ONG reportan vejaciones y abusos en la acción castrense en la frontera

Víctor Ballinas

La Red Todos los Derechos para Todos denunció ayer que en el operativo militar que se realiza desde hace días en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro mujeres policías ministeriales fueron detenidas y trasladadas a instalaciones castrenses, donde dos de ellas “fueron desnudadas delante de soldados y fueron vendadas de los ojos”.

Además, Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, abundó: “Se han recibido denuncias de la población civil por cateos, detenciones ilegales, malos tratos; con ello se corrobora lo que las organizaciones defensoras de derechos humanos señalamos desde un principio, que sacar a los militares a la calle de manera numerosa e intensiva llevaría a que se cometieran graves violaciones a los derechos humanos”.

El presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los derechos Humanos (Limeddh), destacó por su parte que la población en esa ciudad fronteriza reclama el “estado de sitio en que se encuentran” y las constantes y cotidianas violaciones a sus derechos que cometen militares en los retenes y en los puestos de supervisión que han colocado.

A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en conjunto con el Frente Cívico Sinaloense, realizan labores de observación en Sinaloa para documentar el caso de cuatros personas asesinadas por militares el 28 de marzo pasado, en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos citadas demandaron que el Ejército se “abstenga de seguir investigando los crímenes que cometieron sus elementos destinados a esa región y ponga a los responsables –de los asesinatos– a disposición de la autoridad civil”.

En sus primeras investigaciones, las organizaciones de derechos humanos sostienen que “el 28 de marzo pasado, militares dispararon contra el vehículo en que viajaban Édgar Geovany Araujo Alarcón, de 25 años, Héctor Zenón Medina López, de 28 años, Manuel Medina Araujo, de 25 años, e Irineo Medina Díaz de 50 años, junto con otras dos personas que resultaron heridas. Los indicios apuntan a que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita”.

Por su parte, Cortez consideró “gravísimo que el Ejército se niegue a abrir sus espacios donde tiene detenidos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es el órgano depositario del Mecanismo Nacional Contra la Tortura, y el organismo encargado de vigilar que no se violen los derechos humanos. Eso dice que el Ejército genera condiciones para que se violen los derechos humanos”.

Dijo el secretario ejecutivo de la red que “es momento de que el ombudsman nacional exija al presidente Calderón que modifique su política en materia de seguridad, que tiene alto costo en materia de derechos humanos. Si Soberanes piensa recurrir al Senado para denunciar al Ejecutivo, que lo haga, pero tiene que romper esa prohibición. Es inaceptable que al órgano encargado de la defensa de los derechos humanos se le restrinja la entrada a los lugares que debe supervisar”.

(La Jornada, 3 de abril de 2008)