Cuestión de opciones

miércoles, 11 de junio de 2008

María Teresa Jardí

Durante el breve tiempo, once meses, en que fungí como delegada, en la época de Jorge Carpizo como procurador general de la república, los policías afirmaban que Juárez era peor que el infierno. Y, sin embargo, esa era una de las plazas más “cotizadas” para el desempeño de subdelegado de policía de la PGR. Y lo era debido a la corrupción que existía en ambos lados de la frontera. La que sigue existiendo, me dicen que intensificada. Y me refiero a la corrupción como decisión a los gobiernos de ambos países. No a la corrupción aislada que se da en todo lugar y que se combate cuando la cabeza no está involucrada. A la corrupción que en México y que en los Estados Unidos de Norteamérica parte de la cabeza misma del gobierno de Bush, legítimo en su segundo periodo, usurpador también en el primero, a la corrupción de presidentes legítimos como Zedillo y como Fox y de dudosa legitimidad como Echeverría y López Portillo o de plano ilegítimos como Salinas y hoy

con el Ejecutivo, en México, en manos de un usurpador, que sí, que tienen un pésimo equipo, pero esto tampoco es gratuito, de gente inteligente se rodean los inteligentes, de gente eficiente los que van a cumplir con la prestación del servicio que el pueblo les manda, no los que usurpan el poder y se ven obligados a hacer malabarismos incluso para cumplir los muchísimos compromisos que se adquieren cuando se llega al grado de legalizar el fraude en un país. La violencia hoy, localizada de manera extrema, digamos --la violencia siempre es inaceptable porque siempre es una medida extrema--, por estos días, en Chihuahua y mañana se dará en Yucatán la misma situación, como antes se dio en Nuevo León, de manera incomprensible por impensable, también para la sociedad de ese Estado de la república, es producto hoy de la Presidencia usurpada por Calderón.
La corrupción, que nadie veía y mucho menos combatía, se detectaba desde entonces, por un lado en el tráfico de armas que entraban vía la aduana del imperio vecino a México y por el otro en el contrabando de todo y en especial de pollo que entraba por caminos vecinales y a la inversa la droga y los pistoleros eran el aporte mexicano de acuerdos a todas luces convenidos --y convenientes es de suponer-- por ambos gobiernos federales y locales, porque si se hubieran querido combatir estos fenómenos se hubiera hecho. Y la escalada de violencia, como la crónica anunciada que era, fue subiendo de tono y llegó a las mujeres impunemente asesinadas, en algunos casos por un asesino serial, que hasta el cansancio la opinión pública ha señalado que es el hijo de un protegido del panismo local y federal y lo mismo ocurría con el tráfico de cocaína en conocidos trailers de un “probo empresario” local. Es decir, cuando hasta los nombres de los responsables se conocen públicamente y nadie hace nada al respecto salta a la vista que la impunidad es el acuerdo bilateral.
El Plan México nada tiene que ver con el combate al narcotráfico que no se está dando y que no se va a dar. El Plan México es para control social y tiene que ver con las promesas de venta del usurpador de mierda que hoy se asesora en España para acabar de entregar los pocos bienes que al pueblo mexicano le quedan para transitar las próximas generaciones de manera aunque sea un poco menos violenta.
Y ahí es donde está el fracaso del Ejército Mexicano, en solapar eso, y no en prestar tres helicópteros para una telenovela, lo que no tiene la menor importancia en ningún lugar del planeta. Y si aquí se denuncia la anécdota es en función del desprestigio ganado a pulso por el duopolio telecrático debido al poder inaudito, sin controles de ninguna clase, otorgado por el gobierno, hoy usurpado, al duopolio productor de pornografía en horas incluso de la mañana del sábado cuando no es difícil suponer que las madres usan la televisión como niñera de sus hijos. Televisión, la mexicana, que es parte también de la involución de México como salta a la vista para cualquiera que esté dispuesto a perder algunas neuronas viendo un rato la Telebasura que aquí es lo único que se produce.
Pero lo que sí es incompresible es que el Ejército Nacional se preste a un juego tan obvio a pesar del enorme desprestigio que para él también trae aparejado el hacerlo y no me refiero a lo de salir o no sus implementos en una telenovela de la Telebasura, aunque también se debió aquilatar la respuesta de la opinión pública realmente azorada por lo que ocurre en el país, me refiero a salir a la calle a fingir un combate que es obvio que les han ordenado no dar y peor aún a reprimir a un pueblo al que le sobran razones incluso para estallar de la más violenta de las formas.
El Ejército Nacional haría bien en aquilatar desde ahora al lado de quién va a ponerse, incluso pensando en que la mancha de la represión no se quita nunca en la vida ni con el mejor de los detergentes.

(Por Esto!, 11 de junio de 2008)

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La guantanamización

Bitácora Republicana

Porfirio Muñoz Ledo

El título escogido no alude a la cadenciosa poesía de José Martí, cuya versión musical tiene eco universal, sino al enclave militar que los Estados Unidos mantienen en Cuba. Los abusos que ahí se cometen contra los prisioneros de guerra han hecho de Guantánamo un símbolo de la impunidad con que suelen violarse los derechos fundamentales.
Este fue el eje de la presentación anteayer de un libro excepcional: La Urgente Seguridad Democrática, del joven investigador Abelardo Rodríguez. Es un análisis retrospectivo de las doctrinas y métodos que han empleado los gobiernos mexicanos para mantener el “orden interno” del país desde la época post revolucionaria. Es una historia de los abusos y los límites del autoritarismo..

Destaca la confusión original entre seguridad del Estado y seguridad del régimen, e incluso seguridad presidencial, a través de un largo período. Explica que el concepto “seguridad nacional” llega a nosotros hasta principios de los años ochenta, pero a pesar de que se explora teóricamente su carácter multidimensional, queda confinado en la práctica a los controles políticos y territoriales.
En el prólogo, Sergio Aguayo subraya el protagonismo del gobierno norteamericano en el apuntalamiento de ese sistema, particularmente durante los tiempos de la Guerra Fría. Anota que “los excesos y errores del autoritarismo se convirtieron en la principal amenaza a la seguridad, porque debilitaron al Estado”. Lamenta “la impotencia de unos gobernantes incapaces de entender que la supervivencia del Estado dependía de una refundación democrática”.
Según el autor “Vicente Fox desperdició la oportunidad histórica de desarrollar una política de seguridad nacional que antepusiera los intereses del país a los de partido, sexenio y facciones”. La más grave falla de la transición fue el abandono de la reforma del Estado por la incompetencia de sus dirigentes, quienes “permitieron que la vulnerabilidad de las instituciones mexicanas se propagara irremediablemente”.
De Felipe Calderón asegura que “la premura por ocupar el cargo y reconstruir una legitimidad no le permitió ordenar un diagnóstico integral y estructurar un plan maestro de combate a las amenazas contra la seguridad nacional”. Por el contrario “la militarización acota el diseño de una estrategia más amplia, visionaria y de Estado”. Resulta “altamente peligrosa, porque puede fracturar al sostén de la seguridad nacional y de la seguridad pública: las Fuerzas Armadas”.
Anotamos también que el Plan Mérida viene a coagular el esquema del ASPAN, por el que aceptamos ser subsidiarios del esquema de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se crearía así una suerte de pinza entre militarización y seguridad energética. Sin embargo, sus consecuencias sobre la estabilidad del país obligaron al Senado norteamericano a condicionar esos fondos a “mecanismos de escrutinio que permitan verificar que sus destinatarios no están involucrados en violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción”.
Sorprende por ello que José Luis Soberanes, transformado súbitamente de acólito en cabo y con inconcebible olvido de la función encomendada, nos espete sin más que “el Ejército es la única institución con la capacidad humana, material y de organización que puede hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado”. Aunque asegura que su acción habrá de ser temporal, tampoco será “de la noche a la mañana” ya que “carece de poderes o atribuciones mágicas”.
Tal parece que el Ombudsman sí los tiene, ya que ha evaporado del suelo patrio, con la complicidad del gobierno, al representante del Alto Comisario para los Derechos Humanos de la ONU, Amérigo Incalcaterra. Su pecado: haber señalado repetidamente las debilidades e inconstancias de ese organismo y promovido la elaboración de una obra -de calidad excepcional- elaborada por académicos y organizaciones de la sociedad civil. Una propuesta integral de reformas a la Constitución en materia de derechos humanos.
Fue guía fundamental para quienes laboramos asiduamente en la CENCA. Su piedra de toque: la plena jerarquía constitucional de los Tratados y convenciones en ese campo y la conversión de sus contenidos en leyes internas. A pesar de que la propuesta tuvo consenso, inclusive del PAN, surgió abruptamente el veto oficial. Su terror de que se colaran normas relativas a temas como el aborto y la supeditación del Ejército al régimen de los derechos humanos.
En efecto, propusimos la modificación del artículo 13, para restringir el fuero de guerra “exclusivamente” a los delitos contra la disciplina militar y la sustitución de “tribunales” por la de “órganos de justicia militar”, para extender el mandato a la Procuraduría del ramo. En lo sustantivo, la exención de competencia para “investigar, juzgar o sancionar a los miembros del Ejército presuntamente responsables de violaciones a los derechos humanos”.
Las intenciones del gobierno son transparentes y la remoción del funcionario internacional es una confesión de parte. A nosotros corresponde imaginar cómo el pueblo podría remover a sus agresores.

(Por esto!, 23 de mayo de 2008)

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La guerra inútil de los cuatro mil muertos

jueves, 22 de mayo de 2008.

Ricardo Monreal Avila

A casi año y medio de haber declarado la guerra a la delincuencia organizada, hay tres verdades evidentes: una, el gobierno tomó la decisión correcta al confrontar sin miramientos el crimen; dos, sin embargo la estrategia adoptada ha sido incorrecta: dar de escobazos al avispero y poner elefantes a cazar ratones; tres, no puede haber marcha atrás en la decisión, pero sí debe haber revisión de resultados y esquemas.

El país vive la mayor ola de violencia criminal en tiempos de “paz social”. Cuatro mil muertos en 16 meses; 250 ejecuciones por mes; ocho por día. Casi los niveles de muerte en Irak. El gobierno señala que es el resultado de la lucha contra el crimen organizado. Que su estrategia es correcta y está dando resultados. Los miles de muertos son la prueba de que se avanza por el camino adecuado. Si hay más ejecuciones es porque antes no se combatía el crimen organizado con la determinación de ahora.
Este argumento es una falacia. Los muertos no responden a enfrentamientos entre la delincuencia y las fuerzas del Estado. Son producto del choque entre pandillas criminales, donde las autoridades reducen su papel a simples cronistas del México rojo, a levantadores de muertos y a simples “testigos judiciales” de actos criminales.
Si la embestida oficial estuviese ganando terreno, quienes habrían emprendido la huída de las ciudades y del país serían los narcotraficantes, no los policías municipales, estatales y federales que están renunciando a sus cargos y hasta asilo político han solicitado algunos de ellos a los Estados Unidos.
Si la guerra contra el narco estuviese en la dirección correcta, los cárteles se estarían resquebrajando, pulverizando y atomizando. Por el contrario, disponen de tiempo, espacio y recursos para reorganizarse, reagruparse y formar “megacárteles”.
Si la estrategia fuese la adecuada, el gobierno no se sentiría desesperado, abandonado y traicionado por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los medios de comunicación y la sociedad misma. El “¡Ya basta!” lanzado desde Los Pinos hace unos días no tuvo por destinatario a los delincuentes, sino a los ciudadanos que supuestamente somos los beneficiarios de esa guerra sin cuartel.
Fue una advertencia ominosa e intimidatoria: Cuidado con aquellos legisladores que no están dispuestos a aprobar leyes que sacrifican libertades ciudadanas y garantías individuales a favor de más seguridad. Cuidado con aquellos jueces formalistas que dejan en libertad a delincuentes por errores en las consignaciones de los ministerios públicos. Cuidado con los medios de comunicación que al difundir día con día los baños de sangre del crimen organizado, aterrorizan a la opinión pública y le hacen el juego a la delincuencia. Cuidado con los ciudadanos que al atemorizarse con esta violencia criminal prefieren guardar silencio, hacerse de la vista gorda, y convertirse en cómplices pasivos de la delincuencia. Cuidado con todos aquellos que nos critican.
Otros indicadores para afirmar que la estrategia no está dando los resultados esperados son los siguientes. ¿Qué impacto han tenido en el mercado ilícito de drogas y lavado de dinero los golpes al narcotráfico en México? Imperceptible. Las dosis de droga al menudeo siguen costando lo mismo en las calles de Estados Unidos y México antes de esta guerra, mientras que el gobierno de los Estados Unidos ha considerado que el envío de remesas a México por concepto de venta ilícita de droga creció en 2007 con relación a los años anteriores (más de 10 mmdd).
¿Cuáles son los efectos en términos de salud pública? La drogadicción ha crecido entre los jóvenes ha razón de 30% anual (es decir, en 2007 se reportaron y atendieron 30% más de casos de drogadicción juvenil con relación al 2006). En tanto que la violencia pasó del quinto al tercer lugar como causa de mortalidad en el país.
¿Cuál es el balance en términos de fortalecimiento del Estado de Derecho y de seguridad ciudadana? De las casi cuatro mil ejecuciones registradas durante esta guerra no convencional, en el 98% de los casos no hay detenidos o procesados. Es decir, los índices de impunidad siguen intocados. Mientras que en términos de derechos ciudadanos asistimos a la “guantanamización” de las garantías individuales, es decir, a la generalización de las detenciones por excepción y arrestos preventivos, así como al crecimiento de denuncias contra el Ejército mexicano por presuntas violaciones y abusos a las garantías fundamentales (634 quejas durante la actual administración, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos).
¿Cuál es la relación costo-beneficio de esta guerra, en términos estrictamente presupuestales? Un cálculo conservador del costo de movilización y mantenimiento de las tropas y cuerpos policiales en estos 16 meses nos habla de 10 mil millones de pesos, mientras que los decomisos en efectivo y en especie ascienden a 2,500 mdp según los escasos reportes oficiales. Sobre las cifras de detenidos en estos operativos hay serias divergencias oficiales. Mientras el señor Felipe Calderón informó en su última gira a los Estados Unidos de 22 mil personas, la Sedena reconoce sólo 4 mil 763 detenidos.
¿Se contuvo la amenaza de infiltración del narcotráfico en la política? No. A lo largo de 2007 trascendió en la opinión pública la creciente participación de bandas del narcotráfico en algunas campañas electorales para presidencias municipales, mediante apoyos económicos, logísticos, de seguridad y hasta de espionaje político a candidatos de diversos partidos políticos. Se habló de casos en Tamaulipas, Michoacán y Puebla. El hecho fue reconocido por el mismo procurador general de la República.
Por estos indicadores elementales se puede concluir que la “guerra no convencional” diseñada y operada por la actual administración es militar, económica y socialmente inútil. Mientras más efectivos hay en las calles, más narcoejecuciones se presentan. Mientras más alto es el presupuesto en materia de seguridad pública, más avanza la violencia como fenómeno social. Y mientras más se endurece la Constitución y la legislación penal, más alta es la impunidad. Algo anda mal en esta “guerra no convencional” y no son únicamente errores de operación, sino de conceptualización misma. Con esta forma de enfrentar a las bandas delincuenciales, donde se combaten los efectos, no las causas, nunca ganaremos la guerra a la delincuencia organizada, los muertos seguirán creciendo insensiblemente a niveles de genocidio, las avispas terminarán por someter al cazador y los ratones por hacer huir en estampida a los elefantes.

ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx

(Por Esto!, 22 de mayo de 2008)

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