Ejército cuenta con 20 mil efectivos más para reforzar operativo Culiacán-Navolato

■ Hallan en la capital ocho granadas de fragmentación; seis de ellas en el fraccionamiento Girasoles

■ Decrecen en Sinaloa actividades favorecidas por recursos procedentes del narco, dicen autoridades

Gustavo Castillo y Javier Valdez (Enviado y corresponsal)

Culiacán, Sin. El Ejército cuenta con 20 mil efectivos disponibles más en caso de que se requiera relevar mensualmente a los alrededor de 2 mil 500 que hoy participan en el operativo Culiacán-Navolato o ampliar las acciones contra las organizaciones criminales, revelaron funcionarios federales que intervienen en la supervisión de las acciones contra el narcotráfico en la capital sinaloense.

En ese contexto, este viernes, las acciones militares se enfocaron en el despliegue de efectivos y colocación de retenes para disminuir los actos violentos, sobre todo en la zona de acceso a Badiraguato, y el reforzamiento de patrullajes en Guamúchil, con lo que las autoridades consideran que se tiene presencia y control en los centros de influencia de Joaquín El Chapo Guzmán, del cártel de Juárez, los Beltrán Leyva e Ismael El Mayo Zambada, en el centro político del estado.

Asimismo, para cortar fuentes de lavado de dinero del narcotráfico, la Procuraduría General de la República (PGR) incautó precautoriamente nueve hoteles que se localizan en las afueras de Culiacán, y que presuntamente son propiedad de integrantes del crimen organizado. Los inmuebles quedaron sin vigilancia y únicamente se colocaron sellos de clausura.

Sin embargo, pese a la tranquilidad que se ha registrado en Culiacán y Navolato desde la madrugada del miércoles, reportes policiacos refieren que a las cuatro de la mañana del viernes en Los Mochis, desconocidos prendieron fuego al automóvil y la vivienda del comandante Lucas Villaseñor Gómez, de la Policía Municipal de Ahome, que se localiza en el fraccionamiento Pradera. No se reportaron víctimas ni detenidos.

En la comunidad de Juan José Ríos, municipio de Guasave, fue muerta a balazos una persona identificada como Alonso Guerrero Hernández, mientras en Culiacán eran localizadas un total de ocho granadas de fragmentación, seis de ellas en el fraccionamiento Girasoles, mismas que fueron recogidas por efectivos militares.

Asimismo, un joven fue reportado como levantado (secuestro sin intención de rescate) en la colonia Álamos de la ciudad de Los Mochis; la víctima fue identificada como Juan Antonio Zavala Peraza.

En el municipio de Angostura, cuatro de los seis agentes de la Policía Ministerial asignados a este plaza, cercana a la zona costera y colindante con el municipio de Salvador Alvarado, renunciaron a sus cargos. Según versiones extraoficiales, los agentes abandonaron el inmueble de la corporación y dejaron armas y equipo de comunicación en la comandancia de Tránsito y Policía Preventiva, luego del ataque perpetrado por un grupo de sicarios contra la sede de la Ministerial en Guamúchil, el miércoles pasado.

Economía a la baja

Por otra parte, funcionarios federales y estatales indicaron que se comienza a sentir el efecto económico de las acciones gubernamentales en contra de la delincuencia organizada en esta capital, dado que se ha presentado una disminución de actividades favorecidas por los recursos procedentes del narcotráfico, como es el cambio de dólares provenientes de las zonas serranas, y también bajas ventas en la zona conocida como “el mercadito”, que se ubica en el centro de Culiacán, donde se ofrecen cinturones, sombreros y zapatos hechos a mano; ropa de marca y perfumería importada de Europa.

De acuerdo con reportes oficiales, ha diminuido la presencia de buchones (jóvenes que imitan a los narcotraficantes, viajan en camionetas arregladas en motor y carrocería, con rines de aluminio y llantas anchas; grandes equipos de sonido y que aparentan estar o portan armas) en Culiacán y Navolato.

Por lo que hace a la venta de vehículos, tanto la situación de violencia como la puesta en marcha del operativo conjunto ha disminuido la adquisición en este mercado, reportaron autoridades locales y dirigentes empresariales.

En ese sentido Germán del Rincón Jarero, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores en Sinaloa, indicó que la venta de automóviles ha caído. Como muestra, dijo, tan sólo los días 9 y 10 de mayo, en que la venta de unidades se incrementa considerablemente en Culiacán, dos de las agencias locales cerraron sus puertas debido a la poca afluencia de público y al temor que generaron los operativos del Ejército contra el narcotráfico.

Los operativos del Ejército Mexicano y fuerzas federales contra el crimen organizado, agregó, están afectando a los establecimientos de este giro, ya que los vehículos nuevos que salen de estas agencias, sin placas, pero con carta factura expedida por los distribuidores, son detenidos por militares y policías, que combaten la circulación de vehículos sin placas o cuando éstas son de procedencia extranjera.

Otros resultados

La PGR inició la averiguación previa AP/SIN/CLN/434/08/M-I en contra de quien resulte responsable de la posible comisión de los delitos de ataques a las vías generales de comunicación y lo que resulte, debido a la instalación de 23 antenas de radiocomunicación que fueron inhabilitadas por efectivos del Ejército adscritos a la comandancia de la Novena Zona Militar.

Reportes oficiales refieren que “en la región los grupos criminales utilizan diferentes medios de comunicación electrónicos como radios, retransmisores, antenas repetidoras, amplificadores y otros medios técnicos en el uso de las bandas de frecuencias del espectro radio eléctrico y electro magnéticos, para lo cual han instalado diversos equipos en el cerro de La Chiva, afectando seriamente el espectro radio eléctrico en sus frecuencias VLF, LF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF”.

Por ello, dentro de las medidas cautelares implementadas por el gobierno federal destaca un acuerdo en el que se ordena que en un término máximo de 10 días contados a partir de este viernes, se procederá a la desactivación, inhabilitación y/o desmantelamiento de los equipos incautados, por considerar que se trata de instrumentos de delito.

(La Jornada, 17 de mayo de 2008)