LA REDACCIóN
MÉXICO, DF, 25 de junio (apro).- La CIDH informó hoy desde Washington que demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al gobierno mexicano por el caso de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena guerrerense que en 2002 fue violada y torturada por militares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), interpuso la demanda contra México por la violación y tortura de la indígena me'phaa a manos de militares, pues hasta el momento no se ha investigado ni sancionado a los responsables, y tampoco ha habido la reparación de la víctima.
Hace unas semanas la organizaciones de derechos humanos Tlachinollan y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dieron a conocer que la CIDH determinó, desde el 7 de mayo, remitir el caso de Inés a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indígena tlapaneca violada y torturada por militares el 22 de marzo de 2002 en su domicilio, ubicado en la región de La Montaña de Guerrero.
Ese día un grupo de soldados entró en su casa para interrogarla en relación con un presunto robo de carne y la aparición de un grupo armado. Al no responder a sus preguntas, la violaron.
Semanas atrás se había registrado otro caso parecido.
Valentina Rosendo Cantú, que entonces tenía 17 años, fue abordada el 16 de febrero de ese mismo años en su domicilio por soldados, que le hicieron preguntas sobre las actividades de algunos "hombres encapuchados", en referencia a la guerrilla guerrerense.
Al responder que no conocía a ninguno, la amenazaron y dos soldados la violaron.
Del caso de Valentina también se espera una resolución, pues la CIDH ya emitió su informe de fondo, mismo que no se ha hecho público en virtud que el procedimiento considera un plazo para que el gobierno mexicano atienda a los requerimientos de la CIDH y la queja pueda ser resuelta por la vía de la conciliación.
Los dos casos estuvieron radicados desde 2002 hasta 2008 ante la justicia militar, misma que al final concluyó que en los hechos no habían participado efectivos castrenses, por lo que remitió la denuncia a la Procuraduría de Guerrero.
En estos años, la tensión en la zona se ha ido incrementando contra los grupos civiles y de derechos humanos en acciones que incluyen el asesinato del hermano de Inés poco antes que se cumplieran seis años de la agresión.
Además, integrantes de la organización de derechos humanos Tlachinollan han denunciado diversas amenazas.
(Proceso, junio de 2009)
jueves 25 de junio de 2009
Denuncia de indígena violada por militares llega a la Corte Interamericana
Hay “indicios” de los soldados que mataron a na savi en camión: MP
Contradicen militares la versión de la Sedena en el asesinato de Bonfilio Rubio
El camión sí se detuvo, declaran ante el Ministerio Público un sargento y dos efectivos
Liberan al indígena arrestado por usar botas tipo militar; el delito no es grave, determinan
ROBERTO RAMIREZ BRAVO (Enviado)
Huamuxtitlan, 24 de junio. Un sargento y dos soldados de infantería del batallón militar adscrito a Tlapa negaron, ante el juez mixto de este distrito de Zaragoza, que el sábado pasado los soldados hayan disparado contra un autobús de pasajeros porque su chofer no se detuvo, como fue la versión inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre esos hechos, en los que asesinaron al indígena Bonfilio Rubio Villegas.
Se trata del sargento segundo Rigoberto Hernández Prieto y los soldados Eloy Rodríguez García y Félix Ignacio Carranza, quienes declararon ante el juez Fidel Alfaro Alonso, en la causa penal 10/2009, que se sigue al indígena na savi Fausto Saavedra Valera, que la noche del incidente fue detenido por portar botas tipo militar.
En su declaración, Hernández Prieto señaló que aproximadamente a las 10:30 de la noche del sábado 20 de junio estaba en el puesto de revisión en el crucero de Santa Cruz, en el kilómetro 213 más 500 de la carretera Chilpancingo-Las Peñas, Puebla, donde interceptaron al autobús de la compañía Sur número 6148 y placas 367-HR7, procedente de Tlapa, y al hacer la revisión, el soldado Félix Ignacio Carranza le informó de la presencia de Fausto Saavedra y sus botas.
El camión duró detenido hasta que vino el comandante de la fuerza de reacción inmediata –del cual no proporciona el nombre– e interrogó al conductor, Francisco Emanuel Pizano Alejo, para verificar que coincidiera el nombre del na savi con sus registros; luego, cuando le dijo al chofer que se quedaría detenido el indígena, discutieron, porque Pizano Alejo quería que le hiciera una anotación “en su libreta de registro de pasajeros que constara que el propietario de las botas se iba a quedar para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes”.
El sargento da cuenta de la discusión, pero no dice qué pasó después, cuando ocurrieron los disparos, ya que el expediente para el que hizo su declaración era sólo por el incidente de las botas.
En un sentido similar hablaron los soldados, quienes coinciden en la hora y lugar en que se efectuó la revisión del autobús, y en que durante ésta se encontró al joven de las botas, en los folios del calzado y en los datos del autobús.
El soldado Félix Ignacio precisó que el camión –con capacidad para 49 personas– circulaba con dirección a Huamuxtitlán, y se le indicó que se desviara de su carril para ser revisado y “así lo hizo”.
Eloy Rodríguez, a su vez, dijo que al llegar el autobús se le indicó que bajara su velocidad “y así lo hizo”.
Los tres coinciden en su declaración que al saber que es un delito usar insignias militares, lo detuvieron.
Ninguno da más datos de lo que ocurrió después, respecto a cuando dispararon contra el autobús. Sin embargo, el agente del Ministerio Público (MP) integró la averiguación ZAR/02038/2009 por el delito de homicidio en agravio del indígena Bonifacio Rubio, quien murió de un balazo en el cuello luego de que soldados dispararon contra el camión cuando se retiraba.
El determinador Rosendo García dijo que “está claro” que fueron los militares quienes mataron al civil en el autobús, y afirmó que “hay indicios” de los responsables, pero todavía no hay ningún nombre, y aunque sostuvo que hay colaboración con las autoridades castrenses, no entró en detalles de qué acciones concretas se llevan a cabo, porque, dijo, se podrían “entorpecer” las averiguaciones, ya que los responsables podrían huir.
“Mejor así, calladitos”
En tanto, trascendió aquí que cuatro soldados que participaron esa noche en el ataque al autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público militar con sede en Chilpancingo, aunque no fue posible conseguir sus nombres ni cuál es su situación jurídica, pues fuentes cercanas a la investigación ministerial señalaron que del Ejército no ha habido ningún contacto oficial al respecto.
Libre bajo fianza
Asistido por el abogado del centro de derechos humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el indígena na savi Fausto Saavedra Valera, quien fue detenido en posesión de las botas tipo militar –por lo cual se originó el incidente que terminó en que los soldados dispararon contra el autobús de pasajeros y mataron a uno–, será puesto este jueves en libertad, luego de que el juez Fidel Alfaro Alonso determinó que el delito por el que se le acusa no es grave, y ordenó su libertad condicional tras el pago de una fianza de 6 mil pesos.
El acusado se reservó su derecho a declarar. Su abogado –quien pidió la fianza y la ampliación del término para determinar la situación jurídica del detenido– alegó que el delito que se le imputa no está probado, pues se requiere que haya intención de burla o agravio hacia la sociedad o a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual no ocurre.
El agente del Ministerio Público adscrito a este caso, Jorge Luis Astudillo, se limitó a pedir que el juez decrete el auto de formal prisión contra el acusado.
(La Jornada Guerrero 25 de junio de 2009)
miércoles 24 de junio de 2009
En busca de guerrilleros, militares torturan a pobladores de la sierra de Guerrero: AI
Amenazan incluso con armas a mujeres y niños de tres comunidades, denuncia
Existe el inminente peligro de que esas violaciones a los derechos humanos se repitan, alerta
Emir Olivares Alonso
Amnistía Internacional (AI) denunció que durante un operativo militar contra el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en tres comunidades de la sierra de Guerrero, integrantes del Ejército torturaron, amenazaron y hostigaron a los pobladores de esas regiones, incluidos mujeres y niños.
Ante ello, emitió una recomedación urgente, por el temor de que esta población vuelva a ser víctima de abusos y delitos cometidos por soldados.
El documento fue dirigido al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; al gobernador de la entidad, Zeferino Torreblanca; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, y a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Destacó que desde 2008 ha documentado que en México se han incrementado incidentes en los que miembros del Ejército incurren en homicidios, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros domiciliarios ilegales.
Sobre este caso, AI documentó que del 9 al 13 de junio varios militares incursionaron en las localidades Puerto de las Ollas, Las Palancas y El Jilguero, del municipio de Coyuca de Catalán, donde torturaron a dos hombres y agredieron, amenazaron y hostigaron con armas a mujeres y niños.
Demandan garantías
El organismo internacional exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos, y que garanticen la seguridad de los residentes de esos sitios contra futuros ataques, pues "existe ese inminente peligro".
AI precisó que el pasado 9 de junio 60 soldados llegaron hasta estas comunidades disparando al aire y contra los lugareños. Agregó que el día siguiente llegaron más militares, que sumaban alrededor de 500.
"Durante cinco días hostigaron a las mujeres y a los niños que permanecieron en el lugar, y torturaron a algunos", subrayó AI. Agregó que los militares abandonaron esas comunidades el 13 de junio, cuando llegó una misión de observación conformada por varias organizaciones civiles, entre ellas la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero.
De acuerdo con esa misión –aseveró AI–, Omar García, adolescente de 14 años y poblador de la región, "fue torturado por más de tres horas, pues le aplicaron descargas eléctricas, le vendaron los ojos, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, lo golpearon y lo amenazaron con castrarlo".
Otra de las víctimas fue un hombre de 33 años, César Acosta Ávila, quien desde hace dos años sufre las secuelas de una hemorragia cerebral. Éste "fue víctima de torturas durante tres horas: los soldados le introdujeron agujas bajo las uñas, le propinaron puñetazos en los oídos, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, lo golpearon en cabeza y pecho, amenazaron con aplicarle descargas eléctricas en los pezones y le advirtieron que si denunciaba el trato de que fue objeto, sería encarcelado".
AI informó además que, en un intento por obtener información del ERPI, durante esos cinco días los militares amenazaron y hostigaron a las mujeres. A tres de ellas "les colocaron cuchillos en la garganta, mientras que a una que estaba embarazada la empujaron y lanzaron contra la pared; a una más, con un bebé en brazos, amenazaron con matarla".
La organización civil de derechos humanos más grande del mundo denunció que otros informes revelan que los soldados "amenazaron e interrogaron a varios menores de edad, entre ellos un niño de ocho años, a quien apuntaron con una pistola".
Añadió que el Ejército allanó los hogares de los lugareños, robó y destruyó bienes, además de amenazar con quemar las cabañas e intentar falsificar pruebas para vincular a los comuneros con grupos armados y con el narcotráfico.
(La Jornada, 24 de junio de 2009)
Civil habría puesto la mariguana en el camión, denuncia detenido
Intentó fotografiar al conductor, luego subió al autobús, tras ello, “aparecieron” los paquetes
JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)
Huamuxtitlan, 23 de junio. Francisco Emanuel Pizano Alejo es originario del Distrito Federal. Vive actualmente en el Valle de Chalco. Tiene 30 años. Desde hace 12 trabaja como conductor de transporte público, pero hace un par que se empleó con la empresa de autobuses Sur.
El domingo rindió su declaración ante el Ministerio Público (MP), en Huamuxtitlán, con ayuda de los abogados de su empresa. El testimonio que ahí rindió fue sobre la muerte del pasajero Porfirio Rubio Villegas, quien viajaba en el camión que iba al Distrito Federal, el sábado por la noche. Pero acerca de los paquetes de mariguana, 10 kilos, que encontraron los soldados en la unidad, tendrá que hacerlo ante la Procuraduría General de la República (PGR), en Chilpancingo. Se sabe que este martes fue trasladado desde Huamuxtitlán.
El lunes como a la 1 de la tarde fue posible hablar con Pizano, cuando aún estaba en la cárcel municipal. Todavía no era consignado a la PGR, pero seguramente ofrecerá a los fiscales la siguiente versión sobre el misterioso hallazgo de la droga en el autobús, que previamente había sido revisado ya con minuciosidad por los soldados en el retén, antes de que ocurrieran los disparos.
Después de la agresión, cuando emprendió la huida, “llegué a la terminal y lo primero que hice fue estacionar el autobús, me acerqué con el comisionista y le pedí de favor que hablara a los servicios de emergencia y a Tlapa para reportar la situación. Así lo hizo. En eso estábamos, no pasaron más de cinco minutos cuando me alcanzan los militares otra vez y estaban afuera de la terminal.
“Me alcanza a agarrar uno por la parte de atrás del pantalón y me dice: ‘¡hazte para acá cabrón, ya valiste verga!’”. Así me dijo. Entonces yo la verdad le di un manotazo y le dije: ‘¡a mí no me vas a llevar cabrón!’. Sí le grité, ya molesto, espantado. Me dijo: ‘¡a mí no me grites!’. Le dije: ‘¡cómo no quieres que te grite si me mataste a un pasajero, traigo un pasajero muerto!’.
“El iba a darme el cachazo, pero cuando dije eso y el pasaje se puso al brinco, le empezaron a gritar que eran unos asesinos. Muchas cosas le gritaron. Como que le midió, entonces se subieron al camión, vieron el cadáver, se bajaron y se retiraron.
Francisco es un joven delgado. Esa condición física parece haber aumentado desde el domingo en la madrugada. Luce ojeras. Es padre de familia.
Cuenta que en medio de la agitación, ya frente a la terminal de autobuses, en Huamuxtitlán, un hombre vestido de civil primero quiso tomarle fotografías. El se negó. Agentes de la Policía Federal (PF) y soldados estaban en el camión, revisando. Abajo, los pasajeros y Pizano.
“Me revisaron el camarote. Tampoco encontraron nada en el camarote. Estuvieron dando vueltas y de repente me dice un militar que su aparato detectaba algo en la parte de atrás del autobús, que si por favor le abría la tapa del motor. Sí, le abrí la tapa del motor. Checó abajo, estuvo checando. Yo vi cuando bajó el civil de la mochila se bajó y dijo, es que aquí no hay nada, vamos a ver allá arriba.
“Como a las 2:30 de la mañana estaban pasando un aparatito los militares en el camión, me imagino que para detectar una sustancia o algo así. Le dieron y le dieron vuelta. Yo vi, y le soy sincero: siento que fue él (quien puso los paquetes de mariguana en el autobús), la persona que estaba tomando fotos de parte de ellos. Traía una mochila grande. Esa persona estaba subiendo y bajando constantemente”.
Iba para Tuncingo
Fausto Saavedra Valera es de Xilistlahuaca, un pueblo na savi de los más alejados de Metlatónoc, en la agreste y pobre zona alta de La Montaña. Tiene 32 años. Hasta el lunes por la tarde su familia no sabía de él. Acudieron al centro de derechos humanos Tlachinollan, en Tlapa, donde abogados de la organización coadyuvaron a localizarlo y también lo asisten en su defensa.
El sábado por la mañana Fausto salió de la localidad y en la noche, tomó en Tlapa el autobús que lo llevaría a Tuncingo, Puebla, donde se encontraría con un amigo. Tenía un empleo para él como peón o campesino. Esta es la versión que ofreció al reportero el lunes, acompañado de Pizano, en una celda diminuta, en Huamuxtitlán.
–¿Cómo fue que te bajaron los soldados por las botas?
–Yo estaba abajo cuando me vieron las botas. Ya habían revisado a toda la gente. Estaban subiendo a la gente cuando un oficial me vio las botas, me dijo que me las quitara y me las quité.
“Ya después de la revisión, estaba subiendo la gente. Ya nos íbamos. Yo iba a subir hasta el último. Alguien me vio las botas y me dijo que me las quitara. Me las quité las dos y ya no me las quería entregar. Yo las quería, pero ya no me las quería entregar”.
–¿Qué te dijeron de los motivos de tu detención?
–Pues que esas botas no los puede cargar otra persona. Le dije que me las había vendido un amigo que trabaja en Tlapa.
–¿Y qué te dijeron cuando les dijiste que te las había vendido un amigo?
–Pues nada. No me dijeron nada. Que me iban a detener por eso. Por las botas. Yo me bajé con mi mochila cuando fue el retén, nomás traía una mochila.
–¿Estando abajo escuchaste si alguien de los soldados dio la orden de disparar?
–Pues yo no escuché nada, porque estaba hablando, no sé quién es el militar con el que hablaba. Estaba hablándole, pidiéndole que me dejara ir, que se quedaran las botas porque el camión todavía estaba ahí. Me dijo que no. Se fue el camión y yo me quedé ahí. Ya después oí los disparos, pero yo estaba abajo, con ellos, con los soldados.
(La Jornada Guerrero, 24 de juniio de 2009)
martes 23 de junio de 2009
Militares matan a na savi en retén; “siembran” droga como excusa
Detienen a indígena por usar botas como las del Ejército; también arrestan al chofer
Revisan un autobús, lo dejan ir, luego ordenan que se detenga, los ignoran y disparan
Hallan 10 paquetes de mariguana que no fueron encontrados durante la inspección
JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)
Huamuxtitlan, 22 de junio. Sábado 20 de junio, 10:30 de la noche: en un retén militar de más de 30 soldados, en la carretera federal que comunica a Tlapa con Puebla, a menos de dos kilómetros de Huamuxtitlán, el autobús de la línea Sur es detenido por los militares. Uno de ellos sube e informa a los pasajeros que habrá una “revisión de rutina”. Pide a los varones que bajen. Las mujeres permanecen en sus asientos y comienza la inspección.
Pasaron más de 15 minutos. Arriba, un solado se encarga del chequeo minucioso al equipaje. Abajo, otros soldados revisan a los pasajeros.
La inspección “de rutina” concluye sin contratiempos, o al menos eso parece hasta que uno de los soldados nota que el indígena na savi Fausto Saavedra Valera usa botas tipo militar. El jefe del retén da luz verde al conductor, le dice que todo está “en orden”, pero que el pasajero de las botas tendrá que quedarse, porque su calzado no es de uso civil y constituye un delito. El conductor, Francisco Pizano, y otros pasajeros, increpan la decisión de los soldados.
Pizano pide al jefe militar que firme un documento en el cual deje constancia que el Ejército tiene al indígena, para justificar su ausencia ante la empresa. El encargado se niega. Intercambian insultos y después, cuando otro militar apacigua la discusión, el conductor sube el autobús, lo echa a andar y le advierte que es injusta la retención del na savi de Xilistlahuaca, Metlatónoc.
10:50 de la noche: de un silbido, el militar le ordena que se vuelva a detener y Pizano lo ignora. No han pasado más de 100 metros cuando se escuchan las primeras ráfagas que salieron de las metralletas de otros soldados, que estaban más adelante del retén. Los disparos dieron en la carrocería del autobús y en el cuello de Porfirio Rubio Villegas, un indígena de Tlapa, quien murió al instante.
Lunes 22 de junio: en la cabecera de Huamuxtitlán, un vehículo destartalado vende como pan caliente un periódico regional que da cuenta de la muerte del indígena. “Barbarie de militares”, consigna el encabezado principal.
En la cárcel de la ciudad están encerrados, en una diminuta celda, Francisco Pizano Y Porfirio Rubio. Han sido para ambos las 48 horas más largas de su vida porque ninguno sabe exactamente, hasta la fecha, cuál es el motivo de su detención. El sábado a las 11 de la noche, tras la balacera, el autobús se refugió en la terminal que tiene la empresa en Huamuxtitlán. Hasta ahí llegaron, primero, la Policía Municipal, después los soldados del retén, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), del Ministerio Público y paramédicos de la Cruz Roja .
El lunes por la tarde, en Chilpancingo, según empezaron a reportar los portales de periódicos del Distrito Federal, el Ejército ofreció la versión oficial de los hechos, y subraya dos momentos claves sobre la muerte del indígena de Metlatónoc: primero, que los soldados reaccionaron con disparos debido a que el conductor no se detuvo cuando lo ordenaron; segundo, que cuando inspeccionaron el camión encontraron 10 kilos de mariguana.
Francisco y Porfirio se ven cansados en la celda. Largas han sido las últimas horas. El domingo, por separado, los llevaron a declarar al Ministerio Público de Huamuxtitlán, pero a ninguno le han informado con precisión cuáles son los cargos que enfrentan.
Se habla con ellos a través de las rejas. En su testimonio contradicen las versiones oficiales y dan más detalles de los que sucedió. Pizano –barba crecida y con aliento a cigarrillo– sostiene: “en ningún momento me negué a la revisión, a nada, yo creo que los paquetes fueron sembrados”.
Cuenta que un par de horas después de las ráfagas, estando en la terminal de Huamuxtitlán, un soldado, un agente del MP y uno de la PFP seguían revisando el camión. “Nos habla el federal y nos dice: venga para acá y en la misma fila de asientos donde estaba el cadáver, pero del otro lado, no estaban ni escondidos ni nada, estaban unos paquetes envueltos en cinta canela. No estaban escondidos, estaban a simple vista.
“Mi pregunta es: si me están revisando en el retén antes, más de 10 minutos, luego, cuando estaban las autoridades, yo vi al señor del MP que se paró prácticamente ahí en los asientos de atrás, él estaba ahí parado cuando estaban haciendo la diligencias, entonces es imposible que no los hayan visto antes, que no los hayan pisado”.
De Porfirio, sus familiares no tuvieron noticias hasta el lunes por la tarde. El domingo permaneció bajo custodia de los militares en Tlapa y después lo llevaron a los separos en Huamuxtitlán.
Hasta ese momento no había podido hablar con nadie. Ni llamadas por teléfono ni un abogado le fueron concedidos. Los soldados sólo le dijeron: “esas botas (que consiguió en Tlapa, donde se exhiben en varias tiendas) no las puede cargar cualquier persona, son de uso exclusivo de los militares”.
Desde el sábado por la noche Porfirio Rubio anda en calcetines.
(La Jornada Guerrero, 23 de junio de 2009)
lunes 22 de junio de 2009
Ejército dispara contra autobús y muere pasajero en Guerrero
Según la versión castrense, los soldados le hicieron el alto al transporte de pasajeros pero el chofer nos e detuvo, por lo que dispararon
Adriana Covarrubias/corresponsal
El Universal
Acapulco, Gro. Lunes 22 de junio de 2009
16:34 Elementos del Ejército Mexicano del 96 batallón de infantería dispararon contra un autobús de pasajeros de la ruta Alpoyeca- Huamuxtitlán, región de la Montaña alta, pues según su versión es que cuando le marcaron el alto para que se detuviera, pero el conductor los embistió. Derivado de esos disparos, una personas murió. Los militares hallaron 10 kilos de mariguana en el camión.
De acuerdo a la versión oficial de la 35 zona militar, los hechos se registraron el pasado viernes alrededor de las 22:30 de la noche, cuando en un retén militar ubicado en el crucero cerca del poblado de Santa Cruz en el kilómetro 93 de la carretera federal Alpoyeca-Huamuxtitlán, le pidieron al chofer el autobús de pasajeros de la línea Sur con el número económico 45 que se parara, pero se negó y siguió su camino.
Los militares hicieron disparos al aire para que el conductor del autobús se detuviera, pero continuó conduciendo y los soldados le dieron alcance diez minutos después sobre la carretera, donde se logró detener al chofer, del cual no proporcionaron su nombre.
Al revisar el autobús de pasajeros encontraron entre los últimos asientos a una persona tirada con un balazo en la nuca y de acuerdo a una identificación que se le encontró la persona se llamó Bonifacio Rubio Villegas.
Además encontraron en la maletera del autobús, cinco paquetes de mariguana que estaban en forma de ladrillo y que de acuerdo al peso equivale a 10 kilos.
El chofer del autobús de pasajeros de la línea del Sur se encuentra detenido y junto con la mariguana fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
cgb
(El Universal, 12 de junio de 2009)
lunes 15 de junio de 2009
Senado desconoce ejercicios militares en EU
EL UNIVERSAL dio a conocer este lunes que el Ejército mexicano y otras agencias participarán del 27 al 31 de julio próximo, en ejercicios multinacionales antiterroristas
Ricardo Gómez
El Universal
Ciudad de México Lunes 15 de junio de 2009
16:59 El presidente del Senado, Gustavo Madero, confirmó que hasta este lunes no ha recibido ninguna solicitud para que el Ejército mexicano acuda a ejercicios multinacionales en Estados Unidos contra el terrorismo.
EL UNIVERSAL dio a conocer este lunes que el Ejército mexicano y otras agencias participarán del 27 al 31 de julio próximo, en ejercicios antiterroristas en Estados Unidos, junto con otras naciones como Canadá, Australia y Reino Unido.
"No hay información del Ejecutivo sobre esa información (sic)", reconoció este lunes el senador del PAN y coordinador de esa bancada.
En conferencia de prensa, el integrante de la Comisión Permanente prefirió no hablar sobre el tema hasta que oficialmente tenga conocimiento de ello.
En la edición de este lunes se señala que se trata del Ejercicio táctico de Nivel Nacional 2009 (NLE, por sus siglas en inglés), el cual es designado como parte del Programa Tier I del Pentágono (sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos).
Este ejercicio era conocido antes como "Top Off" o ejercicio para oficiales de alto rango, y será la primera acción conjunta masiva en territorio estadounidense en la que participarán el Ejército mexicano en su historia, así como las agencias federales.
(El Universal, 15 de junio de 2009)
domingo 14 de junio de 2009
Servían 10 oficiales militares a “El Chapo”
Defensa Nacional los entrega; pueden estar detenidos subtenientes y hasta un teniente
Silvia Otero
El Universal
Domingo 14 de junio de 2009
silvia.otero@eluniversal.com.mx
Un grupo de 10 militares con grado de oficiales subalternos del Ejército colaboraba con el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, filtrando información al grupo criminal sobre las operaciones que desplegaría la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra la organización, por lo que los uniformados fueron detenidos y entregados a la Procuraduría General de la República (PGR).
Una investigación militar permitió descubrir la infiltración del cártel del Pacífico en las filas castrenses, donde los narcotraficantes lograron reclutar a los 10 oficiales, entre los que se encuentran subtenientes del Ejército y al parecer hasta un teniente —de acuerdo con fuentes federales—, quienes desde la noche del viernes rinden declaración en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer ayer que determinó no juzgar en el fuero militar a los sospechosos de trabajar al servicio de El Chapo Guzmán, para que éstos sean procesados en los juzgados civiles y enfrenten cargos por delincuencia organizada y los delitos que resulten de su presunta colusión con el narcotráfico.
En un escueto comunicado, la dependencia reveló que derivado de una investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar, se detectó a 10 oficiales subalternos que filtraba información a integrantes de la organización delictiva Guzmán Loera, lo que implica que la penetración del grupo criminal fue más allá del reclutamiento de los elementos de tropa.
Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional no precisó el rango de los detenidos, ni la región militar a la que estaban adscritos o la zona en la que estos 10 oficiales subalternos tejieron una red de protección para los integrantes del cártel del Pacífico.
Hasta el cierre de esta edición, la Procuraduría General de la República tampoco proporcionó información sobre la identidad de los detenidos que la Sedena decidió entregarles, ante las evidencias que recabó sobre las presuntas actividades delictivas de sus oficiales.
La Secretaría de la Defensa Nacional sólo indicó que con la detención y entrega de los militares “ratifica su compromiso ante la sociedad, que su proceder en el combate al narcotráfico y crimen organizado será firme, enérgico y decidido, por lo cual no se vacilará en juzgar y castigar conforme a derecho a los integrantes del Instituto Armado que incurran en este tipo de delitos”.
Militares ligados al capos
Los nexos de militares de rango con el narcotráfico se han registrado también en el pasado. En 1997 fue detenido el general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), quien fue condenado a 40 años de prisión por brindar protección al extinto Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, quien fuera líder del cártel de Juárez.
Por sus presuntos vínculos con esa misma organización, los generales Arturo Acosta Chaparro Escapite y Francisco Humberto Quirós Hermosillo (finado) fueron detenidos en agosto de 2000 y tras un proceso militar se les sentenció a 15 y 16 años de prisión, respectivamente, aunque en 2002 obtuvieron un amparo; al final al primero de ellos se le concedió la libertad el 29 de junio de 2007 por falta de pruebas por delitos contra la salud.
En fechas recientes, en enero de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional también entregó a la PGR a cuatro militares —un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa—, tras descubrirse que colaboraban con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, por lo que estos ex elementos castrenses son procesados en el juzgado séptimo de distrito en materia penal.
Mientras que en mayo de este año la Procuraduría de Justicia Militar también detuvo y puso a disposición de la PGR a 12 militares por sus presuntos nexos con el grupo de sicarios de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo.
(El Universal, 14 de junio de 2009)
Militares filtraban datos a “El Chapo” Guzmán
Descubren que el cártel del Pacífico logró reclutar a 10 elementos, entre los que se encuentran subtenientes y al parecer hasta un teniente, quienes fueron detenidos y entregados a la PGR
Silvia Otero
El Universal
Domingo 14 de junio de 2009
La infiltración del crimen organizado volvió a llegar a oficiales del Ejército de mediano rango, ya que se encargaban de proporcionar información al grupo de Joaquín El Chapo Guzmán sobre las operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra la organización.
Una investigación militar permitió descubrir que el cártel del Pacífico logró reclutar a 10 elementos, entre los que se encuentran subtenientes y al parecer hasta un teniente, quienes fueron detenidos y entregados a la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con fuentes federales, desde el viernes por la noche rinden declaración en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
La Sedena dio a conocer ayer que determinó no juzgar en el fuero militar a los sospechosos de trabajar al servicio de El Chapo Guzmán, para que éstos sean procesados en un tribunal civil y enfrenten cargos por delincuencia organizada y los delitos que resulten de su presunta colusión con el narcotráfico.
La dependencia reveló en un escueto comunicado que derivado de una indagatoria de la Procuraduría General de Justicia Militar se detectó a los 10 oficiales subalternos que filtraban información a integrantes de la organización de Guzmán Loera, lo que implica que la penetración del grupo criminal fue más allá del reclutamiento de los elementos de tropa.
Sin embargo, no precisó el rango de los detenidos ni la región militar a la que estaban adscritos o la zona en la que los 10 militares tejieron una red de protección para los integrantes del cártel del Pacífico.
Hasta el cierre de esta edición, la PGR tampoco proporcionó información sobre la identidad de los detenidos que la Defensa Nacional decidió entregarle, ante las evidencias que recabó sobre las presuntas actividades delictivas de sus oficiales.
(El Universal 14 de junio de 2009)
Calderón lleva al país al fascismo
JENARO VILLAMIL
El país "rápidamente se está acercando" a un modelo de Estado fascista ante la mala apuesta del gobierno de Felipe Calderón por "narcotizar la lucha político-electoral", advierte el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones. E insiste en la necesidad de continuar con la reforma del Estado, o de lo contrario la próxima contienda por la Presidencia podría generar más incertidumbre aun que la pasada. Además, revela un encuentro en el que Calderón, como presidente electo, le propuso al PRI un cogobierno...
En pleno debate sobre la actitud sesgada del gobierno calderonista en la lucha contra el narcotráfico, y en medio de la guerra sucia electoral desatada por el PAN contra el PRI, Manlio Fabio Beltrones subraya, en una extensa entrevista con Proceso, la preocupación de las bancadas del Senado porque “los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son la intervención telefónica, los cateos y el arraigo, están siendo utilizados de manera incorrecta y facciosa”.Actor de los primeros acuerdos entre el PRI y el gobierno de Felipe Calderón, Beltrones medita cada una de sus palabras. No rompe con la administración calderonista porque confía que “el presidente Felipe Calderón haga un alto en el camino y recupere su visión de estadista de largo plazo”, pero admite que existe en el gobierno federal un “ala dura” que encabeza las posiciones “más facciosas” del panismo.“Esta política facciosa del gobierno –insiste– ha hecho mucho daño, ha minado la confianza incluso en torno a sus buenos propósitos y la mayoría de los observadores se pregunta: al pasar el 5 de julio, quién va a recoger y a reponer los platos rotos que permitan rearmar los acuerdos de todos los actores del país”, argumenta Beltrones.El exgobernador de Sonora ubica como fecha determinante del avance de “los duros” del PAN el avionazo del 4 de noviembre de 2008:“Creo que esa vertical de Felipe Calderón se perdió cuando se desplomó el avión de Juan Camilo Mouriño. Y otro tipo de criterios, más de un jefe de partido que de un jefe de Estado, fueron los que se impusieron. Después de Juan Camilo, los duros del PAN ganaron la batalla e intentaron gobernar. Y en buena parte, por su falta de visión y de respeto a la pluralidad, son quienes encabezan el desastre político y económico al que, parece, nos estamos acercando en el corto plazo.”
–¿Son los más facciosos? –se le pregunta a Beltrones.
–Estos duros son los que empujaron a Felipe Calderón a simular un gobierno que respeta la pluralidad, cuando en realidad sus acciones lo único que intentan es apoyar a su partido.
–¿Quiénes son esos duros? ¿Germán Martínez?
–Es el protagonista más visible, aunque no debe ser el único de los que están participando en estas decisiones. Le corresponde a él dar la cara, pues es el presidente del PAN.
Crítico del “desastre económico” actual, Beltrones ha dado un giro en sus declaraciones frente a la administración de Felipe Calderón. El 19 de marzo pasado le demandó que “se faje los pantalones” para definir una posición firme en asuntos delicados, como la adquisición de los activos de Citigroup-Banamex por parte del gobierno de Estados Unidos, la definición de la refinería de Pemex y el conflicto diplomático con Francia generado por el caso de Florence Cassez.Sin embargo, él ubica el punto de quiebre en mayo pasado, cuando el gobierno calderonista, “para evitar el fracaso electoral, comienza a utilizar de manera político-electoral el combate al narcotráfico”, dice.Insiste en que la movilización del Ejército para el combate al narcotráfico debe tener un plazo para regresarlo a los cuarteles. Reconoce la labor realizada por las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, pero también aclara que, de no fijar el plazo referido, “el jefe real del Ejército mexicano, con el tiempo, tendrá que responder directamente por todas las acciones que se cometan por parte de las Fuerzas Armadas, que están capacitadas para otra función superior, más que la de actuar como policías”.“Todo lo que quepa dentro de lo que no sea el cumplimiento explícito del estado de derecho, que no es lo mismo que el Estado de derecha” en el que vivimos.
Riesgo de fascismo
–¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cuando el PRI en el Senado ha pedido que se fije un plazo perentorio para el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles?
–Silencio absoluto. Soporta esta actitud en las encuestas que hoy aparecen y en las que la mayoría de los mexicanos dice estar de acuerdo en que el Ejército haya salido a combatir al narcotráfico.“Pero ese no es el punto. El tema se centra en si es el Ejército el que debe hacer el trabajo policiaco, porque de ser así debemos pedirle a los policías que hagan el trabajo del Ejército y es cuando se complica toda la operación”.
–Usted ha mencionado con frecuencia que se ha sustituido el estado de derecho por un Estado de derecha, pero, ¿no estamos más cerca del fascismo?
–Si no lo estamos en este momento, parece que rápidamente nos estamos acercando. A muchos nos preocupa que los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son la intervención telefónica, la de los cateos y el arraigo, estén siendo utilizados de manera incorrecta y facciosa. Porque lo lastima desde sus inicios y ese no es el espíritu que nos hizo llegar al acuerdo. Por ello, se dieron tantas resistencias entre muchos senadores y diputados para otorgar los mismos instrumentos de excepción.“Nunca antes un gobierno había tenido tantos instrumentos para combatir a la delincuencia organizada, no obstante que se habían dado resultados tan mediocres”, subraya.Beltrones, como presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada del PRI, fue el principal negociador para que se aprobara una serie de reformas a fin de otorgarle atribuciones extraordinarias al Ministerio Público federal. Una de las discusiones más fuertes en el Senado se produjo a raíz de la ley de extinción de dominio, que aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo.
– ¿No fueron ingenuos en este sentido? ¿No pensaron que iban a usar facciosamente estas atribuciones?
–Teníamos que correr ese riesgo. Fue una actitud de buena fe. Lamento mucho que hoy se discuta sobre un gobierno que no está a la altura de esa condición y no respete los propósitos que lo animaron.
–¿Siente una traición?
–No, veo una irresponsabilidad, pero también observo que estamos a tiempo de corregir estas desviaciones para beneficio del país.
–¿En plena época electoral?
–Confío en que el presidente Felipe Calderón haga un alto en el camino y recupere su visión de estadista a largo plazo.En la primera parte de la entrevista, Beltrones recuerda que la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador ya había hecho la misma acusación que ahora el PRI, en plena campaña electoral y ante los ataques recientes dirigidos por el líder nacional panista Germán Martínez, le reprocha al gobierno de Felipe Calderón.
En medio de esta tensión se reunieron gobernadores priistas y la dirigencia nacional de su partido para analizar cuál debía ser la respuesta ante la guerra sucia electoral del PAN y el doble rasero, de índole electoral, de la lucha contra el narcotráfico. Esto mismo fue denunciado por la bancada priista en la Comisión Permanente a raíz de los operativos en Morelos, Michoacán y Nuevo León.
–¿No habían tenido antes esa certeza de un manejo político-electoral de la lucha contra el narcotráfico?
–No, existía otra presunción que mantenían algunos adversarios políticos de Felipe Calderón: que por lo difícil de su acceso a la Presidencia de la República había tenido que sacar al Ejército a las calles para realizar una serie de operativos que le construyeran la imagen de presidente valiente y le quitara la de presidente ilegítimo que le había puesto Andrés Manuel López Obrador.
“Hasta ahí, la especulación que algunos hicieron, y que con algunos golpes eficaces la iba desvaneciendo. Pero, en este caso, han sido los mismos componentes del Estado mexicano, como los gobernadores de los estados o los miembros del Congreso, quienes han iniciado la denuncia de estas acciones en contra del narcotráfico y de la corrupción política. Esto no resulta nada sano, porque ha generado grandes confusiones y resistencias en donde no existían para el objetivo correcto, que debe ser el cumplimiento del estado de derecho.“En síntesis, fue una mala apuesta de Felipe Calderón y de su partido haber narcotizado la lucha político-electoral.”
“El régimen ya no funciona”
Impulsor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA) a principios de la LX Legislatura para avanzar en la reforma del Estado, Beltrones no abandona este punto:“Queremos que se rectifique el rumbo del país, y esto es en el entendido de que el régimen político presidencial, tal cual, ya no funciona. Fue planeado para que lo ejerciera un partido hegemónico, pero a partir de la pluralidad expresada en las elecciones el sistema no está preparado para premiar los acuerdos sino, por el contrario, parece castigarlos”, sostiene Beltrones.La agenda de reforma política que defiende el político sonorense es conocida como las “ocho erres”: la ratificación de los miembros del gabinete; la reelección de legisladores y munícipes; la reducción del Congreso para disminuir 100 diputaciones plurinominales y la reducción de senadores por la vía plurinominal; la reingeniería del gobierno para hacerlo menos pesado y burocrático; la reducción del gasto corriente; la reforma de la política social y la política de relaciones exteriores; así como la incorporación de figuras como la revocación de mandato presidencial y el referéndum. Beltrones reconoce que estas dos últimas propuestas son las más polémicas, y aclara que tanto la revocación del mandato como el referéndum “deben estar acotados para evitar su abuso y garantizar gobernabilidad”.Con todo, añade, “tenemos que regresarle a la gente instrumentos básicos para interactuar con sus gobernantes. Uno de ellos es la revocación de mandato, con el que se pueda castigar a los gobernantes y no esperar a que la Sacra Rota algún día los declare incapaces mentales, sino desde antes poderlos relevar del cargo”.
–Pero estas reformas no son las que se están discutiendo legislativamente…
–Estas erres sí están en el debate de muchos de nosotros, aunque no han permeado en la población debido a que tenemos elecciones el 5 de julio, y a que los partidos han privilegiado en su estrategia cuerpo a cuerpo para demostrar cuál es el más malo, no el mejor. Las propuestas se han hecho a un lado. Por eso, un grupo importante del priismo dentro del Congreso –en el que me incluyo– ha formado una corriente a fin de pensar, no en el 5 sino en el 6 de julio, a fin de reflexionar sobre las reformas necesarias para la gobernabilidad moderna.
–Algunos observadores han señalado que hay lentitud de parte de la dirigencia del PRI frente a los ataques de los duros del PAN. No se ve un PRI combativo, se ve un PRI reactivo...
–¿No es un error?
–No.
Reconozcamos algo: el gobierno y su partido se acuartelaron en una estrategia mediática de combate a la delincuencia que “premiaba” a un presidente valiente y a un partido político que lo acompañaba. Todo ello para tender una cortina de humo sobre el fracaso económico de este gobierno, que nos está llevando al peor decrecimiento que un país va a tener en 2009, no obstante que su diagnóstico había sido que estábamos lo suficientemente blindados y que si en Estados Unidos había un resfriado, nosotros tendríamos sólo un catarrito. Hoy vemos que es de tal tamaño el desastre, que lo tendremos que pagar con el mayor desempleo que haya vivido México.
Mal rumbo
Con una carrera de más de tres décadas en el servicio público, Beltrones ha sido diputado, dos veces senador, gobernador de Sonora entre 1991 y 1997, subsecretario de Gobernación, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el sector popular del PRI, y ahora se encuentra en la antesala de la lucha por la candidatura presidencial de su partido para 2012.Reconocido como un hábil operador político, Beltrones fue un colaborador de primera línea de los tres últimos presidentes priistas, pero también un protagonista polémico en coyunturas críticas, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la crisis poselectoral de 2006.Esa experiencia ha convertido a Beltrones en un personaje tan respetado como temido por adversarios y simpatizantes, pero también un político que se colocó como el “factor bisagra” ante la crisis inicial del gobierno de Felipe Calderón, aun cuando el PRI perdió por segunda vez la Presidencia de la República.Su posición crítica de estos momentos contrasta no sólo con su papel en la toma de posesión de Calderón, en diciembre de 2006, sino también con los acuerdos iniciales con la administración panista que llevaron a la reforma del sistema de pensiones, a la reforma electoral de 2007 y a la polémica reforma petrolera de 2008, que generó el primer enfrentamiento directo entre Beltrones y el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.
–Usted siempre ha defendido la gobernabilidad como un factor clave para la reforma del régimen político. ¿Estamos ante una crisis de gobernabilidad tal que desbarranque al régimen?
–Lo único que lamento es que el debate no esté puesto sobre lo importante sino sobre lo circunstancial. De no alcanzar las reformas políticas, económicas y sociales que el régimen requiere, 2012 podrá ser igual o peor que 2006.
Beltrones relata que, antes de tomar posesión, como presidente electo Calderón se reunió en las oficinas panistas de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, con el exdirigente nacional priista Mariano Palacios Alcocer, con el propio Beltrones y con su homólogo en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón.“En una plática amable y coloquial (Calderón) nos habló de la posibilidad de un cogobierno, que podría iniciarse con la presencia de algunos priistas en ciertas secretarías. Ahí, con enorme claridad y honestidad, Mariano Palacios le dijo que si quería llegar a una nueva forma de gobierno, lo estableciera en la Constitución, creando las nuevas instituciones, y alejándonos de las ocurrencias que inició Ernesto Zedillo entregando la PGR a un panista como cuota de poder, pero no con una visión de modernización del sistema político mexicano.”En julio del año pasado, en vísperas de la presentación de su libro Señal de alerta. Advertencia de una regresión política, el expresidente del PAN, Manuel Espino, comentó al reportero Álvaro Delgado que Felipe Calderón buscó una concertacesión con Beltrones poco antes de que llegara a Los Pinos.“Según Espino –escribió Delgado–, es lógico que Calderón busque reformas por la vía de la negociación. ‘Lo que no entiendo es que, a cambio de promesas, se le otorguen concesiones a un hombre como Manlio, un hombre escurridizo, que suele cobrar antes de cumplir y que finalmente tiene el propósito de ser determinante en la sucesión presidencial con él como candidato o con alguien que él apoye o ponga de candidato de su partido. Me parece que es válida la negociación, pero el extremo hasta donde la está llevando me parece que está cerca de la temeridad’.” (Proceso 1654) Inevitable la comparación con lo sucedido en la Presidencia de Ernesto Zedillo, y reciente el debate generado por las declaraciones del expresidente Miguel de la Madrid sobre la familia Salinas de Gortari, se le cuestiona a Beltrones sobre las reacciones generadas por las participaciones recientes de los expresidentes.
Responde:
–Es un debate a destiempo y difícil de evaluar por tantos desmentidos. Estos últimos nos obligarían a hacer hipótesis o elucubraciones, y yo hace tiempo que me alejé de eso.
(Proceso, junio de 2009 [vía El Justo Reclamo])
Arraigan a 9 militares por vínculos con el narco
A diferencia de la información difundida por la Sedena en la que se hace alusión a la relación de los militares con El Chapo Guzmán, la PGR reporta que son investigados por ligas con El Mayo Zambada
Carlos Avilés Allende
El Universal
Ciudad de México Domingo 14 de junio de 2009
20:29
Un juez federal concedió una orden de arraigo por 40 días para mantener bajo investigación a 9 de 10 militares que la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición de la Procuraduría General de la República por presuntamente estar ligados a grupos del narcotráfico.
A diferencia de la información difundida por la Sedena en la que se hace alusión a la relación de los militares con Joaquín El Chapo Guzmán, la PGR reportó que son investigados por sus presuntos vínculos con la organización liderada por Ismael El Mayo Zambada, quien forma parte del mismo cártel.
De acuerdo con información extraoficial, uno de los militares sigue en calidad de presentado, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se defina su situación jurídica.
En la lista de arraigados destaca el caso de un capitán segundo de Infantería, como el oficial de mayor rango sujeto a investigación.
La mayoría de los detenidos -8 de ellos- son tenientes de caballería y de infantería, y sólo uno de ellos es subteniente de Infantería.
Sin hacer alusión a la intervención de la Sedena en este caso, la PGR informó, mediante un comunicado, que los efectivos militares arribaron a la SIEDO el 12 de junio, en cumplimiento a una orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público de la Federación.
"Por lo que se les decretó su legal retención, toda vez que de las investigaciones realizadas se obtuvo información que los vincula con actividades que permitían a la organización de El Mayo Zambada, evadir a las autoridades y operar con impunidad".
fml
(El Universal, 14 de junio de 2009)
sábado 13 de junio de 2009
Caen militares coludidos con El Chapo Guzmán
La Secretaría de la Defensa Nacional entrega a la PGR a 10 oficiales subalternos del Ejército, tras detectar que filtraban información a integrantes de la organización delictiva del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera
Silvia Otero
El Universal
Ciudad de México Sábado 13 de junio de 2009
15:42 La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó que diez oficiales subalternos del Ejército colaboraban con el cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán, por lo que los entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que enfrenten cargos en juzgados civiles.
En un escueto comunicado la dependencia reveló la infiltración del narcotráfico en sus filas, y detalló que derivado de una investigación que realizó la Procuraduría General de Justicia Militar, se detectó que un grupo de diez oficiales subalternos filtraban información a integrantes de la organización delictiva "Guzmán Loera".
Ante las evidencias en contra de estos militares, la Sedena determinó que los 10 sospechosos fueran puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y los entregó el viernes a las autoridades.
La dependencia indicó que "ratifica su compromiso ante la Sociedad, que su proceder en el combate al narcotráfico y crimen organizado será firme, enérgico y decidido, por lo cual no se vacilará en juzgar y castigar conforme a derecho a los integrantes del Instituto Armado que incurran en este tipo de delitos".
mzr / gdh
(El Universal, 13 de junio de 2009)
lunes 13 de abril de 2009
Disminuye confianza de los mexicanos en el Ejército: Encuesta
México, 13 abr (EFE).- La confianza de los mexicanos en el Ejército descendió 11 puntos porcentuales en los últimos dos años, en coincidencia con el aumento de su intervención en la lucha antidrogas, aunque es todavía la institución mejor considerada del país, revela una encuesta publicada hoy.
Según la encuestadora María de las Heras, contratada por el diario Milenio, a la pregunta de si hacen bien o mal su trabajo distintos actores en el país, en 2009 un 72% de los mexicanos califica positivamente al Ejército, mientras que en 2007 lo hacía el 83%.
María de las Heras opina que la institución "empieza a resentir el desgaste" por las tareas que le ha encomendado el presidente mexicano, Felipe Calderón.
El mandatario asumió su cargo el 1 de diciembre de 2006 y ese mismo mes ordenó el envío de militares a los estados más conflictivos de México para combatir el narcotráfico y al crimen organizado.
En estos momentos más de 45.000 militares están presentes en las zonas más violentas de México, especialmente en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Michoacán, donde tratan de prevenir los actos de la delincuencia organizada.
Otro sector que también ha perdido credibilidad en estos últimos dos años es la prensa.
En 2007 los periodistas despertaban una gran simpatía entre la gente (83%), pero en la actualidad ese porcentaje de apoyo se sitúa en el 59%, lo que representa un descenso del 24%.
Para De las Heras, ello puede ser "resultado de la insistencia gubernamental en satanizar el trabajo periodístico sobre el problema del narcotráfico", aunque la encuestadora no aporta ningún argumento empírico para justificar esa opinión.
Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), el árbitro en los comicios que se celebran en México, pierden terreno al pasar de 61% a 49% en el grado de aceptación, un descenso de 12 puntos porcentuales.
Otros agentes sociales que decaen son los obispos y cardenales, al pasar del 50% al 46%, y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), que bajan del 49% al 36%.
Los policías federales mexicanos son la única institución de las analizadas que mantiene en 2009 el mismo nivel de apoyo (43%) de 2007.
El sondeo consistió en 500 entrevistas telefónicas realizadas el pasado 2 de abril a mayores de 18 años, con un margen de error próximo al 4,5% y un índice de confianza del 95%.
(SDP Noticias, 13 de abril de 2009)
Denuncian que ejército tiene cuarto de torturas en Ciudad Juárez
Por Redacción SDPnoticias.com/SDP
13 de Abril, 2009 - 10:45 — Ciudad Juárez, Chihuahua
Denuncian al ejército por de "levantar" y torturar a dos jóvenes; uno murió
El ejército mexicano tiene un cuarto de torturas en Ciudad Juárez, denunció Sergio Fernández, jóven que fue "levantado" presuntamente por elementos del ejército mexicano junto con su amigo Javier Eduardo Rosales, de 21 años, quien murió luego de que los militares lo torturaran por dos días seguidos.
El ejército mexicano tiene un cuarto de torturas en Ciudad Juárez, denunció Sergio Fernández, jóven que fue "levantado" presuntamente por elementos del ejército mexicano junto con su amigo Javier Eduardo Rosales, de 21 años, quien murió luego de que los militares lo torturaran por dos días seguidos.
De acuerdo con información publicada el 11 de abril en El Diario de Ciudad Juárez, familiares de las víctimas dieron a conocer que elementos del ejército mexicano de la unidad 2321370, "levantaron" a los dos jóvenes el pasado martes 7 de abril sin motivo alguno.
La mañana del jueves 9, Sergio Fernández regresó a su casa severamente golpeado y denunció que habían sido llevados por el ejército a una casa en donde fueron torturados para forzarlos a revelar donde se vendía droga en la colonia en donde vivían.
De acuerdo con el testimonio de Sergio Fernández, a su amigo, Javer Rosales, lo torturaron aún más simplemente por tener un tatuaje. Debido a este tatuaje, los militares lo acusaron de ser miembro de la banda "los aztecas".
Sin embargo, los dós jóvenes no eran los únicos que estaban siendo golpeados por el ejército. Sergio Fernández denunció que en la habitación en donde estaban siendo torturados había más gente siendo torturada.
Luego de dos día de turtura, el ejército llevó a los dos muchachos a un cerro, en donde los apedrearon para que corrieran entre cactus y espinas propias del terreno desértico. Puesto que el trayecto de regreso fue corto, revela El Diario, el cuarto de torturas pudo haber estado en una guarnición militar.
Debido a la golpiza que sufrió, Javer Rosales no aguantó el camino a pie de regreso a su casa y falleció. De acuerdo con los peritos de las autoridades estatales, el jóven presentaba "escoriaciones en pómulo izquierdo, la mejilla derecha y la nariz como huellas externas de violencia. Además, heridas por fricción en abdomen de lado derecho y ambos pies."
De acuerdo con las familias de las víctimas, cuando se presentaron ante la Subprocuraduría de Justicia y ante la PGR, se les negó auxiliarlos. Les dijeron que como se trataba de una denuncia contra militares tenían que ir a un módulo de quejas del cual los familiares no supieron donde se encontraba.
De acuerdo con El Diario, ninguna de las dos instancias judiciales explicaron por qué no atendieron la queja de los familiares de las víctimas.
Poco después el ejército mexicano emitió un comunicado en el que negó que hubiera participado en los actos denunciados, pero los testimonios denuncian lo contrario.
(SDP Noticias, 13 abril de 2009)
domingo 12 de abril de 2009
Han muerto 610 niños en las guerras por la droga: Sedena
-Desde 2006 al menos 3 mil 700 menores quedaron huérfanos
-De ese total, 427 perecieron tras ser reclutados como sicarios
De diciembre de 2006 a marzo de 2009, en la guerra entre cárteles y en las batallas entre sicarios y fuerzas del Estado, existen otros saldos: 610 niños han muerto y al menos 3 mil 700 quedaron en la orfandad, revelan informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los cuales La Jornada tuvo acceso.
De los 610 menores fallecidos, 110 cayeron víctimas del fuego cruzado durante enfrentamientos entre bandas rivales o sicarios y fuerzas del Estado; 73 fueron ejecutados en el momento en que integrantes del crimen organizado asesinaban a sus familiares; otros 427 que habían sido reclutados como sicarios han muerto en enfrentamientos entre grupos rivales, y los restos de 120 de éstos últimos, fueron enviados a la fosa común porque nadie los reclamó.
Los informes castrenses, elaborados a partir "de los reportes que envían a esta dependencia las procuradurías estatales", refieren que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón han muerto 610 menores, cuyas edades van desde los dos meses hasta los 16 años.
Estos son algunos ejemplos: en abril de 2007, en un rancho ganadero del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, miembros de bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, drogas y armas, asesinaron a cinco personas; dos de ellas eran menores de edad: Jesús Iván Vázquez Vega, de 17 años, y Fabiola Cárdenas Jacob, de 14.
La madrugada del 4 de mayo de 2007, durante un tiroteo en la colonia Florida, municipio de Ecatepec, estado de México, murieron los menores Fernando Cruz Ayala y Cristina Mendoza Rodríguez. Presentaban cuatro y 10 heridas de bala, respectivamente.
Un año después, en un paraje de Playas de Rosarito, Baja California, fueron localizados los cuerpos de cinco menores de edad asesinados con armas de fuego y con huellas de tortura. Las víctimas –entre ellas una joven de 17 años–, estaban apiladas en una calle del poblado Cuero de Venados, en las inmediaciones del rancho Casián, a medio kilómetro del bulevar 2000, vialidad que une a Tijuana con Playas de Rosarito.
El 14 de julio de 2008, en Sinaloa, 12 personas fueron ejecutadas, tres de ellas eran menores de edad. Los crímenes se cometieron en la esquina del bulevar Rosales y Enrique Bunant, atrás de un centro comercial. En el sitio se encontraron más de 300 casquillos de fusiles AR-15 y AK-47. Las víctimas fueron identificadas como Melina Judith Angulo Ruiz, de 12 años; Jesús Antonio Sabredica Salazar, de 17, y José Leonardo Castañeda Parra, de 17.
Ese mismo mes y año, en Jalisco, seis integrantes de una familia –tres menores de edad– fueron ejecutados con el tiro de gracia en una casa en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán El Grande. Las víctimas infantiles fueron identificadas como Roberto Bernardino Campos, de 15; Magali Bautista Campos, de ocho, y Mayra Bautista Campos, de siete.
En agosto del año pasado, en la comunidad de Creel, Chihuahua, grupos de sicarios ejecutaron a 13 personas, incluyendo a un niño de cuatro años de edad y otro de meses.
El 3 de enero de este año, en Tijuana, Baja California, un menor de 14 años, identificado como Alejandro Joel Arámbula Flores, y cuatro hombres fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en un coche.
Según los reportes en estos estados murieron 183 menores: Chihuahua, 43; Baja California, 26; Zacatecas, 23; Tabasco, 11; Tamaulipas, nueve; Michoacán, 17; Guerrero, 19; Sinaloa, 15; Durango, siete, y Nuevo León, 13.
Los huérfanos
Los reportes castrenses señalan que durante la administración de Felipe Calderón, al menos se han contabilizado 3 mil 700 menores en la orfandad a causa de la ejecución de sus padres.
Los informes indican: “estos 3 mil 700 menores de edad han quedado marcados sicológicamente al haber observado uno de los hechos mas traumáticos de su vida, y a ello hay que agregar que han tenido que sobrellevar otro problema mayor: vivir con desconocidos o familiares para no ir a una casa hogar.
“En este contexto, las ejecuciones están provocando que los niños se vuelvan víctimas y después en victimarios por el odio con el que están creciendo”.
Los sicarios
Las estadísticas gubernamentales señalan que del total de delitos cometidos a escala nacional, 9.23 por ciento son perpetrados por menores de 12 a 15 años.
En ese contexto, el gobierno federal tiene documentado que han muerto por disputas entre cárteles rivales 427 menores de edad que actuaban como sicarios y que 30 por ciento de los cadáveres fueron enviados a la fosa común.
Según los reportes consultados, los niños fueron contratados por sumas que oscilan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales al inicio, y “en su mayoría fueron cooptados después de haber sido liberados de los consejos tutelares mediante el pago de fianzas.
“Los cárteles también están reclutando a niños en situación de calle o en colonias donde la población enfrenta situaciones de pobreza extrema.
“En muchos de los casos, el primer paso para cooptarlos es brindarles protección jurídica, alimentaria, de vestimenta y de vivienda. Luego, son entrenados en el manejo de armas.
“Los niños sicarios son utilizados por el crimen organizado como avanzada en acciones armadas en contra de miembros de otros grupos, y como espías de las bandas rivales.
“A esos menores se les vuelve adictos, si no lo eran antes. Se ha detectado que en primera instancia son bautizados con mariguana, después ellos escogen la droga que consumirán, siempre y cuando sus ingresos se los permitan.
"Además, quienes logran ascender en la estructura criminal tienen mayores ingresos, hay registro del pago de cientos de dólares por alguna acción especial".
En mayo de 2007, efectivos del Ejército detuvieron a seis adultos y a cuatro mujeres menores de edad en el municipio de Carácuaro, Michoacán, luego de que fue emboscada una partida del 12 Batallón de Infantería, con saldo de cinco muertos y tres heridos.
Las 10 personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelia. Se les inició la averiguación previa AP/PGR/-MICH/M-II/283/2007, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En octubre de 2008, en Caborca, Sonora, los menores Claudio y Eduardo fueron detenidos por la policía estatal investigadora, en el ejido Morelos; el reporte oficial mencionó que portaban armas de fuego, chalecos antibalas y cientos de cartuchos útiles.
En febrero de este año en Tultitlán, estado de México, agentes federales detuvieron a 10 sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dos de ellos eran menores de edad; la encomienda era eliminar a miembros La Familia, que opera en esa zona.
(La Jornada, 12 de abril de 2009)
martes 7 de abril de 2009
Asume militar mando de Seguridad Pública en Piedras Negras
Piedras Negras, Coah. 7 Abr (Notimex).- Un militar retirado, con trayectoria en el Estado Mayor Presidencial, asumió hoy la Dirección General de la Policía y Tránsito de Piedras Negras, como parte de la estrategia para reforzar la prevención y combate a la delincuencia.
El coronel Arturo Navarro López fue avalado por decisión de la mayoría de miembros del cabildo local, en medio del rechazo de representantes del PRD, quienes cuestionaron el currículum del nuevo funcionario, que apenas hace tres días llegó a esta ciudad.
Al rendir protesta de su nuevo cargo, el militar aseguró que viene a tomar las medidas que sean necesarias para que haya una verdadera seguridad pública, y adelantó que habrá una depuración de los elementos que no reúnan el perfil para desempeñar su puesto.
"Es un compromiso que tengo con la gente que ha confiado en mí, por lo que a lo único a lo que vengo es a trabajar y a tomar las medidas que sean necesarias para continuar con la seguridad de los ciudadanos", aseveró.
Mencionó que la depuración es con el fin de evitar todo tipo de involucramiento con la delincuencia, por lo que habrá mano dura contra todo elemento que no acate la orden o que se les sorprenda en actos ilícitos.
"Analizaré a la gente con la que cuento, y serán ellos mismos los que tomen la decisión de renunciar si no reúnen el perfil y no se adaptan a la forma y disciplina de trabajar, por lo que no se tolerarán actos de corrupción de ningún elemento", apuntó.
El arribo del militar como director de Seguridad Pública en Piedras Negras es el cuarto que se registra en las últimas semanas en municipios de Coahuila, después de Saltillo, Ramos Arizpe y Monclova.
(SDP Noticias, 7 de abril de 2009)
lunes 6 de abril de 2009
Designan a militar como director de Policía Municipal en Ramos Arizpe
06 de Abril, 2009 - 16:57 —
Saltillo, 6 Abr (Notimex).- El alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, presentó hoy a Manuel Jesús Cicero Salazar, como nuevo director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien remplazó a Homero Durán Flores.
El presidente municipal expuso que para esa decisión, el municipio estuvo en pláticas directas con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, a través del secretario de Gobierno, Armando Luna Canales.
"Con este esfuerzo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el estado, el que va a ganar sobre todo es el municipio de Ramos Arizpe", dijo.
Resaltó que desde que el 2006, cuando arrancó su administración municipal, sólo se ha registrado un asesinato en el ejido "El Perillal", donde un adulto fue victimado con una arma de fuego, de manera accidental.
Destacó que ante estas cifras, Ramos Arizpe es considerado uno de los municipios con menor índice de violencia, por lo que esperan seguir manteniendo este récord.
Por su parte, Cicero Salazar expresó que sus raíces son militares y ahora que estará a cargo de la Dirección de la Policía Preventiva pondrá todo su esfuerzo para que siga la tranquilidad, así como el respeto a las garantías individuales.
(SDP Noticias, 6 de abril de 2009)
domingo 5 de abril de 2009
La guerra de Calderón
Jorge Moch
tumbaburros@yahoo.com
La guerra de Calderón
El poder intoxica. La toxina del poder engendra abusos. El abuso tiende en este país a pintarse de institucionalidad. La institucionalización del abuso se llama impunidad, y a su vez casi siempre aspira a la perpetuidad. Así reposan felices demasiados trapos sucios de esta moderna República, desde históricas masacres hasta asesinatos selectivamente desestabilizadores, pasando por escandalosos fraudes electorales y de variopintas, irresueltas tesituras. Por eso somos el país de la mordida.
Felipe Calderón, de quien sigue siendo imposible certificar a cabalidad que sea el legítimo presidente de México, resultó un tipo, vaya, belicoso. Nadie lo hubiera pensado mirando su breve historial público. Como titular de energía, lo mismo que como burócrata de altos vuelos en Banobras fue una eminencia gris. Anodino. Lo mismo cuando fue presidente de an . Pero ya insaculado tal que presidente, o debo decir impuesto “haiga sido como haiga sido” según un dicho suyo, resultó así, belicoso, bravucón. Amigo en demasía de los uniformes y las jerarquías castrenses: un hombre pequeño que, de pronto presidente de un país, se exhibe militarista irredento. En la realidad cruda, fuera de su propia visión en el espejo; en el espejo de los elogios, de los lamesuelas, de la cohorte de merolicos perversos y cortesanos zalameros de que se hace rodear, no alcanza a ver lo que realmente es: un hombrecillo inseguro de poder mantener el equilibrio sobre la silla presidencial que no le pertenece. Por eso, quizá, esa necesidad ridícula de militarizar su imagen y, como alguna vez vimos, hasta la de su progenie. Pero qué hombre pequeño, oiga usted, no se crece cuando se le recita al oído que él, él, él es nada menos que el comandante supremo de las fuerzas armadas, aunque nunca en su vida haya sido entrenado para combate, o padecido el infierno de un enfrentamiento armado, o estudiado estrategia militar, o tácticas de contrainteligencia o, en fin, aprendido a desarmar y ensamblar una pistola. Quizá, pues, Calderón lo que acusa es una irreprensible necesidad de respeto, de legitimidad, y por eso la milicia hasta en el pozole.
Desde el principio de su mandato hasta esta primera mitad del sexenio, Calderón se ha hecho ver rodeado de galones y charreteras. La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado ha sido, al margen de una pésima manera de hacer valer la ley, una bien montada campaña de propaganda. En la televisión, su principal aliado propagandístico, Felipe Calderón ha logrado aglutinar sólo adulación. La crítica a su fallida estrategia de choque es una lamentable ausencia en el discurso de noticieros y analistas. Ya desde su incipiente campaña por la presidencia, Calderón y sus alecuijes demostraron la beligerancia por venir en contra de cualquier periodista crítico inserto en canales de alta penetración como radio y televisión. Hoy el combate velado al periodismo crítico de los yerros gubernamentales se traduce en el apuntalamiento de una censura igualmente nebulosa: se nos pide a los periodistas, principalmente a aquellos ligados a los medios electrónicos, que solamente enfaticemos los presuntos logros de la guerra al crimen, pero sin mencionar rincones oscuros. Poco o nada la televisión menciona, por ejemplo, que la tal guerra al narco ha causado más muertos en estos dos años y fracción que todos los casos de muerte por adicción y/o asuntos relacionados directamente con el consumo de drogas per cápita en Estados Unidos, el más grande consumidor del planeta, y eso combinando, además, todas las drogas que entran a ese país por otras vías alternas a la frontera con México.
¿Dónde nace esa obcecación por poner al ejército a hacer labor de policía, situar cada vez más soldados en las calles gobernadas por civiles, exponer a las fuerzas armadas a los mismos mecanismos prevaricadores que infectaron de corrupción a las policías de todos los niveles?, ¿por qué ese empeño enfermizo en convencernos de lo que es in extremis indefendible?
Parece que Felipe Calderón, como su nefasto antecesor, habrá de terminar llevando a los medios una guerra que, al final, parecería estar luchando simplemente contra sí mismo. Y mientras tanto, igual que con su nefasto antecesor, la realidad de las calles, la de día a día de pobreza y carencias y falta de oportunidades para millones de mexicanos, seguirá caminando su propia senda, disociada de la versión oficial, paralela de modo que nunca pueda verificar su cruce con la otra, la virtual, la risueña mentira de la televisión.
(La Jornada Semanal, 5 de abril de 2009)
viernes 3 de abril de 2009
Ciudadanos denuncian abusos del Ejército en Chihuahua
Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes revelaron que, supuestamente, militares revisan en partes íntimas am ujeres con el pretexto de que podrían esconder drogas
Luis Carlos Cano/corresponsal
El Universal
Ciudad Juárez, Chih. Viernes 03 de abril de 2009
17:26 Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) denunciaron que la noche del jueves elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional entraron al campus universitario donde se encuentran el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).
Por otro lado, activistas sociales de todo el estado de Chihuahua formaron el llamado Observatorio Ciudadano para vigilar el Operativo Conjunto Chihuahua y Juárez, a la vez que denunciaron que se están dando agresiones contra las mujeres por parte de soldados y PFP, ya que revisan a las señoras que van por sus hijos a las escuelas, les tocan pechos y otras partes íntimas con el pretexto de que esconden droga.
Esto fue corroborado por Gustavo de la Rosa Hickerson , Primer Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien dio a conocer que fue testigo directo de un caso de este tipo y que los soldados le dijeron que esa era la orden que tenían.
Cipriano Jurado, activista de los Derechos Humanos dijo que testigos y estudiantes vieron al personal del Ejército dar dos vueltas por el campus cerca de la macro aula II del IADA, sitio donde el jueves en la mañana se llevo a cabo el Foro, Militarización: ¿política de seguridad o de miedo?
"Esto se trata de una flagrante violación a la autonomía universitaria, ya que el ejército se encuentra en nuestra ciudad de manera ilegal y su actuación en la supuesta guerra contra el crimen, no ha sido clara y mucho menos provechosa, además de verse implicado en múltiples secuestros y casos de tortura, según reportes de la CEDH".
Pidieron al rector de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra pronunciarse enérgicamente en contra de este atropello que tiene claras intenciones de amedrentar a la población universitaria para que se imponga el miedo y se terminé avalando el estado de excepción que ya padecemos. Así mismo toda la comunidad universitaria debe rechazar estas acciones del ejército y sumarse a la campaña de desmilitarización del estado.
Por otro lado, en conferencia de prensa el diputado local Víctor Quintana Silveyra; el visitador para Proyectos Especiales y Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson y el ex diputado Jaime García Chávez, entre otros, dieron a conocer que por la alta incidencia de casos de violación a derechos humanos de los ciudadanos por parte de elementos federales y del Ejército que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua, crearon el Observatorio Ciudadano para dar seguimiento a todo lo que tenga que ver con las acciones policiales extraordinarias que se llevan a cabo en el estado.
Exigen que "las autoridades establezcan una hoja de ruta que registre plazos y formas para que el Ejército regrese a sus cuarteles en el plazo de seis meses que dio el comandante de la Quinta Zona Militar en el estado de Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia, una vez que se cumplan los objetivos planteados con la presencia militar y de las fuerzas federales encaminadas a combatir la violencia atípica, plazo que vence el próximo 31 de agosto".
Por su parte, la activista Patricia Mendoza, denunció que se ha venido dando la tendencia en los retenes militares y policíacos de someter a madres de familia elegidas supuestamente al azar, a revisiones físicas que incluyen tocamientos en sus zonas íntimas, a la vista de todos en plena vía pública, lo cual constituye una violación a sus derechos humanos.
Esto se da bajo el argumento de que se ha sorprendido a mujeres portando droga en el busto y la entrepierna, situación que ha derivado en la presentación de 35 quejas formales, por lo cual pidió que se denuncien este tipo de situaciones a fin de poner freno a esta práctica.
Una de las escuelas donde han realizado este tipo de operativos a la salida de alumnos es la Primaria José Torres Bodet, en la colonia Pradera Dorada, entre otras.
El visitador de la CEDH, Gustavo de la Rosa Hickerson dio a conocer que el pasado 19 de marzo levantó un acta circunstanciada a las 12:15 horas del día, haciendo constar que mientras transitaba por la Ave.
Gómez Morín vio un retén policiaco y se dio cuenta que una persona con uniforme azul y chaleco amarillo tiene detenida a una mujer joven, delgada, unos 30 años y 1.70 de estatura la cual tiene las manos pegadas al techo de su vehículo y la persona de uniforme la está revisando corporalmente tocándole el busto, las caderas, las piernas hasta los tobillos y después al no encontrar ningún elemento delictivo en ella, le permiten retirarse.
Agrega que la mujer que había sido revisada se retira conduciendo su camioneta marca Honda de modelo aproximado 2004-2005 que es un vehiculo evidentemente familiar, la mujer va llorando y cuando le pido que se detenga me contesta negativamente con la cabeza.
En ese momento se acerca un vehículo azul marca Toyota de modelo aproximado1995 conducido por una mujer de 35 años de edad de aproximadamente 1.60 de estatura la cual es bajada de la unidad y nuevamente la agente comisionada vuelve a revisarla corporalmente poniendo especial atención en el busto de la mujer revisada.
"Vuelvo a protestar por el proceder de la Agente ante el Comandante quien dice llamarse José Castillo, insistiendo yo en que solo pueden revisar corporalmente a aquella mujer que previamente hayan detenido en flagrancia y contestándome que ellos tienen instrucciones de revisarlas para buscar que no traigan armas o droga en su cuerpo aunque no se tenga ninguna evidencia previa y que la agente pone especial atención en el busto por que las mujeres ponen la droga en el brasier, en las pantaletas e incluso en la vagina".
cgb
(El Universal, 3 de abril de 2009)
jueves 2 de abril de 2009
Soldados criminales… e impunes
Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
02 de abril de 2009
“A mí me violaron los militares, luego me mataron a mi hermano y a mi esposo lo amenazaron de muerte. Vivo con miedo por mis hijos y por mí. No se qué más quiere el gobierno; nosotros lo único que hemos pedido es justicia”, dice Inés Fernández, que ha vivido un vía crucis desde que fue violada por los soldados en su casa de Ayutla de los Libres, Guerrero.
No muy lejos, Valentina Rosendo, muchacha bonita y recién casada, lavaba ropa en el arroyo cuando se le aparecieron 8 soldados preguntándole dónde andaban los encapuchados, a lo que Valentina contestó que no sabía. Luego de que si era de Barranca Bejuco y ella que no, que de Caxitepec. Así que pa’ pronto le metieron un culatazo que la dobló sobre las piedras. Allí a ras del agua le arrancaron la falda. Uno de ellos le abrió las piernas, se bajó el pantalón y la violó por unos 10 minutos; luego vino otro con lo mismo y los otros 6 nomás viendo. De aquello le quedó el virus del papiloma humano y el riesgo de la muerte, además de la humillación que no se olvida.
Los casos de Inés y Valentina están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí ni quién oiga sus demandas. Pero todavía peor: como han luchado por que se haga justicia, se han desatado las amenazas y los hostigamientos.
Tan sólo en 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 230 quejas contra el Ejército. En ese mismo año 381 averiguaciones previas de delitos cometidos por militares contra civiles fueron turnadas a la Procuraduría General de Justicia Militar. Que sólo aceptó iniciar 110 procesos. De los cuales únicamente 11 —menos de 10%— derivaron en consignaciones.
Por su parte, diversas organizaciones civiles han documentado plenamente 120 casos durante el actual gobierno. Se incluyen 17 asesinatos, decenas de violaciones, allanamientos y torturas. Uno de estos casos puede ser histórico porque ya fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se refiere a los hechos de Santiago de los Caballeros, en Sinaloa, donde cuatro civiles fueron muertos por soldados. Aquí lo que la Corte ha de definir es si la actual extensión del fuero de guerra es compatible con nuestra Constitución y con los tratados internacionales que el gobierno mexicano ha firmado y ratificado. En pocas palabras, si es justo que en este país los militares que cometen delitos contra civiles sean juzgados por ellos mismos. Porque lo que ha ocurrido hasta ahora es que hay un permanente patrón de absoluta impunidad cuando las violaciones a derechos humanos de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses.
No se trata de abolir este fuero, sino de que se aplique para los asuntos internos del Ejército y no en agravio de civiles. Por cierto, no hay lucha antinarco alguna que justifique esta intolerable cadena de abusos de parte de un Ejército que sólo se desprestigia con la impunidad y cuyo comandante supremo es el propio Presidente.
P.D. Para mi nuevo y formidable amigo Eduardo Galeano, con mi admiración devota de siempre.
(El Universal, 2 de abril de 2009)
viernes 20 de marzo de 2009
Calderón dice que aún no es tiempo de retirar al Ejército de las calles
México, 20 mar (EFE).- El presidente de México, Felipe Calderón, quien desde que asumió en diciembre de 2006 ordenó a los militares encabezar la lucha contra el crimen organizado, dijo hoy que no es momento de retirar al Ejército de las calles.
El mandatario, que encabezó la entrega del informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que la vuelta de los militares a los cuarteles "no es posible en estos momentos, al no existir una policía capacitada para combatir al crimen organizado".
Dijo que coincide con la postura del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, de que "la tarea de las Fuerzas Armadas es y debe ser temporal".
México vive desde hace tres años una ola de violencia atribuida al crimen organizado, en particular a los carteles de la droga que se disputan el control de rutas hacia Estados Unidos, periodo en el que han sido asesinadas unas 10.000 personas.
Calderón tiene como su principal reto interno la seguridad y el combate al crimen organizado, por lo que ordenó el envío de fuerzas combinadas de miles de soldados y agentes federales a los puntos más conflictivos del país, medida que ha sido criticada por organizaciones sociales mexicanas e internacionales.
El mandatario dijo que frente a la situación de violencia estaba la disyuntiva de "o dejar a los mexicanos a su suerte y en estado de indefensión frente a la acción violenta del crimen" o asumir "la fuerza del Estado" con los riegos que implica esta alternativa.
En ese acto anunció, como una muestra de la acción del Ejército, la captura de un presunto narcotraficante, Sigifredo Nájera, alias "El Canicón", a quien responsabilizó de la muerte de nueve militares y de los ataques con granadas y disparos al consulado de Estados Unidos y a las instalaciones de Televisa, todo ocurrido en Monterrey entre octubre de 2008 y enero pasado.
Por su parte, el presidente de la CNDH dijo que durante 2008 México vivió una panorama de "marcados claroscuros" en materia de derechos humanos, pues hubo avances pero también "sombras difíciles de desvanecer".
"En este contexto, el derecho humano a la seguridad pública sigue siendo la principal demanda y preocupación de los mexicanos", dijo Soberanes.
Indicó que la CNDH registró el año pasado 6.004 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, la mayoría de las cuales dirigidas contra la Secretaría de la Defensa (1.230), el Instituto Mexicano del Seguro Social (1.007) y la Fiscalía general (769).
(SDP Noticias, 20 de marzo de 2009)
martes 17 de marzo de 2009
Ejército: ¿quién los regresará a los cuarteles?
Magdalena Gómez
a militarización paulatina que experimenta el país en el contexto del combate al crimen organizado avanza de manera significativa, en especial en algunas regiones, con altos costos en términos de respeto a los derechos humanos y con fuertes entredichos y contradicciones constitucionales, pues sin que el calderonismo declare la suspensión de garantías, en la práctica se está generando un discurso que prioriza y justifica acciones ominosas con la lógica de que "el fin justifica los medios".
Resulta muy elocuente y oportuna la reciente presentación del informe: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que elaboró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), el cual a partir de una investigación hemerográfica, documenta abusos militares cometidos por elementos de las fuerzas armadas mexicanas entre 2006 y 2008 y da cuenta del patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos que han cometido los soldados en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses, resultando así vulneradas las garantías de independencia e imparcialidad.
Con un amplio recuento de la cadena de quejas recopiladas por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las investigaciones previas que han sido transferidas a la justicia militar, el referido informe nos muestra que en los hechos se hizo un uso extensivo e ilimitado de la decisión sobre la Controversia Constitucional 1/96 –en torno a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública–, lo cual permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá del expreso mandato constitucional, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en todo caso estarían bajo las órdenes de autoridades civiles en dichas tareas.
El Centro Prodh pone el dedo en la llaga al recordar que inclusive durante la evaluación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno federal entregó el pasado 10 de febrero un informe en el cual acepta que entre enero de 2007 y julio de 2008 la CNDH emitió 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con violaciones a derechos humanos vinculadas con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Recordemos que entre muchos temas fue señalada al gobierno mexicano la necesidad de que se revisen los alcances del fuero militar y la necesidad de que sea el fuero civil el que juzgue violaciones a ciudadanos y ciudadanas cometidos por militares.
El Prodh refiere dos casos paradigmáticos que retratan la extensión del fuero de guerra a casos que involucran a civiles como víctimas de violaciones a derechos humanos, y en especial el relativo a Santiago de Caballeros, en Sinaloa, que ha sido atraído por la SCJN, permitirá a esta instancia revisar la postura que adoptó en 1996 a la luz del conjunto de evidencias que han sido documentadas y que serán presentadas, esa instancia tan poco prestigiada, pero a la que es menester insistir en que se encauce por el estado de derecho que incluya el derecho internacional de las garantías individuales. Estos temas ya son inocultables, y ciertamente no son consuelo las declaraciones que hizo el general de Brigada, Jaime Antonio López Portillo, titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional: “en la batalla que enfrenta el Ejército contra el crimen organizado se daña a las personas y a las propiedades, y agrego que la legislación militar prevé todo este tipo de cosas, evitar violaciones a las garantías individuales, pero hay algunas circunstancias en la que es inevitable, o desgraciadamente se puede generar alguna problemática (…) en relación con la gente que tenemos desplegada es muy baja la cantidad de quejas” (Reforma, 14/03/09).
Por otra parte, no está muy clara la reacción ciudadana; hay demasiado temor para expresarse libremente. Si tomamos en cuenta que el informe del Prodh se basó en revisiones de prensa, bien podemos suponer que hay un subregistro de los hechos cotidianos, que, a propósito de revisiones en retenes o cateos domiciliarios, entre otros, realizan los militares.
Por todo ello preocupan las declaraciones que hizo a la revista emeequis el obispo Renato Ascencio León: "si Ciudad Juárez se salva con la presencia del ejército de esta criminalidad que vive, bienvenido el ejército. Lo que necesitamos es recobrar la paz y la tranquilidad".
No en balde el próximo 20 de marzo se celebrará una audiencia temática sobre la justicia militar en México durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dicho: si juzgamos por los resultados, fue, por decir lo menos, ligera la decisión de sacar de sus cuarteles a los militares. Más nos vale preocuparnos de cómo lograr que regresen.
(La Jornada, 17 de marzo de 2009)
viernes 27 de febrero de 2009
En ocho años el Ejército ha acumulado dos mil 966 quejas: Derechos Humanos
Víctor Ballinas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que del primero de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2008 el número de quejas contra militares ascendió a 2 mil 966 (cada una puede ser por atropellos a varias garantías), y los hechos violatorios de éstos cometidos por las fuerzas castrenses fueron 6 mil 874.
Aquí escribes el resto del contenido que no se vera.Al presentar hoy ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su último informe de labores, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, destacará que el año pasado los soldados ocuparon el primer lugar en número de recomendaciones, con un total de 14.
Es largo el historial de hechos delictivos cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años. Se acumularon las siguientes denuncias: 971 por cateos y visitas domiciliarias ilegales; 802 por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal, y 218 por amenazas, subraya la CNDH.
En la numeralia también hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.
En el informe que Soberanes Fernández presentará dará cuenta de que durante 2008 se elaboraron 5 mil 921 expedientes de queja, en los cuales la Sedena ocupó el primer lugar con 633; el Instituto Mexicano del Seguro Social, segundo, con 478, y la PGR, tercero, con 303.
Destacan hechos de 2008: mil 170 casos de ejercicio indebido de la función pública; 755 por negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud; 731 por cateos y visitas domiciliarias ilegales; 655 por detención arbitraria, y 588 por trato cruel.
Además informará que en mil 431 expedientes de queja “existió violación a derechos”. Enfatizará que la Sedena ocupó el primer sitio en número de recomendaciones, con 14, de las 67 que emitió a diversas dependencias, autoridades, gobiernos y funcionarios.
En entrevista, el ombudsman nacional insistió: “la impunidad y corrupción imperantes son cánceres que están corroyendo a la sociedad” y el principal problema por el que persisten los atropellos a las garantías básicas.
Soberanes Fernández expresó ante reporteros que “sin duda hay que reconocer que en estos 10 años (al frente de la CNDH) hubo avances y retrocesos en la materia. Delitos que se creía pertenecían al pasado volvieron a presentarse y se recrudecieron, entre ellos desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones”.
Al hacer un recuento de su labor al frente de la comisión, reveló: “cuando entré, ésta era una dependencia de Gobernación y su trabajo estaba muy subordinado al gobierno federal. Cuando llegué, encontré varios expedientes perdidos que tenían que ver con asuntos delicados. Aquí se le hacía el trabajo sucio al gobierno.
“A mí me tocó una etapa de autonomía, y lo que me ayudó muchísimo fue la transición democrática. Me tocó otro nivel de diálogo. Si la bandera del nuevo gobierno en 2000 era la democracia, entonces el discurso de derechos humanos era parte de su discurso político.”
El ombudsman nacional reconoció que uno de sus errores “fue no ser políticamente correcto. A lo mejor, si lo hubiera, había sido terso. Fui un poco salvaje. Pero como decía aquella viejita, ‘no me importa que me digas perro, sino el perro modo en que me lo dices’”.
Durante la entrevista, Soberanes Fernández se muestra contento. Se expresa de modo coloquial. Cuando se le pregunta qué sigue después de la CNDH, responde: “No me hago ilusiones. Hay una frase española que luego me mal interpretan. Lo digo en sentido español: no me hago puñetas mentales”. Ríe y abunda: “Empezar a decir yo soy el gran defensor de los derechos humanos, el gran jurista, n’ombre. Lo que procuro decir por salud mental es que lo único que tengo es una plaza de tiempo completo en la UNAM, a la cual regresaré”.
Medina Mora, “cuhillito de palo”
De su relación con la PGR, dice: “La actitud del procurador es muy difícil respecto a nosotros. Cuando entró, optó porque no le importaba la comisión. No nos hacía caso. Él heredó cosas de la administración pasada, como el acoso que ministerios públicos hacían contra nosotros. Yo le pedía que pusiera orden, pero en lugar de ello, desde la procuraduría, los alentaban para que siguieran fastidiando. Luego vino la etapa de la ignorancia, en la cual nos negaban los expedientes y rechazaban las recomendaciones. Después la de los ataques. Por último, de la actitud de ignorarnos se pasó a la agresión. Medina Mora, como dicen, es mátalas callando, cuchillito de palo. No le gusta lo que hacemos”.
El titular de la CNDH sostiene: “con el gobierno hubo distanciamiento porque hacíamos nuestro trabajo. Si hubiésemos sido complacientes, tapaderas o alcahuetes, habríamos tenido una magnífica relación, pero nuestros nexos son ríspidos y hasta violentos”.
–Con la llegada de este gobierno, ¿notó algún cambio en el respeto a los derechos humanos?
–Con el gobierno de Fox tuvimos salida de caballo y llegada de burro. Fox hablaba de ellos, pero a la hora de la verdad no hubo tal.
(La Jornada, 27 de enero de 2009)
martes 24 de febrero de 2009
ONG: no hay niveles aceptables cuando se trata de violaciones a derechos humanos
ACritican a general por considerar admisible la cifra de recomendaciones hechas a Sedena
Militares han torturado, ultrajado mujeres y asesinado a ciudadanos en retenes, deploran
Han saqueado hogares, desaparecido personas y realizado detenciones ilegales, acusan
Enrique Méndez y Víctor Ballinas
Reacciones de reprobación y censura recibió el titular del área de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jaime Antonio López Portillo, quien consideró que frente a 45 mil soldados que diariamente combaten al crimen organizado en México, las 671 recomendaciones hechas a la institución por violentar esas garantías "son aceptables" en términos númericos.
Legisladores federales; el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, y organizaciones no gubernamentales (ONG) puntualizaron que no es aceptable que las fuerzas armadas cometan una sola violación.
Los diputados Juan Guerra Ochoa (perredista), Samuel Aguilar (priísta) y Silvano Garay (petista) aseveraron que nada justifica los abusos militares en los operativos contra la delincuencia.
“No es justificable que se afirme que se trata de casos ‘totalmente involuntarios’, porque agresiones contra civiles rompen con la tradición militar de defensa de la población”, advirtió Aguilar.
Guerra Ochoa apuntó: "no hay niveles aceptables cuando se trata de violaciones a derechos humanos. Ninguna es aceptable, lo importante es que no las haya".
Silvano Garay deploró a su vez que "ahora se pretenda minimizar el número de quejas contra la actuación de las fuerzas armadas", porque se trata de casi dos diarias en solo un año, "cuando no debía ocurrir una sola".
Entrevistado también en San Lázaro, Álvarez Icaza aseguró que el respeto a los derechos humanos "es una estricta obligación (del Ejército), no una molestia", y aseguró que en las operaciones de fuerza pública, militar y policiaca, debe existir estricta consideración a los ciudadanos.
Apuntó que en la defensa del derecho a la seguridad no pueden violarse las garantías de los ciudadanos. "No puede ser que la intervención de las fuerzas del orden genere nuevas violaciones o maltratos", declaró.
De acuerdo con ONG defensoras de las garantías individuales, entre ellas la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), los soldados "han cometido cientos de violaciones graves a los derechos humanos; han ultrajado ancianas, señoras y menores de edad; han asesinado a ciudadanos en los retenes; han torturado, saqueado hogares, desaparecido personas; han detenido ilegalmente, y (han perpetrado) muchas atrocidades más, y eso no lo dice el titular de Derechos Humanos de la Sedena".
Gloria Ramírez, presidenta de la AMDH; Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, y Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, indicaron: "es una afrenta y un menosprecio a los derechos humanos. Con ese discurso muestra (el general) López Portillo que no entiende las obligaciones del país con la comunidad internacional".
Gloria Ramírez manifestó: "es lamentable que partamos de esa concepción que tienen las fuerzas castrenses sobre el respeto y el cumplimiento a los derechos humanos. No hay ningún margen, ningún umbral aceptable de violación a los derechos humanos; con esa respuesta ofenden a las víctimas y a la comunidad internacional".
(La Jornada, 24 de febrero de 2009)
lunes 23 de febrero de 2009
Las quejas en contra del Ejército “no son muchas”
Aceptables resultados en derechos humanos: general López Portillo
Diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra antinarco
Necesarias, reformas para dar solidez legal a esa participación, señala
Jesús Aranda
Los resultados del Ejército Mexicano en materia de respeto a los derechos humanos "son aceptables", porque a pesar de que se incrementó la presencia militar en el combate al crimen organizado (diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra contra el narcotráfico) "no son muchas" las recomendaciones (671) presentadas en contra de soldados en el año anterior, sostuvo el general de brigada Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Añadió que hacen falta reformas para dar "solidez" legal a la participación militar en las funciones de seguridad pública. Lo que se busca es mayor eficiencia de las fuerzas armadas "para hacer nuestro trabajo" con certeza y seguridad jurídica, señaló.
El fuero castrense
En entrevista con La Jornada, el general López Portillo, quien fuera procurador militar, dijo que no se prevén cambios en el Código de Justicia Militar para juzgar en el fuero común a militares que cometan delitos en agravio de civiles. "No es que uno quiera retener la competencia (el fuero castrense) por capricho", pero ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha demostrado que el fuero de guerra sirva de coto de impunidad, "lo han dicho, pero no lo prueban, si hubieran probado un caso a lo mejor tendríamos problemas".
Respecto del caso de los dos eperristas desaparecidos el 24 de mayo de 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, precisó que la Sedena no tiene ninguna información sobre su paradero.
"La dirección a mi cargo requirió a todos los mandos del país y a todos los ministerios públicos que informaran si tenían conocimiento sobre el caso; incluso vinieron a las instalaciones del Campo Militar Número Uno a inspeccionar la prisión militar, a revisar los libros, a interrogar internos; vino un actuario de un juzgado de distrito y toda esta información se le entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió una recomendación en la que no nos señala a nosotros."
Durante la plática, desarrollada en la sala de prensa de la Sedena, el funcionario –que recorrió todos los escalones de la justicia castrense– comentó que las denuncias más significativas en contra de soldados son las presentadas en Sinaloa de Leyva –cinco miembros de una familia, tres de ellos niños, acribillados– y la de Santiago de los Caballeros –cuatro civiles muertos–, ambas en Sinaloa, así como la de Aldama, Chihuahua –donde una mujer embarazada murió a tiros–, y una de Reynosa, Tamaulipas –donde murió otro civil–, casos, dijo, "que son totalmente involuntarios".
–¿Cómo ha influido la participación del Ejército en contra de la delincuencia organizada para que se incrementen las quejas?
–Tenemos un despliegue de 45 mil elementos diariamente, más todo el trabajo administrativo en todas las unidades y dependencias del Ejército. Estamos hablando de un despliegue diario de 185 mil hombres y mujeres, y de mil 200 quejas (ante la CNDH), de las cuales sólo 671 dan lugar a una recomendación y 15 recomendaciones en el último año; estimamos que el número de quejas no es mucho en relación con la cantidad de gente que tenemos trabajando. Esto habla de que el adiestramiento del personal es adecuado.
–¿Ha disminuido algún factor de medición en las quejas que han conocido?
–Obviamente se incrementó la participación del Ejército en contra de la delincuencia organizada y esto genera un aparente incremento en las quejas. A golpe de vista pareciera que son muchas y que fuimos el primer lugar en esta materia pero, si hacemos un balance en cuanto a la actividad que se desarrolla, es positiva la actuación del personal militar. Obviamente quisiéramos no tener ni siquiera una reclamación, pero sólo se puede caer del caballo el que anda a caballo, ¿no? Estamos trabajando fuerte en beneficio del país, y pues se tiene este tipo de resultados que consideramos son aceptables, desde mi punto de vista y en el momento actual.
–¿Qué me puede comentar de su participacion en Ginebra?
–Se hicieron señalamientos sobre el fuero de guerra y la revisión del Código de Justicia Militar por parte de algunos países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero no se trata de una sentencia, son sugerencias. Ahí señalaron que revisemos el Código de Justicia Militar para otorgarle estándares internacionales en materia de derechos humanos.
"Como el bien jurídico tutelado es la disciplina militar, lo que busca el fuero de guerra es mantener la disciplina, que no tengamos un grupo de seres armados sin que nadie los controle. Hasta ahorita hemos demostrado que tenemos control hacia el interior en el funcionamiento de las fuerzas armadas."
–¿Cómo avanzar hacia un sistema en el que quede atrás la percepción de que las denuncias por violaciones a los derechos humanos que cometen militares quedan impunes?
–Nuestras sentencias y procedimientos son revisables mediante el amparo, y esa es una garantía para evitar la impunidad en favor de alguien.
“No nos han citado un caso concreto donde se diga, ‘aquí están los elementos de prueba en donde es contundente que el fuero de guerra ha sido un coto de impunidad’, y se ha mencionado a escala internacional; incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, pero no lo prueba. Si hubieran probado un caso, a lo mejor tendríamos ya problemas, independientemente de quién lo generaría.”
–Ha habido recientemente manifestaciones en Nuevo León y otros estados en contra de la presencia militar. ¿Este tipo de reclamos, qué tanto pueden enrarecer el ambiente, cuando la propia Sedena ha dicho que castigará cualquier acto ilícito de sus integrantes?
–No lo enturbia, porque lo que estamos haciendo es un trabajo lo más eficaz posible para el Estado mexicano como fuerzas armadas, participando subsidiariamente en actividades de seguridad pública. Todo tipo de expresión que hemos visto a escala nacional y en otros temas genera un incentivo para las autoridades. Nos obliga a revisar nuestras estructuras, organización, funcionamiento, nuestra logística, todo lo que es necesario para mejorar nuestro servicio.
–¿No es un contrasentido que por una parte el Ejército diga que en cuanto se fortalezcan las policías se retraerá de labores de seguridad pública, y que por otra el general secretario Guillermo Galván afirme que van a seguir actuando y que se requiere de mayor cobijo legal?
–Tal vez, las fuerzas policiales están haciendo lo suyo, no se minimiza, pero a lo mejor se maneja más el aspecto de que es más intenso el trabajo de las fuerzas armadas que el de las policías. Independientemente de la desarticulación de la que se habla mucho, porque cada municipio, cada estado, tiene su propia policía, y en el caso de las fuerzas armadas somos un ente monolítico a escala nacional.
(La Jornada, 23 de febrero de 2009)
jueves 19 de febrero de 2009
Cae banda de plagiarios; el líder fue militar
edacción
El Universal
Ciudad de México Jueves 19 de febrero de 2009
19:49
Agente federales detuvieron en el estado de México a 12 presuntos secuestradores, integrantes de la organización criminal identificada como "Los Tenientes", incluyendo a su presunto líder, quien dijo que perteneció al Ejército y a la SSP del Distrito Federal, informó la Secretaría de Seguridad Pública federal.
En el operativo, efectuado en Ixtapaluca, los elementos de la Policía Federal liberaron a un empresario que estaba plagiado.
A través de un comunicado, la dependencia detalló que, producto del trabajo de inteligencia, se logró ubicar la zona de operaciones de la banda y el lugar donde se reunían para planear la logística de su siguiente secuestro.
Los efectivos desplegaron un operativo que permitió la captura del presunto líder y 11 integrantes más del grupo.
José Antonio Cruz González, "El Jarocho", de 31 años de edad, fue identificado como el presunto jefe de la banda, cuya función era la de negociar con los familiares de las víctimas y dirigir las acciones de los integrantes de la organización criminal.
El detenido manifestó haber pertenecido al Ejército mexicano y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
También fue detenido Juan Gutiérrez Galván, "La Chata", de 33 años de edad, considerado como el probable segundo mando en la organización, cuya función era cuidar la periferia de la zona de operación, reclutar nuevos integrantes de la banda y pagar sus servicios.
Además, Hugo Armando Hernández Ochoa, "El Furcio", de 29 años de edad, tercero al mando del grupo, con la probable función de interceptar y cuidar a las víctimas.
José Juan Pedraza Pérez, "Pepe el Toro" o "El Judas", de 33 años de edad, quien participaba en la intercepción de las víctimas y las trasladaba a la casa de seguridad.
Juan Carlos Díaz Díaz, "El Oso", de 26 años de edad, quien presuntamente se encargaba de conseguir las armas; Calixto Sánchez Jacinto, "El Calimán", de 40 años de edad, probable encargado de cuidar a las víctimas, y Luis Alberto Segura Rodríguez, "El Bob Esponja", de 24 años de edad, cuya función era cuidar y alimentar a las víctimas.
También, José Eduardo Sánchez Galván, "El Solín", de 20 años de edad; encargado de alimentar a las víctimas; Marlen Judith Montes Hernández, de 19 años de edad, quien tenía la tarea de cuidar a los plagiados, y Lucero Villanueva Valencia, de 24 años de edad.
Rosenda Elizabeth López Ochoa, de 25 años de edad, quien probablemente facilitaba su domicilio para realizar reuniones, e Iván Ramírez Chávez, de 28 años de edad.
Los agente aseguraron además una pistola calibre 9 milímetros, número de serie 77884737; un cargador abastecido; seis teléfonos celulares; dos radios de comunicación, y diversas identificaciones.
Además, un vehículo Nissan Tsuru, con placas de circulación MAJ79-28, del Estado de México, y un Volkswagen Bora, con placas 123ULU, del Distrito Federal.
"La captura tuvo lugar en el domicilio ubicado en calle Escudo 1030, en Villas de Jesús María, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde la banda mantenía en cautiverio a un empresario de materiales para la construcción, de 40 años de edad, secuestrado en enero, por quien exigían una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de su liberación, hechos asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/02/2009", refirió la dependencia.
La banda, agregó la SSPF, también había secuestrado a un empresario transportista de 63 años de edad, en octubre de 2008, a quien liberaron tras un pago de rescate.
"En seguimiento a la investigación de gabinete y campo, el 5 de enero de 2009 elementos federales detuvieron a un presunto secuestrador, identificado como Alejandro Bernardino Sánchez (a) "El Kano", quien en su declaración ministerial proporcionó alias y retratos hablados de los integrantes de esta organización criminal", abundó.
Con la información aportada por el detenido, comenzó la búsqueda de los demás miembros de la banda en colonias de Ixtapaluca, hasta llegar a la ubicación del jefe del grupo criminal "Los Tenientes".
La información permitió saber de dos inmuebles más utilizados como casas de seguridad, en las inmediaciones del fraccionamiento de Los Héroes y San Buenaventura, en dicho municipio.
"ediante una vigilancia permanente se logró ubicar el domicilio de calle Escudo 1030, Villas de Jesús María, en Ixtapaluca, estado de México, como el lugar donde los integrantes de la banda se reunían para planear su siguiente secuestro, lo que llevó finalmente a su captura".
De acuerdo con la dependencia, el modo de operar de la organización consistía en ingresar con lujo de violencia en los negocios de las víctimas y/o interceptarlas en las cercanías de sus domicilios, para lo cual se hacían pasar por elementos de la Policía Judicial, quienes aparentaban estar ejecutando una orden de aprehensión.
Luego introducían a las víctimas a vehículos con las características de los empleados por las autoridades policíacas, en los cuales partían con rumbo desconocido.
Los cobros de rescate los hacían en las inmediaciones de Chalco, estado de México, donde citaban a los familiares de los secuestrados en sitios públicos, en los que los observaban y conducían a otros lugares más vulnerables.
fml
(El Universal, 19 de febrero de 2009)
domingo 15 de febrero de 2009
Militares: el enemigo, de la misma familia
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Las bajas más agraviantes que ha sufrido el Ejército en el combate al narcotráfico no son resultado de enfrentamientos con sicarios, sino ejecuciones realizadas por excompañeros de armas, entrenados por la Secretaría de la Defensa Nacional, que se han pasado a las filas del crimen organizado, o por células protegidas por altos mandos. En menos de cuatro meses, 21 militares han sido asesinados por quienes alguna vez formaron parte de los "incorruptibles".
Los enemigos más letales para el Ejército mexicano han salido de sus propias filas. Agrupados en su mayoría en Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, hombres que alguna vez fueron militares son los responsables de los más graves ataques contra las fuerzas armadas en su enfrentamiento con los cárteles del narcotráfico.
En los últimos tres meses y medio, las bajas más significativas y agraviantes para el Ejército se han producido en Cancún, Quintana Roo; Chilpancingo, Guerrero, y Monterrey y sus alrededores, en Nuevo León, a manos de narcotraficantes que formaron parte de esa institución o que, de acuerdo con los propios grupos dedicados al tráfico de drogas, tienen alianzas con militares en activo.Contrario al discurso del presidente Felipe Calderón sobre la incorruptibilidad de los soldados mexicanos, los golpes más extremos contra el Ejército han sido planeados y ejecutados por quienes fueron preparados y especializados, tanto en México como en el extranjero, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Del 17 de octubre de 2008 al 3 de febrero pasado, un total de 21 militares, incluido un general de brigada en retiro, fueron ejecutados por células de Los Zetas, surgidas del propio Ejército, y de los hermanos Beltrán Leyva, vinculadas a su vez con militares en funciones. De esas 21 muertes, 11 fueron por acuchillamiento, ocho por decapitación y dos por tortura. A diferencia de las bajas ocurridas durante enfrentamientos con sicarios, esas víctimas han sido “levantadas” o acorraladas y sometidas en presencia de numerosos testigos.Según datos públicos de la Sedena, hasta antes del martes 3 el Ejército había sufrido 68 bajas, tanto de militares en activo como en retiro, desde que comenzaron los operativos contra el narcotráfico en diciembre de 2006. Las mayores cantidades de víctimas se han registrado en Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.Las dos bajas más reciente sufridas por el Ejército ocurrieron en Cancún, el martes 3. El general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones y su asistente, el teniente de infantería Getulio César Román Zúñiga, fueron torturados y asesinados por un grupo que la Sedena identificó como Zetas, con la participación de exmiembros de la institución armada.Pasado a retiro apenas el 1 de enero, el general Tello Quiñones estaba a cargo de la creación de un grupo especial contra el narcotráfico integrado por 100 militares y que iba a estar bajo el mando directo del presidente municipal de Benito Juárez, en Cancún, Gregorio Sánchez Martínez.Originario de Coacolman, en la zona serrana del suroeste de Michoacán dominada por el narcotráfico, el alcalde conocido en Cancún como Greg asegura que la designación de Téllez Quiñones fue por recomendación del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.Junto con el general y su asistente fue asesinado el civil Juan Ramírez Sánchez, sobrino de Greg, cuestionado por los presuntos vínculos de su familia con la delincuencia organizada (Proceso 1684).
El verdugo
La muerte de Tello Quiñones fue un severo golpe para el Ejército. No sólo porque se trata del militar de mayor rango que asesina el crimen organizado, sino porque entre 2007 y 2008 el general fue comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia, donde participó en el Operativo Michoacán en contra del narcotráfico.El autor intelectual de estos crímenes fue Octavio Almanza Morales, alias El Gori 4, un exmilitar que, hasta su captura, el lunes 9, era el jefe de la célula de la organización de Osiel Cárdenas Guillén, del cártel del Golfo, en Cancún.Al informar de su detención, el miércoles 11, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, el general de brigada Luis Arturo Oliver Cen, confirmó que El Gori 4 perteneció al Ejército, al que ingresó el 20 de mayo de 1997 y del que se dio de baja el 1 de julio de 2004.Junto con El Gori 4, actuaban como Zetas en Cancún sus hermanos Raymundo y Eduardo Almanza Morales, quienes también formaron parte del Ejército. De acuerdo con Oliver Cen, ambos lograron escapar del operativo en que fue detenida la célula del cártel del Golfo. Según la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, los dos exmilitares huyeron a Belice. Ni la Sedena ni la PGR indicaron el grado militar que alcanzaron los hermanos Almanza Morales en el Ejército. El Gori 4 no aparecía en la lista de los delincuentes más buscados que la PGR tiene en su sitio de internet.El asesinato del general Tello Quiñones fue la primera acción de envergadura emprendida por Almanza Morales, quien llegó recientemente a Cancún para sustituir como jefe de Los Zetas en la plaza a Javier Díaz Ramón, alias El Java Díaz, detenido por el Ejército el 22 de diciembre pasado, en el puerto de Veracruz.Octavio Almanza Morales fue lugarteniente de Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, en el estado de de Nuevo León. Su captura, producto de una delación, fue significativa para el propio Ejército. La Sedena lo identifica también como corresponsable de la ejecución de nueve de los 11 militares asesinados en Monterrey en octubre pasado. Las bajas ocurrieron entre el 17 y el 22 de octubre de 2008 en actos de extrema crueldad, pues los efectivos castrenses fueron atacados con armas punzocortantes y lesionados en el cuello y en el tórax. Algunos de los restos fueron abandonados en terrenos baldíos y otros quedaron en el lugar de la agresión (Proceso 1669).El primer ataque contra los militares en Monterrey, desde que en diciembre de 2007 se echó a andar el Operativo Nuevo León Seguro, ocurrió la noche del martes 14 de octubre en un bar en pleno centro de la ciudad. Tres militares fueron acuchillados: Éder Missael Díaz García, Roberto Hernández Santiago y David Hernández Martínez.Cuatro días después, el sábado 18, los cadáveres de otros tres militares y un exmilitar aparecieron en distintos lugares, también acuchillados.Los cuerpos de David Hernández Aquino y Juan José Pérez Bautista quedaron en un parque de Country La Silla, en el vecino municipio de Guadalupe. Otro más, el de Gerardo Santiago Santiago, fue dejado a un lado de la cantina Los Generales, en el municipio de Juárez. La cuarta víctima fue Eligio Hernández Hernández, quien como exmilitar trabajaba en una empresa de seguridad. Fue apuñalado mientras estaba esposado con las manos en la espalda. Al día siguiente, domingo 19, otros tres militares aparecieron muertos en el ejido Las Margaritas, en el municipio de Santiago. Anastasio Hernández, Claudio Abad Hernández y Héctor Miguel Melchor Hernández –quien también era empleado de una empresa de seguridad– fueron degollados. Las violentas agresiones contra el Ejército en Monterrey culminaron el 22 de octubre, con tres asesinatos más. Uno de los ejecutados era el sargento segundo de la Séptima Zona Militar, Germán Cruz Lara. De acuerdo con la autopsia, su cuerpo presentaba cuchilladas en tórax y abdomen; golpes en la cabeza, pecho, hombros y rodillas, y quemaduras de segundo grado en brazos y antebrazos, espalda y abdomen.Todas esas muertes ocurrieron cuando el comandante de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, era el general de división Javier del Real Magallanes. Desde el 4 de diciembre de 2008, el divisionario es subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, responsable de los operativos de la policía federal contra la delincuencia organizada.Según la Sedena, en todas esas ejecuciones participó El Gori 4, quien fue detenido junto con otras seis personas como presuntas responsables del asesinato de los dos militares en Cancún.
Los decapitados
La saña de los asesinatos en Monterrey fue sólo el aviso de lo que vendría después en Chilpancingo Guerrero, donde ocho militares fueron decapitados, siete de ellos aún con vida, según el expediente de la investigación al que este semanario tuvo acceso.El primer caso ocurrió el 9 de diciembre, cuando fue asesinado el sargento Carlos Alberto Navarrete Moreno. Su cabeza fue depositada en una cubeta sobre el monumento a las Banderas, en una de las calles más transitadas de la ciudad, junto con un mensaje: “Según los militares, andan combatiendo la delincuencia organizada y resultan secuestradores. Esto les va a pasar por putos”.
Las otras víctimas fueron militares de entre 21 y 38 años de edad adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, quienes fueron interceptados en diferentes puntos de la ciudad –algunos frente a numerosos testigos– por uno o varios comandos armados, entre las ocho de la noche del 20 y los primeros minutos del 21 de diciembre. En total, fueron levantados siete militares que estaban francos: el capitán Ervin Hernández Umaña, los sargentos Juan Humberto Tapia Romero y Ricardo Marcos Chino; los cabos José González Mentado y Juan Muñoz Morales, así como los soldados Julián Teresa Cruz y Catarino Martínez Morales.Junto con ellos fueron asesinados Simón Vences Martínez, quien fue subdirector de la Policía Judicial en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, y el indígena de 22 años Oligario Vázquez Quiroz, originario del municipio de Tlacopa, quien cumplía labores de limpieza en el 41 Batallón de Infantería de Chilpancingo y que estaba por ser dado de alta como soldado.El expediente de la averiguación previa por el delito de homicidio AP/BRA/SC/02/2725/2008 integrada por la Procuraduría de Justicia Guerrero, al que Proceso tuvo acceso, establece la causa de la muerte de los uniformados: “shock hipobolémico por hemorragia externa, producido por desprendimiento de extremidad cefálica consecutivo a herida producida por decapitación”.El dictamen forense registrado con el número 352/2008 señala que los victimarios utilizaron un instrumento denominado sierra tipo Giggy, un cable metálico dentado muy delgado y flexible que utilizan los traumatólogos para cortar hueso en cirugías. Precisa que, a pesar de haber sido amordazados, no sufrieron asfixia debido a que los decapitaron ante mortem.Sus cabezas fueron abandonadas en el estacionamiento de un centro comercial cercano a la 35 Zona Militar, al sur de la ciudad. Los cuerpos fueron arrojados en dos lugares al norte.Aunque la Sedena no le ha atribuido oficialmente a ninguna organización esos crímenes, la represión militar después de los hechos (que el Ejército públicamente asumió como “una ofensa que no quedará impune”) se ha concentrado en una célula de la organización de los hermanos Beltrán Leyva en la región de Costa Grande, incluido el puerto de Zihuatanejo.Grupos contrarios a esa organización en la zona han colocado narcomantas para señalar al coronel Víctor Manuel González Trejo, comandante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, como protector del exalcalde del lugar, Rogaciano Alva Álvarez, y de Reynaldo El Rey Zambada, detenido en octubre pasado.A finales de enero se informó extraoficialmente que González Trejo fue relevado por el coronel de Infantería Marco Antonio Hernández Chávez, un militar ascendido en noviembre pasado por Calderón. De acuerdo con esa misma versión, González Trejo estaría siendo investigado por los señalamientos en su contra.El coronel González Trejo no es el único militar de la zona que ha sido acusado como protector de narcotraficantes. El teniente coronel José Alfaro Zepeda Soto fue mencionado en narcomantas colocadas en puentes peatonales y edificios públicos en los municipios de La Unión y Petatlán, también en la Costa Grande, además de Acapulco, Guerrero, así como en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El teniente coronel Zepeda Soto, comandante del grupo de Morteros en Zacatula, en el municipio de La Unión, es señalado como protector de José Ángel Pineda Sánchez, alias El Calentano.En los narcomensajes, dirigidos al titular de la Sedena, se asegura que ese jefe militar y El Calentano recibían dinero de Jaime González Durán, El Hummer, uno de los fundadores y jefes de Los Zetas detenido a principios de noviembre del año pasado en Reynosa, Tamaulipas. El pago, alegaron, fue a cambio de la protección de las actividades del brazo armado del cartel del Golfo en Guerrero (Proceso 1678).El Hummer también perteneció al Ejército. Causó alta el 15 de noviembre de 1991 y desertó el 24 de febrero de 1999 para unirse al también exmilitar Arturo Guzmán Decenas y al expolicía Heriberto Lazcano El Lazca, otros de los fundadores de Los Zetas al servicio del cártel del Golfo.
Los incorruptibles
A pesar de que las muertes de militares de los últimos meses están presuntamente vinculadas con actividades ilegales de compañeros y excompañeros del Ejército, Felipe Calderón aseguró el martes 10 que los soldados de México son incorruptibles.Durante la ceremonia del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en Tecámac, Estado de México, luego de pedir un minuto de silencio por el asesinato del general Tello Quiñones en Cancún, aventuró: “El general Vicente Riva Palacio decía con razón que toda sociedad guarda en su seno un germen incorruptible de moralidad y un núcleo de hombres que ni la seducción ni el miedo alcanzan a corromper. Así concibo yo a los soldados de México”. Añadió: “México ve en los integrantes de nuestras instituciones una reserva de esos valores que son la garantía verdadera de la Nación”.Además de los militares asesinados por exmiembros del Ejército, hay varios casos en que militares han sido asesinados por sus relaciones con la delincuencia organizada. El más reciente ocurrió el lunes 9, cuando un comando armado ingresó al penal de Torreón, Coahuila, para matar y posteriormente quemar con gasolina a tres secuestradores que apenas horas antes habían sido encarcelados.Uno de ellos fue Ubaldo Gómez Fuentes, El Uba, un subteniente que perteneció al Grupo de Inteligencia Militar del 33 Batallón de Infantería, detenido a principios de enero en Coahuila por el secuestro y asesinato del empresario regiomontano Rodolfo Alanís.
(Con información de Ezequiel Flores, en Chilpancingo.)
(Proceso, febrero de 2009, vía El Sentir de Cohahuila)
La CNDH de acusa a funcionarios de hacer desaparecer a dos guerrilleros
15 de Febrero, 2009 - 19:23 —
México, 15 feb (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) aseguró hoy que funcionarios del gobierno del sureño estado de Oaxaca son responsables de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyo paradero se desconoce desde el 24 de mayo de 2007.
La CNDH emitió una recomendación al Secretario de Gobernación (Interior), Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz; y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández, por el caso de los guerrilleros desaparecidos y exigió al Ejecutivo "la presentación con vida de los agraviados".
Los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya, y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, desaparecieron en 2007 después de haber sido detenidos en un retén.
Según la CNDH (defensoría del pueblo), a través de investigaciones propias logró demostrar "violaciones a derechos humanos" de los desaparecidos por lo que las autoridades tienen "la obligación de restituirles el pleno goce de sus derechos fundamentales conculcados, así como a repararles, o en su caso a sus familiares, los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado".
El organismo detalló en un comunicado que existen "indicios suficientes" para establecer que funcionarios de la policía y de la fiscalía de Oaxaca y de las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez "omitieron realizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero" de los dos hombres.
Además criticó que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) no haya "obtenido resultado alguno" tras 18 meses de investigaciones.
La dependencia señaló también que los agentes policiacos que participaron en el retén en el que fueron detenidos los insurgentes "incurrieron en omisiones y graves contradicciones al manejar versiones distintas" sobre los hechos.
"Cobra mayor certeza la presunción de que ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente trasladados de manera velada a las instalaciones de la procuraduría estatal, entre el 24 y 25 de mayo de 2007, fecha a partir de la cual nada se volvió a saber de su paradero", subrayó.
A su vez, la CNDH denunció que la PGR se niega a compartir información del caso y aseguró que muchos funcionarios de la defensoría han sido amenazados por agentes de esa corporación.
Para llegar a sus conclusiones la institución de defensa de los derechos humanos realizó entrevistas a familiares de los ausentes, funcionarios públicos federales, estatales y municipales, así como a organismos no gubernamentales, empleados de establecimientos comerciales, autoridades religiosas, testigos y vecinos, entre otras cosas.
El informe de la CNDH sobre el caso consta de 10.089 hojas y 17 tomos.
En abril de 2008, el EPR propuso la creación de una comisión de mediación para dialogar con el Gobierno, con el objetivo de lograr la presentación con vida de dos de sus militantes desaparecidos hace un año, la cual fue instalada.
El EPR, que surgió en 1996 en el sureño estado de Guerrero, perpetró en junio y septiembre de 2007 atentados con explosivos contra la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), para exigir la aparición de sus militantes.
(SDP Noticias, 15 de febrero de 2009)
Derechos humanos: situación de alarma
Editorial
La injustificada detención de Raúl Lucas Lucía y Miguel Ponce Rosas –activistas de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco y cuyo paradero es hasta ahora desconocido–, realizada el pasado viernes en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, por presuntos policías de esa entidad, es un botón de muestra de la desastrosa situación que enfrenta el país en materia de respeto a las garantías individuales y vigencia de la legalidad, de la cual da cuenta el reciente informe realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre otras cosas, el documento exhorta al gobierno federal a erradicar las inveteradas prácticas de tortura y abusos cometidos por elementos del Ejército y de las corporaciones policiales; a combatir la impunidad que gozan las autoridades involucradas en los atropellos en contra de la sociedad; a armonizar la legislación nacional con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México; a ajustar el código militar a las obligaciones internacionales del país; a reformar el sistema de justicia y seguridad pública, y a poner fin al sistema de arraigo, práctica que rompe con el principio constitucional de presunción de inocencia.
La aplicación de tales medidas, y de otras orientadas a restituir la vigencia de los derechos humanos, resulta de obvia necesidad ante la persistencia de excesos represivos y autoritarios, y ante las constantes violaciones a las garantías básicas cometidas por las instancias gubernamentales y ampliamente documentadas por diversos sectores de la sociedad y organismos humanitarios. Sin embargo, hasta ahora los gobiernos de todos los niveles, empezando por el federal, no han dado signos de capacidad ni voluntad para avanzar en esa materia.
Al inicio del sexenio anterior, Vicente Fox pretendió mostrarse ante la opinión pública nacional e internacional como un gobernante respetuoso de las garantías individuales. Pero los hechos ocurridos en la segunda mitad de su administración mostraron conductas opuestas a las que Fox reivindicaba en los discursos, y pusieron en evidencia un régimen represor y proclive a criminalizar la protesta social en forma frecuente y extendida: así ocurrió con las torturas sufridas por manifestantes altermundistas en mayo de 2004 en Guadalajara, Jalisco, entidad entonces gobernada por Francisco Ramírez Acuña –primer secretario de Gobernación calderonista–; y con los actos de represión que tuvieron lugar en Texcoco y San Salvador Atenco, en Sicartsa y en Oaxaca, a finales de la administración foxista.
En poco más de dos años del actual ciclo de gobierno, el tema de los derechos humanos ha sido relegado a un lugar marginal del discurso oficial, y las autoridades federales, lejos de hacer algo por esclarecer y castigar los abusos cometidos en el sexenio anterior, han propiciado el agravamiento del estado de las garantías individuales, se ha continuado con la aberrante práctica policial de “fabricar” culpables y criminalizar a los disidentes, y se ha garantizado la impunidad de gobernadores como los de Puebla, Mario Marín; Oaxaca, Ulises Ruiz, y estado de México, Enrique Peña Nieto, señalados como violadores prominentes de los derechos humanos. Por añadidura, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, se han cometido graves atropellos en contra de la población civil, a pesar de los cuales la administración calderonista ha sido renuente a modificar una política de seguridad que, por lo demás, ha demostrado ineficacia para mejorar las condiciones de seguridad pública. Con ello, ha quedado en evidencia un doble rasero por parte del gobierno federal, que se dice dispuesto a perseguir los graves delitos perpetrados por las organizaciones criminales, pero no hace lo propio con las ofensas a la sociedad que cometen quienes supuestamente debieran hacer cumplir la ley.
La situación de los derechos humanos en el país constituye un factor de alarma para la población en su conjunto, un elemento adicional de exasperación social y un lastre fundamental para el cumplimiento del estado de derecho. Es obligado, en suma, que las autoridades atiendan esta circunstancia, si no por elementales consideraciones éticas y legales, sí al menos por razones políticas y de imagen, pues un régimen que no respeta las garantías individuales resulta impresentable ante su propia población y ante el mundo.
(La Jornada, 15 de febrero de 2009)
martes 10 de febrero de 2009
Honra Calderón a militar que estuvo preso por la matanza de seis jóvenes
-Moctezuma Zepeda, involucrado en el caso Buenos Aires
Claudia Herrera y Alfredo Méndez
El coronel de infantería Moctezuma Ilhuicamina Zepeda Rodríguez, uno de los militares que estuvieron presos por el caso Buenos Aires, recibió ayer de manos del presidente Felipe Calderón la condecoración al mérito de campaña contra el narcotráfico.
En 1997, el entonces teniente Zepeda Rodríguez se desempeñó como comandante del desaparecido grupo Jaguares, en la ciudad de México. Su jefe inmediato era el general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, entonces director de Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quien fue ejecutado la semana pasada por sicarios del narcotráfico.
Ambos militares encabezaron la operación Buenos Aires y se les involucró con la desaparición y muerte de seis jóvenes. No obstante, fueron absueltos tras haber obtenido sendos amparos.
El 8 de septiembre de 1997, luego del operativo policiaco, los cuerpos de tres jóvenes fueron encontrados con huellas de haber sido ejecutados con disparos en la boca. Los restos de los otros tres fueron localizados meses después en un paraje del Ajusco.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, el hoy coronel había sido invitado por Tello Quiñones para formar parte de un grupo especial de expertos militares que darían asesoría en materia de seguridad pública al ayuntamiento Benito Juárez-Cancún. El objetivo era enfrentar frontalmente a los cárteles de la droga que operan en ese destino turístico, uno de los principales puertos de entrada a cargamentos de cocaína colombiana y precursores químicos procedentes de Asia y Europa.
El grupo especial no se pudo conformar porque el general Tello Quiñones fue ejecutado.
En octubre de 1997, Eleazar Pérez Zavala, integrante del grupo Jaguares y a quien se acusó de las ejecuciones de tres jóvenes de la colonia Buenos Aires, relató a La Jornada que el 2 de octubre de ese año, en el batallón de Balbuena, fue llamado a la oficina de Moctezuma Ilhuicamina Zepeda Rodríguez, “donde también se encontraban el general Enrique Tello Quiñones, director de Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública, y el jefe de Motopatrullas, Jesús Alonso Valdez (Sagitario); éste último le advirtió: ‘ten cuidado con lo que hablas, porque si lo haces te va a pasar algo’”.
Además de Zepeda, ayer recibieron reconocimientos por su labor contra el narcotráfico los siguientes militares: el teniente de caballería Rubén González Bonales, el subteniente de infantería José Antonio Sánchez Escobar, el sargento segundo de caballería José Ángel Zopillactle Sánchez, el subteniente de infantería René García Dávila, el sargento segundo de infantería Víctor Manuel Aquino Solórzano, el cabo de infantería Fidel Hernández Hernández y los soldados de infantería Rubén Vázquez Solano y Cayetano Ortiz Alarcón.
(La Jornada, 10 de febrero de 2009)
lunes 9 de febrero de 2009
La PFP “adopta” enseñanza militar
Anuncia el nuevo Coordinador General de Seguridad Regional que habrá una depuración y que imprimirá una visión castrense a la Policía Federal después de los escándalos de corrupción
Silvia Otero
El Universal
Lunes 09 de febrero de 2009
silvia.otero@eluniversal.com.mx
En entrevista con EL UNIVERSAL, el militar anuncia que habrá una depuración de efectivos de la PFP, y detalla que durante sus primeros días al frente de la corporación ha identificado deficiencias en el sistema educativo de los elementos que ingresan, por lo que asegura que el Instituto de Formación Policial “debe ser una escuela militar”.
Considera que la incorporación de militares a altos puestos en la Policía Federal Preventiva tiene un objetivo claro: imprimir la visión castrense en la corporación, una “mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, tras descubrirse la penetración del narcotráfico, que tenía a su servicio a jefes de alto nivel.
El reto como jefe de la corporación, señala, es cambiar la imagen que se tiene de la institución, después de los escándalos de corrupción, por lo que se ha iniciado un proceso de reclutamiento de nuevos elementos ante las vacantes que han dejado los policías destituidos, pero también habrá depuración: “el que no rinda, fuera”, sentencia.
Después de la detención de mandos presuntamente vinculados con el narcotráfico, no resulta casual el arribo a las filas de la SSP federal de militares en retiro. Además de Fregoso Cortés, fueron designados el general de división diplomado de Estado Mayor Javier del Real Magallanes como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, mientras que el también general Rodolfo Cruz coordina las Fuerzas Federales de Apoyo.
¿La visión de un militar era necesaria para reconducir las acciones de la PFP?
Nosotros tenemos una mística: servir a México. Estamos imbuidos de lealtad a toda prueba, a toda prueba la tenemos y la trajimos acá. He tenido muchos cargos operativos, he sido comandante de varias zonas militares, comandante de corporaciones, de unidades especiales, así que conozco perfectamente la administración, y mi chamba aquí es coordinar los recursos humanos, impulsarlos, escucharlos y orientarlos, ese es mi trabajo y lo estoy haciendo.
Fregoso Cortés no duda que la visión castrense hace hoy la diferencia en la corporación.
“Las órdenes que me dan son para mañana y eso hacemos, a lo mejor otro compañero no tiene esa mentalidad, pero la presencia del subsecretario, la presencia mía en coordinación con el general Cruz, en Fuerzas Federales, tiene esa orientación, dar una mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, dice.
¿Es lo que aportan ahora los militares en la secretaría?
Así es.
¿Costará sanear la institución?
La institución está bien, que vamos a tener que trabajar más para tener aspectos operativos positivos, sí, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr.
¿Qué falta operativamente?
Que la escuela de Formación Policial perfeccione sus sistemas educativos, que el sentido de pertenencia siga siendo vigente en ellos, que sea como una escuela militar, debe ser una escuela militar.
Fregoso Cortés asegura que contar con nuevos policías federales con una nueva mística de servicio es indispensable y el proceso no se puede retardar, “estamos a pasos acelerados, esto es para mañana, no me dijeron vienes y dentro de cinco años lo arreglas, no, lo quiero mañana, y así estamos trabajando”.
El general asegura que se está trabajando en “dar la imagen a la opinión pública de que la transparencia y la legalidad están presentes en la PFP, eso nos va a llevar tiempo todavía y tendremos que estar batallando y tendremos que estar aplicando la ley”.
¿Cómo garantizar que no se repitan los casos de corrupción a un alto nivel?
Con transparencia, en la forma de actuar, comportarse, en la forma en que vive uno, que no quede duda de que no hay algo turbio o chueco.
Tajante señala: “Tenemos perfectamente identificado que cuando hay encubrimiento y complicidad, cuando la autoridad no hace su trabajo, se mete en ese problema”.
(El Universal, 9 de febrero de 2009)
sábado 7 de febrero de 2009
Generales inermes
Jorge Luis Sierra
El gobierno debe estudiar y entender cabalmente las implicaciones y significados del secuestro, tortura y ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y sus acompañantes.
Esta es una señal de que los generales mexicanos que ocupan puestos municipales, estatales o federales de seguridad pública se han convertido en el blanco principal de los ataques de la delincuencia organizada, y en el foco de una estrategia criminal para producir terror y desmoralización en las filas del Ejército.
Antes veíamos a civiles indefensos que eran ejecutados apenas tomaban su cargo como secretarios de Seguridad Pública, ahora vemos a generales inermes víctimas de atentados.
Las características del crimen obligan a considerar la posibilidad de que el grupo ejecutor tuviera información precisa sobre el itinerario del general Tello, lo que supone la intervención de sus comunicaciones o una penetración exitosa de su primer círculo de colaboradores. También supone un factor de inseguridad más: el gobierno distribuye a mandos militares en las plazas críticas del narco, pero no parece brindarles el nivel de protección que necesitan.
El general Tello apenas se había retirado del Ejército para empezar a servir de inmediato en las filas de la policía municipal de Cancún, Quintana Roo. Lo mismo sucede con un conjunto de mandos castrenses que está solicitando licencia o pasando a retiro para reemplazar a civiles en cargos de seguridad pública.
En la medida en que este reemplazo está coordinado por el alto mando de la Sedana, los generales que toman posiciones en la seguridad pública de estados o municipios siguen bajo la cadena de mando militar, participan de una estrategia castrense unificada, pero no gozan de las mismas condiciones de seguridad. Al salir de su ámbito normal de operaciones, pierden la protección que les ofrece la disciplina y organización militar y entran en los medios policiales donde los sistemas de contrainteligencia son casi inexistentes y la vulnerablidad es extrema.
La muerte del general Tello ha puesto en duda el éxito de la Sedena para blindar contra la infiltración del narcotráfico a las estructuras policiales de Aguascalientes, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Baja California, Oaxaca y Chihuahua que dirigen por lo menos seis generales y dos jefes militares.
A diferencia del Ejército Popular Revolucionario que intentó varias veces emboscar a los generales comandantes de las zonas militares en Guerrero y Oaxaca, el narcotráfico evita al máximo el enfrentamiento directo con las tropas y espera que los soldados salgan de los cuarteles, cambien de uniforme y entren solitarios a una zona de riesgo controlada por las organizaciones criminales.
Sin embargo, más allá de ese riesgo que de por sí libra cualquier policía o militar que lucha contra el narcotráfico, la ejecución del general Tello también puede interpretarse como parte de una serie de provocaciones contra el Ejército, que incluyen el asesinato y la decapitación de soldados, el intento de sembrar el miedo en el medio militar y la estrategia de producir una respuesta dura de los mandos castrenses.
La delincuencia organizada parece estar dispuesta a aceptar el costo de una contraofensiva militar a cambio de acelerar el desgaste, ya sea por corrupción, el asesinato o simplemente desmoralización, del último recurso de fuerza con el que cuenta el Estado mexicano.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en seguridad y fuerzas armadas
(El Universal, 7 de febrero de 2009)
miércoles 28 de enero de 2009
Incompleto, informe de la CNDH sobre abusos de soldados contra civiles: ONG
-Omite señalar al Presidente como responsable de actos del Ejército
Emir Olivares y Alfredo Méndez
Aunque representa un avance, el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por soldados es incompleto, ya que el organismo omite pronunciarse seriamente sobre el fuero militar, el cual crea impunidad ante esos abusos, advierten integrantes de organizaciones no gubernamentales.
Tampoco señala –continúan– que uno de los responsables de las acciones del Ejército es el titular del Ejecutivo federal, como comandante supremo de las fuerzas armadas.
El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, resaltó que la cantidad de abusos cometidos por militares “no es nueva”, y que las organizaciones civiles las han documentado durante años, por lo que no bastan cifras para sancionar a los responsables.
Criticó que la CNDH haya omitido pronunciarse sobre el fuero militar, que “es lo que provoca la impunidad” en estos delitos, más aún cuando organismos externos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han determinado que ese furo tiene carácter restrictivo.
“No basta que la CNDH señale hechos y violaciones, sino que, con base en sus competencias, debe exigir que la justicia civil atraiga los delitos cometidos por militares contra la población, pues ante la parcialidad de los tribunales castrenses, no hay justicia para las víctimas; además, debe impulsar que se sancionen los abusos y dar un seguimiento a sus recomendaciones”, señaló Arriaga.
Indicó que otra omisión del organismo encabezado por José Luis Soberanes Fernández es que en ninguna de las recomendaciones emitidas a lo largo de los ocho años que señala el informe hace referencia a la responsabilidad del titular del Ejecutivo en las acciones del Ejército.
En tanto, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, coincidió en que “ninguna de las recomendaciones se ha dirigido al comandante supremo de las fuerzas armadas; la CNDH se conforma con hacer los señalamientos al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Indicó que otra de las instituciones que debió ser señalada por la CNDH es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que “ha convalidado las acciones del Ejército en tareas de seguridad pública con diversas tesis de jurisprudencia, lo que vulnera los artículos 16 y 129 constitucionales; acciones que a la postre provocan violaciones a las garantías de los ciudadanos”.
Por otro lado, Samuel González Ruiz, ex titular de la extinta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, consideró que las casi 7 mil violaciones a derechos humanos cometidas por militares en los ocho años recientes son “injustificables” y obedecen a que un órgano que no está diseñado para realizar labores de policía fue obligado a hacerlas.
(La Jornada, 28 de enero de 2009)
viernes 16 de enero de 2009
Militares filtraban datos a cárteles rivales
RICARDO RAVELO
MÉXICO, DF, 16 de enero (apro).- Varios militares adscritos a la SIEDO, así como al área de seguridad del presidente Felipe Calderón, sirvieron durante años tanto al cártel de Sinaloa como a sus rivales de Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, según declaró Jennifer, un testigo protegido clave en la Operación Limpieza.
Su testimonio forma parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, integrada por la Procuraduría General de la República (PGR), para poner en marcha la Operación Limpieza que inició en marzo de 2008, después que la agencia antidrogas estadunidense (DEA) informara al entonces titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, que su círculo cercano de colaboradores había sido infiltrado por el cártel de Sinaloa y, en particular, por la célula encabezada por los hermanos Beltrán Leyva.
Según Jennifer, los hermanos Beltrán Leyva estaban interesados en saber si existía una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán, hijo del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Los militares adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a través de sus contactos en la embajada de Estados Unidos en México, indagaron si había un expediente para extraditar al hijo de El Chapo.
Jennifer cuenta los detalles de los encuentros sostenidos con el mayor Arturo González, una de las piezas importantes en las tareas de filtración de información tanto del círculo cercano del presidente –formaba parte del grupo de Guardias Presidenciales y actualmente bajo arraigo-- como de las tareas militares en contra del cártel sinaloense.
“El licenciado Oscar”
En su declaración, Jennifer narra que conoció a un personaje al que le decían “El licenciado Oscar”. Este sujeto, según datos confirmados en la PGR, en realidad responde al nombre de Rey Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada, uno de los poderosos miembros del cártel de Sinaloa.
Cuenta Jennifer:
“Se verificó un segundo encuentro con el mayor Arturo González y con el ‘licenciado Oscar’… El declarante no recuerda la fecha exacta, pero fue más o menos un mes después de la primera vez… En esa ocasión en el restaurante Champú Hélices (de) la avenida Paseo de la Reforma, frente a la embajada… Esta vez el licenciado Oscar (Rey Zambada) estaba acompañado de otro sujeto que se presentó con su apellido, pero el declarante no lo recuerda… Dijo que llevaba asuntos de Los Zetas en la SIEDO y que representaba los intereses de ese cártel”.
El testigo refiere los detalles de cómo “el licenciado Oscar” –Rey Zambada– se mostró interesado en conocer la situación jurídica del hijo de El Chapo; quería saber –dice “Jennifer”– si lo iban a extraditar a Estados Unidos.
Así lo narra el testigo:
“En otra ocasión el licenciado Oscar preguntó muy interesado si se sabía si existía orden de extradición en contra de El Chapito, es decir, el hijo de El Chapo Guzmán. (el señor) Cueto López (señalado en la indagatoria como reclutador de personal militar y de la SIEDO para ponerlos al servicio de Los Beltrán) dijo que se lo informáramos de inmediato y llamó a Alberto Pérez Guerrero (actualmente tiene la clave “Felipe” y es testigo protegido), que trabajaba en la embajada americana”.
El mayor González Rodríguez –explica Jennifer-- no quiso que Pérez Guerrero entrara al restaurante donde estaban reunidos, por ello “envió al declarante y Pérez Guerrero sólo tuvo que cruzar la avenida Reforma… El declarante se encontró con él en la vía pública… El declarante le dijo lo que le interesaba y Pérez Guerrero respondió que no sabía que El Chapito tuviera orden de extradición, pero expuso que lo verificaría en la embajada y en Interpol, por lo que después el declarante regresó a la mesa informando lo sucedido”.
El testigo protegido señala que “el licenciado Oscar” se mostró bastante preocupado por la supuesta orden de extradición en contra de El Chapito… Tanto Cueto como el declarante le dijeron al licenciado Oscar que en la SIEDO se contaba con información de domicilios donde iban a intentar localizar a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapito, y al Mochomo (Alfredo Beltrán Leyva, actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco), y el licenciado Oscar dijo que le interesaban mucho esos datos, pero se le dijo que se le proporcionarían en otra ocasión.
El testigo agrega otros detalles de aquel encuentro:
“Al salir fuimos al despacho del licenciado que dijo representar los intereses de Los Zetas, porque Cueto había salido de pleito con su primo Rodolfo de la Guardia (exjefe de Interpol investigado por estar presuntamente coludido con el narco) y pensaba poner un despacho… Dicho abogado los llevó a un edificio de color blanco, de tres pisos, que se localiza a espaldas de la embajada americana, y dijo que era propietario de todo” el inmueble.
Luego siguieron otros encuentros entre personal de la SIEDO –tanto civiles como militares– con personajes del cártel de Sinaloa, a fin de ponerse se acuerdo en la protección de cargamentos de droga, detenciones de rivales y filtración de información sobre operativos en contra de ese cártel.
Puntualmente los miembros del cártel de Sinaloa, según “Jennifer”, eran informados de todas las acciones, y por esos servicios se les pagaban entre 300 y 450 mil dólares mensuales a los altos funcionarios de la PGR, muchos de ellos actualmente bajo arraigo.
(Proceso, 16 de enero de 2009)
martes 6 de enero de 2009
Dos militares son acusados de secuestro y asesinato de 3 personas
Las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, detallan que el oficial militar en activo que ya se encuentra bajo arraigo, responde al nombre de Ubaldo Gómez Fuentes, mientras que el otro oficial del Ejército en activo fue delatado por el hoy detenido, pero no ha sido presentado por las autoridades castrenses.
Torreón.- Dos tenientes egresados del Heroico Colegio Militar, que se desempeñaban en el área de inteligencia de la Onceava Región Militar, concretamente en el 33 Batallón de Infantería, son los que aparecen como secuestradores y homicidas de tres personas, uno de ellos empresario regiomontano y otro un vendedor de afores.
Incluso uno de los oficiales del Ejército, traía para su uso personal el vehículo Volkswagen Jetta, modelo 2008, color rojo, propiedad de su víctima que fue identificado como Jeremeel Fernández Morán quien se desempeñaba como ejecutivo comercial del ING afore y quien fue reportado como desaparecido el 19 de diciembre del año 2008 en Gómez Palacio.
Las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, detallan que el oficial militar en activo que ya se encuentra bajo arraigo, responde al nombre de Ubaldo Gómez Fuentes, mientras que el otro oficial del Ejército en activo fue delatado por el hoy detenido, pero no ha sido presentado por las autoridades castrenses.
Dichos tenientes presuntos secuestradores, son acusados del secuestro y homicidio del empresario regiomontano Rodolfo Alaniz, quien había acudido a la Comarca Lagunera para visitar algunos de sus familiares.
Fue así que luego de plagiarlo y cobrar su rescate, lo asesinaron y quemaron su cuerpo por las inmediaciones del Cerro Bola en el municipio de San Pedro de las Colonias.
Pero además de ese homicidio el teniente egresado del Heroico Colegio Militar, confesó al ser capturado que también habían secuestrado al ejecutivo de afores Dan Jeremeel Fernández Moran, al grado de que les fue asegurado el vehículo propiedad de la víctima.
Sobre la actuación de esos dos oficiales asignados al área de inteligencia del 33 Batallón de Infantería, desde el primer momento de la captura de Ubaldo Gómez Fuentes, se le dio aviso al General de la Onceava Región Militar.
Sin embargo de momento no ha sido presentado el otro teniente, que también hasta el día de hoy se encontraba en activo, de quien se presume es una persona sumamente violenta, especialista en el manejo de armas de fuego y explosivos.
Fue tras la presentación de los cuatro miembros de la banda de secuestradores por parte del Sub Procurador Domingo González Favela que se logró conocer que los presuntos delincuentes que eran comandados por los oficiales militares, habían perpetrado cuando menos tres secuestros.
Sin embargo dichos individuos, al cobrar el rescate no entregaban a sus víctimas, sino que simplemente las asesinaban y calcinaban los cuerpos.
En la Dirección General para la Investigación del Secuestro y Crimen Organizado, se indicó que la indagatoria se tiene desde la ciudad de Saltillo, aunque familiares de una de las víctimas detallaron que el carro en el que viajaba uno de sus parientes estaba a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.
(Milenio, 6 de enero de 2009)
sábado 3 de enero de 2009
Acusan de robo a soldados y agentes que realizaron operativo
Dos detenidos en Coahuila luego de horas de tiroteo con narcos
Acusan de robo a soldados y agentes que realizaron operativo
Gabriel León y Leopoldo Ramos Reportero y corresponsal
Como resultado del enfrentamiento armado del jueves entre fuerzas federales y un comando de sicarios en Torreón, Coahuila, fueron detenidos dos presuntos delincuentes, ocho elementos de la policía federal resultaron lesionados y vecinos de la colonia donde tuvieron lugar los hechos denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del estado haber sido víctimas de robos y hostigamiento por militares y policías, quienes presuntamente irrumpieron en sus residencias sin las órdenes de cateo argumentando que buscaban a los delincuentes que les habían dispaarado.
Uno de los ciudadanos afectados, Juan Gramillo, director general de la empresa Multimedios, dijo a las autoridades que sus dos hijos fueron intimidados y reportó la desaparición de 800 mil pesos en joyas, 35 mil pesos en efectivo, computadoras y otros artículos de valor. El quejoso tiene su domicilio en Paseo del Pozo número 200, justo a un costado de la vivienda donde se ocultaron los pistoleros.
La Procuraduría General de Justicia dijo que en al menos cinco viviendas más los moradores informaron de los hechos sólo por teléfono y se negaron a presentar las denuncias correspondientes.
El Ministerio Público de la Federación comenzó una averiguación previa contra dos presuntos delincuentes del cártel del Golfo, quienes fueron aprehendidos luego del enfrentamiento, informó la Procuraduría General de la República (PGR). De manera extraoficial, autoridades locales dieron a conocer que fueron detenidos una mujer y dos hombres en el domicilio donde se atrincheraron, luego de disparar y arrojar granadas a efectivos federales.
Sobre el enfrentamiento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal precisó que en la acción resultaron lesionados ocho elementos, quienes fueron trasladados a un hospital de la región –que inclusive es custodiado por militares– para que fueran atendidos. Autoridades locales reportaron como delicados a dos soldados.
En el lugar del enfrentamiento agentes de la policía federal y del Ejército mantienen un operativo en busca de más delincuentes.
La procuraduría abrió la indagatoria PGR/Coah/Torr/Ag-11/02/2009 contra Alberto Fuentes Quiroz y Martín Domínguez Alfonso –quienes según la secretaría son buscados por la justicia estadunidense por el delito de homicidio– por su presunta responsabilidad en actos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, resistencia de particulares y tentativa de homicidio.
La PGR detalló en un comunicado que elementos de la policía federal realizaron las capturas en la calle Del Pozo número 118, colonia Campestre La Rosita, luego del enfrentamiento. Al intentar huir, los sicarios lanzaron una granada a los policías.
Agregó que fueron entregados al representante social de la Federación cuatro vehículos, cargadores, 22 radios de comunicación, cuatro armas de fuego (dos AK 47, una AR-15 y una calibre 22), granadas de fragmentación, más de mil 600 cartuchos de diferentes calibres, 100 gramos de mariguana y uniformes militares, entre otras cosas.
A la información difundida previamente por la PGR, la SSP federal precisó que además fueron decomisadas un arma larga MP-5 y una pistola de fabricación alemana 5.7x28 mm (conocida como matapolicías). Abundó que se localizaron cuatro granadas de fragmentación.
El jueves, al filo de las 15 horas, fuerzas federales acudieron a la avenida Paseo del Olimpo, a espaldas de una unidad deportiva, donde les habían reportado la presencia de personas armadas en varios vehículos estacionados a un costado de una plaza pública.
Cuando los efectivos federales llegaron al lugar fueron recibidos a balazos y se inició una persecución que concluyó calles adelante, en la esquina de Saltillo 400 y Pavorreal, donde tuvo lugar un segundo enfrentamiento.
Un tercer choque a tiros, el más prolongado, ocurrió en la calle Paseo del Pozo, donde los pistoleros lograron refugiarse en una vivienda, en la que permanecieron atrincherados hasta la noche, cuando integrantes del Ejército se sumaron al operativo y se logró la captura de dos personas.
Autoridades locales han señalado que el domicilio donde se llevó a cabo la captura es centro de operaciones del presunto grupo delictivo, debido a que, indicaron, en el interior se encontraron objetos con los que probablemente los sicarios torturaban a sus víctimas.
(La Jornada, 3 de enero de 2009)
sábado 27 de diciembre de 2008
La inseguridad militar
Jorge Luis Sierra
La inseguridad militar
27 de diciembre de 2008
Varias implicaciones en el aspecto militar de la lucha contra el narcotráfico han emergido con fuerza en la última etapa del año, el más terrible en la historia reciente por el número de ejecuciones y el nivel de violencia de las partes en combate.
La primera es la disposición mostrada por la delincuencia para ejecutar soldados y provocar a las Fuerzas Armadas. Aunque el decapitamiento ha sido el símbolo más atroz de la violencia del narco, que las víctimas sean soldados ha enervado a los mandos castrenses. La tragedia de esta semana con ocho soldados decapitados en Guerrero provocó repudio de todos los niveles de gobierno. El hecho no es aislado: ya desde el 9 de diciembre los medios habían dado cuenta del decapitamiento de un soldado en Chilpancingo. En octubre, por lo menos otros 13 efectivos fueron degollados en Monterrey.
Consternados, los mandos militares han lanzado advertencias directas contra los responsables de esa matanza. La propia Sedena criticó en un comunicado, sin detallar nombres, a quienes han realizado “expresiones maliciosas” que denigran la memoria de los militares caídos.
La segunda implicación son los incidentes de abuso de la fuerza castrense, aunque no han encontrado el mismo repudio gubernamental. En su afán por cortar el flujo de drogas y armas, las tropas han establecido retenes en caminos rurales, puentes internacionales, accesos de entrada a las ciudades y en ellos se está registrando la muerte de civiles. El caso más reciente fue el de una mujer embarazada de 22 años abatida por los disparos de soldados cuando intentó cruzar sin detener su auto en un retén en Aldama, Chihuahua. En febrero, una persona falleció baleada y otra resultó herida por los disparos de soldados que intentaron detener su auto en un retén en Reynosa, Tamaulipas. En junio de 2007, dos mujeres y tres niños resultaron abatidos en circunstancias similares en Mocorito, Sinaloa.
Normalmente, las reglas de combate impiden que los soldados a cargo de retenes disparen a discreción cuando un civil viola la orden de parar su auto. En Kosovo esas reglas eran conocidas como las cinco eses: 1) shout, grite; 2) shoot, dispare al aire; 3) shoot, dispare para inutilizar el vehículo; 4) shoot, dispare para herir al conductor y 5) shoot, dispare a matar. La última opción sólo era utilizada cuando los soldados veían armas en el auto o cuando se reportaba la posibilidad de un ataque inminente.
Por los hechos, no queda claro cuáles son las reglas de combate que deben seguir los soldados mexicanos. Hasta ahora, lo que ha ocurrido en los retenes militares es que apuntan sus armas y jalan el gatillo cuando un conductor desobedece las órdenes y falla en detener su auto. Si las reglas no están claras, los retenes se convierten en puntos inseguros para los civiles.
La circunstancia que viven las Fuerzas Armadas es cada día más delicada. Están logrando avances de reducción del crimen en regiones como Tijuana o Reynosa, pero parecen incapaces de disminuir la ola de violencia acumulada en todo el país. Además, los incidentes de abuso de la fuerza contra civiles siguen ocurriendo y el narco, provocador, aprovecha los momentos en que algunos soldados bajan la guardia para matarlos. Hay que rendir honor a los soldados caídos y al mismo tiempo procesar a los responsables de los abusos cometidos.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en seguridad y fuerzas armadas
(El Universal, 27 de diciembre de 2008)
Detienen por narco a guardia presidencial
Arturo González Rodríguez, mayor del Ejército Mexicano, fue detenido y arraigado como parte de las investigaciones de la Operación Limpieza, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR)
Julián Sánchez
El Universal
Sábado 27 de diciembre de 2008
julsanba@eluniversal.com.mx
Arturo González Rodríguez, mayor del Ejército Mexicano, fue detenido y arraigado como parte de las investigaciones de la Operación Limpieza, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR).
Fuentes oficiales consultadas por EL UNIVERSAL confirmaron que González Rodríguez fue parte del cuerpo de Guardias Presidenciales. Además, versiones de un testigo protegido lo señalan como el militar que proporcionaba información sobre las actividades del presidente Felipe Calderón a dos cárteles: el de los hermanos Beltrán Leyva, y el de Sinaloa. A cambio era recompensado con 100 mil dólares mensuales.
El testigo protegido está identificado con la clave “Jennifer”. En sus declaraciones dijo a las autoridades que el guardia presidencial vendía, además, armas de la Secretaría de la Defensa Nacional a los narcotraficantes.
La fuente oficial dijo que Rodríguez fue delatado y detenido en las últimas horas. Desde hace meses se le buscaba, señaló. El 27 de octubre pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer el inicio de la Operación Limpieza, que ha desencadenado la detención y el proceso de los más altos mandos en la lucha contra el narco en México.
La PGR informó que ordenó la localización y presentación del oficial militar, y que obtuvo, de un juez federal, la autorización para arraigarlo por 40 días en el Centro de Investigaciones Federales, ubicado en la calle Doctor Ignacio Morones Prieto, número 43, colonia Doctores, en el Distrito Federal.
“El fiscal de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y con el fin de obtener elementos de prueba suficientes para determinar su probable responsabilidad, solicitó y obtuvo del juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro del expediente 46/2008-V, la medida cautelar de arraigo por 40 días en contra de Arturo González Rodríguez”, informó la PGR.
(El Universal, 27 de diciembre de 2008)
sábado 13 de diciembre de 2008
Justifica Sedena muerte de embarazada en Chihuahua
La Secretaría afirmó que dispararon ya que estaban en situación de alerta y la víctima no acató la orden de detener el vehículo que conducía a gran velocidad
Silvia Otero
El Universal
Ciudad de México Sábado 13 de diciembre de 2008
13:39
Los militares que balearon a una mujer en Chihuahua, actuaron en respuesta a la agresión de un grupo armado, que minutos antes disparó contra el personal que estaba en el retén del Aeródromo de Ciudad Aldama. Dispararon ya que estaban en situación de alerta y la víctima
no acató la orden de detener el vehículo que conducía a gran velocidad.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) justificó así la muerte de Gabriela Arzate, quien fue baleada por los militares cuando conducía una camioneta Explorer, acompañada por su madre Elia Arzate Gutiérrez, quienes al parecer buscaron protegerse en
el puesto de vigilancia del Ejército.
La dependencia no hace alusión a una posible investigación de su personal para esclarecer lo ocurrido pero informó que presentó una denuncia penal por la agresión que sufrieron los elementos que se encontraban en el retén.
La Sedena detalló que alrededor de las 17:10 horas del jueves pasado personal militar establecido en un puesto de vigilancia en el Aeródromo de Ciudad Aldama, fue objeto de agresión con armas de fuego por sujetos que viajaban a bordo de varios vehículos.
Explicó que el personal militar observó que se aproximaban dos vehículos a toda velocidad hacia el retén: una Pick Up blanca de doble cabina de modelo reciente y el segundo una camioneta blanca.
"El primer vehículo cruzó por el frente de las instalaciones militares metiéndose al terreno baldío que se encuentra frente al destacamento, rompiendo una alambrada y efectuando disparos contra el puesto de vigilancia a una distancia aproximada de 100 metros", por lo que los
militares reaccionaron activando su Plan de Defensa, por lo que la segunda camioneta y desde la que también se realizaron disparos se desviaron hacia Ciudad Aldama.
En su versión la Sedena asegura que "en los momentos en que el personal militar aún se encontraba desplegado en situación de alerta, un tercer vehículo ingresó de manera intempestiva y a gran velocidad (camioneta Explorer, color rojo, sin placas, con vidrios polarizados), a las instalaciones del Aeródromo donde se encuentra el puesto de vigilancia; el personal militar le marcó el alto, haciendo caso omiso de la indicación, por lo que personal militar, efectuó disparos para lograr su detención".
La conductora de la camioneta, Gabriela Arzate perdió la vida por los disparos que recibió, mientras que su madre quedo "a disposición de las autoridades correspondientes", según informó la Sedena que agregó que su personal resultó ileso y los daños fueron únicamente materiales sobre las paredes, ventanas y parapetos de la instalación del puesto de vigilancia.
Por ello "tomó conocimiento de los hechos el Ministerio Público de Aldama, en el concepto de que se interpuso una denuncia de hechos ante las autoridades correspondientes con motivo de la agresión de que fue objeto el personal militar."
mma
(El Universal, 13 de diciembre de 2008)
Militares asesinan “por error” a una embarazada en Chihuahua
■ Fue ultimada en un retén, cuando llegó a solicitar ayuda
■ En tres estados, 10 ejecuciones vinculadas con el narcotráfico
De los corresponsales
En una aparente confusión, una mujer con más de cuatro meses de embarazo murió a consecuencia de disparos hechos por militares en un retén ubicado a las afueras del municipio de Aldama, Chihuahua, adonde llegó acompañada por su madre y una tía para pedir protección, pues, aseguraron éstas, eran perseguidas por sicarios.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de Justicia del estado confirmaron el deceso de Gabriela Arzate por los tiros de los elementos del Ejército Mexicano, quienes la noche del jueves resguardaban el aeródromo de Aldama, ubicado cerca de la carretera Chihuahua-Ojinaga, a 30 kilómetros de la capital.
La Sedena ubicó el hecho como producto de una agresión a militares por hombres que se trasladaban a bordo de varios vehículos. Dos de ellos, una pick de doble cabina y modelo reciente, y una camioneta blanca, cerrada, se aproximaron al puesto de control a toda velocidad.
El primero pasó frente al retén y se metió a un terreno baldío que se encuentra frente al destacamento, al tiempo que disparaba contra el puesto de vigilancia, a una distancia de aproximadamente 100 metros. Acto seguido se dio a la fuga en sentido contrario, mientras el personal militar reaccionó activando su plan de defensa.
De acuerdo con la Sedena, los ocupantes del segundo vehículo también iban disparando, pero al percatarse de la reacción de los soldados desviaron su dirección rumbo a la ciudad de Aldama.
En el momento en que los militares aún se encontraban desplegados, en situación de alerta, un tercer vehículo ingresó de manera intempestiva y a gran velocidad –una Explorer roja, sin placas y vidrios polarizados– al sitio. El personal le marcó el alto, pero al hacer caso omiso le dispararon para lograr su detención. En el interior se encontraban Gabriela Arzate y Elia Arzate Gutiérrrez. Esta última fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
Otras versiones señalan que Gabriela iba acompañada de su madre y una tía, quienes luego relataron que llegaron al lugar para pedir ayuda, porque un grupo de gatilleros las iba persiguiendo.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del estado revelaron que después del percance la madre de Gabriela, indignada, dijo que no se explicaba el motivo por el cual fueron agredidas por los soldados.
“No portábamos armas, ni siquiera un cuchillo. No amenazamos a nadie. Llevábamos prendidas las luces preventivas, sólo queríamos ayuda y protección, no la muerte”, expresó. La camioneta presentaba impactos en los cristales del piloto y del copiloto, por lo cual se deduce que las balearon desde dos puntos.
El Ejército comenzó la investigación y citó a declarar a los militares que se encontraban en el retén.
Por otra parte, este viernes al menos siete personas fueron ejecutadas por sicarios del narcotráfico que operan en territorio chihuahuense. Cuatro de ellas en Ciudad Juárez, dos en el municipio de Guadalupe y Calvo y una en la capital del estado.
En Culiacán, Sinaloa, un grupo de hombres levantó (secuestro sin intención de pedir rescate) y mató a tiros al taxista Luis Enrique Sainz Sarabia. En otra parte de la ciudad, individuos con ropa tipo militar levantaron a una mujer de unos 45 años cuando llegaba a su casa.
La Procuraduría General de Justicia del estado reportó que la mañana de ayer murió Jaime René Uriarte, sobreviviente del enfrentamiento entre dos grupos de sicarios ocurrido el miércoles en el municipio de El Rosario.
En Tijuana, Baja California, un individuo identificado como Rodolfo César Hernández Reyes fue baleado con rifles AK-47 por los ocupantes de cuatro camionetas. El occiso era hijo de la extinta regidora priísta Juanita Reyes. En Tecate, un comando atacó a los tripulantes de un vehículo; el saldo fue de tres heridos, incluida una transeúnte.
El secretario técnico del ayuntamiento de Coacalco, estado de México, Eduardo Manzur, fue asesinado anoche de más de 100 disparos cuando se trasladaba en su vehículo, marca BMW, sobre la avenida López Portillo.
(Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Javier Valdez, Antonio Heras, René Ramón, Javier Salinas, corresponsalía en Durango y Notimex)
(La Jornada, 13 de diciembre de 2008)
viernes 12 de diciembre de 2008
Ex militar, 1 de cada 3 narcos
Al menos uno de cada tres narcotraficantes tiene antecedentes militares, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a la dirigencia del PRD y a senadores de ese partido
Jorge Ramos y Ricardo Gómez
El Universal
Viernes 12 de diciembre de 2008
politica@eluniversal.com.mx
Al menos uno de cada tres narcotraficantes tiene antecedentes militares, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a la dirigencia del PRD y a senadores de ese partido.
Fuentes cercanas al encuentro aseguraron a este diario que el secretario general Guillermo Galván señaló además que cada año se dan cerca de 20 mil deserciones de las Fuerzas Armadas, dato que publicó EL UNIVERSAL la semana pasada.
La reunión, celebrada en la sede de la Defensa, es parte de la nueva relación del partido con el Ejército, mencionó el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete. A la cita acudieron el presidente del PRD, Jesús Ortega; el ex líder nacional Guadalupe Acosta Naranjo; los senadores Graco Ramírez y Héctor Bautista, así como Jesús Zambrano, un ex guerrillero y actual líder de Nueva Izquierda.
En el Senado, el priísta Fernando Castro Trenti presentó una iniciativa para dar facultades a la Defensa Nacional de mantener un seguimiento a las actividades de toda persona que abandone las Fuerzas Armadas.
(El Universal, 12 de diciembre de 2008)
lunes 8 de diciembre de 2008
Militares poderosos
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, D.F., 5 de diciembre (apro).- Después de dos años de enfrentamientos al interior del gabinete de seguridad, la cúpula del Ejército logró reducir al mínimo el poder del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Reducido a la nada en su fuerza operativa, García Luna cuenta todavía con el respaldo político de su amigo Felipe Calderón, quien decidió mantenerlo como secretario pero con una incómoda y fuerte presencia militar.
Calderón no pudo sostener más las fuertes presiones del Ejército y la desconfianza de la opinión pública por el control e influencia que tenía García Luna dentro del gabinete presidencial, a pesar de las evidencias en contra de sus principales allegados.
Las detenciones y arraigos de las semanas recientes en contra de quienes durante años habían sido algunos de sus más cercanos colaboradores, acusados de protección a narcotraficantes y secuestradores, derivaron en el desplazamiento de García Luna en las decisiones y operaciones de seguridad.Desde el pasado jueves 4, los militares se quedaron con la fuerza que tenía García Luna.
Calderón designó al general de División en activo, Javier del Real Magallanes, como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, el centro neurálgico de la Secretaría de Seguridad Pública. Desde ese cargo, el general que hasta la semana pasada era el comandante de la IV Región Militar -que abarca a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí- se quedó con el control de lo que será la Policía Federal, el ambicioso proyecto que García Luna quería para sí y que el próximo año sustituirá a la Policía Federal Preventiva.
El jefe militar concentrará prácticamente la mitad del presupuesto de la Secretaría -de 33 mil millones de pesos- y 75% de sus plazas, al disponer de 38 mil hombres que integrarán la nueva corporación policial.De esa manera, la cúpula del Ejército tomará decisiones no sólo en su propio ámbito, la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que tendrá el control operativo de la Secretaría de Seguridad Pública.
Más por lealtad que por conveniencia política, Felipe Calderón mantiene a García Luna dentro de su gabinete. Seguramente le está agradecido por el respaldo que le dio cuando fue candidato presidencial.Pero el movimiento, más que una salida a las pugnas al interior del gabinete, representa otro paso de Calderón hacia la militarización de la seguridad pública en el país. Con el argumento de que ante la crisis de inseguridad que padece el país no hay nada más confiable que las Fuerzas Armadas, Calderón está entregando a la milicia las funciones que son propias de la autoridad civil.
Calderón no es el primer presidente del país que toma esa decisión, pero ninguno como él ha entregado tanto poder operativo y de decisión a los militares. Con ello, los militares adquieren preponderancia sobre la autoridad civil.No sólo el presidente, sino casi todos los gobernadores del país han tomado el camino fácil de designar militares al frente de las funciones de seguridad pública. Tampoco es la primera vez que ocurre. Pero la experiencia indica con claridad que esa presencia de los militares ha sido benéfica.Basta con revisar lo ocurrido desde mediados de la década pasada a la fecha.
Los militares han ocupado lugares preponderantes en tareas de seguridad pública y administración de justicia, además de una participación creciente en acciones directas de represión del narcotráfico. Peor aún, han dado lugar a la creación de fuerzas paramilitares que actúan para los cárteles de la droga, como el grupo de elite que desertó para crear el grupo de Los Zetas.
Los actuales niveles de delincuencia organizada no son sólo responsabilidad de los militares, pero su presencia no ha sido garantía de mejora. Y hasta ahora no hay nada que nos diga que las cosas van a cambiar con la nueva Policía Federal que estará en manos militares.
jcarrasco@proceso.com.mx
(Proceso, diciembre 2008. Vía El justo reclamo)
domingo 7 de diciembre de 2008
Guerrero: balacera entre sicarios y Ejército deja 12 muertos
Entre los muertos hay dos militares, indica el síndico del municipio de Arcelia; los soldados y los agentes policiales abatieron a nueve sicarios y otro cuerpo fue hallado en una camioneta
Sergio Ocampo / Corresponsal
Publicado: 07/12/2008 17:21
Chilpancingo. Un doble enfrentamiento, primero entre dos grupos delictivos y luego entre sicarios y elementos militares y policiacos, dejaron al menos 12 muertos en la localidad de Palos Altos, municipio de Arcelia, Guerrero.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Juan Heriberto Salinas Altés, informó que los enfrentamientos habían dejado 10 personas muertas, entre ellas un soldado del Ejército Mexicano, así como un uniformado y dos policías heridos.
Sin embargo, el síndico procurador de Arcelia, Rogel de la Sancha, confirmó que fueron dos los militares caídos en el enfrentamiento y que se había encontrado otro cuerpo en una camioneta abandonada tras el enfrentamiento entre sicarios, por lo que la cifra de muertos se elevó a 12, y se detuvo a cinco presuntos sicarios.
En un primer hecho, presuntos sicarios se enfrentaron a balazos cuando se encontraron de frente en la comunidad de Palos Altos, municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente. Posteriormente uno de los grupos huyó del lugar.
Cuando el Ejército y los cuerpos policiales acudieron al lugar tras una llamada de alerta fueron agredidos por los sicarios con disparos de arma de fuego, por lo que fue privado de la vida un militar, mientras que un oficial, un elemento de la PFP y un agente de la Policía Estatal Preventiva resultaron lesionados.
La institución indicó que al repeler la agresión fueron privados de la vida nueve supuestos sicarios, cuya identidad se desconoce, y a los cuales se les aseguraron 10 vehículos de diferentes marcas, 14 armas largas de diferentes calibres, cinco armas cortas de diferentes calibres, y dos granadas de mano.
Rogel de la Sancha, síndico procurador del ayuntamiento de Arcelia, indicó que hay versiones de que el enfrentamiento entre los grupos de sicarios se suscitó desde la madrugada debido a que fueron levantados dos jóvenes que se encontraban en un baile del pueblo.
(La Jornada, 7 de diciembre de 2008)
viernes 5 de diciembre de 2008
Dan a militar Inteligencia en la SSP
Viernes, 05 de Diciembre de 2008
El General se desempeñaba como comandante de la Cuarta Región Militar en Nuevo León
CIUDAD DE MÉXICO.- El General de División en activo Javier del Real Magallanes es el nuevo responsable de dirigir las operaciones de la Policía Federal y las labores de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que encabeza Genaro García Luna.
Desde la incorporación de militares en la PGR con el Procurador Rafael Macedo de la Concha, en el sexenio de Vicente Fox, es la primera ocasión en que un General de División se integra a una dependencia federal que no sea bajo el mando de la Sedena.
Por acuerdo del Presidente Felipe Calderón, Del Real Magallanes fue nombrado ayer subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial en sustitución de Facundo Rosas, quien a su vez fue designado subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos.
El General de División, de 63 años, era comandante de la Cuarta Región Militar en Nuevo León, donde fue uno de los principales mandos del operativo Nuevo León-Tamaulipas en 2007, y es considerado uno de los principales hombres de confianza del Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.
Anteriormente fue jefe de la Sección II de Inteligencia de la Sedena.
Ahora, Del Real tendrá bajo su mando a más de 27 mil elementos de la Policía Federal y será el responsable de analizar la información derivada del área de inteligencia y de estadísticas para instrumentar los operativos en el país, en coordinación con las Policías locales.
La llegada del General de División se da en un momento en que mandos altos y medios de la Policía Federal son indagados por la PGR por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, e incluso por un robo de miles de dólares en un cateo en el DF.
La militarización de las corporaciones policiacas se ha extendido en los últimos meses en todo el País. Actualmente unos 20 Generales y mandos militares encabezan las secretarías de seguridad pública estatales y direcciones policiacas municipales.
Por ejemplo: la SSP de Puebla es dirigida por el General Mario Ayón Rodríguez; en Guerrero, el General Juan Heriberto Salinas Altés; en Aguascalientes, el General Eugenio Hidalgo Eddy; en Tabasco, el General Héctor Sánchez Gutiérrez; en Oaxaca, el Teniente Coronel Javier Rueda Velázquez, y en Veracruz, el General Sergio López Esquer.
En Chiapas, el General Marco Esteban Juárez Escalera, es titular de la Policía Ministerial, y el General Florencia Cuevas Salgado es el director de la Policía Ministerial de Baja California.
(Luis Brito/Agencia Reforma)
(El Mañana, 5 de diciembre de 2008)
jueves 4 de diciembre de 2008
"Volaron" 65 mil en cateo a taller de refrigeración
“Los soldados me entregaron a la policía municipal y ellos me dejaron en libertad”, dijo.
Por Martín García Chavero
jueves 4 de diciembre de 2008, actualizado Diciembre 4, 2008
San Juan del Río, 4 Dic 08.- Después del cateo realizado por el Ejército Mexicano a un taller de refrigeración en San Juan del Río, en el que se dijo que se buscaba droga y que se habían encontrado evidencias de pedofilia, “desaparecieron 65 mil pesos” y el supuesto detenido no fue presentado ante autoridad alguna, por pedófilo.
José Luis Regalado González, "el chuy", propietario del negocio y quien ayer supuestamente había sido detenido, fue dejado en libertad y hoy seguía atendiendo su negocio de refrigeración, por lo que negó que sea pedófilo, o que cometa actos contra las menores de edad que acuden a su establecimiento, mucho menos que venda droga.
En entrevista con rotativo de Querétaro, indicó que ayer después de que fue cateado su negocio y detenido por los elementos del Ejército, desaparecieron alrededor de 65 mil pesos de su propiedad, que fueron encontrado durante el cateo.
Dijo que el personal del ejército que participó en la incursión, llamó a la policía municipal para entregarlo y que lo pusieran a disposición de las autoridades ministeriales supuestamente por el delito de pedofilia, sin embargo los uniformados no se quisieron hacer cargo de la situación y lo dejaron en libertad.
"Me entregaron a una patrulla de la policía municipal, les dijeron a los uniformados que no me habían encontrado nada y que ellos se retiraban, por eso los policías me dejaron en libertad, porque dijeron si no te encontraron nada para que te detenemos ", refirió.
Aseguró que las fotografías que fueron encontradas en su negocio, fueron tomadas hace muchos años y que los bolsas de pelo que tenía en un mural con los nombres de jovencitas, era una costumbre "rara" de coleccionarlas.
Vecinos del lugar señalaron que "el chuy" como le llaman la mayoría de jovencitas que acuden a su negocio, es visto con frecuencia con las estudiantes, sin embargo puntualizaron que desconocen si en el interior de su negocio se realizara alguna actividad anormal.
"Vemos que llegan muchas jovencitas de la escuela y que entran a su negocio, luego hasta las regaña, como que mantiene control sobre ellas, pero no sabemos de otras cosas que pudiera hacer", coincidieron personas consultadas.
De hecho cuando el propietario del negocio de reparación de electrodomésticos fue entrevistado, había dos estudiantes de secundaría que manifestaron no conocer alguna queja contra "don chuy".
"El señor es muy buena gente, a nosotras jamás nos ha propuesto nada y menos nos ha faltado al respeto", indicaron. Pero en cambio señalaron que en la escuela que se encuentra enfrente y que es donde estudian, los maestros si les hacen recomendaciones que no se metan en ese negocio.
Por lo pronto José Luis Regalado González, indicó que acudiría ante las instancias correspondientes para denunciar el atropello del que fue objeto por parte de elementos del Ejército y que lo mismo haría ante la CEDH.
Además de que señaló que de los más de 75 mil pesos que guardaba en su negocio, le fueron sustraídos alrededor de 65 mil que no aparecen.
(Rotativo de Querétaro, 4 de diciembre de 2008)
lunes 1 de diciembre de 2008
Catea ejercito oficinas de la Sociedad de Autores y Compositores de Tamaulipas
Fecha de Publicación 2008-12-01 Reportero: Por: Redacción/MetroNoticias
Tampico, Tamaulipas.-Elementos del ejercito mexicano encabezaron la mañana de este lunes un fuerte operativo en las instalaciones del centro comercial “Plaza Palmas”, situado en la Avenida Hidalgo esquina Agua Dulce y Rotaria en plena zona dorada de Tampico, donde por lo menos doce unidades artilladas de las fuerzas castrenses rodearon todo el perímetro del lugar procediendo a catear las oficinas de la delegación de Autores y Compositores de Tamaulipas ( SACM) por espacio de mas de sesenta minutos.
Fue alrededor de las once de la mañana, cuando aproximadamente una treintena de elementos castrenses procedieron a cerrar la calle Agua Dulce, prohibiendo el acceso y salida de cualquier vehiculo y de clientela que visitaba los mas de cincuenta establecimientos que alberga esta plaza comercial.
Según testigos y empleados del lugar, los elementos del ejercito mexicano se postraron a los accesos de cada uno de los locales comerciales situados a los alrededores del lugar de cateo, prohibiendo el acceso y salida de los clientes a menos de que estos estuvieran acompañados de menores de edad, siendo previamente sometidos a verificación para dar la pauta.
La delegación de autores y compositores, la dirige en Tamaulipas, Guillermo Villegas Ávila, quien al parecer no se encontraba en la oficina al momento del cateo, mientras que después de haber concluido las acciones de parte del ejército se pudo constatar que las actividades diarias de los empleados seguían al interior del inmueble.
El operativo militar fue levantado a las doce con cincuenta minutos del lugar, pues se presume que la persona detenida fue llevada a las instalaciones del 15º batallón de infantería, con sede en la región sur.
(Metro Noticias de Tamaulipas, 1 de diciembre de 2008)
viernes 28 de noviembre de 2008
Interponen denuncia contra militares
Fecha de Publicación 2008-11-28 Reportero: Jorge Arano / MetroNoticias
* Los acusan de abuso de autoiridad, robo y daños en propiedad ajena
Por: Jorge Arano / MetroNoticias
Valle Hermoso, Tamaulipas.- Ante la Agencia del Ministerio Publico Investigador fueron formalmente acusados por el delito de abuso de autoridad, robo domiciliario y daños en propiedad ajena, los elementos del Ejercito Mexicano quienes en horas de la madrugada, sin orden de cateo alguno, destrozaron las puertas y muebles de una residencia, para amenazar a todos sus moradores y llevarse detenido a una persona de la tercera edad con problemas de alta presión y azúcar al cual consignaron por tener un rifle 30-30 en su casa y una pistola escuadra.
El fiscal del fuero común Lic. Roberto Jaime Suárez, recepciono la denuncia integrándose la averiguación penal 805/2008 hecha por la señora Estefanía Cárdenas Carrera de 58 años, con domicilio en la calle 02 de abril entre América y victoria del centro de la ciudad.
Los elementos del Ejercito mexicano, además de amenazarlos con detenerlos si hacían alguna protesta publica, les robaron doscientos dólares que tenían en efectiva, una cámara digital y un teléfono nextel, dejando las chapas de las puertas del frente y atrás, destrozadas, así como los muebles de su hogar dañados, lo que consideraron un abuso total, esto ocurrió en horas de la madrugada cuando ellos estaban dormidos.
En dicha residencia el señor José Álvaro Ortiz Luna de 70 años, tenia guardado un rifle 30-30 y una pistola escuadra .9mm que eran propiedad de su suegro que falleció hace años y que tenían guardados como recuerdo, por ello se lo llevaron detenidos y consignaron a pesar de tener problemas de salud como azúcar, alta presión y era difícil que pudiera desplazarse solo.
Testigos de estos abusos fueron sus hijos Oscar y orlando Ortiz Cadenas, así como José Ortiz este ultimo pedía se lo llevaran detenido a el, pero que dejaran libre a su padre porque tenia problemas con su salud, pero los militares hicieron caso omiso de ello. La señora Estefanía Cárdenas Carrera, narró que los hechos ocurrieron el pasado día 21 de Noviembre, en horas de la madrugada, cuando estaban dormidos en su residencia, escucharon ruidos, por lo que su esposo José Álvaro Ortiz Luna como pudo de levantó para ver que sucedía.
Cuando se dirigía a la puerta, esta fue violada por tipos encapuchados con uniforme de soldados, que les decían no opusieran resistencia y preguntaban quienes estaban en las demás habitaciones, a la vez que entraban otros soldados por la parte trasera destruyendo las chapas de las puertas violentamente y apuntando con las ametralladoras, a todos los reunieron en la sala y los amarraron.
Finalmente les dijeron que se llevarían detenido a Reynosa al sr. José Álvaro Ortiz Luna por el rifle viejo y la pistola, pero amenazándolos con detenerlos si decían que se habían metido sin orden de cateo alguna y destrozando las chapas de las puertas, por eso optaron por poner en conocimiento a las autoridades de los hechos.
(Metro Noticias de Tamaulipas, 28 de noviembre de 2008)
jueves 27 de noviembre de 2008
Denuncian secuestros y detenciones ilegales
Reclama PRD en Sedena.
El Mexicano
27 de noviembre de 2008
Adrián Sánchez / El Mexicano
Ciudad Juárez, Chihuahua.-El presidente del Partido de de la Revolución Democrática (PRD), dijo que en el interior de la guarnición militar tienen detenidas e incomunicadas a más de 13 personas por varios días, lo que se convierte en un vil secuestro, y viola la Constitución de los Derechos Humanos.
Declaró Alfredo Ramírez durante la manifestación que se llevó acabo en las afueras de la guarnición militar durante la tarde de ayer, a las 17:00 horas, donde unas treinta personas con banderas del partido (PRD), cartelones y gritando consignas, manifestaron su inconformidad en contra de las acciones del Ejército Mexicano.
Ya que hasta las instalaciones del partido, han acudido varias familias a hacer denuncias, acerca de que los elementos castrenses, llegan a sus domicilios y sin ninguna orden de cateo, se internan a los domicilios en busca de algo ilegal.
Haciendo un total desorden, y a pesar de que no encuentran nada ilegal, se llevan a alguna persona detenida, para trasladarla hasta la guarnición militar, comentó el presidente del (PRD).
Y que a pesar de que tienen un amparo y han hecho las denuncias correspondientes ante los derechos humanos a nivel estatal y nacional, se les ha dicho en contra de las fuerzas castrenses mexicanas, no se puede hacer nada, dijo Alfredo Ramírez.
"Nosotros no estamos en contra de las labores que vienen a hacer a la ciudad, sólo queremos que lo hagan con el debido apego a la ley", Aclaró Ramírez.
"A tan sólo cien días del programa México seguro del presidente Felipe Calderón, lo único que hemos visto en la ciudad a sido, Secuestros, robos, ejecuciones, incendios intencionales, cuotas y extorsiones", dijo el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Luis Ernesto Lozano, quien también participó en la el acto de presencia que hicieron los militantes del Partido de la Revolución Democrática.
Después de permanecer cerca de 40 minutos manifestándose frente a la entrada de la guarnición militar ubicada en la calle Barranco Azul, los militantes del PRD se retiraron del lugar.
(El Mexicano, 27 de noviembre de 2008)
miércoles 19 de noviembre de 2008
Ejército y PFP toman control de Tijuana
MÉXICO, D.F., 18 de noviembre (apro).- El secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya, afirmó que miembros del Ejército mexicano y policías federales asumirán, a partir de este martes, los trabajos de inteligencia y vigilancia en Tijuana.
Así mismo, señaló que, como parte de un replanteamiento del combate al crimen organizado y la delincuencia común, 500 agentes municipales reciben capacitación por parte de las fuerzas castrenses.
De la Rosa Anaya explicó que los militares y policías federales se sumarán al patrullaje de colonias conflictivas de Tijuana, incluidas en un mapa delincuencial de esta ciudad fronteriza.
Y precisó que tales labores se realizarán de manera conjunta por los tres órdenes de gobierno.
Hasta ayer, los patrullajes en zonas conflictivas estaban a cargo de policías estatales preventivos, mientras que soldados y agentes federales recorrían las principales vialidades de la ciudad para "inhibir a la delincuencia" y actuar "con capacidad de respuesta" en algún incidente o enfrentamiento.
En marzo pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, anticipó que se redoblaría la lucha en contra de la delincuencia organizada en Tijuana y Tamaulipas, dos de los puntos más violentos del país.
El objetivo del Ejército, dijo, es debilitar a los cárteles del Golfo y de Los Arellano Félix en Tijuana.
En Tamaulipas, en tanto, los "blancos" señalados son Eduardo Costilla, El Cos; Gregorio Saucedo, El Caramuela; Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Enrique Rejón, El Mamito, y Jaime González Durán, El Hummer (quien ya fue declarado formalmente preso), además de células de Los Zetas. En Tijuana, centro de operaciones del Cártel de los Arellano Félix, que según los últimos reportes es comandado por Enedina Arellano Félix desde hace 13 meses, cerca de 3 mil elementos tomaron el control de la zona con ayuda de aeronaves, embarcaciones, vehículos tácticos y perros adiestrados.
El titular de la Sedena pidió a comandantes y generales de la región "reforzar la estrategia de seguridad", ante el poco impacto que ha tenido entre la ciudadanía.
Inclusive, la dependencia envió un correo electrónico a las televisoras y estaciones de radio para difundir entre la población un número para hacer denuncias y pedir auxilio de personal militar.
La medida se tomó cuando la violencia se acentuó en la ciudad de Tijuana, que tuvo uno de sus momentos más álgidos con el asesinato del jefe de la Policía Municipal, Margarito Saldaña, acribillado en su casa junto con otros miembros de su familia.
A fines de octubre pasado, la Sedena informó de la detención de Eduardo Arellano Félix, El Doctor, un importante miembro del cártel de Tijuana buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).
Su captura ocurrió la noche del sábado 26, cuando militares y policías federales realizaban un registro en una vivienda en La Mesa, Tijuana, donde vivía El Doctor, quien se identificaba como Samuel Bracamontes.
(Proceso, noviembre de 2008)
martes 18 de noviembre de 2008
Policía Militarizada Contra la Delincuencia: PAN
* Urge el PAN a cambios y reformas para luchar contra la impunidad y la violencia en el país.
* Eduardo de la Torre asegura que la Mara Salvatrucha tiene adiestramiento militar.
México, 18 Nov (Notimex).- La bancada del PAN en la Cámara de Diputados destacó que ante las nuevas estrategias del crimen organizado en el país, se requiere acelarar la aprobación de un paquete de reformas para revertir la impunidad y los niveles de violencia.
El diputado panista Eduardo de la Torre Jaramillo dijo que ahora los cárteles de la droga actúan con otras estrategias, entre ellas, el reclutamiento de fuerzas radicales más violentas como los Mara Salvatrucha, con adiestramiento militar, la adquisición de arsenales sofisticados e incluso de comunicación social y política.
En entrevista en San Lázaro recordó que el gobierno federal ha golpeado en sus estructuras a los cárteles al decomisar en los últimos nueve meses 228 aeronaves, más de 22 mil armas de fuego; han detenido a casi 23 mil personas y cientos de toneladas de enervantes.
El Estado mexicano, abundó, ha sido contundente en sus acciones para desactivar a estas bandas del crimen organizado, que de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, agrupa a un número superior al medio millón de personas.
“De acuerdo con la Sedena más de 500 mil mexicanos están metidos en la industria del narcotráfico, en distintas áreas, como la siembra, transportación y distribución no sólo en el mercado mexicano sino en otros países, principalmente Estados Unidos”, indicó.
Mencionó que ante la nueva reorganización de los cárteles, el gobierno del presidente Felipe Calderón debe buscar las alianzas con otros países e intercambiar información porque el crimen organizado se ha internacionalizado.
El legislador señaló que es importante tener un mapeo de bandas delictivas del país y una base de datos; además de llevar a cabo un padrón policiaco antes de caminar hacia una policía nacional, la cual, consideró, no es la salida al problema de la inseguridad.
”El camino intermedio es una policía militarizada como en Chile, con los carabineros; o en Italia, me parece que esa tiene que ser la primera instancia antes de ir a una policía nacional. El Ejército debe y tiene que enseñar a los nuevos policías la disciplina y sobre todo la lealtad a las instituciones y a México”, opinó.
En otro tema, refirió que en las próximas semanas se discutirán las iniciativas enviadas por el Ejecutivo en materia de seguridad y justicia, las cuáles, “deben ser apoyadas por todas las fuerzas políticas y no buscar únicamente los beneficios partidarios”.
(Notimex, vía El Sendero del Peje)
jueves 13 de noviembre de 2008
Denuncian a militares por robo y daños
Fecha de Publicación 2008-11-13 Reportero: Por: Redacción/MetroNoticias
*Acusan a personal del Ejército se ingresar a sus domicilios sin orden de cateo, ocasionar daños al inmueble y robar objetos de valor
Reynosa, Tamaulipas.- Dos mujeres acusaron por separado a elementos del Ejército Mexicano como responsables de los delitos de robo y ocasionar daños en sus respectivos domicilios localizados en distintos sectores de la ciudad, donde incursionaron sin orden de cateo.
Dichas incursiones se registraron durante la tarde de ayer, cuando las afectadas no se encontraban en sus domicilios, por lo que tras ser avisadas por algunos vecinos de los hechos, se apresuraron a llegar al lugar, pero sólo se encontraron con la novedad de los destrozos ocasionados por los militares, así como por el robo de joyería y objetos personales.
Una de las afectadas se identificó como Rebeca Treviño, quien tiene su domicilio en calle Francisco I. Madero de la colonia San Antonio, quien acusó a los militares de haberle robado joyería diversa, calzado, objetos personales e incluso cargaron hasta con el botellón de agua.
Indicó que cuando fue enterada de que los militares de hallaban en el interior de su domicilio, acudió de inmediato, pero sólo se encontró con daños en su vivienda y el interior todo revuelto.
Posteriormente, la señora Yesica Salmorán, quien tiene su domicilio en calle Zaragoza y avenida Central número 4 de la colonia Cumbres, denunció también al personal de la milicia de haber ingresado a su domicilio cuando ella no se hallaba presente.
Dijo que cuando llegó, su vecina que radica frente a su casa, le hizo saber que los militares habían incursionado en su vivienda con lujo de violencia y cuando intentó salir para ver que pasaba, fue agredida verbalmente y no le permitieron salir de su domicilio.
En ese lugar, también ocasionaron daños en el interior y robaron algunos objetos de valor de la afectada.
Ambas personas manifestaron que hoy acudirían ante las autoridades competentes a presentar la denuncia formal sobre estos atropellos ocasionados por el personal militar.
(Metro Noticias de Tamaulipas, 13 de noviembre de 2008)
miércoles 12 de noviembre de 2008
Cateó el Ejército a la policía de Monterrey por un incidente de cantina
Por Jesús Rivera
El operativo que realizó ayer el Ejército en las instalaciones de la policía municipal de Monterrey, sometiendo por horas a sitio y cateo general sus instalaciones, tenía por objetivo identificar y detener a unos uniformados que habrían golpeado la noche del lunes a un soldado en un bar del centro de esta ciudad..
Como en ocasiones anteriores, el Ejército no se dio información oficial sobre el operativo y sus resultados, mientras que las autoridades estatales y municipales se reducen a señalar que respaldan las acciones de los militares para limpiar las corporaciones policiacas.
En esta ocasión, el gobernador Natividad González Parás dijo que ninguna dependencia estatal o municipal está exenta de ser ‘auditada’ por personal del Ejército y adelantó que estos operativos continuarían.
El operativo militar de ayer inició por la mañana, cuando seis camionetas con alrededor de 50 soldados rodearon las instalaciones policiacas municipales, ubicadas en el Parque Alamey.
De inmediato se apoderaron de todos los accesos y sometieron a rigurosa inspección a todos los que salían o entraban, sin que se salvara de ello el titular de la Policía Regia, Amador Medina Flores, quien ingresó a pie, al retenerse su vehículo para revisión.
Al medio día, se llevaron detenidos a dos policías y más tarde a otro, siendo liberados el mismo día. Extraoficialmente se dio a conocer que estos elementos fueron trasladados al Hospital Universitario para ver si los reconocía un soldado como sus agresores.
Según esta versión, la noche del lunes un soldado no identificado fue golpeado por unos policías en un bar del centro de Monterrey, debiendo ser hospitalizado por sus lesiones.
Como el soldado agredido no reconoció a los policías detenidos, fueron regresados a la corporación, pero se dice que los militares buscaban a otros policías que no fueron localizados.
No es la primera vez que los militares toman en sus manos la investigación de una agresión contra alguno de sus elementos, sin tomarse la molestia de cumplir con los procedimientos legales establecidos para ello, encubriendo su acción como un operativo de revisión anti-narco.
(El Sendero del Peje, 12 de noviembre de 2008)
domingo 9 de noviembre de 2008
En la lucha contra el narcotráfico han muerto 564 soldados: Sedena
Gabriel León Zaragoza
De 1976 a julio de este año han fallecido en el país, en la lucha contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 564 elementos militares, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Reportes proporcionados por conducto del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) destacan que desde la creación de sus tropas de elite –grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales y Anfibio de Fuerzas Especiales– han desertado de éstas, hasta septiembre de este año, mil 559 efectivos.
Precisó que a 2004 habían desertado mil 382 militares de tropas especializadas y de 2005 a septiembre pasado 177. Se trata, según han reconocido expertos en temas castrenses, de efectivos con “alto grado de peligrosidad”, porque recibieron formación especializada en prácticamente todos los terrenos y manejo de todo tipo de armas y equipos sofisticados de radiocomunicación.
En el reporte, la dependencia federal destacó que en la lucha contra el narcotráfico sólo de 2007 al séptimo mes de este año han caído en ese tipo de acciones 59 militares. La cifra representa prácticamente la mitad de los 123 decesos que se reportaron por las mismas causas en todo el gobierno anterior.
En el documento la secretaría establece que de estos 59 militares fallecidos en la lucha contra el narcotráfico –decretada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006– cuatro son de alto rango (dos coroneles, un teniente coronel y un mayor de infantería), 14 oficiales y 41 elementos de tropa.
En el mismo periodo, en operaciones antidelictivas, la Sedena ha detenido a 6 mil 938 presuntos narcotraficantes, a los que puso a disposición del Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de delitos contra la salud en sus diversas modalidades. De ese dato, sólo en los primeros siete meses de este año había logrado capturar a 3 mil 359 presuntos delincuentes de nacionalidad mexicana, contra los 3 mil 579 que alcanzó en todo 2007.
Adicionalmente, detalló que el año anterior detuvo en territorio nacional a 79 extranjeros por estar presuntamente vinculados con el narcotráfico y de enero a julio de este 2008 el número era de 84.
(La Jornada, 9 de noviembre de 2008)
viernes 31 de octubre de 2008
Reconoce Sedena vínculo de militares con los Beltrán Leyva
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que mantiene bajo proceso militar a un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa por su participación con la organización delictiva
Jorge Alejandro Medellín
El Universal
Ciudad de México Viernes 31 de octubre de 2008
18:21
El Ejército Mexicano mantiene bajo proceso militar a cuatro elementos (un jefe, tres oficiales y uno de tropa) vinculados a delitos contra la salud, reconoció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La revelación se produce un día después de que el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Francisco Armando Meza Castro, aseguró en la Cámara de Diputados que el Ejército estaba "blindado" contra este tipo de situaciones.
Meza Castro, quien encabezó el desfile militar del pasado 20 de noviembre, aseguró que "en las Fuerzas Armadas 'estamos blindados' contra la infiltración del crimen organizado".
Dijo incluso que a la fecha, no se ha dado un caso de complicidad de algún militar con criminales, "como antes".
Los militares estarían relacionados con el cártel que encabezan los hermanos Beltrán Leyva.
La Sedena recuerda en un comunicado sobre la sitaución de los cuatro militares detenidos, que "de la información obtenida con la captura del narcotraficante Beltrán Leyva el 21 de enero del presente año, se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa, con esta organización".
Por ello, "a partir del 29 de enero del mismo año, fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente (SIEDO) de la Procuraduría General de la República.
Dicha instancia de la PGR "integró una averiguación previa en contra de este personal; actualmente se encuentran bajo proceso ante el Juez Séptimo de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco".
La Defensa Nacional no dio más datos sobre la identidad o el tipo de involucramiento de los militares con el narcotráfico.
En su comunicado, la dependencia agregó que "esta Secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención de Alfredo Beltrán Leyva".
Sin embargo, añade la Sedena, "se reitera la disposición de no solapar conductas indebidas por parte del personal militar y en caso de contar con nueva información que involucre a efectivos militares, se aplicará la Ley conforme a derecho de acuerdo a la política de esta Dependencia del Ejecutivo Federal de cero tolerancia a la corrupción".
Al mismo tiempo, el Ejército hace una invitación a la ciudadanía a seguir denunciando actividades ilícitas "en forma anónima a la autoridad militar más cercana a su comunidad, de actos delictivos que tengan conocimiento".
mma
(El Universal, 31 de octubre de 2008)
jueves 30 de octubre de 2008
Sedena está ‘blindada’ contra espías, afirman
Subsecretario niega que general en retiro esté sujeto a indagación
Juan Arvizu
El Universal
Jueves 30 de octubre de 2008
juan.arvizu@eluniversal.com.mx
El subsecretario de la Defensa Nacional, Francisco Armando Meza Castro, dijo que en las Fuerzas Armadas “estamos blindados” contra la infiltración del crimen organizado.
Negó que el general en retiro Roberto Aguilera Olivera, ex jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN), esté involucrado con narcos. “No está sujeto a procedimiento alguno”, afirmó.
Este diario informó el miércoles que Aguilera interrumpió su trayectoria militar al solicitar su baja, vigente desde el 16 de julio, luego de no obtener notas satisfactorias en una evaluación de la que fue objeto, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Meza Castro, entrevistado en la Cámara de Diputados, dijo que a la fecha, no se ha dado un caso de complicidad de algún militar con criminales, “como antes”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, Jorge Justiniano González Betancourt, afirmó que los últimos generales procesados por supuestos nexos con el narco, fueron Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, en el sexenio de Ernesto Zedillo. “No es fácil burlar los mecanismos de control y disciplina militar”, señaló.
Meza Castro indicó que, en efecto, Roberto Aguilera “pidió su baja, pero no está sujeto a procedimiento alguno”, y sobre la nota periodística, “no hay información al respecto”, subrayó.
Desde luego, agregó, “hay peligro” de que grupos criminales penetren las Fuerzas Armadas, “pero no hay prueba de que alguien esté infiltrado”. Y remarcó que “todo mundo está expuesto”.
A su vez, González Betancourt expresó que los métodos de control militar, que también incluyen a generales, permiten a la estructura de supervisión registrar el modo de vida de comandantes.
(El Universal, 30 de octubre de 2008)
Desaparecidos en Colombia y México
Miguel Ángel Granados Chapa
30 Oct. 08
Evidenciada por contrastantes resultados, la prioridad con que se atiende la desaparición forzada de personas en Colombia y México resulta notoria; en aquel país investigan un caso en tres semanas, aquí un año y cinco meses son insuficientes.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunciaron ayer miércoles la destitución de tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores y seis suboficiales, a los que se seguirán procesos penales y disciplinarios en relación con "los desaparecidos de Soacha".
Entre enero y marzo pasados, entre 11 y 20 jóvenes desaparecieron de Soacha, un municipio conurbado a Bogotá. Los familiares denunciaron la desaparición y a mediados de junio los más de ellos recibieron notificación de que los cuerpos de sus parientes habían sido hallados en una fosa común en la provincia de Santander. El Ejército los había reportado como "muertos en combate", pero sus deudos no se resignaron con esa noticia y presionaron hasta hallar una explicación más convincente, pues estaban seguros de que los suyos no se habían adherido a ninguna banda de paramilitares o guerrilleros y sospechaban, por lo tanto, que los jóvenes habían sido asesinados a sangre fría. El Ministerio de Defensa, quizá acuciado por la inminente llegada, en octubre mismo, de Navanethem Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, y necesitado de obtener una adecuada calificación en esa materia, acordó el 3 de este mes formar una comisión investigadora que en tres semanas halló responsabilidades en los generales, jefes y oficiales ahora destituidos.
Aunque la espesa prosa evita definir con claridad los hechos, un comunicado expedido ayer en la Casa de Nariño, residencia presidencial colombiana, acepta que la comisión "encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción". El comunicado agrega que "esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad...".
La desaparición de personas es un ingrediente o consecuencia del estado de violencia interna, verdadera guerra civil en algunas regiones, que padece Colombia desde hace décadas. Según Amnistía Internacional, que presentó su informe sobre los derechos humanos en Colombia el mismo día, ayer, en que se anunció la destitución del personal castrense, entre 15 y 30 mil personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace unos 40 años. Sólo el año pasado los desaparecidos sumaron 190, sin que pueda determinarse qué porción de esa cifra corresponde a acciones guerrilleras o de grupos paramilitares, y cuántas constituyen casos de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad perpetrado por agentes del Estado o con su aquiescencia.
Es probable que en México el problema de las desapariciones alcance una dimensión mayor que en Colombia. Se calcula que durante los casi dos años de la actual administración federal la cifra llega a 600 personas, sin que sea posible distinguir en ese número cuántas resultan de "levantones" practicados por bandas criminales contra enemigos que poco después de ser privados de la libertad aparecen asesinados, y cuántas corresponden a la definición legal de desaparición forzada, es decir cometida por agentes del Estado, por instrucciones superiores.
Entre esa suma adquirió notoriedad el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, denunciado por el Ejército Popular Revolucionario a cuyas filas pertenecían en el momento de su desaparición, fines de mayo de 2007. En reclamo por la presentación de sus compañeros, en julio y septiembre siguientes, ese grupo insurgente armado atentó contra ductos de Pemex, sin causar daño a persona alguna pero generando cuantiosas pérdidas económicas, tanto por la destrucción de las instalaciones atacadas cuanto por la interrupción del suministro de gas a extensas y activas regiones, que era el objetivo de los ataques.
Hace seis meses, el EPR propuso la creación de una Comisión de mediación que favoreciera un diálogo entre ese grupo guerrillero y el gobierno federal con vistas a la presentación con vida de sus compañeros. A esa distancia de su integración, en que se ha reunido en varias ocasiones con un grupo de trabajo de la Secretaría de Gobernación, la Comisión declaró el martes que debido a las omisiones del gobierno, no le ha sido posible acercarse siquiera "al objetivo esencial que la convoca", que es la presentación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Entre omisa y renuente la administración federal sólo ha dado un paso, que resultó fallido, para establecer la suerte y el paradero de los desaparecidos: arraigó durante 90 días a dos agentes de la policía ministerial del estado de Oaxaca, al cabo de los cuales tuvo que liberarlos por la imposibilidad de fincarles cargos firmes por la desaparición. Habían sido detenidos bajo la presunción de que ellos capturaron a Reyes Amaya y Cruz Sánchez y los entregaron a instancias federales, policiacas o militares, a las que no se ha convocado en la averiguación previa respectiva, sobre desaparición forzada.
El viernes pasado Gobernación respondió a planteamientos de la Comisión hechos en junio y agosto, lo que permitirá a los comisionados hablar no sólo con Bucareli, sino con la Secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen...
Cajón de sastre
Dirigentes de algunas de las organizaciones internacionales de derechos humanos y promoción civil más activas e influyentes (Amnistía, Oxfam, Greenpeace, entre otras) han formulado una declaración pública para recordar a los gobiernos de los países industriales que su contribución al encaramiento de la crisis financiera internacional contrasta "con su reticencia y promesas incumplidas de ayuda y alivio a la pobreza, derechos humanos y cambio climático...". Los derechos humanos no son un lujo para los buenos tiempos. La inacción frente al cambio climático no es una opción viable. La pobreza mundial no ayuda a la estabilidad mundial. Los países ricos seguirán una estrategia miope y contraproducente si ignoran los retos más importantes de nuestro tiempo y se enfocan únicamente en intereses financieros estrechos. No se trata sólo de dinero. Es una cuestión de atención permanente, colaboración internacional y voluntad política clara para resolver los grandes problemas.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
(El Siglo de Torreón, 30 de octubre de 2008)
miércoles 29 de octubre de 2008
García Luna: la fiereza improvisada
Alvaro Delgado
Detrás del feroz rostro de la tropa disfrazada de "Policía Federal" que Genaro García Luna encabeza de facto, porque legalmente ese cuerpo no existe, están muchos de los vicios del Gobierno de Felipe Calderón, entre ellos la ineptitud y la improvisación, como quedó de manifiesto en el operativo para evitar la aprobación de la reforma energética en el Senado.
Ese jueves por la mañana, cuando era generalizada la impresión de que Andrés Manuel López Obrador tiraba a la basura el triunfo de su movimiento, porque el proyecto privatizador de Calderón quedó hecho añicos, en la Secretaría de Gobernación se reunieron su titular, Juan Camilo Mouriño, el subsecretario Daniel Cabeza de Vaca y el propio García Luna, Secretario de Seguridad Pública.
Desde ahí se disponían a seguir el debate, por el Canal del Congreso, que se celebraría en la sede del Senado, en el edificio de Xicoténcatl, que para entonces era resguardado por centenares de soldados disfrazados de policías, colocados detrás de granaderos capitalinos, que hacían las veces de contención de los manifestantes.
La víspera, López Obrador convocó a sus seguidores a concentrarse en el Hemiciclo a Juárez, para de ahí marchar al Senado, supuestamente para evitar la aprobación de la reforma que deja abierta una "rendija" para la cesión territorial a empresas privadas, y así lo hicieron.
Cualquiera que hubiera visto la movilización en las inmediaciones del Senado no habría dudado que no sería posible ingresar al recinto sin un choque entre gendarmería y manifestantes, tal como lo apreciaron los senadores del Partido Acción Nacional que iban a bordo de un autobús.
Con los senadores iba el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Cuauhtémoc Cardona, a quien le reclamaron la falta de seguridad a su integridad. Se alarmaron porque, para hacer retroceder el autobús, el chofer debió abrir la puerta para que su auxiliar bajara a "echarle aguas" para la maniobra.
Sólo hasta entonces, y cuando ya era un hecho que la sesión se celebraría en el recinto alterno de la Torre del Caballito, Cardona se comunicó con García Luna, quien todavía estaba en la Secretaría de Gobernación, para manifestarle la molestia de los senadores y la exigencia de que dispusiera un operativo de seguridad más eficaz.
Fue así que García Luna se apareció en la Torre del Caballito, acompañado del coordinador de asesores de Mouriño, el ex priista Ulises Ramírez, Senador con licencia.
La presencia del jefe policiaco produjo un caos: Sin conocimiento del personal de seguridad ni con la logística habitual del edificio, y en específico del quinto piso donde se celebraría la sesión senatorial, el aparatoso operativo que involucró a mil 500 elementos barrió con todo, al grado que el empuje de los gorilas estuvo a punto de enviar al vacío a un grupo de periodistas, de haberse vencido los vidrios a sus espaldas.
Fue tan obvia la improvisación de García Luna en el recinto alterno del Senado, a punto de la tragedia, que el operativo de resguardo de la Cámara de Diputados por la "Policía Federal" comenzó desde el propio viernes, con la presencia del mismo funcionario, aunque ahora bajo la supervisión del Ejército.
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
(Periódico Noroeste/Proceso, octubre de 2008)
domingo 26 de octubre de 2008
El Silencio de la SEDENA
Jorge Carrasco Araizaga
A Carmen Aristegui, por el premio María Moors Cabot
MÉXICO, D.F., 24 de octubre (apro).- El Ejército mexicano atraviesa uno de sus peores momentos desde que Felipe Calderón lo sacó a las calles, en diciembre de 2006, para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.
Entre el 8 y el 22 de octubre de este año, una decena de efectivos de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, fueron asesinados por comandos de la delincuencia organizada, el mayor número de bajas militares en un solo estado y en tan poco tiempo, en el marco de las operaciones ordenadas por Calderón.
De por sí agraviantes para las Fuerzas Armadas, estas muertes son una verdadera afrenta pública al Ejército por la manera en que se cometieron: todos fueron degollados y apuñalados.
Tres de ellos fueron sorprendidos en un centro nocturno de Monterrey, donde al parecer realizaban labores de recolección de información.
Un comando de jóvenes llegó al lugar y los sometió. Luego de golpearlos, los sicarios empezaron a torturarlos con armas blancas. Heridos, los arrastraron al centro de la pista de baile, donde los dejaron ante la sorpresa de los empleados y clientes que se vieron obligados a permanecer en el lugar.
Poco a poco aparecieron más efectivos del Ejército degollados al estilo de la técnica utilizada por desertores de la fuerza especial del Ejército de Guatemala conocida como kaibiles.
De confirmarse la autoría, el agravio para las Fuerzas Armadas mexicanas sería aún mayor, pues exmilitares extranjeros habrían actuado en contra de efectivos del Ejército.
En menos de dos años, decenas de elementos castrenses, incluidos algunos jefes, han sido torturados y asesinados por el narcotráfico, ya sea en emboscadas, secuestros o enfrentamientos.
En todos los casos ha quedado demostrado que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina carecen de preparación para la guerra a la que los embarcó Calderón.
En más de una ocasión, los narcotraficantes han mostrado mayor poder de fuego. Además, no constituyen una fuerza regular, a la que en teoría los soldados mexicanos están preparados para enfrentar.
Los sicarios del narcotráfico tampoco actúan como grupos subversivos. Son aún más peligrosos. Muchos mandos castrenses han sido entrenados para enfrentar a la guerrilla. En el mejor de los casos, el Ejército cuenta con fuerzas especiales para combatir a los brazos armados de los cárteles de la droga.
Pero está demostrado que esas fuerzas del Ejército mexicano son insuficientes para enfrentar simultáneamente en diferentes partes del país a los lugartenientes y comandos del narcotráfico.
Apenas este viernes 24, el gobierno de Nuevo León y la comandancia de la Séptima Zona Militar rindieron un homenaje a las víctimas en las instalaciones del Ejército en Nuevo León.
Pero en la ciudad de México, la secretaría de la Defensa Nacional guardó silencio. Ni siquiera emitió un boletín para informar del reconocimiento a sus elementos.
El silencio no sólo tiene que ver con una estrategia de comunicación. Se puede entender que forma parte de la institucionalidad del Ejército y que las bajas están consideradas en el cumplimiento de sus obligaciones.
Pero no son aisladas las voces de elementos militares, retirados y en activo, inconformes con las situaciones de ignominia en que se ha colocado al Ejército.
En más de una ocasión, los militares no ven quién se los hizo, sino quién se los paga. De ahí el incremento de violaciones a los derechos humanos de civiles a manos del Ejército.
Muy caro le está saliendo a las Fuerzas Armadas darle la legitimidad al Presidente, pues no hay que olvidar que en medio de la crisis política que representó su llegada a la Presidencia, el primer acto de gobierno de Calderón fue sacar a los militares de sus cuarteles para enfrentar al narco.
jcarrasco@proceso.com.mx
(Proceso, octubre de 2008)
domingo 12 de octubre de 2008
Editorial: Gobernar con la política
El pasado viernes, en una reunión sostenida con diputados federales, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, calificó –según lo relatado por el legislador Alfonso Suárez del Real, del Partido de la Revolución Democrática– como una “cuestión de altísimo riesgo para el Ejército” la solicitud de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el sentido de mantener abiertas las vías de comunicación en el conflicto magisterial de Morelos. En cambio, de acuerdo con el diputado perredista, el funcionario llamó a “distender la situación” que se vive en esa entidad, a efecto de “generar condiciones de un verdadero diálogo”, y agregó que el número de efectivos militares que intervienen en acciones de seguridad pública se reducirá, para 2009, de tres mil a 500.
Las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional dejan entrever un reconocimiento acerca de la necesidad de privilegiar la negociación política sobre el uso de la fuerza pública como vía de solución al conflicto que se vive actualmente en Morelos, consecuencia del rechazo del magisterio estatal a la llamada Alianza por la Calidad en la Educación (ACE). Tal postura, que resulta de obvia sensatez, contrasta sin embargo con la propensión de las autoridades civiles, tanto estatales como federales: apenas el pasado jueves, elementos del Ejército y las policías federal y estatal participaron en el violento desalojo ocurrido en Xoxocotla, donde padres de familia protestaban por la negativa de las autoridades para atender a las demandas de los docentes, y que tuvo como saldo un cúmulo de atropellos y vejaciones cometidos por elementos de las fuerzas públicas.
La aparente resistencia del mando castrense por seguirse involucrando en este conflicto, tendría que obligar al Gobierno federal a abrir sus perspectivas de solución y a reconocer la importancia del diálogo y el entendimiento entre las partes; tendría, también, que hacerlo reflexionar con respecto a su proclividad a involucrar a la fuerza armada, cada vez de forma más recurrente, en tareas y responsabilidades que le son ajenas.
No puede pasarse por alto que, en el momento actual, el Ejército experimenta un evidente desgaste institucional como consecuencia del empecinamiento del gobierno por involucrarlo en la cruzada nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, emprendida por la administración calderonista a principios del año pasado, y que no sólo no ha restablecido la legalidad y el estado de derecho en el país, ni ha disminuido, hasta donde puede verse, el margen de maniobra de las corporaciones criminales; ha propiciado, además, un cúmulo de atropellos contra civiles inocentes, que son, en última instancia –sin que haya aquí pretensión de exculpar a los militares involucrados en estos delitos– responsabilidad de los mandos civiles, que son los que dan las órdenes.
Si lo que se quiere es evitar que este desgaste se profundice, el Gobierno federal tiene que reconocer como improcedente y peligrosa su apuesta por atender, mediante el recurso de la fuerza militar, problemáticas tan disímiles como las manifestaciones de descontento social y la inseguridad pública: la solución al primero de estos fenómenos demanda disposición de las autoridades a atender las demandas de los grupos inconformes, sin incurrir en la represión y la persecusión; el segundo, por su parte, requiere para su combate de acciones de inteligencia e investigación policiaca que escapan a los procesos de formación castrense, en tanto que su prevención debe girar en torno a la erradicación de las causas sociales, económicas e institucionales que lo originan. Es necesario, en suma, que las autoridades entiendan que, en democracia, una nación debe ser gobernada con, autoridad, sí, pero sobre todo con base en la política, la sensibilidad social, la sensatez y la razón.
(La Jornada, 12 de octubre de 2008)
jueves 9 de octubre de 2008
Matanza silenciada
Miguel Ángel Granados Chapa
PLAZA PÚBLICA
Al mediodía del lunes 18 de agosto pasado, el tianguis que se sitúa al lado del templo parroquial en el San Pedro Limón, un poblado en el municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, Estado de México, fue interrumpido de manera brutal. Llegados a bordo de tres vehículos, una veintena de individuos con el rostro cubierto y con vestimenta de tipo militar disparó sus armas, AR-15 y AK-47 contra la pequeña multitud que trajinaba en el lugar. Murieron por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más resultaron heridas. No pareció que buscaran a alguien en particular, contra el que dirigieran su ataque. Su blanco era gente común y corriente, desconocida de los agresores. Se cree que no todos se marcharon al concluir su estúpida y sangrienta acción, sino que algunos de ellos se quedaron en la zona para tener control sobre lo que allí ocurriría.
Con ser excesivo, no fue eso lo peor. Rato después de la inesperada embestida, que dejó pasmados a los sobrevivientes, quienes no acertaban a decidir qué hacer, llegaron al lugar otros vehículos, esta vez ocupados por miembros del Ejército. Éstos retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena. Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido. Quizá disuadieron también al personal de la agencia del Ministerio Público, incluidos agentes ministeriales, que supieron de los hechos, pero no cumplieron sus funciones, pues no se inició averiguación previa alguna.
He tenido acceso a esta información por fuentes cuya identidad no revelo, pero que merecen mi confianza. Por ese motivo doy por ciertos los hechos cuya gravedad resulta evidente de su sola exposición. Se trata del primer ataque a la población civil, como el que un mes más tarde acontecería en Morelia, la noche del Grito. Si cabe compararlas, la matanza de San Pedro Limón es aún más estremecedora no sólo porque es mucho mayor el número de víctimas (tres veces más que las habidas en la capital michoacana) sino por las acciones y omisiones de las autoridades, encaminadas a ocultar lo sucedido en vez de investigar los hechos y perseguir a los responsables.
En otros espacios periodísticos (las columnas de Ciro Gómez Leyva en Milenio y Jorge Fernández Menéndez en Excélsior) aparecieron ayer informaciones sobre otra grave expresión de violencia. Se trata de la desaparición de siete comerciantes en joyería de oro. Procedentes de Pajacuarán, Michoacán, iban camino a Oaxaca y se detuvieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero. En un burdel de esta última ciudad se les vio por última vez. Puesto que llevaban consigo unos cuatrocientos mil pesos, se presume que fueron asaltados, pero el vehículo en que viajaban apareció quemado en un paraje remoto y sin indicio alguno sobre su paradero. La desaparición ocurrió el 29 de agosto y desde entonces nada se sabe de ellos, a pesar de que sus familiares han recorrido oficinas de tres estados en busca de información sobre los suyos.
Todo lo más que llegaron a saber los parientes de los desaparecidos es que probablemente fueron víctimas de Los Pelones, “la temible banda local parte narco, parte guerrilla, parte secuestradores, parte alborotadores”, según la define Gómez Leyva. Esa misma banda –u otra homónima, o extensión de la primera— actúa en otro extremo de Guerrero, en los límites con el Estado de México. En la madrugada del seis de septiembre Los Pelones se enfrentaron con Los Zetas en Arcelia. Los Pelones de este caso merodean en Tlatlaya, por lo que quizá la matanza del 18 de agosto se debe a esta pandilla. La actuación de los militares, en obvio beneficio de la banda homicida, revelaría un contubernio entre delincuentes y mandos militares, encargados de proveerles impunidad.
Tengan o no vinculación estos sucesos, son una nueva evidencia de que la delincuencia organizada está derrotando al Estado mexicano en su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la zona de Sultepec es verdad sabida que los agentes ministeriales se cuidan de realizar tareas de investigación o captura de presuntos delincuentes sin antes recabar una suerte de autorización de Los Zetas, sin la cual no es posible que hagan sus labores. Ese es un escalón superior en el trato de la banda criminal con los policías, con quienes mantienen una fluida relación después de haber roto una práctica común no sólo en esa comarca sino en muchos lugares del país. Los Zetas sentaron las bases de su trato con los jefes policiacos rehusando pagar “ayudas” a los agentes ministeriales, cuotas de protección cuya cobertura permite el narcomenudeo y la comisión de otros delitos menores. Alterada así la relación de poder, ahora son los agentes policiacos los que dependen del poder criminal.
El silencio que hasta este momento, en que lo rompemos, ha rodeado a la gran matanza de San Pedro Limón ha sido posible por la profundidad de la intimidación lograda por el atentado mismo y por la presencia militar complicitaria. Se comprende que los pobladores se sientan inermes, presos en la tijera de esos dos factores, y accedan a no hablar de lo ocurrido, temerosos de que la crueldad que mató sin causa a 23 personas agregue a su cuenta nuevas víctimas. La Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa, el Gobierno mexiquense poseen, en cambio, capacidades al menos formales para indagar lo sucedido. Al menos es su deber intentarlo.
(El Siglo de Torreón, 9 de octubre de 2008)
miércoles 8 de octubre de 2008
Los años perdidos
Javier Ibarrola
Fuerzas Armadas
Quedó claro, pues: los dos primeros años de gobierno calderonista han sido una pérdida de tiempo, en cuanto a la seguridad de la nación.
Cuando el pasado 12 de septiembre el presidente Felipe Calderón dijo en el Heroico Colegio Militar y ante los altos mandos del Ejército que era imperioso “recuperar el control del Estado y de su territorio en todos sus frentes”, nadie pareció tomarlo en serio, pues se creyó que era más bien un estribillo discursivo que una realidad.
Pero días después él mismo se encargaría de sacar de su error a todos aquellos que no creyeron que se había perdido el control del estado, con el envío al Congreso de su iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Si ante los militares dijo que se había perdido el control del estado, ante los legisladores descubrió que “los esfuerzos realizados hasta el momento no han logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional, la cual ha sido una misión largamente postergada y sustituida en ocasiones por el discurso”.
¿Y por qué… por qué no se ha logrado consolidar un adecuado sistema de seguridad pública articulado en una estrategia nacional?
También él mismo lo explica en la exposición de motivos de su iniciativa: “si este tema no es atendido en la agenda legislativa con la importancia que merece, las actuales políticas de combate al crimen no tendrán la contundencia y efectos esperados, al no poder sostener únicamente a las fuerzas armadas en el terreno del combate al delito sin un fuerte componente de prevención”.
Por fin, el presidente Calderón se ha dado cuenta que “la contundencia en el actuar policial no ha sido constante ni homogénea”.
Además, confluye también en el fracaso “una división orgánica de los cuerpos policiales, falta de coordinación entre las mismas, e incluso, una lógica rivalidad entre las distintas agencias, que llega al extremo de no compartir la información de inteligencia para el combate al crimen; circunstancias que se traducen finalmente en la desorganización de las capacidades del Estado para hacer frente al fenómeno delictivo y el fortalecimiento del flagelo criminal”.
Quedó claro, pues: los dos primeros años de gobierno calderonista han sido una pérdida de tiempo, en cuanto a la seguridad de la nación. Y todo parara en eso: pero se han perdido recursos millonarios y lo más importante, muchas vidas humanas se perdieron porque nunca se pudo articular una estrategia nacional para combatir el crimen.
Lo dijo Calderón, pero ya antes distinguidos miembros del Ejército lo habían advertido: una guerra en contra del crimen organizado no puede ser librada para satisfacer las cámaras de televisión, los medios de información y de comunicación, los organismos no gubernamentales sean nacionales o extranjeros. “Erradicar este problema requiere de un excelente manejo de la verdad, la honestidad, la tecnología, la inteligencia, la contrainteligencia, el seguimiento, la perseverancia, la continuidad y el secreto”.
Los analistas militares también han dicho que “en la actual guerra en contra del crimen organizado y el narcotráfico se debe evitar la confrontación inútil y reactiva del Estado mexicano”.
Pero tampoco nadie hace caso de lo que dicen los militares, y por ello los narcotraficantes o quienes estén atrás de ellos, saltan al escenario como salvadores de la patria.
El lunes pasado, en diversas ciudades de la república volvieron a aparecer las famosas narcomantas presuntamente firmadas por el “Cartel del Golfo”, en las que no sólo se deslindan de los atentados en Morelia la noche del pasado 15 de septiembre, sino que ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares para quien proporcione información para capturar a los culpables. En dichas mantas invitan a la gente a unirse a su organización donde “tendrán todo nuestro apoyo”.
Por ahí asoma ya la respuesta a una de tantas preguntas que se han hecho en este espacio: hasta ahora los únicos beneficiarios de este desastre han sido los delincuentes y quienes los protegen.
Pero Calderón ya sabe porqué no avanzamos en seguridad pública, ¿no será tiempo de que haga algo al respecto?
De imaginaria
La Federación de Militares Retirados “Gral. Francisco J. Múgica”, sigue muy activa en el proceso de aprobación de la nueva Ley para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFAM. El pasado 30 de septiembre un grupo de militares retirados, aunque reducido, muy representativo: dos generales, nueve jefes y 22 individuos de tropa, marcharon del Zócalo a la Cámara de Diputados para exponer sus puntos de vista sobre la ley. Cuán sería su sorpresa cuando el diputado de extracción militar, general Justiniano González Betancourt, ni los vio ni los oyó. Eso se llama “espíritu de cuerpo”.
(Por Esto, octubre de 2008. Vía El justo Reclamo)
martes 16 de septiembre de 2008
Cesan a cuerpo de élite de las Fuerzas Armadas
Por: El Universal/México, Df.
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal entró en receso a 7 meses de haber sido creado
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado por el presidente Felipe Calderón a principios de su sexenio para combatir de manera directa al crimen organizado, fue cesado en sus actividades el 1 de diciembre de 2007, tan sólo siete meses después de haber sido creado.
En su Segundo Informe de Labores, la Defensa Nacional señala de manera muy breve (pag. 99), en el apartado denominado “Cese de Unidades”, que el 1 de diciembre de 2007, entró en receso (sic) el Cuartel General del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal”.
La dependencia no detalla en ningún otro apartado las razones del “receso”, en qué consiste exactamente, si se trata de la cancelación del CFAF o si es sólo un receso, y mucho menos por qué colocó al CFAF en el cese.
El 9 de mayo de 2007, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto de creación de esta unidad militar especializada, señalando que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contaba con 90 días para dotarla de los recursos económicos y materiales necesarios para su funcionamiento.
El CFAF estaría bajo las órdenes del presidente de la República y obedecería las instrucciones de éste para atender casos específicos de combate al crimen organizado al más alto nivel.
La Sedena no explica en su informe si el CFAF recibió o no los recursos presupuestales necesarios para entrar en operación.
Tampoco indica cuál es la situación de los militares que iban a integrar dicha fuerza especial y si esta decisión de dar marcha atrás al CFAF fue una orden presidencial o una instrucción del titular de la Sedena, el general Guillermo Galván Galván.
La Sedena planeaba desde su creación que el CFAF podría comenzar a operar para finales de 2007, con un presupuesto base de mil 600 millones de pesos, cantidad que nunca le fue autorizada en el Congreso de la Unión al presupuesto de la dependencia en el 2008, el cual fue de 34 mil millones de pesos.
Se mencionó incluso en el medio militar que el jefe de dicha unidad sería el de división José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez, ubicado como uno de los militares longevos que tuvo acción en octubre de 1968 durante la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco.
El artículo 103 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece que a la fecha son cuatro los cuerpos especiales con que cuenta la Sedena: Guardias Presidenciales, Aerotropas, Policía Militar y Música Militar.
A estos se sumaría el CFAF, pero el Congreso de la Unión nunca le dio entrada a los cambios que debieron haberse hecho en la legislación militar desde mayo de 2007, cuando se publicó el Decreto Presidencial del CFAF.
El 17 de septiembre de 2007, el Diario Oficial de la Federación publicó un nuevo decreto presidencial en el que se daban a conocer modificaciones al texto de mayo es año en que se creaba el CFAF.
(El Siglo de Torreón/El Universal, 16 de septiembre de 2008)
lunes 15 de septiembre de 2008
En segundo informe, Sedena no explica el cese de la Fuerzas de Apoyo Federal
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado por el presidente Felipe Calderón a principios de su sexenio para combatir de manera directa al crimen organizado, fue cesado en sus actividades el 1 de diciembre de 2007, tan solo siete meses después de haber sido creado.
En su Segundo Informe de Labores, la Defensa Nacional señala de manera muy breve, en el apartado denominado CESE DE UNIDADES, que el 1 de diciembre de 2007, “entró en receso (sic) el Cuartel General del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal”.
La dependencia no detalla en ningún otro apartado las razones del “receso”, en qué consiste exactamente, si se trata de la cancelación del CFAF o si es sólo un receso, y mucho menos por qué colocó al CFAF en el rubro de CESE DE UNIDADES.
El 9 de mayo de 2007, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto de creación de esta unidad militar especializada, señalando que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contaba con 90 días para dotarla de los recursos económicos y materiales necesarios para su funcionamiento.
El CFAF estaría bajo las órdenes del Presidente de la República y obedecería las instrucciones de éste para atender casos específicos de combate al crimen organizado al más alto nivel.
El artículo 103 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece que a la fecha son cuatro los cuerpos especiales con que cuenta la Sedena: Guardias Presidenciales, Aerotropas, Policía Militar y Música Militar.
A éstos se sumaría el CFAF, pero el Congreso nunca le dio entrada a los cambios que debieron haberse hecho en la legislación militar desde mayo de 2007, cuando se publicó el Decreto Presidencial del CFAF.
(Notisistema.com, 15 de septiembre de 2008)
domingo 7 de septiembre de 2008
Confirma Sedena muerte de un militar en Ciudad Juárez
Gabriel León Zaragoza
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que en un enfrentamiento con armas de fuego sostenido este viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua, por parte de militares contra presuntos sicarios, fallecieron el cabo de infantería Hugo Abraham del Ángel Granillo y dos de los agresores.
Informó que el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, “se encuentra pendiente de que se proporcionen de manera pronta y expedita” los apoyos y prestaciones sociales a los que tienen derecho los deudos del efectivo armado.
La dependencia federal destacó en un comunicado que durante una revisión en Ciudad Juárez (como parte la campaña permamente en contra del narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), efectivos militares fueron alertados por personal de seguridad pública municipal de la presencia en la colonia Tierra Nueva de varios sujetos armados a bordo de dos vehículos.
Al llegar al lugar, los militares fueron agredidos con disparos de armas de fuego por la célula de probables sicarios, de los cuales murieron dos personas que la secretaría refiere en calidad de desconocidos.
Sin precisar si hubo personas detenidas, la depedencia federal reportó que logró incautar un fusil AR-15, tres pistolas de diferentes calibres, 128 cartuchos y seis cargadores de arma de fuego, así como dos camionetas tipo Jeep. Agregó que el armamento y los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades corrrespondientes.
(La Jornada, 7 de septiembre de 2008)
sábado 6 de septiembre de 2008
Oaxaca: arraigan a 6 militares por dos homicidios
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 5 de septiembre. Seis soldados pertenecientes a la 44 Zona Militar del Ejército Mexicano, con sede en Miahuatlán, habrían sido arraigados por la justicia militar por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos campesinos zapotecos de Santiago Lachivía, perteneciente al municipio de San Carlos Yautepec, el 5 de agosto pasado.
Se desconoce la identidad de los militares, pero entre éstos podría estar el teniente de Infantería, José Bernardino Barroso Díaz, quien estaba al frente del puesto de control móvil Barroso durante su recorrido por esa comunidad, informó Víctor Ignacio Ramírez, abogado defensor de los familiares de las víctimas.
Los soldados atacaron a los indígenas que realizaban una faena colectiva en una parcela comunal, y mataron al agente municipal Cecilio Vásquez Miguel y al poblador Venancio Olivera Ávila, además de lesionar gravemente a Aurelio Ortega Pacheco.
El asesor jurídico dijo que fuentes de la jurisdicción castrense le hicieron saber sobre el arraigo de los seis militares, pero no han sido identificados por la reserva en la institución militar.
Sin embargo, mencionó que Antonio Hernández, agente del Ministerio Público adscrito a la 44 Zona Militar, requirió formalmente a la procuraduría la averiguación previa por los hechos para reforzar la indagatoria.
(La Jornada, 6 de septiembre de 2008)
lunes 23 de junio de 2008
Extiende CNDH pesquisas sobre presunta desaparición de dos eperristas
Se buscará en archivos y registros de dependencias federales y estatales, para conocer el paradero de estas personas.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 23/06/2008 22:55
México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que se ha extendido la búsqueda de información y datos de cualquier naturaleza que se relacione con la presunta desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En un comunicado, el organismo nacional precisó que lo anterior es parte de las investigaciones que inició desde el 3 de junio de 2007, en relación a la queja que se presentó sobre este tema en particular.
Es por ello que buscará en archivos y registros de dependencias federales y estatales, para conocer el paradero de estas personas.
Se precisó que se trata de la presunta desaparición de los señores Raymundo Rivera Bravo y/o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y/o Andrés Reyes Amaya.
La CNDH reiteró que de comprobarse su desaparición, se estaría ante una conducta criminal de "lesa humanidad" y, por lo tanto, ante un delito de carácter imprescriptible, cuya impunidad es contraria a los principios y al funcionamiento del estado democrático de derecho.
La CNDH refirió que con sus indagatorias -bajo las previsiones de confidencialidad como se lo marca la ley- dará a conocer la totalidad y los resultados de sus esfuerzos para la localización de estas dos personas.
"Entre tanto continúa integrando las respuestas de las autoridades a las que se ha dirigido con el fin de determinar el curso de esta investigación", se apuntó en el comunicado.
Indicó que mediante 280 solicitudes escritas, la CNDH se ha dirigido a titulares de dependencias y entidades federales y estatales, entre éstas, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
También se ha pedido información a los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados, y a las dependencias que coordinan, administran o supervisan los servicios médico forenses, los reclusorios y centros de internamiento, prevención y readaptación social de las 31 entidades federativas del país y del Distrito Federal
Detalló que el 14 de marzo de 2008, personal de esta Comisión Nacional solicitó información específica a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, a la Subprocuraduría General de Control de Procesos y al Director de Derechos Humanos de la Procuraduría de Justicia de esa entidad Federativa.
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(La Jornada OnLine, tomado de Oaxaca en pie de lucha)
El EPR acusa a la CNDH de ser cómplice del gobierno federal
México, D.F., 23 de junio (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue duramente criticada por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que la acusó de ser cómplice del gobierno federal para no investigar la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo del año pasado.
En un comunicado enviado a la comisión de intermediación, el grupo armado dijo que la CNDH permanece ausente en las indagaciones sobre sus dos cuadros desaparecidos.
"Ha brillado por su ausencia, confirmando que ésta juega más un papel de remozamiento del sistema político convirtiéndose en cómplice de las diferentes instituciones del gobierno mexicano, que una institución que realmente proteja a los ciudadanos de la violación de los derechos humanos que el Estado comete", aseveró el EPR.
En el comunicado enviado a la comisión de mediación, que integran Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, el grupo insurgente reconoció su labor, aunque admitió que no ha habido avances pero por la falta de compromiso del gobierno de Felipe Calderón y de instituciones como la CNDH.
"La sistematización que la comisión (de mediación) ha realizado de las acciones jurídicas emprendidas por los familiares de los detenidos-desaparecidos, confirman que están haciendo lo necesario para exigir la presentación de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
"Aunque el resultado es hasta el momento el mismo al que históricamente se han enfrentado familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano y los gobiernos priistas en la negra noche conocida como `guerra sucia`, ya que se enfrentan a la maraña burocrática y a la prepotencia de las autoridades que niegan de facto la existencia del delito de desaparición forzada y con ello la procuración e impartición de justicia", señaló.
El EPR insistió en la responsabilidad del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en la detención y desaparición de sus dos compañeros, al considerar como “un punto clave” en la investigación la desaparición reciente del comandante Jonás Gutiérrez Corro en la ciudad de Oaxaca.
Dijo que la familia del policía desaparecido ha sido amenazada de muerte por autoridades del gobierno de Ulises Ruiz por reclamar o mencionar su nombre y solicitar que se investigue sobre su paradero.
En otras ocasiones, el EPR ha acusado a la policía de Oaxaca y a Ulises Ruiz de ser los responsables de haber detenido, torturado y desaparecido a sus dos militantes, quienes habrían sido entregados al Ejército desde hace más de un año.
En este contexto, el EPR exigió al gobierno de Flipe Calderón “concretar ¡ya!” y dar a conocer los alcances de la investigación y la solución de este grave problema, pues el delito de desaparición forzada esta considerado de lesa humanidad, por lo que es imprescriptible.
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(Proceso, 23 de junio de 2008)
El nuevo miedo: desaparecer
Gloria Leticia Díaz
A pesar de que poca, muy poca gente se atreve a denunciarlos, durante el gobierno de Felipe Calderón se han cometido más de 600 desapariciones, entre “levantones” anónimos y desapariciones forzadas cometidas por el Estado. De acuerdo con una investigación realizada por Proceso, la cifra real es incalculable porque, en medio de la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, las familias de presuntos delincuentes y de activistas políticos y sociales tienen miedo de denunciar la desaparición de sus parientes –secuestrados muchas veces por policías o militares– debido a que las autoridades las relacionan con el narco.
A las más de 4 mil ejecuciones ocurridas durante la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico, se suman por lo menos 600 “levantones” y desapariciones forzadas que, en numerosos casos, han sido cometidos por fuerzas policiacas y militares de la presente administración. Aunque las cifras oficiales al respecto son menores, la reportera obtuvo ese número aproximado recabando información de instituciones públicas, de medios de comunicación y de agrupaciones de derechos humanos, las cuales explican las diferencias estadísticas por el hecho de que, en el presente gobierno, son pocas las familias que superan el miedo y denuncian formalmente las desapariciones forzadas de sus parientes. A pesar de que, en 2007, el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos (Predes) de la CNDH dio cuenta de 43 desapariciones –23 verificadas en el presente sexenio–, y no obstante que Amnistía Internacional (AI) emitió un informe acerca de este fenómeno en México, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, declaró el 27 de mayo pasado que el actual gobierno “no tiene ni presos políticos ni desaparecidos”. Consultada al respecto, la senadora Rosario Ibarra manifiesta: “¿Quién le puede creer a Mouriño cuando dice que en México no hay desaparecidos? Claro que ahora les llaman ‘levantones’, vocablo terrible que inventaron para asociarlo a otros dos fenómenos, ‘delincuencia organizada’ y ‘narcotráfico’, lo cual es una maña calculada del gobierno ilegítimo de Calderón para quitarse de problemas”.En entrevista, la senadora perredista comenta que, a diferencia de las más de 500 desapariciones ocurridas durante la guerra sucia, “cuando estábamos seguros de que los que se llevaron a nuestros seres queridos eran la Dirección Federal de Seguridad, la policía de Arturo Durazo en el Distrito Federal y el Ejército, ahora no se sabe quiénes son los responsables. Eso llena de miedo a los familiares de las víctimas y por eso no denuncian”.Rosario Ibarra es integrante de la comisión mediadora para la localización de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos el año pasado, Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, casos en los que se ha documentado la intervención policiaca. También es presidenta del Comité Eureka y representa, además, a los familiares de 38 trabajadores petroleros desaparecidos este año en Cadereyta, Nuevo León.Así mismo, la legisladora ha recibido información en el sentido de que en Oaxaca ha habido otras 32 desapariciones forzadas y tres más en Michoacán durante el presente gobierno, en tanto que el EPR, en un comunicado del pasado 11 de junio, denunció 75 desapariciones forzadas, incluidas las de sus dos compañeros.Por su parte, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam) y su filial mexicana, Afadem, reportaron que hasta el 11 de junio se habían producido 78 desapariciones forzadas. Dos días después de esa fecha, según el secretario técnico de Afadem, Julio Mata Montiel, hubo un nuevo caso en Puebla. Luego de confirmarse que al menos una veintena de desapariciones forzadas del calderonismo están relacionadas con el activismo político o social de sus víctimas, Édgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT), señala que en muchas ocasiones los desaparecidos nada tienen que ver con esas prácticas ni con actividades delictivas. “En todas las guerras –dice–, quien paga una buena parte de los costos de las mismas es la población civil. Muy probablemente una buena parte de esta gente ejecutada y desaparecida estará implicada, pero otra parte de ella nada tenía que ver en el problema. Esas personas se convierten en mera estadística… más los ejecutados que los desaparecidos… porque de éstos poco se sabe.” En entrevista con Proceso, Cortez aclara que, a pesar de haber recibido información de agrupaciones agremiadas sobre la proliferación de las desapariciones forzadas de personas en México, no hay una cifra exacta “por el miedo de la gente a denunciar”.Al temor, continúa, se suma la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades, muchas de ellas “infiltradas por la delincuencia”. Tanto las ejecuciones como las desapariciones “no se investigan de manera automática. Se dice que una desaparición es un ajuste entre bandas o parte de la guerra entre los grupos de narcotráfico, como si eso fuera una justificación para no investigar. Hay enormes omisiones en términos de la procuración de justicia, es decir, de la investigación de los delitos para juzgarlos y castigarlos…”
Acciones policiacas y militares
En Chihuahua, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedhch), que ha recabado 64 quejas contra miembros del Ejército Mexicano en lo que va de este año, documentó la desaparición forzada –atribuida a militares el 31 de mayo pasado– de Fabián Cruz Torres. De 40 años, Cruz Torres fue detenido junto con otras nueve personas por un grupo de soldados que los llevaron a las instalaciones de la V Zona Militar, donde fueron torturados en el llamado Campo “C” mientras eran interrogados sobre los distribuidores de mariguana de su colonia.
Así lo denuncia en Ciudad Juárez Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de atención a víctimas de la Cedhch, y agrega:
De los 10 detenidos, ocho fueron liberados, y uno ellos, Ricardo Pérez, fue consignado cuatro días después acusado de portar un arma calibre .22. Pero de Fabián Cruz Torres, enfermo de esquizofrenia, hasta la fecha no se sabe nada. “En la PGR nos dicen que nunca llegó, y el área de Derechos Humanos del Ejército asegura que no lo tienen –indica De la Rosa–. Sin embargo, contamos con información fidedigna de que su nombre aparece en la bitácora de la enfermería de la V Zona Militar, donde fue atendido por un médico de grado mayor. “Hemos de tener unas 50 quejas específicas, con unos 100 afectados, de personas denunciando a militares que los retienen, los torturan e interrogan por seis o 10 días y luego los sueltan, pero el de Fabián es el caso más grave”, apunta. En Ciudad Juárez se han registrado, sólo de enero a abril de este año, 33 levantones de personas. De ellas, 26 permanecen desaparecidas. El resto aparecieron ejecutadas, de acuerdo con la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Cosyddhac).A su vez, la Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad ha asumido el seguimiento de 24 desapariciones forzadas ocurridas en Baja California de 2006 a la fecha.Alma Díaz, coordinadora de la agrupación, explica que “cuando se trata de ajustes de cuentas, los levantados aparecen días después muertos, pero cuando los autores de detenciones son autoridades, o al menos eso parecen, nunca se vuelve a saber de las víctimas”.El pasado 12 marzo, Alma Díaz entregó a la esposa del presidente Calderón, Margarita Zavala, de gira por Mexicali, una carta –Proceso tiene copia– donde la Asociación Esperanza apela a “su corazón de madre, hermana e hija de familia” para que las autoridades judiciales trabajen en sus casos.A la misiva le adjuntaron una relación de 44 víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en Baja California durante los gobiernos federales panistas, 24 de ellas en la administración de Felipe Calderón, de las cuales se encarga esa agrupación civil. “Con Vicente Fox –observa Alma Díaz– nos avisaban que habían recibido la información, pero con éste (Calderón) ni siquiera eso”.Lamenta la conducta de la CNDH ante el fenómeno: “En 2000, logramos que viniera a Mexicali el encargado del Programa de Presuntos Desaparecidos, Tomás Serrano; se llevó toda la información de los asuntos que teníamos hasta ese momento, y no volvió ni emitió ninguna recomendación. Eso sí, nos pidió que lo lleváramos a San Diego a comprar perfumes”.Mientras tanto, en Sinaloa, las desapariciones forzadas atribuidas a cuerpos policiacos han sido registradas por el Frente Cívico Sinaloense (FCS) y por el expresidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Óscar Loza Ochoa, ahora regidor en Culiacán.Mercedes Murillo, del FCS, lleva el caso de Vicente Raúl Ontiveros Avendaño, quien fue detenido la madrugada del 4 de junio en su casa de la colonia Nuevo Bachigualato.“La información que nos han proporcionado los familiares es que el 4 de junio en la madrugada llegaron cinco camionetas de la Policía Federal Preventiva (PFP). Los agentes, todos, iban cubiertos del rostro y se metieron de manera por demás violenta a la casa del señor Ontiveros.“Supuestamente buscaban drogas, porque según ellos recibieron una llamada anónima; además de detenerlo, los agentes se llevaron tres televisores, dos DVD, una laptop, un lote de joyas, celulares y una camioneta. Ésta ya apareció, pero no el señor Ontiveros. Los familiares tomaron los números de dos patrullas en las que iban los agentes: 12419 y 12347.”Para la defensora de derechos humanos, “lo peor del caso es que a nosotros, por representar a las víctimas, se nos acusa de estar del lado de los narcotraficantes. Nos encontramos en estado de indefensión, pero no podemos callarnos”.Óscar Loza destaca que “hay un temor generalizado de la población a denunciar, porque en este ambiente de militarización la gente teme ser víctima de represalias. Además, cuando las autoridades califican a los desaparecidos como posibles delincuentes, la gente entra en un estado de incertidumbre”.En su edición número 1639, este semanario dio cuenta del seguimiento que Loza Ochoa daba a los casos de José Luis Ramírez y de Jesús Armando Sarabia, desaparecidos el 22 de enero y el 10 de marzo, respectivamente. Ahora sigue también los de Luis Ernesto Reyes Durán y Pablo Gerardo Nájera Urías, desaparecidos el 9 de marzo y el 2 de abril, en ese orden. En todos ellos, expresa, hay indicios de la participación de cuerpos policiacos.Pablo Gerardo es hermano de Omar Nájera Urias, presentado el 31 de abril con otros 12 individuos como presuntos sicarios por el entonces comisionado de la PFP, Édgar Millán, posteriormente asesinado.“Cuando la mamá se enteró, fue a verme y me dijo que ya no iba a seguir buscando a Pablo Gerardo, que le daba mucha vergüenza por su otro hijo. Yo la reanimé y le dije que no era un asunto de vergüenza, que afortunadamente su hijo Omar fue presentado y tenía el derecho de ser juzgado, pero que si su hijo Pablo había cometido algún delito, las autoridades tenían la obligación de presentarlo y juzgarlo, y que su desaparición seguía siendo un delito”, cuenta Loza Ochoa.
Negligencia criminal
En Guerrero, otra entidad severamente golpeada por la “guerra” contra el narcotráfico, el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados reporta 138 “levantados”, 18 secuestrados y 504 asesinados de diciembre de 2006 a mayo de este año.Javier Monroy, coordinador de dicho comité, que da seguimiento a 10 desapariciones forzadas y a dos asesinatos, denuncia que las autoridades “insisten en vincular estos asuntos a la delincuencia organizada, sin ningún sustento, sólo por evadir su responsabilidad. Y todo ello sigue alimentando las sospechas de que algo saben y lo esconden, lo que implica impunidad y posiblemente complicidad”.Según cifras oficiales de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Coddehum) y la organización de Monroy, durante el gobierno del perredista Zeferino Torreblanca ha habido 28 desapariciones forzadas, 18 de ellas ocurridas en los primeros 11 meses de 2007, es decir, durante el primer año de gobierno de Calderón (Proceso 1626).En Tamaulipas se han reportado por lo menos 130 personas desaparecidas en lo que va del sexenio, la mayoría en hechos relacionados con el crimen organizado. la directora del Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos de Reynosa (Cefprodhac), Rebeca Rodríguez, puntualiza que “de cada 10 desapariciones que se registran en la frontera, si acaso una es denunciada actualmente”.El Cefprodhac documentó un caso en el que intervinieron agentes federales que, al realizar una redada contra taxistas, se llevaron hasta a los pasajeros. Los condujeron “a veredas donde los desnudaron y los sometieron a interrogatorios sobre quién y dónde se vendía droga”.Por este asunto, continúa, hay tres personas que siguen desaparecidas, pero ninguna de ellas ni sus familias han presentado una denuncia formal. Es más, añade, los agentes del Ministerio Público se niegan a integrar averiguaciones por estos casos, y cuando lo hacen, no hay investigaciones.En 2007, el Cefprodhac contabilizó 81 personas desaparecidas hasta noviembre de ese año, de las cuales 31 no han reaparecido, mientras que en lo que va de 2008 se han producido 17 desapariciones. De acuerdo con las estadísticas de la Policía Ministerial del Estado (PME), se han recibido 90 denuncias por desaparición forzada –sin incluir el municipio de Reynosa– y las víctimas no han sido localizadas.En Nuevo León y Coahuila el miedo de la población a denunciar las desapariciones forzadas se ha traducido en que no haya registros oficiales de las mismas. Pero, en Nuevo León, los medios locales han informado de 88 “levantones” en 2007 y de 36 en lo que va de 2008, así como de tres secuestros, en tanto que en Coahuila cifras extraoficiales hablan de 50 “levantones” al mes, pero sin denuncias formales.Algo similar sucede en Michoacán, donde la delegación de la Procuraduría General de la República tiene 20 expedientes de desapariciones forzadas en lo que va del sexenio. Entre éstas se encuentran: la del exmilitante del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR) Francisco Paredes Ruiz, ocurrida el 26 de septiembre de 2007; la de los periodistas Mauricio Estrada Zamora, de La Opinión de Michoacán, y la de Axel Christian López Cruz, desaparecidos el 14 de febrero y 20 de julio, respectivamente. Así mismo, las de Jesús Bustamante y Eduardo García, policías ministeriales de Guanajuato, que desparecieron el 25 de marzo pasado entre los límites de La Piedad, Michoacán, y Santa Ana Pucuato, Guanajuato.En el estado panista de Guanajuato, la delegación de la PGR tiene un registro de 43 personas desaparecidas originarias de esa entidad, casos de los cuales 12 han sido denunciados de 2006 a la fecha, mientras que en Tabasco la violencia ha cobrado 30 ejecuciones, unos 60 “levantones” y secuestros y cinco desapariciones forzadas.Entre las desapariciones sobresale la del reportero del diario Tabasco Hoy Rodolfo Rincón, especializado en temas de narcotráfico, en enero de 2007. En esta misma entidad, el sacerdote jesuita Jesús Maldonado, director del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), refiere que, en medio de la guerra contra el narcotráfico, muchas agrupaciones de derechos humanos deciden no ocuparse de las desapariciones forzadas.Édgar Cortez, de la Red de Organismos Civiles, reflexiona: “No tenemos una respuesta de cómo entrarle a esta situación de alto riesgo. Es ingresar a un terreno desconocido. Frente a las autoridades puede haber una serie de mecanismos de contención y de control, pero en el tema del narcotráfico es meterte con un actor totalmente irracional e inesperado.“Por el momento, lo que ubicamos es que la justicia se vuelve imposible; la negligencia para investigar estos casos es sistemática; las procuradurías no hacen mayor esfuerzo al respecto, generando un miedo social que dificulta la lucha contra la delincuencia.”
(Con información de Gabriela Hernández, Arturo Rodríguez, Francisco Castellanos, Verónica Espinoza y Armando Guzmán.)
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(Proceso, junio de 2008. Tomado de El Justo Reclamo)
jueves 12 de junio de 2008
Incursiones recientes en comunidades chiapanecas responden a plan de contrainsurgencia: CDHFBC
■ Operativos policiacos y militares, dirigidos contra poblaciones indígenas en resistencia
Hermann Bellinghausen
En menos de dos meses, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) ha registrado un número récord de incursiones militares y policiacas en comunidades de Chiapas, “en una lógica de contrainsurgencia” donde operan “de manera mixta fuerzas militares, policiales y actores de las mismas comunidades, en despliegues tácticos sobre territorios con población civil organizada en torno a justas demandas sociales”.
Los testimonios hablan de allanamientos, agresiones físicas y verbales, videograbaciones y fotografías. Las operaciones del Ejército “se pretenden justificar so pretexto de ‘detectar plantíos de mariguana, armas y pistas de aterrizaje clandestinas’”.
El CDHFBC considera: “los ya numerosos operativos documentados dejan ver la agudización del plan de contrainsurgencia, mediante el desprestigio de comunidades y organizaciones con el objetivo de ‘ganar para el gobierno el apoyo de la población civil’, estableciendo un clima de hostigamiento sicológico por medio del despliegue territorial y de reconocimiento, que les permite también observar la respuesta de la población a tales operaciones”.
El centro destaca que las incursiones militares son “asistidas” por actores federales, estatales y locales: Agencia Federal de Investigación (AFI), agentes del Ministerio Público, Policía Estatal Preventiva y pobladores civiles de cada región. Los acontecimientos “no están aislados y responden a una lógica de ofensiva a poblaciones indígenas en resistencia”.
El organismo hace un recuento de acciones, todas registradas en su momento por este diario, desde el 27 de abril en Cruztón (municipio de Venustiano Carranza). Luego en San Jerónimo Tulijá (municipio oficial Chilón y autónomo Ricardo Flores Magón), el 19 y 20 de mayo. El día 22 las fuerzas armadas patrullaron 11 comunidades de Venustiano Carranza: Santa Rufina Las Perlas, 28 de junio, Nuevo San José La Grandeza, San José La Grandeza, Guadalupe La Cuchilla, Mesa El Porvernir, Las Delicias, El Puerto, Nuevo Paraíso, Laguna Verde y San Caralampio Chavín; una región con presencia de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza (OCEZ-RC).
El 23 de mayo, en Cruz Palenque, Usipá, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar (Tila), retenes con toma de posiciones militares. El mismo día, en Carrizal y Río Florida (Ocosingo), incursión y vuelos rasantes. El 26, nuevamente, en estas comunidades y en Chalam del Carmen.
El 27 de mayo en Nuevo Chamizal (Ocosingo), Ejército y policías “supuestamente” destruyeron plantíos de mariguana “en territorio zapatista”. El mismo día se informó de un “desalojo” en El Semental y Nuevo Salvador Allende, en Montes Azules, con participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El 29 de mayo, otra vez El Carrizal. Mujeres de la OCEZ impidieron el paso de los soldados.
El 4 de junio, la incursión militar y policiaca en las comunidades zapatistas La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, “junto con la establecida simultáneamente en el perímetro del caracol de Morelia”, dice el CDHFBC, “nos parece particularmente grave, pone en grave riesgo la paz, y es una provocación del Estado hacia el EZLN, con el cual mantiene una pacto de cese al fuego”.
(La Jornada, 12 de junio de 2008)
Son fuerzas federales las que hostigan a comunidades indígenas, se deslinda gobierno de Chiapas
isaín mandujano
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 12 de junio (apro).- El secretario de Gobierno, Jorge Antonio Morales Messner deslindó al gobierno local de cualquier acto de acoso y hostigamiento en contra de comunidades indígenas del estado, incluidas las zapatistas, y responsabilizó de ello a los cuerpos policiacos federales y a los militares.
"A nosotros nos han pedido la presencia de los ministerios públicos o de la policía estatal cuando se trata de ir a combatir el tráfico de armas o de enervantes, pero de eso a participar en actos de represión que puedan ser considerados como acoso u hostigamiento, nada tenemos que ver", dijo Morales Messner.
Señaló que el gobierno estatal tiene claro que la contraparte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es el gobierno federal y no el gobierno estatal, por lo que, dijo, nada tiene que ver las instancias locales en alguna incursión policiaca o militar que se pueda entender como un acto de provocación al grupo armado, que se alzó en armas en enero de 1994.
Morales Messner dijo que no es la primera ni la última ocasión en que los cuerpos policiacos locales participan en los operativos militares, pero afirmó que la participación sólo se circunscribe al combate de delitos que pudieron alterar el orden público en Chiapas.
Señaló que el gobierno estatal "no puede negar su participación" cuando así lo requieren los cuerpos policiacos federales y militares para combatir delitos que alteren la paz en el estado, pero insistió que nada tiene que ver con cuestiones que puedan interpretarse "como acciones de contrainsurgencia".
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé Las Casas denunció ayer incursiones militares en varias comunidades de la Selva Lacandona, zona de influencia del EZLN, lo ha sido percibido como actos de provocación por parte de las bases de apoyo del grupo rebelde.
Afirmó que en estas incursiones ha participado la policía local, a través de personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y del Ministerio de Justicia.
(Proceso, 12 de junio de 2008)
miércoles 11 de junio de 2008
Cuestión de opciones
miércoles, 11 de junio de 2008
María Teresa Jardí
Durante el breve tiempo, once meses, en que fungí como delegada, en la época de Jorge Carpizo como procurador general de la república, los policías afirmaban que Juárez era peor que el infierno. Y, sin embargo, esa era una de las plazas más “cotizadas” para el desempeño de subdelegado de policía de la PGR. Y lo era debido a la corrupción que existía en ambos lados de la frontera. La que sigue existiendo, me dicen que intensificada. Y me refiero a la corrupción como decisión a los gobiernos de ambos países. No a la corrupción aislada que se da en todo lugar y que se combate cuando la cabeza no está involucrada. A la corrupción que en México y que en los Estados Unidos de Norteamérica parte de la cabeza misma del gobierno de Bush, legítimo en su segundo periodo, usurpador también en el primero, a la corrupción de presidentes legítimos como Zedillo y como Fox y de dudosa legitimidad como Echeverría y López Portillo o de plano ilegítimos como Salinas y hoy
con el Ejecutivo, en México, en manos de un usurpador, que sí, que tienen un pésimo equipo, pero esto tampoco es gratuito, de gente inteligente se rodean los inteligentes, de gente eficiente los que van a cumplir con la prestación del servicio que el pueblo les manda, no los que usurpan el poder y se ven obligados a hacer malabarismos incluso para cumplir los muchísimos compromisos que se adquieren cuando se llega al grado de legalizar el fraude en un país. La violencia hoy, localizada de manera extrema, digamos --la violencia siempre es inaceptable porque siempre es una medida extrema--, por estos días, en Chihuahua y mañana se dará en Yucatán la misma situación, como antes se dio en Nuevo León, de manera incomprensible por impensable, también para la sociedad de ese Estado de la república, es producto hoy de la Presidencia usurpada por Calderón.
La corrupción, que nadie veía y mucho menos combatía, se detectaba desde entonces, por un lado en el tráfico de armas que entraban vía la aduana del imperio vecino a México y por el otro en el contrabando de todo y en especial de pollo que entraba por caminos vecinales y a la inversa la droga y los pistoleros eran el aporte mexicano de acuerdos a todas luces convenidos --y convenientes es de suponer-- por ambos gobiernos federales y locales, porque si se hubieran querido combatir estos fenómenos se hubiera hecho. Y la escalada de violencia, como la crónica anunciada que era, fue subiendo de tono y llegó a las mujeres impunemente asesinadas, en algunos casos por un asesino serial, que hasta el cansancio la opinión pública ha señalado que es el hijo de un protegido del panismo local y federal y lo mismo ocurría con el tráfico de cocaína en conocidos trailers de un “probo empresario” local. Es decir, cuando hasta los nombres de los responsables se conocen públicamente y nadie hace nada al respecto salta a la vista que la impunidad es el acuerdo bilateral.
El Plan México nada tiene que ver con el combate al narcotráfico que no se está dando y que no se va a dar. El Plan México es para control social y tiene que ver con las promesas de venta del usurpador de mierda que hoy se asesora en España para acabar de entregar los pocos bienes que al pueblo mexicano le quedan para transitar las próximas generaciones de manera aunque sea un poco menos violenta.
Y ahí es donde está el fracaso del Ejército Mexicano, en solapar eso, y no en prestar tres helicópteros para una telenovela, lo que no tiene la menor importancia en ningún lugar del planeta. Y si aquí se denuncia la anécdota es en función del desprestigio ganado a pulso por el duopolio telecrático debido al poder inaudito, sin controles de ninguna clase, otorgado por el gobierno, hoy usurpado, al duopolio productor de pornografía en horas incluso de la mañana del sábado cuando no es difícil suponer que las madres usan la televisión como niñera de sus hijos. Televisión, la mexicana, que es parte también de la involución de México como salta a la vista para cualquiera que esté dispuesto a perder algunas neuronas viendo un rato la Telebasura que aquí es lo único que se produce.
Pero lo que sí es incompresible es que el Ejército Nacional se preste a un juego tan obvio a pesar del enorme desprestigio que para él también trae aparejado el hacerlo y no me refiero a lo de salir o no sus implementos en una telenovela de la Telebasura, aunque también se debió aquilatar la respuesta de la opinión pública realmente azorada por lo que ocurre en el país, me refiero a salir a la calle a fingir un combate que es obvio que les han ordenado no dar y peor aún a reprimir a un pueblo al que le sobran razones incluso para estallar de la más violenta de las formas.
El Ejército Nacional haría bien en aquilatar desde ahora al lado de quién va a ponerse, incluso pensando en que la mancha de la represión no se quita nunca en la vida ni con el mejor de los detergentes.
(Por Esto!, 11 de junio de 2008)
martes 10 de junio de 2008
Es lo que es
Denise Dresser
Policías encajuelados. Hombres entambados. Cuerpos decapitados. Militares acribillados. Ciudadanos atemorizados. Automóviles quemados. Más de 4 mil ejecutados en menos de dos años. Víctimas de una guerra brutal, fútil, inacabable. Víctimas de una lucha que el gobierno de Felipe Calderón anticipa ganar pero no podrá hacerlo. Porque la guerra contra las drogas nunca concluirá con un triunfo medible de los buenos sobre los malos, con una victoria contundente que el país pueda celebrar.
Porque una de las primeras bajas que produce cualquier guerra es el ocultamiento de la verdad. El ofuscamiento de una realidad en la que –como diría George Orwell– “denunciamos la guerra mientras preservamos el tipo de sociedad que la hace inevitable”. México, el país donde la expansión del narcotráfico es un síntoma más de todo lo que no funciona.Donde las muertes sin sentido se han vuelto insoportablemente repetitivas. Donde se atacan los efectos, pero no las causas. Donde muchos critican la violencia que el narcotráfico produce, pero pocos hablan de la estructura económica, política y social que lo hace posible. Ese andamiaje de políticos que protegen a narcotraficantes y narcotraficantes que financian a políticos; de criminales organizados que lavan dinero e instituciones financieras que se benefician con ello; de sicarios que asesinan a policías y policías que les pagan para hacerlo; de jueces que se vuelven cómplices del crimen organizado y el crimen organizado que los soborna. Por eso cuando Juan Camilo Mouriño declara que “el Estado mexicano es mucho más poderoso que cualquier capacidad de estos grupos para corromper instituciones, intimidar a la sociedad o destruir vidas humanas” denota cuán poco entiende el problema. Hoy el Estado mexicano ha sido infiltrado por las fuerzas que dice combatir. Hoy el Estado mexicano declara que va ganando la guerra contra los malos, cuando en realidad los alberga. ¿Dónde están los gobernadores enjuiciados? ¿Los presidentes municipales castigados? ¿Los procuradores investigados? ¿Los senadores encarcelados? ¿Los militares acusados? La historia de la “guerra” contra el narcotráfico en México es una de simetrías y mimetismos y complicidades. La corrupción en las calles es reflejada en cada pasillo del poder, en cada división del Ejército, en cada escuadrón de la policía, en cada Ministerio Público, en cada juzgado, en cada pueblo en el cual las víctimas de la violencia temen hablar o denunciar o confrontar. El narcotráfico se nutre de una vasta red, tejida a lo largo de los años para constreñir la rendición de cuentas. Vive de la corrupción compartida, del estado de derecho intermitente, de la incapacidad de la clase política para hablar y actuar honestamente.“Los operativos están dando resultados”, dicen. “Vamos ganando aunque no parezca”, declara el procurador Eduardo Medina Mora. Unos y otros, argumentando que la violencia es resultado de la eficiencia; el aumento en las ejecuciones es indicador de las interdicciones; la multiplicación de las muertes es evidencia de mano firme y no de mano ineficaz. Unos y otros, compitiendo para probar cuán draconianos son. Unos y otros, cerrando los ojos ante fuerzas sociales y económicas demasiado arraigadas para ser combatidas tan sólo con más armas, más balas, más policías, más militares, más sangre en el suelo, más soluciones simplistas a problemas complejos.Los defensores de la estrategia actual han hecho una declaración de guerra que –en realidad– constituye una admisión de derrota frente a intereses que no pueden desarticular. Todos, ignorando los problemas estructurales de un país con una subclase permanente de 40 millones de pobres. Con un sistema policiaco disfuncional. Con una corrupción que por conveniencia política nadie quiere combatir. Con un sistema educativo demasiado maltrecho como para asegurar la movilidad social, y por ello la economía ilegítima del narcotráfico se vuelve la única solución para tantos mexicanos. Patrones históricos, patrones intransigentes, patrones recalcitrantes que abonan el terreno para el narcotráfico y quienes viven y se enriquecen con él. El negocio del narcotráfico va en ascenso porque México le ha apostado a que su destino no depende de la incorporación de la mitad de su población al desarrollo nacional. Podemos seguir culpando a Estados Unidos por la demanda de drogas que genera. Podemos seguir mascullando sobre el flujo de armas a lo largo de la frontera. Podemos criticar a la Iniciativa Mérida y denunciar la protección de los derechos humanos que contiene como condición. Podemos sentirnos más nacionalistas y más patrióticos al envolvernos en la bandera. Pero eso no será suficiente para entender la dimensión del problema ni proveerá la honestidad suficiente para encararlo. La incompetencia y la corrupción persisten en ambos lados de la frontera. La proliferación de policías corrompidos e instituciones infiltradas es un fenómeno bilateral. México está pagando un precio muy alto para satisfacer el apetito estadunidense, pero también es responsable de su propia voracidad, de su propia complicidad. De su propia incapacidad para hacer del estado de derecho una realidad y no una mera aspiración retórica. De su propia incapacidad para construir un país incluyente, próspero, en el cual sus ciudadanos tienen empleos bien remunerados y no siembran o transportan enervantes. Si eso no cambia, no importa cuántos recursos se destinen, cuántos policías se entrenen, cuántas armas se usen, cuántos helicópteros se compren. Colombia ha gastado más de 5 mil millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico con resultados mixtos: más seguridad pero mismo nivel de drogas. La lección es clara. El principal objetivo de la guerra que el gobierno quiere ganar no debe ser la destrucción de los cárteles, sino la construcción del estado de derecho. La meta no debe ser matar a más capos, sino mejorar la aplicación de las leyes en un país para todos. Pero para ello va a ser necesario confrontar verdades más profundas. El narcotráfico es un sistema edificado sobre la corrupción, mantenido por la conveniencia, basado en una mentira que nadie quiere reconocer. Esta guerra no tiene fin. Pretender ganarla es como pensar que es posible ganarle a un terremoto, o a un huracán. Por cada capo atrapado o asesinado habrá otro que surja en su lugar. Como lamenta el policía McNulty en la escena final de The Wire –la serie de televisión que plasmó la guerra fútil contra el narcotráfico en Baltimore– cuando mira con amor y tristeza a su ciudad devastada y musita: “Es lo que es”.
(Proceso, junio de 2008. Tomado de El Justo Reclamo)
Zapatismo: la nueva provocación gubernamental
Luis Hernández Navarro
Desde la insurrección de enero de 1994 los distintos gobiernos federales han querido asociar al EZLN con el narcotráfico. Nunca han podido demostrarlo, pero de cuando en cuando lo intentan.
Apenas el pasado 4 de junio el gastado guión volvió a repetirse. Sólo que ahora la amenaza es mayor que en el pasado. En esa fecha más de 200 elementos del Ejército federal, de la Procuraduría General de la República y de la policía estatal y municipal, con el rostro pintado, incursionaron en parte del territorio zapatista de La Garrucha con el pretexto de buscar plantíos de mariguana. Centenares de pobladores de las comunidades de Hermenegildo Galeana y San Alejandro los rechazaron con machetes, palos, hondas y resorteras.
Los poblados zapatistas prohíben la siembra, el tráfico y el consumo de drogas. Ni siquiera se permite beber o vender alcohol en ellos. No es un hecho nuevo. Desde el inicio del levantamiento armado la comandancia rebelde hizo pública esta disposición. La medida sigue en vigor con las autoridades civiles que se hacen cargo de los municipios autónomos y las juntas de buen gobierno. No sucede lo mismo con las comunidades priístas, donde se cultivan enervantes en contubernio con la fuerza pública.
En un comunicado dirigido al entonces presidente Ernesto Zedillo, con fecha 10 de febrero de 1995, un día después de la ofensiva militar que pretendió detener, por medio de una traición, al subcomandante Marcos, los alzados señalaron: “queremos decirle la verdad, si es que usted no la sabe: los delincuentes, terroristas, narcotraficantes son ustedes, son los mismos que forman su gabinete, son sus mismos soldados quienes trafican con drogas, quienes obligan a los campesinos indígenas a sembrar mariguana y otros estupefacientes. ¿Acaso no se ha dado cuenta de esto, señor Zedillo? Nosotros los zapatistas sí, porque vivimos con nuestro pueblo, somos los mismos que hemos combatido contra la siembra de drogas, contra el tráfico de drogas que sus mismos soldados hacen y han hecho dentro de los territorios que hemos controlado”.
Sin fundamento, la acusación se ha repetido año tras año. En 2004, el diario Reforma publicó la noticia de que “en promedio, cada dos días, efectivos del Ejército Mexicano ingresan a territorio zapatista para destruir plantíos de mariguana y amapola que en el último año se han incrementado considerablemente”. Días después, el general Jorge Isaac Jiménez García, mando del operativo militar en la zona, rechazó que los sembradíos de mariguana pertenecieran a simpatizantes del EZLN.
La provocación policiaco-militar del pasado 4 de junio contra los rebeldes no es un hecho aislado. Forma parte de una agresión de más largo aliento. El hostigamiento gubernamental contra los alzados ha sido una constante desde la llegada del gobernador Juan Sabines en 2006.
Diversos grupos campesinos cercanos al gobierno del estado pretenden posesionarse de las tierras que bases de apoyo zapatista ocupan y trabajan desde 1994. Grupos paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) acosan a los municipios autónomos. El Ejército ha establecido nuevas posiciones, cualificado su presencia en la entidad y realizado movimientos inusuales de carácter claramente intimidatorio.
Jaime Martínez Veloz, representante del gobierno de Chiapas ante la Comisión para la Concordia y Pacificación (Cocopa), ha explicado con mucha claridad la dimensión agraria de la actual ofensiva antizapatista. “El gobierno mexicano –dijo a la CCIODH–, yo estoy convencido que en actitud de intentar confrontar al EZLN con campesinos e indígenas de la zona, habilitó a personas con necesidades de tierra, pero los habilitó como ejidatarios de las mismas zonas que los zapatistas ocupaban esas tierras. Los hace ejidatarios y evidentemente genera un conflicto. En una misma superficie hay quien ocupa la tierra y hay quien tiene un título. Esto se produjo ya por los primeros años, 95, 96... y las repercusiones de eso, pues hoy aparecen.”
Curiosamente, los responsables de la política agraria, rural y turística del gobierno de Juan Sabines son personajes como Jorge Constantino Kanter, representante de los latifundistas y ganaderos afectados por la irrupción del zapatismo, o Roberto Albores Gleason, hijo del ex gobernador Roberto Albores, ejecutor de innumerables violaciones a los derechos humanos.
El operativo del pasado 4 de junio se realizó en el lugar donde hace poco tiempo estuvo el subcomandante Marcos. Por lo visto, su presencia en La Garrucha inquietó a las autoridades gubernamentales. Hace ya meses que el vocero del grupo rebelde casi no aparece ante la opinión pública y sus silencios ponen nerviosos a los servicios de inteligencia. Pero los focos rojos que advierten la creciente intolerancia gubernamental ante la iniciativa civil pacífica de los rebeldes se habían prendido desde tiempo atrás. Camino al primer Encuentro Continental de Pueblos de América, realizado en Vicam, Sonora, entre el 11 y el 14 de octubre de 2007, retenes policiacos y militares detuvieron al convoy en el que se trasladaban los delegados zapatistas, obligando a que la comandancia indígena que asistía al evento regresara a Chiapas.
Una encuesta recientemente realizada sobre la administración de Felipe Calderón muestra que, además de la amplia simpatía de la población a la campaña antidrogas, a pesar del paso de los años, 26 por ciento de los sondeados apoyan a los zapatistas. Un porcentaje nada despreciable en las actuales circunstancias.
El nuevo intento gubernamental de mostrar al EZLN como cómplice del crimen organizado pretende montarse en la ola de sentimientos antinarco para tratar de erosionar la corriente de opinión favorable a los rebeldes y propinarle un golpe represivo. Un golpe decidido desde tiempo atrás. ¿Acaso no tiene el gobierno federal suficientes conflictos sin solución abiertos como para hacer más grande uno que no ha podido resolver en años?
(La Jornada, 10 de junio de 2008)
lunes 9 de junio de 2008
Pide Chihuahua investigación sobre muerte de civiles en retén militar
El gobierno del estado asegura que la quinta zona militar no ha proporcionado información sobre el caso, por lo que realiza sus averiguaciones.
La Jornada On Line
Publicado: 09/06/2008 13:42
Chihuahua, Chih. El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, anunció este lunes que solicitará ante el Ministerio Público federal una investigación sobre la muerte de tres civiles en un retén militar ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, a fin de deslindar responsabilidades.
El mandatario aclaró que la Procuraduría de Justicia del estado ya realiza sus investigaciones, ya que la comandancia de la quinta zona militar no ha proporcionado información sobre el caso.
El retén estaba instalado en la comunidad Casa Colorada, ubicado en la carretera Cuauhtémoc-Guerrero, al noroeste de la ciudad.
Según los primeros reportes, dos civiles embistieron con un vehículo Grand Marquis a un efectivo militar y trataron de darse a la fuga. Los soldados realizaron disparos para que los hombres se detuvieran y éstos murieron. Las balas alcanzaron a otro automovilista que también falleció.
(Con información de Notimex)
(La Jornada, 9 de junio de 2008)
Soldados matan a 4 civiles en Chihuahua
■ Entre sábado y domingo hubo 16 ejecuciones en tres estados
De los corresponsales
Soldados de un retén instalado Casa Colorada, municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, mataron a cuatro civiles e hirieron a dos militares, en una aparente confusión causada por un accidente.
Extraoficialmente se informó que los dos civiles circulaban en un automóvil de modelo atrasado por la autopista Cuauhtémoc- Guerrero, pero al llegar al puesto de revisión el conductor no se detuvo –al parecer por una falla mecánica–, arrolló a uno de los soldados y se estrelló contra un poste de energía eléctrica.
Al caer el poste, el área quedó a oscuras y los soldados abrieron fuego. Minutos después el poblado y la carretera fueron sitiados por más de 200 militares.
Luis Ernesto Baray, director del periódico Red Noroeste, informó que dos horas después del incidente persistía la confusión, el tráfico estaba paralizado, no había información oficial sobre el número de muertos y, según testigos, siguieron escuchándose disparos.
Por otra parte, entre la noche del sábado y este domingo se reportaron 12 homicidios en el estado de Chihuahua: ocho en Ciudad Juárez, tres en Nuevo Casas Grandes y uno en Villa Matamoros. La mayoría de las víctimas no han sido identificadas.
En Villa Matamoros, Enrique Barrón Núñez fue ultimado a balazos, y en Nuevo Casas Grandes policías ministeriales localizaron los cuerpos de tres personas que presentaban huellas de tortura y estaban atadas de pies y manos.
Baja California
En Tijuana, dos mujeres jóvenes fueron muertas a tiros en un camino vecinal del vaso de La Presa Abelardo L. Rodríguez. Ambas presentaban huellas de tortura. Asimismo, el policía municipal Gustavo Salas Reyes fue asesinado en el bar Siete de Copas, en la delegación de La Mesa, por sujetos que lo atacaron con pistolas calibres 9 y 40 milímetros. En Playas de Rosarito, las autoridades reportaron tres personas asesinadas con arma de fuego, una parcialmente calcinada, en un camino vecinal del Corredor 2000.
Sinaloa
Policías de Culiacán localizaron en el interior de un vehículo el cadáver de José Luis Martínez Sainz, quien fue asesinado con disparos de fusil AK-47. Personal del operativo conjunto Culiacán-Navolato, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, aseguraron 28 mil dólares y aprehendieron a 14 presuntos delincuentes. La vocería del operativo informó además que durante el viernes y sábado de la semana pasada se decomisaron 18.7 kilos de cocaína, 11 porciones de cristal, seis armas de fuego, 140 cartuchos y cinco vehículos automotores, uno de ellos blindado, se dijo.
Guerrero
Gregorio Victoriano Gómez, policía municipal de Chilpancingo, fue levantado (secuestro sin fines de rescate) la noche del viernes por un comando fuertemente armado y hasta ahora se desconoce su paradero.
Sonora
La Secretaría de la Defensa Nacional informó del decomiso de dos aeronaves utilizadas para transportar droga a la frontera con Estados Unidos. La primera avioneta, una Cessna 206, fue localizada en el municipio de Bacanuchi, la cual transportaba 500 kilogramos de mariguana. En otra operación, en el municipio de Imuris, los militares decomisaron otra aeronave con las características de la anterior, la cual llevaba 700 kilogramos de la misma yerba.
Colima
En Manzanillo, personal de la Agencia Federal de Investigación detuvo a Jesús Ernesto de los Santos Benítez, quien transportaba cuatro armas de fuego y 560 cartuchos útiles de diferentes calibres, informó la delegación de la Procuraduría General de la República.
(Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Antonio Heras, Javier Valdez, Sergio Ocampo, Ulises Gutiérrez y Notimex)
(La Jornada, 9 de junio de 2008)
Seguiremos poniendo los muertos
Néstor Martínez Cristo
nestormc@servidor.unam.mx
Uno de los últimos días del mes pasado, el lector de La Jornada se desayunó con una escalofriante cabeza en la portada: “Suman más de 4 mil ejecutados en el actual gobierno”, decía el titular en tres pisos.
El primer cuestionamiento que vino a mi mente y que me asaltó de súbito tras lo impactante del dato fue si en realidad existe alguna posibilidad de ganarle la guerra a este tipo de crimen tan bien organizado, mejor armado, despiadado, en pleno crecimiento, corrupto y corruptor, que se infiltra a todos los niveles, en esferas de dentro y fuera del gobierno, y que, además, es multimillonario en dólares.
Algo similar debe cruzar el pensamiento del presidente Felipe Calderón, quien a los pocos días hizo un airado reclamo público al gobierno de Estados Unidos al afirmar que en esta guerra “… México ha puesto los muertos”.
Las cuentas sobre la pérdida de cada una de las vidas humanas son francamente alarmantes y hablan de lo encarnizado de la lucha oficial contra el crimen organizado, así como de los ajusticiamientos entre los propios cárteles de la droga.
Resulta que el promedio de ejecutados en México durante 527 días, en el periodo comprendido entre diciembre de 2006 y el inicio de la última semana de mayo asciende a 7.6 diarios.
Todos ellos representan mucho más que los fríos números de una estadística. Son víctimas (así deben ser vistos) con rostro, nombre, apellido, familias, que participaban en una lucha que pareciera no tener fin y que, por el contrario, cada día se observa más compleja.
Por esos días de mayo, en los que además había repuntado la virulencia del crimen organizado hasta promediar 15 ejecutados diarios en media docena de entidades federativas, la versión oficial salía al paso y pretendía minimizar el impacto bajo el argumento de que el recrudecimiento de las ejecuciones obedecía a “un reacomodo de las organizaciones criminales ante el efectivo combate que el gobierno federal realiza contra el narcotráfico”.
También por esas fechas, en un foro sobre Seguridad Fronteriza Global, efectuado en Texas, uno de los subprocuradores de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, dio a conocer algunos otros datos que vinieron a alimentar mi pesimismo.
El funcionario mexicano dijo entonces que el crimen organizado y el narcotráfico en México es nutrido cada año por unos 10 mil millones de dólares provenientes de Estados Unidos.
A cambio, afirmó, México destina unos 3 mil 900 millones de dólares anuales en el combate al crimen organizado, es decir, menos de 40 por ciento del monto con el que esa red criminal se retroalimenta desde Estados Unidos.
José Luis Santiago Vasconcelos, según un despacho de la agencia Notimex, fechado en Austin, hizo una detallada exposición de las medidas que México adopta para combatir el crimen organizado.
Entre otras cosas, el funcionario habló del reforzamiento de la presencia de efectivos militares y policías en las zonas de mayor conflicto; de que se promueven reformas judiciales para reforzar la procuración de la justicia y para dotar a los cuerpos de combate de las herramientas necesarias para enfrentar “con éxito” a esos criminales.
No supe si lo que el actual gobierno ha hecho es mucho o poco ante la contundencia y la magnitud del número de ejecuciones. Lo cierto es que efectivamente ha puesto los muertos. Entonces recordé los muy numerosos espots que el gobierno de la República transmite, una y otra vez, a lo largo de todo el día, en diversas estaciones de radio y televisión, que dan cuenta de las medidas emprendidas en la lucha contra el narcotráfico y cuyo eslogan dice algo así como “… para que la droga no llegue a tus hijos”.
Ahora se debate la llamada Iniciativa Mérida. Los condicionamientos que el Congreso estadunidense ha puesto a México para aprobarla parecen ser un simple pretexto para escatimar los apoyos a nuestro país en una lucha que también les corresponde a ellos.
El narcotráfico es un problema multinacional y con ese mismo enfoque debe ser abordado y combatido. Los consumidores y el verdadero negocio están del otro lado de la frontera.
En México, las batallas se han ido perdiendo una a una, con costos cada vez más altos. Suman muchos, muchísimos ya, los muertos a lo largo de los años y, me temo, que con las estrategias seguidas hasta ahora, irremediablemente seguiremos poniendo los muertos…
(La Jornada, 9 de junio de 2008)
domingo 8 de junio de 2008
Sedena apoyó a Televisa con bienes militares, según informe del IFAI
■ Un helicóptero y 147 efectivos, parte de lo que prestó para grabar un capítulo de El Pantera
■ Los vehículos y el personal castrense fueron “proporcionados con el fin de difundir la imagen del gobierno federal”, arguyó la dependencia
■ Fueron ocupados durante ocho días en diferentes puntos de la República para filmar el episodio que se transmitió el pasado 12 de mayo
Triunfo Elizalde
Durante ocho días fueron utilizados personal castrense, vehículos militares y hasta un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la filmación de diversos aspectos de la serie de televisión El Pantera, producida por Grupo Televisa, confirmó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
En respuesta a las preguntas que mediante el organismo le fueron formuladas a la Sedena para que diera a conocer “un inventario del material militar utilizado para la filmación y el número de efectivos que participaron en las escenas grabadas en diversas partes del país, la dependencia castrense respondió:
“Se hace de su conocimiento que esta Secretaría proporcionó apoyo con material y personal a la empresa Televisa, SA de CV, para la locación de algunos capítulos de la serie El Pantera, segunda temporada, como sigue: ‘Material: vehículos, tres (transportes) tipo CMN:TPTE, de personal, modelo Mercedes Benz, marca Mercedes Benz; seis tipo Humvee Vere, modelo Humvee-M.1044, marca AM General; seis tipo Humvee VTP, modelo Humvee-M-1038, marca AM General, y una ambulancia tipo para terapia intensiva, modelo Mercedes-Benz, marca Mercedes Benz.
“‘Respecto del personal militar se tuvo la participación de los siguientes efectivos: jefes (mayor, teniente coronel o coronel), tres; oficiales (mayores, capitanes o tenientes), seis, y tropa (sargentos, cabos y soldados razos), 138’”, precisa el comunicado.
Aunque la Sedena “no cuenta con copia certificada del valor unitario (del helicóptero UH60-L Black Hawk), el inventario que obra en poder de esta Secretaría indica un valor de 27 millones 265 mil pesos. El origen de fabricación de (ese tipo) de aeronaves es de Estados Unidos de América y el costo de mantenimiento es de 8 mil 798 pesos por hora”. La Sedena precisa que en la práctica “ese tipo de helicópteros no son empleados para la intercepción terrestre de aeronaves ilícitas”.
“Apoyo y difusión”
Al final de la información solicitada, la Sedena subraya: “Como conclusión se hace de su conocimiento (del IFAI) que los medios indicados fueron proporcionados como un apoyo de esta dependencia y utilizados para difundir la imagen del gobierno federal en relación con uno de los cinco ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, el cual establece como premisa fundamental que las personas necesitan de garantías de seguridad para su desarrollo humano sustentables, difundiéndose de esta forma algunas de las actividades llevadas a cabo por el Instituto Armado, referentes al estado de derecho y seguridad”.
Los 138 efectivos de tropa, seis oficiales y tres jefes de la Sedena fueron ocupados para desarrollar el capítulo dos de la segunda temporada de El Pantera, titulado La cruzada, trasmitido el 12 de mayo, que narra cómo autoridades militares capturan a una narcotraficante llamada La Reina, así como la ambulancia de terapia intensiva, el helicóptero y los 15 vehículos terrestres propiedad del “Instituto Armado” sirvieron para filmar el mencionado capítulo.
Durante el rodaje de la serie, los vehículos y el personal militar fueron desplazados a distintos puntos de la República Mexicana, entre ellos, el aeropuerto de Cuautla y una hacienda en Cuernavaca, ambos del estado de Morelos; tres puntos distintos del centro de la ciudad de México y el propio Hospital Central Militar.
Documentos oficiales revelan que entre el 18 de marzo y 30 de abril de este año, la institución militar “proporcionó a Televisa un helicóptero modelo UH-60L, con capacidad para 12 personas, el cual sobrevoló por el espacio aéreo mexicano durante 128 minutos, a fin de proporcionar aspectos en favor de las grabaciones de la televisora. El costo de mantenimiento por hora de uso de este tipo de aeronave es de 8 mil 798 pesos, más gastos de combustibles y sueldo de quienes integran la tripulación.
Con base en la información obtenida, al margen de lo dicho por la propia Sedena, la infraestructura militar fue utilizada para poner “en práctica diversas actividades de adiestramiento y en particular el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, actividades que por su naturaleza eminentemente práctica sirvieron para materializar los ejercicios que fueron incluidos en la serie televisiva”
La segunda temporada de la serie El Pantera inició el pasado 5 de mayo y narra las aventuras del héroe renegado y carismático, centrándose en el combate el crimen y el narcotráfico que se apoderan del país. La serie consta de 13 capítulos, y se trasmite por Canal 5 los lunes a las 22 horas; es protagonizada por Luis Roberto Guzmán, Ignacio López Tarso, Andrés García, Irán Castillo, Vanessa Terkes y Raúl Padilla Chóforo. Es dirigida por Gustavo Loza.
El Pantera, cómic
La historia de Gervasio Robles, alias El Pantera, comenzó en 1970, cuando su creador, Daniel Muñoz, recibió el encargo de dar vida a un personaje que reuniera las características del mejor agente secreto mexicano. El cómic surgió después de que José Suárez –entonces director artístico de Editorial Argumentos– le propuso a Muñoz la creación de un personaje policiaco diferente a los que en ese momento estaban en circulación. Las ideas revolotearon en la cabeza de Muñoz y recordó a El Trompo, panadero oaxaqueño que conoció en la colonia Obrera. El Trompo era un tipo fuerte, moreno, “de ojos color acero y pocas palabras”. Sin ser bravucón poseía una “violencia innata” que llamó la atención del escritor. Una vez le pidieron a El Trompo que le diera un susto a un profesor por 50 pesos. “Dame cien y lo mato”, respondió sin inmutarse. “Ese modo tan desenfadado de hablar de cosas tan serias me cautivó”, y a partir de esa personalidad construyó su personaje, recuerda Muñoz en una entrevista hace algunos años.
Daniel Muñoz creció en un barrio de la colonia Obrera, y ahí dio vida a El Pantera. Incluso el mote proviene de su experiencia en las calles: “En el barrio, a quienes son muy fieras, les decimos panteras”. El escritor quería que su personaje tuviera contacto con los pobres, con los oprimidos, los teporochos y los pordioseros; quería que de ahí surgiera un héroe. “Al menos en la imaginación voy a convertir a un perdedor en triunfador”, se dijo. Así transformó a un niño de la calle en un formidable súper héroe de carne y hueso.
Hasta 1975, El Pantera se publicó en el formato de “superminis” y formó parte de las “minipoliciacas”. Pero sus aventuras se publicaban sin peridodicidad fija.
Fue así como su personaje rugió con fuerza en 1980, cuando vino el relanzamiento del cómic; de acuerdo con cifras de Muñoz, “en 20 números la revista se disparó a 400 mil ejemplares”. En 1984, en vista del éxito de El Pantera, el tiraje se incrementó y se realizaron episodios completos. “Las ventas llegaron a 700 mil ejemplares”, según Muñoz. Pero a finales de los años 80 la historieta empezó a caer. “El personaje decayó porque el ilustrador original, Alberto Maldonado, exigió más honorarios, y como no le pagaron, se fue”, recuerda el escritor. El Pantera dejó de publicarse en 1998.
Tres años después, una encuesta de Editorial Vid revivió el personaje y desde diciembre del año pasado está nuevamente en circulación en puestos de periódicos. El criterio que motivó la redición del Pantera es sencillo: “falta de héroes”, dice Manelick de la Parra, presidente de Editorial Vid. “Si vas a un puesto de revistas no hay a quien seguir en el área nacional, de ahí el interés de intentarlo de nuevo”.
(Con información de www.revistabloc.com)
(La Jornada, 8 de junio de 2008)
sábado 7 de junio de 2008
Regresaremos, advierten soldados a bases zapatistas
■ Estamos alertas porque buscan un enfrentamiento, señala JBG
■ Desde mayo se han sucedido acciones militares en zonas autónomas
Hermann Bellinghausen (Enviado)
La Garrucha, Chis., 6 de junio. Ante el rechazo decidido de los pobladores de la comunidad zapatista Hermenegildo Galeana, a unos kilómetros del caracol Hacia un nuevo amanecer, sobre las laderas de la sierra Livingston, el oficial al mando de las tropas federales que intentaban alcanzar el poblado se detuvo, y antes de retroceder amenazó a los campesinos tzeltales: “vamos a volver y no vamos a respetar; vamos a llegar adonde hay que llegar”.
Una cosa les queda clara a las bases zapatistas de los municipios autónomos Francisco Gómez y Ricardo Flores Magón: “los soldados y policías vienen a encontrarnos. Lo que buscan es enfrentar. Por eso, los pueblos están alertas”, expresa un miembro de la junta de buen gobierno (JBG), en nombre de seis compañeros suyos que lo flanquean.
“Ahora que ya vimos cómo están llegando los soldados, se teme que se metan en las montañas”, añade en su recapitulación de las operaciones del Ejército federal y diversas corporaciones policiacas realizadas en las recientes dos semanas contra comunidades zapatistas de la selva tzeltal. La más reciente y grave fu