Retorno a la cerrazón autoritaria

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

La cancillería que solicita el relevo de un funcionario internacional, al que juzga incómodo, y un subprocurador de la república reticente hasta ser agresivo con una misión llegada a examinar las condiciones del ejercicio periodístico en México, son ingredientes de un posible retorno a la cerrazón autoritaria que caracterizó al sistema priista.

A fines de mayo se marchará el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Hartó a sectores duros del gobierno mexicano, y de sus inmediaciones, que pidieron a la titular de aquella oficina, Louise Arbour, su pronto reemplazo, a lo que accedió la funcionaria internacional durante su estancia en México en febrero pasado. En una adecuada interpretación de su papel como un promotor de derechos humanos más volcado a la sociedad que hacia el gobierno y la CND, Daniele Incalcaterra fue haciéndose disfuncional al propósito gubernamental e insoportable para la piel sensible de algunos funcionarios.

Ese mismo género de epidermis se mostró el 21 de abril en la Procuraduría General de la República, según refieren al presidente Calderón integrantes de una misión que estuvo en México para documentar ataques contra periodistas y medios de comunicación. En aquella fecha la misión se reunió con “el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano, quien realizó una breve presentación para posteriormente abrir la sesión para recibir preguntas de la sesión. Se solicitó información sobre la averiguación previa del caso de Brad Will, periodista asesinado en Oaxaca en el 2006 (sic), y cuyo caso fue desestimado por el subprocurador al afirmar que éste no era un periodista debido a que no contaba con una calidad y característica migratoria que lo acreditara como tal. Después de solicitarle información sobre otros casos en particular y dar respuesta puntual y de manera respetuosa a algunos cuestionamientos que el mismo funcionario solicitó a integrantes de la misión, el subprocurador señaló a la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias como 'enemiga del Estado', al tratar el caso del reciente asesinato de dos periodistas de radio comunitarias en Oaxaca. Con sorpresa, dicha integrante de la misión le preguntó si era verdad que considerara que ella es una enemiga del Estado, a lo que de manera agresiva el funcionario aseveró de nueva cuenta: 'Sí, usted es una enemiga del Estado por las afirmaciones que hace'. Cabe destacar que el funcionario condujo la reunión de un modo confrontativo, a pesar de que la misión en reiteradas ocasiones manifestó su disposición de colaboración y diálogo”.

No menos rasposo ha sido el descontento oficial mexicano contra Daniele Incalcaterra, cuya suerte se conocía vagamente pero de la que se tuvo noticia más precisa por una vasta información —a toda una plana, en la edición mexicana del lunes pasado— del diario español “El País”. Su corresponsal Francesc Relea afirmó que el funcionario de la ONU “deja abruptamente el cargo y abandonará el país en breve por presiones de las autoridades...”, motivo que fue diplomáticamente negado por el funcionario en declaraciones formuladas ayer.

Desde su llegada a México a fines de 2005, Incalcaterra “ha denunciado con firmeza las violaciones a los derechos humanos, amparadas en muchos casos en la impunidad. Su actitud crítica incomodó a las autoridades hasta llegar a una situación insostenible”.

La reacción oficial ha sido elusiva. Alejandro Negrín, director de derechos humanos de la cancillería negó el malestar gubernamental en el tema: “No tengo conocimiento de ello”, dijo, y acudió a la respuesta formal. Atribuyó a la alta comisionada Arbour la decisión de reemplazar a Incalcaterra: “Ella designa a sus representantes”. Negrín anticipó de ese modo la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores que el martes expidió un boletín (no se atrevió a enrostrar un desmentido al diario español) que reiteró la obviedad de que “es una práctica común en el sistema de Naciones Unidas que los funcionarios... sean trasladados a una nueva adscripción después de un cierto tiempo”.

La Secretaría también habría negado el hecho de que, como relata Relea, “llamó a capítulo” al funcionario internacional “por un artículo publicado en el diario 'El Universal' el 3 de agosto de 2006 sobre la controvertida elección presidencial... El aviso fue contundente: por mucho menos, aplicarían el artículo 33 de la Constitución. Dicho texto señala que 'los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país'”.

Como quiera que el funcionario no se dejara intimidar, en 2007 fue de nuevo reprendido por la cancillería. Incalcaterra dijo que la participación militar en funciones policiacas provoca violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de la Defensa se inconformó con esa opinión y la de Relaciones le lanzó “un ultimátum: No más críticas a las fuerzas armadas porque su implicación en el combate al narcotráfico es política de Estado”.

A las razones enumeradas por el corresponsal de “El País” hay que añadir la distancia creciente entre su oficina y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cuyo presidente no satisfizo la inclinación del funcionario a relacionarse con la sociedad civil y no con el costoso armatoste que no ha sido capaz de presionar al Estado para que emita su plan nacional de derechos humanos. Incalcaterra no vaciló en hacer suyas las conclusiones del informe de “Human Rights Watch”, adversas al funcionamiento de la Comisión.— México, D.F.

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(Diario de Yucatán, 8 de mayo de 2008)