Los desaparecidos de Cadereyta

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

Hace un año exactamente desaparecieron dirigentes sindicales, trabajadores y jubilados de la refinería Héctor Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Al hecho grave y agobiante de su desaparición ha seguido un silencio, una despreocupación oficial y social por la suerte de estas personas, que parece no importar a nadie.


Por eso hay que recordar lo ocurrido en aquella ciudad, porque es inadmisible que la gente se esfume como si se la hubiera tragado la tierra y ninguna autoridad explique lo ocurrido, a pesar de que hay información o indicios de que por lo menos algunas de esas infortunadas personas fueron detenidas por miembros de corporaciones oficiales.

Al anochecer del 16 de mayo de 2007. tras una asamblea de la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el comisionado de la Dirección Nacional, David Fernando Vega Zamarripa, conocido familiarmente como “El ganso”, y de cuarenta años de edad, fue “levantado” por un grupo armado, junto con varios compañeros.

Su hermano mayor, Hilario Vega Zamarripa, de 47 años, recibió al día siguiente un telefonema en que con amenazas se le requirió para presentarse en un lugar determinado, so pena de que David Fernando muriera.

Hilario, secretario general de la Sección y ex diputado federal priista, acudió a la cita y desde entonces no se sabe más de él.

Otros miembros de la Sección, trabajadores de la refinería, desaparecieron también entre esas fechas: Víctor Manuel Mendoza Román, de 35 años; Jorge Alejandro Hernández Faz, de 28 años; David Sánchez Torres, de 33 años. Igual destino corrieron los jubilados Félix Sánchez Torres, de 44 años; Luis Enrique Martínez Martínez, de 51 años; José Luis Zúñiga García, de 52 años. Los dos últimos desaparecieron después que el resto, el 20 de mayo, lo mismo que el ex alcalde de Cadereyta, José Luis Lozano Fernández.

El sólo número de personas “levantadas”, secuestradas o desaparecidas hubiera escandalizado a su entorno. Pero en ése como en otros momentos de violencia desatada en Nuevo León, el hecho se consideró como parte de un fenómeno más general, la desaparición de hasta 30 personas.

Por citar únicamente otro caso semejante, en el municipio de Guadalupe seis miembros de una familia de la colonia La Herradura habían sido privados de la libertad en esos mismos días.

Pero abrumó a los parientes de los desaparecidos la despreocupación de la autoridad local por investigar el caso, a pesar de que involucraba a personas de alto relieve en la vida política local.

Los hermanos Vega Zamarripa son parte del grupo director del sindicato de Pemex en todo el país. Hilario cubría su tercer periodo como secretario general, perseverancia sólo posible para quienes están bienquistos con la camarilla que rodea a Carlos Romero Deschamps.

Eso no obstante, tampoco el Sindicato hizo entonces, ni lo ha hecho a lo largo de un año, reclamo o protesta alguna por la suerte de sus integrantes, que no eran miembros de una corriente opositora o disidente, sino de la que controla la vida sindical y lo hace mediante mecanismos penados por la ley.

Ahora mismo se intenta procesar por venta de plazas a José Izaguirre Rodríguez, el reemplazante de Vega Zamarripa como secretario general interino. Tampoco él ni el resto de su comité salieron a las calles en exigencia pública por la aparición de su dirigente, cuyo periodo está por concluir. En vez de demandar su aparición, Izaguirre Rodríguez se apresta a la próxima elección seccional para formalizar su posición provisional.

Durante las dos semanas siguientes los familiares de los desaparecidos carecieron de toda noticia sobre ellos, hasta que el 4 de junio medios locales de información dijeron que soldados del Ejército mexicano los habían aprehendido y conducido a cuartel primero y después a la Subprocuraduría de Investigaciones Sobre Delincuencia Organizada en la ciudad de México. Se suponía también que agentes federales habían hecho las detenciones, ya que el despliegue de hombres dotados con armas de alto poder que las practicaron era semejante a los que estila esa dependencia. Y también se parecía a los que llevan a cabo sicarios de bandas de la delincuencia organizada.

No se confirmó ninguna de esas especies. Y nadie puso especialmente la vista en la refinería de Cadereyta donde la vida laboral siguió su curso. Ni siquiera se recordó a los desaparecidos en julio siguiente, cuando un rayo cayó sobre un depósito de gasolina primaria y provocó que se consumieran 200,000 litros de ese insumo.

La preocupante despreocupación oficial sobre ese caso alcanzó también al Senado, que el 11 de diciembre remitió a comisiones, en vez de aprobarlo inmediatamente, un punto de acuerdo iniciado por la senadora Rosario Ibarra en que se propuso exhortar a la Procuraduría General de la República y a la del estado de Nuevo León “a que den seguimiento urgente a la denuncia presentada por los familiares de los C.C. Hilario y David Vega Zamarripa por la desaparición forzada de que fueron víctimas los pasados 16 y 17 de mayo de 2007”.

Acaso el desinterés senatorial surgió por la referencia a la desaparición forzada, un delito de lesa humanidad con perfiles de mayor gravedad que el secuestro, que es también vituperable. En el punto de acuerdo aplazado se pedía al Senado condenar “de modo enérgico los casos de desaparición forzada que se han presentado en el país en el último año, causados por la omisión o acción autoritaria del Estado...”.— México, D.F.

(Diario de Yucatán, 16 de mayo de 2008)