Aunque el enfrentamiento no ha sido confirmado, trascendió que hay seis militares y un civil muertos.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 30/04/2008 14:07
Monterrey, NL. Un presunto enfrentamiento entre militares y pistoleros se registró esta madrugada en un camino vecinal de los municipios de Parás y Agualeguas, Nuevo León, en los límites con Tamaulipas, en donde al parecer resultaron heridos seis elementos del Ejército Mexicano y un civil.
Trascendió que la balacera ocurrió en un camino vecinal entre los citados municipios, al norte del estado, cuando un convoy de militares efectuaba un recorrido de vigilancia por el sector y detectó a los sujetos en varios vehículos en actitud sospechosa.
Al parecer, los efectivos militares pidieron a los hombres detenerse, pero éstos siguieron su camino, por lo que se inició una persecución y posterior enfrentamiento a balazos que se extendió hasta los límites con el estado de Tamaulipas, en Ciudad Mier.
En el enfrentamiento habrían resultado heridos al menos seis efectivos militares que fueron auxiliados por Protección Civil de Tamaulipas y, al parecer, trasladados al Hospital Militar ubicado sobre la avenida Manuel L. Barragán, en esta ciudad.
Asimismo, trascendió que uno de los sujetos del grupo armado resultó herido en el enfrentamiento, pero fue auxiliado y subido a uno de los vehículos donde viajaba el resto de sus compañeros, que lograron darse a la fuga.
(La Jornada On Line, 30 de abril de 2008)
miércoles, 30 de abril de 2008
Reportan balacera entre Ejército y presuntos sicarios en NL
martes, 29 de abril de 2008
Condiciona Segob el diálogo con Ejército Popular Revolucionario
Al leer un comunicado de prensa, Juan Camilo Mouriño Terrazo, ratificó el estricto cumplimiento a la ley y rechazó cualquier acción para hostigar a grupos sociales.
Distrito Federal.- El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aceptó el diálogo con el Ejército Popular Revolucionario, siempre y cuando se comprometan a suspender las acciones violentas y que no condicione dicho diálogo a la situación de sus integrantes desaparecidos, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
Mouriño afirmó que el gobierno federal reitera que “la democracia es la forma y no la tiranía para resolver los conflictos”.
Sobre los recientes comunicados emitidos por el EPR, el secretario de Gobernación dijo que el gobierno federal rechaza categóricamente toda forma de violencia y reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley y el respeto pleno del estado de derecho.
Dijo que el gobierno federal “ha dado prueba constante de su voluntad de diálogo con todos los actores políticos y sociales del país, con el fin de alcanzar los acuerdos necesarios para el desarrollo económico, político y social”.
Desde la secretaría de Gobernación, Mouriño aseguró que el gobierno federal no ha participado en la supuesta retención, desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Destacó que la Procuraduría General de la República ya inició las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.
(Milenio, 29 de abril de 2008)
jueves, 24 de abril de 2008
Soldados irrumpen otra vez en un sepelio de Chihuahua
Carlos Coria, Corresponsal
24-Abril-2008
>CHIHUAHUA.- Elementos del Ejército irrumpieron en el entierro de un hombre y una mujer acribillados el domingo pasado por presuntos gatilleros del narcotráfico. Esta es la segunda ocasión en que soldados interrumpen un funeral para buscar a presuntos integrantes del crimen organizado.
Lo anterior generó críticas y rechazo de diputados locales a este tipo de operativos. Tanto Víctor Quintana, del PRD, como Fernando Álvarez, coordinador parlamentario del PAN, criticaron la falta de tacto de los militares al acudir a un sepelio, pasando por alto el dolor de los familiares.
Los hechos sucedieron en la capital, durante el entierro de Rigoberto Gaxiola Núñez, quien fue acribillado el domingo por varios hombres, junto con su pareja, cuando salían de un restaurante en una zona residencial.
Alrededor de las 18:00 horas, un centenar de elementos del Ejército mexicano arribaron al panteón La Colina, donde se realizaba el entierro de Gaxiola Núñez, e iniciaron una exhaustiva revisión a los vehículos y a las personas.
La acción militar molestó a los familiares del difunto, quienes abiertamente gritaron a los soldados que se trataba de un abuso de autoridad y falta de respeto al dolor de los deudos. Aun así los militares realizaron su labor fuertemente armados y bajo la vigilancia de tres vehículos y dos camiones de carga, de donde bajaron los soldados. En la revisión, los militares no localizaron armas ni drogas ni hubo detenciones.
El pasado 10 de abril, elementos del Ejército irrumpieron en el entierro de otro gatillero, en el municipio de Villa Ahumada, 200 kilómetros al norte de la capital; el delincuente murió en un enfrentamiento. Aquella ocasión sí se logró la detención de seis hombres que portaban armas y droga, entre ellos el comandante de la Policía de dicho municipio.
(EX On Line, 24 de abril de 2008)
No es momento de retirar al Ejército de lucha anticrimen: Soberanes
Reconoció que el crimen organizado cada vez está más fuerte, por lo que no se puede caer en la irresponsabilidad de pedir el retiro de la milicia.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 24/04/2008 18:07
Morelia. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, se manifestó este jueves a favor de la permanencia del Ejército Mexicano en la lucha contra el crimen organizado.
El ombudsman nacional dijo que aún piensa que el Ejército debe de retirarse de la lucha contra el crimen, pero señaló que aún no es momento de que las fuerzas armadas retornen a los cuarteles y que esto debo realizarse de manera paulatina, para evitar una crisis de seguridad pública.
En enero pasado, tras la muerte de un joven de 17 años en Huetamo, Michoacán, el titular de la CNDH advirtió que los militares no deben realizar funciones de seguridad pública e insistió en que los retenes militares deben ser reglamentados, a fin de que estas actividades se realicen en apego a lo que dicta la Constitución.
Soberanes Fernández reconoció que el crimen organizado cada vez está más fuerte, por lo que no se puede caer en la irresponsabilidad de pedir el retiro de la milicia.
Apuntó que primero debe de capacitarse a la Policía Federal Preventiva (PFP), así como incrementarla en cuanto a elementos, y posteriormente pensar en un eventual repliegue de las fuerzas militares.
"Yo insisto que no es función de los militares hacer labores de policía, pero tampoco podemos en este momento ser tan irresponsables de pedir que se salgan de estas acciones contra el crimen organizado", puntualizó.
Tras acudir a la Universidad Vasco de Quiroga, en donde dictó la conferencia "La eutanasia y los derechos humanos", Soberanes Fernández se refirió a las quejas que se han presentado a nivel nacional contra la milicia.
Dijo que a la fecha suman más de 300 quejas, principalmente sobre presuntos cateos sin orden judicial y supuestas detenciones ilegales.
(La Jornada, 24 de abril de 2008)
lunes, 21 de abril de 2008
Los delitos aumentan en Ciudad Juárez a pesar de la presencia del Ejército
La ciudad fronteriza tiene 1.6 millones de habitantes y solo 200 policías patrullando.
Reuters
Publicado: 21/04/2008 18:20
Ciudad Juárez, Chih. Tropas del Ejército Mexicano no logran brindar seguridad básica de la ciudad fronteriza de Juárez, lo que pone en duda los beneficios de los operativos militares del presidente Felipe Calderón contra los cárteles de la droga.
Unos 2 mil 500 soldados y policías federales arribaron en marzo pasado a Juárez con armamento pesado y helicópteros para sofocar una ola de asesinatos y enfrentamientos por el control de las rutas de la droga hacia Estados Unidos.
Los militares reemplazaron a la policía en el combate al narcotráfico, al lograr docenas de arrestos y asegurar armas y droga. Sin embargo, los delitos comunes aumentaron descontroladamente.
A su llegada, el Ejército realizó una revisión a las armas de la policía local como parte de una purga de elementos corruptos o vinculados a los cárteles. Algunos policías acusados de corrupción renunciaron.
Actualmente, Juárez tiene a 200 policías municipales patrullando las calles de esta ciudad de 1.6 millones de habitantes, menos de la mitad del número de elementos que tenía antes de la llegada de los militares.
Según habitantes de la ciudad, el número de asaltos bancarios, robos de vehículos y secuestros aumentaron drásticamente en el último mes, toda vez que los delincuentes sacan ventaja de la falta de seguridad.
Asaltos a mano armada afuera de supermercados o en los semáforos son comunes. Un récord de mil 100 automóviles fueron robados en marzo pasado, y la policía indica que bancos y tiendas de conveniencia son asaltadas casi a diario, algunas veces por sujetos con armas de juguete.
Pese a la corrupción de policías, los habitantes aseguran que los agentes contenían los delitos menores en la ciudad, famosa por los centenares de asesinatos de mujeres en la última década que se encuentran sin resolver.
“La inseguridad nunca ha sido como hoy. La policía dejó de vigilar la ciudad. ¿Para qué llamarles si te pasa algo, si alguien te roba?”, cuestiona Luis Márquez, un vendedor a quien le fue robado su automóvil.
Para Héctor Padilla, experto en seguridad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la presencia del Ejército no necesariamente ha traído confianza y tranquilidad a la población, y la paciencia de la gente tiene límites.
(La Jornada, 21 de abril de 2008)
viernes, 18 de abril de 2008
Hostigamiento policiaco-militar en la Costa Chica de Guerrero
■ Buscan más de 600 uniformados a responsables de la emboscada perpetrada en El Salto
■ Sobrevuelos de helicópteros, retenes y despliegue de tropas de elite del Ejército Mexicano
■ Fotografían a pobladores, los interrogan y los acusan de ser guerrilleros o narcotraficantes
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Ayutla de los Libres, Gro., 17 de abril. Más de 600 militares y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así como de las policías Federal Preventiva, investigadora ministerial y estatal hostigan a comunidades de la Costa Chica de Guerrero en busca de los responsables de una emboscada ocurrida en el poblado El Salto el 31 de marzo, en la que murieron cuatro agentes municipales y un civil, informaron dirigentes de organizaciones indígenas tlapanecas y mixtecas de este municipio.
El dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, informó que el sábado anterior en el cerro de El Tigre, en la comunidad Barranca de Guadalupe –a unos 50 kilómetros de Ayutla de los Libres–, “dos helicópteros transportaron en tres viajes a cuerpos de elite del Ejército Mexicano, que bajaron a las comunidades para preguntar a los pobladores por encapuchados o guerrilleros del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) y del EPR (Ejército Popular Revolucionario). Desde entonces no han dejado de sobrevolar”.
Ramírez visitó el martes pasado unas 30 comunidades mixteco-tlapanecas de los municipios de Ayutla de los Libres y de Acatepec junto con representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Secretaría de Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática(PRD) en el estado.
Entrevistado luego del recorrido, efectuado para corroborar las acusaciones de hostigamiento policiaco-militar, Ramírez aseguró que el Ejército Mexicano y corporaciones policiacas incursionaron en los poblados El Limón, La Angostura, El Camalote, Te Cruz, Rancho Coapa, Lomotepec y Barranca de Guadalupe, entre otros, e incluso en comunidades del municipio de Acatepec, donde se ha visto a presuntos paramilitares.
A su vez, Raúl Lucas Lucía, dirigente de la Organización de los Pueblos Indios Na’savi, destacó que militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades indígenas mixtecas de Ayutla. Comentó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa “los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos”.
Agregó que “hace unos días” alrededor de 100 uniformados “recorrieron las comunidades mixtecas. A unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico”.
Durante el recorrido, el indígena tlapaneco Orlando Manzanarez, miembro de la OPIM, señaló que el primero de abril, un día después de la emboscada a los policías municipales, soldados del 48 batallón de infantería, con sede en Ayutla de los Libres, instalaron un campamento. “Se fueron el sábado (5 de abril) y la gente estaba muy asustada por la presencia de los guachos (militares). No quisieron ir a trabajar a sus tierras o campear su ganado. Si salían del pueblo les pedían su identificación y les tomaban fotos”.
Dijo que a otros de sus vecinos “los acusaron de ser guerrilleros. El jueves de esa semana llegaron camionetas con unos 80 elementos de la policía ministerial y fueron al panteón a sacar el cadáver de Alejandro Feliciano Guzmán, informante del Ejército asesinado en enero”.
(La Jornada, 18 de abril de 2008)
miércoles, 16 de abril de 2008
Viola el Ejército los Derechos Humanos
16 de abril de 2008 ~ Redaccion
Diputado priista se manifiesta en contra del operativo Chihuahua.
El Diputado del PRI, Ricardo Espinoza Leyva se declara en contra de las malas acciones del Ejercito a tomado durante el operativo chihuahua.
El diputado declaro que es el ejercito se a estado sobreexcediendo, ya que algunas de las acciones realizadas por esta corporación están violando los derechos humanos, esto debido a que el ejercito en sus operativos han irrumpido las viviendas de personas inocente, haciendo con este acto destrozos y daños a las viviendas.
Cabe de mencionar que en estos días el ejercito estropeo una carrera binacional realizada en una cuidad fronteriza del Estado, causando el enojo de los competidores quienes se tenían que para ser revisados por el ejercito.
(El Ágora, 16 de abril de 2008)
viernes, 11 de abril de 2008
Dictan formal prisión a militares acusados de agredir a civiles en Sinaloa
Notimex / La Jornada On Line
México. Un juez militar dictó auto de formal prisión contra cinco elementos del Ejército mexicano, a quienes se acusa de provocar la muerte de cuatro jóvenes en Badiraguato, Sinaloa.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó en un comunicado que el juzgado de la Tercera Región Militar inició proceso penal en contra de Antonio Rojas Reyes, Jorge Jiménez Castañeda, Misael Solano Muñoz, Víctor Ruiz Martínez y José Francisco Balam May.
Los elementos de la Sedena fueron encontrados presuntos responsables de los delitos castigados por la legislación militar de violencia contra las personas causando homicidio y el de violencia contra las personas causando lesiones.
Asimismo, el juzgador militar con sede en Mazatlán consideró que los efectivos también pudieran haber incurrido en los actos ilícitos de homicidio imprudencial y lesiones imprudenciales.
Al parecer los soldados dispararon contra civiles que viajaban en una camioneta en las inmediaciones del poblado Santiago de los Caballeros el pasado 26 marzo, en estos hechos fallecieron también dos militares
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por este hecho y concluyó que los civiles no dispararon contra los militares, y que por el contrario, fue personal del Ejército el que accionó sus armas.
La CNDH denunció varias irregularidades en los informes sobre el hecho, pues en un principio la Sedena indicó que la muerte de los civiles y los dos militares se debió a un enfrentamiento.
Además señaló que las autoridades militares pusieron a disposición del Servicio Médico Forenses los cuerpos de los occisos sin preservar el lugar de los hechos.
(La Jornada, 11 de abril de 2008)
jueves, 10 de abril de 2008
Irrumpe el Ejército en el entierro de un narco en Chihuahua y detiene a 30 personas
De los corresponsales
Soldados comisionados al Operativo Conjunto Chihuahua irrrumpieron en el cementerio municipal de Villa Ahumada, donde se sepultaba a uno de los seis presuntos narcotraficantes que murieron en la balacera ocurrida el sábado en la ciudad de Parral, y detuvieron a por lo menos 30 personas.
Familias, amigos y conocidos de Gerardo Gallegos Rodela, así como personas armadas que los resguardaban, fueron arrestados en un operativo en el que se utilizaron dos helicópteros, tanquetas y camionetas. A los niños los separaron y los trasladaron a otra área del cementerio.
Esto sucedió la tarde del martes en el panteón de Villa Ahumada, ubicado en las inmediaciones de la carretera Panamericana, a 120 kilómetros de Ciudad Juárez.
Versiones extraoficiales no confirmadas aseguraron que se suscitó un enfrentamiento a balazos y que entre los detenidos se encuentra el director de la policía de Villa Ahumada, Adrián Barrón, y un hermano y un tío de Gallegos Rodela.
En Tijuana, Baja California, un comando armado atacó la madrugada de este miércoles las instalaciones de una delegación policiaca para intentar rescatar al joven Max Emerson Barrón Mejía, quien horas antes había sido detenido cuando intentaba robar un vehículo.
Los pistoleros dispararon en al menos 300 ocasiones, la mayoría con rifles AK-47, informaron autoridades policiacas. En el trayecto a la delegación de policía de El Centenario, Barrón Mejía habló por teléfono celular para advertir que unos “mugrosos policías” querían quitarle el auto.
Minutos después arribaron al lugar Jesús Alejandro Reséndiz y Alexander Paul Valdez Ortega, policías municipales activos vestidos de civil, para abogar por el detenido y solicitar que lo dejaran en libertad. No obstante, ambos también fueron arrestados.
Ante la negativa, una decena de sujetos armados y encapuchados balearon el inmueble, pero fueron repelidos por policías municipales, según el director de Seguridad Pública, el militar Julián Leyzaola.
La Policía Estatal Investigadora de Sonora informó que en las últimas horas se encontró una osamenta humana en el municipio de Plutarco Elías Calles; el presunto narcotraficante Daniel López Rojas fue asesinado en su domicilio de San Luis Río Colorado, y otro delincuente, de nombre Jesús Valtierra Ordaz, quien había sido levantado el lunes por desconocidos, fue liberado en el municipio de Puerto Peñasco.
Plantón frente a Zona Militar
Unas 5 mil personas marcharon por el malecón de Mazatán, Sinaloa, y se plantaron frente a las instalaciones de la novena Zona Militar, en contra de los presuntos abusos que efectivos del Ejército han cometido en la zona serrana del estado y el asesinato de cuatro jóvenes, a finales de marzo pasado, en Badiraguato.
Los inconformes arribaron a bordo de autobuses de pasajeros provenientes de comunidades alteñas situadas en Culiacán, El Dorado, Badiraguato, San Ignacio, Mocorito y Sinaloa. También participaron habitantes de Tamazula, Durango, y de Chihuahua. Las instalaciones castrenses eran resguardadas por más de 300 soldados.
Versiones extraoficiales indicaron que cada uno habría recibido –de integrantes del cártel de Sinaloa– entre 500 y mil pesos a cambio de asistir a la protesta.
Los manifestantes, que fueron videograbados por personal del Ejército, mostraron pancartas con las leyendas “No más injusticias”, “No más sangre”, “Alto a los abusos”, “Que los militares no se manchen con la sangre del pueblo”, “Que presenten a los militares asesinos de los habitantes pacíficos”. Además, quemaron una piñata con figura de soldado.
Con información de Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Antonio Heras, Ulises Gutiérrez, Irene Sánchez y Javier Valdez.
(La Jornada, 10 de abril de 2008)
miércoles, 9 de abril de 2008
Protestan 2 mil personas en Sinaloa contra abusos de Ejército
Aunque los manifestantes protestaron por el asesinato de cuatro jóvenes cometido por militares, familiares de las víctimas se deslindaron de la movilización.
Javier Valdez Cárdenas, corresponsal
Publicado: 09/04/2008 18:32
Culiacán, Sin. Unas dos mil personas se manifestaron frente a las instalaciones de la Tercera Región Militar, en el puerto de Mazatlán, en contra de presuntos abusos del Ejército Mexicano en la zona serrana de Sinaloa y el asesinato de cuatro jóvenes a finales de marzo en el municipio de Badiraguato.
Los inconformes se trasladaron hasta ese lugar desde comunidades alteñas ubicadas en los municipios de Culiacán, Badiraguato, Mocorito y Sinaloa, en autobuses de pasajeros.
Versiones extraoficiales señalaron que cada uno recibió entre 500 y mil pesos a cambio de que asistiera a esta manifestación.
Los inconformes, que realizaron un plantón frente a sede de la Tercera Región Militar, donde fueron videograbados por personal del Ejército, mostraron pancartas en las que se podía leer “No más injusticias”, “No más sangre”, “Alto a los abusos”, y “Que los militares no se manchen con la sangre del pueblo”.
Aunque la movilización tenía como objetivo protestar por el asesinato de cuatro jóvenes en la comunidad de Santiago de los Caballeros, en Badiraguato, algunos familiares de las víctimas señalaron que ellos no tenían nada qué ver con esta protesta y no asistirían.
(La Jornada, 9 de abril de 2008)
martes, 8 de abril de 2008
"Vivir mejor”: El fracaso de la “guerra”
Álvaro Delgado
México, D.F., 7 de abril (apro).- Felipe Calderón hace saber a los mexicanos que, después de casi año y medio de gestión, ha cambiado la prioridad de su gobierno: La “guerra” contra el crimen organizado, que tiene ensangrentada la República y cuya utilización del Ejército acumula sin cesar violaciones a los derechos humanos, ha pasado a un segundo plano y quizá al olvido. Ahora, anuncia Calderón desde Chiapas, la política social es la prioridad, el eje de su gobierno. “Vivir mejor”, es el nombre del programa de programas que tienen como principal objetivo servir como paliativo al principal problema del país, que a menudo se olvida: la pobreza.
Desde diciembre, en conversaciones en “corto”, Calderón había anticipado que en 2008 daría un cambio al sentido de su gestión gubernamental, después de un año de “guerra” declarada al crimen organizado. Por ello era preciso enfatizar --decía-- el sentido social de su administración. Pero el cambio de prioridades no se produce porque Calderón ha finiquitado el principal problema con el que inició su gestión, sino al contrario: justamente porque ha sido un fracaso la “guerra” al crimen organizado y su reguero de cadáveres es que ahora, en el contexto de la inminente reforma energética, lanza una supuesta redención de los pobres de México.
Aun cuando las tropas castrenses han sido usadas en labores policiacas, con su lógica de muerte y las constantes violaciones a los derechos humanos, a menudo no de los criminales sino de civiles inocentes, los capos de las drogas y, en general, de la delincuencia mantienen sus cotos de poder. El fracaso de Calderón en la “guerra” de propaganda lo ilustran dos hechos: la ostentación y descaro con la que el crimen organizado participa en las elecciones, como en Tamaulipas y Michoacán, y la captura de narquillos presentados siempre como lugartenientes o “principales operadores” de algunos con cierta fama. Aquí se apuntó desde el principio: la estrategia contra el narcotráfico comenzaría a tener alguna credibilidad si era capturado Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, el narco del sexenio de Fox y el de Calderón, si es que lo concluye.
Así, al cabo de una intensa campaña a favor de la privatización energética, que ha reactivado la coalición de derecha que se cimentó en 2006
--en primerísimo lugar el elenco de locutores y amanuenses que domina los canales de televisión y el cuadrante radiofónico, que son los mismos que en la prensa--, y con el apoyo del pragmatismo extremo priista, Calderón ve la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro.
Por una parte, pretende concitar simpatías con “Vivir mejor” y neutralizar o disminuir el rechazo a la privatización que se pretende del sector energético, y por la otra ese programa de programas implica la puesta en marcha de aparato clientelar hacia las elecciones intermedias de 2009, que de ser hoy no darían al Partido Acción Nacional (PAN) ni siquiera los 207 diputados que tiene desde 2006. En efecto, a reserva de evaluar cada uno de los programas que engloba “Vivir mejor”, que está en concordancia con el eslogan publicitario de su campaña presidencial --”Para que vivamos mejor”--, está por iniciarse una campaña de propaganda que --prepárense-- comenzará a transmitirse en radio y televisión, hasta el hartazgo y hasta, por supuesto, las elecciones del próximo año.
Al mismo tiempo, Calderón multiplicará giras por todo el país, de al menos dos días cada una, como con la que inició el sábado en Chiapas justamente para lanzar “Vivir mejor”, y burlar de esa manera la prohibición constitucional de promoción personal con recursos públicos.
Tiene previsto, también --y así lo adelantó en las semanas posteriores a las elecciones presidenciales--, inmiscuirse en los procesos electorales para apoyar a los candidatos de su partido, tal y como lo hizo Vicente Fox, ese personaje que anuncia la apertura de un centro de estudios, cuyo primero y único alumno debería ser él para al menos paliar su monumental ignorancia. Pero, volviendo al tema, ¿es sincero Calderón cuando asegura que la política social será la prioridad de su gestión? Es decir, ¿sus proclamas van más allá de disfrazar de soldados a sus dos hijos, como lo hizo en la “guerra” contra el narcotráfico, y de ataviarse con un Cluj y beber el aguardiente posh, como hizo este domingo en San Juan Chamula, Chiapas?
Conviene, al respecto, recordar cuáles fueron los compromisos que hizo justamente en el periodo para solicitar el voto de los ciudadanos y que dejó plasmados en el único libro en el que ha ensayado la palabra: El hijo desobediente. Notas de campaña.
“Imaginemos ahora el 2012. En mi último informe de gobierno hago un balance de seis años muy intensos. Hay, desde luego enormes desafíos y retos por enfrentar, pero también evidentes logros que se pueden constatar. Retomo los principales”, reflexionaba en un ejercicio prospectivo, un supuesto discurso ante el Congreso de la Unión: “Cuando asumí la Presidencia de la República había unos 50 millones de pobres y 22 millones en pobreza extrema. Hoy hay 35 millones de pobres y diez millones en pobreza extrema.”
Es decir, conforme a lo expresado por escrito por Calderón, en 2012 habrá 27 millones de pobres en México: 15 millones de pobre-pobres y 12 de pobres extremos. La reducción de pobres-pobres, según la promesa de Calderón, será de 2.5 millones cada año: es decir, 208 mil 333 por mes y casi 7 mil diarios. Y los pobres extremos desaparecerán a razón de 2 millones cada año. O sea, 166 mil 600 cada mes y 5 mil 500 diarios. Las cifras globales --de pobres y pobres extremos-- son las siguientes: cada año habrá 4.5 millones de mexicanos menos en esas condiciones, 375 mil por mes y 12 mil 500 diarios.
Es decir, según el libro de Calderón, en los primeros 100 días de su gobierno habrá abatido la pobreza en, al menos, un millón 250 mil personas. ¿Cumplió sólo en ese periodo su compromiso? ¿Lo cumplió en el primer año? El asunto es muy claro: forma parte del coro de la demagogia.
Apuntes
Llegó la hora. Esta semana es clave para que Calderón cumpla un compromiso, no con los pobres, como se detalló arriba, sino con sus patrocinadores, los magnates nacionales y extranjeros: La reforma a un conjunto de leyes que privatiza, con argucias de leguleyos, el sector energético y principal patrimonio de la nación. Los amanuenses del poder se solazan con el dogmatismo de sus antagonistas, siendo ellos mismos tan dogmáticos que llaman, por ejemplo desde los foros del diario Reforma, al asesinato de Andrés Manuel López Obrador. En el fundamentalismo de la derecha, no hay más verdad que la oficial. La democracia implica, efectivamente, el diálogo. Si a López Obrador se le reprocha oponerse a cualquier reforma, desde el oficialismo --los que se anuncian como demócratas-- se cancela cualquier posibilidad de diálogo, porque tampoco admiten modificar en nada su rígido esquema… Otra hipocresía de los custodios de la “dignidad de la persona humana”, los panistas, por supuesto: defienden desde el gobierno, “con todo”, a Cemex de la decisión del gobierno de Venezuela de nacionalizarla y se callan la boca, como su patrón, por el asesinato de cuatro mexicanos en Ecuador por soldados de Colombia y la violación de dos mujeres centroamericanas en Oaxaca… Hay que recordar a Rafael Preciado Hernández, el parlamentario panista que en mayo de este año cumple 100 años de su natalicio y a quien citó Germán Martínez en su abyecto discurso del sábado: “Los peores enemigos de la democracia no son los autócratas sinceros, sino quienes simulan ser demócratas y, en realidad, son autócratas vergonzantes, pues aquéllos la atacan desde fuera, mientras que estos últimos lo hacen desde dentro, a mansalva, a traición; la desprestigian, la minan en sus cimientos y pueden llegar a destruirla.”
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
(Proceso, 8 de abril de 2008)
domingo, 6 de abril de 2008
En el suroeste persisten abusos contra indocumentados, denuncia pastoral
Hiram Moreno (Corresponsal)
Ciudad Ixtepec, Oax., 5 de abril. “Pese a las denuncias realizadas, policías ministeriales continúan asaltando a migrantes en Oaxaca”, denunció el presbítero Alejandro Solalinde Guerra, coordinador de la zona suroeste de Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, dependiente del episcopado mexicano.
Informó que integrantes de la pastoral y del episcopado acudieron el viernes pasado a la Secretaría de Gobernación para entregar al titular de la dependencia, Juan Camilo Mouriño, un reporte de la situación de los migrantes en esa zona y el resto del país.
Agregó que fueron recibidos por Ana Teresa Aranda Orozco, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, quien recibió el texto donde se detalla que en 2007 se documentaron 14 secuestros a grupos de indocumentados, y que en lo que va de 2008 suman siete. La cifra más alarmante es que el año pasado ocurrieron 113 mutilaciones por accidentes de ferrocarril en todo el país, dijo.
El caso más reciente es el de elementos de la Armada de México y del Instituto Nacional de Migración que el lunes pasado interceptaron un tren en el paraje Las Palmas, municipio de Niltepec, en el Istmo de Tehuantepec, agredieron a garrotazos a varios migrantes y abusaron sexualmente, al menos, de una mujer.
“‘No me violes’, le decía la muchacha al marino; después, solamente se escuchó su llanto. La soltaron y en el camino le pregunté si la habían violado y solamente movió la cabeza y volvió a llorar”, relató el salvadoreño Rolando Antonio, quien estuvo escondido en el monte y escuchó todo lo que pasó en una construcción abandonada, hasta donde guió a las autoridades, quienes encontraron una prenda íntima femenina manchada de sangre que se llevaron representantes de derechos humanos que investigan los hechos ocurridos en Las Palmas.
Un día después, en la carretera del municipio de Unión Hidalgo a Juchitán, policías ministeriales comisionados bajaron de un autobús a 16 migrantes centroamericanos, a quienes despojaron de su dinero.
Personal de la Pastoral de la Movilidad Humana documentó el hecho y proporcionó fotografías del momento cuando se retiran dos de los policías, dejando en el lugar a un grupo de indocumentados sin dinero.
El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra explica que al acudir a realizar la denuncia a la agencia del Ministerio Público en Juchitán, los indocumentados identificaron a dos de quienes los habían asaltado.
La denuncia sigue en curso, pero los abusos no paran. La noche del viernes, en el mismo lugar donde los policías asaltaron a los migrantes, desconocidos dispararon contra un ferrocarril al no poder subir porque iba rápido. Cuatro resultaron heridos de escopeta, “pero ninguno quiso acudir a denunciar el echo por temor”.
Los lesionados dijeron llamarse Roque García Pérez, de 40 años de edad, y Juan Orozco, de 55 años, ambos guatemaltecos, y Fausto Mendoza Hernández, de 24 años, salvadoreño, pero el otro herido “ni su nombre nos quiso dar”, explicó el coordinador de la zona sureste de la Pastoral de la Movilidad Humana.
(La Jornda, 6 de abril de 2008)
Militares, contra todos
En alerta debe poner la aparente disputa entre la Sedena y la SSP; la difusión de la versión de cada dependencia sobre una misma captura, diferentes entre sí, no denota sino un impulso contrario a la coordinación
Miguel Ángel Granados Chapa
Anteayer viernes estuvo en Ciudad Juárez el embajador Antonio Garza. Poco antes había anunciado que no sólo mantendrá la alerta que con informes de su oficina emite el Departamento de Estado sobre la seguridad en Chihuahua, sino que también "puede ser necesario elevar el nivel de la misma para reflejar de manera más precisa el aumento en la inseguridad" en ese estado. Ya en aquella frontera, insistió en el empeoramiento de las cosas para explicar su presencia: "Como a otras personas, me han preocupado los reportes de aumento de la violencia y criminalidad en Ciudad Juárez y consideré que era importante venir a la región para ver y oír de primera mano cómo se ha desarrollado la situación actual".
Las declaraciones y el viaje de Garza ocurrieron una semana después de iniciada la operación conjunta encabezada por el Ejército en aquel estado y en particular en aquella ciudad fronteriza. Aunque es temprano para evaluar el trabajo castrense en esta nueva fase de su participación en la lucha contra la delincuencia, la intervención del diplomático norteamericano parece indicar escepticismo sobre sus resultados, acaso por lo ocurrido en los primeros días del despliegue militar en la región. Una vez más se mostró que, aparte de su ineficacia en el combate contra la delincuencia, la presencia militar no sólo dista de ser disuasiva sino que se convierte en nuevo y negativo ingrediente de la grave situación.
Es bien sabido que una de las misiones militares en los estados y ciudades a donde se envían efectivos del Ejército es determinar la confiabilidad de sus aliados en las operaciones conjuntas, la policía estatal y municipal de cada lugar, que aparecen todas como sospechosas de contubernio con el crimen organizado. No es una mala hipótesis de trabajo, dada la experiencia que enseña cuán frecuente es ese vínculo, pero por la propia naturaleza de los sujetos investigados la pesquisa correspondiente debe realizarse con extremo cuidado, pues al identificar al enemigo interno puede resultar dañada la relación con la porción sana de las corporaciones enfermas.
Desaprensivamente, los mandos militares detuvieron el martes pasado a 45 integrantes de cuerpos policiacos en Ciudad Juárez. Sus compañeros y familiares protestaron por la detención, mediante una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cuyos visitadores les fue impedido el acceso a las instalaciones castrenses donde estaban los detenidos. Tampoco fue permitido el paso a la procuradora de Chihuahua, Patricia González, que quizá acudió alertada por la denuncia de que cuatro mujeres, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, que depende de la Procuraduría local, fueron sujetas a vejaciones y maltratos, desnudas por completo y con los ojos vendados.
El viernes fueron dejados en libertad 22 de esos detenidos, 15 de ellos de la corporación estatal y siete del Centro de Inteligencia Policial. No encontré noticias sobre la suerte de los 23 restantes, salvo la consignación de nueve de ellos por transportar mariguana en patrullas a su cargo. El propio martes se habían suscitado otros incidentes graves entre militares y agentes municipales juarenses. Por un lado, "la policía Sandra Guadalupe Vega fue trasladada a Servicios Médicos Municipales en estado de shock y con el uniforme desgarrado, aparentemente al forcejear con soldados que la pretendían revisar en un retén al norte de la ciudad" (Reforma, 2 de abril). Y, por otro lado, se produjo un tiroteo sobre el que los participantes sostuvieron versiones encontradas. La policía municipal dijo que tres agentes se dirigían a atender un llamado de emergencia a bordo de una patrulla que, inesperadamente, recibió fuego de un retén militar sin previo aviso, y uno de ellos fue herido de gravedad, en la cabeza. La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, dijo que la patrulla seguía a un convoy militar y que, al tratar de identificar a los policías a bordo, éstos huyeron y aun dispararon contra los soldados, que repelieron la agresión y pudieron detener a los agentes, que en su vehículo oficial llevaban droga y un rifle AK-47.
En Nuevo León ocurrió el viernes otro enfrentamiento entre militares y agentes policiacos, aunque de naturaleza distinta al de Ciudad Juárez. Dos soldados en servicio en la base de operaciones de Lampazo se embriagaron y abandonaron su cuartel llevando consigo sus armas. Pretendieron que un civil al que conocían pagara cervezas para continuar su juerga y lo mataron cuando se negó a hacerlo. Huyeron y horas más tarde, por una aparente casualidad, toparon con agentes ministeriales que iniciaban la averiguación sobre el crimen que los militares ebrios habían cometido. Los policías intentaron desarmar a lo soldados, pero éstos dispararon y mataron a tres agentes. También los agresores murieron al ser repelido su ataque. Tal vez para eludir la responsabilidad corporativa que la opinión pública pudiera imputarles, la Sedena se apresuró a declarar que los ebrios eran desertores, cuando que no había transcurrido el tiempo en que se consuma ese delito contra la disciplina militar.
Dos semanas atrás, el 26 de marzo, otros militares habían privado de la vida a dos de sus compañeros y a cuatro muchachos civiles, al producirse en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, un tiroteo por la aparente negativa de los jóvenes a detenerse ante un retén. En el momento inicial, se buscó justificar el ataque pretendiendo que las víctimas estaban armadas, pero pronto quedó claro que se trataba de un abuso atribuible a los militares, que fue ya admitido como tal por la autoridades. El viernes la Procuraduría de Justicia Militar avisó de la consignación ante un juez castrense de Mazatlán de un teniente, un cabo y tres soldados como responsables de esos hechos, luego de que se informó inicialmente de 12 detenidos. En junio pasado, también en Sinaloa, dos mujeres y tres niños menores de cuatro años resultaron muertos en un injustificable ataque de militares al vehículo en que viajaba una familia, también con el pretexto de desobediencia a la orden de detenerse ante un retén. Diecinueve militares, entre oficiales y soldados, fueron sometidos a juicio por ese múltiple homicidio. Nueve meses después la justicia militar condenó a los oficiales a 15 años de prisión y a los soldados a siete. Esa lenidad anuncia la que beneficiará a los agresores del 26 de marzo.
Es gravísima la comisión de delitos por miembros del Ejército, especialmente cuando actúan en funciones policiacas e investigan y se enfrentan con miembros de otras corporaciones, porque eso contradice el propósito de haber sacado a los militares de sus cuarteles a las calles, que es reforzar la capacidad del Estado en el combate a una creciente, diversificada, imbatible delincuencia organizada. No menos grave, en consecuencia, sería que la coordinación entre fuerzas federales sufriera a causa de una disputa interna, de una pugna por acaparar los reflectores de los medios. No es válido extraer conclusiones generales de un hecho particular, pero al menos debe ponernos alerta el relevante diferendo surgido entre las secretarías de la Defensa Nacional y la de Seguridad Pública federal.
El jueves la SSP emitió un boletín para informar que la Policía Federal, esa entidad jurídicamente inexistente, detuvo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a un grupo de zetas (los matarifes del Cártel del Golfo), que llevaban consigo cerca de 6 millones de dólares. La propia dependencia aseguró que la captura y el decomiso resultaron de "trabajos de inteligencia, de gabinete y campo", realizados por aquella corporación, presumiblemente formada por la fusión entre la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva que, sin embargo, mantienen su identidad legal propia. El que la SSP se atribuyera el mérito de esa detención disgustó a los militares. La Sedena lanzó al día siguiente un desmentido: siendo cierto el hecho central (la detención de delincuentes y la cantidad de dinero), no lo es la participación de la SSP, pues la captura fue realizada por miembros del quinto Regimiento de Caballería Motorizada, y fue posible gracias a una denuncia ciudadana. Si ello es así, la SSP debe cambiar de titular cuanto antes, para impedir que la desconfianza lastre la de suyo estéril tarea de las operaciones encabezadas por el Ejército.
(Reforma, 06 de abril de 2008. Tomado de Expresión Libre)
viernes, 4 de abril de 2008
Consignan a cinco elementos del Ejército por enfrentamiento en Sinaloa
El pasado 26 de marzo, militares se enfrentaron contra varios sujetos que viajaban a bordo de tres camionetas Hummer, quienes supuestamente intentaron evadir un retén militar en la comunidad de Santiago de los Caballeros.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 05/04/2008 00:45
México, D.F. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que fueron consignados ante un juez militar cinco elementos que participaron en un enfrentamiento con presuntos sicarios, el pasado 26 de marzo en Badiraguato, Sinaloa.
Informó que los militares fueron puestos a disposición del juzgado castrense en la Tercera Región Militar en Mazatlán, Sinaloa, por estar involucrados en el enfrentamiento que tuvo como resultado la muerte de cuatro presuntos gatilleros y dos efectivos de la Sedena.
En un comunicado, la dependencia indicó que dentro de la averiguación previa 9ZM/17/2008, el juzgado libró la orden de aprehensión correspondiente contra el teniente de Infantería, Víctor Ruiz Martínez y el cabo de Infantería, Antonio Rojas Reyes.
Asimismo, contra los soldados de Infantería Jorge Jiménez Castañeda, Misael Solano Muñoz y José Francisco Balam May a quienes se les investiga por probables conductas delictivas.
Subrayó que en su momento, el Juzgado Militar resolverá la situación jurídica de los efectivos conforme a su participación en los hechos, en los que también resultaron lesionados dos militares y un presunto sicario.
El pasado 26 de marzo, elementos del Ejército mexicano se enfrentaron contra varios sujetos que viajaban a bordo de tres camionetas Hummer, quienes supuestamente intentaron evadir un retén militar en la comunidad de Santiago de los Caballeros.
Familiares de los civiles acusaron que los militares abrieron fuego sin motivo aparente, sin embargo, la Sedena indicó que se trató de un enfrentamiento, toda vez que dos efectivos fallecieron.
(La Jornada On Line, 4 de abril de 2008)
jueves, 3 de abril de 2008
ONG reportan vejaciones y abusos en la acción castrense en la frontera
Víctor Ballinas
La Red Todos los Derechos para Todos denunció ayer que en el operativo militar que se realiza desde hace días en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro mujeres policías ministeriales fueron detenidas y trasladadas a instalaciones castrenses, donde dos de ellas “fueron desnudadas delante de soldados y fueron vendadas de los ojos”.
Además, Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, abundó: “Se han recibido denuncias de la población civil por cateos, detenciones ilegales, malos tratos; con ello se corrobora lo que las organizaciones defensoras de derechos humanos señalamos desde un principio, que sacar a los militares a la calle de manera numerosa e intensiva llevaría a que se cometieran graves violaciones a los derechos humanos”.
El presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los derechos Humanos (Limeddh), destacó por su parte que la población en esa ciudad fronteriza reclama el “estado de sitio en que se encuentran” y las constantes y cotidianas violaciones a sus derechos que cometen militares en los retenes y en los puestos de supervisión que han colocado.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en conjunto con el Frente Cívico Sinaloense, realizan labores de observación en Sinaloa para documentar el caso de cuatros personas asesinadas por militares el 28 de marzo pasado, en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos citadas demandaron que el Ejército se “abstenga de seguir investigando los crímenes que cometieron sus elementos destinados a esa región y ponga a los responsables –de los asesinatos– a disposición de la autoridad civil”.
En sus primeras investigaciones, las organizaciones de derechos humanos sostienen que “el 28 de marzo pasado, militares dispararon contra el vehículo en que viajaban Édgar Geovany Araujo Alarcón, de 25 años, Héctor Zenón Medina López, de 28 años, Manuel Medina Araujo, de 25 años, e Irineo Medina Díaz de 50 años, junto con otras dos personas que resultaron heridas. Los indicios apuntan a que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita”.
Por su parte, Cortez consideró “gravísimo que el Ejército se niegue a abrir sus espacios donde tiene detenidos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es el órgano depositario del Mecanismo Nacional Contra la Tortura, y el organismo encargado de vigilar que no se violen los derechos humanos. Eso dice que el Ejército genera condiciones para que se violen los derechos humanos”.
Dijo el secretario ejecutivo de la red que “es momento de que el ombudsman nacional exija al presidente Calderón que modifique su política en materia de seguridad, que tiene alto costo en materia de derechos humanos. Si Soberanes piensa recurrir al Senado para denunciar al Ejecutivo, que lo haga, pero tiene que romper esa prohibición. Es inaceptable que al órgano encargado de la defensa de los derechos humanos se le restrinja la entrada a los lugares que debe supervisar”.
(La Jornada, 3 de abril de 2008)
miércoles, 2 de abril de 2008
Indaga Centro Pro los abusos de militares
Emir Olivares Alonso
Los recientes hechos en Sinaloa, en que elementos del Ejército abrieron fuego contra civiles, lo que causó la muerte a cuatro jóvenes y que dos resultaran heridos, demuestran “un patrón constante de violaciones a los derechos humanos por las fuerzas armadas, que se mantienen en la impunidad” a raíz de que la milicia se dedica a labores de seguridad pública, aseguró Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Se ha convertido en una constante, indicó, que sin averiguación de por medio el Ejército arremeta contra civiles por la simple presunción de que podrían tener nexos con el narcotráfico. La organización envió un grupo de especialistas al lugar de los hechos, para iniciar las pesquisas sobre las presuntas violaciones a las garantías fundamentales.
“No es una acción aislada”, dijo, pues el año pasado, en el mismo estado, un grupo de militares abrió fuego contra una familia que viajaba en una camioneta, debido que no se detuvo para una revisión en un operativo, lo que causó la muerte a varios individuos, niños incluidos.
(La Jornada, 2 de abril de 2008)
martes, 1 de abril de 2008
La guerra sucia no se olvida... ni se acaba
MANÚ DORNBIERER
Leí en uno de los diarios AM una historia que me reconcilió con la justicia inmanente. El tiempo pasa y los políticos del PRI y del PAN (hasta el momento los únicos detentores del poder federal), lastimaron y empobrecieron a la sociedad mexicana. Guerrero es considerado uno de los estados más lastimados. En todo el país se dio ¿hay que hablar en pasado? una guerra, una represión inicua del gobierno contra ciertas capas de población siendo la campesina la predilecta de los soldados. Pero la que se conoce como la guerra sucia se refiere a lo que sufrió Guerrero en la década de los 70, cuando los militares desaparecían campesinos a placer.
La historia se refiere a Rosendo Radilla Pacheco, un campesino guerrerense que fue detenido y desaparecido por militares el 25 de agosto de 1974 por “componer corridos” a favor del guerrillero y profesor Lucio Cabañas. Uy, qué lejos está eso, se dirán algunos, pero no por ello menos criminal. Así lo pensaron los parientes del compositor y así lo piensa la Comisión Interamericana que dio entrada a la queja hace tres años y que en vista de que el gobierno de Calderón no movió un dedo por supuesto, decidió enviarla a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a Washington: “Se trata del primer caso en que el gobierno mexicano es sometido a jurisdicción internacional a raíz de una querella según la cual grupos de militares incurrieron en excesos contra la población civil”, subraya AM y explica: “El 27 de agosto de 2007, el organismo defensor de los derechos humanos le exigió al gobierno de Calderón que cumpliera con cuatro peticiones: una investigación completa e imparcial para sancionar a los responsables de la desaparición forzada de Radilla Pacheco; la localización, identificación y entrega de los restos de la víctima a su familia; la recuperación de la memoria histórica, “esclareciendo públicamente los hechos”, y la reparación del daño moral y material a los familiares”.
Nada se hizo al respecto. Juan Manuel Gómez, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tenía que haber informado a la Comisión sobre lo que había hecho, pero por lo visto no cumplió ni informó y en cambio pidió una prórroga de ocho meses y le dieron 120 días. Al final no hizo nada. Y hoy el mexicano Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha recibido el expediente 12 mil 511 . Esperemos que no sea calderonista…
La abogada María Sirvent, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, una de las organizaciones que representa a Tita Radilla Martínez, hija de Rosendo, asegura que, pese a la prórroga, la respuesta que dio el gobierno de Calderón al caso Radilla fue deplorable.
El 13 de marzo frente a la Comisión Interamericana, en Washington, los representantes del gobierno mexicano informaron que “no se tienen indicios de presuntos responsables, toda vez que uno de los supuestos implicados, el general Francisco Quirós Hermosillo, murió en prisión durante el proceso que se le seguía desde 2000 por la comisión de varios delitos, incluido el de narcotráfico”. Fue el jefe de la Brigada Blanca, y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) –un breve y superficial intento de Vicente Fox de cumplir con el clamor que no ha dejado de sentirse en Guerrero contra la verdadera ocupación militar que padece el estado– lo consignó el 11 de agosto de 2005 “por el delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro contra Radilla”. Desde luego no siguió ninguna compensación y ni siquiera información para la familia del desaparecido.
Y además el proceso se quedó en lo militar, lo que la Comisión consideró violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe la aplicación del fuero penal militar para investigaciones y procesos que involucran violaciones a los derechos humanos. La delegación gubernamental mexicana aseguró que para localizar a la víctima se “escaneó” el pasado 2 de febrero, el terreno en lo que fue hasta 1994 el cuartel militar de Atoyac, donde el campesino fue visto por última vez. Asimismo, ofreció la publicación de un texto sobre la vida de Rosendo Radilla, como “forma de reconstruir la memoria histórica”, y pagar alrededor de 60 mil dólares como reparación del daño.
La abogada Sirvent consideró que la decisión de la Comisión de enviar el caso a la Corte se debió a “la deficiente respuesta del gobierno de Calderón, desconociendo que la desaparición de Rosendo no fue un hecho aislado, sino que formó parte de una política de Estado, de un patrón sistemático generalizado del uso excesivo de la fuerza militar, cuya participación es ampliamente reconocida por la Comisión”.
Desde Washington, la licenciada Sirvent destaca en entrevista telefónica al diario citado que “fue tan mala la respuesta del gobierno mexicano, que ni siquiera hicieron mención al trabajo de la Femospp en la recopilación de documentos sobre la guerra sucia. Esa documentación, además, debería estar en el Archivo General de la Nación para su consulta, como una forma de reparación del daño y para permitir a los familiares de los desaparecidos saber qué pasó”. Mucho menos, agrega, “hubo un reconocimiento de que además del impacto individual hubo uno colectivo, porque en Atoyac, Guerrero, se registró el mayor número de desaparecidos en aquellos años”.
Por su parte, la hija del desaparecido campesino , Tita Radilla, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos en México (Afadem), afirmó que entre 1969 y 1974 desaparecieron 400 personas en ese municipio de la Costa Grande de Guerrero, de las cuales 122 corresponden al periodo de julio a noviembre de 1974, cuando Rosendo, su padre fue detenido por el Ejército. La asociación tiene un registro de 600 víctimas de ese delito en toda la entidad.
Pero la noticia del traslado del expediente a la Corte Interamericana renueva la esperanza a la familia de Rosendo Radilla de localizar sus restos. “El resultado fue el esperado. Se demostró contundentemente el crimen que cometió el Estado mexicano contra los campesinos guerrerenses”, asegura Tita. La expectativa de la familia, dice, es que los responsables sean enjuiciados. “Para la familia, el daño es irreparable y la reparación económica no nos interesa. Lo que queremos es saber qué hicieron con los desaparecidos”. Asegura que el Estado mexicano tiene información sobre el paradero de las víctimas: “Ellos saben lo que hicieron. Muchos de los responsables siguen en el Ejército o están retirados; pero ahí están. La información existe porque los archivos fueron rasurados. Lo que queremos es que se sepa la verdad, para que no vuelva a suceder”.
Pero ¿alguien puede asegurar en Guerrero que el Ejército no afecta, molesta, desaparece a campesinos? En Guerrero el Ejército hasta criminaliza la defensa del medio ambiente como se sabe por la persecución de campesinos ecologistas que afectan intereses económicos de los omnipresentes caciques a los que la tropa obedece.
Y a nivel federal, Calderón defiende a sus “chicos” militares como lo comprueba el vergonzoso caso en Veracruz de la indígena Ernestina fallecida a consecuencia de la violación multitudinaria de sardos. Pero el médico legista Felipe Calderón dictaminó que la anciana había muerto de anemia . Y hoy, realizando el Ejército tareas contra el narco, sin que importe un pepino que en la propia ONU se ha criticado esa iniciativa fascista, los soldados tienen carta blanca. Así pues hay que festejar con la familia Radilla que el gobierno mexicano esté por primera vez expuesto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver si así se calma.
manoudornbierer@gmail.com
(La Jornada Guerrero, 1 de abril de 2008)
