue acribillado un vehículo en el que viajaban Sergio Meza y José Antonio Barbosa. El primero murió, mientras que su compañero, de origen estadunidense, quedó herido. Ambos andaban de parranda.Para el mes siguiente, el día 26, hubo otro incidente en la comunidad de Santiago de Caballero, municipio de Badiraguato, Sinaloa. En esa ocasión un grupo de jóvenes viajaban en una camioneta cuando un camión con soldados les dio alcance y les disparó varias ráfagas. Murieron cuatro civiles. En un principio las autoridades castrenses alegaron que se trató de un enfrentamiento, pero las primeras indagatorias revelaron que la versión era falsa. Por este hecho fueron consignados cinco militares.Finalmente, el lunes 5, en un enfrentamiento entre soldados y presuntos sicarios del grupo de Los Zetas, en el municipio de Villa de Cos, Zacatecas, murieron tres civiles: Edwin Castañeda López, Alejandra Pérez Rodríguez y una niña de nueve años, Noemí Pinales Hernández.Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), advierte sobre los riesgos que implica la participación del Ejército en el combate al crimen organizado. Esto sólo lleva a que “se legitime la represión y se reduzcan derechos y garantías fundamentales”, dice.El peligro reside en que el gobierno de Calderón, en lugar de reconstituir a los cuerpos policiales para combatir el narco y la inseguridad pública, puede caer en la tentación de mantener a las Fuerzas Armadas de manera permanente en su cruzada.Incluso advierte: “Hemos visto que con la injerencia militar en ámbitos civiles persiste el riesgo de que los procesos democráticos se realicen sin la rapidez deseable, sobre todo que no se avance hacia un estado de respeto a los derechos humanos”.El director del Prodh sostiene que la alternancia política no ha llevado a una recomposición de los espacios de poder y observa que la polarización social se agudizó a partir de aquellas elecciones.“El escaso margen por el que se decide la elección y el clima de confrontación posterior han obligado prácticamente al presidente Calderón a construir su legitimidad con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, señala el director de este centro que lleva 20 años de trabajo ininterrumpido.Y añade: “Ante esta situación hemos externado nuestra preocupación por el protagonismo militar, ya que consideramos que (Calderón) actúa contra la consolidación de los procesos democráticos.”Adrián Ramírez López, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), destaca que al haberle apostado al Ejército en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad pública, Calderón ha generado un contexto de graves violaciones a los derechos humanos poniendo en riesgo a todos los mexicanos.“Hemos visto los ataques que el Ejército ha lanzado de manera indiscriminada en diferentes lugares en los que ha habido muerte de civiles. Creo que el gobierno de Calderón pasa por encima del supremo derecho a la vida, así como del de libre voluntad de tránsito y del de asociación”.Ramírez destaca que con la decisión de mantener al Ejército en las calles en funciones policiales, Calderón viola el artículo 129 de la Constitución que establece con claridad que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podrá ejercer ninguna acción para la que no está facultada.Así mismo, habla de la impunidad con la que actúa el Ejército. A pesar de que hay denuncias de violaciones graves a los derechos humanos, incluidos algunos asesinatos y abusos sexuales contra militares, ninguno de éstos ha sido consignado ante las autoridades civiles; todos los casos han sido remitidos a la Procuraduría de Justicia Militar.
La ilegitimidad
Los defensores de derechos humanos consultados por este reportero consideran que entre los factores que generan la crisis en materia de derechos humanos está la falta de legitimidad con la que Calderón llegó a Los Pinos, así como la polarización social que se derivó de las elecciones del 2 de julio de 2006.Para el representante de la Limeddh es paradójico que Calderón no esté ganando legitimidad con el uso del Ejército. Es con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del empresariado nacional como ha logrado sostenerse, asegura el dirigente social.“Lo que se nota en el gobierno de Calderón es el desinterés que tiene con la constante violación a las garantías individuales, porque para él los derechos humanos son un obstáculo en su guerra en contra del narcotráfico y los grupos insurgentes”, puntualiza.Luis Arriaga, del Prodh, subraya que la falta de castigo a los responsables refleja la persistencia de la impunidad de parte de actores diversos, principalmente los gubernamentales, como fue el caso del conflicto en Oaxaca.“Persiste la impunidad, no hay acceso a la justicia por parte de las víctimas, tampoco se castiga a los responsables y mucho menos existe la reparación de daños”, externa. Y menciona el fracaso que significó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), coordinada por Ignacio Carrillo Prieto. Funcionó durante varios años y al final no pudo llevar a la cárcel a ninguno de los responsables de los asesinatos y desapariciones cometidas contra guerrilleros y luchadores sociales en la llamada guerra sucia.“Sabemos muy bien que para avanzar en un régimen democrático, de respeto a los derechos humanos, es necesario aclarar los crímenes del pasado. No podemos prescindir del derecho de las familias a conocer la realidad, de tener acceso a la justicia y, sobre todo, que se les dé una reparación adecuada”, sostiene Arriaga.
La salida de Incalcaterra
Ante esta situación de crisis, los responsables de las organizaciones no gubernamentales consideran grave la salida del país de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por supuestas presiones del gobierno de Calderón a raíz de sus críticas al uso del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.Arriaga expone: “Nos preocupa que sean ciertas las versiones de que salió por presiones del gobierno. El representante de la ONU señaló con oportunidad y con firmeza prácticas violatorias a derechos humanos; impulsó estrategias claras para promover la vigencia de los derechos humanos, y abrió algunos canales de comunicación entre diversos actores. En algunas ocasiones tuvo una voz crítica y con capacidad de aportar elementos sustantivos para prevenir violaciones a los derechos humanos.“Lo grave de su salida por las presiones del gobierno es que contribuye a profundizar un clima desconfianza y de conflicto. Estamos ante un país con un régimen que se ha caracterizado por sufrir una situación alarmante en materia de derechos humanos. Hemos visto que, más allá de la alternancia política, hay una recomposición de los espacios de poder.”Para Adrián Ramírez, la salida de Amerigo Incalcaterra es “el signo más ominoso” de los ataques a los defensores de derechos humanos.“Si el representante del máximo órgano de la ONU para los derechos humanos es presionado para que salga de la representación, ¡imagínese la situación que día a día viven los defensores de derechos humanos, los reporteros, los líderes de opinión y los luchadores sociales! Es una situación grave, es un signo más que nos preocupa.”El activista español Ignacio García, quien llegó a la Ciudad de México el miércoles 21 para entregar al gobierno de Calderón el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) sobre los casos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, calificó de “extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México.Tras 10 años de trabajo durante los cuales han visitado seis veces el país para observar la situación de los derechos humanos en la zona sur de la República, dijo que hay muy pocos avances en la aplicación de la justicia.En los foros internacionales, subrayó, “hay declaraciones más positivas y los compromisos se cumplen; pero en los hechos desgraciadamente esta política no se corresponde. Un ejemplo de ello es Acteal, donde hasta ahora no se ha hecho justicia a pesar de que ya pasaron más de 10 años. Lo mismo sucede en los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca”.

(Proceso, mayo de 2008. Tomado de El justo reclamo)

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La guerra perdida

josé gil olmos

México, D.F., 21 de mayo (apro).- La desesperación de Felipe Calderón para gobernar es evidente. No ha cumplido ni siquiera dos años y se le nota desanimado, pues las cosas no le han salido nada bien, principalmente en la guerra contra el narcotráfico en la que centró su atención desde el principio al usar indebidamente al Ejército.

El desaliento Calderón lo muestra en irritabilidad, en enojo, tratando de echarle la culpa a todos – medios, ciudadanía, partidos políticos, etc--, de lo que pasa en el país, eludiendo la responsabilidad inherente que tiene como primer mandatario.

Al fracaso en la lucha contra el crimen organizado, a Calderón se le suma también la derrota a su reforma petrolera que, en los primeros debates realizados en el Senado de la República, ha salido bastante vapuleada. Nadie, ni sus defensores, han logrado ofrecer argumentos convincentes de las bondades de dicha reforma. Todo lo contrario, los argumentos en contra que señalan las intensiones de modificar Pemex para beneficio de inversionistas nacionales y extranjeros, han pesado más sin que los puedan refutar.

Esto ha provocado el enojo de Calderón en una magnitud similar a las reacciones que ha tenido a las críticas hechas contra su decisión de meter al Ejército en la guerra contra el narcotráfico.

Una de estas reacciones, que tendrá repercusiones internacionales, es la presión que tuvo para que saliera del país el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra.

Resulta que el diplomático italiano se atrevió a decir que era inoportuno y peligroso meter al Ejército en esta lucha contra los cárteles de la droga porque los militares están preparados sólo combatir a un enemigo utilizando la fuerza y no para realizar labores policiales, con la protección de los derechos humanos que esto implica.

Las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los soldados en distintos retenes instalados en Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y otros estados, así como los casos en los que ha habido muertos civiles por errores cometidos por los militares, han puesto al descubierto que el representante de la ONU tenía razón en sus observaciones.

Sin embargo, en lugar de reconocer los yerros cometidos, el gobierno de Calderón ha mostrado su disgusto presionando para que Incalcaterra deje el país, como lo hará a partir de este viernes.

Pero si los calderonistas piensan que esto es un logro, cometen otro grave error porque a nivel internacional reflejan una imagen de intolerancia y de incumplimiento en su obligación para con la salvaguarda de los derechos humanos en México.

El gobierno de Calderón tiene muchos frentes abiertos y no ha podido resolver ni uno solo. La promesa de ser el presidente del empleo quedo precisamente en eso: en una promesa de campaña. El cambio que anunció al entrar a Los Pinos tampoco se ha cumplido y sigue basando su fuerza política en la alianza con la maestra Elba Esther Gordillo. De hecho a esta alianza le apuesta para que su partido, el PAN, gane la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2009. Los derechos humanos sufren una grave crisis y la pobreza se está acentuando frente al aumento en los precios de la canasta básica.

Además, su equipo de gobierno sigue sin dar un buen resultado, y el caso más patético es el de Juan Camilo Mouriño, quien parece un muerto viviente en la Secretaría de Gobernación. Son hombres y mujeres tan grises que difícilmente podrían ser recordados por la ciudadanía.

Nadie desea que a Calderón le vaya mal. Sería una torpeza pensarlo porque, aunque carezca de legitimidad absoluta, tiene a su cargo las labores de jefe del Ejecutivo y sus errores los pagamos todos.

El punto está en que no ha cumplido el papel ni la responsabilidad de presidente de la República y, al igual que Fox, los problemas del país lo han rebasado y no se ven posibilidades para que pueda hacer algo digno por el que pueda ser recordado.

(Proceso, 21 de mayo de 2008)

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EPR exige al gobierno fijar fecha para presentar a los eperristas desaparecidos

josé gil olmos e isaín mandujano

México, D. F., 19 de mayo (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) emplazó al gobierno mexicano a que, en el marco de la intermediación, se comprometa públicamente a fijar una fecha concreta para presentar con vida a sus dos miembros desaparecidos el 25 de mayo pasado, “porque no es posible seguir esperando de manera indefinida".

A través de un nuevo comunicado, el grupo armado ofreció pruebas de la participación del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en la detención de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, en mayo de 2007.

En el mismo comunicado que envió a la comisión de intermediación conformada por Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, el EPR dio a conocer un mensaje de correo electrónico, presuntamente enviado por policías ministeriales de Oaxaca, el pasado 7 de enero.

En dicho correo los presuntos jefes policíacos responsables de la “captura, tortura y desaparición” de los dos eperristas, revelan los detalles en que ocurrieron los hechos. Según el grupo armado, el mensaje señala que sus dos compañeros fueron detenidos e interrogados por un grupo especial de policías oaxaqueños que trabajan al margen de la legalidad.

Así mismo, reiteró su disposición a suspender toda acción bélica mientras duren las conversaciones con el gobierno federal, al que exigió señales de su disposición el diálogo, entre ellas, que fije una fecha para la entrega de sus dos compañeros desaparecidos desde hace un año.

Según las denuncias del EPR, el grupo especial de policías que secuestró y torturó a sus compañeros fue organizado por el exsecretario de Gobierno de Oaxaca y actual líder del PRI en la entidad, Jorge Franco Vargas, conocido como El Chucky, y apoyado por la exprocuradora del estado Lizbeth Caña Cadeza, actual Auditora Superior del estado, así como por el subdirector operativo de la Policía Ministerial, Pedro Hernández Hernández.

En el comunicado, el EPR reiteró su disposición a mantener la tregua militar; pero, a la par, demandó al gobierno mexicano que con sus policías y Ejército deje de “hostigar e intimidar a las familias de los dos desaparecidos”, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Así mismo, pidió que cese el hostigamiento contra amigos de los desaparecidos, así como contra miembros de organismos no gubernamentales que se han solidarizado contra “este repugnante delito de la desaparición forzada”; además, que se deje de perseguir y de investigar a quienes el gobierno considera son parte supuestamente del EPR, y la suspensión definitiva de los operativos de búsqueda y captura de presuntos eprristas.

El EPR insistió que si bien ellos han empeñado su palabra de suspender toda acción militar también por su parte el gobierno mexicano debe concretar su "disposición al diálogo" y de muestras fehacientes de distensión, cumpliendo con las demandas expuestas que ya había sido plasmadas el pasado 28 de abril en otro comunicado.

El grupo armado recordó que el próximo 25 de mayo se cumplirá ya un año de la detención y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Consideró que el gobierno federal no tiene “autoridad moral” para subrayar su compromiso con los derechos humanos y las libertades civiles como “ejercicio indeclinable en el ejercicio del poder”.

Sin embargo, señaló que si el gobierno de Felipe Calderón “realmente quiere adquirir esa autoridad moral que tanta falta le hace, que se comprometa públicamente a fijar un plazo concreto para presentar” a los dos eperristas desaparecidos, e informe a la sociedad qué fue lo que pasó: "No podemos esperar de manera indefinida", advirtió el grupo rebelde.

En el documento los guerrilleros pidieron al gobierno mexicano que, como primer medida, "mientras dura la intermediación", traslade de inmediato a los “presos políticos y de conciencia” que están en el “penal de exterminio de máxima seguridad” del Altiplano Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, Sergio Bautista Martínez, José Luis Durán Mata y Jacobo Silva Nogales a una cárcel donde tengan mayor libertad y contacto con sus familias.

Demandó también que la libertad inmediata de todos los “presos políticos y de conciencia” que existen en el país, sobre todo los que están recluidos en El Amate, en Chiapas, quienes se han sometido a una “extenuante huelga de hambre” que ha puesto en peligro sus vidas, así como los presos de los Loxicha, en el estado de Oaxaca.

Por si fuera poco, el EPR demandó que sean juzgados los gobernantes y funcionarios responsables de la "fabricación de delitos, las torturas, las detenciones sin sustento, los asesinatos y todas las injusticias cometidas” en contra de todos los presos políticos y de conciencia del país.

(Proceso, 19 de mayo de 2008)

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¡Ya basta!

josé gil olmos

México, D.F., 14 de mayo (apro).- En 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzó un “¡Ya basta!” para exigir al gobierno que atendiera las necesidades de los pueblos indígenas. Hoy, en un acto más de propaganda que de sinceridad, Felipe Calderón ha utilizado la frase de una manera desafortunada tratando de evadir la responsabilidad que tiene en la lucha contra el narcotráfico.


Al menos 270 muertos en 2008 y más de mil el año pasado es el saldo que ha dejado la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Calderón, el cual ha demostrado un tremendo fracaso al utilizar al Ejército en actividades policíacas para las cuales no está facultado.

En un tono molesto por las últimas ejecuciones de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, Calderón exclamó “¡Ya basta!” y exigió a los ciudadanos, “que no sean cómplices de la ilegalidad”; al Congreso y a los jueces, para que cierren el paso a la impunidad; y a los medios de comunicación, para que divulguen las acciones contra la delincuencia en vez de “compartir con los criminales la estrategia de sembrar el terror”.

Según las palabras de Calderón “todos” somos responsables de lo que ha hecho el narcotráfico en el país. Todos menos el gobierno federal, que no ha logrado detener a las cabezas importantes; los gobernadores, algunos de los cuales se han coludido con las bandas criminales; los jueces que no actúan con justicia; los ministerios públicos que no investigan; ni los policías y soldados que se pasan del lado de los cárteles.

El regaño de Calderón es un insulto a la inteligencia porque confunde víctimas con victimarios al dejar la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico en los ciudadanos que son los que sufren, al final, las deficiencias que tienen los gobiernos federal y estatales, así como el sistema de justicia en general en el combate contra el crimen organizado.

El narcotráfico se ha infiltrado en las esferas del gobierno, así como en las instituciones castrenses, policíacas y de justicia. Por las grandes ganancias –33 mil millones de dólares al año, según cifras extraoficiales--, no es difícil pensar que también está en el mundo de los banqueros y financieros.

Es ahí donde hay que lanzar los dardos, no en los ciudadanos que sufren las consecuencias, sino en los espacios de poder y de dinero donde reciben las ganancias de este negocio multimillonario.

Los ciudadanos no son los cómplices en el mercado de las drogas, la complicidad viene de las autoridades que se dejan corromper, de los gobiernos que cierran los ojos para no complicarse la vida, de los policías y soldados que se venden al mejor postor.

A Calderón le molesta que los medios difundan las noticias negativas que generan los narcotraficantes, las peleas que tienen entre sí y la forma en que se han vinculado con algunos funcionarios y autoridades militares. Le incomoda que se difundan las pérdidas humanas que ha tenido el gobierno en esta lucha que va perdiendo. Tal vez quisiera que nada de esto se difundiera, como si con eso lograra evadir la realidad.

En la conferencia donde quiso regañar a todos, Calderón evadió contestar cuando le preguntaron si su estrategia de combate al narcotráfico había fracasado. Solamente dijo que no se sumaría al “abandono, a la cobardía o a la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación”.

Como presidente de la República que dice ser, Calderón debería saber que no es cuestión de voluntarismo acabar con el narcotráfico, sino de actuar con decisión en las partes donde realmente le duele al crimen organizado: el bolsillo.

No hay que ser muy inteligentes para saber que ese es el punto más débil del narcotráfico. Si se le quiere combatir no basta con destruir plantíos o dejar que se maten entre los diferentes grupos, o detener a algunos de los manos medios, sino que hay que llegar a los centros financieros donde se lavan miles de millones de dólares.

Si no se toca esta parte sustantiva del negocio mundial del narcotráfico, poco se puede hacer con las otras partes, como son la producción y transporte de los enervantes.

Hasta que veamos caer en la cárcel no sólo al jefe de algún cártel, sino al gobernante corrupto, al banquero que se hace más rico con el lavado de dinero o al funcionario que se hizo el occiso en alguna investigación, entonces estaremos en el inicio de un combate a fondo contra el narcotráfico.

(http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=59244)

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