Un año de impunidad y silencio

Plaza Pública

Miguel Ángel Granados Chapa

En la madrugada del 26 de febrero de 2007 —ayer se cumplió un año— falleció la señora Ernestina Ascensio Rosario. Consta en un acta del Ministerio Público que la anciana fue atacada la víspera, según relato de sus hijos, y consta asimismo que su muerte, según el certificado de defunción, fue provocada por un traumatismo craneoencefálico y una anemia aguda, producto de una hemorragia (resultado a su vez de un ataque sexual).

Se inició con esos documentos una averiguación previa en la Procuraduría de Justicia de Veracruz. Hizo lo mismo la Procuraduría de Justicia militar, ya que los indicios iniciales apuntaron a integrantes de una partida castrense acantonada cerca del domicilio de la víctima, como los probables responsables de los delitos que agraviaron y dieron muerte a doña Ernestina.

Un año después se ha consumado la impunidad que favoreció a los atacantes y a su institución.

Durante los primeros días posteriores al terrible acontecimiento, las dos procuradurías responsables de la investigación trabajaron sobre el entendido de una agresión sexual que causó la muerte de la señora, según constancia documental de sus trabajos.

Pero ya el 12 de marzo el caso dio un viraje, pues el propio presidente de la República, que se dijo entonces muy interesado en el asunto (sin que después se haya mostrado tan atento a una situación semejante, que han menudeado desde entonces) emitió un dictamen que adquirió, por así, decirlo, carácter de verdad oficial, y en torno del cual se organizó a partir de entonces la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 10 días antes del diagnóstico presidencial había anunciado su intervención en el caso tenido como un homicidio. Calderón negó explícitamente que se tratara de un asesinato y emitió su célebre sentencia: la señora murió de gastritis crónica mal atendida.

Dos meses después de iniciada la averiguación del Ministerio Público local, y en abierta contradicción con los indicios que se hicieron conocer paulatinamente, la Procuraduría veracruzana dio un vuelco en su posición y se avino a la hipótesis presidencial, desarrollada por la CNDH.

El gobierno de Fidel Herrera no sólo cerró la pesquisa, luego de un encuentro del cachazudo gobernante con el presidente de la Comisión Nacional, sino que se aseguró de que la familia de la víctima no impugnara la decisión de la fiscalía. Las hijas y los hijos de la señora Ernestina fueron invitados a una breve vacación en la ciudad de México (que incluyó una visita a la basílica de Guadalupe, quién sabe con qué motivo que no podría ser el que la muerte de su madre se hubiera aclarado) y al volver a Soledad Atzompa se encerraron en un mutismo que no ha sido roto desde entonces.

Sus vecinos sólo perciben de ellos, a un año de distancia, señales exteriores de una notoria mudanza en sus condiciones de vida: la precariedad de sus chozas se reforzó con muros de mampostería levantados por el gobierno estatal, y les espera una casa de dos plantas también construida por la administración de Herrera.

De la averiguación militar no se tuvo noticia pública, salvo el reconocimiento del general secretario de la Defensa de que aún estaba en curso, como tampoco se ha sabido del avance de la autoridad castrense en el cumplimiento de la recomendación 34 emitida por la CNDH el 3 de septiembre pasado.

Ese extenso documento fue dirigido al gobierno veracruzano, a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Congreso local de Veracruz, en este último caso para que los diputados averiguaran las omisiones e irregularidades en que habría incurrido el alcalde de Soledad Atzompa, que se negó a dar información a la CNDH.

La recomendación de la oficina del ombudsman, originada en una denuncia penal por homicidio y otros delitos, se convirtió en un catálogo de indicaciones a las autoridades sobre presuntas faltas de carácter meramente administrativo, salvo en el caso de dos médicos, la ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas y el forense Pablo Mendizábal, sobre los que pesa una averiguación ministerial, pues la CNDH pasó de ser defensora de derechos humanos a virtual atacante de los que corresponden a esos dos servidores públicos.

Su delito fue haber emitido la documentación inicial sobre las lesiones (donde consta que hubo desgarramiento de la región rectal y se expresa la causa mecánica, no médica de la muerte de Ernestina). Tan empeñada se mostró la CNDH en desvirtuar los hechos referidos por esos dos profesionales, que señala entre las razones por las que se debe investigar penalmente a Mendizábal el haber realizado la necropsia en el local de una funeraria y no en el anfiteatro correspondiente. Sólo que tal anfiteatro no existe y las autopsias se realizan en esa región veracruzana, la sierra de Zongolica, donde se puede.

Es presumible que la porción de la sociedad que se indignó ante el crimen de que fue víctima doña Ernestina y acrecentó su indignación ante el abordamiento del caso propiciado por la CNDH en complicidad con el gobierno veracruzano y al servicio de la posición presidencial y del Ejército aguarde el informe de seguimiento de la recomendación 34 que la Comisión Nacional emitió hace seis meses. Especialmente importante será conocer el modo en que la Sedena cumplió las partes de la recomendación que le corresponden, para aliviar el silencio castrense sobre el grave caso. Antes de que callara, la autoridad militar emitió comunicados que admiten la agresión negada después.— México, D.F.

miguelangel@granadoschapa.com

(Diario de Yucatán, 27 de febrero de 2008)