Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes revelaron que, supuestamente, militares revisan en partes íntimas am ujeres con el pretexto de que podrían esconder drogas
Luis Carlos Cano/corresponsal
El Universal
Ciudad Juárez, Chih. Viernes 03 de abril de 2009
17:26 Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) denunciaron que la noche del jueves elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional entraron al campus universitario donde se encuentran el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).
Por otro lado, activistas sociales de todo el estado de Chihuahua formaron el llamado Observatorio Ciudadano para vigilar el Operativo Conjunto Chihuahua y Juárez, a la vez que denunciaron que se están dando agresiones contra las mujeres por parte de soldados y PFP, ya que revisan a las señoras que van por sus hijos a las escuelas, les tocan pechos y otras partes íntimas con el pretexto de que esconden droga.
Esto fue corroborado por Gustavo de la Rosa Hickerson , Primer Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien dio a conocer que fue testigo directo de un caso de este tipo y que los soldados le dijeron que esa era la orden que tenían.
Cipriano Jurado, activista de los Derechos Humanos dijo que testigos y estudiantes vieron al personal del Ejército dar dos vueltas por el campus cerca de la macro aula II del IADA, sitio donde el jueves en la mañana se llevo a cabo el Foro, Militarización: ¿política de seguridad o de miedo?
"Esto se trata de una flagrante violación a la autonomía universitaria, ya que el ejército se encuentra en nuestra ciudad de manera ilegal y su actuación en la supuesta guerra contra el crimen, no ha sido clara y mucho menos provechosa, además de verse implicado en múltiples secuestros y casos de tortura, según reportes de la CEDH".
Pidieron al rector de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra pronunciarse enérgicamente en contra de este atropello que tiene claras intenciones de amedrentar a la población universitaria para que se imponga el miedo y se terminé avalando el estado de excepción que ya padecemos. Así mismo toda la comunidad universitaria debe rechazar estas acciones del ejército y sumarse a la campaña de desmilitarización del estado.
Por otro lado, en conferencia de prensa el diputado local Víctor Quintana Silveyra; el visitador para Proyectos Especiales y Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson y el ex diputado Jaime García Chávez, entre otros, dieron a conocer que por la alta incidencia de casos de violación a derechos humanos de los ciudadanos por parte de elementos federales y del Ejército que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua, crearon el Observatorio Ciudadano para dar seguimiento a todo lo que tenga que ver con las acciones policiales extraordinarias que se llevan a cabo en el estado.
Exigen que "las autoridades establezcan una hoja de ruta que registre plazos y formas para que el Ejército regrese a sus cuarteles en el plazo de seis meses que dio el comandante de la Quinta Zona Militar en el estado de Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia, una vez que se cumplan los objetivos planteados con la presencia militar y de las fuerzas federales encaminadas a combatir la violencia atípica, plazo que vence el próximo 31 de agosto".
Por su parte, la activista Patricia Mendoza, denunció que se ha venido dando la tendencia en los retenes militares y policíacos de someter a madres de familia elegidas supuestamente al azar, a revisiones físicas que incluyen tocamientos en sus zonas íntimas, a la vista de todos en plena vía pública, lo cual constituye una violación a sus derechos humanos.
Esto se da bajo el argumento de que se ha sorprendido a mujeres portando droga en el busto y la entrepierna, situación que ha derivado en la presentación de 35 quejas formales, por lo cual pidió que se denuncien este tipo de situaciones a fin de poner freno a esta práctica.
Una de las escuelas donde han realizado este tipo de operativos a la salida de alumnos es la Primaria José Torres Bodet, en la colonia Pradera Dorada, entre otras.
El visitador de la CEDH, Gustavo de la Rosa Hickerson dio a conocer que el pasado 19 de marzo levantó un acta circunstanciada a las 12:15 horas del día, haciendo constar que mientras transitaba por la Ave.
Gómez Morín vio un retén policiaco y se dio cuenta que una persona con uniforme azul y chaleco amarillo tiene detenida a una mujer joven, delgada, unos 30 años y 1.70 de estatura la cual tiene las manos pegadas al techo de su vehículo y la persona de uniforme la está revisando corporalmente tocándole el busto, las caderas, las piernas hasta los tobillos y después al no encontrar ningún elemento delictivo en ella, le permiten retirarse.
Agrega que la mujer que había sido revisada se retira conduciendo su camioneta marca Honda de modelo aproximado 2004-2005 que es un vehiculo evidentemente familiar, la mujer va llorando y cuando le pido que se detenga me contesta negativamente con la cabeza.
En ese momento se acerca un vehículo azul marca Toyota de modelo aproximado1995 conducido por una mujer de 35 años de edad de aproximadamente 1.60 de estatura la cual es bajada de la unidad y nuevamente la agente comisionada vuelve a revisarla corporalmente poniendo especial atención en el busto de la mujer revisada.
"Vuelvo a protestar por el proceder de la Agente ante el Comandante quien dice llamarse José Castillo, insistiendo yo en que solo pueden revisar corporalmente a aquella mujer que previamente hayan detenido en flagrancia y contestándome que ellos tienen instrucciones de revisarlas para buscar que no traigan armas o droga en su cuerpo aunque no se tenga ninguna evidencia previa y que la agente pone especial atención en el busto por que las mujeres ponen la droga en el brasier, en las pantaletas e incluso en la vagina".
cgb
(El Universal, 3 de abril de 2009)
viernes, 3 de abril de 2009
Ciudadanos denuncian abusos del Ejército en Chihuahua
martes, 3 de junio de 2008
Repudian fallo del IVAI sobre caso Ascensión
A. T. Morales, corresponsal
Jalapa, Ver. La Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) calificó de insuficiente y limitada la resolución del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) que la semana pasada ordenó a la procuraduría de justicia del estado entregar parte del expediente judicial sobre la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, en 2007.
Julio Atenco, líder de la agrupación, acusó al instituto de convertirse en cómplice de los gobiernos federal y estatal, los cuales “negociaron políticamente no sólo cerrar el caso, sino bloquear todo intento ciudadano para acceder a los documentos del mismo”.
La entrega parcial del expediente, acotó, excluye los datos personales de la anciana nahua e información sobre los peritajes que acreditarían un fallecimiento por homicidio y no por muerte natural.
En nombre de los grupos integrantes de la CROIZ, Atenco repudió la decisión de los consejeros del IVAI, Álvaro de Gasperín, María del Carmen Martí Capitanachi y Rafaela López Salas, que permitió a la procuraduría clasificar en reserva parte de la investigación ministerial sobre el caso Ascensión.
Igual que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luís Soberanes, dijo, ahora los tres integrantes del IVAI se confabularon con el gobernador Fidel Herrera para evitar que la ciudadanía conozca los detalles de la investigación y mantener en “secreto oficial” el caso.
Adelantó que en coordinación con el Centro de Servicios Municipales se analiza interponer un amparo contra el resolutivo IVAI-REV/22/2008/1, que faculta a la procuraduría veracruzana para mantener en calidad de información reservada datos esenciales de la investigación judicial sobre la muerte de la anciana de 73 años, originaria de la comunidad nahua Tetlatzinga.
(La Jornada, 3 de junio de 2008)
viernes, 30 de mayo de 2008
Militares se movilizan en Chiapas “como no se había visto en años”, acusan ONG
■ Vuelan en helicóptero a baja altura con ametralladoras apuntando a personas, señalan
Hermann Bellinghausen
A partir de la segunda mitad de mayo se incrementaron en Chiapas las acciones del Ejército en las regiones indígenas, en especial, pero no exclusivamente, en comunidades zapatistas de la selva y la zona norte. Distintas organizaciones coincidieron en que eso no ocurría desde hace años.
El pasado fin de semana, la junta de buen gobierno (JBG) Camino de futuro, en el caracol de La Garrucha, confirmó la denuncia de un operativo militar y policiaco en el ejido San Jerónimo Tuliljá (municipio autónomo Ricardo Flores Magón, y oficial Chilón) ocurrido hace 10 días y documentado por los organismos defensores de los derechos humanos.
El 19 de mayo, un helicóptero militar sobrevoló la comunidad tzotzil y chol, y más tarde llegó un convoy del 18 batallón de infantería del Ejército con base en Tabasco, así como miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y la Policía Estatal Preventiva (PEP), “quienes rodearon las tres calles donde hay mayor presencia de bases de apoyo del EZLN”, detalla la JBG.
Los agentes federales amenazaron de muerte a personas que se encontraban allí, e irrumpieron en tres casas sin presentar órdenes ni explicaciones. Posteriormente los efectivos de dichas corporaciones se replegaron unos centenares de metros y permanecieron allí hasta el día 20.
La JBG señaló: “no existe ningún motivo que exija la entrada de los estos efectivos militares”, y condenó “las actitudes violentas de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal)”.
El día 22 ingresaron tropas federales a comunidades indígenas del municipio Venustiano Carranza. El 23, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas recibió el testimonio de pobladores de las comunidades Cruz Palenque, Usipá, Retorno Miguel Alemán y Nuevo Limar (municipio de Tila, en la zona norte), “externando preocupación por la presencia armada de elementos del Ejército en el crucero de Cruz Palenque y Usipá”, para incursionar en Jolaco, Usipá, Cruz Palenque y Nuevo Limar “con motivos desconocidos”.
En las comunidades choles existe temor, ya que “el Ejército ha comenzado a tomar posiciones en distintos puntos del estado, además de una constante movilización vía terrestre en las comunidades mencionadas, como no se había visto en varios años”.
El mismo viernes 23, la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) denunció que durante más de dos horas “un helicóptero del Ejército se mantuvo sobrevolando a muy baja altura la zona en que se encuentran las comunidades El Carrizal y Río Florido (Ocosingo), ambas pertenecientes a la OCEZ–FNLS”.
La situación provocó temor e inseguridad en la población, “sobre todo por la actitud persistente e intimidatoria del sobrevuelo, que mostraba ametralladoras montadas en los estribos del aparato, apuntando hacia las casas y la gente”.
Otras incursiones militares se han reportado en la región fronteriza de Marqués de Comillas. Aunque parecieran hechos aislados, suceden de improviso, y en ningún caso las tropas y los agentes policiacos han ofrecido explicaciones. Como expresa la OCEZ, “no es esta la primera vez que padecemos en Chiapas los efectos humillantes de la militarización, ya sabemos de qué se trata”.
(La Jornada, 30 de mayo de 2008)
jueves, 15 de mayo de 2008
CNDH costosa e ineficiente
José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx
Respetuosamente a la doctora Susana Pedroza, segunda visitadora de la CNDH.
El 26 de marzo pasado nos enteramos por enésima vez de los abusos cometidos por el Ejército en contra de la población civil en la supuesta "lucha contra el narcotráfico", ahora se trata del asesinato de cuatro jóvenes y algunos más heridos que se dirigían a bordo de un vehículo tipo Hummer con destino a una fiesta en la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, en la comunidad de Santiago de los Caballeros; después los militares intentaron disfrazar el crimen como un enfrentamiento donde resultaron muertos dos elementos de tropa.
De este hecho tomó conocimiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que fue turnado al autonombrado ombudsman (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH), los primeros peritajes arrojan que los soldados fueron muertos por la espalda con proyectiles de alto poder, el organismo añadió que en el lugar únicamente se encontraron casquillos calibre 7.62 mm, que corresponden a las armas Heckler & Kock G3 de cargo en las unidades de tropa, fabricadas por la industria militar; evidencia en la que se sustenta que la muerte de los cuatro civiles fue producto de una ejecución extrajudicial.
Por mi experiencia, este acontecimiento ocurrió, quizá, para encubrir una disputa anterior entre la tropa dentro del vehículo militar donde se dispararon entre ellos (el impacto de los proyectiles aparece de adentro hacia afuera); o simplemente como ocurre cotidianamente en el Ejército, un accidente por impericia en el manejo de las armas provocando la muerte de dos soldados que después se maquilló como un enfrentamiento a iniciativa del oficial a cargo.
Según la información, la CNDH elaboró actas circunstanciadas, recabó fotografías, entrevistó a familiares, testigos y lesionados para integrar el expediente. Una difícil tarea de "reconstrucción de los hechos" ya que el Ejército y la justicia militar, supliendo las funciones del Ministerio Público federal o local, se abocan en todos los casos a borrar las evidencias para falsear los acontecimientos y proteger a los militares de cualquier responsabilidad que les pueda resultar, incluyendo al alto mando.
El propio José Luis Soberanes Fernández declaró que se emitirá una recomendación sobre los abusos cometidos por el Ejército, en el sentido de señalar la violación al derecho a la vida y a la integridad física de los lugareños porque también fueron torturados. Pero el doctor Soberanes tiene una contradicción y ninguna autoridad moral para hacer críticas al mando militar, al haber auspiciado la actuación del Ejército en la lucha anticrimen desde fines de la administración de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón.
Las organizaciones no gubernamentales anticipamos las consecuencias que traería la actuación del Ejército en la llamada "guerra contra el narcotráfico": una excesiva y escandalosa violación a los derechos humanos, ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustificados, violaciones a mujeres, etcétera; pero nadie nos escuchó. Nada más en Michoacán ha habido más de 150 quejas en contra de militares. Ninguna autoridad puede apelar al estado de derecho por asuntos de seguridad, violando el estado de derecho; en un Estado democrático como el que pretendemos establecer en México, la seguridad humana debe sobreponerse a la seguridad del Estado.
El informe de Human Rights Watch (HRW), en meses pasados confirmó los vicios y debilidades de la CNDH. La organización internacional defensora de los derechos humanos, presentó una Evaluación crítica de la CNDH: costosa, ineficiente e inmoral.
En conclusión: La CNDH lejos de ser defensora de los derechos humanos, ha provocado la impunidad y puesto en riesgo a las víctimas que recurren a ella en busca de justicia.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la detención de los militares responsables de la matanza, pero aquí llegamos a otra parte de lo que provoca la impunidad legalizada en México y por tanto la persistente y sistemática violación a los derechos humanos que Soberanes Fernández hipócritamente dice defender. Quien decide en el Ejército -incluye a la Marina- la culpabilidad o la inocencia de cualquier procesado por delito grave o no, cometido por faltas a la disciplina militar o al orden común o federal, es el secretario de la Defensa en turno, en la actualidad Guillermo Galván Galván, apoyado en el cuerpo de leyes militares que lo facultan para procurar y administrar la justicia militar. Es decir, dos funciones en una sola mano, que socava la división de poderes tutelada en la Constitución.
Así las cosas, el alto mando encallado en los tribunales militares decide el destino de la justicia en México, lo que trastoca el orden jurídico e institucional del Estado, el cual se arroga defender.
Me pregunto, a dónde iremos a llegar, cuando el Ejército cambia impunidad por "lealtad" institucional.
(Forum en línea, mayo de 2008)
miércoles, 9 de abril de 2008
Protestan 2 mil personas en Sinaloa contra abusos de Ejército
Aunque los manifestantes protestaron por el asesinato de cuatro jóvenes cometido por militares, familiares de las víctimas se deslindaron de la movilización.
Javier Valdez Cárdenas, corresponsal
Publicado: 09/04/2008 18:32
Culiacán, Sin. Unas dos mil personas se manifestaron frente a las instalaciones de la Tercera Región Militar, en el puerto de Mazatlán, en contra de presuntos abusos del Ejército Mexicano en la zona serrana de Sinaloa y el asesinato de cuatro jóvenes a finales de marzo en el municipio de Badiraguato.
Los inconformes se trasladaron hasta ese lugar desde comunidades alteñas ubicadas en los municipios de Culiacán, Badiraguato, Mocorito y Sinaloa, en autobuses de pasajeros.
Versiones extraoficiales señalaron que cada uno recibió entre 500 y mil pesos a cambio de que asistiera a esta manifestación.
Los inconformes, que realizaron un plantón frente a sede de la Tercera Región Militar, donde fueron videograbados por personal del Ejército, mostraron pancartas en las que se podía leer “No más injusticias”, “No más sangre”, “Alto a los abusos”, y “Que los militares no se manchen con la sangre del pueblo”.
Aunque la movilización tenía como objetivo protestar por el asesinato de cuatro jóvenes en la comunidad de Santiago de los Caballeros, en Badiraguato, algunos familiares de las víctimas señalaron que ellos no tenían nada qué ver con esta protesta y no asistirían.
(La Jornada, 9 de abril de 2008)
jueves, 3 de abril de 2008
ONG reportan vejaciones y abusos en la acción castrense en la frontera
Víctor Ballinas
La Red Todos los Derechos para Todos denunció ayer que en el operativo militar que se realiza desde hace días en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro mujeres policías ministeriales fueron detenidas y trasladadas a instalaciones castrenses, donde dos de ellas “fueron desnudadas delante de soldados y fueron vendadas de los ojos”.
Además, Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, abundó: “Se han recibido denuncias de la población civil por cateos, detenciones ilegales, malos tratos; con ello se corrobora lo que las organizaciones defensoras de derechos humanos señalamos desde un principio, que sacar a los militares a la calle de manera numerosa e intensiva llevaría a que se cometieran graves violaciones a los derechos humanos”.
El presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los derechos Humanos (Limeddh), destacó por su parte que la población en esa ciudad fronteriza reclama el “estado de sitio en que se encuentran” y las constantes y cotidianas violaciones a sus derechos que cometen militares en los retenes y en los puestos de supervisión que han colocado.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en conjunto con el Frente Cívico Sinaloense, realizan labores de observación en Sinaloa para documentar el caso de cuatros personas asesinadas por militares el 28 de marzo pasado, en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos citadas demandaron que el Ejército se “abstenga de seguir investigando los crímenes que cometieron sus elementos destinados a esa región y ponga a los responsables –de los asesinatos– a disposición de la autoridad civil”.
En sus primeras investigaciones, las organizaciones de derechos humanos sostienen que “el 28 de marzo pasado, militares dispararon contra el vehículo en que viajaban Édgar Geovany Araujo Alarcón, de 25 años, Héctor Zenón Medina López, de 28 años, Manuel Medina Araujo, de 25 años, e Irineo Medina Díaz de 50 años, junto con otras dos personas que resultaron heridas. Los indicios apuntan a que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita”.
Por su parte, Cortez consideró “gravísimo que el Ejército se niegue a abrir sus espacios donde tiene detenidos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es el órgano depositario del Mecanismo Nacional Contra la Tortura, y el organismo encargado de vigilar que no se violen los derechos humanos. Eso dice que el Ejército genera condiciones para que se violen los derechos humanos”.
Dijo el secretario ejecutivo de la red que “es momento de que el ombudsman nacional exija al presidente Calderón que modifique su política en materia de seguridad, que tiene alto costo en materia de derechos humanos. Si Soberanes piensa recurrir al Senado para denunciar al Ejecutivo, que lo haga, pero tiene que romper esa prohibición. Es inaceptable que al órgano encargado de la defensa de los derechos humanos se le restrinja la entrada a los lugares que debe supervisar”.
(La Jornada, 3 de abril de 2008)
martes, 11 de marzo de 2008
Persisten abusos contra migrantes, pese a denuncias ante Derechos Humanos: CEM
■ Militares, policías y criminales, entre los agresores, informa al relator Jorge Bustamante
Víctor Ballinas
El área Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denunció ante el relator especial de Naciones Unidas para los Migrantes, Jorge Bustamante, la violación de los derechos de extranjeros que atraviesan el país en busca de llegar a Estados Unidos.
“Vemos con preocupación las violaciones y vejaciones que sufren los migrantes, en su mayor parte centroamericanos, en su travesía por México hacia Estados Unidos: son secuestrados, se les detiene de manera arbitraria y los agentes pastorales de movilidad humana son agredidos por policías de todas las corporaciones”, aseveró.
Durante la reunión con organizaciones civiles defensoras de los derechos de los migrantes, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la CEM, en voz de Leticia Gutiérrez, expuso a Bustamante que en Tierra Blanca, Veracruz, es frecuente y creciente el secuestro contra migrantes en las rutas que utilizan los centroamericanos.
“Esta situación es del conocimiento de las autoridades, y a pesar de las quejas interpuestas de manera reiterada ante las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y la estatal de Derechos Humanos de Veracruz, así como ante el Ministerio Público, los migrantes que transitan por Tierra Blanca siguen siendo víctimas del secuestro en su modalidad de delincuencia organizada”.
La CEM expuso ante el relator que agentes de la pastoral, personas afectadas y periódicos de circulación nacional han dado cuenta de diversos plagios, y testigos de los hechos “argumentan que los autores del delito pertenecen a un grupo llamado Los Zetas, al que se ubica como brazo armado del cártel del Golfo. Y en información periodística se habla de complicidad de la policía auxiliar del estado y de la ausencia de las autoridades.
“Un sinnúmero de extranjeros son objeto de detenciones arbitrarias por policías municipales en diversas ciudades del país, con el pretexto de que los migrantes se encuentran cometiendo una falta administrativa o han mostrado alguna actitud sospechosa.”
Leticia Gutiérrez denunció que sistemáticamente intervienen en las detenciones y los abusos “miembros del Ejército, las policías estatales, judiciales, sectoriales y los guardias de seguridad privada que trabajan en los ferrocarriles; estos últimos, al interceptar a los migrantes para extorsionarlos y robarlos les han ocasionado daños irreparables, como la mutilación de brazos y piernas”.
También ante el relator, la organización civil Sin Fronteras expuso el caso de los menores de edad no acompañados.
Destacó que en los dos años anterios se ha observado un aumento considerable en el número de migrantes adolescentes no acompañados “que han sido detenidos en las estaciones migratorias de la ciudad de México y Tapachula. Se les detuvo mientras migraban hacia Estados Unidos y/o a Canadá.
“Durante su viaje son sujetos de actos de discriminación, violencia y extorsión por bandas delictivas, traficantes, tratantes y autoridades, y son además objeto de violaciones a sus derechos humanos durante su detención, deportación y recepción.”
Sin Fronteras refirió que en el monitoreo realizado durante 2006 y 2007 “los abusos y las violaciones manifestados por los migrantes de nacionalidad centroamericana son robo de pertenencias, abusos físicos y verbales, intimidación, extorsión y engaño, entre otros. La mayoría de estos actos se efectuó durante el viaje y en el momento de la verificación” de la identidad.
Añadió que los adolescentes detenidos en las estaciones migratoria de Iztapalapa y de Tapachula manifestaron no tener información sobre el proceso al que eran sujetos.
Las organizaciones sociales propusieron al relator que en el caso de los secuestros de migrantes “realice una visita a la región de Tierra Blanca para conocer más a fondo la problemática que se vive en el Golfo de México, solicitar al Instituto Nacional de Migración una presencia más constante de los grupos Beta donde se cometen los secuestros y que solicite a la Procuraduría General de la República su intervención para detener estas agresiones contra migrantes”.
Encuentros con funcionarios
Por otra parte, Bustamante se reunió ayer con la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Ana Teresa Aranda, y en los próximos días lo hará con altos funcionarios de las secretarías de Seguridad Pública y del Trabajo y Previsión Social.
También tendrá encuentros con funcionarios del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. De igual forma, se entrevistará con representantes de gobiernos estatales, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.
(La Jornada, 11 de marzo de 2008)
domingo, 9 de marzo de 2008
Investiga Sedena supuestos abusos de militares en Tamaulipas
Luego de las denuncias del Movimiento Ciudadano Contra los Abusos de Militares y Federales, la dependencia indicó que inició las acciones pertinentes para deslindar responsabilidades.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 09/03/2008 19:29
México, DF. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que de conformidad con sus leyes y reglamentos inició las acciones pertinentes tras las denuncias del Movimiento Ciudadano Contra los Abusos Militares y Federales de Tamaulipas.
Por medio de un comunicado, la dependencia aseguró que se deslindarán las responsabilidades de los supuestos abusos y se mantendrá a la sociedad informada sobre los avances y resultados de las investigaciones.
Sin embargo, recordó que en el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico, muchas han sido las acciones exitosas del Ejército con base en denuncias ciudadanas sobre diversos delitos.
Detalló que ello "demuestra que así como existe una parte de la población que demanda se aclaren las inconsistencias legales, está presente otra que colabora ampliamente con el cuerpo armado".
Insistió que los militares mantendrán siempre pleno respeto a las garantías individuales e invitó a las organizaciones que vigilan los derechos humanos a acercarse a la institución para colaborar en esa materia.
En otra vertiente, la Sedena dio a conocer los resultados que ha obtenido estos primeros meses del año en el combate a la delincuencia organizada en la operación de alto impacto Nuevo León-Tamaulipas.
Precisó que decomisó más de 12 toneladas de cocaína, 7.05 kilogramos de goma de opio, 1.7 de heroína, 14 de metanfetaminas, 83 pastillas tóxicas y cantidades mínimas de cristal y crack.
Asimismo, aseguró 959 automóviles y camionetas, un avión y ocho embarcaciones, así como dos mil 834 armas de todos los calibres, 385 mil 850 cartuchos y 444 granadas
Destruyó ocho plantíos de mariguana con extensión total de cinco mil 257 metros cuadrados, 162 toneladas 18 kilogramos de la droga, 41.27 kilogramos de la semilla del mismo enervante, tres sembradíos de amapola y una pista de aterrizaje.
Además, se aseguraron 12 millones 241 mil 55 pesos y tres millones 919 mil 602 dólares en efectivo. En las acciones fueron detenidos 808 mexicanos y siete extranjeros.
La Secretaría de la Defensa Nacional subrayó que con esos operativos apoya los programas del gobierno federal para fortalecer la seguridad de las familias mexicanas y reitera su compromiso ineludible de respetar las garantías individuales.
(La Jornada On Line, 9 de marzo de 2008)
lunes, 3 de marzo de 2008
Elementos del Ejército catean vivienda de regidor panista en Ciudad Juárez
■ El funcionario asegura que ingresaron sin orden de cateo y que no encontraron nada ilegal
Rubén Villalpando (Corresponsal)
Ciudad Juárez, Chih., 2 de marzo. Personal del Ejército Mexicano entró por la fuerza a la casa de Gustavo Muñoz Hepo, empresario, regidor y coordinador de la fracción del PAN en el cabildo local, sin contar con orden de cateo. Los militares argumentaron que tenían una denuncia anónima de que la vivienda era utilizada por el crimen organizado.
Muñoz Hepo, dirigente del PAN en Juárez, informó en una carta que envió a medios locales que la incursión de militares ocurrió a las 4 de la mañana de este domingo, cuando su familia dormía y él estaba en la capital de Chihuahua para participar en la convención en que se renovaría a la dirigencia estatal del blanquiazul.
Señaló que los soldados “exigieron se les permitiera el acceso o usarían un marro de grandes dimensiones para entrar por la fuerza; fueron atendidos por mis hijos y familiares”.
Sostuvo que “la revisión duró alrededor de 15 minutos y se realizó en todas las habitaciones y cuartos de la casa, concluyendo sin mayores contratiempos con la retirada de los militares, quienes presuntamente iban en busca de armas y droga como producto de una denuncia anónima, según argumentaron ellos mismos, sin que encontraran nada.
“Es muy lamentable el estado de indefensión que vivimos los juarenses, el sentimiento de impotencia, terror y abandono que cualquier familia puede vivir en un acto como éste. Afortunadamente la revisión que se hizo terminó bien, sin ningún incidente que lamentar, pero ¿quién puede garantizar que así sea en todos los casos?”, expresó.
El regidor indicó que como resultado de diversos operativos realizados el fin de semana en domicilios particulares de esta localidad, se observa que la ciudadanía “confía plenamente en el Ejército y sus actividades.
“Sin embargo, considero que los ciudadanos de bien debemos estar amparados, más que por la buena fama y prestigio de una institución, por las leyes de este país, y este tipo de operativos se deben reglamentar y supervisar de mejor manera, para salvaguardar los derechos y las garantías de personas inocentes, por lo que en los próximos días acudiremos ante las autoridades militares de la ciudad para solicitar información detallada sobre éstos, así como la forma en que se prevé castigar la comisión de abusos o excesos del personal a cargo de los operativos”, dijo el líder panista en Juárez.
Destacó que “ya vivimos demasiada violencia en las calles de la ciudad para que además tengamos que soportar ahora esta violencia enmascarada en nuestros propios domicilios, y en horas de la madrugada”.
Muñoz Hepo acotó que como representante ciudadano y como dirigente político, aprueba y felicita al Ejército Mexicano por sus resultados en la lucha contra el crimen organizado, pero reprueba y condena enérgicamente la utilización de métodos que violentan y laceran los más elementales derechos individuales, alterando gravemente las ya de por sí alteradas condiciones de vida de las familias juarenses.
Desde que el Ejército Mexicano combate al narcotráfico, efectivos castrenses han entrado en al menos en 10 casas de Juárez sin orden de cateo, y en al menos seis han encontrado a presuntos narcotraficantes, drogas y armas, pero en otras cuatro ocasiones han ingresado a casas de familias sin relación alguna con ilícitos, donde han destrozado puertas y muebles. En una de esas casas incluso robaron televisiones, aparatos de sonido y otros equipos electrónicos.
(La Jornada, 3 de marzo de 2008)
miércoles, 20 de febrero de 2008
Indígenas guerrerenses narran abusos cometidos por soldados
Hostigamiento, amenazas y violaciones sexuales, entre ellos
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Chilpancingo, Gro., 19 de febrero. Durante la celebración del Día del Ejército, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que “el hostigamiento, así como los abusos, maltratos, matanzas, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales de mujeres indígenas” son algunas de las consecuencias que ha traído consigo la militarización en Guerrero; por ello, dijo, se hace necesario evaluar el papel que han tenido los militares y las nuevas atribuciones que se les han dado para combatir al narcotráfico.
Vía telefónica resaltó que la institución armada ha cometido “las más graves violaciones a derechos humanos contra pueblos y comunidades indígenas en el estado. Desde los años 70, el Ejército ha tenido una fuerte y constante presencia en la Montaña, Costa Chica y Costa Grande, con campamentos que instalan a las orillas o entradas principales de las comunidades, y con retenes de revisión que colocan sobre los caminos y carreteras”.
Recordó que en 1997 los militares masacraron a indígenas mixtecos que se encontraban en una escuela primaria de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, y en 2002 un grupo de soldados violó tumultuariamente a dos indígenas en este mismo lugar.
Dijo que en la actualidad el Ejército Mexicano ha tenido acciones hostiles contra indígenas, como es el caso de Obtilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, quien ha sido amenazada por personas vinculadas con la milicia.
“Otros pueblos indígenas que sufren represión son el nahua de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, en la Montaña, donde se instaló un campamento militar; en Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, uno de los más pobres de México, el mes de agosto pasado un grupo militar irrumpió y encañonó a los pobladores, cuando pretendían detener a un menor de edad.”.
(La Jornada, 20 de febrero de 2008)
viernes, 1 de febrero de 2008
HRW: militares cometen abusos en la lucha antinarco
Afp
Nueva York, 31 de enero. La utilización del Ejército para combatir el narcotráfico en México ha dado lugar a abusos de los soldados, denunció la organización de defensa de derechos humanos Human Rights Watch en su informe anual de 2007.
“El año pasado soldados mexicanos cometieron notorios abusos mientras llevaban a cabo actividades de policía”, alertó HRW, que citó casos en los que decenas de personas fueron detenidas, incomunicadas y golpeadas en bases militares.
La organización recordó el caso de cuatro menores violadas por soldados en mayo, así como la muerte de cinco miembros de una familia, entre ellos tres niños, abatidos en un retén militar.
El sistema de justicia mexicano, añadió, “rutinariamente deja la tarea de investigar y procesar los abusos del Ejército” a la autoridad militar, la cual “carece de la independencia necesaria” y adolece de una “ausencia general de transparencia”.
Lamentó que el gobierno cerrara en marzo la fiscalía especial que investigaba la guerra sucia de los años 60, 70 y 80, dejando en la “impunidad” los crímenes de esa época.
Otro agujero negro en materia de derechos humanos en México es la tortura, que sigue siendo un “problema generalizado” en el sistema judicial del país debido a “la aceptación por algunos jueces de pruebas obtenidas” torturando, agregó la organización.
(La Jornada, 1 de febrero de 2008)
miércoles, 26 de diciembre de 2007
Militares violan derechos de civiles en Michoacán: CNDH
De la redacción
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aplicar medidas cautelares para proteger a los pobladores del estado de Michoacán, ante acciones de militares que participan en operativos contra el narcotráfico en esa entidad.
En un comunicado de prensa la CNDH informó que esas medidas precautorias o cautelares de protección le fueron solicitadas al director general de Justicia Militar de la Sedena, Jaime Antonio López Portillo Robles, y subrayó que la autoridad militar las aceptó. Estas medidas de protección tienen una duración de 30 días.
La CNDH explicó que esas medidas fueron requeridas para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población ante las denuncias recibidas por habitantes que dicen estar expuestos a violaciones en sus garantías por parte de elementos militares.
Detalla la CNDH que la solicitud de esas medidas precautorias tienen su fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de la CNDH, y los artículos 116, 117 y 118 de su reglamento interno.
En la solicitud a la autoridad militar, la CNDH pidió que toda diligencia o actuación practicada por elementos del Ejército en Michoacán se apegue a la legalidad y respeto a los derechos humanos; que esas prácticas se efectúen con la orden judicial correspondiente, como lo establece la Constitución, y previa solicitud expresa de tal intervención de elementos militares, hecha por una autoridad civil.
Además, la CNDH solicitó que las personas que sean detenidas en probable delito flagrante sean puestas de inmediato a disposición del Ministerio Público, como lo establece la Constitución.
(La Jornada, 26 de diciembre de 2007)
martes, 20 de marzo de 2007
Sierra Zongolica; “guerra sucia” contra las mujeres
Laura Castro Medina/corresponsal
Sierra de Zongolica, Veracruz, 20 marzo 07 (CIMAC).- La muerte de Ernestina, mujer indígena de 73 años violada y torturada a pocos metros de un campamento militar en Soledad Atzompa, descubre la realidad de miles de mujeres indígenas, que enfrentan la miseria extrema y viven aterrorizadas por la presencia de grupos armados en sus comunidades.
La sierra de Zongolica es de alta marginación y miseria. Está integrada por comunidades nahuas, dispersas, de 14 municipios, flageladas por el hambre, analfabetismo, migración y cacicazgo.
En muchas comunidades no hablan español y 80 por ciento de sus habitantes son analfabetas. El 83 por ciento de sus casas tienen piso de tierra y carecen de drenaje, energía eléctrica y agua. Ésta la obtienen del riachuelo más cercano, a dos o tres kilómetros de distancia, según el INEGI y del Instituto Veracruzano de la Cultura.
En Astacinga, Tehuipango y Mixtla de Altamirano, municipios considerados entre los más pobres de América Latina, las familias sobreviven con apenas 25 ó 30 pesos por jornal en los cultivos de café o caña. Muchas niñas y niños enferman de marasmo o kwashiorkor, propios de países con hambruna, como los africanos. Gran cantidad de madres padecen anemia e iniciaron su actividad sexual desde los 12 y 13 años de edad. El peso y talla de sus hijos está muy por debajo de lo normal, dice INEGI.
SIN DERECHOS REPRODUCTIVOS
Las mujeres de Zongolica enfrentan también programas asistenciales, cuya factura es el control político y social. Como resultado, abandonan las actividades agrícolas y, cuando reciben atención médica, se violan sus derechos reproductivos.
El control natal forzado y la esterilización involuntaria practicados a las mujeres, así como las vasectomías, han servido para lograr metas demográficas, en proyectos financiados por organismos como el Banco Mundial y operados por instituciones nacionales.
Así lo denunció ante organismos nacionales e internacionales Berto Xocua Méndez, coordinador de la Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica.
El sistema IMSS Oportunidades, delegación Veracruz Sur, reportó que en 1995 aplicó, con ayuda de parteras capacitadas, más de 15 mil métodos de control natal.
Asegura Xocua Méndez que los apoyos económicos brindados por los programas, como despensas, se condicionaban con las constancias de consultas médicas y, en el caso de las mujeres en edad reproductiva con citas ginecológicas.
En las consultas les colocaban dispositivos intrauterinos. Las que acudían por segunda ocasión a un parto, eran esterilizadas quirúrgicamente sin consentimiento, lo que ocasionó conflictos familiares y religiosos.
LA RESISTENCIA
Las duras condiciones de existencia que revelan las cifras, incluso oficiales, provocó el surgimiento, en 1982 de la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM), como defensa contra el cacicazgo que somete a los indígenas, pero fue duramente perseguido por el entonces gobernador Agustín Acosta Lagunes.
Surgieron luego al menos diez organizaciones más, como la OCISZ, CROISZ, CEPROJUSDAC y la Unión Campesina de la Sierra Nahuatl de Zongolica UCASNZ. Pero ante el temor gubernamental de que se vincularan con grupos radicales, fueron perseguidos y encarcelados muchos de sus líderes.
En respuesta a esta represión, las mujeres han encabezado, en muchas ocasiones, las movilizaciones de apoyo a sus esposos, hijos o padres. En 1997, más de cinco mil indígenas en su mayoría mujeres, sitiaron por más de 48 horas la ciudad de Orizaba exigiendo la liberación del dirigente de la CROISZ, Julio Atenco, encarcelado tras un enfrentamiento con policías estatales que pretendían “decomisar” un cargamento de madera.
LA PRESENCIA MILITAR
Desde entonces, las comunidades han presenciado el acantonamiento de tropas del Ejército Mexicano en la zona serrana.
En 1996, Teresa López Carrera, regidora de Tezonapa, denunció la entrada de camiones con cientos de militares y helicópteros de guerra en la comunidad de Laguna Chica y San Miguel Eloxochitlan, Puebla. Alertaron a la población sobre un posible ataque del Ejército Popular Revolucionario, generando un clima de tensión entre los habitantes.
Ahora son cotidianos los tiroteos y las acciones de “labor social” del Ejército, cuyos campamentos y retenes en Laguna Chica y otros puntos cercanos violentan la vida de la zona. Muchos indígenas, incluso mujeres, han sido golpeados e intimidados, acusados de tener nexos con el EZLN.
AGRESIONES Y VIOLACIONES
El Ejército Mexicano se ha convertido en un peligro para las mujeres indígenas de Zongolica y la violación y tortura de Ernestina, en Soledad Atzompa, por presuntos miembros de la base de Operaciones “García” del 26 batallón de Infantería, no es caso aislado.
Carlos Mezhua Campos, secretario de Asuntos Indígenas del PRD, recordó en días pasados que están documentados oficialmente por lo menos 20 casos de mujeres violadas por soldados, en Tequila, Astacinga y Tlaquilpa, pero las denuncias nunca fueron atendidas.
Entre ellos, la violación cometida por varios soldados contra una niña de 11 años, que resultó embarazada. Denunciaron, pero aunque el Gobernador ofreció protección a ella y su familia, más de 20 militares acudieron violentamente a su casa provocando el terror y orillando a la familia a huir a otra entidad.
Esta es una “guerra sucia” de los soldados, que implica descalificaciones, agresiones y tortura psicológica a las mujeres, dice María de la Cruz Jaimés García, presidenta del Colectivo Feminista Ciuahtlatolli. “Ellos las consideran disolutas y aventureras y no les importan sus derechos humanos elementales. Por eso descargan su misoginia agrediéndolas o abusándolas sexualmente”.
La violencia psicológica es más frecuente en las comunidades integradas casi en su totalidad por mujeres y personas mayores, debido a la alta migración, como sucede en Tequila, afirma la feminista.
En esos lugares las mujeres son sometidas a un control que amenaza su integridad, además sufren el robo de sus cultivos o leña. Son también prácticamente esclavizadas por los soldados para que hagan tareas domesticas en algún campamento militar cercano.
07/LC/GG
(CIMAC Noticias, 20 de marzo de 2007)
jueves, 1 de marzo de 2007
Veracruz: piden salida de militares, tras abuso sexual
Andrés T. Morales
Orizaba, Ver., 28 de febrero. Autoridades indígenas y comuneros de 40 poblados de la sierra de Zongolica enviaron una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para pedirle ordenar el retiro inmediato de los contingentes militares en la zona, cuyos integrantes fueron acusados de abuso sexual tumultuario contra una mujer de 73 años de edad, quien falleció el lunes pasado.
Encabezados por el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, los lugareños responsabilizaron al mandatario federal de cualquier enfrentamiento por el crimen. "Que el Ejército salga de nuestro territorio y no vuelva jamás", exigieron.
Por la tarde, miles de indígenas acudieron a los funerales de la víctima, en el cementerio del poblado Tetlazinga. La anciana, identificada con las iniciales ERA, fue atacada sexualmente por un supuesto grupo de soldados durante la tarde del domingo anterior, y pereció la mañana del lunes debido a sus lesiones.
Durante la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Ministerial del Estado movilizaron a decenas de efectivos hacia la comunidad Tetlazingo, por el rumor de que la población intentaría linchar a los militares del campamento ahí establecido.
Los colonos exhibieron a medios locales un escrito firmado por dirigentes indígenas, agentes municipales y líderes comuneros de 40 poblados de la Sierra de Zongolica, que remitieron a Calderón Hinojosa.
En el escrito informan al michoacano de la violación sexual contra "nuestra hermana mayor", y en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, se le pidió que no haya impunidad.
"Nuestro pueblo nahua siempre ha señalado que el Ejército no se manda solo. Sus funciones están reguladas por la Constitución y por eso nos dirigimos a usted", señalaron.
(La Jornada, 1 de marzo de 2007)
