México, 13 abr (EFE).- La confianza de los mexicanos en el Ejército descendió 11 puntos porcentuales en los últimos dos años, en coincidencia con el aumento de su intervención en la lucha antidrogas, aunque es todavía la institución mejor considerada del país, revela una encuesta publicada hoy.
Según la encuestadora María de las Heras, contratada por el diario Milenio, a la pregunta de si hacen bien o mal su trabajo distintos actores en el país, en 2009 un 72% de los mexicanos califica positivamente al Ejército, mientras que en 2007 lo hacía el 83%.
María de las Heras opina que la institución "empieza a resentir el desgaste" por las tareas que le ha encomendado el presidente mexicano, Felipe Calderón.
El mandatario asumió su cargo el 1 de diciembre de 2006 y ese mismo mes ordenó el envío de militares a los estados más conflictivos de México para combatir el narcotráfico y al crimen organizado.
En estos momentos más de 45.000 militares están presentes en las zonas más violentas de México, especialmente en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Michoacán, donde tratan de prevenir los actos de la delincuencia organizada.
Otro sector que también ha perdido credibilidad en estos últimos dos años es la prensa.
En 2007 los periodistas despertaban una gran simpatía entre la gente (83%), pero en la actualidad ese porcentaje de apoyo se sitúa en el 59%, lo que representa un descenso del 24%.
Para De las Heras, ello puede ser "resultado de la insistencia gubernamental en satanizar el trabajo periodístico sobre el problema del narcotráfico", aunque la encuestadora no aporta ningún argumento empírico para justificar esa opinión.
Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), el árbitro en los comicios que se celebran en México, pierden terreno al pasar de 61% a 49% en el grado de aceptación, un descenso de 12 puntos porcentuales.
Otros agentes sociales que decaen son los obispos y cardenales, al pasar del 50% al 46%, y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), que bajan del 49% al 36%.
Los policías federales mexicanos son la única institución de las analizadas que mantiene en 2009 el mismo nivel de apoyo (43%) de 2007.
El sondeo consistió en 500 entrevistas telefónicas realizadas el pasado 2 de abril a mayores de 18 años, con un margen de error próximo al 4,5% y un índice de confianza del 95%.
(SDP Noticias, 13 de abril de 2009)
lunes, 13 de abril de 2009
Disminuye confianza de los mexicanos en el Ejército: Encuesta
Denuncian que ejército tiene cuarto de torturas en Ciudad Juárez
Por Redacción SDPnoticias.com/SDP
13 de Abril, 2009 - 10:45 — Ciudad Juárez, Chihuahua
Denuncian al ejército por de "levantar" y torturar a dos jóvenes; uno murió
El ejército mexicano tiene un cuarto de torturas en Ciudad Juárez, denunció Sergio Fernández, jóven que fue "levantado" presuntamente por elementos del ejército mexicano junto con su amigo Javier Eduardo Rosales, de 21 años, quien murió luego de que los militares lo torturaran por dos días seguidos.
El ejército mexicano tiene un cuarto de torturas en Ciudad Juárez, denunció Sergio Fernández, jóven que fue "levantado" presuntamente por elementos del ejército mexicano junto con su amigo Javier Eduardo Rosales, de 21 años, quien murió luego de que los militares lo torturaran por dos días seguidos.
De acuerdo con información publicada el 11 de abril en El Diario de Ciudad Juárez, familiares de las víctimas dieron a conocer que elementos del ejército mexicano de la unidad 2321370, "levantaron" a los dos jóvenes el pasado martes 7 de abril sin motivo alguno.
La mañana del jueves 9, Sergio Fernández regresó a su casa severamente golpeado y denunció que habían sido llevados por el ejército a una casa en donde fueron torturados para forzarlos a revelar donde se vendía droga en la colonia en donde vivían.
De acuerdo con el testimonio de Sergio Fernández, a su amigo, Javer Rosales, lo torturaron aún más simplemente por tener un tatuaje. Debido a este tatuaje, los militares lo acusaron de ser miembro de la banda "los aztecas".
Sin embargo, los dós jóvenes no eran los únicos que estaban siendo golpeados por el ejército. Sergio Fernández denunció que en la habitación en donde estaban siendo torturados había más gente siendo torturada.
Luego de dos día de turtura, el ejército llevó a los dos muchachos a un cerro, en donde los apedrearon para que corrieran entre cactus y espinas propias del terreno desértico. Puesto que el trayecto de regreso fue corto, revela El Diario, el cuarto de torturas pudo haber estado en una guarnición militar.
Debido a la golpiza que sufrió, Javer Rosales no aguantó el camino a pie de regreso a su casa y falleció. De acuerdo con los peritos de las autoridades estatales, el jóven presentaba "escoriaciones en pómulo izquierdo, la mejilla derecha y la nariz como huellas externas de violencia. Además, heridas por fricción en abdomen de lado derecho y ambos pies."
De acuerdo con las familias de las víctimas, cuando se presentaron ante la Subprocuraduría de Justicia y ante la PGR, se les negó auxiliarlos. Les dijeron que como se trataba de una denuncia contra militares tenían que ir a un módulo de quejas del cual los familiares no supieron donde se encontraba.
De acuerdo con El Diario, ninguna de las dos instancias judiciales explicaron por qué no atendieron la queja de los familiares de las víctimas.
Poco después el ejército mexicano emitió un comunicado en el que negó que hubiera participado en los actos denunciados, pero los testimonios denuncian lo contrario.
(SDP Noticias, 13 abril de 2009)
domingo, 12 de abril de 2009
Han muerto 610 niños en las guerras por la droga: Sedena
-Desde 2006 al menos 3 mil 700 menores quedaron huérfanos
-De ese total, 427 perecieron tras ser reclutados como sicarios
De diciembre de 2006 a marzo de 2009, en la guerra entre cárteles y en las batallas entre sicarios y fuerzas del Estado, existen otros saldos: 610 niños han muerto y al menos 3 mil 700 quedaron en la orfandad, revelan informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los cuales La Jornada tuvo acceso.
De los 610 menores fallecidos, 110 cayeron víctimas del fuego cruzado durante enfrentamientos entre bandas rivales o sicarios y fuerzas del Estado; 73 fueron ejecutados en el momento en que integrantes del crimen organizado asesinaban a sus familiares; otros 427 que habían sido reclutados como sicarios han muerto en enfrentamientos entre grupos rivales, y los restos de 120 de éstos últimos, fueron enviados a la fosa común porque nadie los reclamó.
Los informes castrenses, elaborados a partir "de los reportes que envían a esta dependencia las procuradurías estatales", refieren que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón han muerto 610 menores, cuyas edades van desde los dos meses hasta los 16 años.
Estos son algunos ejemplos: en abril de 2007, en un rancho ganadero del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, miembros de bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, drogas y armas, asesinaron a cinco personas; dos de ellas eran menores de edad: Jesús Iván Vázquez Vega, de 17 años, y Fabiola Cárdenas Jacob, de 14.
La madrugada del 4 de mayo de 2007, durante un tiroteo en la colonia Florida, municipio de Ecatepec, estado de México, murieron los menores Fernando Cruz Ayala y Cristina Mendoza Rodríguez. Presentaban cuatro y 10 heridas de bala, respectivamente.
Un año después, en un paraje de Playas de Rosarito, Baja California, fueron localizados los cuerpos de cinco menores de edad asesinados con armas de fuego y con huellas de tortura. Las víctimas –entre ellas una joven de 17 años–, estaban apiladas en una calle del poblado Cuero de Venados, en las inmediaciones del rancho Casián, a medio kilómetro del bulevar 2000, vialidad que une a Tijuana con Playas de Rosarito.
El 14 de julio de 2008, en Sinaloa, 12 personas fueron ejecutadas, tres de ellas eran menores de edad. Los crímenes se cometieron en la esquina del bulevar Rosales y Enrique Bunant, atrás de un centro comercial. En el sitio se encontraron más de 300 casquillos de fusiles AR-15 y AK-47. Las víctimas fueron identificadas como Melina Judith Angulo Ruiz, de 12 años; Jesús Antonio Sabredica Salazar, de 17, y José Leonardo Castañeda Parra, de 17.
Ese mismo mes y año, en Jalisco, seis integrantes de una familia –tres menores de edad– fueron ejecutados con el tiro de gracia en una casa en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán El Grande. Las víctimas infantiles fueron identificadas como Roberto Bernardino Campos, de 15; Magali Bautista Campos, de ocho, y Mayra Bautista Campos, de siete.
En agosto del año pasado, en la comunidad de Creel, Chihuahua, grupos de sicarios ejecutaron a 13 personas, incluyendo a un niño de cuatro años de edad y otro de meses.
El 3 de enero de este año, en Tijuana, Baja California, un menor de 14 años, identificado como Alejandro Joel Arámbula Flores, y cuatro hombres fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en un coche.
Según los reportes en estos estados murieron 183 menores: Chihuahua, 43; Baja California, 26; Zacatecas, 23; Tabasco, 11; Tamaulipas, nueve; Michoacán, 17; Guerrero, 19; Sinaloa, 15; Durango, siete, y Nuevo León, 13.
Los huérfanos
Los reportes castrenses señalan que durante la administración de Felipe Calderón, al menos se han contabilizado 3 mil 700 menores en la orfandad a causa de la ejecución de sus padres.
Los informes indican: “estos 3 mil 700 menores de edad han quedado marcados sicológicamente al haber observado uno de los hechos mas traumáticos de su vida, y a ello hay que agregar que han tenido que sobrellevar otro problema mayor: vivir con desconocidos o familiares para no ir a una casa hogar.
“En este contexto, las ejecuciones están provocando que los niños se vuelvan víctimas y después en victimarios por el odio con el que están creciendo”.
Los sicarios
Las estadísticas gubernamentales señalan que del total de delitos cometidos a escala nacional, 9.23 por ciento son perpetrados por menores de 12 a 15 años.
En ese contexto, el gobierno federal tiene documentado que han muerto por disputas entre cárteles rivales 427 menores de edad que actuaban como sicarios y que 30 por ciento de los cadáveres fueron enviados a la fosa común.
Según los reportes consultados, los niños fueron contratados por sumas que oscilan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales al inicio, y “en su mayoría fueron cooptados después de haber sido liberados de los consejos tutelares mediante el pago de fianzas.
“Los cárteles también están reclutando a niños en situación de calle o en colonias donde la población enfrenta situaciones de pobreza extrema.
“En muchos de los casos, el primer paso para cooptarlos es brindarles protección jurídica, alimentaria, de vestimenta y de vivienda. Luego, son entrenados en el manejo de armas.
“Los niños sicarios son utilizados por el crimen organizado como avanzada en acciones armadas en contra de miembros de otros grupos, y como espías de las bandas rivales.
“A esos menores se les vuelve adictos, si no lo eran antes. Se ha detectado que en primera instancia son bautizados con mariguana, después ellos escogen la droga que consumirán, siempre y cuando sus ingresos se los permitan.
"Además, quienes logran ascender en la estructura criminal tienen mayores ingresos, hay registro del pago de cientos de dólares por alguna acción especial".
En mayo de 2007, efectivos del Ejército detuvieron a seis adultos y a cuatro mujeres menores de edad en el municipio de Carácuaro, Michoacán, luego de que fue emboscada una partida del 12 Batallón de Infantería, con saldo de cinco muertos y tres heridos.
Las 10 personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelia. Se les inició la averiguación previa AP/PGR/-MICH/M-II/283/2007, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En octubre de 2008, en Caborca, Sonora, los menores Claudio y Eduardo fueron detenidos por la policía estatal investigadora, en el ejido Morelos; el reporte oficial mencionó que portaban armas de fuego, chalecos antibalas y cientos de cartuchos útiles.
En febrero de este año en Tultitlán, estado de México, agentes federales detuvieron a 10 sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dos de ellos eran menores de edad; la encomienda era eliminar a miembros La Familia, que opera en esa zona.
(La Jornada, 12 de abril de 2009)
martes, 7 de abril de 2009
Asume militar mando de Seguridad Pública en Piedras Negras
Piedras Negras, Coah. 7 Abr (Notimex).- Un militar retirado, con trayectoria en el Estado Mayor Presidencial, asumió hoy la Dirección General de la Policía y Tránsito de Piedras Negras, como parte de la estrategia para reforzar la prevención y combate a la delincuencia.
El coronel Arturo Navarro López fue avalado por decisión de la mayoría de miembros del cabildo local, en medio del rechazo de representantes del PRD, quienes cuestionaron el currículum del nuevo funcionario, que apenas hace tres días llegó a esta ciudad.
Al rendir protesta de su nuevo cargo, el militar aseguró que viene a tomar las medidas que sean necesarias para que haya una verdadera seguridad pública, y adelantó que habrá una depuración de los elementos que no reúnan el perfil para desempeñar su puesto.
"Es un compromiso que tengo con la gente que ha confiado en mí, por lo que a lo único a lo que vengo es a trabajar y a tomar las medidas que sean necesarias para continuar con la seguridad de los ciudadanos", aseveró.
Mencionó que la depuración es con el fin de evitar todo tipo de involucramiento con la delincuencia, por lo que habrá mano dura contra todo elemento que no acate la orden o que se les sorprenda en actos ilícitos.
"Analizaré a la gente con la que cuento, y serán ellos mismos los que tomen la decisión de renunciar si no reúnen el perfil y no se adaptan a la forma y disciplina de trabajar, por lo que no se tolerarán actos de corrupción de ningún elemento", apuntó.
El arribo del militar como director de Seguridad Pública en Piedras Negras es el cuarto que se registra en las últimas semanas en municipios de Coahuila, después de Saltillo, Ramos Arizpe y Monclova.
(SDP Noticias, 7 de abril de 2009)
lunes, 6 de abril de 2009
Designan a militar como director de Policía Municipal en Ramos Arizpe
06 de Abril, 2009 - 16:57 —
Saltillo, 6 Abr (Notimex).- El alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, presentó hoy a Manuel Jesús Cicero Salazar, como nuevo director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien remplazó a Homero Durán Flores.
El presidente municipal expuso que para esa decisión, el municipio estuvo en pláticas directas con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, a través del secretario de Gobierno, Armando Luna Canales.
"Con este esfuerzo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el estado, el que va a ganar sobre todo es el municipio de Ramos Arizpe", dijo.
Resaltó que desde que el 2006, cuando arrancó su administración municipal, sólo se ha registrado un asesinato en el ejido "El Perillal", donde un adulto fue victimado con una arma de fuego, de manera accidental.
Destacó que ante estas cifras, Ramos Arizpe es considerado uno de los municipios con menor índice de violencia, por lo que esperan seguir manteniendo este récord.
Por su parte, Cicero Salazar expresó que sus raíces son militares y ahora que estará a cargo de la Dirección de la Policía Preventiva pondrá todo su esfuerzo para que siga la tranquilidad, así como el respeto a las garantías individuales.
(SDP Noticias, 6 de abril de 2009)
domingo, 5 de abril de 2009
La guerra de Calderón
Jorge Moch
tumbaburros@yahoo.com
La guerra de Calderón
El poder intoxica. La toxina del poder engendra abusos. El abuso tiende en este país a pintarse de institucionalidad. La institucionalización del abuso se llama impunidad, y a su vez casi siempre aspira a la perpetuidad. Así reposan felices demasiados trapos sucios de esta moderna República, desde históricas masacres hasta asesinatos selectivamente desestabilizadores, pasando por escandalosos fraudes electorales y de variopintas, irresueltas tesituras. Por eso somos el país de la mordida.
Felipe Calderón, de quien sigue siendo imposible certificar a cabalidad que sea el legítimo presidente de México, resultó un tipo, vaya, belicoso. Nadie lo hubiera pensado mirando su breve historial público. Como titular de energía, lo mismo que como burócrata de altos vuelos en Banobras fue una eminencia gris. Anodino. Lo mismo cuando fue presidente de an . Pero ya insaculado tal que presidente, o debo decir impuesto “haiga sido como haiga sido” según un dicho suyo, resultó así, belicoso, bravucón. Amigo en demasía de los uniformes y las jerarquías castrenses: un hombre pequeño que, de pronto presidente de un país, se exhibe militarista irredento. En la realidad cruda, fuera de su propia visión en el espejo; en el espejo de los elogios, de los lamesuelas, de la cohorte de merolicos perversos y cortesanos zalameros de que se hace rodear, no alcanza a ver lo que realmente es: un hombrecillo inseguro de poder mantener el equilibrio sobre la silla presidencial que no le pertenece. Por eso, quizá, esa necesidad ridícula de militarizar su imagen y, como alguna vez vimos, hasta la de su progenie. Pero qué hombre pequeño, oiga usted, no se crece cuando se le recita al oído que él, él, él es nada menos que el comandante supremo de las fuerzas armadas, aunque nunca en su vida haya sido entrenado para combate, o padecido el infierno de un enfrentamiento armado, o estudiado estrategia militar, o tácticas de contrainteligencia o, en fin, aprendido a desarmar y ensamblar una pistola. Quizá, pues, Calderón lo que acusa es una irreprensible necesidad de respeto, de legitimidad, y por eso la milicia hasta en el pozole.
Desde el principio de su mandato hasta esta primera mitad del sexenio, Calderón se ha hecho ver rodeado de galones y charreteras. La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado ha sido, al margen de una pésima manera de hacer valer la ley, una bien montada campaña de propaganda. En la televisión, su principal aliado propagandístico, Felipe Calderón ha logrado aglutinar sólo adulación. La crítica a su fallida estrategia de choque es una lamentable ausencia en el discurso de noticieros y analistas. Ya desde su incipiente campaña por la presidencia, Calderón y sus alecuijes demostraron la beligerancia por venir en contra de cualquier periodista crítico inserto en canales de alta penetración como radio y televisión. Hoy el combate velado al periodismo crítico de los yerros gubernamentales se traduce en el apuntalamiento de una censura igualmente nebulosa: se nos pide a los periodistas, principalmente a aquellos ligados a los medios electrónicos, que solamente enfaticemos los presuntos logros de la guerra al crimen, pero sin mencionar rincones oscuros. Poco o nada la televisión menciona, por ejemplo, que la tal guerra al narco ha causado más muertos en estos dos años y fracción que todos los casos de muerte por adicción y/o asuntos relacionados directamente con el consumo de drogas per cápita en Estados Unidos, el más grande consumidor del planeta, y eso combinando, además, todas las drogas que entran a ese país por otras vías alternas a la frontera con México.
¿Dónde nace esa obcecación por poner al ejército a hacer labor de policía, situar cada vez más soldados en las calles gobernadas por civiles, exponer a las fuerzas armadas a los mismos mecanismos prevaricadores que infectaron de corrupción a las policías de todos los niveles?, ¿por qué ese empeño enfermizo en convencernos de lo que es in extremis indefendible?
Parece que Felipe Calderón, como su nefasto antecesor, habrá de terminar llevando a los medios una guerra que, al final, parecería estar luchando simplemente contra sí mismo. Y mientras tanto, igual que con su nefasto antecesor, la realidad de las calles, la de día a día de pobreza y carencias y falta de oportunidades para millones de mexicanos, seguirá caminando su propia senda, disociada de la versión oficial, paralela de modo que nunca pueda verificar su cruce con la otra, la virtual, la risueña mentira de la televisión.
(La Jornada Semanal, 5 de abril de 2009)
viernes, 3 de abril de 2009
Ciudadanos denuncian abusos del Ejército en Chihuahua
Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes revelaron que, supuestamente, militares revisan en partes íntimas am ujeres con el pretexto de que podrían esconder drogas
Luis Carlos Cano/corresponsal
El Universal
Ciudad Juárez, Chih. Viernes 03 de abril de 2009
17:26 Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) denunciaron que la noche del jueves elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional entraron al campus universitario donde se encuentran el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).
Por otro lado, activistas sociales de todo el estado de Chihuahua formaron el llamado Observatorio Ciudadano para vigilar el Operativo Conjunto Chihuahua y Juárez, a la vez que denunciaron que se están dando agresiones contra las mujeres por parte de soldados y PFP, ya que revisan a las señoras que van por sus hijos a las escuelas, les tocan pechos y otras partes íntimas con el pretexto de que esconden droga.
Esto fue corroborado por Gustavo de la Rosa Hickerson , Primer Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien dio a conocer que fue testigo directo de un caso de este tipo y que los soldados le dijeron que esa era la orden que tenían.
Cipriano Jurado, activista de los Derechos Humanos dijo que testigos y estudiantes vieron al personal del Ejército dar dos vueltas por el campus cerca de la macro aula II del IADA, sitio donde el jueves en la mañana se llevo a cabo el Foro, Militarización: ¿política de seguridad o de miedo?
"Esto se trata de una flagrante violación a la autonomía universitaria, ya que el ejército se encuentra en nuestra ciudad de manera ilegal y su actuación en la supuesta guerra contra el crimen, no ha sido clara y mucho menos provechosa, además de verse implicado en múltiples secuestros y casos de tortura, según reportes de la CEDH".
Pidieron al rector de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra pronunciarse enérgicamente en contra de este atropello que tiene claras intenciones de amedrentar a la población universitaria para que se imponga el miedo y se terminé avalando el estado de excepción que ya padecemos. Así mismo toda la comunidad universitaria debe rechazar estas acciones del ejército y sumarse a la campaña de desmilitarización del estado.
Por otro lado, en conferencia de prensa el diputado local Víctor Quintana Silveyra; el visitador para Proyectos Especiales y Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson y el ex diputado Jaime García Chávez, entre otros, dieron a conocer que por la alta incidencia de casos de violación a derechos humanos de los ciudadanos por parte de elementos federales y del Ejército que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua, crearon el Observatorio Ciudadano para dar seguimiento a todo lo que tenga que ver con las acciones policiales extraordinarias que se llevan a cabo en el estado.
Exigen que "las autoridades establezcan una hoja de ruta que registre plazos y formas para que el Ejército regrese a sus cuarteles en el plazo de seis meses que dio el comandante de la Quinta Zona Militar en el estado de Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia, una vez que se cumplan los objetivos planteados con la presencia militar y de las fuerzas federales encaminadas a combatir la violencia atípica, plazo que vence el próximo 31 de agosto".
Por su parte, la activista Patricia Mendoza, denunció que se ha venido dando la tendencia en los retenes militares y policíacos de someter a madres de familia elegidas supuestamente al azar, a revisiones físicas que incluyen tocamientos en sus zonas íntimas, a la vista de todos en plena vía pública, lo cual constituye una violación a sus derechos humanos.
Esto se da bajo el argumento de que se ha sorprendido a mujeres portando droga en el busto y la entrepierna, situación que ha derivado en la presentación de 35 quejas formales, por lo cual pidió que se denuncien este tipo de situaciones a fin de poner freno a esta práctica.
Una de las escuelas donde han realizado este tipo de operativos a la salida de alumnos es la Primaria José Torres Bodet, en la colonia Pradera Dorada, entre otras.
El visitador de la CEDH, Gustavo de la Rosa Hickerson dio a conocer que el pasado 19 de marzo levantó un acta circunstanciada a las 12:15 horas del día, haciendo constar que mientras transitaba por la Ave.
Gómez Morín vio un retén policiaco y se dio cuenta que una persona con uniforme azul y chaleco amarillo tiene detenida a una mujer joven, delgada, unos 30 años y 1.70 de estatura la cual tiene las manos pegadas al techo de su vehículo y la persona de uniforme la está revisando corporalmente tocándole el busto, las caderas, las piernas hasta los tobillos y después al no encontrar ningún elemento delictivo en ella, le permiten retirarse.
Agrega que la mujer que había sido revisada se retira conduciendo su camioneta marca Honda de modelo aproximado 2004-2005 que es un vehiculo evidentemente familiar, la mujer va llorando y cuando le pido que se detenga me contesta negativamente con la cabeza.
En ese momento se acerca un vehículo azul marca Toyota de modelo aproximado1995 conducido por una mujer de 35 años de edad de aproximadamente 1.60 de estatura la cual es bajada de la unidad y nuevamente la agente comisionada vuelve a revisarla corporalmente poniendo especial atención en el busto de la mujer revisada.
"Vuelvo a protestar por el proceder de la Agente ante el Comandante quien dice llamarse José Castillo, insistiendo yo en que solo pueden revisar corporalmente a aquella mujer que previamente hayan detenido en flagrancia y contestándome que ellos tienen instrucciones de revisarlas para buscar que no traigan armas o droga en su cuerpo aunque no se tenga ninguna evidencia previa y que la agente pone especial atención en el busto por que las mujeres ponen la droga en el brasier, en las pantaletas e incluso en la vagina".
cgb
(El Universal, 3 de abril de 2009)
jueves, 2 de abril de 2009
Soldados criminales… e impunes
Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
02 de abril de 2009
“A mí me violaron los militares, luego me mataron a mi hermano y a mi esposo lo amenazaron de muerte. Vivo con miedo por mis hijos y por mí. No se qué más quiere el gobierno; nosotros lo único que hemos pedido es justicia”, dice Inés Fernández, que ha vivido un vía crucis desde que fue violada por los soldados en su casa de Ayutla de los Libres, Guerrero.
No muy lejos, Valentina Rosendo, muchacha bonita y recién casada, lavaba ropa en el arroyo cuando se le aparecieron 8 soldados preguntándole dónde andaban los encapuchados, a lo que Valentina contestó que no sabía. Luego de que si era de Barranca Bejuco y ella que no, que de Caxitepec. Así que pa’ pronto le metieron un culatazo que la dobló sobre las piedras. Allí a ras del agua le arrancaron la falda. Uno de ellos le abrió las piernas, se bajó el pantalón y la violó por unos 10 minutos; luego vino otro con lo mismo y los otros 6 nomás viendo. De aquello le quedó el virus del papiloma humano y el riesgo de la muerte, además de la humillación que no se olvida.
Los casos de Inés y Valentina están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí ni quién oiga sus demandas. Pero todavía peor: como han luchado por que se haga justicia, se han desatado las amenazas y los hostigamientos.
Tan sólo en 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 230 quejas contra el Ejército. En ese mismo año 381 averiguaciones previas de delitos cometidos por militares contra civiles fueron turnadas a la Procuraduría General de Justicia Militar. Que sólo aceptó iniciar 110 procesos. De los cuales únicamente 11 —menos de 10%— derivaron en consignaciones.
Por su parte, diversas organizaciones civiles han documentado plenamente 120 casos durante el actual gobierno. Se incluyen 17 asesinatos, decenas de violaciones, allanamientos y torturas. Uno de estos casos puede ser histórico porque ya fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se refiere a los hechos de Santiago de los Caballeros, en Sinaloa, donde cuatro civiles fueron muertos por soldados. Aquí lo que la Corte ha de definir es si la actual extensión del fuero de guerra es compatible con nuestra Constitución y con los tratados internacionales que el gobierno mexicano ha firmado y ratificado. En pocas palabras, si es justo que en este país los militares que cometen delitos contra civiles sean juzgados por ellos mismos. Porque lo que ha ocurrido hasta ahora es que hay un permanente patrón de absoluta impunidad cuando las violaciones a derechos humanos de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses.
No se trata de abolir este fuero, sino de que se aplique para los asuntos internos del Ejército y no en agravio de civiles. Por cierto, no hay lucha antinarco alguna que justifique esta intolerable cadena de abusos de parte de un Ejército que sólo se desprestigia con la impunidad y cuyo comandante supremo es el propio Presidente.
P.D. Para mi nuevo y formidable amigo Eduardo Galeano, con mi admiración devota de siempre.
(El Universal, 2 de abril de 2009)
viernes, 20 de marzo de 2009
Calderón dice que aún no es tiempo de retirar al Ejército de las calles
México, 20 mar (EFE).- El presidente de México, Felipe Calderón, quien desde que asumió en diciembre de 2006 ordenó a los militares encabezar la lucha contra el crimen organizado, dijo hoy que no es momento de retirar al Ejército de las calles.
El mandatario, que encabezó la entrega del informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que la vuelta de los militares a los cuarteles "no es posible en estos momentos, al no existir una policía capacitada para combatir al crimen organizado".
Dijo que coincide con la postura del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, de que "la tarea de las Fuerzas Armadas es y debe ser temporal".
México vive desde hace tres años una ola de violencia atribuida al crimen organizado, en particular a los carteles de la droga que se disputan el control de rutas hacia Estados Unidos, periodo en el que han sido asesinadas unas 10.000 personas.
Calderón tiene como su principal reto interno la seguridad y el combate al crimen organizado, por lo que ordenó el envío de fuerzas combinadas de miles de soldados y agentes federales a los puntos más conflictivos del país, medida que ha sido criticada por organizaciones sociales mexicanas e internacionales.
El mandatario dijo que frente a la situación de violencia estaba la disyuntiva de "o dejar a los mexicanos a su suerte y en estado de indefensión frente a la acción violenta del crimen" o asumir "la fuerza del Estado" con los riegos que implica esta alternativa.
En ese acto anunció, como una muestra de la acción del Ejército, la captura de un presunto narcotraficante, Sigifredo Nájera, alias "El Canicón", a quien responsabilizó de la muerte de nueve militares y de los ataques con granadas y disparos al consulado de Estados Unidos y a las instalaciones de Televisa, todo ocurrido en Monterrey entre octubre de 2008 y enero pasado.
Por su parte, el presidente de la CNDH dijo que durante 2008 México vivió una panorama de "marcados claroscuros" en materia de derechos humanos, pues hubo avances pero también "sombras difíciles de desvanecer".
"En este contexto, el derecho humano a la seguridad pública sigue siendo la principal demanda y preocupación de los mexicanos", dijo Soberanes.
Indicó que la CNDH registró el año pasado 6.004 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, la mayoría de las cuales dirigidas contra la Secretaría de la Defensa (1.230), el Instituto Mexicano del Seguro Social (1.007) y la Fiscalía general (769).
(SDP Noticias, 20 de marzo de 2009)
martes, 17 de marzo de 2009
Ejército: ¿quién los regresará a los cuarteles?
Magdalena Gómez
a militarización paulatina que experimenta el país en el contexto del combate al crimen organizado avanza de manera significativa, en especial en algunas regiones, con altos costos en términos de respeto a los derechos humanos y con fuertes entredichos y contradicciones constitucionales, pues sin que el calderonismo declare la suspensión de garantías, en la práctica se está generando un discurso que prioriza y justifica acciones ominosas con la lógica de que "el fin justifica los medios".
Resulta muy elocuente y oportuna la reciente presentación del informe: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que elaboró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), el cual a partir de una investigación hemerográfica, documenta abusos militares cometidos por elementos de las fuerzas armadas mexicanas entre 2006 y 2008 y da cuenta del patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos que han cometido los soldados en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses, resultando así vulneradas las garantías de independencia e imparcialidad.
Con un amplio recuento de la cadena de quejas recopiladas por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las investigaciones previas que han sido transferidas a la justicia militar, el referido informe nos muestra que en los hechos se hizo un uso extensivo e ilimitado de la decisión sobre la Controversia Constitucional 1/96 –en torno a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública–, lo cual permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá del expreso mandato constitucional, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en todo caso estarían bajo las órdenes de autoridades civiles en dichas tareas.
El Centro Prodh pone el dedo en la llaga al recordar que inclusive durante la evaluación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno federal entregó el pasado 10 de febrero un informe en el cual acepta que entre enero de 2007 y julio de 2008 la CNDH emitió 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con violaciones a derechos humanos vinculadas con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Recordemos que entre muchos temas fue señalada al gobierno mexicano la necesidad de que se revisen los alcances del fuero militar y la necesidad de que sea el fuero civil el que juzgue violaciones a ciudadanos y ciudadanas cometidos por militares.
El Prodh refiere dos casos paradigmáticos que retratan la extensión del fuero de guerra a casos que involucran a civiles como víctimas de violaciones a derechos humanos, y en especial el relativo a Santiago de Caballeros, en Sinaloa, que ha sido atraído por la SCJN, permitirá a esta instancia revisar la postura que adoptó en 1996 a la luz del conjunto de evidencias que han sido documentadas y que serán presentadas, esa instancia tan poco prestigiada, pero a la que es menester insistir en que se encauce por el estado de derecho que incluya el derecho internacional de las garantías individuales. Estos temas ya son inocultables, y ciertamente no son consuelo las declaraciones que hizo el general de Brigada, Jaime Antonio López Portillo, titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional: “en la batalla que enfrenta el Ejército contra el crimen organizado se daña a las personas y a las propiedades, y agrego que la legislación militar prevé todo este tipo de cosas, evitar violaciones a las garantías individuales, pero hay algunas circunstancias en la que es inevitable, o desgraciadamente se puede generar alguna problemática (…) en relación con la gente que tenemos desplegada es muy baja la cantidad de quejas” (Reforma, 14/03/09).
Por otra parte, no está muy clara la reacción ciudadana; hay demasiado temor para expresarse libremente. Si tomamos en cuenta que el informe del Prodh se basó en revisiones de prensa, bien podemos suponer que hay un subregistro de los hechos cotidianos, que, a propósito de revisiones en retenes o cateos domiciliarios, entre otros, realizan los militares.
Por todo ello preocupan las declaraciones que hizo a la revista emeequis el obispo Renato Ascencio León: "si Ciudad Juárez se salva con la presencia del ejército de esta criminalidad que vive, bienvenido el ejército. Lo que necesitamos es recobrar la paz y la tranquilidad".
No en balde el próximo 20 de marzo se celebrará una audiencia temática sobre la justicia militar en México durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dicho: si juzgamos por los resultados, fue, por decir lo menos, ligera la decisión de sacar de sus cuarteles a los militares. Más nos vale preocuparnos de cómo lograr que regresen.
(La Jornada, 17 de marzo de 2009)
viernes, 27 de febrero de 2009
En ocho años el Ejército ha acumulado dos mil 966 quejas: Derechos Humanos
Víctor Ballinas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que del primero de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2008 el número de quejas contra militares ascendió a 2 mil 966 (cada una puede ser por atropellos a varias garantías), y los hechos violatorios de éstos cometidos por las fuerzas castrenses fueron 6 mil 874.
Aquí escribes el resto del contenido que no se vera.Al presentar hoy ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su último informe de labores, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, destacará que el año pasado los soldados ocuparon el primer lugar en número de recomendaciones, con un total de 14.
Es largo el historial de hechos delictivos cometidos por militares contra la población civil en los últimos ocho años. Se acumularon las siguientes denuncias: 971 por cateos y visitas domiciliarias ilegales; 802 por trato cruel y degradante; 797 por ejercicio indebido de la función pública; 761 por ejercicio indebido del cargo; 708 por detención arbitraria; 433 por robo; 326 por retención ilegal, y 218 por amenazas, subraya la CNDH.
En la numeralia también hay 52 quejas por violaciones a los derechos de migrantes; 64 por ataques a la propiedad privada; 51 por atropellos al derecho a la vida; 44 por desaparición forzada; 35 por tortura; 22 por violación a garantías de indígenas; 10 por extorsión; nueve por violación; cinco por abuso sexual, y una por violar derechos de niños, entre muchas otras.
En el informe que Soberanes Fernández presentará dará cuenta de que durante 2008 se elaboraron 5 mil 921 expedientes de queja, en los cuales la Sedena ocupó el primer lugar con 633; el Instituto Mexicano del Seguro Social, segundo, con 478, y la PGR, tercero, con 303.
Destacan hechos de 2008: mil 170 casos de ejercicio indebido de la función pública; 755 por negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud; 731 por cateos y visitas domiciliarias ilegales; 655 por detención arbitraria, y 588 por trato cruel.
Además informará que en mil 431 expedientes de queja “existió violación a derechos”. Enfatizará que la Sedena ocupó el primer sitio en número de recomendaciones, con 14, de las 67 que emitió a diversas dependencias, autoridades, gobiernos y funcionarios.
En entrevista, el ombudsman nacional insistió: “la impunidad y corrupción imperantes son cánceres que están corroyendo a la sociedad” y el principal problema por el que persisten los atropellos a las garantías básicas.
Soberanes Fernández expresó ante reporteros que “sin duda hay que reconocer que en estos 10 años (al frente de la CNDH) hubo avances y retrocesos en la materia. Delitos que se creía pertenecían al pasado volvieron a presentarse y se recrudecieron, entre ellos desapariciones forzadas, torturas, detenciones ilegales y ejecuciones”.
Al hacer un recuento de su labor al frente de la comisión, reveló: “cuando entré, ésta era una dependencia de Gobernación y su trabajo estaba muy subordinado al gobierno federal. Cuando llegué, encontré varios expedientes perdidos que tenían que ver con asuntos delicados. Aquí se le hacía el trabajo sucio al gobierno.
“A mí me tocó una etapa de autonomía, y lo que me ayudó muchísimo fue la transición democrática. Me tocó otro nivel de diálogo. Si la bandera del nuevo gobierno en 2000 era la democracia, entonces el discurso de derechos humanos era parte de su discurso político.”
El ombudsman nacional reconoció que uno de sus errores “fue no ser políticamente correcto. A lo mejor, si lo hubiera, había sido terso. Fui un poco salvaje. Pero como decía aquella viejita, ‘no me importa que me digas perro, sino el perro modo en que me lo dices’”.
Durante la entrevista, Soberanes Fernández se muestra contento. Se expresa de modo coloquial. Cuando se le pregunta qué sigue después de la CNDH, responde: “No me hago ilusiones. Hay una frase española que luego me mal interpretan. Lo digo en sentido español: no me hago puñetas mentales”. Ríe y abunda: “Empezar a decir yo soy el gran defensor de los derechos humanos, el gran jurista, n’ombre. Lo que procuro decir por salud mental es que lo único que tengo es una plaza de tiempo completo en la UNAM, a la cual regresaré”.
Medina Mora, “cuhillito de palo”
De su relación con la PGR, dice: “La actitud del procurador es muy difícil respecto a nosotros. Cuando entró, optó porque no le importaba la comisión. No nos hacía caso. Él heredó cosas de la administración pasada, como el acoso que ministerios públicos hacían contra nosotros. Yo le pedía que pusiera orden, pero en lugar de ello, desde la procuraduría, los alentaban para que siguieran fastidiando. Luego vino la etapa de la ignorancia, en la cual nos negaban los expedientes y rechazaban las recomendaciones. Después la de los ataques. Por último, de la actitud de ignorarnos se pasó a la agresión. Medina Mora, como dicen, es mátalas callando, cuchillito de palo. No le gusta lo que hacemos”.
El titular de la CNDH sostiene: “con el gobierno hubo distanciamiento porque hacíamos nuestro trabajo. Si hubiésemos sido complacientes, tapaderas o alcahuetes, habríamos tenido una magnífica relación, pero nuestros nexos son ríspidos y hasta violentos”.
–Con la llegada de este gobierno, ¿notó algún cambio en el respeto a los derechos humanos?
–Con el gobierno de Fox tuvimos salida de caballo y llegada de burro. Fox hablaba de ellos, pero a la hora de la verdad no hubo tal.
(La Jornada, 27 de enero de 2009)
martes, 24 de febrero de 2009
ONG: no hay niveles aceptables cuando se trata de violaciones a derechos humanos
ACritican a general por considerar admisible la cifra de recomendaciones hechas a Sedena
Militares han torturado, ultrajado mujeres y asesinado a ciudadanos en retenes, deploran
Han saqueado hogares, desaparecido personas y realizado detenciones ilegales, acusan
Enrique Méndez y Víctor Ballinas
Reacciones de reprobación y censura recibió el titular del área de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Jaime Antonio López Portillo, quien consideró que frente a 45 mil soldados que diariamente combaten al crimen organizado en México, las 671 recomendaciones hechas a la institución por violentar esas garantías "son aceptables" en términos númericos.
Legisladores federales; el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, y organizaciones no gubernamentales (ONG) puntualizaron que no es aceptable que las fuerzas armadas cometan una sola violación.
Los diputados Juan Guerra Ochoa (perredista), Samuel Aguilar (priísta) y Silvano Garay (petista) aseveraron que nada justifica los abusos militares en los operativos contra la delincuencia.
“No es justificable que se afirme que se trata de casos ‘totalmente involuntarios’, porque agresiones contra civiles rompen con la tradición militar de defensa de la población”, advirtió Aguilar.
Guerra Ochoa apuntó: "no hay niveles aceptables cuando se trata de violaciones a derechos humanos. Ninguna es aceptable, lo importante es que no las haya".
Silvano Garay deploró a su vez que "ahora se pretenda minimizar el número de quejas contra la actuación de las fuerzas armadas", porque se trata de casi dos diarias en solo un año, "cuando no debía ocurrir una sola".
Entrevistado también en San Lázaro, Álvarez Icaza aseguró que el respeto a los derechos humanos "es una estricta obligación (del Ejército), no una molestia", y aseguró que en las operaciones de fuerza pública, militar y policiaca, debe existir estricta consideración a los ciudadanos.
Apuntó que en la defensa del derecho a la seguridad no pueden violarse las garantías de los ciudadanos. "No puede ser que la intervención de las fuerzas del orden genere nuevas violaciones o maltratos", declaró.
De acuerdo con ONG defensoras de las garantías individuales, entre ellas la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH), la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos y la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), los soldados "han cometido cientos de violaciones graves a los derechos humanos; han ultrajado ancianas, señoras y menores de edad; han asesinado a ciudadanos en los retenes; han torturado, saqueado hogares, desaparecido personas; han detenido ilegalmente, y (han perpetrado) muchas atrocidades más, y eso no lo dice el titular de Derechos Humanos de la Sedena".
Gloria Ramírez, presidenta de la AMDH; Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la red Todos los Derechos para Todos, y Adrián Ramírez, presidente de la Limeddh, indicaron: "es una afrenta y un menosprecio a los derechos humanos. Con ese discurso muestra (el general) López Portillo que no entiende las obligaciones del país con la comunidad internacional".
Gloria Ramírez manifestó: "es lamentable que partamos de esa concepción que tienen las fuerzas castrenses sobre el respeto y el cumplimiento a los derechos humanos. No hay ningún margen, ningún umbral aceptable de violación a los derechos humanos; con esa respuesta ofenden a las víctimas y a la comunidad internacional".
(La Jornada, 24 de febrero de 2009)
lunes, 23 de febrero de 2009
Las quejas en contra del Ejército “no son muchas”
Aceptables resultados en derechos humanos: general López Portillo
Diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra antinarco
Necesarias, reformas para dar solidez legal a esa participación, señala
Jesús Aranda
Los resultados del Ejército Mexicano en materia de respeto a los derechos humanos "son aceptables", porque a pesar de que se incrementó la presencia militar en el combate al crimen organizado (diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra contra el narcotráfico) "no son muchas" las recomendaciones (671) presentadas en contra de soldados en el año anterior, sostuvo el general de brigada Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Añadió que hacen falta reformas para dar "solidez" legal a la participación militar en las funciones de seguridad pública. Lo que se busca es mayor eficiencia de las fuerzas armadas "para hacer nuestro trabajo" con certeza y seguridad jurídica, señaló.
El fuero castrense
En entrevista con La Jornada, el general López Portillo, quien fuera procurador militar, dijo que no se prevén cambios en el Código de Justicia Militar para juzgar en el fuero común a militares que cometan delitos en agravio de civiles. "No es que uno quiera retener la competencia (el fuero castrense) por capricho", pero ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha demostrado que el fuero de guerra sirva de coto de impunidad, "lo han dicho, pero no lo prueban, si hubieran probado un caso a lo mejor tendríamos problemas".
Respecto del caso de los dos eperristas desaparecidos el 24 de mayo de 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, precisó que la Sedena no tiene ninguna información sobre su paradero.
"La dirección a mi cargo requirió a todos los mandos del país y a todos los ministerios públicos que informaran si tenían conocimiento sobre el caso; incluso vinieron a las instalaciones del Campo Militar Número Uno a inspeccionar la prisión militar, a revisar los libros, a interrogar internos; vino un actuario de un juzgado de distrito y toda esta información se le entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió una recomendación en la que no nos señala a nosotros."
Durante la plática, desarrollada en la sala de prensa de la Sedena, el funcionario –que recorrió todos los escalones de la justicia castrense– comentó que las denuncias más significativas en contra de soldados son las presentadas en Sinaloa de Leyva –cinco miembros de una familia, tres de ellos niños, acribillados– y la de Santiago de los Caballeros –cuatro civiles muertos–, ambas en Sinaloa, así como la de Aldama, Chihuahua –donde una mujer embarazada murió a tiros–, y una de Reynosa, Tamaulipas –donde murió otro civil–, casos, dijo, "que son totalmente involuntarios".
–¿Cómo ha influido la participación del Ejército en contra de la delincuencia organizada para que se incrementen las quejas?
–Tenemos un despliegue de 45 mil elementos diariamente, más todo el trabajo administrativo en todas las unidades y dependencias del Ejército. Estamos hablando de un despliegue diario de 185 mil hombres y mujeres, y de mil 200 quejas (ante la CNDH), de las cuales sólo 671 dan lugar a una recomendación y 15 recomendaciones en el último año; estimamos que el número de quejas no es mucho en relación con la cantidad de gente que tenemos trabajando. Esto habla de que el adiestramiento del personal es adecuado.
–¿Ha disminuido algún factor de medición en las quejas que han conocido?
–Obviamente se incrementó la participación del Ejército en contra de la delincuencia organizada y esto genera un aparente incremento en las quejas. A golpe de vista pareciera que son muchas y que fuimos el primer lugar en esta materia pero, si hacemos un balance en cuanto a la actividad que se desarrolla, es positiva la actuación del personal militar. Obviamente quisiéramos no tener ni siquiera una reclamación, pero sólo se puede caer del caballo el que anda a caballo, ¿no? Estamos trabajando fuerte en beneficio del país, y pues se tiene este tipo de resultados que consideramos son aceptables, desde mi punto de vista y en el momento actual.
–¿Qué me puede comentar de su participacion en Ginebra?
–Se hicieron señalamientos sobre el fuero de guerra y la revisión del Código de Justicia Militar por parte de algunos países que forman parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero no se trata de una sentencia, son sugerencias. Ahí señalaron que revisemos el Código de Justicia Militar para otorgarle estándares internacionales en materia de derechos humanos.
"Como el bien jurídico tutelado es la disciplina militar, lo que busca el fuero de guerra es mantener la disciplina, que no tengamos un grupo de seres armados sin que nadie los controle. Hasta ahorita hemos demostrado que tenemos control hacia el interior en el funcionamiento de las fuerzas armadas."
–¿Cómo avanzar hacia un sistema en el que quede atrás la percepción de que las denuncias por violaciones a los derechos humanos que cometen militares quedan impunes?
–Nuestras sentencias y procedimientos son revisables mediante el amparo, y esa es una garantía para evitar la impunidad en favor de alguien.
“No nos han citado un caso concreto donde se diga, ‘aquí están los elementos de prueba en donde es contundente que el fuero de guerra ha sido un coto de impunidad’, y se ha mencionado a escala internacional; incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, pero no lo prueba. Si hubieran probado un caso, a lo mejor tendríamos ya problemas, independientemente de quién lo generaría.”
–Ha habido recientemente manifestaciones en Nuevo León y otros estados en contra de la presencia militar. ¿Este tipo de reclamos, qué tanto pueden enrarecer el ambiente, cuando la propia Sedena ha dicho que castigará cualquier acto ilícito de sus integrantes?
–No lo enturbia, porque lo que estamos haciendo es un trabajo lo más eficaz posible para el Estado mexicano como fuerzas armadas, participando subsidiariamente en actividades de seguridad pública. Todo tipo de expresión que hemos visto a escala nacional y en otros temas genera un incentivo para las autoridades. Nos obliga a revisar nuestras estructuras, organización, funcionamiento, nuestra logística, todo lo que es necesario para mejorar nuestro servicio.
–¿No es un contrasentido que por una parte el Ejército diga que en cuanto se fortalezcan las policías se retraerá de labores de seguridad pública, y que por otra el general secretario Guillermo Galván afirme que van a seguir actuando y que se requiere de mayor cobijo legal?
–Tal vez, las fuerzas policiales están haciendo lo suyo, no se minimiza, pero a lo mejor se maneja más el aspecto de que es más intenso el trabajo de las fuerzas armadas que el de las policías. Independientemente de la desarticulación de la que se habla mucho, porque cada municipio, cada estado, tiene su propia policía, y en el caso de las fuerzas armadas somos un ente monolítico a escala nacional.
(La Jornada, 23 de febrero de 2009)
jueves, 19 de febrero de 2009
Cae banda de plagiarios; el líder fue militar
edacción
El Universal
Ciudad de México Jueves 19 de febrero de 2009
19:49
Agente federales detuvieron en el estado de México a 12 presuntos secuestradores, integrantes de la organización criminal identificada como "Los Tenientes", incluyendo a su presunto líder, quien dijo que perteneció al Ejército y a la SSP del Distrito Federal, informó la Secretaría de Seguridad Pública federal.
En el operativo, efectuado en Ixtapaluca, los elementos de la Policía Federal liberaron a un empresario que estaba plagiado.
A través de un comunicado, la dependencia detalló que, producto del trabajo de inteligencia, se logró ubicar la zona de operaciones de la banda y el lugar donde se reunían para planear la logística de su siguiente secuestro.
Los efectivos desplegaron un operativo que permitió la captura del presunto líder y 11 integrantes más del grupo.
José Antonio Cruz González, "El Jarocho", de 31 años de edad, fue identificado como el presunto jefe de la banda, cuya función era la de negociar con los familiares de las víctimas y dirigir las acciones de los integrantes de la organización criminal.
El detenido manifestó haber pertenecido al Ejército mexicano y a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
También fue detenido Juan Gutiérrez Galván, "La Chata", de 33 años de edad, considerado como el probable segundo mando en la organización, cuya función era cuidar la periferia de la zona de operación, reclutar nuevos integrantes de la banda y pagar sus servicios.
Además, Hugo Armando Hernández Ochoa, "El Furcio", de 29 años de edad, tercero al mando del grupo, con la probable función de interceptar y cuidar a las víctimas.
José Juan Pedraza Pérez, "Pepe el Toro" o "El Judas", de 33 años de edad, quien participaba en la intercepción de las víctimas y las trasladaba a la casa de seguridad.
Juan Carlos Díaz Díaz, "El Oso", de 26 años de edad, quien presuntamente se encargaba de conseguir las armas; Calixto Sánchez Jacinto, "El Calimán", de 40 años de edad, probable encargado de cuidar a las víctimas, y Luis Alberto Segura Rodríguez, "El Bob Esponja", de 24 años de edad, cuya función era cuidar y alimentar a las víctimas.
También, José Eduardo Sánchez Galván, "El Solín", de 20 años de edad; encargado de alimentar a las víctimas; Marlen Judith Montes Hernández, de 19 años de edad, quien tenía la tarea de cuidar a los plagiados, y Lucero Villanueva Valencia, de 24 años de edad.
Rosenda Elizabeth López Ochoa, de 25 años de edad, quien probablemente facilitaba su domicilio para realizar reuniones, e Iván Ramírez Chávez, de 28 años de edad.
Los agente aseguraron además una pistola calibre 9 milímetros, número de serie 77884737; un cargador abastecido; seis teléfonos celulares; dos radios de comunicación, y diversas identificaciones.
Además, un vehículo Nissan Tsuru, con placas de circulación MAJ79-28, del Estado de México, y un Volkswagen Bora, con placas 123ULU, del Distrito Federal.
"La captura tuvo lugar en el domicilio ubicado en calle Escudo 1030, en Villas de Jesús María, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde la banda mantenía en cautiverio a un empresario de materiales para la construcción, de 40 años de edad, secuestrado en enero, por quien exigían una cuantiosa cantidad de dinero a cambio de su liberación, hechos asentados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/02/2009", refirió la dependencia.
La banda, agregó la SSPF, también había secuestrado a un empresario transportista de 63 años de edad, en octubre de 2008, a quien liberaron tras un pago de rescate.
"En seguimiento a la investigación de gabinete y campo, el 5 de enero de 2009 elementos federales detuvieron a un presunto secuestrador, identificado como Alejandro Bernardino Sánchez (a) "El Kano", quien en su declaración ministerial proporcionó alias y retratos hablados de los integrantes de esta organización criminal", abundó.
Con la información aportada por el detenido, comenzó la búsqueda de los demás miembros de la banda en colonias de Ixtapaluca, hasta llegar a la ubicación del jefe del grupo criminal "Los Tenientes".
La información permitió saber de dos inmuebles más utilizados como casas de seguridad, en las inmediaciones del fraccionamiento de Los Héroes y San Buenaventura, en dicho municipio.
"ediante una vigilancia permanente se logró ubicar el domicilio de calle Escudo 1030, Villas de Jesús María, en Ixtapaluca, estado de México, como el lugar donde los integrantes de la banda se reunían para planear su siguiente secuestro, lo que llevó finalmente a su captura".
De acuerdo con la dependencia, el modo de operar de la organización consistía en ingresar con lujo de violencia en los negocios de las víctimas y/o interceptarlas en las cercanías de sus domicilios, para lo cual se hacían pasar por elementos de la Policía Judicial, quienes aparentaban estar ejecutando una orden de aprehensión.
Luego introducían a las víctimas a vehículos con las características de los empleados por las autoridades policíacas, en los cuales partían con rumbo desconocido.
Los cobros de rescate los hacían en las inmediaciones de Chalco, estado de México, donde citaban a los familiares de los secuestrados en sitios públicos, en los que los observaban y conducían a otros lugares más vulnerables.
fml
(El Universal, 19 de febrero de 2009)
domingo, 15 de febrero de 2009
Militares: el enemigo, de la misma familia
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Las bajas más agraviantes que ha sufrido el Ejército en el combate al narcotráfico no son resultado de enfrentamientos con sicarios, sino ejecuciones realizadas por excompañeros de armas, entrenados por la Secretaría de la Defensa Nacional, que se han pasado a las filas del crimen organizado, o por células protegidas por altos mandos. En menos de cuatro meses, 21 militares han sido asesinados por quienes alguna vez formaron parte de los "incorruptibles".
Los enemigos más letales para el Ejército mexicano han salido de sus propias filas. Agrupados en su mayoría en Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, hombres que alguna vez fueron militares son los responsables de los más graves ataques contra las fuerzas armadas en su enfrentamiento con los cárteles del narcotráfico.
En los últimos tres meses y medio, las bajas más significativas y agraviantes para el Ejército se han producido en Cancún, Quintana Roo; Chilpancingo, Guerrero, y Monterrey y sus alrededores, en Nuevo León, a manos de narcotraficantes que formaron parte de esa institución o que, de acuerdo con los propios grupos dedicados al tráfico de drogas, tienen alianzas con militares en activo.Contrario al discurso del presidente Felipe Calderón sobre la incorruptibilidad de los soldados mexicanos, los golpes más extremos contra el Ejército han sido planeados y ejecutados por quienes fueron preparados y especializados, tanto en México como en el extranjero, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Del 17 de octubre de 2008 al 3 de febrero pasado, un total de 21 militares, incluido un general de brigada en retiro, fueron ejecutados por células de Los Zetas, surgidas del propio Ejército, y de los hermanos Beltrán Leyva, vinculadas a su vez con militares en funciones. De esas 21 muertes, 11 fueron por acuchillamiento, ocho por decapitación y dos por tortura. A diferencia de las bajas ocurridas durante enfrentamientos con sicarios, esas víctimas han sido “levantadas” o acorraladas y sometidas en presencia de numerosos testigos.Según datos públicos de la Sedena, hasta antes del martes 3 el Ejército había sufrido 68 bajas, tanto de militares en activo como en retiro, desde que comenzaron los operativos contra el narcotráfico en diciembre de 2006. Las mayores cantidades de víctimas se han registrado en Guerrero, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.Las dos bajas más reciente sufridas por el Ejército ocurrieron en Cancún, el martes 3. El general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones y su asistente, el teniente de infantería Getulio César Román Zúñiga, fueron torturados y asesinados por un grupo que la Sedena identificó como Zetas, con la participación de exmiembros de la institución armada.Pasado a retiro apenas el 1 de enero, el general Tello Quiñones estaba a cargo de la creación de un grupo especial contra el narcotráfico integrado por 100 militares y que iba a estar bajo el mando directo del presidente municipal de Benito Juárez, en Cancún, Gregorio Sánchez Martínez.Originario de Coacolman, en la zona serrana del suroeste de Michoacán dominada por el narcotráfico, el alcalde conocido en Cancún como Greg asegura que la designación de Téllez Quiñones fue por recomendación del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván.Junto con el general y su asistente fue asesinado el civil Juan Ramírez Sánchez, sobrino de Greg, cuestionado por los presuntos vínculos de su familia con la delincuencia organizada (Proceso 1684).
El verdugo
La muerte de Tello Quiñones fue un severo golpe para el Ejército. No sólo porque se trata del militar de mayor rango que asesina el crimen organizado, sino porque entre 2007 y 2008 el general fue comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia, donde participó en el Operativo Michoacán en contra del narcotráfico.El autor intelectual de estos crímenes fue Octavio Almanza Morales, alias El Gori 4, un exmilitar que, hasta su captura, el lunes 9, era el jefe de la célula de la organización de Osiel Cárdenas Guillén, del cártel del Golfo, en Cancún.Al informar de su detención, el miércoles 11, el subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena, el general de brigada Luis Arturo Oliver Cen, confirmó que El Gori 4 perteneció al Ejército, al que ingresó el 20 de mayo de 1997 y del que se dio de baja el 1 de julio de 2004.Junto con El Gori 4, actuaban como Zetas en Cancún sus hermanos Raymundo y Eduardo Almanza Morales, quienes también formaron parte del Ejército. De acuerdo con Oliver Cen, ambos lograron escapar del operativo en que fue detenida la célula del cártel del Golfo. Según la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, los dos exmilitares huyeron a Belice. Ni la Sedena ni la PGR indicaron el grado militar que alcanzaron los hermanos Almanza Morales en el Ejército. El Gori 4 no aparecía en la lista de los delincuentes más buscados que la PGR tiene en su sitio de internet.El asesinato del general Tello Quiñones fue la primera acción de envergadura emprendida por Almanza Morales, quien llegó recientemente a Cancún para sustituir como jefe de Los Zetas en la plaza a Javier Díaz Ramón, alias El Java Díaz, detenido por el Ejército el 22 de diciembre pasado, en el puerto de Veracruz.Octavio Almanza Morales fue lugarteniente de Sigifredo Nájera Talamantes, alias El Canicón, en el estado de de Nuevo León. Su captura, producto de una delación, fue significativa para el propio Ejército. La Sedena lo identifica también como corresponsable de la ejecución de nueve de los 11 militares asesinados en Monterrey en octubre pasado. Las bajas ocurrieron entre el 17 y el 22 de octubre de 2008 en actos de extrema crueldad, pues los efectivos castrenses fueron atacados con armas punzocortantes y lesionados en el cuello y en el tórax. Algunos de los restos fueron abandonados en terrenos baldíos y otros quedaron en el lugar de la agresión (Proceso 1669).El primer ataque contra los militares en Monterrey, desde que en diciembre de 2007 se echó a andar el Operativo Nuevo León Seguro, ocurrió la noche del martes 14 de octubre en un bar en pleno centro de la ciudad. Tres militares fueron acuchillados: Éder Missael Díaz García, Roberto Hernández Santiago y David Hernández Martínez.Cuatro días después, el sábado 18, los cadáveres de otros tres militares y un exmilitar aparecieron en distintos lugares, también acuchillados.Los cuerpos de David Hernández Aquino y Juan José Pérez Bautista quedaron en un parque de Country La Silla, en el vecino municipio de Guadalupe. Otro más, el de Gerardo Santiago Santiago, fue dejado a un lado de la cantina Los Generales, en el municipio de Juárez. La cuarta víctima fue Eligio Hernández Hernández, quien como exmilitar trabajaba en una empresa de seguridad. Fue apuñalado mientras estaba esposado con las manos en la espalda. Al día siguiente, domingo 19, otros tres militares aparecieron muertos en el ejido Las Margaritas, en el municipio de Santiago. Anastasio Hernández, Claudio Abad Hernández y Héctor Miguel Melchor Hernández –quien también era empleado de una empresa de seguridad– fueron degollados. Las violentas agresiones contra el Ejército en Monterrey culminaron el 22 de octubre, con tres asesinatos más. Uno de los ejecutados era el sargento segundo de la Séptima Zona Militar, Germán Cruz Lara. De acuerdo con la autopsia, su cuerpo presentaba cuchilladas en tórax y abdomen; golpes en la cabeza, pecho, hombros y rodillas, y quemaduras de segundo grado en brazos y antebrazos, espalda y abdomen.Todas esas muertes ocurrieron cuando el comandante de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, era el general de división Javier del Real Magallanes. Desde el 4 de diciembre de 2008, el divisionario es subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, responsable de los operativos de la policía federal contra la delincuencia organizada.Según la Sedena, en todas esas ejecuciones participó El Gori 4, quien fue detenido junto con otras seis personas como presuntas responsables del asesinato de los dos militares en Cancún.
Los decapitados
La saña de los asesinatos en Monterrey fue sólo el aviso de lo que vendría después en Chilpancingo Guerrero, donde ocho militares fueron decapitados, siete de ellos aún con vida, según el expediente de la investigación al que este semanario tuvo acceso.El primer caso ocurrió el 9 de diciembre, cuando fue asesinado el sargento Carlos Alberto Navarrete Moreno. Su cabeza fue depositada en una cubeta sobre el monumento a las Banderas, en una de las calles más transitadas de la ciudad, junto con un mensaje: “Según los militares, andan combatiendo la delincuencia organizada y resultan secuestradores. Esto les va a pasar por putos”.
Las otras víctimas fueron militares de entre 21 y 38 años de edad adscritos a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, quienes fueron interceptados en diferentes puntos de la ciudad –algunos frente a numerosos testigos– por uno o varios comandos armados, entre las ocho de la noche del 20 y los primeros minutos del 21 de diciembre. En total, fueron levantados siete militares que estaban francos: el capitán Ervin Hernández Umaña, los sargentos Juan Humberto Tapia Romero y Ricardo Marcos Chino; los cabos José González Mentado y Juan Muñoz Morales, así como los soldados Julián Teresa Cruz y Catarino Martínez Morales.Junto con ellos fueron asesinados Simón Vences Martínez, quien fue subdirector de la Policía Judicial en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu, y el indígena de 22 años Oligario Vázquez Quiroz, originario del municipio de Tlacopa, quien cumplía labores de limpieza en el 41 Batallón de Infantería de Chilpancingo y que estaba por ser dado de alta como soldado.El expediente de la averiguación previa por el delito de homicidio AP/BRA/SC/02/2725/2008 integrada por la Procuraduría de Justicia Guerrero, al que Proceso tuvo acceso, establece la causa de la muerte de los uniformados: “shock hipobolémico por hemorragia externa, producido por desprendimiento de extremidad cefálica consecutivo a herida producida por decapitación”.El dictamen forense registrado con el número 352/2008 señala que los victimarios utilizaron un instrumento denominado sierra tipo Giggy, un cable metálico dentado muy delgado y flexible que utilizan los traumatólogos para cortar hueso en cirugías. Precisa que, a pesar de haber sido amordazados, no sufrieron asfixia debido a que los decapitaron ante mortem.Sus cabezas fueron abandonadas en el estacionamiento de un centro comercial cercano a la 35 Zona Militar, al sur de la ciudad. Los cuerpos fueron arrojados en dos lugares al norte.Aunque la Sedena no le ha atribuido oficialmente a ninguna organización esos crímenes, la represión militar después de los hechos (que el Ejército públicamente asumió como “una ofensa que no quedará impune”) se ha concentrado en una célula de la organización de los hermanos Beltrán Leyva en la región de Costa Grande, incluido el puerto de Zihuatanejo.Grupos contrarios a esa organización en la zona han colocado narcomantas para señalar al coronel Víctor Manuel González Trejo, comandante del 19 Batallón de Infantería con sede en Petatlán, como protector del exalcalde del lugar, Rogaciano Alva Álvarez, y de Reynaldo El Rey Zambada, detenido en octubre pasado.A finales de enero se informó extraoficialmente que González Trejo fue relevado por el coronel de Infantería Marco Antonio Hernández Chávez, un militar ascendido en noviembre pasado por Calderón. De acuerdo con esa misma versión, González Trejo estaría siendo investigado por los señalamientos en su contra.El coronel González Trejo no es el único militar de la zona que ha sido acusado como protector de narcotraficantes. El teniente coronel José Alfaro Zepeda Soto fue mencionado en narcomantas colocadas en puentes peatonales y edificios públicos en los municipios de La Unión y Petatlán, también en la Costa Grande, además de Acapulco, Guerrero, así como en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El teniente coronel Zepeda Soto, comandante del grupo de Morteros en Zacatula, en el municipio de La Unión, es señalado como protector de José Ángel Pineda Sánchez, alias El Calentano.En los narcomensajes, dirigidos al titular de la Sedena, se asegura que ese jefe militar y El Calentano recibían dinero de Jaime González Durán, El Hummer, uno de los fundadores y jefes de Los Zetas detenido a principios de noviembre del año pasado en Reynosa, Tamaulipas. El pago, alegaron, fue a cambio de la protección de las actividades del brazo armado del cartel del Golfo en Guerrero (Proceso 1678).El Hummer también perteneció al Ejército. Causó alta el 15 de noviembre de 1991 y desertó el 24 de febrero de 1999 para unirse al también exmilitar Arturo Guzmán Decenas y al expolicía Heriberto Lazcano El Lazca, otros de los fundadores de Los Zetas al servicio del cártel del Golfo.
Los incorruptibles
A pesar de que las muertes de militares de los últimos meses están presuntamente vinculadas con actividades ilegales de compañeros y excompañeros del Ejército, Felipe Calderón aseguró el martes 10 que los soldados de México son incorruptibles.Durante la ceremonia del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, realizada en Tecámac, Estado de México, luego de pedir un minuto de silencio por el asesinato del general Tello Quiñones en Cancún, aventuró: “El general Vicente Riva Palacio decía con razón que toda sociedad guarda en su seno un germen incorruptible de moralidad y un núcleo de hombres que ni la seducción ni el miedo alcanzan a corromper. Así concibo yo a los soldados de México”. Añadió: “México ve en los integrantes de nuestras instituciones una reserva de esos valores que son la garantía verdadera de la Nación”.Además de los militares asesinados por exmiembros del Ejército, hay varios casos en que militares han sido asesinados por sus relaciones con la delincuencia organizada. El más reciente ocurrió el lunes 9, cuando un comando armado ingresó al penal de Torreón, Coahuila, para matar y posteriormente quemar con gasolina a tres secuestradores que apenas horas antes habían sido encarcelados.Uno de ellos fue Ubaldo Gómez Fuentes, El Uba, un subteniente que perteneció al Grupo de Inteligencia Militar del 33 Batallón de Infantería, detenido a principios de enero en Coahuila por el secuestro y asesinato del empresario regiomontano Rodolfo Alanís.
(Con información de Ezequiel Flores, en Chilpancingo.)
(Proceso, febrero de 2009, vía El Sentir de Cohahuila)
La CNDH de acusa a funcionarios de hacer desaparecer a dos guerrilleros
15 de Febrero, 2009 - 19:23 —
México, 15 feb (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) aseguró hoy que funcionarios del gobierno del sureño estado de Oaxaca son responsables de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyo paradero se desconoce desde el 24 de mayo de 2007.
La CNDH emitió una recomendación al Secretario de Gobernación (Interior), Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz; y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández, por el caso de los guerrilleros desaparecidos y exigió al Ejecutivo "la presentación con vida de los agraviados".
Los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya, y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, desaparecieron en 2007 después de haber sido detenidos en un retén.
Según la CNDH (defensoría del pueblo), a través de investigaciones propias logró demostrar "violaciones a derechos humanos" de los desaparecidos por lo que las autoridades tienen "la obligación de restituirles el pleno goce de sus derechos fundamentales conculcados, así como a repararles, o en su caso a sus familiares, los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado".
El organismo detalló en un comunicado que existen "indicios suficientes" para establecer que funcionarios de la policía y de la fiscalía de Oaxaca y de las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez "omitieron realizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero" de los dos hombres.
Además criticó que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) no haya "obtenido resultado alguno" tras 18 meses de investigaciones.
La dependencia señaló también que los agentes policiacos que participaron en el retén en el que fueron detenidos los insurgentes "incurrieron en omisiones y graves contradicciones al manejar versiones distintas" sobre los hechos.
"Cobra mayor certeza la presunción de que ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente trasladados de manera velada a las instalaciones de la procuraduría estatal, entre el 24 y 25 de mayo de 2007, fecha a partir de la cual nada se volvió a saber de su paradero", subrayó.
A su vez, la CNDH denunció que la PGR se niega a compartir información del caso y aseguró que muchos funcionarios de la defensoría han sido amenazados por agentes de esa corporación.
Para llegar a sus conclusiones la institución de defensa de los derechos humanos realizó entrevistas a familiares de los ausentes, funcionarios públicos federales, estatales y municipales, así como a organismos no gubernamentales, empleados de establecimientos comerciales, autoridades religiosas, testigos y vecinos, entre otras cosas.
El informe de la CNDH sobre el caso consta de 10.089 hojas y 17 tomos.
En abril de 2008, el EPR propuso la creación de una comisión de mediación para dialogar con el Gobierno, con el objetivo de lograr la presentación con vida de dos de sus militantes desaparecidos hace un año, la cual fue instalada.
El EPR, que surgió en 1996 en el sureño estado de Guerrero, perpetró en junio y septiembre de 2007 atentados con explosivos contra la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), para exigir la aparición de sus militantes.
(SDP Noticias, 15 de febrero de 2009)
Derechos humanos: situación de alarma
Editorial
La injustificada detención de Raúl Lucas Lucía y Miguel Ponce Rosas –activistas de la Organización para el Desarrollo del Pueblo Mixteco y cuyo paradero es hasta ahora desconocido–, realizada el pasado viernes en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, por presuntos policías de esa entidad, es un botón de muestra de la desastrosa situación que enfrenta el país en materia de respeto a las garantías individuales y vigencia de la legalidad, de la cual da cuenta el reciente informe realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre otras cosas, el documento exhorta al gobierno federal a erradicar las inveteradas prácticas de tortura y abusos cometidos por elementos del Ejército y de las corporaciones policiales; a combatir la impunidad que gozan las autoridades involucradas en los atropellos en contra de la sociedad; a armonizar la legislación nacional con los acuerdos y tratados internacionales suscritos por México; a ajustar el código militar a las obligaciones internacionales del país; a reformar el sistema de justicia y seguridad pública, y a poner fin al sistema de arraigo, práctica que rompe con el principio constitucional de presunción de inocencia.
La aplicación de tales medidas, y de otras orientadas a restituir la vigencia de los derechos humanos, resulta de obvia necesidad ante la persistencia de excesos represivos y autoritarios, y ante las constantes violaciones a las garantías básicas cometidas por las instancias gubernamentales y ampliamente documentadas por diversos sectores de la sociedad y organismos humanitarios. Sin embargo, hasta ahora los gobiernos de todos los niveles, empezando por el federal, no han dado signos de capacidad ni voluntad para avanzar en esa materia.
Al inicio del sexenio anterior, Vicente Fox pretendió mostrarse ante la opinión pública nacional e internacional como un gobernante respetuoso de las garantías individuales. Pero los hechos ocurridos en la segunda mitad de su administración mostraron conductas opuestas a las que Fox reivindicaba en los discursos, y pusieron en evidencia un régimen represor y proclive a criminalizar la protesta social en forma frecuente y extendida: así ocurrió con las torturas sufridas por manifestantes altermundistas en mayo de 2004 en Guadalajara, Jalisco, entidad entonces gobernada por Francisco Ramírez Acuña –primer secretario de Gobernación calderonista–; y con los actos de represión que tuvieron lugar en Texcoco y San Salvador Atenco, en Sicartsa y en Oaxaca, a finales de la administración foxista.
En poco más de dos años del actual ciclo de gobierno, el tema de los derechos humanos ha sido relegado a un lugar marginal del discurso oficial, y las autoridades federales, lejos de hacer algo por esclarecer y castigar los abusos cometidos en el sexenio anterior, han propiciado el agravamiento del estado de las garantías individuales, se ha continuado con la aberrante práctica policial de “fabricar” culpables y criminalizar a los disidentes, y se ha garantizado la impunidad de gobernadores como los de Puebla, Mario Marín; Oaxaca, Ulises Ruiz, y estado de México, Enrique Peña Nieto, señalados como violadores prominentes de los derechos humanos. Por añadidura, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico, se han cometido graves atropellos en contra de la población civil, a pesar de los cuales la administración calderonista ha sido renuente a modificar una política de seguridad que, por lo demás, ha demostrado ineficacia para mejorar las condiciones de seguridad pública. Con ello, ha quedado en evidencia un doble rasero por parte del gobierno federal, que se dice dispuesto a perseguir los graves delitos perpetrados por las organizaciones criminales, pero no hace lo propio con las ofensas a la sociedad que cometen quienes supuestamente debieran hacer cumplir la ley.
La situación de los derechos humanos en el país constituye un factor de alarma para la población en su conjunto, un elemento adicional de exasperación social y un lastre fundamental para el cumplimiento del estado de derecho. Es obligado, en suma, que las autoridades atiendan esta circunstancia, si no por elementales consideraciones éticas y legales, sí al menos por razones políticas y de imagen, pues un régimen que no respeta las garantías individuales resulta impresentable ante su propia población y ante el mundo.
(La Jornada, 15 de febrero de 2009)
martes, 10 de febrero de 2009
Honra Calderón a militar que estuvo preso por la matanza de seis jóvenes
-Moctezuma Zepeda, involucrado en el caso Buenos Aires
Claudia Herrera y Alfredo Méndez
El coronel de infantería Moctezuma Ilhuicamina Zepeda Rodríguez, uno de los militares que estuvieron presos por el caso Buenos Aires, recibió ayer de manos del presidente Felipe Calderón la condecoración al mérito de campaña contra el narcotráfico.
En 1997, el entonces teniente Zepeda Rodríguez se desempeñó como comandante del desaparecido grupo Jaguares, en la ciudad de México. Su jefe inmediato era el general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, entonces director de Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, quien fue ejecutado la semana pasada por sicarios del narcotráfico.
Ambos militares encabezaron la operación Buenos Aires y se les involucró con la desaparición y muerte de seis jóvenes. No obstante, fueron absueltos tras haber obtenido sendos amparos.
El 8 de septiembre de 1997, luego del operativo policiaco, los cuerpos de tres jóvenes fueron encontrados con huellas de haber sido ejecutados con disparos en la boca. Los restos de los otros tres fueron localizados meses después en un paraje del Ajusco.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, el hoy coronel había sido invitado por Tello Quiñones para formar parte de un grupo especial de expertos militares que darían asesoría en materia de seguridad pública al ayuntamiento Benito Juárez-Cancún. El objetivo era enfrentar frontalmente a los cárteles de la droga que operan en ese destino turístico, uno de los principales puertos de entrada a cargamentos de cocaína colombiana y precursores químicos procedentes de Asia y Europa.
El grupo especial no se pudo conformar porque el general Tello Quiñones fue ejecutado.
En octubre de 1997, Eleazar Pérez Zavala, integrante del grupo Jaguares y a quien se acusó de las ejecuciones de tres jóvenes de la colonia Buenos Aires, relató a La Jornada que el 2 de octubre de ese año, en el batallón de Balbuena, fue llamado a la oficina de Moctezuma Ilhuicamina Zepeda Rodríguez, “donde también se encontraban el general Enrique Tello Quiñones, director de Agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública, y el jefe de Motopatrullas, Jesús Alonso Valdez (Sagitario); éste último le advirtió: ‘ten cuidado con lo que hablas, porque si lo haces te va a pasar algo’”.
Además de Zepeda, ayer recibieron reconocimientos por su labor contra el narcotráfico los siguientes militares: el teniente de caballería Rubén González Bonales, el subteniente de infantería José Antonio Sánchez Escobar, el sargento segundo de caballería José Ángel Zopillactle Sánchez, el subteniente de infantería René García Dávila, el sargento segundo de infantería Víctor Manuel Aquino Solórzano, el cabo de infantería Fidel Hernández Hernández y los soldados de infantería Rubén Vázquez Solano y Cayetano Ortiz Alarcón.
(La Jornada, 10 de febrero de 2009)
lunes, 9 de febrero de 2009
La PFP “adopta” enseñanza militar
Anuncia el nuevo Coordinador General de Seguridad Regional que habrá una depuración y que imprimirá una visión castrense a la Policía Federal después de los escándalos de corrupción
Silvia Otero
El Universal
Lunes 09 de febrero de 2009
silvia.otero@eluniversal.com.mx
En entrevista con EL UNIVERSAL, el militar anuncia que habrá una depuración de efectivos de la PFP, y detalla que durante sus primeros días al frente de la corporación ha identificado deficiencias en el sistema educativo de los elementos que ingresan, por lo que asegura que el Instituto de Formación Policial “debe ser una escuela militar”.
Considera que la incorporación de militares a altos puestos en la Policía Federal Preventiva tiene un objetivo claro: imprimir la visión castrense en la corporación, una “mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, tras descubrirse la penetración del narcotráfico, que tenía a su servicio a jefes de alto nivel.
El reto como jefe de la corporación, señala, es cambiar la imagen que se tiene de la institución, después de los escándalos de corrupción, por lo que se ha iniciado un proceso de reclutamiento de nuevos elementos ante las vacantes que han dejado los policías destituidos, pero también habrá depuración: “el que no rinda, fuera”, sentencia.
Después de la detención de mandos presuntamente vinculados con el narcotráfico, no resulta casual el arribo a las filas de la SSP federal de militares en retiro. Además de Fregoso Cortés, fueron designados el general de división diplomado de Estado Mayor Javier del Real Magallanes como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, mientras que el también general Rodolfo Cruz coordina las Fuerzas Federales de Apoyo.
¿La visión de un militar era necesaria para reconducir las acciones de la PFP?
Nosotros tenemos una mística: servir a México. Estamos imbuidos de lealtad a toda prueba, a toda prueba la tenemos y la trajimos acá. He tenido muchos cargos operativos, he sido comandante de varias zonas militares, comandante de corporaciones, de unidades especiales, así que conozco perfectamente la administración, y mi chamba aquí es coordinar los recursos humanos, impulsarlos, escucharlos y orientarlos, ese es mi trabajo y lo estoy haciendo.
Fregoso Cortés no duda que la visión castrense hace hoy la diferencia en la corporación.
“Las órdenes que me dan son para mañana y eso hacemos, a lo mejor otro compañero no tiene esa mentalidad, pero la presencia del subsecretario, la presencia mía en coordinación con el general Cruz, en Fuerzas Federales, tiene esa orientación, dar una mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, dice.
¿Es lo que aportan ahora los militares en la secretaría?
Así es.
¿Costará sanear la institución?
La institución está bien, que vamos a tener que trabajar más para tener aspectos operativos positivos, sí, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr.
¿Qué falta operativamente?
Que la escuela de Formación Policial perfeccione sus sistemas educativos, que el sentido de pertenencia siga siendo vigente en ellos, que sea como una escuela militar, debe ser una escuela militar.
Fregoso Cortés asegura que contar con nuevos policías federales con una nueva mística de servicio es indispensable y el proceso no se puede retardar, “estamos a pasos acelerados, esto es para mañana, no me dijeron vienes y dentro de cinco años lo arreglas, no, lo quiero mañana, y así estamos trabajando”.
El general asegura que se está trabajando en “dar la imagen a la opinión pública de que la transparencia y la legalidad están presentes en la PFP, eso nos va a llevar tiempo todavía y tendremos que estar batallando y tendremos que estar aplicando la ley”.
¿Cómo garantizar que no se repitan los casos de corrupción a un alto nivel?
Con transparencia, en la forma de actuar, comportarse, en la forma en que vive uno, que no quede duda de que no hay algo turbio o chueco.
Tajante señala: “Tenemos perfectamente identificado que cuando hay encubrimiento y complicidad, cuando la autoridad no hace su trabajo, se mete en ese problema”.
(El Universal, 9 de febrero de 2009)
sábado, 7 de febrero de 2009
Generales inermes
Jorge Luis Sierra
El gobierno debe estudiar y entender cabalmente las implicaciones y significados del secuestro, tortura y ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y sus acompañantes.
Esta es una señal de que los generales mexicanos que ocupan puestos municipales, estatales o federales de seguridad pública se han convertido en el blanco principal de los ataques de la delincuencia organizada, y en el foco de una estrategia criminal para producir terror y desmoralización en las filas del Ejército.
Antes veíamos a civiles indefensos que eran ejecutados apenas tomaban su cargo como secretarios de Seguridad Pública, ahora vemos a generales inermes víctimas de atentados.
Las características del crimen obligan a considerar la posibilidad de que el grupo ejecutor tuviera información precisa sobre el itinerario del general Tello, lo que supone la intervención de sus comunicaciones o una penetración exitosa de su primer círculo de colaboradores. También supone un factor de inseguridad más: el gobierno distribuye a mandos militares en las plazas críticas del narco, pero no parece brindarles el nivel de protección que necesitan.
El general Tello apenas se había retirado del Ejército para empezar a servir de inmediato en las filas de la policía municipal de Cancún, Quintana Roo. Lo mismo sucede con un conjunto de mandos castrenses que está solicitando licencia o pasando a retiro para reemplazar a civiles en cargos de seguridad pública.
En la medida en que este reemplazo está coordinado por el alto mando de la Sedana, los generales que toman posiciones en la seguridad pública de estados o municipios siguen bajo la cadena de mando militar, participan de una estrategia castrense unificada, pero no gozan de las mismas condiciones de seguridad. Al salir de su ámbito normal de operaciones, pierden la protección que les ofrece la disciplina y organización militar y entran en los medios policiales donde los sistemas de contrainteligencia son casi inexistentes y la vulnerablidad es extrema.
La muerte del general Tello ha puesto en duda el éxito de la Sedena para blindar contra la infiltración del narcotráfico a las estructuras policiales de Aguascalientes, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Baja California, Oaxaca y Chihuahua que dirigen por lo menos seis generales y dos jefes militares.
A diferencia del Ejército Popular Revolucionario que intentó varias veces emboscar a los generales comandantes de las zonas militares en Guerrero y Oaxaca, el narcotráfico evita al máximo el enfrentamiento directo con las tropas y espera que los soldados salgan de los cuarteles, cambien de uniforme y entren solitarios a una zona de riesgo controlada por las organizaciones criminales.
Sin embargo, más allá de ese riesgo que de por sí libra cualquier policía o militar que lucha contra el narcotráfico, la ejecución del general Tello también puede interpretarse como parte de una serie de provocaciones contra el Ejército, que incluyen el asesinato y la decapitación de soldados, el intento de sembrar el miedo en el medio militar y la estrategia de producir una respuesta dura de los mandos castrenses.
La delincuencia organizada parece estar dispuesta a aceptar el costo de una contraofensiva militar a cambio de acelerar el desgaste, ya sea por corrupción, el asesinato o simplemente desmoralización, del último recurso de fuerza con el que cuenta el Estado mexicano.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en seguridad y fuerzas armadas
(El Universal, 7 de febrero de 2009)
miércoles, 28 de enero de 2009
Incompleto, informe de la CNDH sobre abusos de soldados contra civiles: ONG
-Omite señalar al Presidente como responsable de actos del Ejército
Emir Olivares y Alfredo Méndez
Aunque representa un avance, el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por soldados es incompleto, ya que el organismo omite pronunciarse seriamente sobre el fuero militar, el cual crea impunidad ante esos abusos, advierten integrantes de organizaciones no gubernamentales.
Tampoco señala –continúan– que uno de los responsables de las acciones del Ejército es el titular del Ejecutivo federal, como comandante supremo de las fuerzas armadas.
El director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga, resaltó que la cantidad de abusos cometidos por militares “no es nueva”, y que las organizaciones civiles las han documentado durante años, por lo que no bastan cifras para sancionar a los responsables.
Criticó que la CNDH haya omitido pronunciarse sobre el fuero militar, que “es lo que provoca la impunidad” en estos delitos, más aún cuando organismos externos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han determinado que ese furo tiene carácter restrictivo.
“No basta que la CNDH señale hechos y violaciones, sino que, con base en sus competencias, debe exigir que la justicia civil atraiga los delitos cometidos por militares contra la población, pues ante la parcialidad de los tribunales castrenses, no hay justicia para las víctimas; además, debe impulsar que se sancionen los abusos y dar un seguimiento a sus recomendaciones”, señaló Arriaga.
Indicó que otra omisión del organismo encabezado por José Luis Soberanes Fernández es que en ninguna de las recomendaciones emitidas a lo largo de los ocho años que señala el informe hace referencia a la responsabilidad del titular del Ejecutivo en las acciones del Ejército.
En tanto, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, coincidió en que “ninguna de las recomendaciones se ha dirigido al comandante supremo de las fuerzas armadas; la CNDH se conforma con hacer los señalamientos al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Indicó que otra de las instituciones que debió ser señalada por la CNDH es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que “ha convalidado las acciones del Ejército en tareas de seguridad pública con diversas tesis de jurisprudencia, lo que vulnera los artículos 16 y 129 constitucionales; acciones que a la postre provocan violaciones a las garantías de los ciudadanos”.
Por otro lado, Samuel González Ruiz, ex titular de la extinta Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, consideró que las casi 7 mil violaciones a derechos humanos cometidas por militares en los ocho años recientes son “injustificables” y obedecen a que un órgano que no está diseñado para realizar labores de policía fue obligado a hacerlas.
(La Jornada, 28 de enero de 2009)
viernes, 16 de enero de 2009
Militares filtraban datos a cárteles rivales
RICARDO RAVELO
MÉXICO, DF, 16 de enero (apro).- Varios militares adscritos a la SIEDO, así como al área de seguridad del presidente Felipe Calderón, sirvieron durante años tanto al cártel de Sinaloa como a sus rivales de Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo, según declaró Jennifer, un testigo protegido clave en la Operación Limpieza.
Su testimonio forma parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/0241/2008, integrada por la Procuraduría General de la República (PGR), para poner en marcha la Operación Limpieza que inició en marzo de 2008, después que la agencia antidrogas estadunidense (DEA) informara al entonces titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, que su círculo cercano de colaboradores había sido infiltrado por el cártel de Sinaloa y, en particular, por la célula encabezada por los hermanos Beltrán Leyva.
Según Jennifer, los hermanos Beltrán Leyva estaban interesados en saber si existía una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, en contra de Joaquín Archivaldo Guzmán, hijo del jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
Los militares adscritos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, a través de sus contactos en la embajada de Estados Unidos en México, indagaron si había un expediente para extraditar al hijo de El Chapo.
Jennifer cuenta los detalles de los encuentros sostenidos con el mayor Arturo González, una de las piezas importantes en las tareas de filtración de información tanto del círculo cercano del presidente –formaba parte del grupo de Guardias Presidenciales y actualmente bajo arraigo-- como de las tareas militares en contra del cártel sinaloense.
“El licenciado Oscar”
En su declaración, Jennifer narra que conoció a un personaje al que le decían “El licenciado Oscar”. Este sujeto, según datos confirmados en la PGR, en realidad responde al nombre de Rey Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada, uno de los poderosos miembros del cártel de Sinaloa.
Cuenta Jennifer:
“Se verificó un segundo encuentro con el mayor Arturo González y con el ‘licenciado Oscar’… El declarante no recuerda la fecha exacta, pero fue más o menos un mes después de la primera vez… En esa ocasión en el restaurante Champú Hélices (de) la avenida Paseo de la Reforma, frente a la embajada… Esta vez el licenciado Oscar (Rey Zambada) estaba acompañado de otro sujeto que se presentó con su apellido, pero el declarante no lo recuerda… Dijo que llevaba asuntos de Los Zetas en la SIEDO y que representaba los intereses de ese cártel”.
El testigo refiere los detalles de cómo “el licenciado Oscar” –Rey Zambada– se mostró interesado en conocer la situación jurídica del hijo de El Chapo; quería saber –dice “Jennifer”– si lo iban a extraditar a Estados Unidos.
Así lo narra el testigo:
“En otra ocasión el licenciado Oscar preguntó muy interesado si se sabía si existía orden de extradición en contra de El Chapito, es decir, el hijo de El Chapo Guzmán. (el señor) Cueto López (señalado en la indagatoria como reclutador de personal militar y de la SIEDO para ponerlos al servicio de Los Beltrán) dijo que se lo informáramos de inmediato y llamó a Alberto Pérez Guerrero (actualmente tiene la clave “Felipe” y es testigo protegido), que trabajaba en la embajada americana”.
El mayor González Rodríguez –explica Jennifer-- no quiso que Pérez Guerrero entrara al restaurante donde estaban reunidos, por ello “envió al declarante y Pérez Guerrero sólo tuvo que cruzar la avenida Reforma… El declarante se encontró con él en la vía pública… El declarante le dijo lo que le interesaba y Pérez Guerrero respondió que no sabía que El Chapito tuviera orden de extradición, pero expuso que lo verificaría en la embajada y en Interpol, por lo que después el declarante regresó a la mesa informando lo sucedido”.
El testigo protegido señala que “el licenciado Oscar” se mostró bastante preocupado por la supuesta orden de extradición en contra de El Chapito… Tanto Cueto como el declarante le dijeron al licenciado Oscar que en la SIEDO se contaba con información de domicilios donde iban a intentar localizar a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapito, y al Mochomo (Alfredo Beltrán Leyva, actualmente preso en el penal de Puente Grande, Jalisco), y el licenciado Oscar dijo que le interesaban mucho esos datos, pero se le dijo que se le proporcionarían en otra ocasión.
El testigo agrega otros detalles de aquel encuentro:
“Al salir fuimos al despacho del licenciado que dijo representar los intereses de Los Zetas, porque Cueto había salido de pleito con su primo Rodolfo de la Guardia (exjefe de Interpol investigado por estar presuntamente coludido con el narco) y pensaba poner un despacho… Dicho abogado los llevó a un edificio de color blanco, de tres pisos, que se localiza a espaldas de la embajada americana, y dijo que era propietario de todo” el inmueble.
Luego siguieron otros encuentros entre personal de la SIEDO –tanto civiles como militares– con personajes del cártel de Sinaloa, a fin de ponerse se acuerdo en la protección de cargamentos de droga, detenciones de rivales y filtración de información sobre operativos en contra de ese cártel.
Puntualmente los miembros del cártel de Sinaloa, según “Jennifer”, eran informados de todas las acciones, y por esos servicios se les pagaban entre 300 y 450 mil dólares mensuales a los altos funcionarios de la PGR, muchos de ellos actualmente bajo arraigo.
(Proceso, 16 de enero de 2009)
