La militarización de Calderón

£ El gobierno de la ultraderecha inicia operativos militares.
£ Propagandísticamente anuncia que combatirá al narcotráfico.
£ Es la respuesta del gobierno fraudulento a la protesta social.

Calderón se viste de verde

Ni siquiera le pusieron ropa a la medida; casi arrastrando el uniforme militar, el presidente ilegítimo de México apareció disfrazado en la Zona Militar No. 43 para regocijo de los caricaturistas. El 3 de enero, vestido con chamarra y gorra militares, Calderón se reunió con soldados, marinos y policías en Apatzingán, Michoacán. El motivo oficial fue rendirles tributo porque, dijo, “han logrado detener el avance de la delincuencia en la primera fase de los operativos de seguridad, y a quienes ordenó que no desfallezcan en esta tarea” (Herrera C., Martínez E. en La Jornada 4 ene 2007)..

Agradecido, "por las operaciones emprendidas contra el narcotráfico", el gobernador del estado michoacano fue el primero en someterse. Lázaro Cárdenas Batel del abuelo solo tiene el apellido. En Michoacán, precisamente, se habían iniciado los operativos militares el 8 de diciembre anterior. Ahora, los resultados indicaban que, entre otros logros, se habían decomisado 4 kilogramos de semillas de amapola, 19 mil 341 pesos y 2,321 dólares. Los resultados son verdaderamente ridículos. No obstante, el secretario de la defensa de Calderón declaró que, “estos resultados han sido "contundentes" y no tiene precedente en las estadísticas de combate en contra del crimen organizado en Michoacán”.

Se extienden los operativos
Dos días ates, el 3 de enero, se había dado inicio al mismo operativo en Tijuana, Baja California. Miles de elementos militares y policíacos fueron movilizados en un programa “que prevé el uso de aeronaves reacondicionadas con alta tecnología para intercepción, la instalación de puntos de detección terrestre y marítima de narcóticos, así como de erradicación de cultivos ilícitos” (Román J.A., Castillo G., Heras A., en La Jornada 3 ene 2007).

El 6 de enero, el operativo se puso en marcha, ahora en Sinaloa. El gobierno de la ultraderecha decidió desplegar “más de 3 mil elementos provenientes de la PFP, la Agencia Federal de Investigación (AFI), del Ejército y Marina-Armada de México a Sinaloa, para instalar retenes y desplegar acciones por tierra y mar en contra del cultivo y trasiego de drogas, así como de dinero ilícito” (Castillo G., Muñoz A., en La Jornada 5 ene 2007). De inmediato los soldados levantaron retenes en calles, entradas y salidas de esta frontera, y realizaron labores de vigilancia por mar y aire con dos buques, cuatro lanchas rápidas y dos helicópteros.

En Sinaloa, el operativo se inició sin que el gobernador lo supiera, según declaró el mismo. Como parte del operativo, los militares desplegaron por el estado a “grupos de inteligencia”. Trascendió que el plan del gobierno federal era extender los operativos a todo el país.

En Chiapas y Sonora, los propios gobiernos locales anunciaron la inminente legada de efectivos militares. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados empezaron a instalar retenes en las avenidas de varias colonias. En Nuevo León, el propio gobernador se reunió con funcionaros federales para diseñar el operativo a aplicarse en su estado.

El 10 de enero, el gobierno local confirmó el arribo de 2 mil militares, 130 unidades terrestres y aéreas a Acapulco pero, dijo, que era parte de la rutina no de ningún operativo. El 15 de enero, el operativo ya se había ampliado a Culiacán, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo. Félix Salgado, presidente municipal de Acapulco, declaró que desconocía los detalles y estrategias que se iban a aplicar en el estado, principalmente, en el puerto.

El 22 de enero, ya estaban movilizados 9 mil soldados en Chihuahua, Durango y Sinaloa con los objetivos de ''ejecutar órdenes de aprehensión, realizar cateos y detener a miembros o líderes'' de organizaciones delictivas”. Según informó el secretario de la defensa nacional, desde el 8 de diciembre de 2006 se había movilizado a un total de 19 mil efectivos militares.

A la fecha el despliegue de efectivos era por tierra, mar y aire. En conferencia de prensa, en la casa presidencial, se informó que, al momento, se había logrado la erradicación de mil 613 plantíos de mariguana y 567 de amapola, además de la detención de 20 personas y el decomiso de 14 armas largas (Aranda J., en La Jornada 22 ene 2007).

Pobres resultados
El 7 de enero, el gobierno de Baja California aseguró que la Operación Tijuana sólo "ha dado buenos resultados", mientras en la jornada de vigilancia y combate al crimen organizado se detuvo a cuatro personas por omisión de pensión alimenticia, intento de violación y robo de cilindros de gas (Heras A., Martínez E. en La Jornada 8 ene 2007). Se publicó que, el principal "golpe" en Tijuana había sido desarmar a 2 mil 100 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal para que personal de inteligencia militar realice pruebas de balística y dactiloscopia con el propósito de saber si el arma de cargo o su responsable participaron en algún acto ilícito.

Ante tan pobres resultados, el gobierno mexicano procedió a un golpe mediático. El 19 de enero anunció la extradición de 15 capos del narcotráfico a Estados Unidos. Para el gobierno todo ocurrió con normalidad en contra de personas peligrosas. Sin embargo, a ninguno se le realizó ningún juicio de extradición, los jueces a cargo de los procesos ni siquiera fueron notificados y mucho menos se escucho en defensa a los afectados.

Las penas a que habían sido condenados en México (cadenas perpetuas), súbitamente fueron anuladas. Los hechos ocurrieron una semana después de la reunión en la capital mexicana de los procuradores de justicia de ambos países. Expertos penalistas señalaron que la acción fue inconstitucional al permitir que a los extraditados se les juzgue con leyes extranjeras.

El 25 de enero, Bush le llamó a Calderón para felicitarlo por la lucha contra el narco.

Tentación totalitaria
“El uso excesivo de la fuerza pública no sólo carece de resultados, sino que en los hechos se traduce en el fortalecimiento del poder para combatir cualquier disidencia política y restablecer el "orden y la legalidad, entendidos como disciplina y respeto a los esquemas sociales y económicos establecidos". Así lo señaló Fernando Tenorio Tagle, experto criminólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dijo que, Calderón “está cumpliendo con los mismos requisitos que Estados Unidos solicitó a Porfirio Díaz para garantizar la inversión extranjera, es decir, "seguridad, pero también control de los movimientos sociales" (Poy L., en La Jornada 5 ene 2007).

Agustín Pérez Carrillo, de la UAM-Azcapotzalco señaló que "no se logrará acabar con la delincuencia utilizando mano dura, mucho menos con un proceso de militarización, que sólo en países como Colombia ha costado miles de vidas y deterioro de los derechos humanos". El académico dijo que iniciar la "guerra" contra la delincuencia aplicando operativos de seguridad "no sólo vulnera garantías individuales, como el libre tránsito, también lesiona los derechos humanos y podría propiciar la pérdida de vidas y ocasionar lesiones físicas a personas ajenas a cualquier actividad ilícita".

“El prematuro uso de las fuerzas armadas mostró a un mandatario dispuesto a gobernar con el dedo en el gatillo” escribió J. Camil (en La Jornada 12 ene 2007).

En antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas dijo (en La Jornada 12 ene 2007) que “La casaca verde olivo y la gorra que ostenta el águila y las cinco estrellas del grado de comandante supremo de las Fuerzas Armadas que portaba Calderón el 3 de enero en Michoacán que nunca fueron utilizados por los presidentes priístas en una más de sus profusas reuniones con soldados en el corto tiempo de asumir el cargo; el aumento de salarios y recursos para los militares por encima de cualquier otro rubro o sector; la utilización masiva del ejército en operativos contra el crimen organizado en tres estados de la república en violación a la Constitución y, en particular, la violencia ejercida contra el pueblo oaxaqueño y la APPO, hacen pensar que Calderón más que presidente se asume como jefe supremo de la represión y el orden capitalistas”.

Gobierno usurpador apoyado en el Ejército federal
Gilberto analizó seriamente la situación. El mismo reiteró que, “ya en 1999 analizábamos las razones que continúan vigentes por las cuales las fuerzas armadas mexicanas se encuentran en desventaja en la lucha contra el narcotráfico: 1. El adiestramiento de los militares no va encaminado a prepararlos para misiones de seguridad pública y lucha contra el tráfico de drogas. 2. El crimen organizado por su poder económico penetra fácilmente las estructuras castrenses a través de su cooptación, corrompiendo a la institución armada desde la tropa hasta la alta oficialidad y convirtiéndola en cómplice de la acción delictiva. 3. Los recursos materiales de las fuerzas armadas están en desventaja con respecto al crimen organizado, el cual cuenta con los más modernos medios de comunicación e intercepción de señales, armamento, vehículos, aeronaves, navíos e infraestructura operativa. 4. La saturación de misiones de las fuerzas armadas traen consigo desgaste y deserciones: trabajo de inteligencia, seguridad pública, lucha contra el crimen organizado, represión de disidencias sociales y contrainsurgencia (las cuales abarcan diversas tareas de labor social y propaganda entre la población civil), contingencias y desastres naturales, etcétera. 5. Predominio del narcotráfico marítimo y en consecuencia fracaso en la contención de cargamentos ante la obsolescencia de las embarcaciones y los recursos de la Armada. 6. Resultados nulos, desprestigio, invasión de esferas de competencia entre sí (Ejército y Marina) y con diversas instituciones federales y estatales. 7. Inversiones inútiles en compra de transporte aéreo y marítimo inservible y riesgoso. 8. Nulo monitoreo del Congreso de la Unión y de la sociedad civil en el presupuesto militar, el cual resulta en un botín que propicia también la corrupción y la discrecionalidad en el gasto público. 9. Dependencia cada vez mayor de las fuerzas armadas mexicanas a Estados Unidos e incorporación de las mismas a los planes y mecanismos de dominio estratégico imperialista a través de la lucha contra el narcotráfico y ahora del "combate al terrorismo internacional".

López y Rivas dijo que “lo más preocupante de estas primeras semanas de Calderón es el mensaje que está dando a los ciudadanos todos y a la oposición de izquierda en particular: 1. Soy un presidente ilegítimo repudiado por millones de mexicanos, pero cuento con el apoyo de los militares. 2. Mi prioridad como gobernante es la seguridad para los capitales y la mediatización y control de la disidencia y la protesta social. 3. No me importa recortar el presupuesto para la educación, la salud, la cultura y el gasto social mientras el sector castrense se sienta no sólo apoyado, sino estimulado para el desempeño de sus tareas”.

También escribió que “No serán posibles la intimidación ni el repliegue de los movimientos sociales del pueblo mexicano ante estos intentos por hacer retroceder al país a etapas ya superadas por décadas de luchas civilistas, democráticas y de defensa de la soberanía e integridad de la nación. ¡La derecha no pasara!”.

La militarización va contra la protesta social
Calderón no es solamente un político de la ultraderecha fanática sino fascistoide. En Oaxaca, el gobierno federal optó con medidas de fuerza ante la protesta social. Habiéndose posesionado del gobierno luego de una elección severamente cuestionada, Calderón y grupos que lo patrocinan busca afirmarse en la fuerza del Ejército federal.

¿Cómo combatir al narcotráfico si éste se ha desarrollado al amparo del poder político? El mismo Estado ha sido penetrado por esas mafias y no de ahora. Sigue prevaleciendo la tesis de que no hay crimen organizado sin el apoyo del Estado. Eso es lo que ocurre en México. Por eso es que, el Ejército se ha visto mal, incapaz de cumplir con la función que el gobierno federal en turno le ha asignado.

Los operativos policíaco-militares y el amplio despliegue por todo el país son el anuncio de una guerra generalizada, aparentemente contra los narcos. Sin embargo, el mensaje va destinado a la sociedad en su conjunto. El gobierno tiene en marcha un operativo para criminalizar la protesta social, toda vez que el gobierno espurio sabe que, la aplicación de su política económica no es, ni será, aceptada voluntariamente por el pueblo. Imponer compulsivamente al neoliberalismo salvaje conlleva al uso de la fuerza del Estado.

(Energía, 27 de febrero de 2007)