El Silencio de la SEDENA

Jorge Carrasco Araizaga

A Carmen Aristegui, por el premio María Moors Cabot

MÉXICO, D.F., 24 de octubre (apro).- El Ejército mexicano atraviesa uno de sus peores momentos desde que Felipe Calderón lo sacó a las calles, en diciembre de 2006, para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

Entre el 8 y el 22 de octubre de este año, una decena de efectivos de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, fueron asesinados por comandos de la delincuencia organizada, el mayor número de bajas militares en un solo estado y en tan poco tiempo, en el marco de las operaciones ordenadas por Calderón.
De por sí agraviantes para las Fuerzas Armadas, estas muertes son una verdadera afrenta pública al Ejército por la manera en que se cometieron: todos fueron degollados y apuñalados.

Tres de ellos fueron sorprendidos en un centro nocturno de Monterrey, donde al parecer realizaban labores de recolección de información.
Un comando de jóvenes llegó al lugar y los sometió. Luego de golpearlos, los sicarios empezaron a torturarlos con armas blancas. Heridos, los arrastraron al centro de la pista de baile, donde los dejaron ante la sorpresa de los empleados y clientes que se vieron obligados a permanecer en el lugar.

Poco a poco aparecieron más efectivos del Ejército degollados al estilo de la técnica utilizada por desertores de la fuerza especial del Ejército de Guatemala conocida como kaibiles.

De confirmarse la autoría, el agravio para las Fuerzas Armadas mexicanas sería aún mayor, pues exmilitares extranjeros habrían actuado en contra de efectivos del Ejército.
En menos de dos años, decenas de elementos castrenses, incluidos algunos jefes, han sido torturados y asesinados por el narcotráfico, ya sea en emboscadas, secuestros o enfrentamientos.

En todos los casos ha quedado demostrado que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina carecen de preparación para la guerra a la que los embarcó Calderón.
En más de una ocasión, los narcotraficantes han mostrado mayor poder de fuego. Además, no constituyen una fuerza regular, a la que en teoría los soldados mexicanos están preparados para enfrentar.

Los sicarios del narcotráfico tampoco actúan como grupos subversivos. Son aún más peligrosos. Muchos mandos castrenses han sido entrenados para enfrentar a la guerrilla. En el mejor de los casos, el Ejército cuenta con fuerzas especiales para combatir a los brazos armados de los cárteles de la droga.
Pero está demostrado que esas fuerzas del Ejército mexicano son insuficientes para enfrentar simultáneamente en diferentes partes del país a los lugartenientes y comandos del narcotráfico.

Apenas este viernes 24, el gobierno de Nuevo León y la comandancia de la Séptima Zona Militar rindieron un homenaje a las víctimas en las instalaciones del Ejército en Nuevo León.

Pero en la ciudad de México, la secretaría de la Defensa Nacional guardó silencio. Ni siquiera emitió un boletín para informar del reconocimiento a sus elementos.
El silencio no sólo tiene que ver con una estrategia de comunicación. Se puede entender que forma parte de la institucionalidad del Ejército y que las bajas están consideradas en el cumplimiento de sus obligaciones.

Pero no son aisladas las voces de elementos militares, retirados y en activo, inconformes con las situaciones de ignominia en que se ha colocado al Ejército.
En más de una ocasión, los militares no ven quién se los hizo, sino quién se los paga. De ahí el incremento de violaciones a los derechos humanos de civiles a manos del Ejército.

Muy caro le está saliendo a las Fuerzas Armadas darle la legitimidad al Presidente, pues no hay que olvidar que en medio de la crisis política que representó su llegada a la Presidencia, el primer acto de gobierno de Calderón fue sacar a los militares de sus cuarteles para enfrentar al narco.

jcarrasco@proceso.com.mx

(Proceso, octubre de 2008)