Militares se movilizan en Chiapas “como no se había visto en años”, acusan ONG

■ Vuelan en helicóptero a baja altura con ametralladoras apuntando a personas, señalan

Hermann Bellinghausen

A partir de la segunda mitad de mayo se incrementaron en Chiapas las acciones del Ejército en las regiones indígenas, en especial, pero no exclusivamente, en comunidades zapatistas de la selva y la zona norte. Distintas organizaciones coincidieron en que eso no ocurría desde hace años.

El pasado fin de semana, la junta de buen gobierno (JBG) Camino de futuro, en el caracol de La Garrucha, confirmó la denuncia de un operativo militar y policiaco en el ejido San Jerónimo Tuliljá (municipio autónomo Ricardo Flores Magón, y oficial Chilón) ocurrido hace 10 días y documentado por los organismos defensores de los derechos humanos.

El 19 de mayo, un helicóptero militar sobrevoló la comunidad tzotzil y chol, y más tarde llegó un convoy del 18 batallón de infantería del Ejército con base en Tabasco, así como miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Policía Estatal Preventiva (PEP), “quienes rodearon las tres calles donde hay mayor presencia de bases de apoyo del EZLN”, detalla la JBG.

Los agentes federales amenazaron de muerte a personas que se encontraban allí, e irrumpieron en tres casas sin presentar órdenes ni explicaciones. Posteriormente los efectivos de dichas corporaciones se replegaron unos centenares de metros y permanecieron allí hasta el día 20.

La JBG señaló: “no existe ningún motivo que exija la entrada de los estos efectivos militares”, y condenó “las actitudes violentas de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)”.

El día 22 ingresaron tropas federales a comunidades indígenas del municipio Venustiano Carranza. El 23, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas recibió el testimonio de pobladores de las comunidades Cruz Palenque, Usipá, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar (municipio de Tila, en la zona norte), “externando preocupación por la presencia armada de elementos del Ejército en el crucero de Cruz Palenque y Usipá”, para incursionar en Jolaco, Usipá, Cruz Palenque y Nuevo Limar “con motivos desconocidos”.

En las comunidades choles existe temor, ya que “el Ejército ha comenzado a tomar posiciones en distintos puntos del estado, además de una constante movilización vía terrestre en las comunidades mencionadas, como no se había visto en varios años”.

El mismo viernes 23, la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) denunció que durante más de dos horas “un helicóptero del Ejército se mantuvo sobrevolando a muy baja altura la zona en que se encuentran las comunidades El Carrizal y Río Florido (Ocosingo), ambas pertenecientes a la OCEZ–FNLS”.

La situación provocó temor e inseguridad en la población, “sobre todo por la actitud persistente e intimidatoria del sobrevuelo, que mostraba ametralladoras montadas en los estribos del aparato, apuntando hacia las casas y la gente”.

Otras incursiones militares se han reportado en la región fronteriza de Marqués de Comillas. Aunque parecieran hechos aislados, suceden de improviso, y en ningún caso las tropas y los agentes policiacos han ofrecido explicaciones. Como expresa la OCEZ, “no es esta la primera vez que padecemos en Chiapas los efectos humillantes de la militarización, ya sabemos de qué se trata”.

(La Jornada, 30 de mayo de 2008)

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El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI

■ Preocupante, que el Presidente no haya demostrado un compromiso en la materia, afirma

■ Se respetan las garantías básicas y se atienden las recomendaciones de defensores en la materia: Mouriño

Emir Olivares Alonso

Amnistía Internacional (AI) señaló que el pueblo de México continúa esperando que el presidente Felipe Calderón manifieste un liderazgo en la defensa y garantía de los derechos humanos, pues en 18 meses de administración “aún no ha demostrado un compromiso pleno para hacer avanzar la protección” a estos derechos, lo que resulta “preocupante”..

Durante la presentación de su Informe 2008, el estado de los derechos humanos en el mundo, el organismo internacional aseveró que a 60 años de aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la asamblea general de la Organización de Nacones Unidas (ONU), los gobiernos del mundo deben pedir perdón por seis décadas de fracasos en la materia, siendo el de México uno de ellos, pues mantiene una política “incongruente” al respecto al asumir un liderazgo hacia el exterior, pero violaciones a las garantías e impunidad en su territorio.

En torno a la situación de las garantías fundamentales en el país, AI sección México informó que durante 2007 en territorio nacional persistió la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la realización de juicios penales sin las debidas garantías procesales. AI encontró que México se ubica entre las 81 naciones en las que se permite la tortura, entre las 77 que atentan contra la libre expresión y entre las 54 que no garantizan procesos judiciales justos, aseguró Liliana Velázquez, presidenta de AI México.

“México ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de salvaguarda y protección de los derechos humanos, pero ha fallado en su implementación, y este gobierno (de Calderón) no muestra aún la determinación de hacer ese compromiso realidad”, señaló.

Exhortó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a no desestimar el informe y, contrario a ello, revisarlo bien para impulsar los derechos en el país, ya que el documento se basa en lineamientos internacionales.

El organismo más grande del mundo en la protección de las garantías fundamentales consideró que en México, como en muchos otros países, existe un “abismo entre las promesas y la realidad” en torno a los derechos humanos. Ejemplo de ello, dijo, es en el país “la falta de justicia” en casos como los de Atenco, Oaxaca o Ciudad Juárez, así como los abusos cometidos por militares en el contexto de los operativos contra la delincuencia organizada ordenados por Calderón.

En ese sentido destacó que los estados de México, Oaxaca y Chihuahua “deben una disculpa y están en deuda con su ciudadanía” por la impunidad que posibilita la prevalencia de violaciones a derechos humanos en esas entidades.

“La falla en la detención y procesamiento de los responsables de graves abusos a derechos humanos mina la credibilidad de los gobiernos y su compromiso con las garantías fundamentales”.

Manifestó su preocupación sobre el apoyo para acciones de seguridad y justicia penal que el gobierno de Estados Unidos otorgará a México y otros países de Centroamérica en la llamada Iniciativa Mérida, debido a que estas acciones “no incluyen medidas adecuadas de protección a los derechos humanos”.

Por ello, solicitó a los gobiernos involucrados en ese plan tomar medidas a fin de que se evite que dicha asistencia internacional se utilice para que las fuerzas armadas continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía o para “alimentar más la impunidad que está tan arraigada en México”.

En el informe de AI se establece que el año pasado en México las fuerzas militares incurrieron en diversos abusos que han sido documentados, pues en ocasiones realizaron detenciones arbitrarias y cometieron torturas y asesinatos de algunas personas.

Insistió en que los abusos y delitos cometidos por militares deben ser investigados por la justicia civil, ya que los tribunales castrenses “son parciales. No estamos en favor o en contra de que el Ejército esté en las calles, pero el gobierno debe asumir la responsabilidad de esas decisiones, por lo que los abusos deben ser castigados; de lo contrario, caemos en un círculo de impunidad”.

Sobre el diagnóstico de AI, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno federal es “absolutamente respetuoso de las garantías básicas y en ese sentido atiende las recomendaciones de actores nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.

Con información de Fabiola Martínez.

(La Jornada, 29 de mayo de 2008)

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Represión, abusos, desapariciones...

José Gil Olmos

El número de muertes en el país relacionadas con el crimen organizado adquiere dimensiones inusitadas. El procurador Eduardo Medina Mora reconoció que este año van mil 378 ejecuciones; el 10% de estas bajas corresponden a elementos de la policía, la PGR, el Ejército y la Marina. Ante este escenario, organizaciones sociales muestran su preocupación no sólo por la militarización del combate al narcotráfico –25 mil soldados y policías federales se encuentran desplegados en diversas regiones del país–, sino por el retorno de prácticas represivas que, dicen, estaban ya superadas.

Dentro y fuera del país, organizaciones sociales advierten que la situación de los derechos humanos en México es “extremadamente crítica”.Su argumento: el gobierno de Felipe Calderón carece de una política de protección en ese campo. Además de condenar la salida del país de Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por supuestas presiones del gobierno de Felipe Calderón, también hacen hincapié en lo inconveniente que resulta utilizar al Ejército en la lucha contra el narcotráfico, en el repunte de la práctica de la tortura y en la desaparición forzada de personas, así como en la aplicación de una política de criminalización de la protesta social.Édgar Cortez, integrante de la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, sostiene: “Lamentablemente es el perfil de un gobierno que se ha desentendido de los derechos humanos, que mantiene un discurso y un trabajo en foros internacionales muy a favor, pero que en el ámbito doméstico es todo lo contrario e incluso contribuye a su agravamiento.”Y asegura que, como lo dijo la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, cuando visitó México, “seguimos viviendo una especie de esquizofrenia en materia de derechos humanos”.Para Cortez, el resurgimiento de las desapariciones forzadas y los casos de tortura registrados durante el gobierno de Calderón es grave porque, afirma, significa el retorno de crímenes de lesa humanidad que ocurrían en la llamada guerra sucia y que se creían superados.Cita los casos de los miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, quienes se encuentran desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007.Otro hecho, agrega, es la “criminalización” de la protesta social. Las violaciones a los derechos humanos que se presentan con más frecuencia son las agresiones contra periodistas. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2007 fueron asesinados cuatro periodistas y tres más fueron reportados como desaparecidos. Desde que el PAN llegó al gobierno en 2000, 35 comunicadores han sido ejecutados y otros seis han desaparecido. No se ha aclarado ni un solo caso.Señala Cortez: “La situación se sigue agravando sin que a la fecha la fiscalía especial creada para investigar los casos de los periodistas haya dado resultados, con el efecto que esto tiene con la libertad de expresión y de que no existan problemas para que los medios aborden todos los temas, incluido el de seguridad y el narcotráfico.”Así mismo, considera que la militarización en las tareas de combate al crimen organizado viene desde 1995, cuando el gobierno creó las Bases de Operación Mixta (BOM), integradas por elementos del Ejército y de las policías federales y estatales. Desde entonces, dice, el gobierno nunca se preocupó por la profesionalización y la depuración de los cuerpos policiacos.Un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que la espiral de violencia provoca la muerte de ocho personas por día. Hasta la fecha, según el documento, las víctimas del crimen organizado suman 4 mil 172.El propio procurador Eduardo Medina Mora dijo en una entrevista radiofónica, el viernes 23, que en lo que va de 2008 han sido ejecutadas mil 378 personas, lo que representa un incremento de 47% con respecto al período correspondiente al año pasado, en el que las bajas fueron 940, todas atribuidas al crimen organizado.Destacó que de esos muertos 450 eran policías, policías fiscales o miembros del Ejército Mexicano y la Marina. Eso significa, según el procurador, que poco más del 10% son bajas de servidores públicos. Para Medina Mora, estas cifras reflejan los golpes que el gobierno de Calderón ha asestado al narcotráfico y son “una expresión de su fortaleza”.Lo que el funcionario omitió es que a partir de que Calderón decidió que el Ejército encabezara la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la CNDH ha recibido 634 quejas por actos de ilegalidad de las Fuerzas Armadas y ha emitido seis recomendaciones.
Los excesos
Cifras extraoficiales indican que más de 25 mil soldados y policías federales fueron desplegados en puntos clave del país para combatir el narcotráfico. La actuación de los militares ha sido muy criticada por los asesinatos de civiles en los retenes instalados y por las violaciones a mujeres en algunos de los operativos.Sobre esto último, el 2 de mayo de 2007, en un operativo militar en Nocupétaro, Michoacán, cuatro adolescentes que trabajan en un bar fueron secuestradas, drogadas y violadas en el cuartel de la XXI Zona Militar. Tan sólo por ese operativo, que se extendió a los municipios de Carácuaro, Huetamo y Apatzingán, la CNDH recibió 52 quejas por presuntas violaciones de las garantías individuales.En cuanto a los llamados “daños colaterales” en la guerra contra el narcotráfico, el 1 de junio de 2007, en el poblado de la Joya, municipio de Sinaloa de Leyva, un grupo soldados disparó contra una camioneta donde viajaba una familia. Murieron cinco personas, entre ellas un par de niños, y tres más resultaron heridas. Actualmente 19 militares están bajo proceso por este caso.Dos días después, el 3 de junio, sobre la carretera que va de Mier a Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados que estaban en un retén dispararon contra un vehículo que no atendió el alto. En ese incidente murió el copiloto Héctor Adrián Salazar Hernández, de 27 años.La madrugada del pasado 16 de febrero, en un retén de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fue acribillado un vehículo en el que viajaban Sergio Meza y José Antonio Barbosa. El primero murió, mientras que su compañero, de origen estadunidense, quedó herido. Ambos andaban de parranda.Para el mes siguiente, el día 26, hubo otro incidente en la comunidad de Santiago de Caballero, municipio de Badiraguato, Sinaloa. En esa ocasión un grupo de jóvenes viajaban en una camioneta cuando un camión con soldados les dio alcance y les disparó varias ráfagas. Murieron cuatro civiles. En un principio las autoridades castrenses alegaron que se trató de un enfrentamiento, pero las primeras indagatorias revelaron que la versión era falsa. Por este hecho fueron consignados cinco militares.Finalmente, el lunes 5, en un enfrentamiento entre soldados y presuntos sicarios del grupo de Los Zetas, en el municipio de Villa de Cos, Zacatecas, murieron tres civiles: Edwin Castañeda López, Alejandra Pérez Rodríguez y una niña de nueve años, Noemí Pinales Hernández.Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), advierte sobre los riesgos que implica la participación del Ejército en el combate al crimen organizado. Esto sólo lleva a que “se legitime la represión y se reduzcan derechos y garantías fundamentales”, dice.El peligro reside en que el gobierno de Calderón, en lugar de reconstituir a los cuerpos policiales para combatir el narco y la inseguridad pública, puede caer en la tentación de mantener a las Fuerzas Armadas de manera permanente en su cruzada.Incluso advierte: “Hemos visto que con la injerencia militar en ámbitos civiles persiste el riesgo de que los procesos democráticos se realicen sin la rapidez deseable, sobre todo que no se avance hacia un estado de respeto a los derechos humanos”.El director del Prodh sostiene que la alternancia política no ha llevado a una recomposición de los espacios de poder y observa que la polarización social se agudizó a partir de aquellas elecciones.“El escaso margen por el que se decide la elección y el clima de confrontación posterior han obligado prácticamente al presidente Calderón a construir su legitimidad con el apoyo de las Fuerzas Armadas”, señala el director de este centro que lleva 20 años de trabajo ininterrumpido.Y añade: “Ante esta situación hemos externado nuestra preocupación por el protagonismo militar, ya que consideramos que (Calderón) actúa contra la consolidación de los procesos democráticos.”Adrián Ramírez López, director de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), destaca que al haberle apostado al Ejército en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad pública, Calderón ha generado un contexto de graves violaciones a los derechos humanos poniendo en riesgo a todos los mexicanos.“Hemos visto los ataques que el Ejército ha lanzado de manera indiscriminada en diferentes lugares en los que ha habido muerte de civiles. Creo que el gobierno de Calderón pasa por encima del supremo derecho a la vida, así como del de libre voluntad de tránsito y del de asociación”.Ramírez destaca que con la decisión de mantener al Ejército en las calles en funciones policiales, Calderón viola el artículo 129 de la Constitución que establece con claridad que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podrá ejercer ninguna acción para la que no está facultada.Así mismo, habla de la impunidad con la que actúa el Ejército. A pesar de que hay denuncias de violaciones graves a los derechos humanos, incluidos algunos asesinatos y abusos sexuales contra militares, ninguno de éstos ha sido consignado ante las autoridades civiles; todos los casos han sido remitidos a la Procuraduría de Justicia Militar.
La ilegitimidad
Los defensores de derechos humanos consultados por este reportero consideran que entre los factores que generan la crisis en materia de derechos humanos está la falta de legitimidad con la que Calderón llegó a Los Pinos, así como la polarización social que se derivó de las elecciones del 2 de julio de 2006.Para el representante de la Limeddh es paradójico que Calderón no esté ganando legitimidad con el uso del Ejército. Es con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del empresariado nacional como ha logrado sostenerse, asegura el dirigente social.“Lo que se nota en el gobierno de Calderón es el desinterés que tiene con la constante violación a las garantías individuales, porque para él los derechos humanos son un obstáculo en su guerra en contra del narcotráfico y los grupos insurgentes”, puntualiza.Luis Arriaga, del Prodh, subraya que la falta de castigo a los responsables refleja la persistencia de la impunidad de parte de actores diversos, principalmente los gubernamentales, como fue el caso del conflicto en Oaxaca.“Persiste la impunidad, no hay acceso a la justicia por parte de las víctimas, tampoco se castiga a los responsables y mucho menos existe la reparación de daños”, externa. Y menciona el fracaso que significó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), coordinada por Ignacio Carrillo Prieto. Funcionó durante varios años y al final no pudo llevar a la cárcel a ninguno de los responsables de los asesinatos y desapariciones cometidas contra guerrilleros y luchadores sociales en la llamada guerra sucia.“Sabemos muy bien que para avanzar en un régimen democrático, de respeto a los derechos humanos, es necesario aclarar los crímenes del pasado. No podemos prescindir del derecho de las familias a conocer la realidad, de tener acceso a la justicia y, sobre todo, que se les dé una reparación adecuada”, sostiene Arriaga.
La salida de Incalcaterra
Ante esta situación de crisis, los responsables de las organizaciones no gubernamentales consideran grave la salida del país de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por supuestas presiones del gobierno de Calderón a raíz de sus críticas al uso del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.Arriaga expone: “Nos preocupa que sean ciertas las versiones de que salió por presiones del gobierno. El representante de la ONU señaló con oportunidad y con firmeza prácticas violatorias a derechos humanos; impulsó estrategias claras para promover la vigencia de los derechos humanos, y abrió algunos canales de comunicación entre diversos actores. En algunas ocasiones tuvo una voz crítica y con capacidad de aportar elementos sustantivos para prevenir violaciones a los derechos humanos.“Lo grave de su salida por las presiones del gobierno es que contribuye a profundizar un clima desconfianza y de conflicto. Estamos ante un país con un régimen que se ha caracterizado por sufrir una situación alarmante en materia de derechos humanos. Hemos visto que, más allá de la alternancia política, hay una recomposición de los espacios de poder.”Para Adrián Ramírez, la salida de Amerigo Incalcaterra es “el signo más ominoso” de los ataques a los defensores de derechos humanos.“Si el representante del máximo órgano de la ONU para los derechos humanos es presionado para que salga de la representación, ¡imagínese la situación que día a día viven los defensores de derechos humanos, los reporteros, los líderes de opinión y los luchadores sociales! Es una situación grave, es un signo más que nos preocupa.”El activista español Ignacio García, quien llegó a la Ciudad de México el miércoles 21 para entregar al gobierno de Calderón el informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) sobre los casos de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, calificó de “extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México.Tras 10 años de trabajo durante los cuales han visitado seis veces el país para observar la situación de los derechos humanos en la zona sur de la República, dijo que hay muy pocos avances en la aplicación de la justicia.En los foros internacionales, subrayó, “hay declaraciones más positivas y los compromisos se cumplen; pero en los hechos desgraciadamente esta política no se corresponde. Un ejemplo de ello es Acteal, donde hasta ahora no se ha hecho justicia a pesar de que ya pasaron más de 10 años. Lo mismo sucede en los casos de San Salvador Atenco y Oaxaca”.

(Proceso, mayo de 2008. Tomado de El justo reclamo)

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Desaparición “forzada”, la de los dos eperristas

Marco Appel

BRUSELAS.- Aunque el pasado 7 de mayo la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Benita Ferrero-Waldner, anunció que México ha ascendido a la exclusiva categoría de “socios estratégicos” de ese bloque comercial, poco antes había acusado a las autoridades mexicanas de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

El 4 de abril, en una comunicación oficial dirigida al eurodiputado español Raúl Romeva –con el número de folio E-0266/08ES–, la comisaria austriaca Ferrero-Waldner tipifica ambos casos como “desapariciones forzadas”.Señala allí que, “desde finales de 2007”, la Comisión Europea –el órgano de la UE que vigila el cumplimiento de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con México, en vigor desde el año 2000– está dando “seguimiento” al asunto de “las desapariciones forzadas” de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

Entrevistado por Proceso, el eurodiputado Romeva advierte que esa respuesta de la comisaria refleja la “gravedad” de la situación de los derechos humanos en México, ya que es la primera vez que la Unión Europea “reconoce” la existencia de “desapariciones forzadas” en México.Éstas son definidas por el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006 y que sirve de base jurídica a los señalamientos que hace la diplomática europea.La Convención estipula que “por desaparición forzada debe entenderse el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes de Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.Esa misma Convención Internacional, signada ya por 72 países, considera la desaparición forzada como un “crimen de lesa humanidad”.Apenas el pasado 18 de marzo, el gobierno de Felipe Calderón ratificó dicha Convención, que requiere de otras 16 ratificaciones para entrar en vigor. Sin embargo, organismos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional lamentaron que México lo hiciera sin reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las quejas de las víctimas o sus familiares.En vista de ello, Romeva señala que, tras la respuesta de la comisaria, “la Comisión Europea se sitúa en un escenario en que debe tomar decisiones de forma pública e inmediata”.
–¿El caso amerita activar la cláusula democrática del acuerdo? –le pregunta este corresponsal.
–Por supuesto. Para que sirva una cláusula de ese tipo, debe aplicarse. De otra forma no tiene sentido. Espero que, al menos en el marco de esa cláusula, el asunto sea tratado. Las autoridades mexicanas suelen esconderse detrás del principio de no injerencia para no tocar esos temas con observadores extranjeros. Pero en materia de derechos humanos no hay tal injerencia, porque el diálogo en la materia es parte del acuerdo. Lo aceptó y firmó el gobierno mexicano: espero que esta vez entienda que el problema de las desapariciones forzadas forma parte de la cláusula democrática.Conforme al artículo 58 del mencionado acuerdo, la desaparición forzada puede clasificarse como “caso de urgencia especial”. En esa circunstancia, la Comisión Europea está facultada para aplicar “unilateralmente” las medidas que juzgue “adecuadas”, desde un diálogo extraordinario hasta un proceso de suspensión del acuerdo.
Preocupación
El pasado 17 de enero, el eurodiputado Romeva mandó una “comunicación parlamentaria” a Benita Ferrero-Waldner. En ella le preguntó qué acciones había adoptado la Comisión Europea, en el marco del acuerdo global con México, frente a las desapariciones forzadas de los presuntos guerrilleros.La comisaria –en un tono menos condescendiente hacia el gobierno mexicano que en ocasiones anteriores– reconoció en su respuesta que el hecho ha despertado tanta preocupación que la Comisión Europea debió establecer contacto “con fuentes independientes y organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, con la finalidad de obtener el máximo de información posible sobre el asunto”.Ferrero-Waldner informó que funcionarios de la Comisión Europea fueron autorizados a sostener reuniones “periódicas”, entre otros, con abogados de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) que han asumido la defensa de los activistas desaparecidos. Uno de esos encuentros se efectuó en la propia sede de la Delegación de la Comisión Europea en el Distrito Federal, al que acudieron también “representantes de otras ONG”.La jefa de la diplomacia europea aseguró que “la Comisión se propone hacer un seguimiento del problema, a través de los canales y las modalidades apropiados, en el contexto de sus contactos con las autoridades mexicanas y en coordinación con los Estados miembros de la UE”. Así, expone que el año pasado el Consejo de la UE, que agrupa a los representantes de los 27 Estados socios, requirió “información específica” sobre la situación “en el convulso estado de Oaxaca”; donde desaparecieron Reyes Amaya y Cruz Sánchez. El Consejo de la UE y la Comisión Europea, explica la comisaria, enviaron entonces a México “una misión exploratoria” conjunta, a la cual se integraron los representantes de las embajadas de los países europeos y de la Delegación de la Comisión Europea en el país.Aunque la comisaria no aborda los resultados de esa misión, revela que el conflicto de Oaxaca “ha sido en varias ocasiones objeto de conversaciones con las autoridades mexicanas, tanto en México como en Europa”.

(Proceso, mayo de 2008. Tomado de El justo reclamo)

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Derechos humanos: otro retroceso

alvaro delgado

México, D.F., 26 de mayo (apro).- Así como han quedado exhibidas las mentiras del gobierno de Felipe Calderón en materia de empleo, justamente el puntal de su oferta de campaña y de sus transitorias proclamas triunfalistas --que ya dieron paso a su temperamento cada vez más irascible--, otro tema fundamental que observa un acelerado retroceso en el México actual es el de los derechos humanos, que ya ni siquiera forman parte del discurso oficial.

Se ha hecho pública ya la despedida de Amerigo Incalcaterra, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no en razón de su voluntad de cambiar de domicilio, sino por presiones del gobierno de Calderón, irritado por señalamientos certeros, como los que publica en el semanario Proceso en la edición de esta semana.

Por encima del discurso, dice Amerigo, prevalece el déficit y aun la regresión en materia de derechos humanos, como la violación sistemática de los derechos de los migrantes, la discriminación hacia los pueblos indígenas, la violencia en contra de la mujer, la precarización del trabajo, la enorme desigualdad de oportunidades, el uso desproporcionado de la fuerza pública y, añade, situaciones de abierta represión como Oaxaca, Atenco y la mina de Pasta de Conchos.

El diplomático italiano de la ONU --quien salió del país el viernes 23 de mayo, después de casi tres años de someter a escrutinio al Estado en el tema de los derechos humanos-- sólo describió lo que otros organismos nacionales e internacionales han documentado ampliamente, como lo hizo por ejemplo Human Rights Watch (HRW), en febrero, y como seguramente lo hará, esta misma semana, Amnistía Internacional en su informe internacional y sobre México.

HRW hizo montar en cólera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que encabeza José Luis Soberanes, porque describió lo que es evidente: Su incompetencia, a pesar de contar con el más grande presupuesto en América Latina y de los más grandes del planeta.

“Cuando se trata de impulsar medidas para mejorar el pobre historial de violaciones de derechos humanos en México, a través de asegurar un recurso efectivo a las víctimas y de promover reformas estructurales, la actuación de la CNDH ha sido decepcionante”, dijo el director ejecutivo de HRW, José Miguel Vivanco, en la presentación del informe, que acredita que ese organismo constitucional autónomo es “pasivo” se “autolimita” y se aboca sólo a “describir el statu quo”.

Y en efecto, son numerosos los casos en los que la CNDH, que es el último eslabón en la cadena de defensa de los derechos humanos, emite recomendaciones que, al final, no sirven para nada, si acaso para exhibir la nula voluntad política de autoridades de todos los niveles en temas fundamentales.

Hay cuatro casos que son sintomáticos de la acción de la CNDH, en el mundo de violaciones sistemáticas a lo largo del territorio mexicano y todas tienen que ver con autoridades del Partido Acción nacional (PAN): La primera tiene que ver con el asesinato de la señora Ernestina Ascensión Rosario, la indígena de la sierra de Zongolica, Veracruz, quien murió de una anemia mal cuidada, según dictaminó Calderón y encontró en Soberanes el cómplice para encubrir a soldados que, conforme a testimonios, acometieron sexualmente contra ella y le dieron muerte.

Otro caso fue el asesinato del joven Marco Antonio Hernández Galván, asesinado a tiros, en noviembre de 2004, en la capital de Querétaro, presuntamente por Federico Ruiz Lomelín, un junior de la familia concesionaria de la Coca Cola, defendido –debajo del agua-- por Diego Fernández de Cevallos. La CNDH emitió una recomendación por la ineptitud para investigar el caso, pero el asunto sigue en la impunidad.

Hay otros dos casos que tienen que ver con la libertad de expresión, sobre los que la CNDH emitió sendas recomendaciones, y el saldo es el mismo: nada.

En efecto, el gobernador de Aguascalientes, Luis Reynoso Femat, presionó a una estación de radio para despedir al periodista Rodolfo Franco Ramírez, y su colega de Guanajuato, el también panista Juan Manuel Oliva, acometió contra los directores de los periódicos A.M., de León, y Arnoldo Cuellar, de Correo, de la capital.

Recientemente, y así lo informó con oportunidad el semanario Proceso, se registró un hecho ominoso que ratifica la involución de los derechos humanos en México, que se extiende a todos los ámbitos: Juan de Dios Castro Lozano, subprocurador general de la República, identificó como “enemiga del Estado” a Aleida Calleja, vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).

Encolerizado, este prócer del panismo por sus supuestas habilidades jurídicas y parlamentarias, nada menos que subprocurador de Derechos Humanos y Atención a Víctimas, lanzó la amenaza contra la mexicana frente a los miembros de una misión internacional de observación que, el 21 de abril, se entrevistaron con él justamente para saber los avances sobre agresiones a profesionales que ejercen la libertad de expresión en México.

Castro, quien como consejero jurídico de Vicente Fox diseñó el alegato jurídico del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y después retomó la diputación para exponerlo directamente –y luego volvió a la alta burocracia--, sólo actúa como lo hacen otros miembros de la clase política nacional: en la lógica de impunidad.

Seguramente ahora que Amnistía Internacional emita su informe sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en México, entre ellas las que cometen soldados y cuerpos policiacos en esta simulación sexenal que es el combate a una parte del narcotráfico, habrá de expresarse la irritación de un gobierno de derecha que, en efecto, tiene como doctrina la hipocresía.

Apuntes

Otra mafia que solapa Calderón: Tal como lo documentó el reportero Daniel Lizárraga, en el semanario Proceso, parte de los 150 millones de pesos que gastó el equipo de transición (130 Calderón y 20 para el Estado Mayor Presidencial) se destinaron a pagar una empresa, Consultores en Diseño Político-Legislativo, que realizó un supuesto estudio sobre los diputados y senadores de oposición. La apoderada legal de la compañía que se fundó sólo para recibir ese contrato de parte del responsable administrativo del equipo de transición, Gerardo Ruiz Mateos, se llama Laura Ballesteros Mancilla, militante panista y allegada a Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón. Ahora El Universal publicó ayer copia del contrato que firmó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que encabeza Guillermo Valdés Castellanos --consejero de Calderón desde que era presidente del PAN--, con esa misma mujer para espiar a legisladores de oposición, ahora por un millón de pesos. Pero, en realidad, se trata del mismo trabajo por el que cobró tres millones de pesos al equipo de transición. ¿Por qué le compra el Cisen el mismo material que ya había sido pagado por el actual jefe de la Oficina de la Presidencia? Muy sencillo: porque se trata de pagos de facturas en la campaña. ¿Y de quién es, realmente, el negocio? Nada menos que de Arne Ruthen Hagg, coordinador de asesores de Juan Camilo Mouriño… Calderón hizo uso, otra vez, de la cadena nacional para anunciar reparto de dinero, como los 120 pesos en efectivo que se reglará a la gente más pobre de México. ¿Y dónde están los severos críticos del populismo? Pues sí, cobrando lo suyo.

delgado@proceso.com.mx

(Proceso, 26 de mayo de 2008)

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¿Quo vadis, Felipe?

Carmen Aristegui Flores

La ola de violencia y ejecuciones en México ha alcanzado ya niveles inimaginables en la historia de este país. Si no se revisa la estrategia y, aun, si se revisa -dicen los expertos- lo peor está por venir. La espiral desatada arroja, según información presentada esta semana en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente , cifras que alcanzan ya las 4 mil ejecuciones en lo que va del actual gobierno. Registro superior o equiparable al de cualquier conflicto bélico. 7.6 personas en promedio murieron diariamente. Según esta información en la última semana hubo cada 24 horas, 15 asesinatos. Muertes, desapariciones y enfrentamientos crecientes seguirán siendo parte del paisaje nacional por un tiempo indeterminado. No todo se reduce a los muertos.

Esto es lo visible y lo medianamente contabilizable. El insumo mayor, si se quiere, para el miedo, el temor y la psicosis. Pero, ¿de qué tamaño es la infiltración del crimen en las estructuras políticas y policiacas del país?, ¿en qué dimensión se encuentra el narco en las estructuras institucionales y de representación política en México?, ¿cuántos legisladores, presidentes municipales, gobernadores y altos mandos en el país están cooptados por el narcotráfico?, ¿se tiene una idea clara sobre los circuitos empresariales y financieros en los que se desenvuelve el narcotráfico?, ¿en qué medida el Estado mexicano está actuando en contra de ellos?

Explicaciones de especialistas internacionales como los doctores Samuel González y Edgardo Buscaglia remiten sus análisis sobre la corrupción, la violencia y el crimen organizado al estudio comparado de la experiencia internacional. Los patrones de conducta de la delincuencia organizada se repiten universalmente. El doctor Buscaglia (director del International Law and Economic Development Center y asesor de Naciones Unidas) explica sobre los factores que causan una defectuosa aplicación de políticas públicas para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Parte de una premisa básica, a partir de la cual se formularon las preguntas anteriores:

“La delincuencia organizada, a gran escala, sólo puede ser factible y sostenerse cuando el Estado no goza de niveles de gobernabilidad, y en donde existen alianzas tácitas y/o explícitas de apoyo entre actores políticos, empresas privadas y empresas criminales”.

Por lo tanto, dice el experto: “Es necesario implementar una Reforma integral del Estado, a través de un pacto político que rompa con la impunidad con la cual la delincuencia organizada infiltra al Estado”. Es a partir de la premisa, que lanza una aguda crítica a la estrategia que ha sostenido el gobierno federal en contra del narcotráfico. Buscaglia afirma que los países que alcanzaron el éxito contra el narcotráfico basaron su estrategia en cuatro vías: 1) ataque a las cúpulas del narcotráfico; 2) ataque a sus brazos armados; 3) ataque a sus redes financieras y 4) combate a la protección política y la corrupción. Cuatro líneas de acción que se aplicaron de manera simultánea. Necesariamente simultánea. Los gobiernos que las impulsaron contaban con amplios márgenes de legitimidad y aceptación social que les permitieron involucrar a poderes y sociedad en la cruzada.

El gobierno mexicano, que no cumple cabalmente con esta última condición, ha sostenido una estrategia que transita básicamente por las dos primeras vías, sin tomar como prioritario el combate dentro de las redes financieras y sin desmontar la protección política que hace posible que el narcotráfico domine zonas enteras del país. El problema mayor radica en que -siguiendo este estudio comparativo internacional- en los países en que sólo se instrumentó el combate a las cúpulas y a los brazos armados del narcotráfico sin incluir los frentes empresariales, financieros y políticos en donde se desenvuelve el narcotráfico, no sólo se desató una carnicería, como la que estamos viendo aquí, sino que se pasó de la infiltración y captura de autoridades a un control pleno del poder político conformándose lo que se dio en llamar narcodemocracias. No es muy difícil entenderlo. Si no se desarticula integralmente al monstruo, su capacidad de respuesta puede ser inaudita. Esta tesis sostiene que entre más recursos, soldados, policías y operativos destine el gobierno para combatirlos en el campo de la violencia y el descabezamiento -sin desarticularlos en lo político y financiero- trae como consecuencia más violencia, más corrupción, más infiltración y en algún momento, a la toma del poder político. Los casos analizados muestran no sólo el incremento de la violencia y las ejecuciones sino ataques tierra-aire y atentados.

En este momento todo indica que estamos ante una estrategia incompleta, por lo tanto ineficaz y, peor aún, contraproducente. Que quede constancia: nadie está diciendo aquí que el Estado claudique de sus obligaciones para dejar a “ciudadanos y periodistas en garras del narcotráfico”. Yo, como millones, deseo que el Estado se imponga al narcotráfico. Que los criminales sean vencidos y que se recupere la tranquilidad y el Estado de Derecho. Precisamente por eso destaco el valor de la crítica. Para revisar el camino. Para no equivocarnos. Para preguntarle al Presidente si realmente sabe ¿hacia dónde lleva al país?

(Reforma, 23 de mayo de 2008)

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La guantanamización

Bitácora Republicana

Porfirio Muñoz Ledo

El título escogido no alude a la cadenciosa poesía de José Martí, cuya versión musical tiene eco universal, sino al enclave militar que los Estados Unidos mantienen en Cuba. Los abusos que ahí se cometen contra los prisioneros de guerra han hecho de Guantánamo un símbolo de la impunidad con que suelen violarse los derechos fundamentales.
Este fue el eje de la presentación anteayer de un libro excepcional: La Urgente Seguridad Democrática, del joven investigador Abelardo Rodríguez. Es un análisis retrospectivo de las doctrinas y métodos que han empleado los gobiernos mexicanos para mantener el “orden interno” del país desde la época post revolucionaria. Es una historia de los abusos y los límites del autoritarismo..

Destaca la confusión original entre seguridad del Estado y seguridad del régimen, e incluso seguridad presidencial, a través de un largo período. Explica que el concepto “seguridad nacional” llega a nosotros hasta principios de los años ochenta, pero a pesar de que se explora teóricamente su carácter multidimensional, queda confinado en la práctica a los controles políticos y territoriales.
En el prólogo, Sergio Aguayo subraya el protagonismo del gobierno norteamericano en el apuntalamiento de ese sistema, particularmente durante los tiempos de la Guerra Fría. Anota que “los excesos y errores del autoritarismo se convirtieron en la principal amenaza a la seguridad, porque debilitaron al Estado”. Lamenta “la impotencia de unos gobernantes incapaces de entender que la supervivencia del Estado dependía de una refundación democrática”.
Según el autor “Vicente Fox desperdició la oportunidad histórica de desarrollar una política de seguridad nacional que antepusiera los intereses del país a los de partido, sexenio y facciones”. La más grave falla de la transición fue el abandono de la reforma del Estado por la incompetencia de sus dirigentes, quienes “permitieron que la vulnerabilidad de las instituciones mexicanas se propagara irremediablemente”.
De Felipe Calderón asegura que “la premura por ocupar el cargo y reconstruir una legitimidad no le permitió ordenar un diagnóstico integral y estructurar un plan maestro de combate a las amenazas contra la seguridad nacional”. Por el contrario “la militarización acota el diseño de una estrategia más amplia, visionaria y de Estado”. Resulta “altamente peligrosa, porque puede fracturar al sostén de la seguridad nacional y de la seguridad pública: las Fuerzas Armadas”.
Anotamos también que el Plan Mérida viene a coagular el esquema del ASPAN, por el que aceptamos ser subsidiarios del esquema de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se crearía así una suerte de pinza entre militarización y seguridad energética. Sin embargo, sus consecuencias sobre la estabilidad del país obligaron al Senado norteamericano a condicionar esos fondos a “mecanismos de escrutinio que permitan verificar que sus destinatarios no están involucrados en violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción”.
Sorprende por ello que José Luis Soberanes, transformado súbitamente de acólito en cabo y con inconcebible olvido de la función encomendada, nos espete sin más que “el Ejército es la única institución con la capacidad humana, material y de organización que puede hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado”. Aunque asegura que su acción habrá de ser temporal, tampoco será “de la noche a la mañana” ya que “carece de poderes o atribuciones mágicas”.
Tal parece que el Ombudsman sí los tiene, ya que ha evaporado del suelo patrio, con la complicidad del gobierno, al representante del Alto Comisario para los Derechos Humanos de la ONU, Amérigo Incalcaterra. Su pecado: haber señalado repetidamente las debilidades e inconstancias de ese organismo y promovido la elaboración de una obra -de calidad excepcional- elaborada por académicos y organizaciones de la sociedad civil. Una propuesta integral de reformas a la Constitución en materia de derechos humanos.
Fue guía fundamental para quienes laboramos asiduamente en la CENCA. Su piedra de toque: la plena jerarquía constitucional de los Tratados y convenciones en ese campo y la conversión de sus contenidos en leyes internas. A pesar de que la propuesta tuvo consenso, inclusive del PAN, surgió abruptamente el veto oficial. Su terror de que se colaran normas relativas a temas como el aborto y la supeditación del Ejército al régimen de los derechos humanos.
En efecto, propusimos la modificación del artículo 13, para restringir el fuero de guerra “exclusivamente” a los delitos contra la disciplina militar y la sustitución de “tribunales” por la de “órganos de justicia militar”, para extender el mandato a la Procuraduría del ramo. En lo sustantivo, la exención de competencia para “investigar, juzgar o sancionar a los miembros del Ejército presuntamente responsables de violaciones a los derechos humanos”.
Las intenciones del gobierno son transparentes y la remoción del funcionario internacional es una confesión de parte. A nosotros corresponde imaginar cómo el pueblo podría remover a sus agresores.

(Por esto!, 23 de mayo de 2008)

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Costó $226 millones reforzar la seguridad e imagen de Calderón

■ Incluyen la compra de dos helicópteros, vehículos, materiales y equipo diverso

■ En este rubro la Presidencia excedió en 12.5% sus erogaciones autorizadas para el año pasado

Enrique Méndez

El reforzamiento de la seguridad personal del presidente Felipe Calderón –que incluyó la compra de vehículos y equipo para el Estado Mayor Presidencial (EMP)–, así como la contratación de servicios de imagen y encuestas, entre otros servicios, le costó a la Presidencia poco más de 226 millones de pesos, que por esas presiones y un aumento en el gasto corriente incrementó sus erogaciones 12.5 por ciento a lo aprobado por la Cámara de Diputados..

Además, se tiene considerado para finales de 2008 concluir la compra de dos helicópteros con valor de 572 millones de pesos cada uno, que se asignarán al EMP para sustituir dos de los Superpuma con que cuenta, que le permitan cumplir con el transporte presidencial “con alto grado de seguridad”.

Así, a pesar de la política de austeridad proclamada por Calderón, los rubros de materiales y suministros, servicios generales y de capital se incrementaron 43.9, 28.6 y 61.4 por ciento, respectivamente, de acuerdo con información de la Cuenta Pública 2007.

El informe señala que Hacienda debió autorizar diversas transferencias para garantizar la seguridad de Calderón, la compra de materiales y útiles, vestuario militar, combustible, alimentación del personal castrense, actividades de logística y capacitación.

Se explica que en el rubro de materiales y suministros el gasto pasó de 141 millones 638 mil 275 a 203 millones 767 mil 529 pesos, es decir, 62 millones 129 mil 254 pesos más. Hacienda autorizó “recursos complementarios”, a través del ramo 23, provisiones salariales y económicas para “garantizar la seguridad del Presidente y su entorno, básicamente en la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, productos farmacéuticos, vestuario para el centro hospitalario del EMP, refacciones para el óptimo funcionamiento del parque vehicular, accesorios para el mantenimiento de maquinaria, equipo médico y de seguridad”.

También, compra de combustible para la flota aérea presidencial, “derivado del incremento de operación de los vuelos, a fin de atender con oportunidad el programa de giras”. Además, para “alimentación del personal militar, derivado del ritmo de operación de las actividades del Presidente”.

Hacienda realizó otras transferencias, no especificadas, del capítulo 5000, Bienes muebles e inmuebles, compra de “material de seguridad pública, necesaria en el cumplimiento oportuno de las actividades sustantivas” de la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial, con objeto de reforzar la seguridad en instalaciones.

En servicios generales, el gasto pasó de 528 millones 9676 mil 358 a 680 millones 282 mil 919 pesos, 151 millones 315 mil 561 pesos más para “la mayor demanda” de servicios y operaciones de vuelos, seguridad y logística, ya que “las actividades y giras, nacionales e internacionales, presentaron un incremento sustancial”.

También se destinaron recursos al programa anual de mantenimiento de la flota aérea presidencial, por “el uso constante” de las naves. Asimismo, al pago de viáticos “del personal militar para supervisar dichos mantenimientos”.

Dentro de esas partidas se incluyó el pago por estudios de opinión, encuestas en vivienda, estudios de benchmark (comparativos) y cualitativos de opinión pública sobre Calderón, así como la contratación del servicio de síntesis informativa, e inclusive la acreditación para las reuniones de jefes de Estado, “publicación de mensajes” del mandatario, así como de servicios profesionales de monitoreo y agenda mediática presidencial.

En el rubro de gasto de capital, éste pasó de 20 millones 675 mil 600 pesos, aprobado por los legisladores, a 33 millones 361 mil 410, es decir, 12 millones 685 mil 810 pesos más, incremento que “se debe principalmente a la adquisición de equipo de seguridad nacional” para el EMP, así como para la compra de “vehículos para traslado de personas, materiales y equipo requerido en eventos oficiales para brindar la debida seguridad y logística al Presidente”.

(La Jornada, 23 de mayo de 2008)

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La guerra inútil de los cuatro mil muertos

jueves, 22 de mayo de 2008.

Ricardo Monreal Avila

A casi año y medio de haber declarado la guerra a la delincuencia organizada, hay tres verdades evidentes: una, el gobierno tomó la decisión correcta al confrontar sin miramientos el crimen; dos, sin embargo la estrategia adoptada ha sido incorrecta: dar de escobazos al avispero y poner elefantes a cazar ratones; tres, no puede haber marcha atrás en la decisión, pero sí debe haber revisión de resultados y esquemas.

El país vive la mayor ola de violencia criminal en tiempos de “paz social”. Cuatro mil muertos en 16 meses; 250 ejecuciones por mes; ocho por día. Casi los niveles de muerte en Irak. El gobierno señala que es el resultado de la lucha contra el crimen organizado. Que su estrategia es correcta y está dando resultados. Los miles de muertos son la prueba de que se avanza por el camino adecuado. Si hay más ejecuciones es porque antes no se combatía el crimen organizado con la determinación de ahora.
Este argumento es una falacia. Los muertos no responden a enfrentamientos entre la delincuencia y las fuerzas del Estado. Son producto del choque entre pandillas criminales, donde las autoridades reducen su papel a simples cronistas del México rojo, a levantadores de muertos y a simples “testigos judiciales” de actos criminales.
Si la embestida oficial estuviese ganando terreno, quienes habrían emprendido la huída de las ciudades y del país serían los narcotraficantes, no los policías municipales, estatales y federales que están renunciando a sus cargos y hasta asilo político han solicitado algunos de ellos a los Estados Unidos.
Si la guerra contra el narco estuviese en la dirección correcta, los cárteles se estarían resquebrajando, pulverizando y atomizando. Por el contrario, disponen de tiempo, espacio y recursos para reorganizarse, reagruparse y formar “megacárteles”.
Si la estrategia fuese la adecuada, el gobierno no se sentiría desesperado, abandonado y traicionado por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los medios de comunicación y la sociedad misma. El “¡Ya basta!” lanzado desde Los Pinos hace unos días no tuvo por destinatario a los delincuentes, sino a los ciudadanos que supuestamente somos los beneficiarios de esa guerra sin cuartel.
Fue una advertencia ominosa e intimidatoria: Cuidado con aquellos legisladores que no están dispuestos a aprobar leyes que sacrifican libertades ciudadanas y garantías individuales a favor de más seguridad. Cuidado con aquellos jueces formalistas que dejan en libertad a delincuentes por errores en las consignaciones de los ministerios públicos. Cuidado con los medios de comunicación que al difundir día con día los baños de sangre del crimen organizado, aterrorizan a la opinión pública y le hacen el juego a la delincuencia. Cuidado con los ciudadanos que al atemorizarse con esta violencia criminal prefieren guardar silencio, hacerse de la vista gorda, y convertirse en cómplices pasivos de la delincuencia. Cuidado con todos aquellos que nos critican.
Otros indicadores para afirmar que la estrategia no está dando los resultados esperados son los siguientes. ¿Qué impacto han tenido en el mercado ilícito de drogas y lavado de dinero los golpes al narcotráfico en México? Imperceptible. Las dosis de droga al menudeo siguen costando lo mismo en las calles de Estados Unidos y México antes de esta guerra, mientras que el gobierno de los Estados Unidos ha considerado que el envío de remesas a México por concepto de venta ilícita de droga creció en 2007 con relación a los años anteriores (más de 10 mmdd).
¿Cuáles son los efectos en términos de salud pública? La drogadicción ha crecido entre los jóvenes ha razón de 30% anual (es decir, en 2007 se reportaron y atendieron 30% más de casos de drogadicción juvenil con relación al 2006). En tanto que la violencia pasó del quinto al tercer lugar como causa de mortalidad en el país.
¿Cuál es el balance en términos de fortalecimiento del Estado de Derecho y de seguridad ciudadana? De las casi cuatro mil ejecuciones registradas durante esta guerra no convencional, en el 98% de los casos no hay detenidos o procesados. Es decir, los índices de impunidad siguen intocados. Mientras que en términos de derechos ciudadanos asistimos a la “guantanamización” de las garantías individuales, es decir, a la generalización de las detenciones por excepción y arrestos preventivos, así como al crecimiento de denuncias contra el Ejército mexicano por presuntas violaciones y abusos a las garantías fundamentales (634 quejas durante la actual administración, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos).
¿Cuál es la relación costo-beneficio de esta guerra, en términos estrictamente presupuestales? Un cálculo conservador del costo de movilización y mantenimiento de las tropas y cuerpos policiales en estos 16 meses nos habla de 10 mil millones de pesos, mientras que los decomisos en efectivo y en especie ascienden a 2,500 mdp según los escasos reportes oficiales. Sobre las cifras de detenidos en estos operativos hay serias divergencias oficiales. Mientras el señor Felipe Calderón informó en su última gira a los Estados Unidos de 22 mil personas, la Sedena reconoce sólo 4 mil 763 detenidos.
¿Se contuvo la amenaza de infiltración del narcotráfico en la política? No. A lo largo de 2007 trascendió en la opinión pública la creciente participación de bandas del narcotráfico en algunas campañas electorales para presidencias municipales, mediante apoyos económicos, logísticos, de seguridad y hasta de espionaje político a candidatos de diversos partidos políticos. Se habló de casos en Tamaulipas, Michoacán y Puebla. El hecho fue reconocido por el mismo procurador general de la República.
Por estos indicadores elementales se puede concluir que la “guerra no convencional” diseñada y operada por la actual administración es militar, económica y socialmente inútil. Mientras más efectivos hay en las calles, más narcoejecuciones se presentan. Mientras más alto es el presupuesto en materia de seguridad pública, más avanza la violencia como fenómeno social. Y mientras más se endurece la Constitución y la legislación penal, más alta es la impunidad. Algo anda mal en esta “guerra no convencional” y no son únicamente errores de operación, sino de conceptualización misma. Con esta forma de enfrentar a las bandas delincuenciales, donde se combaten los efectos, no las causas, nunca ganaremos la guerra a la delincuencia organizada, los muertos seguirán creciendo insensiblemente a niveles de genocidio, las avispas terminarán por someter al cazador y los ratones por hacer huir en estampida a los elefantes.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

(Por Esto!, 22 de mayo de 2008)

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CCIODH: “Extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México

* Reprueba la impunidad; la represión de los movimientos sociales se ha convertido en política de Estado, afirma

México, D.F., 22 de mayo (apro-cimac).- La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) calificó de “extremadamente crítica” la situación de los derechos humanos en México, debido a la impunidad y la falta de voluntad del gobierno federal para sancionar a los responsables de violar las garantías fundamentales en los casos de San Salvador Atenco, Oaxaca y Chiapas.


Al dar a conocer el informe de su visita a México en febrero pasado, el organismo internacional sostuvo que los desplazamientos, las desapariciones forzadas y la tortura siguen siendo una práctica del gobierno actual, y comparó dicha situación con la “guerra sucia” de la década de los años setenta.

Entrevistado al término de la presentación, Juan Ignacio García, integrante de la Comisión que surgió en 1997, a raíz de los acontecimientos de Acteal, Chiapas, reconoció que pese a que ha habido “avances”, como la excarcelación de los presos de San Salvador Atenco, de Oaxaca y de Chiapas, estas medidas han sido insuficientes.

Para el activista, el hecho de que no haya procesados por las 26 violaciones sexuales cometidas por las fuerzas del orden contra las mujeres de San Salvador Atenco y Texcoco, en mayo del 2006, y tampoco se hayan castigado a los responsables de los asesinatos de activistas de Oaxaca, reflejan la falta de voluntad del gobierno mexicano con los derechos humanos.

“No hay voluntad por parte del gobierno y de las administraciones de castigar las posibles responsabilidades de funcionarios públicos”, tanto en Oaxaca y Chiapas como en el Estado de México, afirmó.

Juan Ignacio García, defensor de derechos humanos en España, enfatizó que hay “un cuestionamiento” internacional muy fuerte hacia México en casos como los asesinatos de periodistas, el respeto a los derechos humanos y el feminicidio en Ciudad Juárez.

Luego de reconocer la “falta de capacidad” de la justicia mexicana, cuestionó su “independencia” y dejó en claro que tiene que ser ésta la que dé respuesta a quienes exigen justicia. De no hacerlo, dijo, como ha ocurrido ya con las mujeres de San Salvador Atenco, serán las instancias internacionales las que asuman su responsabilidad.

Sobre el alcance de los informes de la CCIODH, Juan Ignacio García admitió que si bien ha habido un reconocimiento del gobierno federal hacia esta comisión civil, no fue así para las conclusiones y recomendaciones presentadas, las cuales no han sido consideradas por el gobierno federal.

El sexto informe de la CCIODH será entregado a instancias federales como la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y los gobiernos estatales de Chiapas, Oaxaca y México.

En su informe, la CCIODH responsabiliza al presidente Felipe Calderón de las violaciones a los derechos humanos y de la falta de respuestas concretas, y lamenta que no haya “avances sustanciales” en los casos de Oaxaca, Chiapas y Atenco.

Durante 2007, agrega la CCIODH, se acrecentó el clima de hostigamiento contra las organizaciones sociales y las cárceles se han llenado de presos políticos y de conciencia. Como en informes anteriores, reitera que los casos de Atenco, Oaxaca y Chiapas, son ejemplo de una situación muy general caracterizada por un patrón de comportamiento que se ha convertido en una política de Estado para reprimir a los movimientos sociales en México.

En sus recomendaciones, la CCIODH exhorta a hacer una revisión a fondo del sistema y el tipo de funciones que deben realizar las comisiones estatales y la nacional de derechos humanos con el fin de conseguir una “confianza” a la labor que desempeñan. “Actualmente muy desacreditada”, enfatiza.

Y exige la reparación de los daños moral y emocional de las personas afectadas por esos sucesos.

(Proceso, 22 de mayo de 2008)

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La guerra perdida

josé gil olmos

México, D.F., 21 de mayo (apro).- La desesperación de Felipe Calderón para gobernar es evidente. No ha cumplido ni siquiera dos años y se le nota desanimado, pues las cosas no le han salido nada bien, principalmente en la guerra contra el narcotráfico en la que centró su atención desde el principio al usar indebidamente al Ejército.

El desaliento Calderón lo muestra en irritabilidad, en enojo, tratando de echarle la culpa a todos – medios, ciudadanía, partidos políticos, etc--, de lo que pasa en el país, eludiendo la responsabilidad inherente que tiene como primer mandatario.

Al fracaso en la lucha contra el crimen organizado, a Calderón se le suma también la derrota a su reforma petrolera que, en los primeros debates realizados en el Senado de la República, ha salido bastante vapuleada. Nadie, ni sus defensores, han logrado ofrecer argumentos convincentes de las bondades de dicha reforma. Todo lo contrario, los argumentos en contra que señalan las intensiones de modificar Pemex para beneficio de inversionistas nacionales y extranjeros, han pesado más sin que los puedan refutar.

Esto ha provocado el enojo de Calderón en una magnitud similar a las reacciones que ha tenido a las críticas hechas contra su decisión de meter al Ejército en la guerra contra el narcotráfico.

Una de estas reacciones, que tendrá repercusiones internacionales, es la presión que tuvo para que saliera del país el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra.

Resulta que el diplomático italiano se atrevió a decir que era inoportuno y peligroso meter al Ejército en esta lucha contra los cárteles de la droga porque los militares están preparados sólo combatir a un enemigo utilizando la fuerza y no para realizar labores policiales, con la protección de los derechos humanos que esto implica.

Las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los soldados en distintos retenes instalados en Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y otros estados, así como los casos en los que ha habido muertos civiles por errores cometidos por los militares, han puesto al descubierto que el representante de la ONU tenía razón en sus observaciones.

Sin embargo, en lugar de reconocer los yerros cometidos, el gobierno de Calderón ha mostrado su disgusto presionando para que Incalcaterra deje el país, como lo hará a partir de este viernes.

Pero si los calderonistas piensan que esto es un logro, cometen otro grave error porque a nivel internacional reflejan una imagen de intolerancia y de incumplimiento en su obligación para con la salvaguarda de los derechos humanos en México.

El gobierno de Calderón tiene muchos frentes abiertos y no ha podido resolver ni uno solo. La promesa de ser el presidente del empleo quedo precisamente en eso: en una promesa de campaña. El cambio que anunció al entrar a Los Pinos tampoco se ha cumplido y sigue basando su fuerza política en la alianza con la maestra Elba Esther Gordillo. De hecho a esta alianza le apuesta para que su partido, el PAN, gane la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2009. Los derechos humanos sufren una grave crisis y la pobreza se está acentuando frente al aumento en los precios de la canasta básica.

Además, su equipo de gobierno sigue sin dar un buen resultado, y el caso más patético es el de Juan Camilo Mouriño, quien parece un muerto viviente en la Secretaría de Gobernación. Son hombres y mujeres tan grises que difícilmente podrían ser recordados por la ciudadanía.

Nadie desea que a Calderón le vaya mal. Sería una torpeza pensarlo porque, aunque carezca de legitimidad absoluta, tiene a su cargo las labores de jefe del Ejecutivo y sus errores los pagamos todos.

El punto está en que no ha cumplido el papel ni la responsabilidad de presidente de la República y, al igual que Fox, los problemas del país lo han rebasado y no se ven posibilidades para que pueda hacer algo digno por el que pueda ser recordado.

(Proceso, 21 de mayo de 2008)

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Denuncia ONG allanamiento militar en comunidad zapatista de Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas documentó la presencia de por lo menos once vehículos, con unos 300 elementos, en San Jerónimo Tulija, en el municipio autónomo Ricardo Flores Magón.

Hermann Bellinghausen, corresponsal
Publicado: 20/05/2008 18:25

El Ejército Federal y la Agencia Federal de Investigaciones incursionaron ayer lunes y este martes en la comunidad San Jerónimo Tulija, municipio oficial de Chilón y autónomo Ricardo Flores Magón, según reportó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).

Por la mañana del lunes, reportó, los pobladores se percataron del sobrevuelo de un helicóptero militar. Por la tarde ingresó un convoy de 11 vehículos de distintas corporaciones, quienes bajaron portando armas de grueso calibre, allanaron tres domicilios sin orden judicial, de los cuáles dos eran de bases de apoyo zapatistas y uno de priístas.

“El día 19, los efectivos militares iban acompañados de un vecino de la comunidad, Narciso Morales Gutiérrez, presuntamente miembro de un Batallón de Infantería destacamentado en Cancún, a quién vieron señalando a las autoridades del Consejo Autónomo y sus casas”, añade el CDHFBC.

Los militares y policías “amenazaron a las personas que se encontraban en las casas y las calles”. En una de las casas de zapatistas, un agente de la AFI “tomó por el cuello a una muchacha de 21 años (se omite su nombre a solicitud de los denunciantes) quien cargaba a su hijo de dos años, en tanto otros agentes gritaban ‘ya mátala’”, señala el documento.

Tras la incursión y el allanamiento, los integrantes del convoy salieron de San Jerónimo Tulija hacia las 18 horas sin ningún detenido.

El CDHFBC documentó este martes la presencia de por lo menos once vehículos, con unos 300 elementos en total. El capitán Loyola, a bordo del Hummer 0818141, dijo que la operación policial y militar, se debían a “un reconocimiento de rutina”, sin agregar más. Los vehículos se alejaron un kilómetro en un lugar conocido como El Graval.

Pobladores de San Jerónimo Tulijá denunciaron la incursión, “ya que no hay motivo que justifique el allanamiento de las fuerzas armadas; sin embargo, no descartan que cualquier pretexto sirva para agredir a los pobladores del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón, perteneciente al Caracol de La Garrucha”.

(La Jornada, 20 de mayo de 2008)

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Faltan capacitación y controles para que el Ejército combata al narco: Incalcaterra

■ Última conferencia del representante del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos

Patricia Muñoz Ríos

El representante para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, señaló ayer que el país está viviendo una situación “fuera de lo común”, que preocupa y alarma, por el auge que está tomando la criminalidad organizada, pero apuntó que en la lucha contra el narcotráfico al Ejército Mexicano se le tiene que dar capacitación y poner “ciertos controles”, para evitar casos de violaciones a los derechos humanos.

¿Salida obligada?

Incalcaterra ofreció ayer su última conferencia de prensa al frente de esta representación, ya que dejará el cargo el próximo viernes, lo cual provocó especulaciones respecto de que habría sido el propio gobierno mexicano el que pidió su remoción debido a cuestionamientos del funcionario sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó ayer que sólo la Organización de Naciones Unidas (ONU) puede determinar la movilidad de Incalcaterra. El diplomático fue invitado ayer a la cancillería a ofrecer una conferencia de prensa conjunta con el subsecretario de Asuntos Multilaterales de la dependencia, embajador Juan José Gómez Robledo.

Ahí, Incalcaterra planteó que México todavía tiene retos muy importantes en materia de derechos humanos; habló de que la situación de violencia en el país merece toda la comprensión de la comunidad internacional y se debe combatir con toda la fuerza de la institucionalidad, pero sin violaciones al marco jurídico y a los derechos humanos.

“Jamás hemos dicho que las fuerzas armadas, que el Ejército, tiene que dejar las calles”; lo que se ha advertido es que en esta problemática tan fuerte, que está ocasionando la pérdida de vidas humanas, incluso de inocentes, se requiere “establecer ciertos controles, cierta capacitación” a las fuerzas armadas para evitar peligros de violaciones a los derechos humanos, señaló.

En el mismo tono planteó que el Ejército Mexicano tiene una estructura de seguridad nacional, está preparado para otras funciones y si va a trabajar en la lucha contra el crimen organizado se le tienen que establecer ciertas regulaciones; incluso si se dan casos de violaciones a las garantías por parte de alguno de sus miembros, tendrían que ser jueces ordinarios los que investiguen esto.

Incalcaterra fue interrogado por los medios informativos sobre versiones de que su salida la pidió el gobierno mexicano, a lo que contestó que las relaciones entre México y esta representación de la ONU siempre fueron tratadas de “manera institucional y no personal”. Dijo, sin embargo, que el que se vaya no significa que queden inconclusas las investigaciones de casos como Atenco o Oaxaca, entre otros, ya que esa labor la realizará quien venga en su lugar.

Planteó que cuando se tratan temas de derechos humanos se ha visto, no sólo en México sino en varias partes del mundo, que son normales los malentendidos o fricciones, pero eso siempre se supera, como ya se hizo aquí.

Puntualizó que “más allá de las dificultades reales, que son normales, lo importante es la apertura que existe para abordar la problemática de los derechos humanos”, y que esto sea ya un tema importante en este país.

Al preguntarle cuál es el diagnóstico de los derechos humanos en México, respondió que hasta el momento se puede decir que “ninguna nación se ha graduado” en la materia y este país lo que necesita es transformar en hechos concretos los compromisos que ha tomado a nivel internacional para pasar del papel a la realidad.

A su vez, el subsecretario Gómez Robledo planteó que el año pasado México adoptó un mecanismo de prevención de la tortura para prevenir y sancionar este delito mediante un sistema ágil y facultativo que permitirá “visitas sorpresa” de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos a los centros de detención.

(La Jornada, 20 de mayo de 2008)

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EPR exige al gobierno fijar fecha para presentar a los eperristas desaparecidos

josé gil olmos e isaín mandujano

México, D. F., 19 de mayo (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) emplazó al gobierno mexicano a que, en el marco de la intermediación, se comprometa públicamente a fijar una fecha concreta para presentar con vida a sus dos miembros desaparecidos el 25 de mayo pasado, “porque no es posible seguir esperando de manera indefinida".

A través de un nuevo comunicado, el grupo armado ofreció pruebas de la participación del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en la detención de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, en mayo de 2007.

En el mismo comunicado que envió a la comisión de intermediación conformada por Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, el EPR dio a conocer un mensaje de correo electrónico, presuntamente enviado por policías ministeriales de Oaxaca, el pasado 7 de enero.

En dicho correo los presuntos jefes policíacos responsables de la “captura, tortura y desaparición” de los dos eperristas, revelan los detalles en que ocurrieron los hechos. Según el grupo armado, el mensaje señala que sus dos compañeros fueron detenidos e interrogados por un grupo especial de policías oaxaqueños que trabajan al margen de la legalidad.

Así mismo, reiteró su disposición a suspender toda acción bélica mientras duren las conversaciones con el gobierno federal, al que exigió señales de su disposición el diálogo, entre ellas, que fije una fecha para la entrega de sus dos compañeros desaparecidos desde hace un año.

Según las denuncias del EPR, el grupo especial de policías que secuestró y torturó a sus compañeros fue organizado por el exsecretario de Gobierno de Oaxaca y actual líder del PRI en la entidad, Jorge Franco Vargas, conocido como El Chucky, y apoyado por la exprocuradora del estado Lizbeth Caña Cadeza, actual Auditora Superior del estado, así como por el subdirector operativo de la Policía Ministerial, Pedro Hernández Hernández.

En el comunicado, el EPR reiteró su disposición a mantener la tregua militar; pero, a la par, demandó al gobierno mexicano que con sus policías y Ejército deje de “hostigar e intimidar a las familias de los dos desaparecidos”, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Así mismo, pidió que cese el hostigamiento contra amigos de los desaparecidos, así como contra miembros de organismos no gubernamentales que se han solidarizado contra “este repugnante delito de la desaparición forzada”; además, que se deje de perseguir y de investigar a quienes el gobierno considera son parte supuestamente del EPR, y la suspensión definitiva de los operativos de búsqueda y captura de presuntos eprristas.

El EPR insistió que si bien ellos han empeñado su palabra de suspender toda acción militar también por su parte el gobierno mexicano debe concretar su "disposición al diálogo" y de muestras fehacientes de distensión, cumpliendo con las demandas expuestas que ya había sido plasmadas el pasado 28 de abril en otro comunicado.

El grupo armado recordó que el próximo 25 de mayo se cumplirá ya un año de la detención y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Consideró que el gobierno federal no tiene “autoridad moral” para subrayar su compromiso con los derechos humanos y las libertades civiles como “ejercicio indeclinable en el ejercicio del poder”.

Sin embargo, señaló que si el gobierno de Felipe Calderón “realmente quiere adquirir esa autoridad moral que tanta falta le hace, que se comprometa públicamente a fijar un plazo concreto para presentar” a los dos eperristas desaparecidos, e informe a la sociedad qué fue lo que pasó: "No podemos esperar de manera indefinida", advirtió el grupo rebelde.

En el documento los guerrilleros pidieron al gobierno mexicano que, como primer medida, "mientras dura la intermediación", traslade de inmediato a los “presos políticos y de conciencia” que están en el “penal de exterminio de máxima seguridad” del Altiplano Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, Sergio Bautista Martínez, José Luis Durán Mata y Jacobo Silva Nogales a una cárcel donde tengan mayor libertad y contacto con sus familias.

Demandó también que la libertad inmediata de todos los “presos políticos y de conciencia” que existen en el país, sobre todo los que están recluidos en El Amate, en Chiapas, quienes se han sometido a una “extenuante huelga de hambre” que ha puesto en peligro sus vidas, así como los presos de los Loxicha, en el estado de Oaxaca.

Por si fuera poco, el EPR demandó que sean juzgados los gobernantes y funcionarios responsables de la "fabricación de delitos, las torturas, las detenciones sin sustento, los asesinatos y todas las injusticias cometidas” en contra de todos los presos políticos y de conciencia del país.

(Proceso, 19 de mayo de 2008)

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Un enigma llamado EPR

Carlos Fazio


De manera sorpresiva, el 24 de abril, un par de días después de anunciar la reanudación de sus acciones militares, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) invitó a un grupo de reconocidos miembros de la sociedad civil a que interviniera como mediador en un “diálogo” con el gobierno de Felipe Calderón tendiente a la aparición con vida de dos de sus compañeros detenidos en mayo de 2007. El hecho desató especulaciones, porque el EPR, considerado por los servicios de inteligencia “la guerrilla activa más radical y peligrosa”, se había negado desde su aparición en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1996, a cualquier negociación con las autoridades.

El año pasado, tras la detención-desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el EPR protagonizó sendos sabotajes con bombas contra ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que generaron cuantiosos daños materiales, en lo que fue el inicio de una nueva fase de hostigamiento militar contra objetivos estratégicos en diferentes estados del país. Según sus propios documentos, la guerrilla eperrista es partidaria de todas las formas de lucha; combina las formas legales con las clandestinas, las parlamentarias y las extraparlamentarias, y la resistencia civil pacífica con las acciones militares y la autodefensa de masas. En la etapa actual, dominada por un gobierno que definen como ultraderechista, reaccionario y fraudulento, el EPR había calificado de prioritaria la modalidad de la autodefensa armada de las masas ante el cierre de los espacios legales por el régimen neoliberal de Felipe Calderón, la militarización y paramilitarización del país y el regreso de la tortura, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales como prácticas de un Estado de tipo contrainsurgente, lo que según la organización armada derivó en un agotamiento de las vías pacíficas de transformación social.

Por eso ahora, la nueva acción política, no armada, del EPR –que no supone una negociación con el gobierno de Calderón ni un reconocimiento de su legitimidad– generó diversas interpretaciones. Entre ellas, que se trata de una “trampa” o “maniobra distractora”, o que propone negociaciones debido a su “debilidad” o “acorralamiento político”. Lo cierto es que han pasado ocho meses de los últimos sabotajes con explosivos en los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y en ese lapso el EPR se ha venido manifestando mediante comunicados vía Internet, donde exige al gobierno la aparición con vida de sus dos compañeros, bajo amenaza de reanudar las hostilidades.

La propuesta eperrista se dio después de que un conocido militante de la ultraderecha mexicana, José Antonio Sánchez Ortega, vinculado con los servicios de inteligencia, denunció públicamente que Calderón y el EPR estaban “negociando” una tregua militar en lo oscurito. Fue evidente que la “negociación” entre el gobierno y el grupo armado ocasionó cierto malestar en el interior de las fuerzas armadas. El ala “dura”, que considera a los eperristas simples “transgresores de la ley”, recomendó al “comandante supremo” Calderón que se abstenga de reconocer de facto a “otros ejércitos”; piensan que la aceptación tácita a negociar con los “delincuentes” del EPR les da en automático la estatura de ejército.

La denuncia exhibió contradicciones al interior del régimen entre “halcones” y “moderados”. Y si bien la respuesta inicial del gobierno fue condicionar cualquier negociación a una virtual rendición incondicional de la guerrilla (contrapropuesta considerada “alevosa, grosera y tramposa” por el EPR), la marcha atrás gubernamental hizo evidente que Calderón tiene muchos frentes abiertos en lo político y lo militar, por lo que un proceso de negociación con la guerrilla podría desactivar nuevos sabotajes y aminorar las tensiones y la violencia a escala nacional.

Vista así, la ofensiva política del EPR, lejos de expresar debilidad, podría estar obligando al régimen calderonista a definirse en torno al tema de la desaparición forzada de personas, considerado un crimen de lesa humanidad. En ese contexto, documentos de la octava Región Militar con sede en Oaxaca, atribuidos a su comandante, el general Juan Alfredo Oropeza, dieron cuenta de que dos oficiales de la Marina, los tenientes de navío y fragata (respectivamente), Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas, quienes dirigían las policías ministerial y preventiva de Oaxaca, habrían participado en la detención-desaparición de los dos eperristas. Un día después, la Procuraduría General de la República negó la participación de militares en los hechos.

A su vez, la PGR filtró información que señala como autores intelectuales de sendas desapariciones a gente del círculo íntimo del gobernador Ulises Ruiz, entre ellos un primo del mandatario, Romeo Ruiz. Las investigaciones de la procuraduría apuntan a la desaparecida Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT), “grupo de choque” a las órdenes Jorge Franco Vargas, que habría llevado a cabo una guerra sucia contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el EPR. Según un “testigo protegido” de la PGR, la UMIT, integrada por unos 40 agentes de elite de distintas corporaciones policiales, realizaba operaciones ilegales sin uniforme, en automóviles “no oficiales”, con armas largas no registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y contaba además con equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta y cuatro casas de seguridad.

Lo curioso del caso es que, pese al desmentido de la PGR, en sus propias investigaciones aparece al menos uno de los dos marinos involucrados por la comandancia de la octava Región Militar: José Manuel Vera Salinas, actual jefe policial en Cancún, Quintana Roo. El sorpresivo pase a retiro del general Juan Alfredo Oropeza indica que, sin tirar tiros, el EPR exhibe al gobierno y está haciendo daño.

(La Jornada, 19 de mayo de 2008)

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Creciente inseguridad por ineptitud de Calderón, acusa AMLO

López Obrador por primera vez defendió a los medios de comunicación, pues aseguró, que el mandatario “pretende trasladar su irresponsabilidad a los medios de comunicación”.

Ciudad Obregón.- El autollamado “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, señaló que es culpa del presidente Calderón la ola de violencia que vive México y por primera vez defendió a los medios de comunicación, pues aseguró, que el mandatario intenta culparlos sobre la inseguridad.

Ante simpatizantes en Sonora, López Obrador señaló que “la creciente inseguridad y violencia en la geografía nacional es fruto de la irresponsabilidad e ineptitud de Calderón, (quien) pretende trasladar su irresponsabilidad a los medios de comunicación”.

El ex candidato presidencial aseguró que el titular del Ejecutivo “no ha hecho nada a favor del pueblo de México, por el contrario, ahora hay más desempleo, pobreza y carestía”.

El perredista, durante una asamblea informativa con “brigadistas” añadió que el Presidente “anda nervioso, inseguro, echándole la culpa a los medios cuando todos sabemos que se han portado de maravilla con él, siempre lo han apoyado”.

Quiere resolver, agregó, “el problema de la inseguridad con patrullajes del Ejército en las calles, con mayor número de policías y con leyes más severas en vez de ir al fondo del asunto”.

Respecto a si participará en el debate petrolero, que él mismo propuso, de 71 días en el Senado, lo descartó pues el llamado “gobierno legítimo” “ha expresado sus puntos de vista a través de José Agustín Pinchetti y Claudia Sheinbaum”.

Sin embargo el ex candidato presidencial insistió en su disposición de de debatir con Felipe Calderón, para explicar el proyecto que el Frente Ampllio Progresista impulsa.
milenio.com

(Milenio.com, mayo de 2008)

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Plagian y asesinan a delegado de Profeco

18 Mayo 2008

Actualizado: 12:08 AM hora de Cd. Juárez

Armando Rodríguez
El Diario

El delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Carlos Froylán Camacho Alcázar, de 54 años de edad, fue asesinado junto con otras dos personas cuyos cuerpos fueron localizados en un vehículo abandonado en la colonia Melchor Ocampo.


Las víctimas fueron privadas de la libertad el viernes por la noche en un conjunto de departamentos que se localiza en la colonia Las Palmas, por un comando armado con los rostros cubiertos y vestidos con uniformes similares a los del Ejército Mexicano, dijeron familiares del funcionario federal.

El cadáver de Camacho Alcázar fue localizado la mañana del sábado en el interior de la cajuela de un auto, junto con otro cuerpo.

El rostro del delegado estatal de la Profeco presentó múltiples golpes y murió de asfixia por estrangulamiento, informó la Subprocuraduría estatal.

Los otros dos hombres asesinados continúan sin ser identificados y hasta el cierre de la presente edición no se habían dado a conocer las causas de sus muertes.

De acuerdo con Javier Eduardo Camacho Alcázar, hermano de la víctima, el “levantón” ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del viernes en un conjunto habitacional que se localiza en el número 639 de la calle General Monterde.

Agregó que su hermano realizaba una llamada telefónica a su pareja sentimental cuando repentinamente escuchó que varios hombres encapuchados que portaban armas largas golpearon las puertas de los departamentos que son de su propiedad.

Me parece que están aquí los del Ejército y están golpeando las puertas, déjame bajar a ver qué quieren”, le dijo el titular de la Profeco a su novia.

El comando, que había llegado en dos camionetas tipo Suburban color negro y sin placas, revisó los departamentos y causó destrozos en su interior.

“Eran seis hombres encapuchados de los cuales cuatro ingresaron a los departamentos y dos se quedaron en el exterior”, indicó Javier Eduardo.

Mencionó que fueron a solicitar información a las instalaciones militares, Procuraduría General de la República y a la Subprocuraduría estatal, así como Seguridad Pública y la Cipol, pero en ninguna de ellas les dieron información del delegado de la Profeco.

En el estacionamiento del complejo de departamentos se encontraban varios vehículos de lujo, pero ninguno de ellos fue asegurado o retirado por los hombres encapuchados, según se informó.

Más tarde, las autoridades municipales localizaron un auto abandonado marca Dodge tipo Dinasty, de color blanco, modelo 1992, donde estaban los cadáveres de tres hombres y uno de ellos resultó ser Camacho Alcázar.

El cuerpo del ex diputado federal, con las manos esposadas y los pies atados, se encontraba junto con otro hombre en el interior de la cajuela.

Una tercera víctima se halló sobre el asiento trasero del vehículo, tapado con una cobija rayada y de diferentes colores.

La persona que estaba junto con Camacho Alcázar es de aproximadamente 30 años de edad, tez morena, cabello corto, barba de candado, con un tatuaje de un payaso en el brazo derecho. Se encontraba amordazado y con las manos esposadas a la espalda.

El vehículo fue abandonado en el cruce de calles Francisco Zarco y Efrén Ornelas, en la colonia Melchor Ocampo.

“Lamentamos y reprobamos profundamente lo que pasó, hemos estado en contacto permanente con la familia de Camacho Alcázar desde las tres de la mañana”, dijo Arturo Proal de la Isla, representante interino del gobernador en Ciudad Juárez y titular de la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno del Estado.

Agregó que el área jurídica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado será la que determine si el homicidio del funcionario federal debe ser investigado por la Procuraduría General de la República.

Su carrera en la función pública— Carlos Froylán Guadalupe Camacho Alcázar fue miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN) desde 1986 y bajo esa militancia desempeñó diversos cargos públicos por designación y elección entre los que se encuentra un curul en la Cámara de Diputados y la delegación estatal de la Profeco que ocupó hasta su muerte.

Nacido el 7 de mayo de 1954 en Ciudad Juárez Chihuahua, era divorciado y padre de 4 hijos, Alejandra, de 24 años, Carlos de 21 y los gemelos Daniel y Andrés de 12 años.

Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM) en 1976, se desempeñó en diversos cargos dentro del sector bancario hasta 1993 cuando ingresa a laborar como defensor de oficio en el Departamento de Averiguaciones Previas y en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Ese mismo año sería designado como abogado de la Dirección Jurídica del Municipio de Juárez y posteriormente presentaría su solicitud para aspirar a una regiduría en 1995.

En 1997, Carlos Camacho fue designado candidato del PAN a diputado federal y posteriormente sería electo por mayoría para el periodo 1997-2000.

Al concluir su gestión legislativa fungió como subadministrador de la Zona Norte-Centro de la Administración General del Destino de los Bienes del Comercio Exterior propiedad del fisco federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el periodo de agosto de 2001 a marzo de 2002.

A partir de ese último año a la fecha ocuparía la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de Chihuahua durante el sexenio de Vicente Fox y lo que va de la gestión de Felipe Calderón.

(Armando Rodríguez/ Juan de Dios Olivas/El Diario)

(El Diario, 18 de mayo de 2008)

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Reclama justicia familia de Carlos Froylán Camacho

18 Mayo 2008

Actualizado: 12:07 AM hora de Cd. Juárez

Juan de Dios Olivas
El Diario

Una vez que Carlos Camacho fuera ‘levantado’ por un comando armado y encontrado su cadáver en la cajuela de un vehículo, la familia del funcionario federal exigió justicia a las autoridades.

“Son fregaderas lo que le hicieron, ¿qué están haciendo?, mi hermano era una persona recta, una persona de trabajo, dijo Javier Eduardo Camacho al salir del anfiteatro de la UACJ donde identificó a su familiar. Negó que Carlos Froylán tuviera enemigos o problemas que hayan devenido en su asesinato.

Rigoberto Camacho, otro hermano del titular de la Profeco, secundó a Javier Eduardo en el sentido de exigir a las autoridades el esclarecimiento del crimen.

“Queremos justicia, que se esclarezca esta situación y se respete a mi hermano, era un hombre público, transparente. No recibió amenazas, nunca traía guaruras ni nada porque era un hombre limpio”, refirió.

Indicó que el Gobierno del Estado les ofreció su apoyo y ya empezó a investigar el caso.

“Ustedes conocen a Carlos, defendía a la gente y aplicaba la justicia que tenía que impartir, por ahí debe haber enemigos, sospechosos. Estamos destrozados, era un buen hermano, es una desgracia para sus hijos, pero lo vamos a superar”, añadió.
Con él coincidió Samuel Sosa, coordinador de Verificación de la Profeco.

“No había enemigos, no creo que a algún proveedor se le afectara tanto (como) para recurrir a esto. Son situaciones distintas”, dijo.

Por la mañana, en los momentos en que las autoridades descubrían el cadáver del titular de Profeco y otros dos cuerpos, sin saberlo aún, su novia Patricia Fernández y su hermana Martha recibieron a los medios de comunicación en el domicilio de Camacho Alcázar, en el número 639 de la calle General Monterde y exigieron públicamente a los captores compasión y que lo liberaran.

Patricia indicó que cuando ocurrieron los hechos, ella estaba platicando por teléfono con Camacho Alcázar y fue ahí cuando se percató que hombres armados intentaban ingresar al conjunto de departamentos donde habitaba.

“Nada más me dijo exactamente que habían llegado los soldados, que él los había visto por la ventana del baño. Yo creo que escuchó ruido, entonces me dijo que le hablara por teléfono a su casa, le marqué y me dijo que le querían tumbar la puerta, dejó el teléfono y bajó para abrir”, narró.

Señaló que intentó comunicarse nuevamente con Carlos y al no encontrar respuesta se dirigió al domicilio, para encontrarlo vacío.

“Le seguí hablando y no me contestó, vine y encontré las puertas abiertas, la televisión prendida”, apuntó.

Ahí le informaron que hombres de aspecto joven, que viajaban en dos camionetas color verde y azul irrumpieron en los departamentos tras rondar la calle Monterde y revisaron los cinco domicilios que se encuentran en el lugar para llevarse a los hombres que encontraron.

“Vi a la señora del número 3 muy angustiada, muy asustada, le pregunté qué había pasado y me dijo que se los llevaron. Se llevaron dos carros que estaban afuera”, refirió. Posteriormente tomó sus cosas y se fue del lugar a toda prisa.

A partir de ahí, la familia de Camacho Alcázar entró en desesperación y se movilizó para buscarlo con la milicia y las autoridades federales y después para formalizar el reporte del hecho.

“Problemas no tenía con nadie, él es una persona muy tranquila que siempre estaba viendo por su gente. No sabemos que pasó, para nosotros es un secuestro. Los vecinos vieron soldados encapuchados, él literalmente dijo soldados. Los vecinos dijeron que no traían placas. Eran dos personas vestidas de civil y cuatro uniformados con capuchas”, refirió Martha, hermana del delegado de la Profeco.

Indicó que evidentemente se trató de una equivocación y pidió a los captores ablandar su corazón.

“Es evidente (que fue equivocación), entraron a varios departamentos y se llevaron a todos los hombres que estaban en su casa, no sólo a mi hermano, se llevaron a cuatro hombres, una pareja, dejaron sólo a la señora”, agregó.

Carlos Camacho fue localizado en la mañana por las autoridades investigadoras y su cuerpo fue reconocido oficialmente después del mediodía por su misma familia que se congregó en el anfiteatro de la UACJ donde se le practicó la necropsia de Ley.

Tras su identificación, el llanto y la consternación se hicieron presentes, incluso entre los empleados de la Profeco que también acudieron al lugar.

(El Diario, 18 de mayo de 2008)

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Ejecutan a 9 personas en Chihuahua

Luis Carlos Cano y Javier Cabrera
El Universal
Sábado 17 de mayo de 2008

CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Nueve ejecuciones ocurrieron en Chihuahua entre la noche del jueves y la mañana de ayer, de las cuales siete se ubicaron en esta frontera, a pesar de la llegada de más de 400 militares para reforzar el Operativo Conjunto Chihuahua, mientras que en Sinaloa murieron dos personas más.

res hombres fueron ejecutados en el Hospital Juárez, al que acudieron a solicitar ayuda médica; una cuarta persona resultó herida.

El vocero de la Subprocuraduría de Justicia Estatal, César Ramírez, informó que dos de ellos se encontraron afuera del hospital y uno en el interior. Todos con disparos de arma AK-47.

Dos ejecuciones más se registraron la noche del jueves. Los cadáveres quedaron en los patios de la maquiladora IG Mex, en el interior de un vehículo Murano 2008.

En otro caso, sicarios ejecutaron de tres tiros en la cabeza a un joven de unos 25 años, en una calle de la colonia Hidalgo. Además, un guardia de seguridad de la discoteca Hooligans fue ejecutado la madrugada del viernes.

Dos más fueron hallados en Nuevo Casas Grandes y Praxedi.

En Sinaloa fueron encontrados dos cuerpos en la zona de Celestino Gasca, en Elota.

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