Incompleto, informe de la CNDH sobre abusos de soldados contra civiles: ONG

-Omite señalar al Presidente como responsable de actos del Ejército

Emir Olivares y Alfredo Méndez

Aunque representa un avance, el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por soldados es incompleto, ya que el organismo omite pronunciarse seriamente sobre el fuero militar, el cual crea impunidad ante esos abusos, advierten integrantes de organizaciones no gubernamentales.

Tampoco señala –continúan– que uno de los responsables de las acciones del Ejército es el titular del Ejecutivo federal, como comandante supremo de las fuerzas armadas.

El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, resaltó que la cantidad de abusos cometidos por militares “no es nueva”, y que las organizaciones civiles las han documentado durante años, por lo que no bastan cifras para sancionar a los responsables.

Criticó que la CNDH haya omitido pronunciarse sobre el fuero militar, que “es lo que provoca la impunidad” en estos delitos, más aún cuando organismos externos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han determinado que ese furo tiene carácter restrictivo.

“No basta que la CNDH señale hechos y violaciones, sino que, con base en sus competencias, debe exigir que la justicia civil atraiga los delitos cometidos por militares contra la población, pues ante la parcialidad de los tribunales castrenses, no hay justicia para las víctimas; además, debe impulsar que se sancionen los abusos y dar un seguimiento a sus recomendaciones”, señaló Arriaga.

Indicó que otra omisión del organismo encabezado por José Luis Soberanes Fernández es que en ninguna de las recomendaciones emitidas a lo largo de los ocho años que señala el informe hace referencia a la responsabilidad del titular del Ejecutivo en las acciones del Ejército.

En tanto, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, coincidió en que “ninguna de las recomendaciones se ha dirigido al comandante supremo de las fuerzas armadas; la CNDH se conforma con hacer los señalamientos al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Indicó que otra de las instituciones que debió ser señalada por la CNDH es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que “ha convalidado las acciones del Ejército en tareas de seguridad pública con diversas tesis de jurisprudencia, lo que vulnera los artículos 16 y 129 constitucionales; acciones que a la postre provocan violaciones a las garantías de los ciudadanos”.

Por otro lado, Samuel González Ruiz, ex titular de la extinta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, consideró que las casi 7 mil violaciones a derechos humanos cometidas por militares en los ocho años recientes son “injustificables” y obedecen a que un órgano que no está diseñado para realizar labores de policía fue obligado a hacerlas.

(La Jornada, 28 de enero de 2009)

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Militares filtraban datos a cárteles rivales

RICARDO RAVELO
MÉXICO, DF, 16 de enero (apro).- Varios militares adscritos a la SIEDO, así como al área de seguridad del presidente Felipe Calderón, sirvieron durante años tanto al cártel de Sinaloa como a sus rivales de Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, según declaró Jennifer, un testigo protegido clave en la Operación Limpieza.

Su testimonio forma parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, integrada por la Procuraduría General de la República (PGR), para poner en marcha la Operación Limpieza que inició en marzo de 2008, después que la agencia antidrogas estadunidense (DEA) informara al entonces titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, que su círculo cercano de colaboradores había sido infiltrado por el cártel de Sinaloa y, en particular, por la célula encabezada por los hermanos Beltrán Leyva.
Según Jennifer, los hermanos Beltrán Leyva estaban interesados en saber si existía una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán, hijo del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Los militares adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a través de sus contactos en la embajada de Estados Unidos en México, indagaron si había un expediente para extraditar al hijo de El Chapo.
Jennifer cuenta los detalles de los encuentros sostenidos con el mayor Arturo González, una de las piezas importantes en las tareas de filtración de información tanto del círculo cercano del presidente –formaba parte del grupo de Guardias Presidenciales y actualmente bajo arraigo-- como de las tareas militares en contra del cártel sinaloense.
“El licenciado Oscar”
En su declaración, Jennifer narra que conoció a un personaje al que le decían “El licenciado Oscar”. Este sujeto, según datos confirmados en la PGR, en realidad responde al nombre de Rey Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada, uno de los poderosos miembros del cártel de Sinaloa.
Cuenta Jennifer:
“Se verificó un segundo encuentro con el mayor Arturo González y con el ‘licenciado Oscar’… El declarante no recuerda la fecha exacta, pero fue más o menos un mes después de la primera vez… En esa ocasión en el restaurante Champú Hélices (de) la avenida Paseo de la Reforma, frente a la embajada… Esta vez el licenciado Oscar (Rey Zambada) estaba acompañado de otro sujeto que se presentó con su apellido, pero el declarante no lo recuerda… Dijo que llevaba asuntos de Los Zetas en la SIEDO y que representaba los intereses de ese cártel”.
El testigo refiere los detalles de cómo “el licenciado Oscar” –Rey Zambada– se mostró interesado en conocer la situación jurídica del hijo de El Chapo; quería saber –dice “Jennifer”– si lo iban a extraditar a Estados Unidos.
Así lo narra el testigo:
“En otra ocasión el licenciado Oscar preguntó muy interesado si se sabía si existía orden de extradición en contra de El Chapito, es decir, el hijo de El Chapo Guzmán. (el señor) Cueto López (señalado en la indagatoria como reclutador de personal militar y de la SIEDO para ponerlos al servicio de Los Beltrán) dijo que se lo informáramos de inmediato y llamó a Alberto Pérez Guerrero (actualmente tiene la clave “Felipe” y es testigo protegido), que trabajaba en la embajada americana”.
El mayor González Rodríguez –explica Jennifer-- no quiso que Pérez Guerrero entrara al restaurante donde estaban reunidos, por ello “envió al declarante y Pérez Guerrero sólo tuvo que cruzar la avenida Reforma… El declarante se encontró con él en la vía pública… El declarante le dijo lo que le interesaba y Pérez Guerrero respondió que no sabía que El Chapito tuviera orden de extradición, pero expuso que lo verificaría en la embajada y en Interpol, por lo que después el declarante regresó a la mesa informando lo sucedido”.
El testigo protegido señala que “el licenciado Oscar” se mostró bastante preocupado por la supuesta orden de extradición en contra de El Chapito… Tanto Cueto como el declarante le dijeron al licenciado Oscar que en la SIEDO se contaba con información de domicilios donde iban a intentar localizar a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapito, y al Mochomo (Alfredo Beltrán Leyva, actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco), y el licenciado Oscar dijo que le interesaban mucho esos datos, pero se le dijo que se le proporcionarían en otra ocasión.
El testigo agrega otros detalles de aquel encuentro:
“Al salir fuimos al despacho del licenciado que dijo representar los intereses de Los Zetas, porque Cueto había salido de pleito con su primo Rodolfo de la Guardia (exjefe de Interpol investigado por estar presuntamente coludido con el narco) y pensaba poner un despacho… Dicho abogado los llevó a un edificio de color blanco, de tres pisos, que se localiza a espaldas de la embajada americana, y dijo que era propietario de todo” el inmueble.
Luego siguieron otros encuentros entre personal de la SIEDO –tanto civiles como militares– con personajes del cártel de Sinaloa, a fin de ponerse se acuerdo en la protección de cargamentos de droga, detenciones de rivales y filtración de información sobre operativos en contra de ese cártel.
Puntualmente los miembros del cártel de Sinaloa, según “Jennifer”, eran informados de todas las acciones, y por esos servicios se les pagaban entre 300 y 450 mil dólares mensuales a los altos funcionarios de la PGR, muchos de ellos actualmente bajo arraigo.

(Proceso, 16 de enero de 2009)

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Dos militares son acusados de secuestro y asesinato de 3 personas

Las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, detallan que el oficial militar en activo que ya se encuentra bajo arraigo, responde al nombre de Ubaldo Gómez Fuentes, mientras que el otro oficial del Ejército en activo fue delatado por el hoy detenido, pero no ha sido presentado por las autoridades castrenses.

Torreón.- Dos tenientes egresados del Heroico Colegio Militar, que se desempeñaban en el área de inteligencia de la Onceava Región Militar, concretamente en el 33 Batallón de Infantería, son los que aparecen como secuestradores y homicidas de tres personas, uno de ellos empresario regiomontano y otro un vendedor de afores.

Incluso uno de los oficiales del Ejército, traía para su uso personal el vehículo Volkswagen Jetta, modelo 2008, color rojo, propiedad de su víctima que fue identificado como Jeremeel Fernández Morán quien se desempeñaba como ejecutivo comercial del ING afore y quien fue reportado como desaparecido el 19 de diciembre del año 2008 en Gómez Palacio.

Las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, detallan que el oficial militar en activo que ya se encuentra bajo arraigo, responde al nombre de Ubaldo Gómez Fuentes, mientras que el otro oficial del Ejército en activo fue delatado por el hoy detenido, pero no ha sido presentado por las autoridades castrenses.

Dichos tenientes presuntos secuestradores, son acusados del secuestro y homicidio del empresario regiomontano Rodolfo Alaniz, quien había acudido a la Comarca Lagunera para visitar algunos de sus familiares.

Fue así que luego de plagiarlo y cobrar su rescate, lo asesinaron y quemaron su cuerpo por las inmediaciones del Cerro Bola en el municipio de San Pedro de las Colonias.

Pero además de ese homicidio el teniente egresado del Heroico Colegio Militar, confesó al ser capturado que también habían secuestrado al ejecutivo de afores Dan Jeremeel Fernández Moran, al grado de que les fue asegurado el vehículo propiedad de la víctima.

Sobre la actuación de esos dos oficiales asignados al área de inteligencia del 33 Batallón de Infantería, desde el primer momento de la captura de Ubaldo Gómez Fuentes, se le dio aviso al General de la Onceava Región Militar.

Sin embargo de momento no ha sido presentado el otro teniente, que también hasta el día de hoy se encontraba en activo, de quien se presume es una persona sumamente violenta, especialista en el manejo de armas de fuego y explosivos.

Fue tras la presentación de los cuatro miembros de la banda de secuestradores por parte del Sub Procurador Domingo González Favela que se logró conocer que los presuntos delincuentes que eran comandados por los oficiales militares, habían perpetrado cuando menos tres secuestros.

Sin embargo dichos individuos, al cobrar el rescate no entregaban a sus víctimas, sino que simplemente las asesinaban y calcinaban los cuerpos.

En la Dirección General para la Investigación del Secuestro y Crimen Organizado, se indicó que la indagatoria se tiene desde la ciudad de Saltillo, aunque familiares de una de las víctimas detallaron que el carro en el que viajaba uno de sus parientes estaba a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.

(Milenio, 6 de enero de 2009)

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Acusan de robo a soldados y agentes que realizaron operativo

Dos detenidos en Coahuila luego de horas de tiroteo con narcos
Acusan de robo a soldados y agentes que realizaron operativo

Gabriel León y Leopoldo Ramos Reportero y corresponsal

Como resultado del enfrentamiento armado del jueves entre fuerzas federales y un comando de sicarios en Torreón, Coahuila, fueron detenidos dos presuntos delincuentes, ocho elementos de la policía federal resultaron lesionados y vecinos de la colonia donde tuvieron lugar los hechos denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del estado haber sido víctimas de robos y hostigamiento por militares y policías, quienes presuntamente irrumpieron en sus residencias sin las órdenes de cateo argumentando que buscaban a los delincuentes que les habían dispaarado.

Uno de los ciudadanos afectados, Juan Gramillo, director general de la empresa Multimedios, dijo a las autoridades que sus dos hijos fueron intimidados y reportó la desaparición de 800 mil pesos en joyas, 35 mil pesos en efectivo, computadoras y otros artículos de valor. El quejoso tiene su domicilio en Paseo del Pozo número 200, justo a un costado de la vivienda donde se ocultaron los pistoleros.

La Procuraduría General de Justicia dijo que en al menos cinco viviendas más los moradores informaron de los hechos sólo por teléfono y se negaron a presentar las denuncias correspondientes.

El Ministerio Público de la Federación comenzó una averiguación previa contra dos presuntos delincuentes del cártel del Golfo, quienes fueron aprehendidos luego del enfrentamiento, informó la Procuraduría General de la República (PGR). De manera extraoficial, autoridades locales dieron a conocer que fueron detenidos una mujer y dos hombres en el domicilio donde se atrincheraron, luego de disparar y arrojar granadas a efectivos federales.

Sobre el enfrentamiento, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal precisó que en la acción resultaron lesionados ocho elementos, quienes fueron trasladados a un hospital de la región –que inclusive es custodiado por militares– para que fueran atendidos. Autoridades locales reportaron como delicados a dos soldados.

En el lugar del enfrentamiento agentes de la policía federal y del Ejército mantienen un operativo en busca de más delincuentes.

La procuraduría abrió la indagatoria PGR/Coah/Torr/Ag-11/02/2009 contra Alberto Fuentes Quiroz y Martín Domínguez Alfonso –quienes según la secretaría son buscados por la justicia estadunidense por el delito de homicidio– por su presunta responsabilidad en actos de delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, resistencia de particulares y tentativa de homicidio.

La PGR detalló en un comunicado que elementos de la policía federal realizaron las capturas en la calle Del Pozo número 118, colonia Campestre La Rosita, luego del enfrentamiento. Al intentar huir, los sicarios lanzaron una granada a los policías.

Agregó que fueron entregados al representante social de la Federación cuatro vehículos, cargadores, 22 radios de comunicación, cuatro armas de fuego (dos AK 47, una AR-15 y una calibre 22), granadas de fragmentación, más de mil 600 cartuchos de diferentes calibres, 100 gramos de mariguana y uniformes militares, entre otras cosas.

A la información difundida previamente por la PGR, la SSP federal precisó que además fueron decomisadas un arma larga MP-5 y una pistola de fabricación alemana 5.7x28 mm (conocida como matapolicías). Abundó que se localizaron cuatro granadas de fragmentación.

El jueves, al filo de las 15 horas, fuerzas federales acudieron a la avenida Paseo del Olimpo, a espaldas de una unidad deportiva, donde les habían reportado la presencia de personas armadas en varios vehículos estacionados a un costado de una plaza pública.

Cuando los efectivos federales llegaron al lugar fueron recibidos a balazos y se inició una persecución que concluyó calles adelante, en la esquina de Saltillo 400 y Pavorreal, donde tuvo lugar un segundo enfrentamiento.

Un tercer choque a tiros, el más prolongado, ocurrió en la calle Paseo del Pozo, donde los pistoleros lograron refugiarse en una vivienda, en la que permanecieron atrincherados hasta la noche, cuando integrantes del Ejército se sumaron al operativo y se logró la captura de dos personas.

Autoridades locales han señalado que el domicilio donde se llevó a cabo la captura es centro de operaciones del presunto grupo delictivo, debido a que, indicaron, en el interior se encontraron objetos con los que probablemente los sicarios torturaban a sus víctimas.

(La Jornada, 3 de enero de 2009)

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La inseguridad militar

Jorge Luis Sierra
La inseguridad militar
27 de diciembre de 2008


Varias implicaciones en el aspecto militar de la lucha contra el narcotráfico han emergido con fuerza en la última etapa del año, el más terrible en la historia reciente por el número de ejecuciones y el nivel de violencia de las partes en combate.

La primera es la disposición mostrada por la delincuencia para ejecutar soldados y provocar a las Fuerzas Armadas. Aunque el decapitamiento ha sido el símbolo más atroz de la violencia del narco, que las víctimas sean soldados ha enervado a los mandos castrenses. La tragedia de esta semana con ocho soldados decapitados en Guerrero provocó repudio de todos los niveles de gobierno. El hecho no es aislado: ya desde el 9 de diciembre los medios habían dado cuenta del decapitamiento de un soldado en Chilpancingo. En octubre, por lo menos otros 13 efectivos fueron degollados en Monterrey.

Consternados, los mandos militares han lanzado advertencias directas contra los responsables de esa matanza. La propia Sedena criticó en un comunicado, sin detallar nombres, a quienes han realizado “expresiones maliciosas” que denigran la memoria de los militares caídos.

La segunda implicación son los incidentes de abuso de la fuerza castrense, aunque no han encontrado el mismo repudio gubernamental. En su afán por cortar el flujo de drogas y armas, las tropas han establecido retenes en caminos rurales, puentes internacionales, accesos de entrada a las ciudades y en ellos se está registrando la muerte de civiles. El caso más reciente fue el de una mujer embarazada de 22 años abatida por los disparos de soldados cuando intentó cruzar sin detener su auto en un retén en Aldama, Chihuahua. En febrero, una persona falleció baleada y otra resultó herida por los disparos de soldados que intentaron detener su auto en un retén en Reynosa, Tamaulipas. En junio de 2007, dos mujeres y tres niños resultaron abatidos en circunstancias similares en Mocorito, Sinaloa.

Normalmente, las reglas de combate impiden que los soldados a cargo de retenes disparen a discreción cuando un civil viola la orden de parar su auto. En Kosovo esas reglas eran conocidas como las cinco eses: 1) shout, grite; 2) shoot, dispare al aire; 3) shoot, dispare para inutilizar el vehículo; 4) shoot, dispare para herir al conductor y 5) shoot, dispare a matar. La última opción sólo era utilizada cuando los soldados veían armas en el auto o cuando se reportaba la posibilidad de un ataque inminente.

Por los hechos, no queda claro cuáles son las reglas de combate que deben seguir los soldados mexicanos. Hasta ahora, lo que ha ocurrido en los retenes militares es que apuntan sus armas y jalan el gatillo cuando un conductor desobedece las órdenes y falla en detener su auto. Si las reglas no están claras, los retenes se convierten en puntos inseguros para los civiles.

La circunstancia que viven las Fuerzas Armadas es cada día más delicada. Están logrando avances de reducción del crimen en regiones como Tijuana o Reynosa, pero parecen incapaces de disminuir la ola de violencia acumulada en todo el país. Además, los incidentes de abuso de la fuerza contra civiles siguen ocurriendo y el narco, provocador, aprovecha los momentos en que algunos soldados bajan la guardia para matarlos. Hay que rendir honor a los soldados caídos y al mismo tiempo procesar a los responsables de los abusos cometidos.

jlsierra@hotmail.com

Especialista en seguridad y fuerzas armadas

(El Universal, 27 de diciembre de 2008)

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Detienen por narco a guardia presidencial

Arturo González Rodríguez, mayor del Ejército Mexicano, fue detenido y arraigado como parte de las investigaciones de la Operación Limpieza, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR)

Julián Sánchez
El Universal
Sábado 27 de diciembre de 2008
julsanba@eluniversal.com.mx

Arturo González Rodríguez, mayor del Ejército Mexicano, fue detenido y arraigado como parte de las investigaciones de la Operación Limpieza, informó ayer la Procuraduría General de la República (PGR).

Fuentes oficiales consultadas por EL UNIVERSAL confirmaron que González Rodríguez fue parte del cuerpo de Guardias Presidenciales. Además, versiones de un testigo protegido lo señalan como el militar que proporcionaba información sobre las actividades del presidente Felipe Calderón a dos cárteles: el de los hermanos Beltrán Leyva, y el de Sinaloa. A cambio era recompensado con 100 mil dólares mensuales.

El testigo protegido está identificado con la clave “Jennifer”. En sus declaraciones dijo a las autoridades que el guardia presidencial vendía, además, armas de la Secretaría de la Defensa Nacional a los narcotraficantes.

La fuente oficial dijo que Rodríguez fue delatado y detenido en las últimas horas. Desde hace meses se le buscaba, señaló. El 27 de octubre pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer el inicio de la Operación Limpieza, que ha desencadenado la detención y el proceso de los más altos mandos en la lucha contra el narco en México.

La PGR informó que ordenó la localización y presentación del oficial militar, y que obtuvo, de un juez federal, la autorización para arraigarlo por 40 días en el Centro de Investigaciones Federales, ubicado en la calle Doctor Ignacio Morones Prieto, número 43, colonia Doctores, en el Distrito Federal.

“El fiscal de la Federación adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y con el fin de obtener elementos de prueba suficientes para determinar su probable responsabilidad, solicitó y obtuvo del juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro del expediente 46/2008-V, la medida cautelar de arraigo por 40 días en contra de Arturo González Rodríguez”, informó la PGR.

(El Universal, 27 de diciembre de 2008)

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Van por aire y tierra contra los asesinos

La PGR atrae la investigación; rinden homenaje a los soldados victimados

Juan Cervantes Gómezy Adriana CobarrubiasCorresponsales
El Universal
Martes 23 de diciembre de 2008
justicia@eluniversal.com.mx

CHILPANCINGO, Gro.— El Ejército peina por tierra y aire zonas urbanas y rurales de Chilpancingo y otros ocho municipios en busca de los asesinos de ocho militares decapitados el domingo.

Ayer, el comandante de la novena región militar, con sede en Acapulco, Enrique Alonso Garrido Abreu, le declaró la guerra al crimen organizado en un homenaje a los soldados caídos, al tiempo que surgieron denuncias por violación a los derechos humanos.

La PGR informó que atrajo la investigación. Indaga a siete detenidos por el Ejército el sábado pasado, luego de un enfrentamiento en Teloloapan, en el que murieron tres pistoleros, para determinar su posible relación con la decapitación de los ocho militares.

Los delincuentes cometieron “un grave error” al asesinar militares, dijo Garrido Abreu, quien declaró “abierta la guerra” contra el crimen organizado durante el homenaje efectuado en la 35 zona militar.

Ante los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de la Defensa, Guillermo Galván Galván, Garrido calificó de “grave error de los delincuentes ese atrevimiento”, porque “constituye una ofensa a las instituciones y, especialmente, a quienes vestimos el uniforme castrense”.

El jefe militar dijo que “no habrá la más mínima consideración ni concesión, mucho menos descanso, hasta no ver en el lugar que corresponde a esos delincuentes”.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que con el asesinato de militares el crimen organizado “pretende amedrentar”, porque los golpes del Ejército y la Fuerza Aérea le han provocado en Guerrero una merma en la estructura funcional y económica.

Ofensiva militar masiva

Mientras se efectuaba el homenaje a los soldados caídos, se registró una activa movilización de tropas en Chilpancingo, donde se instalaron retenes a la entrada y salida de la ciudad, a la vez que cuatro helicópteros y una avioneta militar realizaban constantes sobrevuelos en la ciudad.

Versiones no confirmadas indicaron que el operativo también tenía el objetivo de localizar a otros soldados levantados el domingo pasado sin que se conozca su paradero. Para reforzar la búsqueda habrían arribado a Chilpancingo 300 integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes).

Un número no determinado de efectivos del Ejército y de integrantes del Operativo Conjunto Guerrero efectuaron cateos y se desplazaron por al menos nueve municipios de las regiones del Centro y Tierra Caliente, considerados centros operativos de pistoleros al servicio de narcotráfico.

Según informes preliminares, contingentes militares efectúan operativos en los municipios de Arcelia, Quechultenango, Tepecuacuilco, Mochitlán, Petatlán, Altamirano, Zumpango, Pungarabato e Iguala además del de Chilpancingo. Trascendió que los soldados que habían salido de vacaciones decembrinas fueron llamados de nuevo a sus cuarteles.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió la denuncia de allanamiento presentada por un comerciante de Chilpancingo, cuyo negocio fue cateado por el Ejército sin orden oficial. El presidente del organismo, Juan Alarcón Hernández, llamó a los mandos militares a evitar que durante los cateos se violenten los derechos humanos.

“Nos preocupa como guerrerenses que ocurran estas cosas. Esperamos que no se repitan estos hechos, más aún porque se acerca la Nochenuena”, añadió el ombudsman estatal. (Con información de María de la Luz González, reportera)

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Justifica Sedena muerte de embarazada en Chihuahua

La Secretaría afirmó que dispararon ya que estaban en situación de alerta y la víctima no acató la orden de detener el vehículo que conducía a gran velocidad

Silvia Otero
El Universal
Ciudad de México Sábado 13 de diciembre de 2008
13:39

Los militares que balearon a una mujer en Chihuahua, actuaron en respuesta a la agresión de un grupo armado, que minutos antes disparó contra el personal que estaba en el retén del Aeródromo de Ciudad Aldama. Dispararon ya que estaban en situación de alerta y la víctima
no acató la orden de detener el vehículo que conducía a gran velocidad.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) justificó así la muerte de Gabriela Arzate, quien fue baleada por los militares cuando conducía una camioneta Explorer, acompañada por su madre Elia Arzate Gutiérrez, quienes al parecer buscaron protegerse en
el puesto de vigilancia del Ejército.

La dependencia no hace alusión a una posible investigación de su personal para esclarecer lo ocurrido pero informó que presentó una denuncia penal por la agresión que sufrieron los elementos que se encontraban en el retén.

La Sedena detalló que alrededor de las 17:10 horas del jueves pasado personal militar establecido en un puesto de vigilancia en el Aeródromo de Ciudad Aldama, fue objeto de agresión con armas de fuego por sujetos que viajaban a bordo de varios vehículos.

Explicó que el personal militar observó que se aproximaban dos vehículos a toda velocidad hacia el retén: una Pick Up blanca de doble cabina de modelo reciente y el segundo una camioneta blanca.

"El primer vehículo cruzó por el frente de las instalaciones militares metiéndose al terreno baldío que se encuentra frente al destacamento, rompiendo una alambrada y efectuando disparos contra el puesto de vigilancia a una distancia aproximada de 100 metros", por lo que los
militares reaccionaron activando su Plan de Defensa, por lo que la segunda camioneta y desde la que también se realizaron disparos se desviaron hacia Ciudad Aldama.

En su versión la Sedena asegura que "en los momentos en que el personal militar aún se encontraba desplegado en situación de alerta, un tercer vehículo ingresó de manera intempestiva y a gran velocidad (camioneta Explorer, color rojo, sin placas, con vidrios polarizados), a las instalaciones del Aeródromo donde se encuentra el puesto de vigilancia; el personal militar le marcó el alto, haciendo caso omiso de la indicación, por lo que personal militar, efectuó disparos para lograr su detención".

La conductora de la camioneta, Gabriela Arzate perdió la vida por los disparos que recibió, mientras que su madre quedo "a disposición de las autoridades correspondientes", según informó la Sedena que agregó que su personal resultó ileso y los daños fueron únicamente materiales sobre las paredes, ventanas y parapetos de la instalación del puesto de vigilancia.

Por ello "tomó conocimiento de los hechos el Ministerio Público de Aldama, en el concepto de que se interpuso una denuncia de hechos ante las autoridades correspondientes con motivo de la agresión de que fue objeto el personal militar."

mma

(El Universal, 13 de diciembre de 2008)

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Militares asesinan “por error” a una embarazada en Chihuahua

■ Fue ultimada en un retén, cuando llegó a solicitar ayuda

■ En tres estados, 10 ejecuciones vinculadas con el narcotráfico

De los corresponsales

En una aparente confusión, una mujer con más de cuatro meses de embarazo murió a consecuencia de disparos hechos por militares en un retén ubicado a las afueras del municipio de Aldama, Chihuahua, adonde llegó acompañada por su madre y una tía para pedir protección, pues, aseguraron éstas, eran perseguidas por sicarios.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de Justicia del estado confirmaron el deceso de Gabriela Arzate por los tiros de los elementos del Ejército Mexicano, quienes la noche del jueves resguardaban el aeródromo de Aldama, ubicado cerca de la carretera Chihuahua-Ojinaga, a 30 kilómetros de la capital.

La Sedena ubicó el hecho como producto de una agresión a militares por hombres que se trasladaban a bordo de varios vehículos. Dos de ellos, una pick de doble cabina y modelo reciente, y una camioneta blanca, cerrada, se aproximaron al puesto de control a toda velocidad.

El primero pasó frente al retén y se metió a un terreno baldío que se encuentra frente al destacamento, al tiempo que disparaba contra el puesto de vigilancia, a una distancia de aproximadamente 100 metros. Acto seguido se dio a la fuga en sentido contrario, mientras el personal militar reaccionó activando su plan de defensa.

De acuerdo con la Sedena, los ocupantes del segundo vehículo también iban disparando, pero al percatarse de la reacción de los soldados desviaron su dirección rumbo a la ciudad de Aldama.

En el momento en que los militares aún se encontraban desplegados, en situación de alerta, un tercer vehículo ingresó de manera intempestiva y a gran velocidad –una Explorer roja, sin placas y vidrios polarizados– al sitio. El personal le marcó el alto, pero al hacer caso omiso le dispararon para lograr su detención. En el interior se encontraban Gabriela Arzate y Elia Arzate Gutiérrrez. Esta última fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Otras versiones señalan que Gabriela iba acompañada de su madre y una tía, quienes luego relataron que llegaron al lugar para pedir ayuda, porque un grupo de gatilleros las iba persiguiendo.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del estado revelaron que después del percance la madre de Gabriela, indignada, dijo que no se explicaba el motivo por el cual fueron agredidas por los soldados.

“No portábamos armas, ni siquiera un cuchillo. No amenazamos a nadie. Llevábamos prendidas las luces preventivas, sólo queríamos ayuda y protección, no la muerte”, expresó. La camioneta presentaba impactos en los cristales del piloto y del copiloto, por lo cual se deduce que las balearon desde dos puntos.

El Ejército comenzó la investigación y citó a declarar a los militares que se encontraban en el retén.

Por otra parte, este viernes al menos siete personas fueron ejecutadas por sicarios del narcotráfico que operan en territorio chihuahuense. Cuatro de ellas en Ciudad Juárez, dos en el municipio de Guadalupe y Calvo y una en la capital del estado.

En Culiacán, Sinaloa, un grupo de hombres levantó (secuestro sin intención de pedir rescate) y mató a tiros al taxista Luis Enrique Sainz Sarabia. En otra parte de la ciudad, individuos con ropa tipo militar levantaron a una mujer de unos 45 años cuando llegaba a su casa.

La Procuraduría General de Justicia del estado reportó que la mañana de ayer murió Jaime René Uriarte, sobreviviente del enfrentamiento entre dos grupos de sicarios ocurrido el miércoles en el municipio de El Rosario.

En Tijuana, Baja California, un individuo identificado como Rodolfo César Hernández Reyes fue baleado con rifles AK-47 por los ocupantes de cuatro camionetas. El occiso era hijo de la extinta regidora priísta Juanita Reyes. En Tecate, un comando atacó a los tripulantes de un vehículo; el saldo fue de tres heridos, incluida una transeúnte.

El secretario técnico del ayuntamiento de Coacalco, estado de México, Eduardo Manzur, fue asesinado anoche de más de 100 disparos cuando se trasladaba en su vehículo, marca BMW, sobre la avenida López Portillo.

(Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Javier Valdez, Antonio Heras, René Ramón, Javier Salinas, corresponsalía en Durango y Notimex)

(La Jornada, 13 de diciembre de 2008)

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Ex militar, 1 de cada 3 narcos

Al menos uno de cada tres narcotraficantes tiene antecedentes militares, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a la dirigencia del PRD y a senadores de ese partido

Jorge Ramos y Ricardo Gómez
El Universal
Viernes 12 de diciembre de 2008
politica@eluniversal.com.mx

Al menos uno de cada tres narcotraficantes tiene antecedentes militares, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionadas a la dirigencia del PRD y a senadores de ese partido.

Fuentes cercanas al encuentro aseguraron a este diario que el secretario general Guillermo Galván señaló además que cada año se dan cerca de 20 mil deserciones de las Fuerzas Armadas, dato que publicó EL UNIVERSAL la semana pasada.

La reunión, celebrada en la sede de la Defensa, es parte de la nueva relación del partido con el Ejército, mencionó el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete. A la cita acudieron el presidente del PRD, Jesús Ortega; el ex líder nacional Guadalupe Acosta Naranjo; los senadores Graco Ramírez y Héctor Bautista, así como Jesús Zambrano, un ex guerrillero y actual líder de Nueva Izquierda.

En el Senado, el priísta Fernando Castro Trenti presentó una iniciativa para dar facultades a la Defensa Nacional de mantener un seguimiento a las actividades de toda persona que abandone las Fuerzas Armadas.

(El Universal, 12 de diciembre de 2008)

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Militares poderosos

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MÉXICO, D.F., 5 de diciembre (apro).- Después de dos años de enfrentamientos al interior del gabinete de seguridad, la cúpula del Ejército logró reducir al mínimo el poder del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Reducido a la nada en su fuerza operativa, García Luna cuenta todavía con el respaldo político de su amigo Felipe Calderón, quien decidió mantenerlo como secretario pero con una incómoda y fuerte presencia militar.

Calderón no pudo sostener más las fuertes presiones del Ejército y la desconfianza de la opinión pública por el control e influencia que tenía García Luna dentro del gabinete presidencial, a pesar de las evidencias en contra de sus principales allegados.

Las detenciones y arraigos de las semanas recientes en contra de quienes durante años habían sido algunos de sus más cercanos colaboradores, acusados de protección a narcotraficantes y secuestradores, derivaron en el desplazamiento de García Luna en las decisiones y operaciones de seguridad.Desde el pasado jueves 4, los militares se quedaron con la fuerza que tenía García Luna.

Calderón designó al general de División en activo, Javier del Real Magallanes, como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, el centro neurálgico de la Secretaría de Seguridad Pública. Desde ese cargo, el general que hasta la semana pasada era el comandante de la IV Región Militar -que abarca a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí- se quedó con el control de lo que será la Policía Federal, el ambicioso proyecto que García Luna quería para sí y que el próximo año sustituirá a la Policía Federal Preventiva.

El jefe militar concentrará prácticamente la mitad del presupuesto de la Secretaría -de 33 mil millones de pesos- y 75% de sus plazas, al disponer de 38 mil hombres que integrarán la nueva corporación policial.De esa manera, la cúpula del Ejército tomará decisiones no sólo en su propio ámbito, la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que tendrá el control operativo de la Secretaría de Seguridad Pública.

Más por lealtad que por conveniencia política, Felipe Calderón mantiene a García Luna dentro de su gabinete. Seguramente le está agradecido por el respaldo que le dio cuando fue candidato presidencial.Pero el movimiento, más que una salida a las pugnas al interior del gabinete, representa otro paso de Calderón hacia la militarización de la seguridad pública en el país. Con el argumento de que ante la crisis de inseguridad que padece el país no hay nada más confiable que las Fuerzas Armadas, Calderón está entregando a la milicia las funciones que son propias de la autoridad civil.

Calderón no es el primer presidente del país que toma esa decisión, pero ninguno como él ha entregado tanto poder operativo y de decisión a los militares. Con ello, los militares adquieren preponderancia sobre la autoridad civil.No sólo el presidente, sino casi todos los gobernadores del país han tomado el camino fácil de designar militares al frente de las funciones de seguridad pública. Tampoco es la primera vez que ocurre. Pero la experiencia indica con claridad que esa presencia de los militares ha sido benéfica.Basta con revisar lo ocurrido desde mediados de la década pasada a la fecha.

Los militares han ocupado lugares preponderantes en tareas de seguridad pública y administración de justicia, además de una participación creciente en acciones directas de represión del narcotráfico. Peor aún, han dado lugar a la creación de fuerzas paramilitares que actúan para los cárteles de la droga, como el grupo de elite que desertó para crear el grupo de Los Zetas.

Los actuales niveles de delincuencia organizada no son sólo responsabilidad de los militares, pero su presencia no ha sido garantía de mejora. Y hasta ahora no hay nada que nos diga que las cosas van a cambiar con la nueva Policía Federal que estará en manos militares.


jcarrasco@proceso.com.mx


(Proceso, diciembre 2008. Vía El justo reclamo)

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Guerrero: balacera entre sicarios y Ejército deja 12 muertos

Entre los muertos hay dos militares, indica el síndico del municipio de Arcelia; los soldados y los agentes policiales abatieron a nueve sicarios y otro cuerpo fue hallado en una camioneta

Sergio Ocampo / Corresponsal
Publicado: 07/12/2008 17:21

Chilpancingo. Un doble enfrentamiento, primero entre dos grupos delictivos y luego entre sicarios y elementos militares y policiacos, dejaron al menos 12 muertos en la localidad de Palos Altos, municipio de Arcelia, Guerrero.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, Juan Heriberto Salinas Altés, informó que los enfrentamientos habían dejado 10 personas muertas, entre ellas un soldado del Ejército Mexicano, así como un uniformado y dos policías heridos.

Sin embargo, el síndico procurador de Arcelia, Rogel de la Sancha, confirmó que fueron dos los militares caídos en el enfrentamiento y que se había encontrado otro cuerpo en una camioneta abandonada tras el enfrentamiento entre sicarios, por lo que la cifra de muertos se elevó a 12, y se detuvo a cinco presuntos sicarios.

En un primer hecho, presuntos sicarios se enfrentaron a balazos cuando se encontraron de frente en la comunidad de Palos Altos, municipio de Arcelia, en la región de Tierra Caliente. Posteriormente uno de los grupos huyó del lugar.

Cuando el Ejército y los cuerpos policiales acudieron al lugar tras una llamada de alerta fueron agredidos por los sicarios con disparos de arma de fuego, por lo que fue privado de la vida un militar, mientras que un oficial, un elemento de la PFP y un agente de la Policía Estatal Preventiva resultaron lesionados.

La institución indicó que al repeler la agresión fueron privados de la vida nueve supuestos sicarios, cuya identidad se desconoce, y a los cuales se les aseguraron 10 vehículos de diferentes marcas, 14 armas largas de diferentes calibres, cinco armas cortas de diferentes calibres, y dos granadas de mano.

Rogel de la Sancha, síndico procurador del ayuntamiento de Arcelia, indicó que hay versiones de que el enfrentamiento entre los grupos de sicarios se suscitó desde la madrugada debido a que fueron levantados dos jóvenes que se encontraban en un baile del pueblo.

(La Jornada, 7 de diciembre de 2008)

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Dan a militar Inteligencia en la SSP

Viernes, 05 de Diciembre de 2008

El General se desempeñaba como comandante de la Cuarta Región Militar en Nuevo León

CIUDAD DE MÉXICO.- El General de División en activo Javier del Real Magallanes es el nuevo responsable de dirigir las operaciones de la Policía Federal y las labores de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que encabeza Genaro García Luna.

Desde la incorporación de militares en la PGR con el Procurador Rafael Macedo de la Concha, en el sexenio de Vicente Fox, es la primera ocasión en que un General de División se integra a una dependencia federal que no sea bajo el mando de la Sedena.

Por acuerdo del Presidente Felipe Calderón, Del Real Magallanes fue nombrado ayer subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial en sustitución de Facundo Rosas, quien a su vez fue designado subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos.

El General de División, de 63 años, era comandante de la Cuarta Región Militar en Nuevo León, donde fue uno de los principales mandos del operativo Nuevo León-Tamaulipas en 2007, y es considerado uno de los principales hombres de confianza del Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.

Anteriormente fue jefe de la Sección II de Inteligencia de la Sedena.

Ahora, Del Real tendrá bajo su mando a más de 27 mil elementos de la Policía Federal y será el responsable de analizar la información derivada del área de inteligencia y de estadísticas para instrumentar los operativos en el país, en coordinación con las Policías locales.

La llegada del General de División se da en un momento en que mandos altos y medios de la Policía Federal son indagados por la PGR por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, e incluso por un robo de miles de dólares en un cateo en el DF.

La militarización de las corporaciones policiacas se ha extendido en los últimos meses en todo el País. Actualmente unos 20 Generales y mandos militares encabezan las secretarías de seguridad pública estatales y direcciones policiacas municipales.

Por ejemplo: la SSP de Puebla es dirigida por el General Mario Ayón Rodríguez; en Guerrero, el General Juan Heriberto Salinas Altés; en Aguascalientes, el General Eugenio Hidalgo Eddy; en Tabasco, el General Héctor Sánchez Gutiérrez; en Oaxaca, el Teniente Coronel Javier Rueda Velázquez, y en Veracruz, el General Sergio López Esquer.

En Chiapas, el General Marco Esteban Juárez Escalera, es titular de la Policía Ministerial, y el General Florencia Cuevas Salgado es el director de la Policía Ministerial de Baja California.

(Luis Brito/Agencia Reforma)

(El Mañana, 5 de diciembre de 2008)

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"Volaron" 65 mil en cateo a taller de refrigeración

“Los soldados me entregaron a la policía municipal y ellos me dejaron en libertad”, dijo.

Por Martín García Chavero

jueves 4 de diciembre de 2008, actualizado Diciembre 4, 2008

San Juan del Río, 4 Dic 08.- Después del cateo realizado por el Ejército Mexicano a un taller de refrigeración en San Juan del Río, en el que se dijo que se buscaba droga y que se habían encontrado evidencias de pedofilia, “desaparecieron 65 mil pesos” y el supuesto detenido no fue presentado ante autoridad alguna, por pedófilo.

José Luis Regalado González, "el chuy", propietario del negocio y quien ayer supuestamente había sido detenido, fue dejado en libertad y hoy seguía atendiendo su negocio de refrigeración, por lo que negó que sea pedófilo, o que cometa actos contra las menores de edad que acuden a su establecimiento, mucho menos que venda droga.

En entrevista con rotativo de Querétaro, indicó que ayer después de que fue cateado su negocio y detenido por los elementos del Ejército, desaparecieron alrededor de 65 mil pesos de su propiedad, que fueron encontrado durante el cateo.

Dijo que el personal del ejército que participó en la incursión, llamó a la policía municipal para entregarlo y que lo pusieran a disposición de las autoridades ministeriales supuestamente por el delito de pedofilia, sin embargo los uniformados no se quisieron hacer cargo de la situación y lo dejaron en libertad.

"Me entregaron a una patrulla de la policía municipal, les dijeron a los uniformados que no me habían encontrado nada y que ellos se retiraban, por eso los policías me dejaron en libertad, porque dijeron si no te encontraron nada para que te detenemos ", refirió.

Aseguró que las fotografías que fueron encontradas en su negocio, fueron tomadas hace muchos años y que los bolsas de pelo que tenía en un mural con los nombres de jovencitas, era una costumbre "rara" de coleccionarlas.

Vecinos del lugar señalaron que "el chuy" como le llaman la mayoría de jovencitas que acuden a su negocio, es visto con frecuencia con las estudiantes, sin embargo puntualizaron que desconocen si en el interior de su negocio se realizara alguna actividad anormal.

"Vemos que llegan muchas jovencitas de la escuela y que entran a su negocio, luego hasta las regaña, como que mantiene control sobre ellas, pero no sabemos de otras cosas que pudiera hacer", coincidieron personas consultadas.

De hecho cuando el propietario del negocio de reparación de electrodomésticos fue entrevistado, había dos estudiantes de secundaría que manifestaron no conocer alguna queja contra "don chuy".

"El señor es muy buena gente, a nosotras jamás nos ha propuesto nada y menos nos ha faltado al respeto", indicaron. Pero en cambio señalaron que en la escuela que se encuentra enfrente y que es donde estudian, los maestros si les hacen recomendaciones que no se metan en ese negocio.

Por lo pronto José Luis Regalado González, indicó que acudiría ante las instancias correspondientes para denunciar el atropello del que fue objeto por parte de elementos del Ejército y que lo mismo haría ante la CEDH.

Además de que señaló que de los más de 75 mil pesos que guardaba en su negocio, le fueron sustraídos alrededor de 65 mil que no aparecen.

(Rotativo de Querétaro, 4 de diciembre de 2008)

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Catea ejercito oficinas de la Sociedad de Autores y Compositores de Tamaulipas

Fecha de Publicación 2008-12-01 Reportero: Por: Redacción/MetroNoticias

Tampico, Tamaulipas.-Elementos del ejercito mexicano encabezaron la mañana de este lunes un fuerte operativo en las instalaciones del centro comercial “Plaza Palmas”, situado en la Avenida Hidalgo esquina Agua Dulce y Rotaria en plena zona dorada de Tampico, donde por lo menos doce unidades artilladas de las fuerzas castrenses rodearon todo el perímetro del lugar procediendo a catear las oficinas de la delegación de Autores y Compositores de Tamaulipas ( SACM) por espacio de mas de sesenta minutos.

Fue alrededor de las once de la mañana, cuando aproximadamente una treintena de elementos castrenses procedieron a cerrar la calle Agua Dulce, prohibiendo el acceso y salida de cualquier vehiculo y de clientela que visitaba los mas de cincuenta establecimientos que alberga esta plaza comercial.

Según testigos y empleados del lugar, los elementos del ejercito mexicano se postraron a los accesos de cada uno de los locales comerciales situados a los alrededores del lugar de cateo, prohibiendo el acceso y salida de los clientes a menos de que estos estuvieran acompañados de menores de edad, siendo previamente sometidos a verificación para dar la pauta.

La delegación de autores y compositores, la dirige en Tamaulipas, Guillermo Villegas Ávila, quien al parecer no se encontraba en la oficina al momento del cateo, mientras que después de haber concluido las acciones de parte del ejército se pudo constatar que las actividades diarias de los empleados seguían al interior del inmueble.

El operativo militar fue levantado a las doce con cincuenta minutos del lugar, pues se presume que la persona detenida fue llevada a las instalaciones del 15º batallón de infantería, con sede en la región sur.

(Metro Noticias de Tamaulipas, 1 de diciembre de 2008)

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Interponen denuncia contra militares

Fecha de Publicación 2008-11-28 Reportero: Jorge Arano / MetroNoticias

* Los acusan de abuso de autoiridad, robo y daños en propiedad ajena
Por: Jorge Arano / MetroNoticias
Valle Hermoso, Tamaulipas.- Ante la Agencia del Ministerio Publico Investigador fueron formalmente acusados por el delito de abuso de autoridad, robo domiciliario y daños en propiedad ajena, los elementos del Ejercito Mexicano quienes en horas de la madrugada, sin orden de cateo alguno, destrozaron las puertas y muebles de una residencia, para amenazar a todos sus moradores y llevarse detenido a una persona de la tercera edad con problemas de alta presión y azúcar al cual consignaron por tener un rifle 30-30 en su casa y una pistola escuadra.

El fiscal del fuero común Lic. Roberto Jaime Suárez, recepciono la denuncia integrándose la averiguación penal 805/2008 hecha por la señora Estefanía Cárdenas Carrera de 58 años, con domicilio en la calle 02 de abril entre América y victoria del centro de la ciudad.

Los elementos del Ejercito mexicano, además de amenazarlos con detenerlos si hacían alguna protesta publica, les robaron doscientos dólares que tenían en efectiva, una cámara digital y un teléfono nextel, dejando las chapas de las puertas del frente y atrás, destrozadas, así como los muebles de su hogar dañados, lo que consideraron un abuso total, esto ocurrió en horas de la madrugada cuando ellos estaban dormidos.

En dicha residencia el señor José Álvaro Ortiz Luna de 70 años, tenia guardado un rifle 30-30 y una pistola escuadra .9mm que eran propiedad de su suegro que falleció hace años y que tenían guardados como recuerdo, por ello se lo llevaron detenidos y consignaron a pesar de tener problemas de salud como azúcar, alta presión y era difícil que pudiera desplazarse solo.

Testigos de estos abusos fueron sus hijos Oscar y orlando Ortiz Cadenas, así como José Ortiz este ultimo pedía se lo llevaran detenido a el, pero que dejaran libre a su padre porque tenia problemas con su salud, pero los militares hicieron caso omiso de ello. La señora Estefanía Cárdenas Carrera, narró que los hechos ocurrieron el pasado día 21 de Noviembre, en horas de la madrugada, cuando estaban dormidos en su residencia, escucharon ruidos, por lo que su esposo José Álvaro Ortiz Luna como pudo de levantó para ver que sucedía.

Cuando se dirigía a la puerta, esta fue violada por tipos encapuchados con uniforme de soldados, que les decían no opusieran resistencia y preguntaban quienes estaban en las demás habitaciones, a la vez que entraban otros soldados por la parte trasera destruyendo las chapas de las puertas violentamente y apuntando con las ametralladoras, a todos los reunieron en la sala y los amarraron.

Finalmente les dijeron que se llevarían detenido a Reynosa al sr. José Álvaro Ortiz Luna por el rifle viejo y la pistola, pero amenazándolos con detenerlos si decían que se habían metido sin orden de cateo alguna y destrozando las chapas de las puertas, por eso optaron por poner en conocimiento a las autoridades de los hechos.

(Metro Noticias de Tamaulipas, 28 de noviembre de 2008)

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Denuncian secuestros y detenciones ilegales

Reclama PRD en Sedena.
El Mexicano
27 de noviembre de 2008

Adrián Sánchez / El Mexicano

Ciudad Juárez, Chihuahua.-El presidente del Partido de de la Revolución Democrática (PRD), dijo que en el interior de la guarnición militar tienen detenidas e incomunicadas a más de 13 personas por varios días, lo que se convierte en un vil secuestro, y viola la Constitución de los Derechos Humanos.

Declaró Alfredo Ramírez durante la manifestación que se llevó acabo en las afueras de la guarnición militar durante la tarde de ayer, a las 17:00 horas, donde unas treinta personas con banderas del partido (PRD), cartelones y gritando consignas, manifestaron su inconformidad en contra de las acciones del Ejército Mexicano.

Ya que hasta las instalaciones del partido, han acudido varias familias a hacer denuncias, acerca de que los elementos castrenses, llegan a sus domicilios y sin ninguna orden de cateo, se internan a los domicilios en busca de algo ilegal.

Haciendo un total desorden, y a pesar de que no encuentran nada ilegal, se llevan a alguna persona detenida, para trasladarla hasta la guarnición militar, comentó el presidente del (PRD).

Y que a pesar de que tienen un amparo y han hecho las denuncias correspondientes ante los derechos humanos a nivel estatal y nacional, se les ha dicho en contra de las fuerzas castrenses mexicanas, no se puede hacer nada, dijo Alfredo Ramírez.

"Nosotros no estamos en contra de las labores que vienen a hacer a la ciudad, sólo queremos que lo hagan con el debido apego a la ley", Aclaró Ramírez.

"A tan sólo cien días del programa México seguro del presidente Felipe Calderón, lo único que hemos visto en la ciudad a sido, Secuestros, robos, ejecuciones, incendios intencionales, cuotas y extorsiones", dijo el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Luis Ernesto Lozano, quien también participó en la el acto de presencia que hicieron los militantes del Partido de la Revolución Democrática.

Después de permanecer cerca de 40 minutos manifestándose frente a la entrada de la guarnición militar ubicada en la calle Barranco Azul, los militantes del PRD se retiraron del lugar.

(El Mexicano, 27 de noviembre de 2008)

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Ejército y PFP toman control de Tijuana

MÉXICO, D.F., 18 de noviembre (apro).- El secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa Anaya, afirmó que miembros del Ejército mexicano y policías federales asumirán, a partir de este martes, los trabajos de inteligencia y vigilancia en Tijuana.

Así mismo, señaló que, como parte de un replanteamiento del combate al crimen organizado y la delincuencia común, 500 agentes municipales reciben capacitación por parte de las fuerzas castrenses.

De la Rosa Anaya explicó que los militares y policías federales se sumarán al patrullaje de colonias conflictivas de Tijuana, incluidas en un mapa delincuencial de esta ciudad fronteriza.

Y precisó que tales labores se realizarán de manera conjunta por los tres órdenes de gobierno.

Hasta ayer, los patrullajes en zonas conflictivas estaban a cargo de policías estatales preventivos, mientras que soldados y agentes federales recorrían las principales vialidades de la ciudad para "inhibir a la delincuencia" y actuar "con capacidad de respuesta" en algún incidente o enfrentamiento.

En marzo pasado, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, anticipó que se redoblaría la lucha en contra de la delincuencia organizada en Tijuana y Tamaulipas, dos de los puntos más violentos del país.

El objetivo del Ejército, dijo, es debilitar a los cárteles del Golfo y de Los Arellano Félix en Tijuana.

En Tamaulipas, en tanto, los "blancos" señalados son Eduardo Costilla, El Cos; Gregorio Saucedo, El Caramuela; Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Enrique Rejón, El Mamito, y Jaime González Durán, El Hummer (quien ya fue declarado formalmente preso), además de células de Los Zetas. En Tijuana, centro de operaciones del Cártel de los Arellano Félix, que según los últimos reportes es comandado por Enedina Arellano Félix desde hace 13 meses, cerca de 3 mil elementos tomaron el control de la zona con ayuda de aeronaves, embarcaciones, vehículos tácticos y perros adiestrados.

El titular de la Sedena pidió a comandantes y generales de la región "reforzar la estrategia de seguridad", ante el poco impacto que ha tenido entre la ciudadanía.

Inclusive, la dependencia envió un correo electrónico a las televisoras y estaciones de radio para difundir entre la población un número para hacer denuncias y pedir auxilio de personal militar.

La medida se tomó cuando la violencia se acentuó en la ciudad de Tijuana, que tuvo uno de sus momentos más álgidos con el asesinato del jefe de la Policía Municipal, Margarito Saldaña, acribillado en su casa junto con otros miembros de su familia.

A fines de octubre pasado, la Sedena informó de la detención de Eduardo Arellano Félix, El Doctor, un importante miembro del cártel de Tijuana buscado por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).

Su captura ocurrió la noche del sábado 26, cuando militares y policías federales realizaban un registro en una vivienda en La Mesa, Tijuana, donde vivía El Doctor, quien se identificaba como Samuel Bracamontes.

(Proceso, noviembre de 2008)

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Policía Militarizada Contra la Delincuencia: PAN

* Urge el PAN a cambios y reformas para luchar contra la impunidad y la violencia en el país.
* Eduardo de la Torre asegura que la Mara Salvatrucha tiene adiestramiento militar.

México, 18 Nov (Notimex).- La bancada del PAN en la Cámara de Diputados destacó que ante las nuevas estrategias del crimen organizado en el país, se requiere acelarar la aprobación de un paquete de reformas para revertir la impunidad y los niveles de violencia.

El diputado panista Eduardo de la Torre Jaramillo dijo que ahora los cárteles de la droga actúan con otras estrategias, entre ellas, el reclutamiento de fuerzas radicales más violentas como los Mara Salvatrucha, con adiestramiento militar, la adquisición de arsenales sofisticados e incluso de comunicación social y política.


En entrevista en San Lázaro recordó que el gobierno federal ha golpeado en sus estructuras a los cárteles al decomisar en los últimos nueve meses 228 aeronaves, más de 22 mil armas de fuego; han detenido a casi 23 mil personas y cientos de toneladas de enervantes.


El Estado mexicano, abundó, ha sido contundente en sus acciones para desactivar a estas bandas del crimen organizado, que de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, agrupa a un número superior al medio millón de personas.


“De acuerdo con la Sedena más de 500 mil mexicanos están metidos en la industria del narcotráfico, en distintas áreas, como la siembra, transportación y distribución no sólo en el mercado mexicano sino en otros países, principalmente Estados Unidos”, indicó.


Mencionó que ante la nueva reorganización de los cárteles, el gobierno del presidente Felipe Calderón debe buscar las alianzas con otros países e intercambiar información porque el crimen organizado se ha internacionalizado.


El legislador señaló que es importante tener un mapeo de bandas delictivas del país y una base de datos; además de llevar a cabo un padrón policiaco antes de caminar hacia una policía nacional, la cual, consideró, no es la salida al problema de la inseguridad.


”El camino intermedio es una policía militarizada como en Chile, con los carabineros; o en Italia, me parece que esa tiene que ser la primera instancia antes de ir a una policía nacional. El Ejército debe y tiene que enseñar a los nuevos policías la disciplina y sobre todo la lealtad a las instituciones y a México”, opinó.


En otro tema, refirió que en las próximas semanas se discutirán las iniciativas enviadas por el Ejecutivo en materia de seguridad y justicia, las cuáles, “deben ser apoyadas por todas las fuerzas políticas y no buscar únicamente los beneficios partidarios”.

(Notimex, vía El Sendero del Peje)

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Denuncian a militares por robo y daños

Fecha de Publicación 2008-11-13 Reportero: Por: Redacción/MetroNoticias

*Acusan a personal del Ejército se ingresar a sus domicilios sin orden de cateo, ocasionar daños al inmueble y robar objetos de valor
Reynosa, Tamaulipas.- Dos mujeres acusaron por separado a elementos del Ejército Mexicano como responsables de los delitos de robo y ocasionar daños en sus respectivos domicilios localizados en distintos sectores de la ciudad, donde incursionaron sin orden de cateo.

Dichas incursiones se registraron durante la tarde de ayer, cuando las afectadas no se encontraban en sus domicilios, por lo que tras ser avisadas por algunos vecinos de los hechos, se apresuraron a llegar al lugar, pero sólo se encontraron con la novedad de los destrozos ocasionados por los militares, así como por el robo de joyería y objetos personales.

Una de las afectadas se identificó como Rebeca Treviño, quien tiene su domicilio en calle Francisco I. Madero de la colonia San Antonio, quien acusó a los militares de haberle robado joyería diversa, calzado, objetos personales e incluso cargaron hasta con el botellón de agua.

Indicó que cuando fue enterada de que los militares de hallaban en el interior de su domicilio, acudió de inmediato, pero sólo se encontró con daños en su vivienda y el interior todo revuelto.

Posteriormente, la señora Yesica Salmorán, quien tiene su domicilio en calle Zaragoza y avenida Central número 4 de la colonia Cumbres, denunció también al personal de la milicia de haber ingresado a su domicilio cuando ella no se hallaba presente.

Dijo que cuando llegó, su vecina que radica frente a su casa, le hizo saber que los militares habían incursionado en su vivienda con lujo de violencia y cuando intentó salir para ver que pasaba, fue agredida verbalmente y no le permitieron salir de su domicilio.

En ese lugar, también ocasionaron daños en el interior y robaron algunos objetos de valor de la afectada.

Ambas personas manifestaron que hoy acudirían ante las autoridades competentes a presentar la denuncia formal sobre estos atropellos ocasionados por el personal militar.

(Metro Noticias de Tamaulipas, 13 de noviembre de 2008)

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Cateó el Ejército a la policía de Monterrey por un incidente de cantina

Por Jesús Rivera

El operativo que realizó ayer el Ejército en las instalaciones de la policía municipal de Monterrey, sometiendo por horas a sitio y cateo general sus instalaciones, tenía por objetivo identificar y detener a unos uniformados que habrían golpeado la noche del lunes a un soldado en un bar del centro de esta ciudad..

Como en ocasiones anteriores, el Ejército no se dio información oficial sobre el operativo y sus resultados, mientras que las autoridades estatales y municipales se reducen a señalar que respaldan las acciones de los militares para limpiar las corporaciones policiacas.

En esta ocasión, el gobernador Natividad González Parás dijo que ninguna dependencia estatal o municipal está exenta de ser ‘auditada’ por personal del Ejército y adelantó que estos operativos continuarían.

El operativo militar de ayer inició por la mañana, cuando seis camionetas con alrededor de 50 soldados rodearon las instalaciones policiacas municipales, ubicadas en el Parque Alamey.

De inmediato se apoderaron de todos los accesos y sometieron a rigurosa inspección a todos los que salían o entraban, sin que se salvara de ello el titular de la Policía Regia, Amador Medina Flores, quien ingresó a pie, al retenerse su vehículo para revisión.

Al medio día, se llevaron detenidos a dos policías y más tarde a otro, siendo liberados el mismo día. Extraoficialmente se dio a conocer que estos elementos fueron trasladados al Hospital Universitario para ver si los reconocía un soldado como sus agresores.

Según esta versión, la noche del lunes un soldado no identificado fue golpeado por unos policías en un bar del centro de Monterrey, debiendo ser hospitalizado por sus lesiones.

Como el soldado agredido no reconoció a los policías detenidos, fueron regresados a la corporación, pero se dice que los militares buscaban a otros policías que no fueron localizados.

No es la primera vez que los militares toman en sus manos la investigación de una agresión contra alguno de sus elementos, sin tomarse la molestia de cumplir con los procedimientos legales establecidos para ello, encubriendo su acción como un operativo de revisión anti-narco.

(El Sendero del Peje, 12 de noviembre de 2008)

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En la lucha contra el narcotráfico han muerto 564 soldados: Sedena

Gabriel León Zaragoza

De 1976 a julio de este año han fallecido en el país, en la lucha contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 564 elementos militares, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Reportes proporcionados por conducto del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) destacan que desde la creación de sus tropas de elite –grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales y Anfibio de Fuerzas Especiales– han desertado de éstas, hasta septiembre de este año, mil 559 efectivos.

Precisó que a 2004 habían desertado mil 382 militares de tropas especializadas y de 2005 a septiembre pasado 177. Se trata, según han reconocido expertos en temas castrenses, de efectivos con “alto grado de peligrosidad”, porque recibieron formación especializada en prácticamente todos los terrenos y manejo de todo tipo de armas y equipos sofisticados de radiocomunicación.

En el reporte, la dependencia federal destacó que en la lucha contra el narcotráfico sólo de 2007 al séptimo mes de este año han caído en ese tipo de acciones 59 militares. La cifra representa prácticamente la mitad de los 123 decesos que se reportaron por las mismas causas en todo el gobierno anterior.

En el documento la secretaría establece que de estos 59 militares fallecidos en la lucha contra el narcotráfico –decretada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006– cuatro son de alto rango (dos coroneles, un teniente coronel y un mayor de infantería), 14 oficiales y 41 elementos de tropa.

En el mismo periodo, en operaciones antidelictivas, la Sedena ha detenido a 6 mil 938 presuntos narcotraficantes, a los que puso a disposición del Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de delitos contra la salud en sus diversas modalidades. De ese dato, sólo en los primeros siete meses de este año había logrado capturar a 3 mil 359 presuntos delincuentes de nacionalidad mexicana, contra los 3 mil 579 que alcanzó en todo 2007.

Adicionalmente, detalló que el año anterior detuvo en territorio nacional a 79 extranjeros por estar presuntamente vinculados con el narcotráfico y de enero a julio de este 2008 el número era de 84.

(La Jornada, 9 de noviembre de 2008)

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Reconoce Sedena vínculo de militares con los Beltrán Leyva

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que mantiene bajo proceso militar a un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa por su participación con la organización delictiva

Jorge Alejandro Medellín
El Universal
Ciudad de México Viernes 31 de octubre de 2008
18:21

El Ejército Mexicano mantiene bajo proceso militar a cuatro elementos (un jefe, tres oficiales y uno de tropa) vinculados a delitos contra la salud, reconoció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La revelación se produce un día después de que el subsecretario de la Defensa Nacional, el general Francisco Armando Meza Castro, aseguró en la Cámara de Diputados que el Ejército estaba "blindado" contra este tipo de situaciones.

Meza Castro, quien encabezó el desfile militar del pasado 20 de noviembre, aseguró que "en las Fuerzas Armadas 'estamos blindados' contra la infiltración del crimen organizado".

Dijo incluso que a la fecha, no se ha dado un caso de complicidad de algún militar con criminales, "como antes".

Los militares estarían relacionados con el cártel que encabezan los hermanos Beltrán Leyva.

La Sedena recuerda en un comunicado sobre la sitaución de los cuatro militares detenidos, que "de la información obtenida con la captura del narcotraficante Beltrán Leyva el 21 de enero del presente año, se obtuvieron indicios sobre la participación de un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa, con esta organización".

Por ello, "a partir del 29 de enero del mismo año, fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada dependiente (SIEDO) de la Procuraduría General de la República.

Dicha instancia de la PGR "integró una averiguación previa en contra de este personal; actualmente se encuentran bajo proceso ante el Juez Séptimo de Distrito en materia penal en el estado de Jalisco".
La Defensa Nacional no dio más datos sobre la identidad o el tipo de involucramiento de los militares con el narcotráfico.

En su comunicado, la dependencia agregó que "esta Secretaría no tiene información que involucre a personal militar en actividades ilícitas posterior a la localizada en el mes de enero en el marco de la detención de Alfredo Beltrán Leyva".

Sin embargo, añade la Sedena, "se reitera la disposición de no solapar conductas indebidas por parte del personal militar y en caso de contar con nueva información que involucre a efectivos militares, se aplicará la Ley conforme a derecho de acuerdo a la política de esta Dependencia del Ejecutivo Federal de cero tolerancia a la corrupción".

Al mismo tiempo, el Ejército hace una invitación a la ciudadanía a seguir denunciando actividades ilícitas "en forma anónima a la autoridad militar más cercana a su comunidad, de actos delictivos que tengan conocimiento".

mma

(El Universal, 31 de octubre de 2008)

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Sedena está ‘blindada’ contra espías, afirman

Subsecretario niega que general en retiro esté sujeto a indagación

Juan Arvizu
El Universal
Jueves 30 de octubre de 2008
juan.arvizu@eluniversal.com.mx

El subsecretario de la Defensa Nacional, Francisco Armando Meza Castro, dijo que en las Fuerzas Armadas “estamos blindados” contra la infiltración del crimen organizado.

Negó que el general en retiro Roberto Aguilera Olivera, ex jefe del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN), esté involucrado con narcos. “No está sujeto a procedimiento alguno”, afirmó.

Este diario informó el miércoles que Aguilera interrumpió su trayectoria militar al solicitar su baja, vigente desde el 16 de julio, luego de no obtener notas satisfactorias en una evaluación de la que fue objeto, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Meza Castro, entrevistado en la Cámara de Diputados, dijo que a la fecha, no se ha dado un caso de complicidad de algún militar con criminales, “como antes”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, Jorge Justiniano González Betancourt, afirmó que los últimos generales procesados por supuestos nexos con el narco, fueron Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quiroz Hermosillo, en el sexenio de Ernesto Zedillo. “No es fácil burlar los mecanismos de control y disciplina militar”, señaló.

Meza Castro indicó que, en efecto, Roberto Aguilera “pidió su baja, pero no está sujeto a procedimiento alguno”, y sobre la nota periodística, “no hay información al respecto”, subrayó.

Desde luego, agregó, “hay peligro” de que grupos criminales penetren las Fuerzas Armadas, “pero no hay prueba de que alguien esté infiltrado”. Y remarcó que “todo mundo está expuesto”.

A su vez, González Betancourt expresó que los métodos de control militar, que también incluyen a generales, permiten a la estructura de supervisión registrar el modo de vida de comandantes.

(El Universal, 30 de octubre de 2008)

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Desaparecidos en Colombia y México

Miguel Ángel Granados Chapa
30 Oct. 08

Evidenciada por contrastantes resultados, la prioridad con que se atiende la desaparición forzada de personas en Colombia y México resulta notoria; en aquel país investigan un caso en tres semanas, aquí un año y cinco meses son insuficientes.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, anunciaron ayer miércoles la destitución de tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, tres mayores y seis suboficiales, a los que se seguirán procesos penales y disciplinarios en relación con "los desaparecidos de Soacha".

Entre enero y marzo pasados, entre 11 y 20 jóvenes desaparecieron de Soacha, un municipio conurbado a Bogotá. Los familiares denunciaron la desaparición y a mediados de junio los más de ellos recibieron notificación de que los cuerpos de sus parientes habían sido hallados en una fosa común en la provincia de Santander. El Ejército los había reportado como "muertos en combate", pero sus deudos no se resignaron con esa noticia y presionaron hasta hallar una explicación más convincente, pues estaban seguros de que los suyos no se habían adherido a ninguna banda de paramilitares o guerrilleros y sospechaban, por lo tanto, que los jóvenes habían sido asesinados a sangre fría. El Ministerio de Defensa, quizá acuciado por la inminente llegada, en octubre mismo, de Navanethem Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, y necesitado de obtener una adecuada calificación en esa materia, acordó el 3 de este mes formar una comisión investigadora que en tres semanas halló responsabilidades en los generales, jefes y oficiales ahora destituidos.

Aunque la espesa prosa evita definir con claridad los hechos, un comunicado expedido ayer en la Casa de Nariño, residencia presidencial colombiana, acepta que la comisión "encontró serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles en cuanto a la observancia y verificación de los procedimientos que rigen el ciclo de inteligencia y el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones y misiones militares, así como una inexcusable falta de diligencia del mando en la investigación rigurosa de presuntos casos irregulares en su jurisdicción". El comunicado agrega que "esta negligencia pudo haber facilitado la colusión de algunos miembros del Ejército Nacional con delincuentes externos que gozaban de impunidad...".

La desaparición de personas es un ingrediente o consecuencia del estado de violencia interna, verdadera guerra civil en algunas regiones, que padece Colombia desde hace décadas. Según Amnistía Internacional, que presentó su informe sobre los derechos humanos en Colombia el mismo día, ayer, en que se anunció la destitución del personal castrense, entre 15 y 30 mil personas desaparecieron desde el comienzo del conflicto, hace unos 40 años. Sólo el año pasado los desaparecidos sumaron 190, sin que pueda determinarse qué porción de esa cifra corresponde a acciones guerrilleras o de grupos paramilitares, y cuántas constituyen casos de desaparición forzada, un delito de lesa humanidad perpetrado por agentes del Estado o con su aquiescencia.

Es probable que en México el problema de las desapariciones alcance una dimensión mayor que en Colombia. Se calcula que durante los casi dos años de la actual administración federal la cifra llega a 600 personas, sin que sea posible distinguir en ese número cuántas resultan de "levantones" practicados por bandas criminales contra enemigos que poco después de ser privados de la libertad aparecen asesinados, y cuántas corresponden a la definición legal de desaparición forzada, es decir cometida por agentes del Estado, por instrucciones superiores.

Entre esa suma adquirió notoriedad el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, denunciado por el Ejército Popular Revolucionario a cuyas filas pertenecían en el momento de su desaparición, fines de mayo de 2007. En reclamo por la presentación de sus compañeros, en julio y septiembre siguientes, ese grupo insurgente armado atentó contra ductos de Pemex, sin causar daño a persona alguna pero generando cuantiosas pérdidas económicas, tanto por la destrucción de las instalaciones atacadas cuanto por la interrupción del suministro de gas a extensas y activas regiones, que era el objetivo de los ataques.

Hace seis meses, el EPR propuso la creación de una Comisión de mediación que favoreciera un diálogo entre ese grupo guerrillero y el gobierno federal con vistas a la presentación con vida de sus compañeros. A esa distancia de su integración, en que se ha reunido en varias ocasiones con un grupo de trabajo de la Secretaría de Gobernación, la Comisión declaró el martes que debido a las omisiones del gobierno, no le ha sido posible acercarse siquiera "al objetivo esencial que la convoca", que es la presentación de Reyes Amaya y Cruz Sánchez. Entre omisa y renuente la administración federal sólo ha dado un paso, que resultó fallido, para establecer la suerte y el paradero de los desaparecidos: arraigó durante 90 días a dos agentes de la policía ministerial del estado de Oaxaca, al cabo de los cuales tuvo que liberarlos por la imposibilidad de fincarles cargos firmes por la desaparición. Habían sido detenidos bajo la presunción de que ellos capturaron a Reyes Amaya y Cruz Sánchez y los entregaron a instancias federales, policiacas o militares, a las que no se ha convocado en la averiguación previa respectiva, sobre desaparición forzada.

El viernes pasado Gobernación respondió a planteamientos de la Comisión hechos en junio y agosto, lo que permitirá a los comisionados hablar no sólo con Bucareli, sino con la Secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen...

Cajón de sastre

Dirigentes de algunas de las organizaciones internacionales de derechos humanos y promoción civil más activas e influyentes (Amnistía, Oxfam, Greenpeace, entre otras) han formulado una declaración pública para recordar a los gobiernos de los países industriales que su contribución al encaramiento de la crisis financiera internacional contrasta "con su reticencia y promesas incumplidas de ayuda y alivio a la pobreza, derechos humanos y cambio climático...". Los derechos humanos no son un lujo para los buenos tiempos. La inacción frente al cambio climático no es una opción viable. La pobreza mundial no ayuda a la estabilidad mundial. Los países ricos seguirán una estrategia miope y contraproducente si ignoran los retos más importantes de nuestro tiempo y se enfocan únicamente en intereses financieros estrechos. No se trata sólo de dinero. Es una cuestión de atención permanente, colaboración internacional y voluntad política clara para resolver los grandes problemas.

Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com

(El Siglo de Torreón, 30 de octubre de 2008)

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García Luna: la fiereza improvisada

Alvaro Delgado

Detrás del feroz rostro de la tropa disfrazada de "Policía Federal" que Genaro García Luna encabeza de facto, porque legalmente ese cuerpo no existe, están muchos de los vicios del Gobierno de Felipe Calderón, entre ellos la ineptitud y la improvisación, como quedó de manifiesto en el operativo para evitar la aprobación de la reforma energética en el Senado.

Ese jueves por la mañana, cuando era generalizada la impresión de que Andrés Manuel López Obrador tiraba a la basura el triunfo de su movimiento, porque el proyecto privatizador de Calderón quedó hecho añicos, en la Secretaría de Gobernación se reunieron su titular, Juan Camilo Mouriño, el subsecretario Daniel Cabeza de Vaca y el propio García Luna, Secretario de Seguridad Pública.
Desde ahí se disponían a seguir el debate, por el Canal del Congreso, que se celebraría en la sede del Senado, en el edificio de Xicoténcatl, que para entonces era resguardado por centenares de soldados disfrazados de policías, colocados detrás de granaderos capitalinos, que hacían las veces de contención de los manifestantes.
La víspera, López Obrador convocó a sus seguidores a concentrarse en el Hemiciclo a Juárez, para de ahí marchar al Senado, supuestamente para evitar la aprobación de la reforma que deja abierta una "rendija" para la cesión territorial a empresas privadas, y así lo hicieron.
Cualquiera que hubiera visto la movilización en las inmediaciones del Senado no habría dudado que no sería posible ingresar al recinto sin un choque entre gendarmería y manifestantes, tal como lo apreciaron los senadores del Partido Acción Nacional que iban a bordo de un autobús.
Con los senadores iba el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Cuauhtémoc Cardona, a quien le reclamaron la falta de seguridad a su integridad. Se alarmaron porque, para hacer retroceder el autobús, el chofer debió abrir la puerta para que su auxiliar bajara a "echarle aguas" para la maniobra.
Sólo hasta entonces, y cuando ya era un hecho que la sesión se celebraría en el recinto alterno de la Torre del Caballito, Cardona se comunicó con García Luna, quien todavía estaba en la Secretaría de Gobernación, para manifestarle la molestia de los senadores y la exigencia de que dispusiera un operativo de seguridad más eficaz.
Fue así que García Luna se apareció en la Torre del Caballito, acompañado del coordinador de asesores de Mouriño, el ex priista Ulises Ramírez, Senador con licencia.
La presencia del jefe policiaco produjo un caos: Sin conocimiento del personal de seguridad ni con la logística habitual del edificio, y en específico del quinto piso donde se celebraría la sesión senatorial, el aparatoso operativo que involucró a mil 500 elementos barrió con todo, al grado que el empuje de los gorilas estuvo a punto de enviar al vacío a un grupo de periodistas, de haberse vencido los vidrios a sus espaldas.
Fue tan obvia la improvisación de García Luna en el recinto alterno del Senado, a punto de la tragedia, que el operativo de resguardo de la Cámara de Diputados por la "Policía Federal" comenzó desde el propio viernes, con la presencia del mismo funcionario, aunque ahora bajo la supervisión del Ejército.

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

(Periódico Noroeste/Proceso, octubre de 2008)

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El Silencio de la SEDENA

Jorge Carrasco Araizaga

A Carmen Aristegui, por el premio María Moors Cabot

MÉXICO, D.F., 24 de octubre (apro).- El Ejército mexicano atraviesa uno de sus peores momentos desde que Felipe Calderón lo sacó a las calles, en diciembre de 2006, para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

Entre el 8 y el 22 de octubre de este año, una decena de efectivos de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, fueron asesinados por comandos de la delincuencia organizada, el mayor número de bajas militares en un solo estado y en tan poco tiempo, en el marco de las operaciones ordenadas por Calderón.
De por sí agraviantes para las Fuerzas Armadas, estas muertes son una verdadera afrenta pública al Ejército por la manera en que se cometieron: todos fueron degollados y apuñalados.

Tres de ellos fueron sorprendidos en un centro nocturno de Monterrey, donde al parecer realizaban labores de recolección de información.
Un comando de jóvenes llegó al lugar y los sometió. Luego de golpearlos, los sicarios empezaron a torturarlos con armas blancas. Heridos, los arrastraron al centro de la pista de baile, donde los dejaron ante la sorpresa de los empleados y clientes que se vieron obligados a permanecer en el lugar.

Poco a poco aparecieron más efectivos del Ejército degollados al estilo de la técnica utilizada por desertores de la fuerza especial del Ejército de Guatemala conocida como kaibiles.

De confirmarse la autoría, el agravio para las Fuerzas Armadas mexicanas sería aún mayor, pues exmilitares extranjeros habrían actuado en contra de efectivos del Ejército.
En menos de dos años, decenas de elementos castrenses, incluidos algunos jefes, han sido torturados y asesinados por el narcotráfico, ya sea en emboscadas, secuestros o enfrentamientos.

En todos los casos ha quedado demostrado que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina carecen de preparación para la guerra a la que los embarcó Calderón.
En más de una ocasión, los narcotraficantes han mostrado mayor poder de fuego. Además, no constituyen una fuerza regular, a la que en teoría los soldados mexicanos están preparados para enfrentar.

Los sicarios del narcotráfico tampoco actúan como grupos subversivos. Son aún más peligrosos. Muchos mandos castrenses han sido entrenados para enfrentar a la guerrilla. En el mejor de los casos, el Ejército cuenta con fuerzas especiales para combatir a los brazos armados de los cárteles de la droga.
Pero está demostrado que esas fuerzas del Ejército mexicano son insuficientes para enfrentar simultáneamente en diferentes partes del país a los lugartenientes y comandos del narcotráfico.

Apenas este viernes 24, el gobierno de Nuevo León y la comandancia de la Séptima Zona Militar rindieron un homenaje a las víctimas en las instalaciones del Ejército en Nuevo León.

Pero en la ciudad de México, la secretaría de la Defensa Nacional guardó silencio. Ni siquiera emitió un boletín para informar del reconocimiento a sus elementos.
El silencio no sólo tiene que ver con una estrategia de comunicación. Se puede entender que forma parte de la institucionalidad del Ejército y que las bajas están consideradas en el cumplimiento de sus obligaciones.

Pero no son aisladas las voces de elementos militares, retirados y en activo, inconformes con las situaciones de ignominia en que se ha colocado al Ejército.
En más de una ocasión, los militares no ven quién se los hizo, sino quién se los paga. De ahí el incremento de violaciones a los derechos humanos de civiles a manos del Ejército.

Muy caro le está saliendo a las Fuerzas Armadas darle la legitimidad al Presidente, pues no hay que olvidar que en medio de la crisis política que representó su llegada a la Presidencia, el primer acto de gobierno de Calderón fue sacar a los militares de sus cuarteles para enfrentar al narco.

jcarrasco@proceso.com.mx

(Proceso, octubre de 2008)

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Editorial: Gobernar con la política

El pasado viernes, en una reunión sostenida con diputados federales, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, calificó –según lo relatado por el legislador Alfonso Suárez del Real, del Partido de la Revolución Democrática– como una “cuestión de altísimo riesgo para el Ejército” la solicitud de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el sentido de mantener abiertas las vías de comunicación en el conflicto magisterial de Morelos. En cambio, de acuerdo con el diputado perredista, el funcionario llamó a “distender la situación” que se vive en esa entidad, a efecto de “generar condiciones de un verdadero diálogo”, y agregó que el número de efectivos militares que intervienen en acciones de seguridad pública se reducirá, para 2009, de tres mil a 500.

Las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional dejan entrever un reconocimiento acerca de la necesidad de privilegiar la negociación política sobre el uso de la fuerza pública como vía de solución al conflicto que se vive actualmente en Morelos, consecuencia del rechazo del magisterio estatal a la llamada Alianza por la Calidad en la Educación (ACE). Tal postura, que resulta de obvia sensatez, contrasta sin embargo con la propensión de las autoridades civiles, tanto estatales como federales: apenas el pasado jueves, elementos del Ejército y las policías federal y estatal participaron en el violento desalojo ocurrido en Xoxocotla, donde padres de familia protestaban por la negativa de las autoridades para atender a las demandas de los docentes, y que tuvo como saldo un cúmulo de atropellos y vejaciones cometidos por elementos de las fuerzas públicas.

La aparente resistencia del mando castrense por seguirse involucrando en este conflicto, tendría que obligar al Gobierno federal a abrir sus perspectivas de solución y a reconocer la importancia del diálogo y el entendimiento entre las partes; tendría, también, que hacerlo reflexionar con respecto a su proclividad a involucrar a la fuerza armada, cada vez de forma más recurrente, en tareas y responsabilidades que le son ajenas.

No puede pasarse por alto que, en el momento actual, el Ejército experimenta un evidente desgaste institucional como consecuencia del empecinamiento del gobierno por involucrarlo en la cruzada nacional contra el narcotráfico y el crimen organizado, emprendida por la administración calderonista a principios del año pasado, y que no sólo no ha restablecido la legalidad y el estado de derecho en el país, ni ha disminuido, hasta donde puede verse, el margen de maniobra de las corporaciones criminales; ha propiciado, además, un cúmulo de atropellos contra civiles inocentes, que son, en última instancia –sin que haya aquí pretensión de exculpar a los militares involucrados en estos delitos– responsabilidad de los mandos civiles, que son los que dan las órdenes.

Si lo que se quiere es evitar que este desgaste se profundice, el Gobierno federal tiene que reconocer como improcedente y peligrosa su apuesta por atender, mediante el recurso de la fuerza militar, problemáticas tan disímiles como las manifestaciones de descontento social y la inseguridad pública: la solución al primero de estos fenómenos demanda disposición de las autoridades a atender las demandas de los grupos inconformes, sin incurrir en la represión y la persecusión; el segundo, por su parte, requiere para su combate de acciones de inteligencia e investigación policiaca que escapan a los procesos de formación castrense, en tanto que su prevención debe girar en torno a la erradicación de las causas sociales, económicas e institucionales que lo originan. Es necesario, en suma, que las autoridades entiendan que, en democracia, una nación debe ser gobernada con, autoridad, sí, pero sobre todo con base en la política, la sensibilidad social, la sensatez y la razón.

(La Jornada, 12 de octubre de 2008)

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Matanza silenciada

Miguel Ángel Granados Chapa
PLAZA PÚBLICA

Al mediodía del lunes 18 de agosto pasado, el tianguis que se sitúa al lado del templo parroquial en el San Pedro Limón, un poblado en el municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, Estado de México, fue interrumpido de manera brutal. Llegados a bordo de tres vehículos, una veintena de individuos con el rostro cubierto y con vestimenta de tipo militar disparó sus armas, AR-15 y AK-47 contra la pequeña multitud que trajinaba en el lugar. Murieron por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más resultaron heridas. No pareció que buscaran a alguien en particular, contra el que dirigieran su ataque. Su blanco era gente común y corriente, desconocida de los agresores. Se cree que no todos se marcharon al concluir su estúpida y sangrienta acción, sino que algunos de ellos se quedaron en la zona para tener control sobre lo que allí ocurriría.

Con ser excesivo, no fue eso lo peor. Rato después de la inesperada embestida, que dejó pasmados a los sobrevivientes, quienes no acertaban a decidir qué hacer, llegaron al lugar otros vehículos, esta vez ocupados por miembros del Ejército. Éstos retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena. Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido. Quizá disuadieron también al personal de la agencia del Ministerio Público, incluidos agentes ministeriales, que supieron de los hechos, pero no cumplieron sus funciones, pues no se inició averiguación previa alguna.

He tenido acceso a esta información por fuentes cuya identidad no revelo, pero que merecen mi confianza. Por ese motivo doy por ciertos los hechos cuya gravedad resulta evidente de su sola exposición. Se trata del primer ataque a la población civil, como el que un mes más tarde acontecería en Morelia, la noche del Grito. Si cabe compararlas, la matanza de San Pedro Limón es aún más estremecedora no sólo porque es mucho mayor el número de víctimas (tres veces más que las habidas en la capital michoacana) sino por las acciones y omisiones de las autoridades, encaminadas a ocultar lo sucedido en vez de investigar los hechos y perseguir a los responsables.

En otros espacios periodísticos (las columnas de Ciro Gómez Leyva en Milenio y Jorge Fernández Menéndez en Excélsior) aparecieron ayer informaciones sobre otra grave expresión de violencia. Se trata de la desaparición de siete comerciantes en joyería de oro. Procedentes de Pajacuarán, Michoacán, iban camino a Oaxaca y se detuvieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero. En un burdel de esta última ciudad se les vio por última vez. Puesto que llevaban consigo unos cuatrocientos mil pesos, se presume que fueron asaltados, pero el vehículo en que viajaban apareció quemado en un paraje remoto y sin indicio alguno sobre su paradero. La desaparición ocurrió el 29 de agosto y desde entonces nada se sabe de ellos, a pesar de que sus familiares han recorrido oficinas de tres estados en busca de información sobre los suyos.

Todo lo más que llegaron a saber los parientes de los desaparecidos es que probablemente fueron víctimas de Los Pelones, “la temible banda local parte narco, parte guerrilla, parte secuestradores, parte alborotadores”, según la define Gómez Leyva. Esa misma banda –u otra homónima, o extensión de la primera— actúa en otro extremo de Guerrero, en los límites con el Estado de México. En la madrugada del seis de septiembre Los Pelones se enfrentaron con Los Zetas en Arcelia. Los Pelones de este caso merodean en Tlatlaya, por lo que quizá la matanza del 18 de agosto se debe a esta pandilla. La actuación de los militares, en obvio beneficio de la banda homicida, revelaría un contubernio entre delincuentes y mandos militares, encargados de proveerles impunidad.

Tengan o no vinculación estos sucesos, son una nueva evidencia de que la delincuencia organizada está derrotando al Estado mexicano en su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la zona de Sultepec es verdad sabida que los agentes ministeriales se cuidan de realizar tareas de investigación o captura de presuntos delincuentes sin antes recabar una suerte de autorización de Los Zetas, sin la cual no es posible que hagan sus labores. Ese es un escalón superior en el trato de la banda criminal con los policías, con quienes mantienen una fluida relación después de haber roto una práctica común no sólo en esa comarca sino en muchos lugares del país. Los Zetas sentaron las bases de su trato con los jefes policiacos rehusando pagar “ayudas” a los agentes ministeriales, cuotas de protección cuya cobertura permite el narcomenudeo y la comisión de otros delitos menores. Alterada así la relación de poder, ahora son los agentes policiacos los que dependen del poder criminal.

El silencio que hasta este momento, en que lo rompemos, ha rodeado a la gran matanza de San Pedro Limón ha sido posible por la profundidad de la intimidación lograda por el atentado mismo y por la presencia militar complicitaria. Se comprende que los pobladores se sientan inermes, presos en la tijera de esos dos factores, y accedan a no hablar de lo ocurrido, temerosos de que la crueldad que mató sin causa a 23 personas agregue a su cuenta nuevas víctimas. La Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa, el Gobierno mexiquense poseen, en cambio, capacidades al menos formales para indagar lo sucedido. Al menos es su deber intentarlo.

(El Siglo de Torreón, 9 de octubre de 2008)

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