Abusos en Oventic durante operativo para desmantelar banda de robacoches

Autoridades protegen a militantes partidistas en comisión de ilícitos: junta zapatista

Detienen y torturan sicológicamente a dos indígenas que se negaron a entregar dinero

En Magdalena la Paz retienen el automóvil de un poblador con los papeles en regla

Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Cristóbal de las Casas, Chis. 2 de febrero. La junta de buen gobierno (JBG) de Oventic denunció abusos cometidos por la fuerza pública el pasado miércoles, durante un muy publicitado operativo del Ejército federal y diferentes corporaciones policiacas en comunidades del municipio oficial de Aldama (y autónomo, Magdalena La Paz), para “desmantelar” una banda de robacoches que operaba en el lugar, “en complicidad o con protección de las autoridades locales, municipales, estatales, hasta federales; por eso las autoridades oficiales no hacen nada para evitar y controlar la compra, el uso y la circulación de vehículos ilegales, ni la siembra, el tráfico y el consumo de drogas”.

La JBG Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo documenta dos casos de pobladores, bases de apoyo del EZLN, que sufrieron robos, detención, golpes y tortura sicológica por parte de agentes policiacos. El 30 de enero se llevó a cabo un operativo en las comunidades de Xuxch’en, Cotsilna’m y Xulumo’, todas “pertenecientes al municipio autónomo Magdalena de la Paz”, indica la junta. “Según, el objetivo de este operativo es la recuperación de vehículos robados y el rancho San Isidro, invadido por un grupo de personas, pero eso no sólo fue eso, hubo detención de algunos compañeros”.

Así, “cuando llegó el operativo en Xuxch’en, agarran el vehículo Nissan, modelo 2004 de Mateo Pérez Hernández, base de apoyo del EZLN”. Al llegar éste “para demostrar que su vehículo es legal, con los papeles necesarios (factura, tarjeta de circulación y licencia de manejo), además del registro y permiso de la JBG”, los policías “no hicieron caso; lo obligaron a subir en su propia camioneta y lo llevaron a la Unidad Administrativa (UA), en San Cristóbal”.

Después de varias horas en la Unidad Administrativa, el indígena zapatista solicitó de vuelta los documentos de su carro. “Le contestaban que no estaba la persona quien le podía responder, y no le quedaba más que esperar, y hasta después le dijeron que podía irse y buscara un abogado para recuperar su carro”. En el Ministerio Público (MP) le dijeron “que no sabían nada del operativo y que regresara el día siguiente”. En la UA le comunicaron que el automóvil fue llevado a Tuxtla Gutiérrez.

Otros casos

Esta actitud del Ministerio Público, dice la junta, “es la misma de todas las autoridades gubernamentales que no se preocupan por hacer justicia a personas inocentes y sólo le hacen perder su tiempo y gastar su dinero a la gente pobre”. En el transcurso del mismo operativo “agarraron a otros dos bases de apoyo del EZLN, en Xulumo, en una vereda que va hacia sus casas”. Procedían del vecino San Andrés. En el camino se encontraron con la operación policiaca y del Ejército federal, “sin tener ningún delito”.

“Como andaban a pie les marcaron alto y les apuntaron armas de fuego”. Los interrogaron y registraron “para ver si traían armas, pero no se les encontró nada”. A Alfredo Pérez Hernández y Marcos Pérez Hernández, “les encontraron 300 pesos de ‘sencillo’, y ese dinero les quitaron. Aparte, Marcos tenía 280 pesos en billetes y se lo querían quitar pero se negó; la policía se encabronó, entonces lo empujaban debajo del camión con la finalidad de que se lastimara”.

En vehículos diferentes fueron trasladados a San Cristóbal de las Casas. Alfredo Pérez Hernández “acostado dentro del camión de la policía”. Marcos, que estaba en otro camión, fue obligado a “que se acostara y le dijeron que no levantara la cabeza; en algún momento levantó la cabeza, entonces le taparon la cara con una cobija”.

Junto con otros detenidos durante el operativo, los llevaron a Tuxtla Gutiérrez. “Sufrieron hambre y sed, porque estuvieron varias horas detenidos ilegalmente. Los policías se portaron prepotentes y se valen de sus armas y uniformes para intimidar. Es una tortura sicológica”, apunta la JBG.

Después de varias horas, fueron liberados, por intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. “No les encontraron ningún delito porque ellos no tienen nada que ver con los carros ilegales, ni con la invasión del predio San Isidro. Consideramos una violación de los derechos humanos detener a inocentes en el operativo, porque no sólo se llevan a personas que realizan actividades ilícitas como la compra, el uso y la circulación de los vehículos ilegales o robados”.

La JBG subraya: “Desde hace varios años se han girado instrucciones a todas las comunidades, municipios y territorios zapatistas, con la prohibición total de estas actividades ilícitas. Sin embargo en nuestra zona Altos hay quienes no respetan estas instrucciones. Y siguen en aumento los vehículos ilegales, la siembra y el tráfico de drogas por parte de las personas afiliadas a los diferentes partidos políticos. Actúan en complicidad o con protección de las autoridades”.

(La Jornada, 3 de febrero de 2008)