Jorge Carrasco Araizaga
A Carmen Aristegui, por el premio María Moors Cabot
MÉXICO, D.F., 24 de octubre (apro).- El Ejército mexicano atraviesa uno de sus peores momentos desde que Felipe Calderón lo sacó a las calles, en diciembre de 2006, para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.
Entre el 8 y el 22 de octubre de este año, una decena de efectivos de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, fueron asesinados por comandos de la delincuencia organizada, el mayor número de bajas militares en un solo estado y en tan poco tiempo, en el marco de las operaciones ordenadas por Calderón.
De por sí agraviantes para las Fuerzas Armadas, estas muertes son una verdadera afrenta pública al Ejército por la manera en que se cometieron: todos fueron degollados y apuñalados.
Tres de ellos fueron sorprendidos en un centro nocturno de Monterrey, donde al parecer realizaban labores de recolección de información.
Un comando de jóvenes llegó al lugar y los sometió. Luego de golpearlos, los sicarios empezaron a torturarlos con armas blancas. Heridos, los arrastraron al centro de la pista de baile, donde los dejaron ante la sorpresa de los empleados y clientes que se vieron obligados a permanecer en el lugar.
Poco a poco aparecieron más efectivos del Ejército degollados al estilo de la técnica utilizada por desertores de la fuerza especial del Ejército de Guatemala conocida como kaibiles.
De confirmarse la autoría, el agravio para las Fuerzas Armadas mexicanas sería aún mayor, pues exmilitares extranjeros habrían actuado en contra de efectivos del Ejército.
En menos de dos años, decenas de elementos castrenses, incluidos algunos jefes, han sido torturados y asesinados por el narcotráfico, ya sea en emboscadas, secuestros o enfrentamientos.
En todos los casos ha quedado demostrado que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina carecen de preparación para la guerra a la que los embarcó Calderón.
En más de una ocasión, los narcotraficantes han mostrado mayor poder de fuego. Además, no constituyen una fuerza regular, a la que en teoría los soldados mexicanos están preparados para enfrentar.
Los sicarios del narcotráfico tampoco actúan como grupos subversivos. Son aún más peligrosos. Muchos mandos castrenses han sido entrenados para enfrentar a la guerrilla. En el mejor de los casos, el Ejército cuenta con fuerzas especiales para combatir a los brazos armados de los cárteles de la droga.
Pero está demostrado que esas fuerzas del Ejército mexicano son insuficientes para enfrentar simultáneamente en diferentes partes del país a los lugartenientes y comandos del narcotráfico.
Apenas este viernes 24, el gobierno de Nuevo León y la comandancia de la Séptima Zona Militar rindieron un homenaje a las víctimas en las instalaciones del Ejército en Nuevo León.
Pero en la ciudad de México, la secretaría de la Defensa Nacional guardó silencio. Ni siquiera emitió un boletín para informar del reconocimiento a sus elementos.
El silencio no sólo tiene que ver con una estrategia de comunicación. Se puede entender que forma parte de la institucionalidad del Ejército y que las bajas están consideradas en el cumplimiento de sus obligaciones.
Pero no son aisladas las voces de elementos militares, retirados y en activo, inconformes con las situaciones de ignominia en que se ha colocado al Ejército.
En más de una ocasión, los militares no ven quién se los hizo, sino quién se los paga. De ahí el incremento de violaciones a los derechos humanos de civiles a manos del Ejército.
Muy caro le está saliendo a las Fuerzas Armadas darle la legitimidad al Presidente, pues no hay que olvidar que en medio de la crisis política que representó su llegada a la Presidencia, el primer acto de gobierno de Calderón fue sacar a los militares de sus cuarteles para enfrentar al narco.
jcarrasco@proceso.com.mx
(Proceso, octubre de 2008)
domingo, 26 de octubre de 2008
El Silencio de la SEDENA
viernes, 16 de mayo de 2008
Los desaparecidos de Cadereyta
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Hace un año exactamente desaparecieron dirigentes sindicales, trabajadores y jubilados de la refinería Héctor Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Al hecho grave y agobiante de su desaparición ha seguido un silencio, una despreocupación oficial y social por la suerte de estas personas, que parece no importar a nadie.
Por eso hay que recordar lo ocurrido en aquella ciudad, porque es inadmisible que la gente se esfume como si se la hubiera tragado la tierra y ninguna autoridad explique lo ocurrido, a pesar de que hay información o indicios de que por lo menos algunas de esas infortunadas personas fueron detenidas por miembros de corporaciones oficiales.
Al anochecer del 16 de mayo de 2007. tras una asamblea de la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el comisionado de la Dirección Nacional, David Fernando Vega Zamarripa, conocido familiarmente como “El ganso”, y de cuarenta años de edad, fue “levantado” por un grupo armado, junto con varios compañeros.
Su hermano mayor, Hilario Vega Zamarripa, de 47 años, recibió al día siguiente un telefonema en que con amenazas se le requirió para presentarse en un lugar determinado, so pena de que David Fernando muriera.
Hilario, secretario general de la Sección y ex diputado federal priista, acudió a la cita y desde entonces no se sabe más de él.
Otros miembros de la Sección, trabajadores de la refinería, desaparecieron también entre esas fechas: Víctor Manuel Mendoza Román, de 35 años; Jorge Alejandro Hernández Faz, de 28 años; David Sánchez Torres, de 33 años. Igual destino corrieron los jubilados Félix Sánchez Torres, de 44 años; Luis Enrique Martínez Martínez, de 51 años; José Luis Zúñiga García, de 52 años. Los dos últimos desaparecieron después que el resto, el 20 de mayo, lo mismo que el ex alcalde de Cadereyta, José Luis Lozano Fernández.
El sólo número de personas “levantadas”, secuestradas o desaparecidas hubiera escandalizado a su entorno. Pero en ése como en otros momentos de violencia desatada en Nuevo León, el hecho se consideró como parte de un fenómeno más general, la desaparición de hasta 30 personas.
Por citar únicamente otro caso semejante, en el municipio de Guadalupe seis miembros de una familia de la colonia La Herradura habían sido privados de la libertad en esos mismos días.
Pero abrumó a los parientes de los desaparecidos la despreocupación de la autoridad local por investigar el caso, a pesar de que involucraba a personas de alto relieve en la vida política local.
Los hermanos Vega Zamarripa son parte del grupo director del sindicato de Pemex en todo el país. Hilario cubría su tercer periodo como secretario general, perseverancia sólo posible para quienes están bienquistos con la camarilla que rodea a Carlos Romero Deschamps.
Eso no obstante, tampoco el Sindicato hizo entonces, ni lo ha hecho a lo largo de un año, reclamo o protesta alguna por la suerte de sus integrantes, que no eran miembros de una corriente opositora o disidente, sino de la que controla la vida sindical y lo hace mediante mecanismos penados por la ley.
Ahora mismo se intenta procesar por venta de plazas a José Izaguirre Rodríguez, el reemplazante de Vega Zamarripa como secretario general interino. Tampoco él ni el resto de su comité salieron a las calles en exigencia pública por la aparición de su dirigente, cuyo periodo está por concluir. En vez de demandar su aparición, Izaguirre Rodríguez se apresta a la próxima elección seccional para formalizar su posición provisional.
Durante las dos semanas siguientes los familiares de los desaparecidos carecieron de toda noticia sobre ellos, hasta que el 4 de junio medios locales de información dijeron que soldados del Ejército mexicano los habían aprehendido y conducido a cuartel primero y después a la Subprocuraduría de Investigaciones Sobre Delincuencia Organizada en la ciudad de México. Se suponía también que agentes federales habían hecho las detenciones, ya que el despliegue de hombres dotados con armas de alto poder que las practicaron era semejante a los que estila esa dependencia. Y también se parecía a los que llevan a cabo sicarios de bandas de la delincuencia organizada.
No se confirmó ninguna de esas especies. Y nadie puso especialmente la vista en la refinería de Cadereyta donde la vida laboral siguió su curso. Ni siquiera se recordó a los desaparecidos en julio siguiente, cuando un rayo cayó sobre un depósito de gasolina primaria y provocó que se consumieran 200,000 litros de ese insumo.
La preocupante despreocupación oficial sobre ese caso alcanzó también al Senado, que el 11 de diciembre remitió a comisiones, en vez de aprobarlo inmediatamente, un punto de acuerdo iniciado por la senadora Rosario Ibarra en que se propuso exhortar a la Procuraduría General de la República y a la del estado de Nuevo León “a que den seguimiento urgente a la denuncia presentada por los familiares de los C.C. Hilario y David Vega Zamarripa por la desaparición forzada de que fueron víctimas los pasados 16 y 17 de mayo de 2007”.
Acaso el desinterés senatorial surgió por la referencia a la desaparición forzada, un delito de lesa humanidad con perfiles de mayor gravedad que el secuestro, que es también vituperable. En el punto de acuerdo aplazado se pedía al Senado condenar “de modo enérgico los casos de desaparición forzada que se han presentado en el país en el último año, causados por la omisión o acción autoritaria del Estado...”.— México, D.F.
(Diario de Yucatán, 16 de mayo de 2008)
miércoles, 30 de abril de 2008
Reportan balacera entre Ejército y presuntos sicarios en NL
Aunque el enfrentamiento no ha sido confirmado, trascendió que hay seis militares y un civil muertos.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 30/04/2008 14:07
Monterrey, NL. Un presunto enfrentamiento entre militares y pistoleros se registró esta madrugada en un camino vecinal de los municipios de Parás y Agualeguas, Nuevo León, en los límites con Tamaulipas, en donde al parecer resultaron heridos seis elementos del Ejército Mexicano y un civil.
Trascendió que la balacera ocurrió en un camino vecinal entre los citados municipios, al norte del estado, cuando un convoy de militares efectuaba un recorrido de vigilancia por el sector y detectó a los sujetos en varios vehículos en actitud sospechosa.
Al parecer, los efectivos militares pidieron a los hombres detenerse, pero éstos siguieron su camino, por lo que se inició una persecución y posterior enfrentamiento a balazos que se extendió hasta los límites con el estado de Tamaulipas, en Ciudad Mier.
En el enfrentamiento habrían resultado heridos al menos seis efectivos militares que fueron auxiliados por Protección Civil de Tamaulipas y, al parecer, trasladados al Hospital Militar ubicado sobre la avenida Manuel L. Barragán, en esta ciudad.
Asimismo, trascendió que uno de los sujetos del grupo armado resultó herido en el enfrentamiento, pero fue auxiliado y subido a uno de los vehículos donde viajaba el resto de sus compañeros, que lograron darse a la fuga.
(La Jornada On Line, 30 de abril de 2008)
