La guerra sucia no se olvida... ni se acaba

MANÚ DORNBIERER

Leí en uno de los diarios AM una historia que me reconcilió con la justicia inmanente. El tiempo pasa y los políticos del PRI y del PAN (hasta el momento los únicos detentores del poder federal), lastimaron y empobrecieron a la sociedad mexicana. Guerrero es considerado uno de los estados más lastimados. En todo el país se dio ¿hay que hablar en pasado? una guerra, una represión inicua del gobierno contra ciertas capas de población siendo la campesina la predilecta de los soldados. Pero la que se conoce como la guerra sucia se refiere a lo que sufrió Guerrero en la década de los 70, cuando los militares desaparecían campesinos a placer.

La historia se refiere a Rosendo Radilla Pacheco, un campesino guerrerense que fue detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974 por “componer corridos” a favor del guerrillero y profesor Lucio Cabañas. Uy, qué lejos está eso, se dirán algunos, pero no por ello menos criminal. Así lo pensaron los parientes del compositor y así lo piensa la Comisión Interamericana que dio entrada a la queja hace tres años y que en vista de que el gobierno de Calderón no movió un dedo por supuesto, decidió enviarla a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a Washington: “Se trata del primer caso en que el gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional a raíz de una querella según la cual grupos de militares incurrieron en excesos contra la población civil”, subraya AM y explica: “El 27 de agosto de 2007, el organismo defensor de los derechos humanos le exigió al gobierno de Calderón que cumpliera con cuatro peticiones: una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Radilla Pacheco; la localización, identificación y entrega de los restos de la víctima a su familia; la recuperación de la memoria histórica, “esclareciendo públicamente los hechos”, y la reparación del daño moral y material a los familiares”.

Nada se hizo al respecto. Juan Manuel Gómez, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tenía que haber informado a la Comisión sobre lo que había hecho, pero por lo visto no cumplió ni informó y en cambio pidió una prórroga de ocho meses y le dieron 120 días. Al final no hizo nada. Y hoy el mexicano Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha recibido el expediente 12 mil 511 . Esperemos que no sea calderonista…

La abogada María Sirvent, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, una de las organizaciones que representa a Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo, asegura que, pese a la prórroga, la respuesta que dio el gobierno de Calderón al caso Radilla fue deplorable.

El 13 de marzo frente a la Comisión Interamericana, en Washington, los representantes del gobierno mexicano informaron que “no se tienen indicios de presuntos responsables, toda vez que uno de los supuestos implicados, el general Francisco Quirós Hermosillo, murió en prisión durante el proceso que se le seguía desde 2000 por la comisión de varios delitos, incluido el de narcotráfico”. Fue el jefe de la Brigada Blanca, y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) –un breve y superficial intento de Vicente Fox de cumplir con el clamor que no ha dejado de sentirse en Guerrero contra la verdadera ocupación militar que padece el estado– lo consignó el 11 de agosto de 2005 “por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro contra Radilla”. Desde luego no siguió ninguna compensación y ni siquiera información para la familia del desaparecido.

Y además el proceso se quedó en lo militar, lo que la Comisión consideró violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe la aplicación del fuero penal militar para investigaciones y procesos que involucran violaciones a los derechos humanos. La delegación gubernamental mexicana aseguró que para localizar a la víctima se “escaneó” el pasado 2 de febrero, el terreno en lo que fue hasta 1994 el cuartel militar de Atoyac, donde el campesino fue visto por última vez. Asimismo, ofreció la publicación de un texto sobre la vida de Rosendo Radilla, como “forma de reconstruir la memoria histórica”, y pagar alrededor de 60 mil dólares como reparación del daño.

La abogada Sirvent consideró que la decisión de la Comisión de enviar el caso a la Corte se debió a “la deficiente respuesta del gobierno de Calderón, desconociendo que la desaparición de Rosendo no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una política de Estado, de un patrón sistemático generalizado del uso excesivo de la fuerza militar, cuya participación es ampliamente reconocida por la Comisión”.

Desde Washington, la licenciada Sirvent destaca en entrevista telefónica al diario citado que “fue tan mala la respuesta del gobierno mexicano, que ni siquiera hicieron mención al trabajo de la Femospp en la recopilación de documentos sobre la guerra sucia. Esa documentación, además, debería estar en el Archivo General de la Nación para su consulta, como una forma de reparación del daño y para permitir a los familiares de los desaparecidos saber qué pasó”. Mucho menos, agrega, “hubo un reconocimiento de que además del impacto individual hubo uno colectivo, porque en Atoyac, Guerrero, se registró el mayor número de desaparecidos en aquellos años”.

Por su parte, la hija del desaparecido campesino , Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem), afirmó que entre 1969 y 1974 desaparecieron 400 personas en ese municipio de la Costa Grande de Guerrero, de las cuales 122 corresponden al periodo de julio a noviembre de 1974, cuando Rosendo, su padre fue detenido por el Ejército. La asociación tiene un registro de 600 víctimas de ese delito en toda la entidad.

Pero la noticia del traslado del expediente a la Corte Interamericana renueva la esperanza a la familia de Rosendo Radilla de localizar sus restos. “El resultado fue el esperado. Se demostró contundentemente el crimen que cometió el Estado mexicano contra los campesinos guerrerenses”, asegura Tita. La expectativa de la familia, dice, es que los responsables sean enjuiciados. “Para la familia, el daño es irreparable y la reparación económica no nos interesa. Lo que queremos es saber qué hicieron con los desaparecidos”. Asegura que el Estado mexicano tiene información sobre el paradero de las víctimas: “Ellos saben lo que hicieron. Muchos de los responsables siguen en el Ejército o están retirados; pero ahí están. La información existe porque los archivos fueron rasurados. Lo que queremos es que se sepa la verdad, para que no vuelva a suceder”.

Pero ¿alguien puede asegurar en Guerrero que el Ejército no afecta, molesta, desaparece a campesinos? En Guerrero el Ejército hasta criminaliza la defensa del medio ambiente como se sabe por la persecución de campesinos ecologistas que afectan intereses económicos de los omnipresentes caciques a los que la tropa obedece.

Y a nivel federal, Calderón defiende a sus “chicos” militares como lo comprueba el vergonzoso caso en Veracruz de la indígena Ernestina fallecida a consecuencia de la violación multitudinaria de sardos. Pero el médico legista Felipe Calderón dictaminó que la anciana había muerto de anemia . Y hoy, realizando el Ejército tareas contra el narco, sin que importe un pepino que en la propia ONU se ha criticado esa iniciativa fascista, los soldados tienen carta blanca. Así pues hay que festejar con la familia Radilla que el gobierno mexicano esté por primera vez expuesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver si así se calma.

manoudornbierer@gmail.com

(La Jornada Guerrero, 1 de abril de 2008)