EPR exige al gobierno fijar fecha para presentar a los eperristas desaparecidos

josé gil olmos e isaín mandujano

México, D. F., 19 de mayo (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) emplazó al gobierno mexicano a que, en el marco de la intermediación, se comprometa públicamente a fijar una fecha concreta para presentar con vida a sus dos miembros desaparecidos el 25 de mayo pasado, “porque no es posible seguir esperando de manera indefinida".

A través de un nuevo comunicado, el grupo armado ofreció pruebas de la participación del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en la detención de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, en mayo de 2007.

En el mismo comunicado que envió a la comisión de intermediación conformada por Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, el EPR dio a conocer un mensaje de correo electrónico, presuntamente enviado por policías ministeriales de Oaxaca, el pasado 7 de enero.

En dicho correo los presuntos jefes policíacos responsables de la “captura, tortura y desaparición” de los dos eperristas, revelan los detalles en que ocurrieron los hechos. Según el grupo armado, el mensaje señala que sus dos compañeros fueron detenidos e interrogados por un grupo especial de policías oaxaqueños que trabajan al margen de la legalidad.

Así mismo, reiteró su disposición a suspender toda acción bélica mientras duren las conversaciones con el gobierno federal, al que exigió señales de su disposición el diálogo, entre ellas, que fije una fecha para la entrega de sus dos compañeros desaparecidos desde hace un año.

Según las denuncias del EPR, el grupo especial de policías que secuestró y torturó a sus compañeros fue organizado por el exsecretario de Gobierno de Oaxaca y actual líder del PRI en la entidad, Jorge Franco Vargas, conocido como El Chucky, y apoyado por la exprocuradora del estado Lizbeth Caña Cadeza, actual Auditora Superior del estado, así como por el subdirector operativo de la Policía Ministerial, Pedro Hernández Hernández.

En el comunicado, el EPR reiteró su disposición a mantener la tregua militar; pero, a la par, demandó al gobierno mexicano que con sus policías y Ejército deje de “hostigar e intimidar a las familias de los dos desaparecidos”, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Así mismo, pidió que cese el hostigamiento contra amigos de los desaparecidos, así como contra miembros de organismos no gubernamentales que se han solidarizado contra “este repugnante delito de la desaparición forzada”; además, que se deje de perseguir y de investigar a quienes el gobierno considera son parte supuestamente del EPR, y la suspensión definitiva de los operativos de búsqueda y captura de presuntos eprristas.

El EPR insistió que si bien ellos han empeñado su palabra de suspender toda acción militar también por su parte el gobierno mexicano debe concretar su "disposición al diálogo" y de muestras fehacientes de distensión, cumpliendo con las demandas expuestas que ya había sido plasmadas el pasado 28 de abril en otro comunicado.

El grupo armado recordó que el próximo 25 de mayo se cumplirá ya un año de la detención y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Consideró que el gobierno federal no tiene “autoridad moral” para subrayar su compromiso con los derechos humanos y las libertades civiles como “ejercicio indeclinable en el ejercicio del poder”.

Sin embargo, señaló que si el gobierno de Felipe Calderón “realmente quiere adquirir esa autoridad moral que tanta falta le hace, que se comprometa públicamente a fijar un plazo concreto para presentar” a los dos eperristas desaparecidos, e informe a la sociedad qué fue lo que pasó: "No podemos esperar de manera indefinida", advirtió el grupo rebelde.

En el documento los guerrilleros pidieron al gobierno mexicano que, como primer medida, "mientras dura la intermediación", traslade de inmediato a los “presos políticos y de conciencia” que están en el “penal de exterminio de máxima seguridad” del Altiplano Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, Sergio Bautista Martínez, José Luis Durán Mata y Jacobo Silva Nogales a una cárcel donde tengan mayor libertad y contacto con sus familias.

Demandó también que la libertad inmediata de todos los “presos políticos y de conciencia” que existen en el país, sobre todo los que están recluidos en El Amate, en Chiapas, quienes se han sometido a una “extenuante huelga de hambre” que ha puesto en peligro sus vidas, así como los presos de los Loxicha, en el estado de Oaxaca.

Por si fuera poco, el EPR demandó que sean juzgados los gobernantes y funcionarios responsables de la "fabricación de delitos, las torturas, las detenciones sin sustento, los asesinatos y todas las injusticias cometidas” en contra de todos los presos políticos y de conciencia del país.

(Proceso, 19 de mayo de 2008)