Carmen Aristegui Flores
La ola de violencia y ejecuciones en México ha alcanzado ya niveles inimaginables en la historia de este país. Si no se revisa la estrategia y, aun, si se revisa -dicen los expertos- lo peor está por venir. La espiral desatada arroja, según información presentada esta semana en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente , cifras que alcanzan ya las 4 mil ejecuciones en lo que va del actual gobierno. Registro superior o equiparable al de cualquier conflicto bélico. 7.6 personas en promedio murieron diariamente. Según esta información en la última semana hubo cada 24 horas, 15 asesinatos. Muertes, desapariciones y enfrentamientos crecientes seguirán siendo parte del paisaje nacional por un tiempo indeterminado. No todo se reduce a los muertos.
Esto es lo visible y lo medianamente contabilizable. El insumo mayor, si se quiere, para el miedo, el temor y la psicosis. Pero, ¿de qué tamaño es la infiltración del crimen en las estructuras políticas y policiacas del país?, ¿en qué dimensión se encuentra el narco en las estructuras institucionales y de representación política en México?, ¿cuántos legisladores, presidentes municipales, gobernadores y altos mandos en el país están cooptados por el narcotráfico?, ¿se tiene una idea clara sobre los circuitos empresariales y financieros en los que se desenvuelve el narcotráfico?, ¿en qué medida el Estado mexicano está actuando en contra de ellos?
Explicaciones de especialistas internacionales como los doctores Samuel González y Edgardo Buscaglia remiten sus análisis sobre la corrupción, la violencia y el crimen organizado al estudio comparado de la experiencia internacional. Los patrones de conducta de la delincuencia organizada se repiten universalmente. El doctor Buscaglia (director del International Law and Economic Development Center y asesor de Naciones Unidas) explica sobre los factores que causan una defectuosa aplicación de políticas públicas para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Parte de una premisa básica, a partir de la cual se formularon las preguntas anteriores:
“La delincuencia organizada, a gran escala, sólo puede ser factible y sostenerse cuando el Estado no goza de niveles de gobernabilidad, y en donde existen alianzas tácitas y/o explícitas de apoyo entre actores políticos, empresas privadas y empresas criminales”.
Por lo tanto, dice el experto: “Es necesario implementar una Reforma integral del Estado, a través de un pacto político que rompa con la impunidad con la cual la delincuencia organizada infiltra al Estado”. Es a partir de la premisa, que lanza una aguda crítica a la estrategia que ha sostenido el gobierno federal en contra del narcotráfico. Buscaglia afirma que los países que alcanzaron el éxito contra el narcotráfico basaron su estrategia en cuatro vías: 1) ataque a las cúpulas del narcotráfico; 2) ataque a sus brazos armados; 3) ataque a sus redes financieras y 4) combate a la protección política y la corrupción. Cuatro líneas de acción que se aplicaron de manera simultánea. Necesariamente simultánea. Los gobiernos que las impulsaron contaban con amplios márgenes de legitimidad y aceptación social que les permitieron involucrar a poderes y sociedad en la cruzada.
El gobierno mexicano, que no cumple cabalmente con esta última condición, ha sostenido una estrategia que transita básicamente por las dos primeras vías, sin tomar como prioritario el combate dentro de las redes financieras y sin desmontar la protección política que hace posible que el narcotráfico domine zonas enteras del país. El problema mayor radica en que -siguiendo este estudio comparativo internacional- en los países en que sólo se instrumentó el combate a las cúpulas y a los brazos armados del narcotráfico sin incluir los frentes empresariales, financieros y políticos en donde se desenvuelve el narcotráfico, no sólo se desató una carnicería, como la que estamos viendo aquí, sino que se pasó de la infiltración y captura de autoridades a un control pleno del poder político conformándose lo que se dio en llamar narcodemocracias. No es muy difícil entenderlo. Si no se desarticula integralmente al monstruo, su capacidad de respuesta puede ser inaudita. Esta tesis sostiene que entre más recursos, soldados, policías y operativos destine el gobierno para combatirlos en el campo de la violencia y el descabezamiento -sin desarticularlos en lo político y financiero- trae como consecuencia más violencia, más corrupción, más infiltración y en algún momento, a la toma del poder político. Los casos analizados muestran no sólo el incremento de la violencia y las ejecuciones sino ataques tierra-aire y atentados.
En este momento todo indica que estamos ante una estrategia incompleta, por lo tanto ineficaz y, peor aún, contraproducente. Que quede constancia: nadie está diciendo aquí que el Estado claudique de sus obligaciones para dejar a “ciudadanos y periodistas en garras del narcotráfico”. Yo, como millones, deseo que el Estado se imponga al narcotráfico. Que los criminales sean vencidos y que se recupere la tranquilidad y el Estado de Derecho. Precisamente por eso destaco el valor de la crítica. Para revisar el camino. Para no equivocarnos. Para preguntarle al Presidente si realmente sabe ¿hacia dónde lleva al país?
(Reforma, 23 de mayo de 2008)
viernes, 23 de mayo de 2008
¿Quo vadis, Felipe?
domingo, 6 de abril de 2008
Militares, contra todos
En alerta debe poner la aparente disputa entre la Sedena y la SSP; la difusión de la versión de cada dependencia sobre una misma captura, diferentes entre sí, no denota sino un impulso contrario a la coordinación
Miguel Ángel Granados Chapa
Anteayer viernes estuvo en Ciudad Juárez el embajador Antonio Garza. Poco antes había anunciado que no sólo mantendrá la alerta que con informes de su oficina emite el Departamento de Estado sobre la seguridad en Chihuahua, sino que también "puede ser necesario elevar el nivel de la misma para reflejar de manera más precisa el aumento en la inseguridad" en ese estado. Ya en aquella frontera, insistió en el empeoramiento de las cosas para explicar su presencia: "Como a otras personas, me han preocupado los reportes de aumento de la violencia y criminalidad en Ciudad Juárez y consideré que era importante venir a la región para ver y oír de primera mano cómo se ha desarrollado la situación actual".
Las declaraciones y el viaje de Garza ocurrieron una semana después de iniciada la operación conjunta encabezada por el Ejército en aquel estado y en particular en aquella ciudad fronteriza. Aunque es temprano para evaluar el trabajo castrense en esta nueva fase de su participación en la lucha contra la delincuencia, la intervención del diplomático norteamericano parece indicar escepticismo sobre sus resultados, acaso por lo ocurrido en los primeros días del despliegue militar en la región. Una vez más se mostró que, aparte de su ineficacia en el combate contra la delincuencia, la presencia militar no sólo dista de ser disuasiva sino que se convierte en nuevo y negativo ingrediente de la grave situación.
Es bien sabido que una de las misiones militares en los estados y ciudades a donde se envían efectivos del Ejército es determinar la confiabilidad de sus aliados en las operaciones conjuntas, la policía estatal y municipal de cada lugar, que aparecen todas como sospechosas de contubernio con el crimen organizado. No es una mala hipótesis de trabajo, dada la experiencia que enseña cuán frecuente es ese vínculo, pero por la propia naturaleza de los sujetos investigados la pesquisa correspondiente debe realizarse con extremo cuidado, pues al identificar al enemigo interno puede resultar dañada la relación con la porción sana de las corporaciones enfermas.
Desaprensivamente, los mandos militares detuvieron el martes pasado a 45 integrantes de cuerpos policiacos en Ciudad Juárez. Sus compañeros y familiares protestaron por la detención, mediante una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cuyos visitadores les fue impedido el acceso a las instalaciones castrenses donde estaban los detenidos. Tampoco fue permitido el paso a la procuradora de Chihuahua, Patricia González, que quizá acudió alertada por la denuncia de que cuatro mujeres, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, que depende de la Procuraduría local, fueron sujetas a vejaciones y maltratos, desnudas por completo y con los ojos vendados.
El viernes fueron dejados en libertad 22 de esos detenidos, 15 de ellos de la corporación estatal y siete del Centro de Inteligencia Policial. No encontré noticias sobre la suerte de los 23 restantes, salvo la consignación de nueve de ellos por transportar mariguana en patrullas a su cargo. El propio martes se habían suscitado otros incidentes graves entre militares y agentes municipales juarenses. Por un lado, "la policía Sandra Guadalupe Vega fue trasladada a Servicios Médicos Municipales en estado de shock y con el uniforme desgarrado, aparentemente al forcejear con soldados que la pretendían revisar en un retén al norte de la ciudad" (Reforma, 2 de abril). Y, por otro lado, se produjo un tiroteo sobre el que los participantes sostuvieron versiones encontradas. La policía municipal dijo que tres agentes se dirigían a atender un llamado de emergencia a bordo de una patrulla que, inesperadamente, recibió fuego de un retén militar sin previo aviso, y uno de ellos fue herido de gravedad, en la cabeza. La Secretaría de la Defensa Nacional, por su parte, dijo que la patrulla seguía a un convoy militar y que, al tratar de identificar a los policías a bordo, éstos huyeron y aun dispararon contra los soldados, que repelieron la agresión y pudieron detener a los agentes, que en su vehículo oficial llevaban droga y un rifle AK-47.
En Nuevo León ocurrió el viernes otro enfrentamiento entre militares y agentes policiacos, aunque de naturaleza distinta al de Ciudad Juárez. Dos soldados en servicio en la base de operaciones de Lampazo se embriagaron y abandonaron su cuartel llevando consigo sus armas. Pretendieron que un civil al que conocían pagara cervezas para continuar su juerga y lo mataron cuando se negó a hacerlo. Huyeron y horas más tarde, por una aparente casualidad, toparon con agentes ministeriales que iniciaban la averiguación sobre el crimen que los militares ebrios habían cometido. Los policías intentaron desarmar a lo soldados, pero éstos dispararon y mataron a tres agentes. También los agresores murieron al ser repelido su ataque. Tal vez para eludir la responsabilidad corporativa que la opinión pública pudiera imputarles, la Sedena se apresuró a declarar que los ebrios eran desertores, cuando que no había transcurrido el tiempo en que se consuma ese delito contra la disciplina militar.
Dos semanas atrás, el 26 de marzo, otros militares habían privado de la vida a dos de sus compañeros y a cuatro muchachos civiles, al producirse en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, un tiroteo por la aparente negativa de los jóvenes a detenerse ante un retén. En el momento inicial, se buscó justificar el ataque pretendiendo que las víctimas estaban armadas, pero pronto quedó claro que se trataba de un abuso atribuible a los militares, que fue ya admitido como tal por la autoridades. El viernes la Procuraduría de Justicia Militar avisó de la consignación ante un juez castrense de Mazatlán de un teniente, un cabo y tres soldados como responsables de esos hechos, luego de que se informó inicialmente de 12 detenidos. En junio pasado, también en Sinaloa, dos mujeres y tres niños menores de cuatro años resultaron muertos en un injustificable ataque de militares al vehículo en que viajaba una familia, también con el pretexto de desobediencia a la orden de detenerse ante un retén. Diecinueve militares, entre oficiales y soldados, fueron sometidos a juicio por ese múltiple homicidio. Nueve meses después la justicia militar condenó a los oficiales a 15 años de prisión y a los soldados a siete. Esa lenidad anuncia la que beneficiará a los agresores del 26 de marzo.
Es gravísima la comisión de delitos por miembros del Ejército, especialmente cuando actúan en funciones policiacas e investigan y se enfrentan con miembros de otras corporaciones, porque eso contradice el propósito de haber sacado a los militares de sus cuarteles a las calles, que es reforzar la capacidad del Estado en el combate a una creciente, diversificada, imbatible delincuencia organizada. No menos grave, en consecuencia, sería que la coordinación entre fuerzas federales sufriera a causa de una disputa interna, de una pugna por acaparar los reflectores de los medios. No es válido extraer conclusiones generales de un hecho particular, pero al menos debe ponernos alerta el relevante diferendo surgido entre las secretarías de la Defensa Nacional y la de Seguridad Pública federal.
El jueves la SSP emitió un boletín para informar que la Policía Federal, esa entidad jurídicamente inexistente, detuvo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a un grupo de zetas (los matarifes del Cártel del Golfo), que llevaban consigo cerca de 6 millones de dólares. La propia dependencia aseguró que la captura y el decomiso resultaron de "trabajos de inteligencia, de gabinete y campo", realizados por aquella corporación, presumiblemente formada por la fusión entre la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal Preventiva que, sin embargo, mantienen su identidad legal propia. El que la SSP se atribuyera el mérito de esa detención disgustó a los militares. La Sedena lanzó al día siguiente un desmentido: siendo cierto el hecho central (la detención de delincuentes y la cantidad de dinero), no lo es la participación de la SSP, pues la captura fue realizada por miembros del quinto Regimiento de Caballería Motorizada, y fue posible gracias a una denuncia ciudadana. Si ello es así, la SSP debe cambiar de titular cuanto antes, para impedir que la desconfianza lastre la de suyo estéril tarea de las operaciones encabezadas por el Ejército.
(Reforma, 06 de abril de 2008. Tomado de Expresión Libre)
viernes, 30 de marzo de 2007
Líquido seminal
Carmen Aristegui F.
El caso de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, ocurrida el 26 de febrero en la Sierra de Zongolica, ha entrado en un oscuro territorio plagado de dudas, confusiones y muchas interrogantes. Estamos frente a una situación que involucra tal cantidad de cosas, que la sociedad mexicana debería ocuparse en seguir los detalles de la historia.
En primerísimo lugar, la verdad sobre la muerte de una persona que reunía los rasgos de mayor vulnerabilidad posible en la sociedad mexicana -mujer, indígena y anciana- en condiciones que deben quedar totalmente aclaradas. Van de por medio los sistemas de justicia estatal, federal y militar, así como la palabra del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que se comprometió en persona con la autoridad municipal de Soledad Atzompa y con líderes y representantes partidistas del PRD y de Alternativa, a llegar al fondo en las investigaciones. Va de por medio la credibilidad de la CNDH y, por si fuera poco, la fiabilidad de la voz del presidente Calderón. Y va de por medio el derecho de los mexicanos a una información veraz y confiable. Hoy hay dos versiones: la que se difundió desde el primer momento, sobre cómo Ernestina fue víctima de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército mientras llevaba a pastar a sus ovejas. Se cuenta con testimonios de los pobladores y el de su hija Martha quien, en lengua náhuatl, ha dicho que su madre antes de morir le dijo que "los soldados se le habían echado encima". La primera información oficial disponible corroboraba los hechos. El subprocurador de Veracruz, Miguel Mina, informó días después de la muerte: "es un hecho aberrante y no lo podemos soslayar... de acuerdo al dictamen médico pericial, hay un traumatismo craneoencefálico, que son golpes en la cabeza, y anemia aguda producida por un desgarro que, de acuerdo al médico, había perforado parte de la región anal y que eso hubiese provocado la misma". La otra versión, se sostiene en la necropsia realizada a petición de la CNDH después de la exhumación. Ayer José Luis Soberanes informó que "...no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de una anemia aguda, debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionado por úlcera péptica. Eso fue de lo que murió y también... se llegó a la conclusión... de que no había habido tal violación ni propia ni impropia". ¿Qué pasó entonces? ¿Fue violada o no por soldados del Ejército? ¿Murió o no a consecuencia de una acción aberrante? El comunicado de la CNDH descalifica de tal manera las informaciones de la autoridad local que anuncia también que denunciará los presuntos delitos y faltas administrativas de funcionarios de la Procuraduría de Veracruz. Conclusión: según la CNDH, nada de lo que se dijo anteriormente sobre este caso es cierto. Murió, como lo dijo Felipe Calderón anticipadamente a Elena Gallegos en La Jornada, de una gastritis mal tratada. No hubo violación de soldados, no hubo golpes, no hubo fracturas, no hubo nada de lo que dicen testimonios ni mucho menos nada de lo que informó, en su momento, el subprocurador Mina. ¿Todo se inventó? ¿De veras -como algunos sugieren- los pobladores de la Zongolica están utilizando la muerte de su hermana mayor -como le llaman a Ernestina- para presionar a que los militares se vayan de esta zona en la que se presume existe presencia guerrillera?, o ¿estamos frente a una distorsión de la justicia para encubrir hechos aberrantes de abusos del Ejército en contra de la población civil? Por lo pronto hay demasiadas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué, si no hubo tal violación, el Ejército informó en su segundo comunicado 019 del 6 de marzo que "...especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial... consistente en comparar el líquido seminal recogido de la hoy occisa"? Al día siguiente emitió el comunicado 020 informando que se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la base de operaciones y que "...junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la ciudad de México, para que con apoyo de los servicios de la PGR, se obtengan los perfiles genéticos... los resultados... tienen un tiempo estimado de 15 ó 20 días". Si no hubo violación, ¿cómo es que el Ejército envió muestras de sangre y de líquido seminal para ser analizadas al DF? ¿También lo inventó? ¿Por qué el Ejército emitió un comunicado, el 019, que después sustituyó por otro de mismo número, en dónde señalaba: "...delincuentes que utilizaron prendas militares, perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia... y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".
¿Perpetraron el crimen? ¿Hubo o no crimen? Si no hubo crimen, ¿por qué sintieron algunas autoridades la necesidad de regalar casas y bicicletas a los familiares de Ernestina Ascensio en los últimos días? ¿Por qué se ve en una fotografía de Ernestina un charco de sangre junto a su cabeza, si la hemorragia fue interna y por razones médicas? Ayer Soberanes contestó: "Habría que preguntarle a los peritos nuestros que estuvieron ahí presentes cuál fue el origen de esta sangre. Yo por el momento no se lo puedo decir". Por la memoria de esta mujer y por nuestro derecho a la verdad, la interrogante mayor debe esclarecerse: ¿cómo murió Ernestina?
(Reforma, 30 de marzo de 2007)
