Militares, contra todos

En alerta debe poner la aparente disputa entre la Sedena y la SSP; la difusión de la versión de cada dependencia sobre una misma captura, diferentes entre sí, no denota sino un impulso contrario a la coordinación

Miguel Ángel Granados Chapa

Anteayer viernes estuvo en Ciudad Juárez el embajador Antonio Garza. Poco antes había anunciado que no sólo mantendrá la alerta que con informes de su oficina emite el Departamento de Estado sobre la seguridad en Chihuahua, sino que también "puede ser necesario elevar el nivel de la misma para reflejar de manera más precisa el aumento en la inseguridad" en ese estado. Ya en aquella frontera, insistió en el empeoramiento de las cosas para explicar su presencia: "Como a otras personas, me han preocupado los reportes de aumento de la violencia y criminalidad en Ciudad Juárez y consideré que era importante venir a la región para ver y oír de primera mano cómo se ha desarrollado la situación actual".

Las declaraciones y el viaje de Garza ocurrieron una semana después de iniciada la operación conjunta encabezada por el Ejército en aquel estado y en particular en aquella ciudad fronteriza. Aunque es temprano para evaluar el trabajo castrense en esta nueva fase de su participación en la lucha contra la delincuencia, la intervención del diplomático norteamericano parece indicar escepticismo sobre sus resultados, acaso por lo ocurrido en los primeros días del despliegue militar en la región. Una vez más se mostró que, aparte de su ineficacia en el combate contra la delincuencia, la presencia militar no sólo dista de ser disuasiva sino que se convierte en nuevo y negativo ingrediente de la grave situación.

Es bien sabido que una de las misiones militares en los estados y ciudades a donde se envían efectivos del Ejército es determinar la confiabilidad de sus aliados en las operaciones conjuntas, la policía estatal y municipal de cada lugar, que aparecen todas como sospechosas de contubernio con el crimen organizado. No es una mala hipótesis de trabajo, dada la experiencia que enseña cuán frecuente es ese vínculo, pero por la propia naturaleza de los sujetos investigados la pesquisa correspondiente debe realizarse con extremo cuidado, pues al identificar al enemigo interno puede resultar dañada la relación con la porción sana de las corporaciones enfermas.

Desaprensivamente, los mandos militares detuvieron el martes pasado a 45 integrantes de cuerpos policiacos en Ciudad Juárez. Sus compañeros y familiares protestaron por la detención, mediante una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cuyos visitadores les fue impedido el acceso a las instalaciones castrenses donde estaban los detenidos. Tampoco fue permitido el paso a la procuradora de Chihuahua, Patricia González, que quizá acudió alertada por la denuncia de que cuatro mujeres, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, que depende de la Procuraduría local, fueron sujetas a vejaciones y maltratos, desnudas por completo y con los ojos vendados.

El viernes fueron dejados en libertad 22 de esos detenidos, 15 de ellos de la corporación estatal y siete del Centro de Inteligencia Policial. No encontré noticias sobre la suerte de los 23 restantes, salvo la consignación de nueve de ellos por transportar mariguana en patrullas a su cargo. El propio martes se habían suscitado otros incidentes graves entre militares y agentes municipales juarenses. Por un lado, "la policía Sandra Guadalupe Vega fue trasladada a Servicios Médicos Municipales en estado de shock y con el uniforme desgarrado, aparentemente al forcejear con soldados que la pretendían revisar en un retén al norte de la ciudad" (Reforma, 2 de abril). Y, por otro lado, se produjo un tiroteo sobre el que los participantes sostuvieron versiones encontradas. La policía municipal dijo que tres agentes se dirigían a atender un llamado de emergencia a bordo de una patrulla que, inesperadamente, recibió fuego de un retén militar sin previo aviso, y uno de ellos fue herido de gravedad, en la cabeza. La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, dijo que la patrulla seguía a un convoy militar y que, al tratar de identificar a los policías a bordo, éstos huyeron y aun dispararon contra los soldados, que repelieron la agresión y pudieron detener a los agentes, que en su vehículo oficial llevaban droga y un rifle AK-47.

En Nuevo León ocurrió el viernes otro enfrentamiento entre militares y agentes policiacos, aunque de naturaleza distinta al de Ciudad Juárez. Dos soldados en servicio en la base de operaciones de Lampazo se embriagaron y abandonaron su cuartel llevando consigo sus armas. Pretendieron que un civil al que conocían pagara cervezas para continuar su juerga y lo mataron cuando se negó a hacerlo. Huyeron y horas más tarde, por una aparente casualidad, toparon con agentes ministeriales que iniciaban la averiguación sobre el crimen que los militares ebrios habían cometido. Los policías intentaron desarmar a lo soldados, pero éstos dispararon y mataron a tres agentes. También los agresores murieron al ser repelido su ataque. Tal vez para eludir la responsabilidad corporativa que la opinión pública pudiera imputarles, la Sedena se apresuró a declarar que los ebrios eran desertores, cuando que no había transcurrido el tiempo en que se consuma ese delito contra la disciplina militar.

Dos semanas atrás, el 26 de marzo, otros militares habían privado de la vida a dos de sus compañeros y a cuatro muchachos civiles, al producirse en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, un tiroteo por la aparente negativa de los jóvenes a detenerse ante un retén. En el momento inicial, se buscó justificar el ataque pretendiendo que las víctimas estaban armadas, pero pronto quedó claro que se trataba de un abuso atribuible a los militares, que fue ya admitido como tal por la autoridades. El viernes la Procuraduría de Justicia Militar avisó de la consignación ante un juez castrense de Mazatlán de un teniente, un cabo y tres soldados como responsables de esos hechos, luego de que se informó inicialmente de 12 detenidos. En junio pasado, también en Sinaloa, dos mujeres y tres niños menores de cuatro años resultaron muertos en un injustificable ataque de militares al vehículo en que viajaba una familia, también con el pretexto de desobediencia a la orden de detenerse ante un retén. Diecinueve militares, entre oficiales y soldados, fueron sometidos a juicio por ese múltiple homicidio. Nueve meses después la justicia militar condenó a los oficiales a 15 años de prisión y a los soldados a siete. Esa lenidad anuncia la que beneficiará a los agresores del 26 de marzo.

Es gravísima la comisión de delitos por miembros del Ejército, especialmente cuando actúan en funciones policiacas e investigan y se enfrentan con miembros de otras corporaciones, porque eso contradice el propósito de haber sacado a los militares de sus cuarteles a las calles, que es reforzar la capacidad del Estado en el combate a una creciente, diversificada, imbatible delincuencia organizada. No menos grave, en consecuencia, sería que la coordinación entre fuerzas federales sufriera a causa de una disputa interna, de una pugna por acaparar los reflectores de los medios. No es válido extraer conclusiones generales de un hecho particular, pero al menos debe ponernos alerta el relevante diferendo surgido entre las secretarías de la Defensa Nacional y la de Seguridad Pública federal.

El jueves la SSP emitió un boletín para informar que la Policía Federal, esa entidad jurídicamente inexistente, detuvo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a un grupo de zetas (los matarifes del Cártel del Golfo), que llevaban consigo cerca de 6 millones de dólares. La propia dependencia aseguró que la captura y el decomiso resultaron de "trabajos de inteligencia, de gabinete y campo", realizados por aquella corporación, presumiblemente formada por la fusión entre la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva que, sin embargo, mantienen su identidad legal propia. El que la SSP se atribuyera el mérito de esa detención disgustó a los militares. La Sedena lanzó al día siguiente un desmentido: siendo cierto el hecho central (la detención de delincuentes y la cantidad de dinero), no lo es la participación de la SSP, pues la captura fue realizada por miembros del quinto Regimiento de Caballería Motorizada, y fue posible gracias a una denuncia ciudadana. Si ello es así, la SSP debe cambiar de titular cuanto antes, para impedir que la desconfianza lastre la de suyo estéril tarea de las operaciones encabezadas por el Ejército.

(Reforma, 06 de abril de 2008. Tomado de Expresión Libre)