Denuncia de indígena violada por militares llega a la Corte Interamericana

LA REDACCIóN

MÉXICO, DF, 25 de junio (apro).- La CIDH informó hoy desde Washington que demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al gobierno mexicano por el caso de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena guerrerense que en 2002 fue violada y torturada por militares.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), interpuso la demanda contra México por la violación y tortura de la indígena me'phaa a manos de militares, pues hasta el momento no se ha investigado ni sancionado a los responsables, y tampoco ha habido la reparación de la víctima.

Hace unas semanas la organizaciones de derechos humanos Tlachinollan y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dieron a conocer que la CIDH determinó, desde el 7 de mayo, remitir el caso de Inés a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indígena tlapaneca violada y torturada por militares el 22 de marzo de 2002 en su domicilio, ubicado en la región de La Montaña de Guerrero.

Ese día un grupo de soldados entró en su casa para interrogarla en relación con un presunto robo de carne y la aparición de un grupo armado. Al no responder a sus preguntas, la violaron.

Semanas atrás se había registrado otro caso parecido.

Valentina Rosendo Cantú, que entonces tenía 17 años, fue abordada el 16 de febrero de ese mismo años en su domicilio por soldados, que le hicieron preguntas sobre las actividades de algunos "hombres encapuchados", en referencia a la guerrilla guerrerense.

Al responder que no conocía a ninguno, la amenazaron y dos soldados la violaron.

Del caso de Valentina también se espera una resolución, pues la CIDH ya emitió su informe de fondo, mismo que no se ha hecho público en virtud que el procedimiento considera un plazo para que el gobierno mexicano atienda a los requerimientos de la CIDH y la queja pueda ser resuelta por la vía de la conciliación.

Los dos casos estuvieron radicados desde 2002 hasta 2008 ante la justicia militar, misma que al final concluyó que en los hechos no habían participado efectivos castrenses, por lo que remitió la denuncia a la Procuraduría de Guerrero.

En estos años, la tensión en la zona se ha ido incrementando contra los grupos civiles y de derechos humanos en acciones que incluyen el asesinato del hermano de Inés poco antes que se cumplieran seis años de la agresión.

Además, integrantes de la organización de derechos humanos Tlachinollan han denunciado diversas amenazas.

(Proceso, junio de 2009)