Ilegal Secretaría de Seguridad

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

Asombra, e intranquiliza, saber que la principal política del gobierno federal, la de seguridad pública, trabaja sobre la ilegalidad y precarias bases de organización, sobre situaciones de hecho sujetas a oscilaciones del ánimo no se sabe si del presidente de la república o de sus secretarios, el del ramo y el de la Defensa Nacional.

Es mala noticia que los cuerpos policiacos y sus agentes sean noticia. Y no es infrecuente que eso ocurra. La semana pasada se rindió homenaje a nueve miembros de la Policía Federal asesinados.

Uno al menos, Roberto Velásquez Bravo, alto funcionario del Estado Mayor de esa corporación cayó en circunstancias que denotan al menos abulia en cuanto a la protección que debiera cubrir a los de su rango, dado que era director de investigaciones contra el crimen organizado.

En sentido contrario, al menos la segunda grave matanza en que el blanco principal era el líder ganadero guerrerense Rogaciano Alba quizá fue protagonizada por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones. El sábado pasado, después de que en la víspera habían muerto seis personas en un ataque en Iguala contra ese dirigente, un comando de 40 ó 50 personas vestidas con el uniforme de aquella corporación, a bordo de una decena de vehículos, atentó de nuevo contra Alba, esa vez en su casa en Petatlán, y ultimó a 11 personas.

La Secretaría de Seguridad Pública Federal, de que depende la AFI, no reaccionó de inmediato para negar que efectivos suyos cometieran tropelías de esa gravedad.

La Policía Federal no existe formalmente. No puede nacer sin base legal, y para construirla es preciso abrogar las normas que dieron vida a la AFI y la PFP.

Y ni siquiera se ha iniciado el trámite legislativo necesario para esa operación.

La demora quizá sea atribuible a Los Pinos, pero pueden situarse en la oficina del ingeniero Genaro García Luna otras insuficiencias legales que afectan el funcionamiento de esa policía.

Por ejemplo, 7,588 militares trabajan en la Policía Federal desde el año pasado, sin que sea clara su adscripción porque no ha sido formalizado este año el convenio anual que desde 2000 suscriben la Defensa y la SSP.

Por añadidura, en la segunda Secretaría aseguran que ese convenio ya fue firmado, extremo que a su vez se niega en Lomas de Sotelo. Conforme al último documento suscrito para ese efecto, en abril del año pasado, el personal militar que está comisionado a la SSP volvería a filas al comenzar 2008, lo que no ocurrió.

Pero desde entonces, visto que no ha sido renovado el convenio, la porción castrense de la PFP se halla en una situación de indefinición legal que sería en todos los casos inconveniente y lo es sobre todo a la luz de las importantes funciones jurídicas que esa corporación debe cumplir.

La diferencia de puntos de vista entre la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública no es nueva y manifiesta una tensión permanente entre ambas dependencias.

A veces no se trata sólo de pareceres diversos, sino de verdadero choque de posiciones. Hace un mes, para no ir más lejos, la SSP emitió un comunicado para informar que la Policía Federal detuvo en Nuevo Laredo a un grupo de zetas, los matones a sueldo del cártel del Golfo, que llevaban consigo más de cinco millones de dólares.

La oficina a cargo de García Luna atribuyó la detención a los “trabajos de inteligencia, de gabinete y de campo” realizados por esa corporación. En la Sedena esa información debe haber sido leída con asombro, e indignación, pues de inmediato la Secretaría de la Defensa desmintió a la SSP. La captura había sido realizada por elementos del quinto regimiento de caballería motorizada, que acudieron a averiguar el contenido de una denuncia ciudadana.

Cuando el 6 de abril me referí a ese choque de informaciones, a atribución del mérito ajeno por parte de la SSP conjeturé que esa Secretaría debía “cambiar de titular cuanto antes, para impedir que la desconfianza lastre la de suyo estéril tarea de las operaciones encabezadas por el Ejército”. Mi cálculo resultó errado por completo, pues García Luna sigue tan campante en su cargo. Pero quizá antes ya se había considerado en el círculo gobernante esa remoción, y aun se hablaba de quien lo sustituiría, el general Tomás Ángeles Dauahare, a la sazón subsecretario de la Defensa Nacional.

El presunto reemplazo se frustró, ya fuera porque el alto mando mudó de parecer ante el inconveniente de entregar formalmente a los militares la Seguridad Pública, ya porque el subsecretario fue inoportuno al comunicar su posible ascenso.

Que esto último pudo haber ocurrido lo denota su destino. A pesar de que llegó en noviembre pasado a la edad de jubilación en el Ejército, continuó en su elevado cargo hasta tres meses después. El 3 de marzo pasado, sin embargo, fue relevado por el general Francisco Meza Castro. Fue notorio que el comunicado de la Sedena se limitara a dar cuenta del nombramiento y, como si la Subsecretaría hubiera estado vacante, omitiera el nombre del reemplazado, cuyos servicios no fueron reconocidos, como suele hacerse en trámites de ese género. Sólo de modo extraoficial se adujo su edad como razón para su salida.

La Sedena atribuye a morosidad de la SSP el que no se haya renovado el convenio por el que la policía militar comisiona a más de 7,000 de sus integrantes a la Policía Federal. Si en sus labores sustantivas suele ser lenta la SSP ¿por qué habría de ocurrir lo contrario en sus tareas adje-tivas?— México, D.F.

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(Diario de Yucatán, 7 de mayo de 2008)