Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
En la madrugada del 26 de febrero de 2007 —ayer se cumplió un año— falleció la señora Ernestina Ascensio Rosario. Consta en un acta del Ministerio Público que la anciana fue atacada la víspera, según relato de sus hijos, y consta asimismo que su muerte, según el certificado de defunción, fue provocada por un traumatismo craneoencefálico y una anemia aguda, producto de una hemorragia (resultado a su vez de un ataque sexual).
Se inició con esos documentos una averiguación previa en la Procuraduría de Justicia de Veracruz. Hizo lo mismo la Procuraduría de Justicia militar, ya que los indicios iniciales apuntaron a integrantes de una partida castrense acantonada cerca del domicilio de la víctima, como los probables responsables de los delitos que agraviaron y dieron muerte a doña Ernestina.
Un año después se ha consumado la impunidad que favoreció a los atacantes y a su institución.
Durante los primeros días posteriores al terrible acontecimiento, las dos procuradurías responsables de la investigación trabajaron sobre el entendido de una agresión sexual que causó la muerte de la señora, según constancia documental de sus trabajos.
Pero ya el 12 de marzo el caso dio un viraje, pues el propio presidente de la República, que se dijo entonces muy interesado en el asunto (sin que después se haya mostrado tan atento a una situación semejante, que han menudeado desde entonces) emitió un dictamen que adquirió, por así, decirlo, carácter de verdad oficial, y en torno del cual se organizó a partir de entonces la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 10 días antes del diagnóstico presidencial había anunciado su intervención en el caso tenido como un homicidio. Calderón negó explícitamente que se tratara de un asesinato y emitió su célebre sentencia: la señora murió de gastritis crónica mal atendida.
Dos meses después de iniciada la averiguación del Ministerio Público local, y en abierta contradicción con los indicios que se hicieron conocer paulatinamente, la Procuraduría veracruzana dio un vuelco en su posición y se avino a la hipótesis presidencial, desarrollada por la CNDH.
El gobierno de Fidel Herrera no sólo cerró la pesquisa, luego de un encuentro del cachazudo gobernante con el presidente de la Comisión Nacional, sino que se aseguró de que la familia de la víctima no impugnara la decisión de la fiscalía. Las hijas y los hijos de la señora Ernestina fueron invitados a una breve vacación en la ciudad de México (que incluyó una visita a la basílica de Guadalupe, quién sabe con qué motivo que no podría ser el que la muerte de su madre se hubiera aclarado) y al volver a Soledad Atzompa se encerraron en un mutismo que no ha sido roto desde entonces.
Sus vecinos sólo perciben de ellos, a un año de distancia, señales exteriores de una notoria mudanza en sus condiciones de vida: la precariedad de sus chozas se reforzó con muros de mampostería levantados por el gobierno estatal, y les espera una casa de dos plantas también construida por la administración de Herrera.
De la averiguación militar no se tuvo noticia pública, salvo el reconocimiento del general secretario de la Defensa de que aún estaba en curso, como tampoco se ha sabido del avance de la autoridad castrense en el cumplimiento de la recomendación 34 emitida por la CNDH el 3 de septiembre pasado.
Ese extenso documento fue dirigido al gobierno veracruzano, a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Congreso local de Veracruz, en este último caso para que los diputados averiguaran las omisiones e irregularidades en que habría incurrido el alcalde de Soledad Atzompa, que se negó a dar información a la CNDH.
La recomendación de la oficina del ombudsman, originada en una denuncia penal por homicidio y otros delitos, se convirtió en un catálogo de indicaciones a las autoridades sobre presuntas faltas de carácter meramente administrativo, salvo en el caso de dos médicos, la ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas y el forense Pablo Mendizábal, sobre los que pesa una averiguación ministerial, pues la CNDH pasó de ser defensora de derechos humanos a virtual atacante de los que corresponden a esos dos servidores públicos.
Su delito fue haber emitido la documentación inicial sobre las lesiones (donde consta que hubo desgarramiento de la región rectal y se expresa la causa mecánica, no médica de la muerte de Ernestina). Tan empeñada se mostró la CNDH en desvirtuar los hechos referidos por esos dos profesionales, que señala entre las razones por las que se debe investigar penalmente a Mendizábal el haber realizado la necropsia en el local de una funeraria y no en el anfiteatro correspondiente. Sólo que tal anfiteatro no existe y las autopsias se realizan en esa región veracruzana, la sierra de Zongolica, donde se puede.
Es presumible que la porción de la sociedad que se indignó ante el crimen de que fue víctima doña Ernestina y acrecentó su indignación ante el abordamiento del caso propiciado por la CNDH en complicidad con el gobierno veracruzano y al servicio de la posición presidencial y del Ejército aguarde el informe de seguimiento de la recomendación 34 que la Comisión Nacional emitió hace seis meses. Especialmente importante será conocer el modo en que la Sedena cumplió las partes de la recomendación que le corresponden, para aliviar el silencio castrense sobre el grave caso. Antes de que callara, la autoridad militar emitió comunicados que admiten la agresión negada después.— México, D.F.
miguelangel@granadoschapa.com
(Diario de Yucatán, 27 de febrero de 2008)
miércoles, 27 de febrero de 2008
Un año de impunidad y silencio
miércoles, 20 de febrero de 2008
Indígenas guerrerenses narran abusos cometidos por soldados
Hostigamiento, amenazas y violaciones sexuales, entre ellos
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Chilpancingo, Gro., 19 de febrero. Durante la celebración del Día del Ejército, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que “el hostigamiento, así como los abusos, maltratos, matanzas, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales de mujeres indígenas” son algunas de las consecuencias que ha traído consigo la militarización en Guerrero; por ello, dijo, se hace necesario evaluar el papel que han tenido los militares y las nuevas atribuciones que se les han dado para combatir al narcotráfico.
Vía telefónica resaltó que la institución armada ha cometido “las más graves violaciones a derechos humanos contra pueblos y comunidades indígenas en el estado. Desde los años 70, el Ejército ha tenido una fuerte y constante presencia en la Montaña, Costa Chica y Costa Grande, con campamentos que instalan a las orillas o entradas principales de las comunidades, y con retenes de revisión que colocan sobre los caminos y carreteras”.
Recordó que en 1997 los militares masacraron a indígenas mixtecos que se encontraban en una escuela primaria de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, y en 2002 un grupo de soldados violó tumultuariamente a dos indígenas en este mismo lugar.
Dijo que en la actualidad el Ejército Mexicano ha tenido acciones hostiles contra indígenas, como es el caso de Obtilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, quien ha sido amenazada por personas vinculadas con la milicia.
“Otros pueblos indígenas que sufren represión son el nahua de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, en la Montaña, donde se instaló un campamento militar; en Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, uno de los más pobres de México, el mes de agosto pasado un grupo militar irrumpió y encañonó a los pobladores, cuando pretendían detener a un menor de edad.”.
(La Jornada, 20 de febrero de 2008)
martes, 19 de febrero de 2008
El Ejército, fundamental para que impere la ley: Calderón
Anuncia el Presidente un incremento de 500 pesos mensuales al sueldo de los militares
El Ejército, fundamental para que impere la ley: Calderón
# Narco y crimen organizado son un peligro real: Sedena 10:50
Sergio Javier Jiménez
El Universal
Ciudad de México
Martes 19 de febrero de 2008
11:22 La participación del Ejército es y seguirá siendo fundamental para que en México impere la ley sobre cualquier otro interés, sostuvo el presidente Felipe Calderón al encabezar la celebración del Día del Ejército.
Durante un desayuno, organizado en el Campo Militar número 1, el titular del Ejecutivo anunció también otro incremento para quienes forman parte de la institución castrense, equivalente a 500 pesos mensuales extra bajo el concepto de “compensación técnica al servicio para el personal de tropa”.
Calderón también informó que su gobierno busca una modificación a la ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas, a fin de que el personal en retiro o con más de 30 años de servicio tenga una compensación decorosa.
El mandatario, quien se dijo contento y satisfecho por la tarea del Ejército, declaró:
“Ustedes han acompañado a la sociedad en la lucha contra los nuevos enemigos del país; las organizaciones criminales que amenazan la integridad y la seguridad de las familias, la libertad de las personas y los que pretenden secuestrar nuestros espacios públicos y las voces de quienes informan, mediante la violencia”.
Calderón indicó que la labor del Ejército en el combate a la inseguridad es subsidiaria, pero ésta ha sido fundamental para restaurar el orden en muchas regiones asediadas por el crimen y así el Ejército cumple su deber constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país.
mvc/grg
(El Universal, 19 de febrero de 2008)
La guerra perdida de Felipe Calderón
Una estrategia correcta de lucha antidroga debería resultar en la reducción de la violencia, pero en México sucede todo lo contrario
Por Erich Moncada
Especial para The Narco News Bulletin
19 de febrero de 2008
México enfrenta este año un escenario adverso en materia económica y social. El gobierno conservador de Felipe Calderón – vestido de uniforme verde olivo – prefiere hablar sólo sobre narcotráfico, en lugar de atender las demandas de sindicatos y campesinos que amenazan con llevarnos a un nuevo conflicto armado a dos años de celebrarse el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución. Aunque la guerra entre cárteles no sea el problema más apremiante del país -como sí lo son el desempleo y la pobreza extrema- los encargados de conducir la nación proclaman victoria anticipada sobre una guerra ilegal basada en mentiras. Cualquier similitud con Irak es pura coincidencia.
Veamos unas notas recientes de la prensa mexicana al respecto (las frases en negrilla son enfatizadas por el autor):
El Estado ya arrebató a los narcos el control de varias plazas: Gobernación
Integrantes del gabinete de seguridad presentan informe sobre las metas alcanzadas
Alonso Urrutia
Al hacer un balance de la estrategia de combate al crimen organizado, el titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, manifestó que “en esa lucha no existe para nosotros la derrota, pues ningún grupo criminal es capaz de resistir la fuerza del Estado”. Añadió que se ha logrado dañar la estructura de bandas de narcotraficantes, a grado tal que plazas donde su presencia era muy significativa “han dejado de serlo, y hoy ya no están bajo su control”
En un mensaje conjunto de los integrantes del llamado gabinete de seguridad, se hizo un balance de los objetivos alcanzados en 2007 y durante el primer mes de este año. Mouriño destacó que los resultados de esa política “están a la vista, siendo la violencia, las guerras entre las mafias y las ejecuciones síntomas claros de que el crimen organizado se ha debilitado”.
(…)En su oportunidad, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, destacó que este año se han efectuado tres operativos de alto impacto en Michoacán, Guerrero y la confluencia de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, lo cual ha permitido, junto con otras acciones, destruir 4 mil 533 plantíos de marihuana en 682 hectáreas y 2 mil 918 de amapola en 441 hectáreas.
¿En base a qué información o datos puede afirmar el gobierno que las plazas ya no están bajo el control de los narcos? ¿De qué plazas se trata? ¿Dónde están localizadas? Y si ya no están ocupadas… ¿a dónde se fueron los invasores? Deberíamos contar con un punto de comparación. Pero esos datos no están disponibles porque los oculta el Estado y los medios de comunicación comerciales.
Las palabras del secretario de gobernación no tienen sentido. Una estrategia correcta de lucha antidroga debería resultar en la reducción de la violencia. Pero sucede todo lo contrario. La estrategia del gobierno es como la de un niño confianzudo que agita un panal de abejas. Las organizaciones criminales se disputan los territorios ignorando las declaraciones triunfalistas de los funcionarios públicos. El alarmante número de ejecuciones (2,500 el año pasado) es el más claro indicador del fracaso de esta guerra.
En cambio, el ciudadano español (Mouriño cuenta con nacionalidad española por su lado paterno) que se encarga de la política interna dice que el éxito se mide por la sangre derramada, por los cuerpos acumulados en las morgues y por las cabezas cercenadas. Un verdadero triunfo se reflejaría en el incremento del precio de las sustancias ilegales, una escasez en su disponibilidad y en una reducción el número de los consumidores mediante políticas efectivas de prevención de adicciones. Sin embargo, el último estudio oficial sobre consumo de drogas fue en el año 2002.
Otro problema surge con las cifras sobre la destrucción de cultivos ilícitos. ¿Cuál es la producción anual de drogas? ¿Cuántas hectáreas deben ser erradicadas para menguar la producción de estas? Podrán lanzarse al aire cifras asombrosas, pero si las erradicaciones son menores a las cosechas, entonces los esfuerzos son inútiles. Si las autoridades no se preocupan por proporcionar toda la información al público, ¿por qué deberíamos creerles? Vean ustedes esta nota publicada en el diario Milenio:
PGR: no hay riesgo de perder la guerra contra el narcotráfico
Respondió a las críticas de México Unido contra la Delincuencia.
Por Tomado de internet / Milenio Diario
Dia de publicación: 2008-02-01
(El Procurador General de la República) Dejó claro que las escenas de violencia que se han vivido durante el último año en diferentes estados del país, no es sino una manifestación del debilitamiento de la delincuencia organizada, ya que esta es la primera vez que se le combate de manera estratégica.
Asimismo, recordó que en Colombia el acoso a Pablo Escobar derivó en terrorismo, pero él acabó muerto y sus cárteles fueron destruidos.
¿”La primera vez”? ¿Ni siquiera fue combatido por el gobierno de Vicente Fox, perteneciente al mismo partido de Felipe Calderón? La sola admisión de este hecho debería obligar a los encargados de procurar la justicia a detener y encarcelar a los anteriores gobernantes, especialmente al expresidente Fox. El negarse a hacerlo los convierte automáticamente en cómplices. Sí, debemos combatir a los narcos. Pero también hay que perseguir con severidad a los gobernantes que los solapan.
Además, por las palabras del procurador debemos inferir que el narcotráfico fue erradicado para siempre de Colombia. ¿Verdad?
Según El Universal:
(En 2007 los cárteles mexicanos recibieron) ...380 toneladas de cocaína de Colombia, de las cuales sólo 37 les son decomisadas en promedio
Colombia es el peor referente para inspirarnos a librar y mantener esta guerra, sobre todo con el conflicto que aún mantiene el presidente Álvaro Uribe con las FARC.
De la misma nota:
Medina Mora puntualizó que la victoria del Estado mexicano contra el poder del narcotráfico se va a reflejar en la reducción de la violencia y del delito, con el fraccionamiento de dichas agrupaciones delictivas, “a niveles que sean combatibles desde el punto de vista policial y con la perspectiva local…”
(...) El procurador insistió en que el ascenso de la violencia, de la guerra entre mafias y de las ejecuciones no son síntomas de fuerzas de poder, sino todo lo contrario; es decir, a mayor acoso del gobierno, la violencia tenderá a ser mayor.
Más contradictorio no puede ser. ¿Cómo es posible que la acción del gobierno provoque la reducción de la violencia y que al mismo tiempo el acoso del gobierno genere un aumento de la violencia?
Todo esto, por más descabellado que parezca, tiene una lógica perversa y retorcida.
El 31 de Enero de 2008, el procurador, en declaraciones para la agencia Notimex dijo que:
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, afirmó que “estamos en la guerra para recuperar la paz y los territorios para construir un mejor futuro”.
¿En qué momento declaramos la guerra? ¿Quién la autorizó? ¿Quién es el enemigo? ¿Cuándo será ganada?
El gobierno nos pedirá paciencia. Que esta es una guerra sin cuartel de “los buenos” y que nadie desea estar del lado de “los malos”. Que el enemigo no tiene rostro, ni tiene un ejército convencional porque es elusivo y no cuenta con un territorio definido. Que medidas tales como la de los cateos sin orden judicial, que pretende aprobar el Congreso (mejor conocida como “Ley Gestapo”), son esenciales para perseguir a los evil doers, (Bush dixit: los que ejercen el mal) y no para criminalizar la protesta social.
Durante un discurso que tuvo lugar el año pasado, el presidente Felipe Calderón nos da un indicio de qué tan larga será esta “lucha frontal contra los narcos”:
“Es una batalla que va a tomar tiempo, es una batalla que va a tomar muchos recursos, costará mucho dinero. También, desde luego, y hay que advertirlo y decirlo con sinceridad, probablemente cueste, nos está costando, desde hace mucho tiempo, muchas vidas humanas.”
Qué cinismo e irresponsabilidad decir “ya ni modo, vengan los muertos”. Tanto dinero que podría invertirse en combatir la pobreza (y atacar de fondo a los narcos). Pero ayudar a los pobres impresiona menos al Tío Sam que tener a los soldados desplegados en la calle. Todo para que Juanito no se fume un churro mortal de marihuana, para que Manuelito no entre en contacto con esa endemoniada línea de coca, para que Laurita no se meta una tacha en un rave y se ponga promiscua con cualquiera. A fin de cuentas Juanito podrá volverse alcohólico, Manuelito podrá fumarse varias cajetillas de cigarros y Laurita puede adoptar la bulimia… males socialmente tolerados.
A lo mejor soy yo el que exagera. Quizá sea necesario que los militares se involucren en esta guerra que jamás será ganada. Los soldados del heroico Ejército Mexicano son incorrompibles y honestos, incapaces de pisotear los derechos humanos de la ciudadanía. Jamás se atreverían a violar a una anciana indígena (Ernestina Ascencio), a un grupo de prostitutas (en Coahuila) o a asesinar a tiros a una familia en un retén militar (en Sinaloa).
Critica Human Rigth Watch uso de Ejército como policía en México
Por Tomado de Internet/ Excelsior
Dia de publicación: 2008-01-31
En su informe anual denuncia las consecuencias de que el Ejército realice las funciones de policía
La organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch denunció en su informe anual 2007, que en México el Ejército labore como policía para el combate al narcotráfico, pues considera que ello provoca abusos por parte de los soldados.
¿Human Rights qué? Ha de ser una de esas organizaciones fantasma a las que nadie pone atención. No como la ONU, que apoya irrestrictamente la política de Felipe Calderón.
Peligroso, combatir narco con el Ejército: ONU
Señala la comisionada Louise Arbour que los militares se capacitan en el uso excesivo de la fuerza, cuando las tareas policiales necesitan una moderación
Por Agencia AP /
Dia de publicación: 2008-02-05
La participación del ejército en tareas policiales no es apropiada en el largo plazo e incluso podría ser peligroso, advirtió el martes la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour.
También se sumó al reclamo Amnistía Internacional:
La propuesta de que los policías puedan ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando esté en juego la vida o la integridad de las personas o en caso de flagrancia, genera serias preocupaciones. El abuso de poder por parte de policías para efectuar cateos o detenciones ilegales ha sido documentado con frecuencia por Amnistía Internacional, advirtiéndose en no pocas ocasiones que la actuación policial ilegal ha sido disfrazada ante el Ministerio Público o ante el Juez mediante el uso de evidencias fabricadas para justificar la actuación de los agentes policiales. La nueva facultad no se muestra en la dirección de eliminar tales abusos, ni tampoco incluye disposiciones que coincidan con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.
La respuesta del ejército, en vez de recapacitar y aceptar las recomendaciones, es desacreditar a los críticos con suma arrogancia, tal y como lo muestra esta nota, publicada en el sitio web www.encuentro29.com
Pese a críticos, mantendrá el Ejército lucha contra la delincuencia: Aponte Polito
El general de la Segunda Región Militar que abarca Baja California, Sonora y Sinaloa identificó a tres grupos en la lucha contra el narcotráfico, uno activo, otro apático y uno más que ejerce crítica negativa.
El primer grupo, dijo el entrevistado, es activo y participan la sociedad civil, el gobierno federal y el Ejército, quienes brindan auxilio a la población.
Hay otro grupo, explicó, el que se puede denominar como estático.
“Este grupo está viendo lo que sucede, pero no hace absolutamente nada, permanece en sus casas, calles, cantinas, de manera estática, viendo como otros elementos están preocupándose por brindarles el apoyo a la sociedad”,
Pero hay un tercer grupo, comentó el entrevistado, el que denominó como críticos negativos.
“Estos no hacen absolutamente nada para apoyar a la sociedad, estos se dedican a criticar infundadamente provocando la desunión de los mexicanos, que es tan necesaria para mantener la seguridad”.
El militar pidió que los dejen trabajar en beneficio de la sociedad, “déjenos evitar que les sigan envenenando a sus hijos, que los sigan secuestrando o matando”.
Al ejército le desagrada la libre manifestación de las ideas. Le repugnan las denuncias de violaciones a los derechos humanos de la población, los comentarios sobre la inconstitucionalidad de los retenes, las propuestas sobre una legalización paulatina de las drogas y para que se implementen políticas de reducción de daños. ¿Todas estas acciones pueden ser consideradas como no hacer nada?
Los soldados están adiestrados para ir a la guerra, no para discutir en una sociedad democrática. Por eso cuando se les otorgan poderes sin restricciones, como ha hecho Calderón, aumenta el riesgo del abuso de su poder. Si el narcotráfico se infiltra en esta institución (como experiencias pasadas lo demuestran), ¿quién podrá detenerla?
El desprestigio del ejército es tan escandaloso que sufre una hemorragia sin control entre sus filas.
Según Genaro Villamil de la revista Proceso:
El propio Ejército contabiliza un total de 107 mil 128 elementos que desertaron de sus filas el sexenio pasado y tan sólo en 2007, 17 mil 758 elementos prefirieron dejar las tropas; 49 por día.
Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿a dónde se van estos miles de soldados?
Pues a trabajar para el narco, por supuesto, porque paga mejor.
La crítica situación de los derechos humanos en México se profundizará en los siguientes años con la ceguera y soberbia que caracteriza a la presente administración del presidente Calderón. La dirección de sus estrategias no variará en lo inmediato mientras el gobierno de Estados Unidos siga dándole palmadas en la espalda y apoyo económico del tipo la “iniciativa Mérida”.
Erich Moncada trabaja en la emisora comunitaria Radio Bemba , XHCD 95.5 FM en Hermosillo, México. También es autor del blog MonoXoro , en donde apareció una versión anterior de este artículo.
(The Narco News Bulletin, 19 de febrero de 2008)
miércoles, 13 de febrero de 2008
Desertor del Ejército, nuevo líder del cártel del Golfo: informes castrenses
Heriberto Lazcano desplazó a sucesores naturales de Osiel Cárdenas, revelan
Su habilidad para detener embates de su rival sinaloense y el uso de la fuerza lo han llevado a dirigir esa organización de narcos
Los Zetas ahora también secuestran
Gustavo Castillo García
Un desertor del Ejército Mexicano, Heriberto Lazcano Lazcano (El Lazca), quien en la actualidad dirige al grupo de sicarios Los Zetas, se ha convertido en el líder del cártel del Golfo, desplazando en una lucha intestina a los “sucesores naturales” de Osiel Cárdenas Guillén, revelan informes de inteligencia del gobierno federal obtenidos de fuentes castrenses.
Durante años recientes, además de su lucha interna, el cártel del Golfo vivió el embate del cártel de Sinaloa, que a través de grupos de sicarios dirigidos por Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, provocaron el incremento de la violencia en toda la franja fronteriza con Estados Unidos y en entidades como Guerrero y Michoacán.
Pero especialmente, de acuerdo con la información recabada por la milicia mexicana, desde enero de 2007, cuando fue extraditado Osiel Cárdenas, El Mata Amigos, los principales lugartenientes del cártel del Golfo comenzaron a disputarse, primero las zonas propias de recepción y distribución de enervantes, como Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Matamoros, en Tamaulipas; Acapulco, Guerrero; Cancún, Quintana Roo; Monterrey, Nuevo León; Veracruz y San Luis Potosí.
Luego vino la recomposición final, desde la península de Yucatán hasta Tamaulipas, en el lado del Golfo de México; posteriormente en Michoacán, Oaxaca, estado de México, San Luis Potosí y Aguascalientes.
Según los informes de inteligencia, Heriberto Lazcano Lazcano ha logrado, mediante el uso de la fuerza y la intimidación, controlar a los grupos de sicarios que eran fieles a otros líderes de la organización, como Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Gregorio Sauceda Gamboa, El Caramuela; Héctor Manuel Sauceda Gamboa, El Karis, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, y Miguel Treviño Morales.
Los reportes mencionan que Treviño Morales llegó a ser considerado el posible sucesor de Osiel Cárdenas, pero la mayor capacidad de fuego y movilidad por parte de los grupos de El Lazca lo han llevado ser reconocido como el líder, al contener los embates del cártel de Sinaloa, ganar más territorios a pesar de la captura de varios encargados de plazas, como es el caso de Tampico y Ciudad del Carmen, con las detenciones de Juan Carlos de la Cruz Reyna El JC, y Nabor Vargas García.
En los pasados meses, señalan los reportes, las detenciones de hombres importantes de Los Zetas han permitido detectar algunos movimientos de células de sicarios hacia entidades del centro del país, como Querétaro e Hidalgo.
En la actualidad, según la información obtenida, Miguel Treviño Morales se mantiene como responsable de Nuevo León; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, en Matamoros; El Goyo, Gregorio Sauceda Gamboa y su hermano Arturo, en Nuevo Laredo; Arturo Basurto Peña, El Grande, e Iván Velásquez Caballero, El Talibán, en las zonas de Quintana Roo y Guerrero. En Michoacán, Los Zetas se apoyan en la estructura de lo que fue el llamado cártel del Milenio de los hermanos Valencia, quienes rompieron con el cártel de Sinaloa, y eso ha desatado nuevamente el ajuste de cuentas entre narcotraficantes de la zona.
En Tamaulipas, principal bastión de Los Zetas, sus células de sicarios ya no sólo realizan actividades de narcotráfico, revelan los informes, sino también extorsionan y secuestran empresarios, a fin de que mantengan sus compañías en operación.
Ante los aseguramientos de droga que han mermado la capacidad financiera de la organización y luego de llegar a acuerdos con otras organizaciones para resguardar sus territorios, Los Zetas han extendido ese tipo de actividades a zonas como Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Nuevo León, según señalan los informes.
(La Jornada, 3 de febrero de 2008)
lunes, 11 de febrero de 2008
Ejército sigue contra narco, reitera Calderón
11-Febrero-2008
Ivonne Melgar
ZAPOPAN.- En la base aérea militar número cinco, el presidente Felipe Calderón advirtió ayer que ante la ilegalidad, el Estado mexicano cuenta con la lealtad institucional de las Fuerzas Armadas.
Defendió la presencia militar en la estrategia de seguridad y puso como ejemplo de su eficacia el reciente decomiso de armas y municiones realizado por el Ejército en Tamaulipas. Lo calificó como el más importante de los últimos 20 años.
“Las armas aseguradas se empleaban en contra de los mexicanos. Estamos decididos a seguir combatiendo y golpeando los intereses de las organizaciones criminales. En esta lucha no cejaremos en el cumplimiento de nuestro deber, porque el Estado mexicano es el único con la autoridad y el poder para hacer un uso legítimo de la fuerza.”
Luego de una semana de señalamientos de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Louise
Arbour, en torno de una eventual desmilitarización de los operativos antinarco, y a unas horas de su entrevista en Nueva York con el secretario general Ban Ki Moon, Calderón aprovechó la conmemoración del 93 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana para dejar en claro que la participación castrense se mantiene.
“Que se oiga fuerte y que se oiga lejos: seguiremos utilizando toda la fuerza del Estado para responder a los que buscan envenenar el cuerpo y el alma de nuestros hijos: para responder a quienes intentan sembrar zozobra, temor y muerte entre mexicanos y para responder a los que pretenden decidir, desde la ilegalidad, el destino de la nación”, aseguró el jefe del Ejecutivo.
Acompañado del gabinete de seguridad, antes de trasladarse a la gira por Estados Unidos, el Presidente aseguró sentirse honrado de comandar Fuerzas Armadas surgidas del pueblo y al servicio del pueblo.
Puso énfasis en el valor de la lealtad como base de la estabilidad nacional: “Yo reconozco en los soldados su inquebrantable lealtad a las instituciones de la República. Son ustedes Fuerzas Armadas de la institucionalidad, porque la lealtad es con la patria, con México, representada en poderes e instituciones”.
Alegó que la lealtad resulta indispensable no sólo para “la fortaleza del Estado, sino también porque es fuente de estabilidad, armonía y paz social entre los mexicanos”.
Ante unos tres mil 300 efectivos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, Calderón atestiguó las manifestaciones de destreza de los pilotos que volaron en cuadrillas de aviones y helicópteros. Asimismo, saludó a integrantes del Escuadrón 201, invitados de honor al desayuno.
(Excélsior, 11 de febrero de 2008)
sábado, 9 de febrero de 2008
ONU: la justicia civil debe castigar abusos militares en lucha antinarco
La guerra contra el hampa se tiene que ganar en los tribunales, no en las calles: Louise Arbour
Advierte que la actuación del Ejército puede culminar en acciones violentas con víctimas inocentes
La alta comisionada demanda combatir feminicidios, ataques a periodistas y redes de pederastia
Víctor Ballinas
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, pidió al gobierno mexicano que asuma el compromiso de combatir con toda energía los feminicidios, los asesinatos de periodistas, las redes de pornografía y pederastia, como lo está haciendo con el narcotráfico, “es decir, con todos los esfuerzos, porque eso es lo que pide la gente”.
En conferencia de prensa efectuada al concluir su visita de trabajo a México, Arbour subrayó: “El gobierno debe invertir para reconstruir el sistema civil de aplicación de la ley. Tiene que destinar importantes recursos –todos los que sean necesarios– para fortalecer las instituciones civiles y combatir la corrupción que existe en las corporaciones policiacas, por lo que éstas no pueden hacer frente a la delincuencia organizada”.
La alta comisionada, quien permaneció cuatro días en el país y escuchó numerosos testimonios de violaciones a derechos humanos, destacó que “el gobierno tiene que invertir recursos para reconstruir el sistema de justicia civil, mejorar la capacitación de los policías y el sistema judicial. Es necesario que realice inversiones para cerciorarse de que el cumplimiento de la ley se da en México”.
Arbour, quien se reunió esta semana con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y con los titulares de Seguridad Pública y Defensa Nacional, así como con el Presidente de la República y el de la Corte, acusó:
“Los militares han cometido violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado –violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos– que deben ser investigadas por la justicia civil. Los abusos perpetrados por militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por la disciplina del Ejército”.
Advirtió que el uso de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado “puede generar mayor violencia y provocar que civiles inocentes salgan afectados o pierdan la vida, particularmente cuando los militares utilizan la fuerza para confrontarse con grupos fuertemente armados, lo que lleva a tipos letales de confrontación. Considero que la guerra contra las drogas, si es que existe tal, o la guerra contra el crimen organizado, estas llamadas guerras tienen que ganarse no en las calles, sino en los tribunales”.
Luego abundó que el peligro “es que haya una escalada, un aumento de las acciones violentas –del Ejército y el crimen organizado–, algunas de las cuales pueden presentarse en áreas pobladas por civiles, en las cuales personas inocentes accidentalmente pueden ser convertidas en víctimas de las confrontaciones armadas tan robustas; esto es un peligro y el Ejército debe estar atento a ello”.
Enseguida, ante los insistentes cuestionamientos por la participación de militares en violaciones a derechos humanos que han cometido en el desarrollo de sus tareas, Arbour sostuvo:
“Debe recordarse al Ejército la prohibición estricta a los asesinatos o muertes de civiles. En principio, debe arrestarse a los responsables, a los acusados, para que se les siga juicio y se determine su responsabilidad o culpabilidad. Uno tiene que asegurar que el Ejército entienda que el uso de la fuerza tiene que estar diseñado para activar un proceso judicial, no para realizar o aplicar una fuerza extraordinaria; no puede llegarse a sacrificios o asesinatos extrajudiciales.
“El Estado, que tiene el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza, tiene que estar muy consciente de los límites y las fronteras que tienen que aplicarse en estas operaciones.”
Luego, la alta comisionada –quien fue fiscal en jefe de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda– destacó que “he visto y escuchado que la situación de los derechos humanos en el ámbito nacional plantea persistentes preocupaciones en varias áreas. Entre los principales temas que se me presentaron estuvo el de militares que toman parte en actividades destinadas a hacer cumplir la ley. Quiero enfatizar que la primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física.
“Es una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado por parte de organizaciones fuertemente armadas (crimen organizado), y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, donde se advierte una corrupción extendida. Reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger” a la sociedad.
Insistió en que “la utilización de militares en tareas civiles continúa siendo problemática y es fundamentalmente inapropiada por su capacitación, filosofía, equipamiento y las perspectivas de hacer cumplir la ley”.
La alta comisionada indicó que otro tema clave para México es la reforma de la Constitución y del sistema de justicia penal: “Hago un llamado al gobierno y a los legisladores para que aseguren que las normas de derechos humanos adoptadas y firmadas por México en los tratados que ha ratificado el país, reciban rango constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los procesos que se llevan ante los tribunales”.
Arbour también se refirió “a las crecientes limitaciones a las libertades de expresión y de reunión. La concentración de los poderes de los medios de comunicación en pocas manos sugiere intensamente la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección de la diversidad de opiniones, necesaria en una saludable sociedad democrática”.
Por otro lado, hizo notar que los asesinatos y abusos no resueltos contra periodistas contribuyen a un clima de impunidad que afecta el derecho de la libre expresión. Subrayó que hacen falta espacios genuinos para la expresión de la protesta social y de los disensos de la sociedad civil.
Además, señaló que en el caso de la confrontación de los medios masivos de comunicación “debo decir lo siguiente: en una sociedad democrática, le toca al gobierno asegurar que haya un campo de juego parejo para la sociedad. No tengo una receta para México, pero claramente tiene que haber una situación igualitaria, un gran espacio para el pluralismo, para la libertad de expresión y el papel del gobierno es asegurar que haya esto”.
(La Jornada, 9 de febrero de 2008)
Defiende Creel el uso del Ejército contra el narco
Emir Olivares Alonso
El coordinador de la bancada panista en el Senado, Santiago Creel Miranda, aseguró que en el contexto actual “se hace necesaria” la participación del Ejército en el combate al crimen organizado, debido al “desmantelamiento” en las policías estatales y municipales.
Como respuesta a las recomendaciones que la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, realizó en su gira de trabajo por México, en el sentido de que los militares que cometen violaciones a las garantías fundamentales sean juzgados por instancias civiles y que el uso de elementos castrenses en el combate al crimen organizado puede generar mayor violencia, Creel dijo que el primer caso “debe discutirse”, y sobre el segundo afirmó: “en este momento la participación del Ejército en el combate al crimen organizado se hace necesaria.
“El grado de desmantelamiento que han tenido las policías municipales y estatales, la corrupción y su connivencia con la delincuencia organizada hace necesaria su participación (de los soldados); aunque, eventualmente, se tendrá que transitar a un régimen totalmente civil, pero ese tránsito debe presentarse cuando se puedan recomponer y reordenar las policías estatales y municipales.”
El ex secretario de Gobernación resaltó que en el caso de las denuncias en contra de elementos del Ejército por abusos y violaciones a los derechos humanos en el contexto de los operativos contra el narcotráfico, se deben deslindar responsabilidades y castigar a los culpables, ya que “nadie debe estar exento de la justicia”.
Agregó que la impunidad no sólo afecta a la ciudadanía en el caso particular de los abusos militares, sino en otros muchos; sin embargo, no se pronunció porque los soldados que cometen delitos contra la sociedad sean juzgados por instancias civiles, “lo debemos poner a discusión”.
En ese sentido, dijo que si bien la reforma judicial, prácticamente aprobada, “brindará más elementos al Ejecutivo para combatir el crimen organizado, le sigue una reforma integral al Poder Judicial”.
Ante los señalamientos de diversos organismos sociales sobre la propuesta que el senador presentó en materia de derechos humanos, Creel aseveró que el suyo no es el único proyecto y que éste puede someterse a discusión y análisis por diversos actores políticos.
(La Jornada, 9 de febrero de 2008)
jueves, 7 de febrero de 2008
Asegura Calderón que participación militar contra narco será menor
Por: Agencias, Jueves, 07 de Febrero de 2008
Asegura el mandatario federal que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada será cada vez más esporádica.
México.- El presidente Felipe Calderón aseguró que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada será cada vez más esporádica.
Al recibir en la residencia oficial de Los Pinos a Louise Arbour, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el titular del Ejecutivo aprovechó para hablar de la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y se refirió al enfrenamiento registrado en Michoacán en el que perdiera la vida un militar.
Durante el evento, al que no asistió el titular de la CND, José Luis Soberanes, el mandatario lamentó el fallecimiento del coronel de Infantería Fortino Castillo León, quien perdiera la vida durante un enfrenamiento con presunto narcos en esa entidad.
Calderón, sin embargo, justificó la participación del Ejercito en esta lucha. “Debemos recordar que la participación del Ejército y la Marina es un a labor subsidiaria que, en la medida en que avance la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica”.
El Presidente de la Republica se dijo convencido de que se podrá contar con el apoyo del Congreso, la sociedad civil y de los gobiernos estatales y municipales, a fin de reparar y fortalecer los cuerpos policíacos y el Ministerio Público en todo el país, para que el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad sea cada vez menos necesaria.
Mientras tanto, en su mensaje la Alta Comisionada de la ONU, expresó al presidente Calderón el deseo de que los principios internacionales de derechos humanos que México ha firmado se reflejen en la constitución.
“ Deseo ver la totalidad de los principios internacionales de derechos humanos que México ha ratificado plenamente reflejados en su Constitución, su legislación federal y estatal, y en la práctica cotidiana, de todos los funcionarios y funcionarias del Estado”, expresó Louise Arbour.
Felipe Calderón refrendó a la represéntate de la ONU que contará con el apoyo del gobierno de México para realizar sus tareas.
Durante el evento, se firmó el acuerdo entre la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el gobierno mexicano, a fin de extender el periodo de cooperación entre ambos.
CONFIRMA SEDENA MUERTE DE CORONEL EN BALACERA. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de un coronel y tres militares más resultaron lesionados, durante un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes en el poblado de Uspero, en el municipio de Parácuaro, Michoacán.
En la balacera también murieron los dos presuntos sicarios, os cuales aún no han sido identificados, que hicieron frente a los elementos del 90 Batallón de Infantería, durante un incidente que se registró este miércoles alrededor de las 7:30 horas.
A través de un comunicado, la Sedena informó que su personal al efectuar reconocimientos en el poblado de Uspero, “observaron gente armada a inmediaciones de un domicilio, por lo que establecieron un cerco de seguridad alrededor del inmueble y procedieron a solicitar la intervención de las autoridades ministeriales”.
Sin embargo, dos sujetos al percatarse de la presencia militar, intentaron darse a la fuga abordo de una camioneta 2que salió intempestivamente del lugar efectuando disparos de armas de fuego en contra del personal militar”.
Los agresores al pretender escapar arrollaron al coronel de Infantería Fortino Castillo León, quien perdió la vida; mientras que durante la balacera resultaron heridos el sargento segundo de Infantería Juvencio Juárez Barragán; así como los cabos Leonel Guzmán Tolentino y Ramiro Sonalo Meza, quienes fueron trasladados a la Enfermería Militar de Apatzingán, Michoacán, donde su estado de salud se reporta como estable.
La Sedena indicó que “los elementos del Ejército repelieron la agresión, resultando muertos los dos individuos que pretendían darse a la fuga, sin que hayan sido identificados hasta el momento”.
Los agresores tenían en su poder un fusil de asalto AK-47 conocido como “cuerno de chivo” y una pistola más; además de que se aseguró una camioneta marca Jeep Grand Cherokee, con placas de circulación PGC-9890 del estado de Michoacán, con reporte de robo, en la que pretendían huir los sicarios.
DEBE EL EJÉRCITO ESTAR BAJO VIGILANCIA EN FUNCIONES CIVILES: ARBOUR La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (ACNUDH), Louise Arbour aseveró en una reunión con senadores que “sí el ejército lleva a cabo funciones civiles, debe de estar bajo una vigilancia y autoridad civil y debe de tener una responsabilidad ante los sistemas de justicia civiles cuando lleven a cabo las funciones de policías”.
Arbour respondió al presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista, Alejandro González Alcocer, quien le señaló que “no siempre los países pueden estar cumpliendo al ciento por ciento –con los convenios internacionales - por las condiciones y características propias del país.
Recurrimos al ejército porque no nos queda de otra, no es lo deseable, todo mundo lo sabe, el ejército no está hecho para pelear contra la delincuencia, pero por la descomposición de las fuerzas policíacas hemos tenido que recurrir al ejército”.
Y en su respuesta al panista, la ACNUDH , Arbour dijo” no voy a juzgar la sabiduría de tener ese recurso o haber llegado a esta ayuda del ejército, creo que depende de todos nosotros reflejar las consecuencias de estos tipos de actividades y para hablar de forma colectiva y fuertemente, necesitamos iniciativas de seguridad bajo el estado de derecho.
“Los militares tienen sus operaciones, ellas tienen prácticas de protección que los hacen a veces no adecuados para ciertas operaciones en áreas urbanas muy grandes donde los civiles se comportan de manera muy errática, hay muchas razones por las cuales yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en tener este recurso a la fuerza tan enorme en nuestro cumplimiento”.
Arbour tajante subrayó: “quiero enfatizar que rechazo totalmente cualquier sugerencia de que los derechos humanos son lo opuesto de la seguridad, que es un adversario al sector seguridad.
De hecho, el derecho fundamental es el derecho a la vida, a la libertad y seguridad de la persona a la vida y libertad, la obligación primordial de un Estado es proveer o dar seguridad, y voy a ser clara,, no solamente de sus ciudadanos, sino de todos aquellos que están bajo su jurisdicción, autoridad o control”.
Y también la senadora del PAN, Adriana González Carrillo le inquirió sobre su opinión respecto a la no participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz en todos sus niveles, y la Alta Comisionada le respondió: “no tengo nada que decir al respecto porque no conozco, no sé cuales son los antecedentes y cómo se pensó en México al respecto, pero les puedo asegurar que las Naciones Unidas necesitan desesperadamente contribuciones para sus tropas --para mantener la paz --, no hay duda alguna”.
El senador del PRD, Pablo Gómez le manifestó que algunas organizaciones no gubernamentales consideran que en México podría haber unos 500 presos políticos, otras que son más.
También le cuestionó sobre el discurso del gobierno sobre migrantes, porque explicó, hay consenso para defender a los mexicanos que se encuentran indocumentados en Estados Unidos, pero no lo hay para defender a los centroamericanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos.
En su respuesta al perredísta, Albur, dijo: “ustedes comprenderán que no estoy en posición para comentar si son y cuántos son prisioneros políticos en México.
Si los hay, o no los hay. Qué califica a un preso político. Hay ciertos delitos que se pueden definir como delitos políticos, también hay otros delitos comunes donde tal vez ciertas personas estén, debido a sus puntos de vista políticos.
Este es un debate que tienen que llevar a cabo entre los mexicanos “. Y en cuanto a los migrantes, la Alta Comisionada dijo que “México tiene experiencias cotidianas tanto como país de origen, como de tránsito, de destino.
Y la contribución que México puede, y digo que debe hacer, es inyectar un componente de derechos humanos a las políticas internacionales sobre migración.
La senadora Rosario Ibarra de Piedra dijo que en el país continúan las desapariciones forzadas de personas, que se criminaliza la protesta social y la rebeldía social.
En respuesta a ella, Arbour dijo que “continúa esa práctica de desaparición de personas, y que a la ONU no le interesa el volumen, uno sólo merece la movilización de la comunidad internacional”.
Ante los senadores la Alta Comisionada refrendó su compromiso para impulsar la reforma constitucional que pretende elevar a rango constitucional los derechos humanos, y ofreció la colaboración de su oficina en México para brindar orientación y dar a conocer las experiencias de otros países, a fin de que se logre contar en el país con la mejor legislación en materia de derechos humanos.
Por otra parte, Louise Arbour alertó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que “día a día” aumentan los casos relativos a los derechos sociales que son resueltos por la justicia.
En una comida que le ofrecieron los ministros del máximo tribunal a la funcionaria de Naciones Unidas, quien estuvo acompañada por el representante permanente de la ONU en México Amerigo Incalcaterra, la funcionaria les comentó que ella en el pasado se desempeñó como ministra de la Suprema Corte de Canadá, por lo que tuvo conocimiento del creciente número de asuntos que tienen que ver con los derechos sociales, la defensa y protección de los derechos humanos.
Por su parte, el ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia sostuvo que para el Poder Judicial de la Federación , los asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos son “una prioridad”. Añadió que existe el compromiso de los juzgadores federales de defender la supremacía constitucional y la vigencia de las garantías individuales.
(El Porvenir, 7 de febrero de 2008)
Defiende Calderón uso de Ejército
Jueves, 07 de Febrero de 2008
Condiciona el Presidente de México el retiro de lucha antinarco a fortalecimiento de Policías
CIUDAD DE MÉXICO.- En la medida en que avance el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado será cada vez más esporádica, indicó ayer el presidente Felipe Calderón.
Ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, remarcó que las fuerzas armadas cuentan con el apoyo del gobierno y de la sociedad en el cumplimiento de su deber constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país.
"Estamos combatiendo al crimen y a la violencia con toda la fuerza del Estado, pero estamos, al mismo tiempo, plenamente conscientes de que esta lucha debe darse siempre y sin excepción, con pleno respeto a los derechos humanos", indicó en Los Pinos.
"Debemos recordar que garantizar la seguridad pública es una función esencial del Estado, que toda autoridad comprometida con los derechos fundamentales debe asumir plenamente su tarea de proteger la seguridad de los ciudadanos, y que la participación del Ejército y la Marina es una labor subsidiaria, que en la medida en que avance, precisamente, la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica".
Indicó que su gobierno está comprometido con la protección de los derechos humanos y con la sujeción a estándares internacionales en la materia.
Acompañado por los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Juan Camilo Mouriño y Patricia Espinosa, Calderón encabezó en Los Pinos un acto en el que se firmó un acuerdo para dar continuidad a las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.
Advertencias
Mientras el Ejército participe en actividades de seguridad pública, debe ser vigilado por instituciones civiles, advirtió Louise Arbour durante la reunión que mantuvo con senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Justicia y Educación.
"No subestimo los retos de cumplimiento de la ley al que se tienen que enfrentar en México actualmente… No voy a juzgar la sabiduría de tener este recurso o haber llegado a esta ayuda del Ejército", señaló.
"Mi punto de vista es que si el Ejército lleva a cabo funciones civiles, deben de estar bajo una vigilancia civil, bajo alguna autoridad, deben de tener una responsabilidad ante los espacios de justicia civiles cuando estén llevando a cabo lo que los policías o civiles tendrían que hacer".
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos consideró que las prácticas de protección utilizadas por los militares no siempre son las mejores para operar en áreas urbanas grandes, donde los civiles se comportan de forma errática, pero sin ser combatientes.
Rechazó tajantemente que los derechos humanos sean un adversario de la seguridad y llamó a los legisladores a encontrar un equilibrio para garantizar ambos a los ciudadanos.
"Creo que dentro de una democracia lo que nosotros delegamos a nuestros gobiernos es la obligación de encontrar el balance perfecto entre nuestro deseo de estar seguros y nuestro deseo de ser libres", apuntó.
(Mayolo López y Daniela Rea /Agencia Reforma)
(El Mañana, 7 de febrero de 2008)
Defiende Calderón uso de Ejército
Jueves, 07 de Febrero de 2008
Condiciona el Presidente de México el retiro de lucha antinarco a fortalecimiento de Policías
CIUDAD DE MÉXICO.- En la medida en que avance el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado será cada vez más esporádica, indicó ayer el presidente Felipe Calderón.
Ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, remarcó que las fuerzas armadas cuentan con el apoyo del gobierno y de la sociedad en el cumplimiento de su deber constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país.
"Estamos combatiendo al crimen y a la violencia con toda la fuerza del Estado, pero estamos, al mismo tiempo, plenamente conscientes de que esta lucha debe darse siempre y sin excepción, con pleno respeto a los derechos humanos", indicó en Los Pinos.
"Debemos recordar que garantizar la seguridad pública es una función esencial del Estado, que toda autoridad comprometida con los derechos fundamentales debe asumir plenamente su tarea de proteger la seguridad de los ciudadanos, y que la participación del Ejército y la Marina es una labor subsidiaria, que en la medida en que avance, precisamente, la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica".
Indicó que su gobierno está comprometido con la protección de los derechos humanos y con la sujeción a estándares internacionales en la materia.
Acompañado por los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Juan Camilo Mouriño y Patricia Espinosa, Calderón encabezó en Los Pinos un acto en el que se firmó un acuerdo para dar continuidad a las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.
Advertencias
Mientras el Ejército participe en actividades de seguridad pública, debe ser vigilado por instituciones civiles, advirtió Louise Arbour durante la reunión que mantuvo con senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Justicia y Educación.
"No subestimo los retos de cumplimiento de la ley al que se tienen que enfrentar en México actualmente… No voy a juzgar la sabiduría de tener este recurso o haber llegado a esta ayuda del Ejército", señaló.
"Mi punto de vista es que si el Ejército lleva a cabo funciones civiles, deben de estar bajo una vigilancia civil, bajo alguna autoridad, deben de tener una responsabilidad ante los espacios de justicia civiles cuando estén llevando a cabo lo que los policías o civiles tendrían que hacer".
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos consideró que las prácticas de protección utilizadas por los militares no siempre son las mejores para operar en áreas urbanas grandes, donde los civiles se comportan de forma errática, pero sin ser combatientes.
Rechazó tajantemente que los derechos humanos sean un adversario de la seguridad y llamó a los legisladores a encontrar un equilibrio para garantizar ambos a los ciudadanos.
"Creo que dentro de una democracia lo que nosotros delegamos a nuestros gobiernos es la obligación de encontrar el balance perfecto entre nuestro deseo de estar seguros y nuestro deseo de ser libres", apuntó.
(Mayolo López y Daniela Rea /Agencia Reforma)
(El Mañana, 7 de febrero de 2008)
miércoles, 6 de febrero de 2008
Muere coronel en operativo en Michoacán
jorge carrasco araizaga
México, D.F., 6 de febrero (apro).- A sólo dos días que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, asegurara que el gobierno de Felipe Calderón ha debilitado al narcotráfico, el coronel de Infantería del Ejército, Fortino Castillo León, fue asesinado por un grupo de presuntos narcotraficantes en Úspero, Michoacán.
Se trata del segundo jefe militar que muere en la región de Tierra Caliente de la entidad en menos de un año, como resultado de los operativos contra el narcotráfico ordenados por el Ejecutivo.
Horas después del enfrentamiento, Calderón salió a decir que la intervención del Ejército contra el narcotráfico será “cada vez más esporádica” una vez que se avance en la reorganización de las policías civiles.
La muerte del coronel Castillo León ocurrió alrededor de las 7:30 del miércoles, cuando personal del 90º Batallón de Infantería se enfrentó a un grupo de presuntos narcotraficantes en Úspero, comunidad ubicada al pie de la carretera Apatzingán-Parácuaro y que pertenece a este último municipio.
El enfrentamiento dejó un saldo de tres muertos y tres militares más heridos. Los otros dos fallecidos fueron los delincuentes, quienes custodiaban un inmueble que al parecer era un laboratorio clandestino de drogas sintéticas, según los primeros informes de la Procuraduría local.
Por la tarde, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó en la Ciudad de México que, además de la muerte del coronel Castillo León, resultaron heridos el sargento segundo de Infantería Juvencio Juárez Barragán y los cabos Leonel Guzmán Tolentino y Ramiro Solano Meza.
Explicó que cuando los militares hacían un reconocimiento en el poblado observaron gente armada en las inmediaciones de un domicilio, por lo que establecieron un cerco de seguridad “y procedieron a solicitar la intervención de las autoridades ministeriales”.
Ante la presencia militar, añadió, “dos individuos trataron de darse a la fuga a bordo de un camioneta que salió intempestivamente del lugar”, al tiempo que dispararon contra los militares.
En la acción arrollaron al coronel Castillo León e hirieron a los otros efectivos militares, quienes fueron trasladados a la Enfermería Militar de Apatzingán para su recuperación.
Al repeler la agresión, los militares mataron a los dos individuos que quedaron en condición de desconocidos porque carecían de identificación.
El reporte de la Sedena indica que los presuntos narcotraficantes llevaban un fusil AK-47, calibre 7.62x32mm, conocido como cuerno de chivo; una pistola calibre 5.7 mm, una pistola más de la que no dio precisiones y una camioneta Jeep matrícula PGC-9890 de Michoacán, que tenía reporte de robo.
En mayo pasado, cuatro militares del 12º Batallón de Infantería murieron en una emboscada en el municipio de Carácuro, también en la zona de Tierra Caliente.
En ese ataque falleció el coronel Antioco Hernández Morales, el primer jefe militar que cayó en los operativos ordenados por el gobierno de Felipe Calderón.
Días después de la emboscada, un grupo de militares se trasladó a Carácuaro y arremetió contra la población civil, realizó detenciones ilegales y algunos efectivos cometieron abuso y violaciones sexuales contra cuatro mujeres.
Los abusos le costaron a la Sedena una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La nueva acción contra el Ejército en Michoacán coincidió con la visita a la residencia oficial de Los Pinos de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, quien al llegar a México señaló que el Ejército debe salir de la lucha contra el narcotráfico ante el potencial de violaciones a los derechos humanos.
En respuesta, Calderón dijo hoy que las Fuerzas Armadas cuentan con el respaldo del gobierno y la sociedad para combatir el crimen organizado.
Y no sólo eso, aseguró que “la participación del Ejército y la Marina es una labor subsidiaria que, en la medida que avance la organización de las instituciones civiles (en) su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica”.
El pasado lunes, cuando Mouriño aseguró que el gobierno de Calderón había empezado a dominar a los narcotraficantes, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, informó que en Michoacán tiene lugar una de las tres “operaciones de alto impacto” que el Ejército tiene en marcha.
Las otras son en Guerrero y en el llamado “triángulo dorado” que conforman Sinaloa, Chihuahua y Durango.
Además, el Ejército desarrolla tres “operaciones regionales” contra el narcotráfico en Jalisco, Nayarit y Oaxaca.
(Proceso, 6 de febrero de 2008)
Calderón: La lucha del Ejercito contra el crimen organizado será “cada vez más esporádica”
daniel lizárraga
Recibe a la Alta Comisionada de ONU
México, D.F., 6 de febrero (apro).- El presidente Felipe Calderón recibió por la mañana, en Los Pinos, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la canadiense Louise Arbour, a quien aseguró que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada será “cada vez más esporádica”.
No obstante, Calderón no dejó pasar la oportunidad para referirse al reciente enfrentamiento registrado en Michoacán, en el que perdiera la vida un militar.
En su discurso, lamentó el fallecimiento del coronel de Infantería Fortino Castillo León, quien fuera atropellado por presuntos narcotraficantes al momento de emprender la huida antes de ser aprehendidos por el Ejército.
Para Calderón Hinojosa, la participación de militares en la guerra contra el narcotráfico es una medida “subsidiaria” que, en la medida en que se doblegue a la delincuencia organizada, cada vez será más esporádica.
Louise Arbour respondió que deseaba “ver la totalidad de los principios internacionales de derechos humanos, que México ha ratificado, plenamente reflejados en su Constitución, su legislación federal y estatal, y en la práctica cotidiana, de todos los funcionarios y funcionarias del Estado".
Calderón refrendó a la representante de la ONU que contará con el apoyo del gobierno mexicano.
Durante el evento, se firmó el acuerdo entre la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el gobierno mexicano, con el fin de extender el periodo de cooperación entre ambos.
(Proceso, 6 de febrero de 2008)
Vigilancia civil sobre el Ejército, sugiere ONU a Calderón
de la redacción
* Responde Arbour al argumento presidencial sobre corrupción de policías
México, D.F., 6 de febrero (apro).- En tanto los militares realicen acciones propias de las policías, como la seguridad pública, deberán ser vigilado por instituciones civiles, advirtió Louise Arbour, alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos.
Durante una reunión con senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Justicia y Educación, la funcionaria de ONU respondió así al presidente Felipe Calderón, quien por la mañana había justificado la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública a causa de la corrupción de las policías locales.
La canadiense sostuvo que "no subestimo los retos de cumplimiento de la ley al que se tienen que enfrentar en México actualmente. No voy a juzgar la sabiduría de tener este recurso o haber llegado a esta ayuda del Ejército.
"Mi punto de vista es que si el Ejército lleva a cabo funciones civiles, debe estar bajo una vigilancia civil, bajo alguna autoridad, debe tener una responsabilidad ante los espacios de justicia civiles cuando estén llevando a cabo lo que los policías o civiles tendrían que hacer", observó Arbour.
Más aún, dijo que las prácticas de protección utilizadas por los militares no siempre son las mejores para operar en áreas urbanas grandes, donde los civiles se comportan de forma errática, “pero no son combatientes”.
(Proceso, 6 de febrero de 2008))
¿Sólo a Guerrero viene Louise?
MANÚ DORNBIERER / SATIRICOSAS
El pasado sábado en este espacio comenté el tipo de carísima publicidad que hace Calderón en el extranjero a su pequeña persona, pero sobre todo a su gran obra, la militarización del país so pretexto de su propia guerra contra las drogas. A este propósito mi amigo José Reveles me envió el siguiente mail: Querida Manú: ya leí tu artículo de The Economist. Felipe Calderón gastó en 2007 más que Fox en 2006 (cuando la elección presidencial y cuando le echó todos los kilos para ganarle a AMLO, según confesó el propio vaquero). O sea, que imagínate, Calderón gastó: 3 mil 425.5 millones de pesos en comunicación social, mientras que Chente registró mil 335 millones en el año electoral 2006. Pese a semejante inversión, la aprobación inicial del gobierno de Calderón (68 por ciento en abril de 2007), bajó a 64 por ciento en agosto y 57 por ciento en noviembre, según encuesta de Blimsa/El Universal. La nota aparece en primera plana de El Universal el domingo 3 de febrero de 2008. Puedes ubicarla por Internet. Esta es una “guerra inútil”, como la que dizque se ejecuta contra el narco. Saludos, Jreveles.
En ese mismo artículo mencioné la prometida presencia en Guerrero de Louise Arbour, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, a la que sin duda se le hablará de cómo el gobierno aprovecha su dizque guerra contra las drogas para ejercer represión militar contra las protestas civiles y la disidencia de cualquier tipo. Y recibí un importante documento de mi amigo Raúl Ramírez Baena, sobre lo que la militarización está causando en la Frontera Norte. Después de leerlo juzgarán ustedes, lectores, si sólo Guerrero amerita la presencia de Louise.
“Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC. Los derechos humanos y la seguridad pública en la frontera noroeste de México. Resumen ejecutivo, Presentado por Raúl Ramírez Baena. Presidente. Ante Louise Arbour, alta comisionada de naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, D.F, 5 de febrero de 2008.
Crímenes violentos y narcotráfico.- Con la llegada de los nuevos gobiernos estatal y municipales en Baja California, al igual que en otros estados de la República, se ha desencadenado una oleada de violencia criminal provocada por la “guerra” declarada que ha emprendido el Estado mexicano contra los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado. Debido a la infiltración de las bandas delictivas en las corporaciones policiacas, los nuevos gobiernos realizan cambios en los mandos para evitar la protección a las mafias. Ello provoca crisis al interior de las corporaciones y crímenes de jefes y policías en conflicto con los cárteles o que no colaboran con ellos. En Baja California, a diario aparecen en la vía pública cadáveres envueltos en cobijas con señales de tortura, miembros cercenados y, en pocos casos, decapitados. Todos ellos con mensajes propios de las mafias que luchan por el control de “la plaza” (la ruta y el mercado de la droga), principalmente en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, y en menor medida, en Mexicali.
En enero de 2008, mes de la mayor ofensiva gubernamental, se han registrado 247 ejecuciones en todo el país; 20 por ciento corresponden a Baja California, estado que registra la incidencia más alta de homicidios violentos. A ello habría que agregar múltiples privaciones ilegales de la libertad, secuestros y desapariciones forzadas, comúnmente llamadas levantones. Tras la detención de líderes de la droga aparecen otros cada vez más violentos que luchan por el poder y los negocios ilícitos, como el lavado de dinero, el tráfico de droga y armas, la producción y distribución de drogas sintéticas más letales y baratas (metanfetaminas, como el crystal) y el narcomenudeo.
En los últimos meses se han incrementado los secuestros, negocios realizados por las mafias, policías y ex policías, así como extorsiones telefónicas. Algunos delitos se planean y ordenan desde las cárceles, que son escuelas del crimen. Las llamadas narcotienditas (las policías saben cuántas son y donde están) han proliferado en las colonias populares, penetrando las redes del tejido social. Las familias ven en la producción y distribución de drogas una alternativa a su crisis económica; con ello crece la violencia familiar. Paralelamente, ha aumentado de manera alarmante el pandillerismo juvenil y las adicciones, que representan ya un grave problema de salud pública. Más del 80 por ciento de los robos en todas sus modalidades están asociados a las adicciones. En el municipio de Tecate, sin estudios previos, sin impacto real en la inseguridad y con fuerte apoyo social, desde 2001 se ha implantado el “toque de queda” nocturno contra menores, como una medida populista más que efectiva, criminalizando a los adolescentes, sobre todo los de escasos recursos.
En las zonas donde se destruye la economía del narco (plantíos en el sector rural y narcotienditas en las ciudades) no se desarrollan economías alternativas, ahondando la crisis económica de las comunidades y familias que sobreviven de la siembra, producción y comercialización de drogas, además de que se realizan múltiples detenciones arbitrarias y abusos en contra de personas inocentes. Llama la atención que el Estado mexicano, con un presupuesto extraordinario, ataque prioritariamente el tráfico de drogas y no con la misma intensidad el lavado de dinero, la producción y distribución mayor de las drogas y las adicciones. Tampoco se aplica en atender el origen estructural del conflicto.
Militarización.- La respuesta del gobierno mexicano al panorama antes descrito es incorporar a las Fuerzas Armadas. Al invadir el Ejército y la Marina las facultades de la autoridad civil para la prevención e investigación de los delitos, en ciudades donde antes imperaba la ley del crimen ahora impera la ley del Ejército. Aunque no de manera oficial, los militares coordinan las acciones de vigilancia, investigación y detención de presuntos delincuentes y de policías corruptos, interpretando las leyes bajo el argumento de la defensa de la Soberanía Nacional. Los nuevos directores de la Policía Estatal Preventiva de Baja California y de las policías municipales de Tijuana y Playas de Rosarito, son militares.
Es común observar a militares en carreteras y ciudades realizando revisiones anticonstitucionales de vehículos, en operativos en colonias –casi siempre populares–, en allanamiento de domicilios sin orden judicial, en vigilancia preventiva, en el desarme de corporaciones policiacas municipales y en la detención de personas, invadiendo facultades de las autoridades civiles. En los últimos días, el comandante de la Segunda Zona Militar, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora, ha realizado diversas declaraciones señalando delitos y la corrupción de servidores públicos, contribuyendo al descrédito de las autoridades civiles, desplazando en funciones al Gobernador y al Procurador General de Justicia de Baja California. Apoyo popular a la militarización.- Según encuestas realizadas recientemente en Baja California, entre el 80 y el 90 por ciento de la población apoya las tareas militares en la prevención y la persecución de los delitos.
Existe un intencional manejo mediático de la violencia criminal que exacerba los delitos, lo que alimenta el clima de terror, pánico e indignación social. En consecuencia, la población apoya la militarización, la pena de muerte, la cadena perpetua, la tortura y el incremento de las penas contra los delincuentes. Medios de comunicación, el sector empresarial, la Iglesia Católica y políticos de diversas corrientes, están en favor de la militarización. Ello presiona políticamente a los gobernantes, quienes refrendan su decisión de mantener a los militares usando “toda la fuerza del Estado” para derrotar al crimen.
En lo general, la población desconoce el marco legal y sus derechos humanos, lo que facilita la intervención militar en la vida civil y la impunidad en las violaciones a los derechos humanos. Existe además un clima de linchamiento popular y mediático hacia los organismos y defensores de los derechos humanos. Con la presencia del Ejército no ha disminuido la inseguridad, la violencia y los crímenes. En cambio, han aumentado los abusos a ciudadanos.
Desapariciones forzadas.- La Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, AC tiene documentados 193 casos de personas desaparecidas con violencia en Baja California de 1993 a la fecha, perpetrados por grupos de la delincuencia organizada en estrecha relación con corporaciones policiacas, agentes en activo y ex agentes. De 2005 a la fecha, ha registrado 60 casos. Sin embargo, con datos de prensa y testimonios de familiares que no han acudido a denunciar, se conocen más de mil 200 casos en 10 años. Hay una nueva modalidad: los secuestrados-desaparecidos, perpetrados por escuadrones de la muerte, en los que en la mayoría de los casos se paga rescate y la persona ya no aparece. A la fecha han pasado tres gobernadores sin que ninguno haya recibido en audiencia a los familiares de los desaparecidos, a pesar de múltiples peticiones.”
manoudornbierer@gmail.com
(La Jornada Guerrero, 6 de febrero de 2008)
martes, 5 de febrero de 2008
The Economist: Calderón se vanagloria de "su" militarización
SATIRICOSAS – Manú Dornbierer – 5-2-08.
El 80% de la producción de "The Economist", famoso e influyente periódico inglés, está destinada al extranjero. El diario tiene alta credibilidad entre el público común porque coquetea hábilmente con la derecha y con la izquierda, pero su helado corazón es reaccionario y el neoliberalismo que lanzó su mami Margaret Thatcher y su papi Ronald Reagan le vino como guante. El periódico fue fundado por el colmilludo político británico James Wilson en 1843. Algunas de las publicaciones del actual y sagaz grupo editorial van dirigidas por ejemplo a funcionarios de Washington, tal es el caso de Roll Call. Es hábil, pero a veces menosprecia la memoria de sus lectores. Llama "gangster" a Putin por no permitir que compañías extranjeras exploten el petróleo ruso y se le olvida que a la criminal invasión de Iraq para apoderarse del petróleo iraquí la llamó "Cruzada por la libertad". Los artículos nunca están firmados y supuestamente "el consejo de redacción se hace responsable de los análisis y opiniones expresados". Es decir nadie da verdaderamente la cara o un nombre.
Sin embargo, como en toda publicación hay artículos enmarcados, lo que significa pa-ga-dos. Uy, deben ser muy caros. Pero cuando se cuenta con el dinero de México para autoglorificarse ¿qué importa? En la edición "Courrier Internacional" para FranceInfo, en edición hors série (fuera de serie) No 22, de diciembre 2007 a febrero 2008, Felipe Calderón se promueve como el maxihéroe de Latinoamérica. Que Hugo Chávez ni que nada.
En un artículo escrito sin asomo de pudor, sin respeto a la inteligencia de sus posibles lectores europeos y mexicanos, en primera persona y en puro estilo foxista ¿o salinista?, afirma Felipe que "México ha escogido entre el pasado y el porvenir, entre el regreso a sistemas autoritarios y el fortalecimiento de la democracia, entre el proteccionismo y mercados más abiertos, entre la inutilidad de medidas populistas y el equilibrio responsable de las finanzas públicas". Y francamente Calderón, el espurio, no puede hablar de democracia ni de "regímenes autoritarios". La democracia la canceló en el país al no querer contar los votos para aclarar su "triunfo" en la elección. Y dentro de la misma línea hoy la ha cancelado en su propio partido el PAN, al imponer descaradamente al presidente del mismo, su sospechoso amigo Germán Martínez Cázares, quien imita a su jefe y también paga propaganda (aunque aún no en The Economist). Grita en la radio "Los panistas me han elegido" cuando todos sabemos que como en el viejo PRI sólo fue Calderón quien "pompó".
También sabemos que no hay empleo en México por lo que continúa la sangría de la emigración y aumentan los porcentajes de pobreza, que hay huelgas que el gobierno rompe y marchas de protesta a todas horas contra el TLCAN y contra la entrega del país, que los precios se están disparando con el gasolinazo sin que la propaganda oficial logre ocultarlo. Que México acabó de perder com el panismo su campo y de lo que quedaba de industria nacional a manos de las transnacionales. Pero sonriente y cínico, Calderón declara a la versión en francés de The Economist : "Desde el principio de mi mandato en diciembre 2006, mi gobierno se emplea en poner a México en el camino del desarrollo". Bueno, bueno, bueno…
Se vanagloria mentirosamente de inexistentes victorias, pero lo peor es que considera la militarización anticonstitucional que ha impuesto a México como EL GRAN LOGRO. En su propaganda afirma que los mexicanos que consideraban que la inseguridad era el peor problema del país han disminuído de 50% a 25% No se percata de que el combate al narcotráfico que ha abrazado como cruzada, haciendo de hecho "el trabajo sucio a los gringos", lejos de tranquilizar a los mexicanos, tiene exasperados y asustados (estilo Bush en el caso) a todos los que viven en ciudades militarizadas, víctimas de los enfrentamientos. Están horrorizados por la sangre y las cabezas que corren por sus calles, sea de quien sea, por los cientos de ejecuciones de traficantes o de policías. ¡Ya miles de ejecuciones!
Se ufana Calderón de que "más de 10 000 individuos ligados a la droga y una veintena de narcotraficantes de primer plano fueron capturados". Dos líneas después dice "diez de los dirigentes más peligrosos del crimen organizado han sido extraditados a Estados Unidos". Eso es lo importante para el que campantemente dice junto a su foto sonriente: "He explicado a los mexicanos que es un problema complejo (acabar con las organizaciones criminales) que no tiene solución a corto término y que nos tomará mucho tiempo, mucho dinero y lamentablemente muchas vidas humanas". Y en el mismo párrafo hace del asunto de Ye Gon, el encuentro el año pasado de 215 millones de dólares en efectivo, otra "victoria" de su régimen, cuando en ese sucio dinero está embarrado hasta el cuello Lozano, su secretario del Trabajo, y Ye Gon afirma que esa fortuna de misteriosa procedencia perteneció a la campaña electoral de Calderón. El asunto no ha sido totalmente sofocado y el prepotente secretario del Trabajo, esclavo de ricos indecentes como los Larrea.
Pero volvamos a los 10 000 individuos "ligados a la droga", según Calderón, que han sido capturados. Habría que probar que esos miles de personas detenidas efectivamente pertenecen a los carteles de la droga y para ello habría que demostrar con investigaciones dentro de la ley que efectivamente es así, porque si no cualquiera puede ser acusado de narco y ajusticiado sin más. ¿Hubo tiempo y voluntad para realizarse? No, la prisa que tiene Calderón de autolegimitimarse con la magna gesta que significa ese "trabajo sucio para los gringos" y de vanagloriarse de ello como vemos en The Economist, no ha permitido un trabajo judicial serio. Hay que recordar también que el procurador Medina es conocido como Mister Atenco aquel que por capricho de Fox, al que le habían negado el regalo de sus tierras para hacer el aeropuerto del DF, se lanzó contra los vendedores de flores de Atenco y organizó contra los pobladores rebeldes del estado de México un operativo atroz amenizado con violaciones y por el cual hoy están en prisión con sentencias hasta de 67 años líderes campesinos, que de estar libres hubieran participado en la megamarcha : "Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco" contra la apertura del TLCAN.
El gobierno de Calderón está aprovechando la cacareada lucha contra la droga y la anticonstitucional militarización de las calles para la represión "legal" de la enorme disidencia que hay en el país y que desde luego los medios de comunicación al servicio del PAN minimizan cuando no la esconden. Esto es especialmente evidente en uno de los estados desde siempre más castigados por los militares, Guerrero, el de la Guerra Sucia que nunca se aclaró y que sigue aplicándose actualmente a través de la "limpieza" de Calderón, estado hoy mal gobernado por Zeferino Torreblanca, un falso perredista, amigo de Fox y de Calderón, que no atiende los gravísimos problemas sociales de su entidad y sólo se hace de la vista gorda.
El 28 de enero, La Jornada de Guerrero publicó que organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos acordaron solicitar a Louise Arbour, Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, una tercera reunión adicional a las que tiene previstas. Arbour estará muy brevemente el 7 de febrero en la capital del estado, Chilpancingo y luego en Tlapa, en la paupérrima región de La Montaña, "Y no sólo en La Montaña se violan los derechos humanos", claman las ONG. En dos años, hubo 70 desaparecidos sin vínculos con el narco: En efecto, en los dos últimos años se han registrado más de 300 asesinatos sin aclarar y han sido desaparecidas 70 personas que no tenían vínculo con la delincuencia organizada y las autoridades no dan ninguna respuesta a la demanda de encontrarlas con vida, denunciaron integrantes del Comité de Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados".
Este breve e incompleto panorama de la realidad de México debería llegar a manos del "consejo de redacción que se hace responsable de los análisis y opiniones expresados" en The Economist, al que habría que preguntarle si también avala la propaganda pagada de los políticos que lo utilizan para autoglorificarse. Y de paso, solicitarles sus tarifas.
El narco y una guerra de percepciones
jenaro villamil
México, D.F., 5 de febrero (apro).- El mismo día que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, presumía que el narcotráfico está debilitado y que existen plazas recuperadas, en Mérida, ciudad que había estado ajena a la violencia de los carteles, apareció un cuerpo degollado en una de las principales avenidas de la capital yucateca.
El modus operandi recordó a Los Zetas o al cartel de Los Valencia, de Michoacán.
Ese mismo lunes 4 de febrero diez personas fueron ejecutadas en Chihuahua, Sinaloa y Sonora, mientras que en Tijuana siguen presentes los hechos que le dieron la vuelta al mundo: trágicas escenas de un colegio de niños que se quedaron en el fuego cruzado de un enfrentamiento de narcotraficantes.
¿Cuál es el éxito para Mouriño frente a un panorama que documenta una creciente e imparable generalización de la violencia, y de una expansión –que no reducción-- de los cárteles en plazas que no habían registrado este tipo de enfrentamientos, como Mérida?
El joven campechano quisiera, tal vez, que observemos la realidad al revés, pero sus palabras triunfalistas no corresponden con la percepción de inseguridad, miedo e incertidumbre que predominan en la sociedad mexicana frente a la guerra contra el narcotráfico.
“Sabemos que este esfuerzo implica lamentablemente vidas humanas y altos costos materiales, pero en esta lucha no existe para nosotros la derrota. Ningún grupo criminal es capaz de resistir la fuerza del Estado”, advirtió Mouriño, acompañado por el gabinete de Seguridad Nacional, incluyendo a los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad Pública y el procurador general.
La puesta en escena puede servir para consumo mediático y para que los noticiarios televisivos ofrezcan una “imagen” de autoridad del joven ministro, pero lo real es que la percepción es absolutamente contraria a lo que quisiera el gobierno calderonista. La guerra que desde hace 14 meses se ha intensificado con el despliegue del Ejército no ofrece certidumbre. Al contrario, el panorama es cada vez más complicado. El propio Ejército contabiliza un total de 107 mil 128 elementos que desertaron de sus filas el sexenio pasado y tan sólo en 2007, 17 mil 758 elementos prefirieron dejar las tropas; 49 por día.
El problema fundamental es que, frente a su acción abierta, desafiante y cada vez más eficaz en cuanto a sus daños materiales y capacidad criminal, el conocimiento que tenemos los mexicanos del narcotráfico es absolutamente parcial, incompleto y plagado de rumores. El narcotráfico va más allá de la historia de siete cárteles que se dedican a combatirse o del recuento de cadáveres que se suman a una lista que insensibiliza la historia de venganzas y reacomodos.
El acceso a la información no se ha visto como un elemento clave de esta guerra. Por el contrario, el propio presidente Calderón ha regañado a los medios de comunicación por informar e, incluso, les dio la orden de que dejen de transmitir los mensajes y los hechos de violencia. A cambio de esta autocensura, el gobierno no ofrece más que discursos de autosuperación personal.
El escritor Carlos Monsiváis, en su discurso leído el 30 de enero en la casa de Refugio Citlaltépetl, se preguntó: “¿Cuántos viven en el país del narcotráfico? No hay cifras, ni siquiera las clásicamente confiables, y el cálculo más frecuente es (de por lo menos) 1 millón de personas beneficiadas por sus operaciones. ¿Cuál es la proporción de los traficantes y sus cómplices menores detenidos en relación al narcogentío en libertad? ¿A cuántos el lavado de dinero les permite la entrada en la buena sociedad? ¿Cuántos jóvenes, adolescentes y niños se emplean de “burros” (conductores de la droga)? ¿Es cierto que los narcos acaparan más de 1 millón 700 mil hectáreas en el país? ¿Cuántas pistas clandestinas hay: mil 500 o 2 mil o 3 mil? ¿Cuándo dejó de ser el narcotráfico una posibilidad temible, y se convirtió en el atroz espectáculo policíaco y social?” (revista Proceso #1631).
Estas y otras preguntas son hoy más pertinentes que nunca. Y el gobierno, principal responsable de esta “guerra de Estado”, no se ha atrevido ni siquiera a esbozar un diagnóstico mínimamente creíble. Incluso, nos quieren aún vender la idea de que seguimos siendo un país de “tránsito” de la droga hacia Estados Unidos cuando todo parece indicar que el consumo interno se ha disparado y se están creando las llamadas “plazas calientes”, en donde los cárteles luchan por la distribución de las drogas para consumo interno.
Esta es una guerra demasiado compleja, sangrienta e incierta para que nos quieran recetar discursos publicitarios cuando la sociedad mexicana reclama información.
Email: jenarovi@yahoo.com.mx
(Proceso, 5 de febrero de 2008)
domingo, 3 de febrero de 2008
Abusos en Oventic durante operativo para desmantelar banda de robacoches
Autoridades protegen a militantes partidistas en comisión de ilícitos: junta zapatista
Detienen y torturan sicológicamente a dos indígenas que se negaron a entregar dinero
En Magdalena la Paz retienen el automóvil de un poblador con los papeles en regla
Hermann Bellinghausen (Enviado)
San Cristóbal de las Casas, Chis. 2 de febrero. La junta de buen gobierno (JBG) de Oventic denunció abusos cometidos por la fuerza pública el pasado miércoles, durante un muy publicitado operativo del Ejército federal y diferentes corporaciones policiacas en comunidades del municipio oficial de Aldama (y autónomo, Magdalena La Paz), para “desmantelar” una banda de robacoches que operaba en el lugar, “en complicidad o con protección de las autoridades locales, municipales, estatales, hasta federales; por eso las autoridades oficiales no hacen nada para evitar y controlar la compra, el uso y la circulación de vehículos ilegales, ni la siembra, el tráfico y el consumo de drogas”.
La JBG Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo documenta dos casos de pobladores, bases de apoyo del EZLN, que sufrieron robos, detención, golpes y tortura sicológica por parte de agentes policiacos. El 30 de enero se llevó a cabo un operativo en las comunidades de Xuxch’en, Cotsilna’m y Xulumo’, todas “pertenecientes al municipio autónomo Magdalena de la Paz”, indica la junta. “Según, el objetivo de este operativo es la recuperación de vehículos robados y el rancho San Isidro, invadido por un grupo de personas, pero eso no sólo fue eso, hubo detención de algunos compañeros”.
Así, “cuando llegó el operativo en Xuxch’en, agarran el vehículo Nissan, modelo 2004 de Mateo Pérez Hernández, base de apoyo del EZLN”. Al llegar éste “para demostrar que su vehículo es legal, con los papeles necesarios (factura, tarjeta de circulación y licencia de manejo), además del registro y permiso de la JBG”, los policías “no hicieron caso; lo obligaron a subir en su propia camioneta y lo llevaron a la Unidad Administrativa (UA), en San Cristóbal”.
Después de varias horas en la Unidad Administrativa, el indígena zapatista solicitó de vuelta los documentos de su carro. “Le contestaban que no estaba la persona quien le podía responder, y no le quedaba más que esperar, y hasta después le dijeron que podía irse y buscara un abogado para recuperar su carro”. En el Ministerio Público (MP) le dijeron “que no sabían nada del operativo y que regresara el día siguiente”. En la UA le comunicaron que el automóvil fue llevado a Tuxtla Gutiérrez.
Otros casos
Esta actitud del Ministerio Público, dice la junta, “es la misma de todas las autoridades gubernamentales que no se preocupan por hacer justicia a personas inocentes y sólo le hacen perder su tiempo y gastar su dinero a la gente pobre”. En el transcurso del mismo operativo “agarraron a otros dos bases de apoyo del EZLN, en Xulumo, en una vereda que va hacia sus casas”. Procedían del vecino San Andrés. En el camino se encontraron con la operación policiaca y del Ejército federal, “sin tener ningún delito”.
“Como andaban a pie les marcaron alto y les apuntaron armas de fuego”. Los interrogaron y registraron “para ver si traían armas, pero no se les encontró nada”. A Alfredo Pérez Hernández y Marcos Pérez Hernández, “les encontraron 300 pesos de ‘sencillo’, y ese dinero les quitaron. Aparte, Marcos tenía 280 pesos en billetes y se lo querían quitar pero se negó; la policía se encabronó, entonces lo empujaban debajo del camión con la finalidad de que se lastimara”.
En vehículos diferentes fueron trasladados a San Cristóbal de las Casas. Alfredo Pérez Hernández “acostado dentro del camión de la policía”. Marcos, que estaba en otro camión, fue obligado a “que se acostara y le dijeron que no levantara la cabeza; en algún momento levantó la cabeza, entonces le taparon la cara con una cobija”.
Junto con otros detenidos durante el operativo, los llevaron a Tuxtla Gutiérrez. “Sufrieron hambre y sed, porque estuvieron varias horas detenidos ilegalmente. Los policías se portaron prepotentes y se valen de sus armas y uniformes para intimidar. Es una tortura sicológica”, apunta la JBG.
Después de varias horas, fueron liberados, por intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. “No les encontraron ningún delito porque ellos no tienen nada que ver con los carros ilegales, ni con la invasión del predio San Isidro. Consideramos una violación de los derechos humanos detener a inocentes en el operativo, porque no sólo se llevan a personas que realizan actividades ilícitas como la compra, el uso y la circulación de los vehículos ilegales o robados”.
La JBG subraya: “Desde hace varios años se han girado instrucciones a todas las comunidades, municipios y territorios zapatistas, con la prohibición total de estas actividades ilícitas. Sin embargo en nuestra zona Altos hay quienes no respetan estas instrucciones. Y siguen en aumento los vehículos ilegales, la siembra y el tráfico de drogas por parte de las personas afiliadas a los diferentes partidos políticos. Actúan en complicidad o con protección de las autoridades”.
(La Jornada, 3 de febrero de 2008)
viernes, 1 de febrero de 2008
HRW: militares cometen abusos en la lucha antinarco
Afp
Nueva York, 31 de enero. La utilización del Ejército para combatir el narcotráfico en México ha dado lugar a abusos de los soldados, denunció la organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch en su informe anual de 2007.
“El año pasado soldados mexicanos cometieron notorios abusos mientras llevaban a cabo actividades de policía”, alertó HRW, que citó casos en los que decenas de personas fueron detenidas, incomunicadas y golpeadas en bases militares.
La organización recordó el caso de cuatro menores violadas por soldados en mayo, así como la muerte de cinco miembros de una familia, entre ellos tres niños, abatidos en un retén militar.
El sistema de justicia mexicano, añadió, “rutinariamente deja la tarea de investigar y procesar los abusos del Ejército” a la autoridad militar, la cual “carece de la independencia necesaria” y adolece de una “ausencia general de transparencia”.
Lamentó que el gobierno cerrara en marzo la fiscalía especial que investigaba la guerra sucia de los años 60, 70 y 80, dejando en la “impunidad” los crímenes de esa época.
Otro agujero negro en materia de derechos humanos en México es la tortura, que sigue siendo un “problema generalizado” en el sistema judicial del país debido a “la aceptación por algunos jueces de pruebas obtenidas” torturando, agregó la organización.
(La Jornada, 1 de febrero de 2008)
