■ Investiga la PGR cargamento de mil 200 kilogramos de cocaína
De los corresponsales
A pesar del reforzamiento del Operativo Conjunto Chihuahua, con el arribo de más de 400 militares para patrullar calles e instalar retenes en diversos puntos de Ciudad Juárez, siete personas fueron asesinadas en esa localidad fronteriza en horas recientes.
La mañana de este viernes tres personas que circulaban a bordo de un vehículo tipo Hummer fueron atacadas por un grupo armado, a la altura de la avenida Óscar Flores, cerca del centro de la ciudad.
Con heridas de rifle AK-47, dos de las víctimas fueron trasladadas al Hospital Juárez, pero murieron cuando recibían atención médica, en tanto que la tercer persona falleció metros antes de ingresar al nosocomio. Fueron identificados por sus familiares como Jesús Covarrubias, su hijo Juan Manuel Covarrubias y Hugo (N)
En el municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, un policía auxiliar preventivo del municipio de Chilpancingo, identificado como Florentino Téllez Jiménez, fue ejecutado de nueve balazos.
Mientras, la Policía Estatal Investigadora de Sonora reportó el hallazgo del cadáver de un hombre aun no identificado en el kilómetro 187 de la carretera Navojoa-Fundición.
Hallan cabeza en Nayarit
La cabeza de un hombre fue encontrada ayer en la esquina de las calles Amapa y Camichín, de la colonia Los Sauces, en Tepic, Nayarit, informó el director de la Policía Estatal Investigadora (PEI), Javier García Paniagua, quien señaló: “este es un hecho aislado, que jamás había ocurrido en Nayarit”, concluyó.
Por otro lado, la PGR investiga el destino de mil 200 kilogramos de cocaína base incautadas por el Ejército en la región sur de Campeche, las cuales, de acuerdo con las primeras investigaciones, iban a ser trasladadas hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde estaba pactada la entrega.
Mientras que el gobernador, Jorge Carlos Hurtado Valdez, aseguró que hay dos detenidos como resultado de este operativo, trascendió que son ocho las personas detenidas como presuntos cómplices de la operación.
Se confirmó que el Ministerio Público de la federación radicó la averiguación previa AP/PGR/CA- MP/ESC-I/58/008, por delitos contra la salud.
La droga se mantiene en el 11 Regimiento de Caballería Motorizada, con sede en Escárcega, y podría ser trasladada a la 33 Zona Militar de la capital.
Rubén Villalpando, Sergio Ocampo, Ulises Gutiérrez, Jesús Narváez y Lorenzo Chim
(La Jornada, 17 de mayo de 2008)
sábado, 17 de mayo de 2008
Pese al Operativo Chihuahua hubo 7 ejecuciones del crimen organizado
Filtran rumores sobre muerte de eperristas
■ A punto de cumplirse un año de la desaparición de su padre, Nadín Reyes da la batalla
■ La lucha por la justicia, una forma de vida, afirma la hija de Edmundo Reyes Amaya
Emir Olivares Alonso
Tras la desaparición de su padre, Edmundo Reyes Amaya, el 25 de mayo de 2007, la visión de Nadín Reyes dio “un vuelco de 180 grados” y desde entonces supo que “la lucha por la justicia es una forma de vida”.
Hace casi un año Nadín era “chica normal”, hoy se presenta en diversos foros e instancias exigiendo la presentación con vida de su padre y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario desaparecidos hace casi un año.
La joven aclara que pese a que el 30 de julio de 2007 los familiares de las víctimas interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desaparición forzada –delito de lesa humanidad– la dependencia sólo lo investiga por desaparición ilegal en la modalidad de secuestro.
A nueve días de que se cumpla un año sin tener noticias de su padre, Nadín narra que este tiempo “ha sido muy difícil, con muchos problemas de salud en mi familia”; agrega que su abuelo, padre de Edmundo, falleció en noviembre pasado.
“Fue un golpe muy duro, él tenía la esperanza de encontrarlo, pero en un mes se le vino todo encima; mi abuelo mantuvo una preocupación inmensa por su hijo y en su lecho de muerte lo llamaba. Eso es algo que no puedes perdonar.”
La hija de Reyes Amaya denuncia que “con la intención de cerrar el caso” funcionarios de gobierno filtraron a la prensa información de que ambos eperristas pudieron ser asesinados, además de que agentes estatales podrían resultar sospechosos del crimen.
“Me parece grave que manejaran el rumor de que están muertos, porque era el contexto en el que el EPR llamó al diálogo. Además las autoridades nos llamaron a los familiares para realizarnos pruebas de ADN: es muy curioso que lo hicieran cuando habían pasado más de 10 meses. Considero que fue una forma de dar carpetazo al diálogo (con el grupo guerrillero)”, afirmó Nadín Reyes.
Subrayó que mientras la PGR no dé acceso a los familiares de las víctimas y sus representantes legales a las averiguaciones previas de la investigación, “que es nuestro derecho”, no acudirán a ofrecer las muestras de ADN.
También informó que del 19 al 24 de mayo diversas organizaciones sociales realizarán varias actividades en Oaxaca, denominadas “la semana contra la desaparición forzada”.
Ayer, Nadín acudió ante la asamblea estatal del magisterio de Oaxaca a fin de solicitar a los mentores un pronunciamiento por los desaparecidos. En un documento que entregó al magisterio, la joven expone que sólo con la unidad se puede exigir a las autoridades atención al caso de desaparición forzada para que “ellos puedan estar con nosotros mañana y nadie más pase por esto”.
Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que no existen avances concretos en las investigaciones y que se “ha querido amedrentar” a los familiares al filtrar información a la prensa de que los dos eperristas podrían hacer sido asesinados.
Recordó que el Poder Judicial otorgó desde los primeros meses de la desaparición un amparo en contra de ese delito de lesa humanidad y pese a ello la PGR no ha reclasificado el delito.
(La Jornada, 17 de mayo de 2008)
Ejército cuenta con 20 mil efectivos más para reforzar operativo Culiacán-Navolato
■ Hallan en la capital ocho granadas de fragmentación; seis de ellas en el fraccionamiento Girasoles
■ Decrecen en Sinaloa actividades favorecidas por recursos procedentes del narco, dicen autoridades
Gustavo Castillo y Javier Valdez (Enviado y corresponsal)
Culiacán, Sin. El Ejército cuenta con 20 mil efectivos disponibles más en caso de que se requiera relevar mensualmente a los alrededor de 2 mil 500 que hoy participan en el operativo Culiacán-Navolato o ampliar las acciones contra las organizaciones criminales, revelaron funcionarios federales que intervienen en la supervisión de las acciones contra el narcotráfico en la capital sinaloense.
En ese contexto, este viernes, las acciones militares se enfocaron en el despliegue de efectivos y colocación de retenes para disminuir los actos violentos, sobre todo en la zona de acceso a Badiraguato, y el reforzamiento de patrullajes en Guamúchil, con lo que las autoridades consideran que se tiene presencia y control en los centros de influencia de Joaquín El Chapo Guzmán, del cártel de Juárez, los Beltrán Leyva e Ismael El Mayo Zambada, en el centro político del estado.
Asimismo, para cortar fuentes de lavado de dinero del narcotráfico, la Procuraduría General de la República (PGR) incautó precautoriamente nueve hoteles que se localizan en las afueras de Culiacán, y que presuntamente son propiedad de integrantes del crimen organizado. Los inmuebles quedaron sin vigilancia y únicamente se colocaron sellos de clausura.
Sin embargo, pese a la tranquilidad que se ha registrado en Culiacán y Navolato desde la madrugada del miércoles, reportes policiacos refieren que a las cuatro de la mañana del viernes en Los Mochis, desconocidos prendieron fuego al automóvil y la vivienda del comandante Lucas Villaseñor Gómez, de la Policía Municipal de Ahome, que se localiza en el fraccionamiento Pradera. No se reportaron víctimas ni detenidos.
En la comunidad de Juan José Ríos, municipio de Guasave, fue muerta a balazos una persona identificada como Alonso Guerrero Hernández, mientras en Culiacán eran localizadas un total de ocho granadas de fragmentación, seis de ellas en el fraccionamiento Girasoles, mismas que fueron recogidas por efectivos militares.
Asimismo, un joven fue reportado como levantado (secuestro sin intención de rescate) en la colonia Álamos de la ciudad de Los Mochis; la víctima fue identificada como Juan Antonio Zavala Peraza.
En el municipio de Angostura, cuatro de los seis agentes de la Policía Ministerial asignados a este plaza, cercana a la zona costera y colindante con el municipio de Salvador Alvarado, renunciaron a sus cargos. Según versiones extraoficiales, los agentes abandonaron el inmueble de la corporación y dejaron armas y equipo de comunicación en la comandancia de Tránsito y Policía Preventiva, luego del ataque perpetrado por un grupo de sicarios contra la sede de la Ministerial en Guamúchil, el miércoles pasado.
Economía a la baja
Por otra parte, funcionarios federales y estatales indicaron que se comienza a sentir el efecto económico de las acciones gubernamentales en contra de la delincuencia organizada en esta capital, dado que se ha presentado una disminución de actividades favorecidas por los recursos procedentes del narcotráfico, como es el cambio de dólares provenientes de las zonas serranas, y también bajas ventas en la zona conocida como “el mercadito”, que se ubica en el centro de Culiacán, donde se ofrecen cinturones, sombreros y zapatos hechos a mano; ropa de marca y perfumería importada de Europa.
De acuerdo con reportes oficiales, ha diminuido la presencia de buchones (jóvenes que imitan a los narcotraficantes, viajan en camionetas arregladas en motor y carrocería, con rines de aluminio y llantas anchas; grandes equipos de sonido y que aparentan estar o portan armas) en Culiacán y Navolato.
Por lo que hace a la venta de vehículos, tanto la situación de violencia como la puesta en marcha del operativo conjunto ha disminuido la adquisición en este mercado, reportaron autoridades locales y dirigentes empresariales.
En ese sentido Germán del Rincón Jarero, presidente de la Asociación de Distribuidores de Automotores en Sinaloa, indicó que la venta de automóviles ha caído. Como muestra, dijo, tan sólo los días 9 y 10 de mayo, en que la venta de unidades se incrementa considerablemente en Culiacán, dos de las agencias locales cerraron sus puertas debido a la poca afluencia de público y al temor que generaron los operativos del Ejército contra el narcotráfico.
Los operativos del Ejército Mexicano y fuerzas federales contra el crimen organizado, agregó, están afectando a los establecimientos de este giro, ya que los vehículos nuevos que salen de estas agencias, sin placas, pero con carta factura expedida por los distribuidores, son detenidos por militares y policías, que combaten la circulación de vehículos sin placas o cuando éstas son de procedencia extranjera.
Otros resultados
La PGR inició la averiguación previa AP/SIN/CLN/434/08/M-I en contra de quien resulte responsable de la posible comisión de los delitos de ataques a las vías generales de comunicación y lo que resulte, debido a la instalación de 23 antenas de radiocomunicación que fueron inhabilitadas por efectivos del Ejército adscritos a la comandancia de la Novena Zona Militar.
Reportes oficiales refieren que “en la región los grupos criminales utilizan diferentes medios de comunicación electrónicos como radios, retransmisores, antenas repetidoras, amplificadores y otros medios técnicos en el uso de las bandas de frecuencias del espectro radio eléctrico y electro magnéticos, para lo cual han instalado diversos equipos en el cerro de La Chiva, afectando seriamente el espectro radio eléctrico en sus frecuencias VLF, LF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF”.
Por ello, dentro de las medidas cautelares implementadas por el gobierno federal destaca un acuerdo en el que se ordena que en un término máximo de 10 días contados a partir de este viernes, se procederá a la desactivación, inhabilitación y/o desmantelamiento de los equipos incautados, por considerar que se trata de instrumentos de delito.
(La Jornada, 17 de mayo de 2008)
Balance de derechos humanos en Chiapas
Miguel Concha
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC (Frayba) presentó el pasado 5 de mayo en San Cristóbal de las Casas su balance anual sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas.
El informe da cuenta de la tendencia actual de violación a los derechos humanos por los gobiernos estatal y federal, como producto de una nueva y mayor ofensiva económica neoliberal en el sur del país que, en el marco del Plan Puebla-Panamá (Santiago Levy, Fox, Calderón), o del Programa del Sur, en la versión del diputado Carlos Rojas, apunta a un reordenamiento territorial.
En un contexto de militarización y persistente impunidad, esta ofensiva gubernamental vulnera el derecho al territorio de los pueblos indígenas, genera acciones violentas entre campesinos, provoca la violencia por la acción de grupos armados de corte paramilitar, como la así llamada Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), en connivencia con la policía, y criminaliza la protesta social.
El informe, que abarca el periodo de marzo de 2007 a marzo de 2008, tiene cuatro partes principales, concatenadas entre sí: el derecho a la tierra y el territorio; la criminalización de la protesta y acción social; las violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, y la memoria histórica de los graves casos de violaciones a los derechos humanos que siguen impunes en Chiapas, más anexos.
El primer capítulo nos muestra cómo y dónde el gobierno está poniendo énfasis en los proyectos de reordenamiento territorial, empeñado en el último año en el “Proyecto Eco-Arqueo-Turístico” de “Agua Azul-Palenque-Bonampak-Tikal”, llamado también por el ex gobernador priísta Roberto Albores el “Cancún de Chiapas”; y cómo con ellos existe una coincidencia en los lugares en los que el Frayba ha documentado violaciones a los derechos humanos. Dentro de este contexto se da el ataque armado a Viejo Velasco en 2006 y los hostigamientos a bases zapatistas en 2007, como fueron los ataques de la OPDDIC en Bolom Ajaw y la amenaza armada en contra del caracol de Roberto Barrios, por la implantación de un proyecto ecoturístico financiado por el comisionado Luis H. Álvarez.
Estos planes de desarrollo de infraestructura no consideran los derechos de los pueblos indígenas; por el contrario, se vislumbra una tendencia de despojo y desplazamiento, para lo cual pareciera que el gobierno de Juan Sabines construye “ciudades rurales”, tomando como oportunidad las consecuencias negativas que los desastres naturales han dejado en algunas comunidades.
A partir de la documentación de casos, el segundo capítulo nos muestra cómo el engranaje institucional prevé contener y reprimir la inconformidad, la protesta y la resistencia, modificando la legislación penal, persiguiendo y hostigando a luchadores sociales y violentando los más elementales derechos humanos, con el fin de desactivar la organización y movilización de grupos organizados de base.
El tema del tercer capítulo es la situación penitenciaria. Es en las cárceles donde muchas veces se resume la movilización social. Sobre la base de testimonios, el Frayba narra las condiciones infrahumanas en que viven los presos en las cárceles de Chiapas, y particularmente recupera la lucha del movimiento de presos políticos en huelga de hambre, que logró la liberación de más de 100 de ellos, demostrando con ello la ineficacia y la politización del sistema de justicia.
Finalmente rescata la memoria de los casos de algunas de las víctimas de la guerra en Chiapas: ejecuciones, desapariciones y desplazamientos en el contexto de la contrainsurgencia zedillista, así como su situación procesal frente a los tribunales internos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Resalta entre ellos la desaparición de Antonio González Méndez, pues se trata del primer caso admitido por la CIDH en contra del grupo paramilitar Paz y Justicia. Con datos y argumentos desmonta punto por punto las versiones que tratan de tergiversar la verdad de lo ocurrido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal.
A pesar de este panorama tan desolador, el Frayba pone también de manifiesto la organización social en Chiapas en defensa de sus derechos humanos, por la tierra, por la libertad, por condiciones de mayor igualdad y contra el olvido. Enfatiza que la acción de defensa social del territorio y en contra de la represión, recuperando la memoria histórica, es condición indispensable para enfrentar el proceso de deterioro promovido por la clase política.
El Frayba concluye que no hay desarrollo ni bienestar sin el respeto a la decisión libre, consciente e informada del pueblo. Le recuerda al Estado que tiene el deber y la obligación de enfocar sus proyectos y políticas en el pleno desarrollo de la persona, generando indiscriminadamente para todos condiciones y oportunidades que cierren la brecha de la desigualdad y amplíen los márgenes de libertad.
El balance anual 2007 del Frayba, que puede ser consultado en su página web (www.frayba.org.mx), nos muestra, desde el contexto de Chiapas, la tendencia al deterioro de los derechos humanos en el país y en nuestro continente.
En memoria de fray Jorge Eduardo González López, OP, nombrado póstumamente por indígenas tzeltales y tzotziles “amigo y hermano de la región de Ocosingo”.
(La Jornada, 17 de mayo de 2008)
viernes, 16 de mayo de 2008
Los desaparecidos de Cadereyta
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Hace un año exactamente desaparecieron dirigentes sindicales, trabajadores y jubilados de la refinería Héctor Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Al hecho grave y agobiante de su desaparición ha seguido un silencio, una despreocupación oficial y social por la suerte de estas personas, que parece no importar a nadie.
Por eso hay que recordar lo ocurrido en aquella ciudad, porque es inadmisible que la gente se esfume como si se la hubiera tragado la tierra y ninguna autoridad explique lo ocurrido, a pesar de que hay información o indicios de que por lo menos algunas de esas infortunadas personas fueron detenidas por miembros de corporaciones oficiales.
Al anochecer del 16 de mayo de 2007. tras una asamblea de la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el comisionado de la Dirección Nacional, David Fernando Vega Zamarripa, conocido familiarmente como “El ganso”, y de cuarenta años de edad, fue “levantado” por un grupo armado, junto con varios compañeros.
Su hermano mayor, Hilario Vega Zamarripa, de 47 años, recibió al día siguiente un telefonema en que con amenazas se le requirió para presentarse en un lugar determinado, so pena de que David Fernando muriera.
Hilario, secretario general de la Sección y ex diputado federal priista, acudió a la cita y desde entonces no se sabe más de él.
Otros miembros de la Sección, trabajadores de la refinería, desaparecieron también entre esas fechas: Víctor Manuel Mendoza Román, de 35 años; Jorge Alejandro Hernández Faz, de 28 años; David Sánchez Torres, de 33 años. Igual destino corrieron los jubilados Félix Sánchez Torres, de 44 años; Luis Enrique Martínez Martínez, de 51 años; José Luis Zúñiga García, de 52 años. Los dos últimos desaparecieron después que el resto, el 20 de mayo, lo mismo que el ex alcalde de Cadereyta, José Luis Lozano Fernández.
El sólo número de personas “levantadas”, secuestradas o desaparecidas hubiera escandalizado a su entorno. Pero en ése como en otros momentos de violencia desatada en Nuevo León, el hecho se consideró como parte de un fenómeno más general, la desaparición de hasta 30 personas.
Por citar únicamente otro caso semejante, en el municipio de Guadalupe seis miembros de una familia de la colonia La Herradura habían sido privados de la libertad en esos mismos días.
Pero abrumó a los parientes de los desaparecidos la despreocupación de la autoridad local por investigar el caso, a pesar de que involucraba a personas de alto relieve en la vida política local.
Los hermanos Vega Zamarripa son parte del grupo director del sindicato de Pemex en todo el país. Hilario cubría su tercer periodo como secretario general, perseverancia sólo posible para quienes están bienquistos con la camarilla que rodea a Carlos Romero Deschamps.
Eso no obstante, tampoco el Sindicato hizo entonces, ni lo ha hecho a lo largo de un año, reclamo o protesta alguna por la suerte de sus integrantes, que no eran miembros de una corriente opositora o disidente, sino de la que controla la vida sindical y lo hace mediante mecanismos penados por la ley.
Ahora mismo se intenta procesar por venta de plazas a José Izaguirre Rodríguez, el reemplazante de Vega Zamarripa como secretario general interino. Tampoco él ni el resto de su comité salieron a las calles en exigencia pública por la aparición de su dirigente, cuyo periodo está por concluir. En vez de demandar su aparición, Izaguirre Rodríguez se apresta a la próxima elección seccional para formalizar su posición provisional.
Durante las dos semanas siguientes los familiares de los desaparecidos carecieron de toda noticia sobre ellos, hasta que el 4 de junio medios locales de información dijeron que soldados del Ejército mexicano los habían aprehendido y conducido a cuartel primero y después a la Subprocuraduría de Investigaciones Sobre Delincuencia Organizada en la ciudad de México. Se suponía también que agentes federales habían hecho las detenciones, ya que el despliegue de hombres dotados con armas de alto poder que las practicaron era semejante a los que estila esa dependencia. Y también se parecía a los que llevan a cabo sicarios de bandas de la delincuencia organizada.
No se confirmó ninguna de esas especies. Y nadie puso especialmente la vista en la refinería de Cadereyta donde la vida laboral siguió su curso. Ni siquiera se recordó a los desaparecidos en julio siguiente, cuando un rayo cayó sobre un depósito de gasolina primaria y provocó que se consumieran 200,000 litros de ese insumo.
La preocupante despreocupación oficial sobre ese caso alcanzó también al Senado, que el 11 de diciembre remitió a comisiones, en vez de aprobarlo inmediatamente, un punto de acuerdo iniciado por la senadora Rosario Ibarra en que se propuso exhortar a la Procuraduría General de la República y a la del estado de Nuevo León “a que den seguimiento urgente a la denuncia presentada por los familiares de los C.C. Hilario y David Vega Zamarripa por la desaparición forzada de que fueron víctimas los pasados 16 y 17 de mayo de 2007”.
Acaso el desinterés senatorial surgió por la referencia a la desaparición forzada, un delito de lesa humanidad con perfiles de mayor gravedad que el secuestro, que es también vituperable. En el punto de acuerdo aplazado se pedía al Senado condenar “de modo enérgico los casos de desaparición forzada que se han presentado en el país en el último año, causados por la omisión o acción autoritaria del Estado...”.— México, D.F.
(Diario de Yucatán, 16 de mayo de 2008)
Pistoleros y militares intimidan a indígenas
Sergio Ocampo, corresponsal
Chilpancingo, Gro. Sujetos armados amagaron el domingo a ocho indígenas de la comunidad El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, y el lunes militares que llevaban listas preguntaron por pobladores de esa comunidad, a quienes se pretende vincular con el asesinato de Alejandro Feliciano, perpetrado a principios de enero, informó la secretaria general de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel. Remigio Cantú, a quien la OPIM señala como informante del Ejército Mexicano, “interrogó a los compañeros, y les dijo: ‘Miren, cabrones, aunque ustedes hablen de mí, de todos modos los militares no van a hacerme nada”’.
(La Jornada, 16 de mayo de 2008)
Aquí escribes el resto del contenido que no se vera.
Caso aislado, asesinato cometido por soldado
La Jornada Michoacán y Ernesto Martínez, corresponsal
Morelia, Mich., 15 de mayo. El comandante de la 21 Zona Militar, general Rafael de Jesús Ballesteros Topete, aseguró que el asesinato del menor Iván García y las heridas al joven Giovanni Fuerte, ambos perpetrados por el soldado Moisés Sánchez Gil fuera del centro de adiestramiento de infantería de esta ciudad, “son un caso aislado”. Informó que el acusado ya está recluido en el penal militar de La Mojonera, Jalisco, y será juzgado bajo el proceso penal 1999/2008. Agregó que el Ejército “no esconde la cara”, pero reconoció que aún se desconoce si Sánchez Gil estaba drogado cuando atacó a los muchachos.
(La Jornada, 16 de mayo de 2008).
Sinaloa, “gema” en la lucha del gobierno contra el narcotráfico: fuentes oficiales
■ Parientes de líderes del hampa huyen a Colima, Nayarit y Jalisco; los consideran santuarios
Gustavo Castillo y Javier Valdez (Enviado y corresponsal)
Culiacán, Sin., 15 de mayo. Sinaloa –en especial Culiacán y Navolato– constituye para el gobierno federal una “gema” en la lucha contra el narcotráfico, ya que se busca cercar a los grupos de sicarios y operadores de los grupos más importantes en la zona, señalaron integrantes de órganos de inteligencia que laboran en la entidad..
Según las fuentes consultadas, la estrategia militar diseñada por el gobierno federal ha sido envolvente del sur al norte del país, y luego hacia “la cuna” de casi todos los narcotraficantes “pesados”.
Para los funcionarios entrevistados, “en este momento se vive un silente control militar del territorio sinaloense, y en ese contexto el cierre de El mercadito constituye el cercenamiento del brazo que abastecía de recursos a los grupos de sicarios que bajan de la sierra a cambiar sus dólares por pesos”.
Los entrevistados, miembros de órganos de inteligencia federal que actúan en esta entidad desde el pasado martes, cuando se anunció la puesta en marcha del Operativo Conjunto Culiacán-Navolato, indicaron que las acciones gubernamentales reportan el aseguramiento de 14 mil 500 dólares a cinco vendedores de divisas en Culiacán; mientras en Navolato, tras la realización de seis cateos, se han incautado armas, cartuchos y cinco vehículos blindados; además se obtuvo información importante sobre los grupos de los hermanos Beltrán Leyva, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán.
De acuerdo con la información obtenida, los datos que han sido cruzados entre los cuerpos de inteligencia refieren que familiares de líderes han abandonado la entidad y se han movilizado a Colima, Nayarit y Jalisco, entidades que son consideradas santuarios, como lo era Morelos hasta hace un año.
En apariencia, agregaron, disminuyeron los desplazamientos militares, pero aunque algunas unidades patrullan, la estrategia gubernamental se ha modificado hacia un despliegue de células de inteligencia en el día, de presencia formal por las noches y rastreo de comunicaciones de integrantes de la delincuencia organizada entre Culiacán, Navolato, Ahome, Guasave y Mazatlán, considerados los principales centros de operación de los hermanos Beltrán Leyva, El Chapo y El Mayo.
Por otra parte, el alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, anunció que para evitar hechos de violencia y favorecer resultados positivos en la lucha contra la incidencia criminal, los bares y expendios de cerveza reducirán su horario de venta dos horas, por lo que cerrarán a las dos de la mañana, y no a las cuatro, como se había autorizado.
El miércoles personal militar y agentes del Ministerio Público Federal intervinieron 26 centros cambiarios en la llamada zona de El mercadito y detuvieron a cinco vendedores de dólares.
Este jueves, el abogado Isaac Pablo Alvarado, representante legal de seis propietarios de centros cambiarios, afirmó en conferencia de prensa que “el Ejército incurrió en abusos al cerrar los centros de cambio”, y aseveró: “no hay recursos de procedencia ilícita en los negocios que estoy representando (...) y si el gobierno federal tiene pruebas de que se lava dinero, pues que proceda, pero podemos asegurar que no es el caso”.
Informó que tramitó seis peticiones de amparo de igual número de negociaciones ante los juzgados primero, segundo y tercero de distrito, con sede en esta cabecera municipal, por la supuesta comisión de actos arbitrarios del Ministerio Público Federal y del Ejército, que mantienen asegurados los centros cambiarios.
Añadió que la PGR, la Secretaría de Hacienda y la Policía Fiscal deben indagar si estas casas de cambio operan legalmente y con recursos ilícitos, no la Secretaría de la Defensa Nacional.
Por la noche trascendió que efectivos militares destruyeron 23 antenas que servían de red de intercomunicación entre grupos de narcotraficantes en la zona centro de Sinaloa.
Las antenas estaban en el cerro La Chiva, que se localiza en la comunidad El Limón de Los Ramos, al norte de Culiacán.
Fuentes federales revelaron que la novena Zona Militar informará en las próximas horas de los primeros resultados del combate al hampa en esta entidad, donde en los últimas dos semanas fueron ejecutadas más de 40 personas y en las últimas 36 horas no se ha reportado ningún homicidio relacionado con delincuencia organizada.
En ese contexto, informes militares refieren que además de la destrucción de las 23 antenas se decomisaron más de 90 kilogramos de mariguana, 5 millones 542 mil pesos, 370 mil dólares y 895 euros, en varios operativos; además han sido detenidas en diferentes acciones ocho personas.
(La Jornada, 16 de mayo de 2008)
“Si hace falta”, se enviarán más militares a Culiacán y Navolato
■ Recuperar espacios para la sociedad, objetivo de la operación
Jesús Aranda
El operativo Culiacán-Navolato –que comenzó esta semana con la participación de más de 2 mil elementos del Ejército y casi mil de la Armada– constituye la segunda operación en importancia en lo que va del año en contra del crimen organizado, sostuvieron fuentes militares, y agregaron que el objetivo es “hacer presencia y contener” los altos niveles de violencia alcanzados en días recientes y garantizar que la población no se vea afectada por enfrentamientos entre bandas criminales rivales.
Tenemos claro, añadieron los informantes, que existe una lucha entre dos grupos de narcotraficantes que se pelean la plaza, pero no podemos dejar de actuar y, si hace falta enviar más militares para inhibir las acciones del crimen organizado, así se hará.
Sostuvieron que el objetivo principal del operativo no es ubicar y detener a los principales líderes del crimen organizado radicados en Sinaloa, sino recuperar para la sociedad los espacios arrebatados por el hampa.
Explicaron que si bien al iniciar este sexenio se pusieron en marcha operativos anticrimen en Tijuana, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Tijuana, Baja California, en la actualidad los esfuerzos federales con el envío de tropas del Ejército, la Armada y agentes federales de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República se han centrado primordialmente en Ciudad Juárez, y en segunda instancia en las ciudades sinaloenses de Culiacán y Navolato.
De acuerdo con las fuentes, si bien el número de militares que se han enviado a Ciudad Juárez, Chihuahua –en marzo pasado–, y a Sinaloa son similares –casi 2 mil–, la diferencia radica en que a la primera localidad el grueso pertenecía a las fuerzas especiales y al cuerpo de fusileros paracaidistas, mientras a Sinaloa fueron enviados soldados de regimientos de caballería desplegados en el estado de México y Puebla.
En ambos casos, los operativos reforzaron acciones implementadas desde el año pasado que no tuvieron en una primera etapa los resultados esperados.
Los funcionarios consultados reiteraron que el gobierno federal tiene en claro –y así quedó establecido en la reunión del gabinete de seguridad que se reunió el pasado martes en la ciudad de Culiacán– que el aumento sustancial de la violencia obedece a la lucha entre los grupos criminales que encabezan los hermanos Beltrán Leyva, por un lado, y por el otro Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán Loera, por el control de esa plaza.
El gobierno, sostuvieron, no puede mantenerse al margen, aunque la mayoría de los muertos sean producto de esa lucha entre delincuentes, porque tiene la obligación de garantizar el orden y la seguridad de la ciudadanía.
El éxito del operativo dependerá, aseguraron, de la capacidad de las dependencias para obtener información y generar inteligencia sobre los grupos criminales, porque existe pleno entendimiento para “compartir lo que haya que compartir” y que “conozca la información quien deba conocerla”.
También es necesario garantizar que no haya filtraciones de información que afecten las operaciones, afirmaron.
(La Jornada, 16 de mayo de 2008)
Responsabilidad militar
jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- En el Ejército mexicano han empezado también las justificaciones.
Así como su comandante en jefe, Felipe Calderón, dice que la violencia sin límites desatada por el narcotráfico en diferentes partes del país es resultado de las acciones policíaco-militares de su gobierno, el Ejército ha soltado la especie de que en el último año del gobierno de Vicente Fox se dejó libre el camino a los narcotraficantes.
La razón, dice esa versión difundida por algunos militares de alto rango, es que Fox desmovilizó al Ejército en la persecución de narcotraficantes y lo mantuvo concentrado ante la eventualidad de desórdenes políticos en caso de que se le diera el triunfo a Andrés Manuel López Obrador.
El señalamiento es grave por donde se le vea. Si en efecto Fox hizo tal movimiento habría una doble responsabilidad:
La primera, la de haber renunciado a su obligación de enfrentar una de las principales amenazas a la seguridad nacional, despejando el camino a los cárteles de la droga.
Para ello, ningún pretexto habría sido necesario. Basta recordar la libertad con la que se movió Joaquín El Chapo Guzmán desde que se escapó de una cárcel de “alta seguridad” al principio del sexenio foxista.
La segunda responsabilidad de la que se estaría hablando es la de utilizar al Ejército para un propósito meramente político: el de reprimir protestas sociales.
Pero aquí hay una agravante más, la de desconocer por la fuerza los resultados de una elección presidencial.
Como si el Ejército no hubiera aprendido la lección de los efectos perniciosos que tuvo en su interior y en la sociedad el papel de represor de los movimientos sociales que protagonizó en la segunda mitad del siglo pasado, el entonces comandante en jefe habría dispuesto de él para sus propósitos políticos, tal y como ocurrió en el régimen del PRI.
No se llegó a tal extremo porque para imponer a su candidato, Felipe Calderón, Fox se valió de cuantos recursos, oficiales y oficiosos, tuvo a su alcance.
La versión militar sorprende no por falta de verosimilitud, sino porque el entonces secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Vega García, públicamente se negó a la utilización del Ejército para propósitos políticos personales.
De distintas maneras y en distintos momentos se lo dijo a Fox. La última vez, durante el conflicto en Oaxaca en el 2006, justamente en el periodo al que se refiere la especie.
De no ser cierta, la versión militar no deja de revelar un grave problema. Si lo que se busca es echar culpas a los otros, tal y como lo hizo Calderón en su contraproducente –por autoritario– discurso del “ya basta”, el Ejército caería en una evidente incongruencia.
Involucrado de manera creciente desde hace décadas en el combate al narcotráfico, el Ejército ha desarrollado y concentrado tal cantidad de información que difícilmente podría estar completamente ajeno al seguimiento y persecución de los cárteles de la droga por más que recibiera una orden de su comandante en jefe.
Si hay una institución que conoce cómo se ha desarrollado el narcotráfico y quiénes han facilitado su señorío en México es el Ejército. Más aún, muy lamentablemente, algunos de sus elementos –desde generales hasta soldados– han contribuido a ello.
El Ejército mexicano no puede ni debe llamarse a engaño. Sabe, como muchos de quienes conviven directamente con la realidad del narcotráfico, que la violencia no es producto del “éxito” de este gobierno en esta batalla, sino de verdaderas purgas al interior de las organizaciones delictivas para el control de un negocio imposible de desaparecer.
De otra manera no se explican las ejecuciones, “levantones” y atentados contra estaciones policiales en las narices de los militares, si es que se sigue la lógica mediática de los operativos federales y reuniones itinerantes del Consejo de Seguridad Nacional.
Colocarse en la sintonía de Calderón de que son otros los que han fallado en nada beneficia al Ejército. En algunos años, Calderón saldrá de Los Pinos, pero el Ejército permanecerá más allá del talante autoritario de su actual comandante en jefe.
A pesar de haber sido erigidos por Calderón como su principal aliado, los militares –menos que nadie– están para repartir culpas.(16 de mayo de 2008)
jcarrasco@proceso.com.mx
(Proceso)
jueves, 15 de mayo de 2008
Encarcelan a militar por muerte de joven en Michoacán
El soldado de infantería Moisés Sánchez será procesado por disparar contra dos jóvenes en una gasolinería cercana a las instalaciones del campo militar 21-D.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 15/05/2008 19:48
Morelia, Mich. El soldado de infantería Moisés Sánchez Gil, acusado de privar de la vida a un joven y haber lesionado a otro el pasado 12 de mayo, cerca del campo miliar 21-D de Morelia, fue consignado y recluido en el penal militar de La Mojonera, en Jalisco, informaron autoridades castrenses.
El comandante de la XXI Zona Militar, Jesús Ballesteros Topete, señaló que el elemento militar enfrentará la causa penal 834-2008 por los delitos de homicidio, lesiones, violencia contra las personas y lo que resulte por haber disparado contra los jóvenes Carlos Iván García Calderón y Giovanni Fuerte, quienes se encontraban cargando gasolina afuera de las instalaciones del campo militar 21-D, y causar la muerte del primero.
Ballesteros afirmó que el Ejército Mexicano no solapa ningún acto que esté en contra del derecho y la disciplina, por lo que garantizó que la muerte del joven Carlos Iván García Calderón no quedará impune.
En una rueda de prensa en el Cuartel Morelos de la XXI Zona Militar, el jefe de la milicia calificó la agresión a civiles registrada el pasado lunes como "un caso aislado" y afirmó que las leyes militares contemplan duras sanciones para quienes las transgreden.
Apuntó que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) correrá con todos los gastos que genere la hospitalización del joven lesionado, además de que también se hizo cargo de los actos funerarios de García Calderón.
(La Jornada On Line, 15 de mayo de 2007)
Calderón pretende solucionar la inseguridad con el Ejército, reprocha AMLO
Eso es abordar los problemas muy a la ligera, incluso de manera frívola, dijo el tabasqueño.
La Jornada On Line
Publicado: 15/05/2008 16:51
México, DF. De gira por el estado de Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador volvió a recriminar el señalamiento de Felipe Calderón contra los medios de comunicación relativos a la delincuencia organizada y el combate que ha emprendido el gobierno federal.
El "presidente legítimo" insistió en que la creciente inseguridad y la violencia que se ha incrementado en casi todo el territorio nacional es producto de la irresponsabilidad e ineptitud del "presidente espurio".
“Ahí anda Calderón echándole la culpa a los medios de comunicación, cuando todos sabemos que éstos siempre lo han apoyado, desde el fraude electoral del 2006”, dijo y se preguntó: ¿Qué pensará ahora Emilio Azcárraga después de escuchar los reclamos de Calderón? Yo creo que está pensando: ¡Qué ingrato! Pero qué sería del pelele sin la tele”.
El tabasqueño reprochó también que en lugar de atender las necesidades más apremiantes de los mexicanos, Calderón pretende solucionar la inseguridad con patrullajes del Ejército y con leyes más severas.
Esto, calificó, es abordar los problemas "muy a la ligera, incluso de manera frívola, porque se uniformó; se puso un traje militar, se tomó la foto y ahí anda de arriba para abajo con los militares".
(La Jornada On Line, 15 de mayo de 2008)
Ejército no debe patrullar las calles del DF: Álvarez Icaza
Claudia Bolaños
El Ejército es una de las instituciones que goza de mayor credibilidad entre la sociedad, pero no debe de hacer otras funciones que no les correspondan.
El Ejército es una de las instituciones que goza de mayor credibilidad entre la sociedad, pero no debe de hacer otras funciones que no les correspondan.
Por ello, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, se pronunció en contra de que soldados se hagan cargo de la seguridad en la ciudad de México luego de los crímenes contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
"Nos parece que ha habido situaciones lamentables y delicadas pero seguimos pensando que son hechos aislados y que requerimos que haya una agenda de seguridad nacional, local coordinada", dijo.
Explicó que no sólo es responsabilidad de un poder defender al Estado mexicano, pero no es el Ejército la instancia a quien le corresponda aunque sea la que goza de más credibilidad, "por eso hay que respetar su función y debe hacer lo que le toca", contestó al preguntársele su opinión sobre la propuesta de que entre el Ejército al Distrito Federal, para asegurar la seguridad, tal y como hace y ha hecho en otras entidades donde el crimen organizado ha cometido una serie de asesinatos.
"Los soldados están entrenados para el uso extremo de la fuerza y la acción de la seguridad publica requiere el uso proporcional de la fuerza; son principios distintos y por eso es importante que cada quien se quede en su ámbito. Yo manifiesto mi más absoluto respeto al Ejército pero no considero que deba patrullar las calles de la ciudad".
mdzh/grg
(El Universal, 15 de mayo de 2008)
Legisladores del sol azteca rechazan militarizar el DF
Gabriela Romero y Raúl Llanos
Diputados locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pertenecientes a la corriente de Izquierda Unida (IU), se manifestaron en contra de la presencia del ejército en las calles de la ciudad de México con el pretexto de garantizar la seguridad pública, como propuso en días recientes el legislador federal del Partido Acción Nacional (PAN), Obdulio Ávila Mayo.
En conferencia de prensa los perredistas Arturo Santana, Humberto Morgan, Agustín Guerrero y Enrique Vargas puntualizaron que las condiciones que se viven en la ciudad de México no son equiparables a las de estados como Sinaloa o Michoacán.
“La ciudad de México no se encuentra a merced del narcotráfico”, remarcó Santana, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien recordó que el Ejército sólo puede actuar en casos de emergencia, de tal manera que “no tenemos por qué permitir la militarización del Distrito Federal”.
Guerrero Castillo manifestó que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha mostrado absoluta disposición para coordinarse con el federal en materia de seguridad pública, por lo que sería “totalmente irresponsable e irrespetuoso” que de manera unilateral se decida que el Ejército patrulle las calles de la ciudad de México.
Recomendó al panista Ávila Mayo mejor darle consejos a Felipe Calderón, cuya estrategia en materia de combate al narcotráfico ha sido un fracaso.
“Hace casi un año y medio, Calderón Hinojosa se puso un uniforme de militar que le quedó grande, y ahora se está perdiendo la lucha contra el narcotráfico”.
Aseveró que a la fecha no se ha reportado ningún avance en materia de seguridad pública ni mejoría en la calidad en las instituciones responsables de esto.
(La Jornada, 15 de mayo de 2008)
El verdadero cartel
jenaro villamil
México, D.F., 15 de mayo (apro).- ¿Cuál es el verdadero cártel del narcotráfico en México? La pregunta resulta cada vez más pertinente en la medida que la historia de los últimos 30 años vuelve a reeditarse ahora con un costo en vidas cada vez más elevado: vendettas internas que provocan una situación de pánico social en Sinaloa, Guerrero y Ciudad Juárez; un discurso airado del primer mandatario Felipe Calderón que le reprocha con un “¡ya basta!” a los medios que cumplan con su principal función social: informar.
Un guión oculto se escribe y se difunde cada determinado tiempo para que creamos o percibamos que la guerra desatada se debe a un pleito al interior de la federación (la coalición de cárteles liderada por Joaquín El Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leyva y su familia, Vicente Carrillo Fuentes y los sobrevivientes del imperio del Señor de los Cielos) y algún otro grupo criminal.
Antes nos vendieron la versión de que se trataba de un pleito de La Federación en contra del cártel del Golfo, el emporio asentado en Nuevo Laredo, aliado con los Zetas y grupos regionales que controlan el trasiego de droga. Y en medio de estos enfrentamientos, la disputa histórica entre los Arellano Félix, dueños de la “ruta” de Tijuana, en contra de El Chapo Guzmán y el cártel de Juárez, la misma hipótesis que se difundió para explicar el asesinato a mansalva del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el crimen político en contra de Luis Donaldo Colosio, hace 14 años.
A pesar de estas versiones, la percepción social no cambia: el verdadero cártel está asentado sobre las estructuras gubernamentales, policiacas, militares y de poder económico –e incluso mediático-- que ha penetrado como la humedad hasta el corazón mismo del sistema mexicano y difícilmente se le enfrentará con bravatas discursivas, con un baño de sangre cada vez mayor o con operaciones policiaco-militares que resultan ser operativos encubiertos para “limpiar” las plazas a favor de algún capo, como está sucediendo en Ciudad Juárez.
Las autoridades policiacas insisten en vendernos historias de capos enfrentados, de redes criminales devenidas en sicarios, como si esta fuera la historia real del verdadero cartel mexicano. Algo similar ocurrió en Colombia. Tras la muerte del capo Pablo Escobar Gaviria y el desmantelamiento de sus rivales del cártel de Cali, resultó que el negocio del trasiego de la droga y los enormes volúmenes de recursos y la violencia consecuente no han disminuido.
La dinámica de cartelización está dominando prácticamente todos los ámbitos de la política y de la economía en el país. Los gobiernos estatales ya no se explican en función de su signo partidista, sino en relación con las “rutas” y los “capos” que protegen. Los grupos económicos confrontados –como los encabezados por Carlos Slim y Roberto Hernández-- actúan bajo la lógica de cárteles ahora expandidos al negocio de las telecomunicaciones.
Incluso, al interior de los partidos políticos –léase la guerra permanente de las “tribus” del PRD-- cada grupo actúa como una banda que controla, al igual que los cárteles, su propio territorio, sus clientelas, su estructura burocrática y millonarios recursos. Hasta las estructuras de la jerarquía católica actúan bajo la lógica de capos, cárteles y territorios. Los expresidentes del país, como los casos recientes de Carlos Salinas y Vicente Fox, salen a escena con la parafernalia de capos que defienden sus espacios reales y simbólicos de poder.
¿Quiere decir esto que el comercio ilegal de la droga ha penetrado en todos los ámbitos de la vida nacional? No necesariamente. Más bien quiere decir que el narcopoder ha dejado su impronta en una forma de cultura política y de normalización de la ilegalidad y la impunidad que constituyen la amenaza más profunda. Hay una especie de “victoria cultural” del narcotráfico frente a la derrota de la transición democrática mexicana. Esto es lo más preocupante.
El verdadero cártel al que nos enfrentamos no se agota en el nombre de un capo. Ni siquiera es fácil ubicar un rostro o un nombre que domine toda la complejidad de este negocio ilegal. El verdadero cartel son nuestras estructuras de poder enfrentadas ahora en una guerra cada vez más abierta y violenta.
El desenlace de esta guerra no es difícil de predecir: una crisis política mayor y la ausencia de salidas inmediatas, menos si se basan sólo en el uso de la fuerza militar.
jenarovi@yahoo.com.mx
(Proceso, 15 de mayo de 2008)
México, peligrosísimo para periodistas
Nelly Olivos
nelly24olivos@yahoo.com.mx
* En el sexenio de Vicente Fox fueron asesinados 30 y cuatro desaparecieron * Con Felipe Calderón 11 asesinados y cuatro desaparecidos
México es considerado por varios organismos internacionales uno de los más peligrosos para el ejercicio del periodismo, tan sólo después de Irak, una nación que vive un estado de guerra.
No obstante varias de las propuestas para "solucionar el problema" ya han demostrado su poca eficacia en otros países como es el caso de Colombia.
De acuerdo a diferentes organizaciones no gubernamentales en el sexenio foxista (2000-2006) en nuestro país fueron asesinados 30 periodistas y cuatro desaparecieron. En lo que va de la actual administración 11 periodistas fueron asesinados y cuatro han desaparecido. Las denuncias sobre temas del narcotráfico y del crimen organizado aparecen como las principales causas de la muerte o desaparición de periodistas.
El gobierno de Felipe Calderón le ha declarado la guerra al crimen organizado mediante operativos militares que en nada han mejorado las condiciones de seguridad pública. Curiosamente dichos operativos comenzaron en Michoacán, tierra natal del mandatario, pero que de acuerdo a información del Comité para la Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) en dicho estado las amenazas contra los comunicadores ha ido en aumento. Situación que ha generado un nuevo fenómeno: la autocensura.
Inclusive la situación de lucha contra el narcotráfico ha sido comparada con lo ocurrido en Colombia cuando los cárteles de la droga desataron una verdadera guerra contra el gobierno a finales de la década de los 80 y principios de los 90.
Tal vez de esta comparación surja una nada novedosa idea de protección para los periodistas, se trata de "prevenir" las acciones intimidatorias contra los comunicadores.
José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), declaró en el Foro Crimen organizado y abuso de poder: retos y futuro de la libertad de expresión en México, que se debe "proteger a los periodistas amenazados mediante medidas de seguridad y auxilio, de manera congruente y oportuna, y proporcional al hecho, para evitar la consumación de las amenazas. Para ello, sería conveniente crear un Comité de Evaluación de Riesgos, como el existente en Colombia, que determine niveles de riesgo y grados de amenaza a los periodistas y que recomiende las medidas de protección a que haya lugar."
De acuerdo a Soberanes tal Comité de Evaluación estaría integrado por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, por organismos de defensa de los periodistas, asociaciones de informadores y por representantes de los gobiernos estatales y municipales cuando el caso lo amerite.
En ningún momento el doctor Soberanes mencionó la posibilidad de que al interior de dicho comité esté representada la Secretaría de la Defensa Nacional, posibilidad que no suena del todo descabellada cuando integrantes del Ejército eran los encargados de salvaguardar la integridad física del entonces director del semanario Zeta, Jesús Blancornelas.
La protección en Colombia
Este sistema impera en Colombia donde, entre 2000 y 2006, 41 periodistas han sido asesinados debido a su trabajo periodístico.
El gobierno colombiano creó el Programa de Protección de Periodistas y Comunicadores Sociales, del Ministerio del Interior y de Justicia, en el año 2000, es una instancia donde están presentes organizaciones no gubernamentales defensoras de las libertades de expresión e información, el cual trabaja de la siguiente manera:
El Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgo es el encargado de recomendar las medidas necesarias para proteger a los periodistas. El primer paso es crear un estudio de nivel de riesgo y amenazas de las solicitudes de protección presentadas. Una vez realizado este análisis se recomienda tomar una de las siguientes medidas:
a) Blandas, consistentes en cursos de autoprotección llevados a cabo por la Policía Nacional o por el Departamento Administrativo de Seguridad y ayudas humanitarias de carácter nacional, como puede ser el traslado de los afectados de sus regiones a capital del país.
b) Duras, que otorgan medios de transporte, servicio de escoltas, blindaje de sedes, y ayudas humanitarias internacionales, como pueden ser la búsqueda de asilo en otro país o la agilización de los trámites necesarios en la obtención de documentos de migración.
Además de estas medidas también se provee asistencia económica que puede extenderse hasta por seis meses.
El primer problema al que se enfrenta un periodista en riesgo de ser asesinado es la burocracia, pues como requisito del Programa de Protección, hay que hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades. Luego el estudio de riesgo es elaborado en muchas ocasiones en Bogotá, principal ciudad de Colombia alejada de la región donde labora el periodista y que puede determinar, en algunos casos, que el riesgo es bajo.
A continuación viene la propuesta de las medidas a tomar para garantizar la integridad física del periodista, pero muchas de las disposiciones no se cumplen, sobre todo en las regiones alejadas de la capital. No existe una coordinación entre las autoridades correspondientes ni mucho menos los recursos para dotar de protección a los periodistas, como suele ser la designación de una escolta.
Pese a las críticas a este sistema de protección algunos periodistas colombianos, como Eduardo Márquez presidente del Centro de Solidaridad de la Federación Internacional de Periodistas, sostienen que el Programa de Protección sí funciona ya que "ha permitido salvar muchas vidas y en muchos casos se puede apelar a la fuerza del Estado", para salvaguardar la vida de los comunicadores
La protección mexicana
Dadas las difíciles condiciones que los periodistas tienen que enfrentar en México para llevar a cabo su trabajo, resulta increíble imaginar a reporteros, fotógrafos y camarógrafos acompañados de una escolta al momento de realizar su trabajo. Claro que hay que recordar el penoso incidente de la conductora Lily Téllez, quien en 2000 sufriera un atentado, y que también protagonizara un altercado con el entonces procurador capitalino, Samuel del Villar, afuera del domicilio particular del funcionario, donde agentes policiales encargados de la seguridad de la conductora fueron detenidos y es que llevaban varios días vigilando al procurador.
Tras el incidente fueron varias las interrogantes éticas que surgieron: ¿Qué clase de periodismo se puede llevar a cabo respaldado por una escolta de agentes del gobierno? ¿La escolta no resultaría un obstáculo para obtener información oficial?
Situación que nos lleva a recordar otro caso, el de Jesús Blancornelas, hasta el 23 de noviembre de 2006, director del semanario Zeta de Tijuana, Baja California.
Debido a las diversas amenazas y acciones de los narcotraficantes contra Blancornelas, éste contaba con una escolta asignada por el gobierno estatal, misma que fue retirada justo antes del 27 de noviembre de 1997, día en el que el entonces director de Zeta sufrió un atentado.
El Consejo Editorial del semanario se apresuró a sacar varias hipótesis respecto al retiro de la escolta y una de ellas apuntaba a la existencia de un acuerdo previo entre narcos y funcionarios; otra mencionaba la ineptitud del gobierno estatal al no prever el atentado contra su director.
Una de las hipótesis apuntó al chofer-escolta de Blancornelas, Luis Lauro Valero, muerto en el atentado, y quien se había desempeñado como agente de la Procuraduría General de Justicia del Estado y escolta de varios políticos, lo que le permitió tener acceso a cierto tipo de información, por lo que se convirtió en una importante fuente de información al periodista.
El caso de Blancornelas nos lleva a plantearnos nuevas interrogantes: ¿Pueden los periodistas confiar en la asignación de escoltas por parte del gobierno? ¿Cómo separar las funciones de seguridad de las de fuentes de información? En última instancia fue el Ejército el encargado de velar por la seguridad del periodista.
Otro de los casos que dejan al descubierto la falta de efectividad de tales acciones es el de la periodista Lydia Cacho, que tras las amenazas recibidas por parte de Succar Kuri, estaba "protegida" por una escolta de la Agencia Federal de Investigación, misma que no actuó cuando agentes policiales de puebla detuvieron a Cacho debido a la demanda que por difamación había interpuesto en su contra el empresario Kamel Nacif.
No podemos hablar de un arreglo previo entre los agentes federales asignados como escolta de la periodista con autoridades poblanas; sin embargo, sí deja al descubierto su capacidad de reacción, pues como relata Lydia Cacho en su libro Memorias de una infamia, su escolta no se dio ni por enterada de lo sucedido.
Los casos aquí presentados dejan ver las serias dudas que un sistema de protección como el que señala el presidente de la CNDH, no ayudarán en nada a limitar las acciones intimidatorias contra los periodistas. Los trabajadores que han contado con la protección de las autoridades no han dejado de ser blanco de agravios.
Diversos especialistas coincidimos en que no necesitamos un comité de protección a periodistas si va a tener una función decorativa parecida a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, creada el 15 de febrero de 2006, al interior de la Procuraduría General de la República, y que surgió con límites en los recursos económicos, materiales y humanos. Además de que sólo tendrá injerencia en los casos donde el crimen organizado no esté presente. Pero con todas estas limitantes la Fiscalía ya resolvió su primer caso: las amenazas que recibió la "periodista" Lolita de la Vega (Dolores de la Rosa Sabre), el 16 de agosto de 2007 Demetrio Pineda Ibarra fue detenido y acusado de enviar mensajes electrónicos con amenazas a De la Rosa.
Despenalizar los llamados delitos de prensa, difamación y calumnia; federalizar los delitos cometidos contra periodistas y crear mecanismos ineficaces como la Fiscalía Especial o una comisión de la Cámara de Diputados, son acciones que -pronosticaron- de nada van a servir mientras no se tenga verdadera voluntad política de esclarecer los crímenes de periodistas, porque hasta ahora ninguna autoridad ha abordado el tema de la procuración de justicia para terminar con la impunidad que impera, no sólo en los casos de comunicadores agraviados, sino en todos aquellos casos donde los culpables son liberados y los inocentes encarcelados.
Tal vez deberíamos ser más creativos en la solución de estos problemas antes de importar modelos como de costumbre o caer en los que antaño ya demostraron su poca eficacia.
(Forum en línea, mayo de 2008)
CNDH costosa e ineficiente
José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx
Respetuosamente a la doctora Susana Pedroza, segunda visitadora de la CNDH.
El 26 de marzo pasado nos enteramos por enésima vez de los abusos cometidos por el Ejército en contra de la población civil en la supuesta "lucha contra el narcotráfico", ahora se trata del asesinato de cuatro jóvenes y algunos más heridos que se dirigían a bordo de un vehículo tipo Hummer con destino a una fiesta en la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, en la comunidad de Santiago de los Caballeros; después los militares intentaron disfrazar el crimen como un enfrentamiento donde resultaron muertos dos elementos de tropa.
De este hecho tomó conocimiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que fue turnado al autonombrado ombudsman (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH), los primeros peritajes arrojan que los soldados fueron muertos por la espalda con proyectiles de alto poder, el organismo añadió que en el lugar únicamente se encontraron casquillos calibre 7.62 mm, que corresponden a las armas Heckler & Kock G3 de cargo en las unidades de tropa, fabricadas por la industria militar; evidencia en la que se sustenta que la muerte de los cuatro civiles fue producto de una ejecución extrajudicial.
Por mi experiencia, este acontecimiento ocurrió, quizá, para encubrir una disputa anterior entre la tropa dentro del vehículo militar donde se dispararon entre ellos (el impacto de los proyectiles aparece de adentro hacia afuera); o simplemente como ocurre cotidianamente en el Ejército, un accidente por impericia en el manejo de las armas provocando la muerte de dos soldados que después se maquilló como un enfrentamiento a iniciativa del oficial a cargo.
Según la información, la CNDH elaboró actas circunstanciadas, recabó fotografías, entrevistó a familiares, testigos y lesionados para integrar el expediente. Una difícil tarea de "reconstrucción de los hechos" ya que el Ejército y la justicia militar, supliendo las funciones del Ministerio Público federal o local, se abocan en todos los casos a borrar las evidencias para falsear los acontecimientos y proteger a los militares de cualquier responsabilidad que les pueda resultar, incluyendo al alto mando.
El propio José Luis Soberanes Fernández declaró que se emitirá una recomendación sobre los abusos cometidos por el Ejército, en el sentido de señalar la violación al derecho a la vida y a la integridad física de los lugareños porque también fueron torturados. Pero el doctor Soberanes tiene una contradicción y ninguna autoridad moral para hacer críticas al mando militar, al haber auspiciado la actuación del Ejército en la lucha anticrimen desde fines de la administración de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón.
Las organizaciones no gubernamentales anticipamos las consecuencias que traería la actuación del Ejército en la llamada "guerra contra el narcotráfico": una excesiva y escandalosa violación a los derechos humanos, ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustificados, violaciones a mujeres, etcétera; pero nadie nos escuchó. Nada más en Michoacán ha habido más de 150 quejas en contra de militares. Ninguna autoridad puede apelar al estado de derecho por asuntos de seguridad, violando el estado de derecho; en un Estado democrático como el que pretendemos establecer en México, la seguridad humana debe sobreponerse a la seguridad del Estado.
El informe de Human Rights Watch (HRW), en meses pasados confirmó los vicios y debilidades de la CNDH. La organización internacional defensora de los derechos humanos, presentó una Evaluación crítica de la CNDH: costosa, ineficiente e inmoral.
En conclusión: La CNDH lejos de ser defensora de los derechos humanos, ha provocado la impunidad y puesto en riesgo a las víctimas que recurren a ella en busca de justicia.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la detención de los militares responsables de la matanza, pero aquí llegamos a otra parte de lo que provoca la impunidad legalizada en México y por tanto la persistente y sistemática violación a los derechos humanos que Soberanes Fernández hipócritamente dice defender. Quien decide en el Ejército -incluye a la Marina- la culpabilidad o la inocencia de cualquier procesado por delito grave o no, cometido por faltas a la disciplina militar o al orden común o federal, es el secretario de la Defensa en turno, en la actualidad Guillermo Galván Galván, apoyado en el cuerpo de leyes militares que lo facultan para procurar y administrar la justicia militar. Es decir, dos funciones en una sola mano, que socava la división de poderes tutelada en la Constitución.
Así las cosas, el alto mando encallado en los tribunales militares decide el destino de la justicia en México, lo que trastoca el orden jurídico e institucional del Estado, el cual se arroga defender.
Me pregunto, a dónde iremos a llegar, cuando el Ejército cambia impunidad por "lealtad" institucional.
(Forum en línea, mayo de 2008)
miércoles, 14 de mayo de 2008
El Ejército ocupa Culiacán y Navolato, en un intento por abatir ola de violencia
■ “Este es el comienzo”, dice el general Galván Galván al anunciar un operativo especial
■ El centro de la capital del estado, convertido en un búnker ante la visita del gabinete de seguridad
Javier Valdez y Gustavo Castillo (Corresponsal y enviado)
Culiacán, Sin., 13 de mayo. Un nuevo operativo contra la delincuencia se puso en marcha en los municipios de Culiacán y Navolato, tras acuerdo de los integrantes de los gabinetes de seguridad nacional y estatal durante un encuentro que se llevó a cabo en el vacío edificio de gobierno local, cercado desde la madrugada de este martes por cientos de militares armados con rifles de alto poder.
El anuncio lo hizo el general Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al término del encuentro que duró casi tres horas, pero que para los vigías fue mucho más largo, ya que desde las seis de la mañana de este martes unidades artilladas vigilaron por tierra y aire el centro de esta capital, ante el temor de un posible ataque de grupos del narcotráfico.
La mayor parte de los 2 mil hombres que desde este martes participan en el llamado Operativo Conjunto Culiacán-Navolato son militares, como ocurre en otros nueve estados.
Sedena: no hay militarización
Sin embargo, para el titular de la Sedena “las actividades militares contra el crimen organizado son de coadyuvancia, de ninguna manera entrañan una militarización de la vida nacional o de las políticas públicas”, y advirtió a los integrantes de los cárteles: “Debe quedar claro que este es el comienzo y, si fuera necesario, vendrán más tropas” a combatirlos.
Un empresario de Guasave, hospedado en un céntrico hotel de Culiacán, describió así el ambiente que se vive en la capital del estado : “Calles cerradas, helicópteros volando, militares y policías por todos lados, en cada esquina. Ahora nadie pita a otro, menos una mentada. Hay mucho miedo. En todos los semáforos la gente voltea a ver de reojo al otro conductor. Si es una troca, no avanza hasta que ésta se va. En cuanto acabe mi reunión me regreso a mi tierra. Allá sí está tranquilo, Los niños van a la escuela y todo; aquí no se puede”.
En tanto, los secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; de la Defensa Nacional, Guillermo Galván; de Marina, Francisco Saynez Mendoza; el subsecretario de Seguridad Pública federal (SSP), Facundo Rosas, y también el procurador general de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, se reunieron con el gobernador Jesús Aguilar Padilla, empresarios locales y los alcaldes de Navolato y Culiacán.
La reunión fue para convenir nuevos esquemas de prevención del delito y combate al crimen organizado. No estuvo presente el encargado federal del ramo, Genaro García Luna, titular de la SSP, quien según fuentes oficiales se quedó en México para participar en una “campaña de medios”. Su lugar fue ocupado por Facundo Rosas, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial.
Al término del encuentro, los funcionarios únicamente leyeron sus discursos. El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, señaló que “la confrontación entre los principales cárteles del narcotráfico se ha hecho particularmente visible en los estados del norte del país, como es el caso de Sinaloa”.
Indicó que “en atención a la situación extraordinaria que vive el estado se ha decidido poner en marcha el Operativo Conjunto Culiacán-Navolato”.
La estrategia consiste en el despliegue de mil 433 elementos de la Sedena, vehículos y aeronaves; 740 policías de la SSP federal; 500 marinos y 50 agentes de la Procuraduría General de la República. En total dos mil 723 efectivos.
El operativo “estará a cargo del general de brigada Noé Sandoval Alcázar, comandante de la novena Zona Militar”. El procurador Medina Mora declaró que “las bandas del crimen organizado que agobian la tranquilidad de las familias y comunidades de Sinaloa buscan intimidar rivales, cobrar traiciones, proteger sus niveles de influencia local y controlar la plaza”, y dijo que “los sicarios se matan entre ellos por la lucha de mercados y el control de territorios”.
Consideró que “la estrategia que despliega el Estado mexicano ha causado fuertes y severos daños a las células del crimen organizado que operan en esta tierra”, y que “se les ha secado prácticamente el abasto de cocaína y seudoefedrina de aliados y contactos internacionales, y (ahora enfrentan) la desarticulación sistemática de sus redes logísticas y de operación (lo que) les ha minado sus capacidades de siembra, cosecha, acopio, transporte y distribución de mariguana”.
La normalidad volvió al centro de Culiacán hasta que los funcionarios federales abandonaron la sede del gobierno estatal en medio de un convoy integrado por más de 30 vehículos blindados, artillados y otros llenos de soldados armados. Los helicópteros cuidaron el recorrido hasta el aeropuerto y los militares a pie abandonaron poco a poco la llamada “unidad administrativa”.
Mientras las calles del centro de Culiacán volvían a llenarse de vehículos civiles, agentes federales decomisaban 3 toneladas de mariguana en un operativo realizado en un domicilio ubicado por la calle Mina de Copala, colonia Huizaches, al sur de Culiacán, informaron fuentes de la PGR.
Llegó la guachería...
Unos 800 soldados, algunos a bordo de medio centenar de camionetas Hummer artilladas, tomaron la cabecera municipal de Navolato y después de realizar algunos recorridos y retenes en zonas céntricas convirtieron el estadio De la Juventud de este municipio en su cuartel.
El extenso convoy militar, que recorrió unos 25 kilómetros desde Culiacán hasta Navolato, tomó por sorpresa a los ciudadanos, quienes azorados vieron pasar el desfile de uniformados y la exhibición de armas de grueso calibre en los toldos de las unidades.
Entre lunes y martes los militares llegaron en aviones de la Fuerza Aérea Mexicana desde el estado de México y Puebla, y a media mañana salieron de la novena Zona Militar, ubicada en Culiacán.
En Navolato ingresaron por la calle principal y luego de llegar hasta su zocalito instalaron puntos de revisión en varias calles.
A sólo dos cuadras del palacio municipal instalaron un gigantesco retén en el que ni las camionetas de las campañas de vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social, repletas de enfermeras, se salvaron de la revisión.
En Navolato los adultos se mostraron sorprendidos, expectantes y temerosos; algunos niños jugaban con sus bicicletas alrededor de los vehículos militares.
Mientras, el coronel de caballería Homero Mendoza Ruiz afirmaba que este martes sería el “día más tranquilo en todo Culiacán”, sin tomar en cuenta que ya estaba en Navolato.
Mientras los soldados se repartían el espacio en el estadio, dos niños que realizaban piruetas en sus bicicletas dialogaron. Uno de ellos volteó hacia los militares y dijo a su compañero: “Ya llegó la pinche guachería, loco… Está duro”. El otro, con un pie sobre el pedal y otro en tierra, reviró: “Le voy a hablar a mi tío para que venga y haga un matadero”.
(La Jornada, 14 de mayo de 2008)
Rechaza Ebrard patrullaje del Ejército en el DF
El jefe de gobierno capitalino señaló que las autoridades locales trabajan en la vigilancia y seguridad de la ciudad.
Gabriela Romero, Angel Bolaños, Raúl Llanos y La Jornada On Line
Publicado: 14/05/2008 17:22
México, DF. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, rechazó la presencia del Ejército en calles de la ciudad de México, toda vez que las autoridades locales trabajan en la vigilancia y seguridad.
Ebrard Casaubon señaló que ha faltado “contundencia y efectividad” a las acciones del gobierno federal para afectar en su patrimonio a las organizaciones delictivas y advirtió que poner a los militares a patrullar las calles no es la solución al problema de la violencia, en tanto que recordó el llamado que se hizo a dichas autoridades para tener mayor injerencia en el aeropuerto, que identificó como uno de los focos que han generado problemas de violencia en la ciudad.
Al término del Informe de Acceso a la Justicia Ambiental 2007-2011, sostuvo que el gobierno capitalino trabaja en coordinación con el federal en el combate al delito, y puso a su disposición la información que necesita al respecto.
Por su parte, diputados del PRD -de la corriente de Izquierda Unida- se manifestaron en contra del ingreso del Ejército en la ciudad de México con el pretexto de cubrir acciones de seguridad pública.
En conferencia de prensa, los legisladores Arturo Santana, Humberto Morgan, Agustín Guerrero y Enrique Vargas puntualizaron que las condiciones que se viven en el Distrito Federal no son equiparables a las que suceden en Sinaloa o Michoacán.
“El Ejército sólo debe actuar en casos de emergencia, no podemos permitir la militarización del Distrito Federal”, advirtieron.
(La Jornada, 14 de mayo de 2008)
¡Ya basta!
josé gil olmos
México, D.F., 14 de mayo (apro).- En 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzó un “¡Ya basta!” para exigir al gobierno que atendiera las necesidades de los pueblos indígenas. Hoy, en un acto más de propaganda que de sinceridad, Felipe Calderón ha utilizado la frase de una manera desafortunada tratando de evadir la responsabilidad que tiene en la lucha contra el narcotráfico.
Al menos 270 muertos en 2008 y más de mil el año pasado es el saldo que ha dejado la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Calderón, el cual ha demostrado un tremendo fracaso al utilizar al Ejército en actividades policíacas para las cuales no está facultado.
En un tono molesto por las últimas ejecuciones de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, Calderón exclamó “¡Ya basta!” y exigió a los ciudadanos, “que no sean cómplices de la ilegalidad”; al Congreso y a los jueces, para que cierren el paso a la impunidad; y a los medios de comunicación, para que divulguen las acciones contra la delincuencia en vez de “compartir con los criminales la estrategia de sembrar el terror”.
Según las palabras de Calderón “todos” somos responsables de lo que ha hecho el narcotráfico en el país. Todos menos el gobierno federal, que no ha logrado detener a las cabezas importantes; los gobernadores, algunos de los cuales se han coludido con las bandas criminales; los jueces que no actúan con justicia; los ministerios públicos que no investigan; ni los policías y soldados que se pasan del lado de los cárteles.
El regaño de Calderón es un insulto a la inteligencia porque confunde víctimas con victimarios al dejar la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico en los ciudadanos que son los que sufren, al final, las deficiencias que tienen los gobiernos federal y estatales, así como el sistema de justicia en general en el combate contra el crimen organizado.
El narcotráfico se ha infiltrado en las esferas del gobierno, así como en las instituciones castrenses, policíacas y de justicia. Por las grandes ganancias –33 mil millones de dólares al año, según cifras extraoficiales--, no es difícil pensar que también está en el mundo de los banqueros y financieros.
Es ahí donde hay que lanzar los dardos, no en los ciudadanos que sufren las consecuencias, sino en los espacios de poder y de dinero donde reciben las ganancias de este negocio multimillonario.
Los ciudadanos no son los cómplices en el mercado de las drogas, la complicidad viene de las autoridades que se dejan corromper, de los gobiernos que cierran los ojos para no complicarse la vida, de los policías y soldados que se venden al mejor postor.
A Calderón le molesta que los medios difundan las noticias negativas que generan los narcotraficantes, las peleas que tienen entre sí y la forma en que se han vinculado con algunos funcionarios y autoridades militares. Le incomoda que se difundan las pérdidas humanas que ha tenido el gobierno en esta lucha que va perdiendo. Tal vez quisiera que nada de esto se difundiera, como si con eso lograra evadir la realidad.
En la conferencia donde quiso regañar a todos, Calderón evadió contestar cuando le preguntaron si su estrategia de combate al narcotráfico había fracasado. Solamente dijo que no se sumaría al “abandono, a la cobardía o a la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación”.
Como presidente de la República que dice ser, Calderón debería saber que no es cuestión de voluntarismo acabar con el narcotráfico, sino de actuar con decisión en las partes donde realmente le duele al crimen organizado: el bolsillo.
No hay que ser muy inteligentes para saber que ese es el punto más débil del narcotráfico. Si se le quiere combatir no basta con destruir plantíos o dejar que se maten entre los diferentes grupos, o detener a algunos de los manos medios, sino que hay que llegar a los centros financieros donde se lavan miles de millones de dólares.
Si no se toca esta parte sustantiva del negocio mundial del narcotráfico, poco se puede hacer con las otras partes, como son la producción y transporte de los enervantes.
Hasta que veamos caer en la cárcel no sólo al jefe de algún cártel, sino al gobernante corrupto, al banquero que se hace más rico con el lavado de dinero o al funcionario que se hizo el occiso en alguna investigación, entonces estaremos en el inicio de un combate a fondo contra el narcotráfico.
(http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=59244)
domingo, 11 de mayo de 2008
Frenar la deserción militar para no engrosar al crimen organizado, piden CDHDF y SSPDF
En los últimos ocho años, el número de bajas en el Ejército ha sido espectacular, pues tan sólo de las fuerzas especiales han salido 2 mil 400 elementos.
Raúl Llanos
Publicado: 11/05/2008 13:15
México, DF. El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), Joel Ortega, y el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, se pronunciaron este domingo por frenar la deserción de elementos del Ejército Mexicano que van a engrosar las filas del narcotráfico y el crimen organizado.
Durante un evento organizado por la Asamblea Legislativa, los dos servidores públicos dijeron que en este proceso están incluso engrosando las filas del hampa elementos de élite de las Fuerzas Armadas.
Joel Ortega preciso: “Necesitamos ver cómo disminuimos los nutrientes que tiene el crimen organizado; tenemos que pensar en ello de manera muy seria, hablar con toda transparencia, y el Ejército Mexicano nos tiene que ayudar a discutir el tema”.
Incluso detalló que en los últimos ocho años el número de deserciones de militares ha sido “espectacular” y tan sólo de las fuerzas especiales han salido del Ejército 2 mil 400, muchos de los cuales van a formar parte del crimen organizado".
En su intervención, el titular de la CDHDF coincidió con su antecesor en la necesidad de atender esa salida de militares y que optan por engrosar las filas del narcotráfico.
Coincidió también en que una situación similar ocurre con los policías municipales, quienes en muchos de los casos o se pasan al lado de la delincuencia o son los que están muriendo en este combate al crimen organizado.
(La Jornada, 11 de mayo de 2008)
jueves, 8 de mayo de 2008
Retorno a la cerrazón autoritaria
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
La cancillería que solicita el relevo de un funcionario internacional, al que juzga incómodo, y un subprocurador de la república reticente hasta ser agresivo con una misión llegada a examinar las condiciones del ejercicio periodístico en México, son ingredientes de un posible retorno a la cerrazón autoritaria que caracterizó al sistema priista.
A fines de mayo se marchará el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Hartó a sectores duros del gobierno mexicano, y de sus inmediaciones, que pidieron a la titular de aquella oficina, Louise Arbour, su pronto reemplazo, a lo que accedió la funcionaria internacional durante su estancia en México en febrero pasado. En una adecuada interpretación de su papel como un promotor de derechos humanos más volcado a la sociedad que hacia el gobierno y la CND, Daniele Incalcaterra fue haciéndose disfuncional al propósito gubernamental e insoportable para la piel sensible de algunos funcionarios.
Ese mismo género de epidermis se mostró el 21 de abril en la Procuraduría General de la República, según refieren al presidente Calderón integrantes de una misión que estuvo en México para documentar ataques contra periodistas y medios de comunicación. En aquella fecha la misión se reunió con “el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano, quien realizó una breve presentación para posteriormente abrir la sesión para recibir preguntas de la sesión. Se solicitó información sobre la averiguación previa del caso de Brad Will, periodista asesinado en Oaxaca en el 2006 (sic), y cuyo caso fue desestimado por el subprocurador al afirmar que éste no era un periodista debido a que no contaba con una calidad y característica migratoria que lo acreditara como tal. Después de solicitarle información sobre otros casos en particular y dar respuesta puntual y de manera respetuosa a algunos cuestionamientos que el mismo funcionario solicitó a integrantes de la misión, el subprocurador señaló a la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias como 'enemiga del Estado', al tratar el caso del reciente asesinato de dos periodistas de radio comunitarias en Oaxaca. Con sorpresa, dicha integrante de la misión le preguntó si era verdad que considerara que ella es una enemiga del Estado, a lo que de manera agresiva el funcionario aseveró de nueva cuenta: 'Sí, usted es una enemiga del Estado por las afirmaciones que hace'. Cabe destacar que el funcionario condujo la reunión de un modo confrontativo, a pesar de que la misión en reiteradas ocasiones manifestó su disposición de colaboración y diálogo”.
No menos rasposo ha sido el descontento oficial mexicano contra Daniele Incalcaterra, cuya suerte se conocía vagamente pero de la que se tuvo noticia más precisa por una vasta información —a toda una plana, en la edición mexicana del lunes pasado— del diario español “El País”. Su corresponsal Francesc Relea afirmó que el funcionario de la ONU “deja abruptamente el cargo y abandonará el país en breve por presiones de las autoridades...”, motivo que fue diplomáticamente negado por el funcionario en declaraciones formuladas ayer.
Desde su llegada a México a fines de 2005, Incalcaterra “ha denunciado con firmeza las violaciones a los derechos humanos, amparadas en muchos casos en la impunidad. Su actitud crítica incomodó a las autoridades hasta llegar a una situación insostenible”.
La reacción oficial ha sido elusiva. Alejandro Negrín, director de derechos humanos de la cancillería negó el malestar gubernamental en el tema: “No tengo conocimiento de ello”, dijo, y acudió a la respuesta formal. Atribuyó a la alta comisionada Arbour la decisión de reemplazar a Incalcaterra: “Ella designa a sus representantes”. Negrín anticipó de ese modo la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores que el martes expidió un boletín (no se atrevió a enrostrar un desmentido al diario español) que reiteró la obviedad de que “es una práctica común en el sistema de Naciones Unidas que los funcionarios... sean trasladados a una nueva adscripción después de un cierto tiempo”.
La Secretaría también habría negado el hecho de que, como relata Relea, “llamó a capítulo” al funcionario internacional “por un artículo publicado en el diario 'El Universal' el 3 de agosto de 2006 sobre la controvertida elección presidencial... El aviso fue contundente: por mucho menos, aplicarían el artículo 33 de la Constitución. Dicho texto señala que 'los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país'”.
Como quiera que el funcionario no se dejara intimidar, en 2007 fue de nuevo reprendido por la cancillería. Incalcaterra dijo que la participación militar en funciones policiacas provoca violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de la Defensa se inconformó con esa opinión y la de Relaciones le lanzó “un ultimátum: No más críticas a las fuerzas armadas porque su implicación en el combate al narcotráfico es política de Estado”.
A las razones enumeradas por el corresponsal de “El País” hay que añadir la distancia creciente entre su oficina y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cuyo presidente no satisfizo la inclinación del funcionario a relacionarse con la sociedad civil y no con el costoso armatoste que no ha sido capaz de presionar al Estado para que emita su plan nacional de derechos humanos. Incalcaterra no vaciló en hacer suyas las conclusiones del informe de “Human Rights Watch”, adversas al funcionamiento de la Comisión.— México, D.F.
plazapublica@prodigy.net.mx
(Diario de Yucatán, 8 de mayo de 2008)
miércoles, 7 de mayo de 2008
Elementos del Ejército y la PFP agreden a reporteros en 2 entidades
R. Villalpando y J. Valdez (Corresponsales)
Unos 50 militares que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua allanaron la casa de Emilio Gutiérrez Soto, corresponsal del Diario de Juárez en el municipio de Ascensión, ubicado en la zona noroeste de la entidad, cuando el periodista dormía..
El rotativo, uno de los principales del estado de Chihuahua y de El Paso, Texas, publicó que “aunque los militares se justificaron diciendo que se trataba de un operativo normal en busca de armas o droga, sorprenden los métodos utilizados que, lejos de inspirar confianza, alientan la sicosis general que vive la región ante las ejecuciones del crimen organizado que opera igual, haciendo uso de la fuerza excesiva, con los rostros cubiertos y uniformados como el Ejército”.
El periodista denunció que los militares entraron de madrugada en su vivienda, sin orden de cateo, y tanto él como su hijo menor de edad que lo acompañaba fueron encañonados con rifles de asalto para que se levantaran de la cama mientras ellos cateaban la vivienda. Al salir, uno de los mandos le dijo que si se sabía de algún ilícito en su contra lo comunicara a la guarnición.
Gutiérrez Soto dijo que los militares no encontraron elemento alguno que justificara el ingreso violento a la vivienda, pero fue obligado a mostrar todos los rincones de la casa para su revisión, mientras otros soldados acordonaban el área.
Desde que se inició el Operativo Conjunto Chihuahua, reporteros, camarógrafos y fotógrafos de prensa han sido amedrentados por los militares, quienes los han agredido verbalmente y encañonado para evitar que filmen los operativos que realizan, o ingresan en sus viviendas sin orden de cateo.
El pasado 5 de abril, Agustín Meza, camarógrafo del Canal 44 local, denunció que por segunda ocasión fue encañonado por militares cuando filmaba a soldados que entraban a una casa.
Golpean a comunicadores
En Culiacán, Sinaloa, Leobardo Espinoza, Giovanni Elizalde y Toribio Bueno, periodistas del rotativo El debate, fueron golpeados por agentes de la Policía Federal Preventiva cuando los comunicadores cubrían un operativo de los agentes sobre el bulevar Francisco I. Madero, esquina con calle Morelos.
(La Jornada, 7 de mayo de 2008)
Ilegal Secretaría de Seguridad
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Asombra, e intranquiliza, saber que la principal política del gobierno federal, la de seguridad pública, trabaja sobre la ilegalidad y precarias bases de organización, sobre situaciones de hecho sujetas a oscilaciones del ánimo no se sabe si del presidente de la república o de sus secretarios, el del ramo y el de la Defensa Nacional.
Es mala noticia que los cuerpos policiacos y sus agentes sean noticia. Y no es infrecuente que eso ocurra. La semana pasada se rindió homenaje a nueve miembros de la Policía Federal asesinados.
Uno al menos, Roberto Velásquez Bravo, alto funcionario del Estado Mayor de esa corporación cayó en circunstancias que denotan al menos abulia en cuanto a la protección que debiera cubrir a los de su rango, dado que era director de investigaciones contra el crimen organizado.
En sentido contrario, al menos la segunda grave matanza en que el blanco principal era el líder ganadero guerrerense Rogaciano Alba quizá fue protagonizada por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones. El sábado pasado, después de que en la víspera habían muerto seis personas en un ataque en Iguala contra ese dirigente, un comando de 40 ó 50 personas vestidas con el uniforme de aquella corporación, a bordo de una decena de vehículos, atentó de nuevo contra Alba, esa vez en su casa en Petatlán, y ultimó a 11 personas.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal, de que depende la AFI, no reaccionó de inmediato para negar que efectivos suyos cometieran tropelías de esa gravedad.
La Policía Federal no existe formalmente. No puede nacer sin base legal, y para construirla es preciso abrogar las normas que dieron vida a la AFI y la PFP.
Y ni siquiera se ha iniciado el trámite legislativo necesario para esa operación.
La demora quizá sea atribuible a Los Pinos, pero pueden situarse en la oficina del ingeniero Genaro García Luna otras insuficiencias legales que afectan el funcionamiento de esa policía.
Por ejemplo, 7,588 militares trabajan en la Policía Federal desde el año pasado, sin que sea clara su adscripción porque no ha sido formalizado este año el convenio anual que desde 2000 suscriben la Defensa y la SSP.
Por añadidura, en la segunda Secretaría aseguran que ese convenio ya fue firmado, extremo que a su vez se niega en Lomas de Sotelo. Conforme al último documento suscrito para ese efecto, en abril del año pasado, el personal militar que está comisionado a la SSP volvería a filas al comenzar 2008, lo que no ocurrió.
Pero desde entonces, visto que no ha sido renovado el convenio, la porción castrense de la PFP se halla en una situación de indefinición legal que sería en todos los casos inconveniente y lo es sobre todo a la luz de las importantes funciones jurídicas que esa corporación debe cumplir.
La diferencia de puntos de vista entre la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública no es nueva y manifiesta una tensión permanente entre ambas dependencias.
A veces no se trata sólo de pareceres diversos, sino de verdadero choque de posiciones. Hace un mes, para no ir más lejos, la SSP emitió un comunicado para informar que la Policía Federal detuvo en Nuevo Laredo a un grupo de zetas, los matones a sueldo del cártel del Golfo, que llevaban consigo más de cinco millones de dólares.
La oficina a cargo de García Luna atribuyó la detención a los “trabajos de inteligencia, de gabinete y de campo” realizados por esa corporación. En la Sedena esa información debe haber sido leída con asombro, e indignación, pues de inmediato la Secretaría de la Defensa desmintió a la SSP. La captura había sido realizada por elementos del quinto regimiento de caballería motorizada, que acudieron a averiguar el contenido de una denuncia ciudadana.
Cuando el 6 de abril me referí a ese choque de informaciones, a atribución del mérito ajeno por parte de la SSP conjeturé que esa Secretaría debía “cambiar de titular cuanto antes, para impedir que la desconfianza lastre la de suyo estéril tarea de las operaciones encabezadas por el Ejército”. Mi cálculo resultó errado por completo, pues García Luna sigue tan campante en su cargo. Pero quizá antes ya se había considerado en el círculo gobernante esa remoción, y aun se hablaba de quien lo sustituiría, el general Tomás Ángeles Dauahare, a la sazón subsecretario de la Defensa Nacional.
El presunto reemplazo se frustró, ya fuera porque el alto mando mudó de parecer ante el inconveniente de entregar formalmente a los militares la Seguridad Pública, ya porque el subsecretario fue inoportuno al comunicar su posible ascenso.
Que esto último pudo haber ocurrido lo denota su destino. A pesar de que llegó en noviembre pasado a la edad de jubilación en el Ejército, continuó en su elevado cargo hasta tres meses después. El 3 de marzo pasado, sin embargo, fue relevado por el general Francisco Meza Castro. Fue notorio que el comunicado de la Sedena se limitara a dar cuenta del nombramiento y, como si la Subsecretaría hubiera estado vacante, omitiera el nombre del reemplazado, cuyos servicios no fueron reconocidos, como suele hacerse en trámites de ese género. Sólo de modo extraoficial se adujo su edad como razón para su salida.
La Sedena atribuye a morosidad de la SSP el que no se haya renovado el convenio por el que la policía militar comisiona a más de 7,000 de sus integrantes a la Policía Federal. Si en sus labores sustantivas suele ser lenta la SSP ¿por qué habría de ocurrir lo contrario en sus tareas adje-tivas?— México, D.F.
plazapublica@prodigy.net.mx
(Diario de Yucatán, 7 de mayo de 2008)
martes, 6 de mayo de 2008
Acusan al Ejército de hacer cateos sin orden judicial
* Gutiérrez Soto dio a conocer su caso en una nota en “El Diario”
Alrededor de medio centenar de soldados que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua en el municipio de Ascensión, en la zona Noroeste del Estado, irrumpieron en la casa del periodista Emilio Gutiérrez
CIUDAD JUÁREZ.- Alrededor de medio centenar de soldados que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua en el municipio de Ascensión, en la zona Noroeste del Estado, irrumpieron en la casa del periodista Emilio Gutiérrez Soto, corresponsal en esa región de “El Diario de Juárez”, cuando estaba durmiendo acompañado de un hijo menor de edad.
De acuerdo a la información que dio a conocer Gutiérrez Soto, los hechos ocurrieron la madrugada de este martes y es insólito porque los militares entraron violentando su vivienda, sin orden de cateo y tanto él como su hijo fueron encañonados con los rifles de asalto para que se levantaran de la cama.
La revisión de los militares en el interior de la casa duró casi una hora, tiempo en el que los soldados, quienes al entrar llevaban los rostros cubiertos con pasamontañas, los mantuvieron amenazados.
Al salir, en lugar de pedir perdón o informar quién pagaría los daños ocasionados, uno de los mandos le dijo que si el periodista sabía de algún ilícito, lo comunicara a la guarnición.
Gutiérrez Soto dio a conocer su caso en una nota en “El Diario”, uno de los principales periódicos del Estado de Chihuahua y El Paso, Texas.
(El Universal)
(Informador.com.mx, 6 de mayo de 2008)
domingo, 4 de mayo de 2008
Revela el EPR las casas de seguridad del gobierno
* Poco antes de que el EPR propusiera un diálogo al gobierno federal, y en respuesta a un cuestionario elaborado por Proceso, los altos mandos del grupo armado revelaron que durante la gestión de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales y guerrilleros. Además identificaron, con sus direcciones, una decena de “casas de seguridad” en el DF presuntamente pertenecientes al Cisen y al Ejército, y en las cuales, afirman, sus compañeros pudieron haber sido torturados…
José Gil Olmos/ Proceso
MÉXICO, DF, 04 DE MAYO /Por primera vez en su larga vida clandestina de cuatro décadas, los mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –con orígenes en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP)-Partido de los pobres (Pdlp), fundados en 1969– propusieron una mesa de diálogo con el gobierno federal.
El propósito: encontrar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 20 de mayo del 2007 después de haber sido detenidos por policías del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y entregados al Ejército, que los ha torturado para sacarles información, de acuerdo con las denuncias que, desde entonces, ha hecho el grupo armado.
Antes de hacer esa propuesta de diálogo, el EPR reveló a Proceso la ubicación de una decena de casas de seguridad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Ejército Mexicano en la Ciudad de México, donde posiblemente han mantenido cautivos a guerrilleros y dirigentes sociales como parte de la nueva guerra sucia que está desplegando el gobierno federal.
Al responder un cuestionario de Proceso que tardó dos semanas en devolver por razones de seguridad, el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), Comandancia General del EPR, asegura que durante el gobierno de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales, y sospecha que han sido torturados en las “cárceles clandestinas” mencionadas.
Dichas “cárceles” son departamentos, almacenes o casas ubicadas en colonias anexas al cerro del Ajusco o en medio de algunas colonias populares, que se caracterizan por tener protecciones al interior y no al exterior de las ventanas.
Respecto a las acusaciones de que se ha financiado con recursos del narcotráfico y a través de los secuestros, el EPR lo niega y dice que “es el Estado quien tiene estos vínculos” con el crimen organizado, auspiciado por políticos, policías y altos jefes militares.
Según el grupo guerrillero, existen bandas que reciben protección de militares y funcionarios, y en sus respuestas acusa directamente al actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, de ofrecer este blindaje en Veracruz.
La lista
El EPR cuenta con un grupo de militantes especializados en labores de contrainteligencia que dan seguimiento a las actividades de las dependencias encargadas de combatir la guerrilla. Son células especiales que dan “servicio de información”, como lo indican en el documento interno Curso de inteligencia PDPR-EPR (Proceso 1639).
Ante la pregunta de si han detectado casas de seguridad del Ejército o del Cisen que hayan utilizado para detener a sus compañeros desaparecidos, la dirigencia nacional del EPR menciona una lista de ellas en la Ciudad de México.
“En efecto, nuestro aparato de información e inteligencia tiene ubicadas infraestructura y estructura del aparato de inteligencia gubernamental, de las fuerzas represivas, de donde desde hace varios años se desplazan para reprimir a los luchadores sociales. No dudamos que esas casas sean utilizadas como cárceles clandestinas en donde estén o hayan sido llevados algunos de los desaparecidos”, explican los guerrilleros.
En juego de contrainteligencia, mencionan que una de esas casas se ubica en Barranca del Muerto número 516, al lado de la compañía Servimed, en la colonia Los Alpes, delegación Álvaro Obregón.
Otras dos se localizan muy cerca de ahí, en las calles de Otoño 507 y Estío 525, “de las cuales sale personal que tiene comunicación con la casa anterior”. Una más se halla en la colonia Merced Gómez, pero no dan de ella más datos, solamente que ahí se reúnen policías de la PFP, militares y elementos del Cisen, todos de civil.
“De estas casas, entre otras, salen equipos de cuatro individuos para posicionarse en áreas estratégicas de la ciudad para observar los movimientos de los luchadores sociales y ciudadanos que a ellos les parecen sospechosos”, describen los eperristas.
En la calle Concal, colonia Torres de Padierna, con el fin de planificar, se reúnen otros grupos “con una persona que tiene una bodega de distribución de cerveza que es atendida por una mujer de aproximadamente 40 años de edad”, refieren los guerrilleros.
En la misma colonia, pero en la calle de Seye 27 esquina Xoccel, en el Club de Billares Red, existe otro centro de reunión que “puede también funcionar como casa de seguridad”, indican.
Otra presunta casa de este tipo la sitúan en la calle Volcán Kiska casi esquina con Volcán Ontake, lote 8, manzana 25, colonia El Mirador. Y una más en Prolongación de Dalia y Mirasol, San Pedro Mártir, delegación Tlalpan. “Es una esquina donde está un restaurante llamado ‘Churros Capuchino’. (Los agentes) Permanecen en la esquina Mirasol, utilizando taxis Volkswagen ecológicos o automóviles particulares de la marca Tsuru”.
Los eperristas identifican como centros de reunión y planeación de los órganos de seguridad, una casa en Pirineos 8, colonia Banjidal, Iztapalapa, con fachada mercantil, y una más en avenida Imán y Tlalpan, donde, afirman, se concentran 20 agentes “para distribuirse en sus zonas de espionaje”.
Según el EPR, todos esos elementos fueron dirigidos por el comandante de la AFI Francisco Garduño Juárez, y utilizan a jovencitas de 14 a 27 años como espías, induciéndolas al consumo de cocaína detrás del hospital Ángeles.
Revela el grupo guerrillero que han identificados al menos a 25 de estos agentes con sus nombres, direcciones y familias. Pero aseguran que de ninguna manera actuarán de manera personal porque ellos luchan sólo contra el régimen y, además, cuentan “con una ética revolucionaria” que les impide cobrarse personalmente los agravios.
Al hacer un recorrido por algunos de estos domicilios, los reporteros pudimos confirmar no sólo la existencia de esas casas y departamentos en las direcciones proporcionadas, sino también observar que en todas había barrotes internos en las ventanas, como en la casa de Barranca del Muerto, que a primera vista pareciera abandonada.
Además, algunas de esas presuntas “casas de seguridad” se encuentran en lugares apartados y solitarios, como las dos ubicadas en la colonia Torres de Padierna, a las faldas del Ajusco.
Desaparecidos del calderonismo
Los mandos del EPR denuncian que en el sexenio de Felipe Calderón continúan las prácticas de guerra sucia que los gobiernos priistas mantuvieron en los años 70, y no dudan en hacer cuentas: son 30 los líderes sociales y guerrilleros desaparecidos en la presente administración.
“Negamos categóricamente las versiones difundidas desde los diferentes aparatos de inteligencia militar y del Cisen que han deslizado la idea de que la desaparición de nuestros compañeros fue producto de ajustes de cuentas entre revolucionarios. Eso es totalmente falso y calumnioso, típica maniobra de los operativos psicológicos y de contrainformación, componente activo de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), que pretende desacreditar nuestra lucha y el carácter revolucionario de ésta para justificar el asesinato de los más de 30 detenidos-desaparecidos que el gobierno de Calderón niega y de cuyos crímenes de lesa humanidad es responsable”, sostiene el EPR.
La dirigencia nacional de esta organización insiste en que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mayo del 2007, siguen vivos y están en manos “de la parte más reaccionaria del Ejército Mexicano” que, asegura, es la que sostiene y apuntala al gobierno de Felipe Calderón.
En este sentido, rechaza las declaraciones de la Sedena, de la PGR y de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que no han registrado la detención de los dos militantes del EPR.
“Las respuestas oficiales sobre la detención de nuestros compañeros sólo han sido falacias. La declaración oficial y oficiosa de que el gobierno federal está investigando el paradero de nuestros compañeros sólo es una maniobra para ganar tiempo, para borrar toda evidencia y eludir mayores responsabilidades. ¿A qué oficiales y de qué rango protegen? ¿Qué temores les inquietan, al grado de que familiares de Felipe Calderón tienen protección del Estado Mayor Presidencial? La verdad tarde o temprano siempre la conoce el pueblo.
Hoy niegan, como lo hicieron los priistas en el pasado, la desaparición de luchadores sociales. ¿Cuánto tiempo pasará para que se acepte la realidad y se finque responsabilidad a los criminales de Estado?”
El EPR también rechaza la declaración –hecha por otras organizaciones armadas– de que Cruz Sánchez y Reyes Amaya pudieron haber sido aprehendidos en un hotel de la ciudad de Oaxaca por policías del estado, a quienes miembros del grupo guerrillero les habrían filtrado la ubicación de sus compañeros.
“Hay quienes desde la clandestinidad han hecho aseveraciones de una supuesta infiltración que condujo a la detención de nuestros compañeros, a lo cual tenemos que decir que se equivocan rotundamente en sus análisis subjetivos porque están hechos sobre premisas falsas, dolosas y fantasiosas.”
E inclusive advierten que ellos saben “quiénes contribuyeron a la detención” pero que los nombres y detalles los revelarán en el momento oportuno.
Aseveran que el gobierno de Calderón ha renovado las viejas prácticas contrainsurgentes a través del espionaje, los intentos de filtración en organizaciones legales o clandestinas y la detención de luchadores sociales. Esto, con la idea de encontrar los hilos materiales que conduzcan a las diferentes direcciones del movimiento revolucionario.
Los gobiernos panistas –advierten los guerrilleros–, como lo hicieron en su tiempo los priistas, reciben apoyo financiero y tecnológico de Estados Unidos para combatir la guerrilla. Ejemplo de ello es el Plan México o Iniciativa Mérida, que “no hace más que legalizar y hacer pública dicha ayuda”.
De hecho, afirman que la asistencia militar estadunidense en la lucha contra el narcotráfico tiene una parte de lucha contrainsurgente, pues la organización táctica y operativa de la Marina, el Ejército, la AFI y la PFP, así como de las policías ministerial, estatal e intermunicipal, está diseñada a partir de los manuales de contrainsurgencia.
Pero todos esos esfuerzos del Estado, adelanta el EPR, serán inútiles pues los nuevos elementos de la guerrilla han asumido la ideología y los lineamientos político-militares del grupo armado, “lo que blinda la estructura en la que participan, reduciendo la posibilidad de golpes estratégicos”.
La narcopolítica
El pasado 31 enero, el general Justiniano González Betancourt, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, dijo –durante una reunión de legisladores de su partido en San Miguel Regla, Hidalgo– que era probable que el EPR tuviera financiamiento del narcotráfico para obtener armas y municiones.
Posteriormente, a raíz de la muerte de cuatro mexicanos que se hallaban en el campamento de las FARC en Ecuador, junto con Lucía Morett –quien resultó herida y hoy se encuentra bajo la protección de Nicaragua-, hubo versiones de que el grupo guerrillero colombiano tenía vínculos con el EPR.
Los dirigentes eperristas dicen que esas “son versiones tendenciosas y mal intencionadas que están diseñadas en un contexto de la política contrainsurgente en su versión antiterrorista”.
Exponen que uno de sus principios políticos consiste en trabajar con sus propios recursos y capacidades bajo la idea de que “en México la revolución la hacemos los mexicanos”. No obstante, aclaran que esto no significa que no exista la solidaridad que se da entre revolucionarios, porque para el EPR la FARC “no es narcoguerrilla”.
En todo caso, los eperristas afirman que los señalamientos “irresponsables” de que los estudiantes muertos en el campamento de las FARC eran guerrilleros, son parte de una estrategia para justificar una nueva ofensiva de represión contra activistas políticos de la UNAM, el Politécnico y otras instituciones educativas.
Revira el EPR: “Es el Estado quien tiene vínculos con este fenómeno a través de los diferentes grupos de poder involucrados en estas actividades”.
Y da ejemplos.
“1. De todos los detenidos como presuntos narcotraficantes o integrantes de grupos delictivos, siempre sale a relucir que son o fueron integrantes de cuerpos policiacos o militares, teniendo nexos con los diferentes niveles de gobierno. De ahí que resulte baladí el argumento de (Eduardo) Medina Mora de que no hay policías malos, sino narcotraficantes infiltrados en la policía.
“2. Es del dominio público, (que) en la Depresión del Balsas, desde la XXI Zona Militar con sede en Morelia, Michoacán, se otorgan los permisos para la siembra de estupefacientes, siendo supervisadas las áreas sembradas por oficiales de la región militar con sede en Irapuato, Guanajuato. Los sembradíos que son destruidos obedecen a que no cubren la cuota económica establecida por dichos oficiales. Lo mismo sucede con la protección que da el Ejército Mexicano para la siembra de la amapola en el corredor de La Huacana, Michoacán, hacia el estado de Guerrero. Al igual que con la jurisdicción de la XLII Zona Militar con sede en Apatzingán.
“3. Las bandas dedicadas al tráfico de enervantes, emigrantes y trata de blancas en la región de Sotavento, Veracruz, están vinculadas a la protección que les proporciona Miguel Ángel Yunes Linares.
“4. En el estado de Guanajuato funcionarios y policías están involucrados en bandas delictivas que van desde el robo de vehículos hasta el narcomenudeo. Celaya y León son los ejemplos más ilustrativos.
“5. En el norte del país la historia se repite: policías y funcionarios de toda índole a cada rato quedan al descubierto como parte del fenómeno del narcotráfico y la corrupción.
“6. Lo mismo sucede en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Sonora, Chihuahua y el resto del país: funcionarios de todos los niveles de gobierno están coludidos con éste fenómeno.”
El EPR precisa que ellos hablan por sí mismos, por nadie más, y que es falso que los grupos guerrilleros mexicanos tengan vínculos y financiamiento del narcotráfico, pues sólo son insinuaciones de “sesudos analistas o funcionarios de diferente nivel” encaminadas a fortalecer la campaña mediática de desprestigio que el gobierno de Calderón y los cuerpos de inteligencia orquestan para deslegitimar la lucha revolucionaria.
Niegan también que mantengan su lucha a través de asaltos bancarios o secuestros de empresarios, como lo hicieron sus predecesores en los años 70 y 80. Los mandos eperristas indican que desde el año 2000 establecieron como política “no recurrir a las acciones de expropiación” para hacerse de recursos.
Explican que a raíz del primer congreso del PDPR, realizado ese año, se aprobó como resolutivo “hacer la revolución a partir de los recursos y medios que aporte nuestro pueblo”.
Por eso, insisten, las versiones de asaltos y secuestros “constituyen una falacia, una calumnia, propaganda oficial que pretende desacreditar el carácter de nuestra lucha”.
(Proceso, 4 de mayo de 2008. Tomado de La Verdad del sureste)
