Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Hace un año exactamente desaparecieron dirigentes sindicales, trabajadores y jubilados de la refinería Héctor Lara Sosa, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Al hecho grave y agobiante de su desaparición ha seguido un silencio, una despreocupación oficial y social por la suerte de estas personas, que parece no importar a nadie.
Por eso hay que recordar lo ocurrido en aquella ciudad, porque es inadmisible que la gente se esfume como si se la hubiera tragado la tierra y ninguna autoridad explique lo ocurrido, a pesar de que hay información o indicios de que por lo menos algunas de esas infortunadas personas fueron detenidas por miembros de corporaciones oficiales.
Al anochecer del 16 de mayo de 2007. tras una asamblea de la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el comisionado de la Dirección Nacional, David Fernando Vega Zamarripa, conocido familiarmente como “El ganso”, y de cuarenta años de edad, fue “levantado” por un grupo armado, junto con varios compañeros.
Su hermano mayor, Hilario Vega Zamarripa, de 47 años, recibió al día siguiente un telefonema en que con amenazas se le requirió para presentarse en un lugar determinado, so pena de que David Fernando muriera.
Hilario, secretario general de la Sección y ex diputado federal priista, acudió a la cita y desde entonces no se sabe más de él.
Otros miembros de la Sección, trabajadores de la refinería, desaparecieron también entre esas fechas: Víctor Manuel Mendoza Román, de 35 años; Jorge Alejandro Hernández Faz, de 28 años; David Sánchez Torres, de 33 años. Igual destino corrieron los jubilados Félix Sánchez Torres, de 44 años; Luis Enrique Martínez Martínez, de 51 años; José Luis Zúñiga García, de 52 años. Los dos últimos desaparecieron después que el resto, el 20 de mayo, lo mismo que el ex alcalde de Cadereyta, José Luis Lozano Fernández.
El sólo número de personas “levantadas”, secuestradas o desaparecidas hubiera escandalizado a su entorno. Pero en ése como en otros momentos de violencia desatada en Nuevo León, el hecho se consideró como parte de un fenómeno más general, la desaparición de hasta 30 personas.
Por citar únicamente otro caso semejante, en el municipio de Guadalupe seis miembros de una familia de la colonia La Herradura habían sido privados de la libertad en esos mismos días.
Pero abrumó a los parientes de los desaparecidos la despreocupación de la autoridad local por investigar el caso, a pesar de que involucraba a personas de alto relieve en la vida política local.
Los hermanos Vega Zamarripa son parte del grupo director del sindicato de Pemex en todo el país. Hilario cubría su tercer periodo como secretario general, perseverancia sólo posible para quienes están bienquistos con la camarilla que rodea a Carlos Romero Deschamps.
Eso no obstante, tampoco el Sindicato hizo entonces, ni lo ha hecho a lo largo de un año, reclamo o protesta alguna por la suerte de sus integrantes, que no eran miembros de una corriente opositora o disidente, sino de la que controla la vida sindical y lo hace mediante mecanismos penados por la ley.
Ahora mismo se intenta procesar por venta de plazas a José Izaguirre Rodríguez, el reemplazante de Vega Zamarripa como secretario general interino. Tampoco él ni el resto de su comité salieron a las calles en exigencia pública por la aparición de su dirigente, cuyo periodo está por concluir. En vez de demandar su aparición, Izaguirre Rodríguez se apresta a la próxima elección seccional para formalizar su posición provisional.
Durante las dos semanas siguientes los familiares de los desaparecidos carecieron de toda noticia sobre ellos, hasta que el 4 de junio medios locales de información dijeron que soldados del Ejército mexicano los habían aprehendido y conducido a cuartel primero y después a la Subprocuraduría de Investigaciones Sobre Delincuencia Organizada en la ciudad de México. Se suponía también que agentes federales habían hecho las detenciones, ya que el despliegue de hombres dotados con armas de alto poder que las practicaron era semejante a los que estila esa dependencia. Y también se parecía a los que llevan a cabo sicarios de bandas de la delincuencia organizada.
No se confirmó ninguna de esas especies. Y nadie puso especialmente la vista en la refinería de Cadereyta donde la vida laboral siguió su curso. Ni siquiera se recordó a los desaparecidos en julio siguiente, cuando un rayo cayó sobre un depósito de gasolina primaria y provocó que se consumieran 200,000 litros de ese insumo.
La preocupante despreocupación oficial sobre ese caso alcanzó también al Senado, que el 11 de diciembre remitió a comisiones, en vez de aprobarlo inmediatamente, un punto de acuerdo iniciado por la senadora Rosario Ibarra en que se propuso exhortar a la Procuraduría General de la República y a la del estado de Nuevo León “a que den seguimiento urgente a la denuncia presentada por los familiares de los C.C. Hilario y David Vega Zamarripa por la desaparición forzada de que fueron víctimas los pasados 16 y 17 de mayo de 2007”.
Acaso el desinterés senatorial surgió por la referencia a la desaparición forzada, un delito de lesa humanidad con perfiles de mayor gravedad que el secuestro, que es también vituperable. En el punto de acuerdo aplazado se pedía al Senado condenar “de modo enérgico los casos de desaparición forzada que se han presentado en el país en el último año, causados por la omisión o acción autoritaria del Estado...”.— México, D.F.
(Diario de Yucatán, 16 de mayo de 2008)
viernes, 16 de mayo de 2008
Los desaparecidos de Cadereyta
jueves, 8 de mayo de 2008
Retorno a la cerrazón autoritaria
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
La cancillería que solicita el relevo de un funcionario internacional, al que juzga incómodo, y un subprocurador de la república reticente hasta ser agresivo con una misión llegada a examinar las condiciones del ejercicio periodístico en México, son ingredientes de un posible retorno a la cerrazón autoritaria que caracterizó al sistema priista.
A fines de mayo se marchará el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Hartó a sectores duros del gobierno mexicano, y de sus inmediaciones, que pidieron a la titular de aquella oficina, Louise Arbour, su pronto reemplazo, a lo que accedió la funcionaria internacional durante su estancia en México en febrero pasado. En una adecuada interpretación de su papel como un promotor de derechos humanos más volcado a la sociedad que hacia el gobierno y la CND, Daniele Incalcaterra fue haciéndose disfuncional al propósito gubernamental e insoportable para la piel sensible de algunos funcionarios.
Ese mismo género de epidermis se mostró el 21 de abril en la Procuraduría General de la República, según refieren al presidente Calderón integrantes de una misión que estuvo en México para documentar ataques contra periodistas y medios de comunicación. En aquella fecha la misión se reunió con “el subprocurador Juan de Dios Castro Lozano, quien realizó una breve presentación para posteriormente abrir la sesión para recibir preguntas de la sesión. Se solicitó información sobre la averiguación previa del caso de Brad Will, periodista asesinado en Oaxaca en el 2006 (sic), y cuyo caso fue desestimado por el subprocurador al afirmar que éste no era un periodista debido a que no contaba con una calidad y característica migratoria que lo acreditara como tal. Después de solicitarle información sobre otros casos en particular y dar respuesta puntual y de manera respetuosa a algunos cuestionamientos que el mismo funcionario solicitó a integrantes de la misión, el subprocurador señaló a la vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias como 'enemiga del Estado', al tratar el caso del reciente asesinato de dos periodistas de radio comunitarias en Oaxaca. Con sorpresa, dicha integrante de la misión le preguntó si era verdad que considerara que ella es una enemiga del Estado, a lo que de manera agresiva el funcionario aseveró de nueva cuenta: 'Sí, usted es una enemiga del Estado por las afirmaciones que hace'. Cabe destacar que el funcionario condujo la reunión de un modo confrontativo, a pesar de que la misión en reiteradas ocasiones manifestó su disposición de colaboración y diálogo”.
No menos rasposo ha sido el descontento oficial mexicano contra Daniele Incalcaterra, cuya suerte se conocía vagamente pero de la que se tuvo noticia más precisa por una vasta información —a toda una plana, en la edición mexicana del lunes pasado— del diario español “El País”. Su corresponsal Francesc Relea afirmó que el funcionario de la ONU “deja abruptamente el cargo y abandonará el país en breve por presiones de las autoridades...”, motivo que fue diplomáticamente negado por el funcionario en declaraciones formuladas ayer.
Desde su llegada a México a fines de 2005, Incalcaterra “ha denunciado con firmeza las violaciones a los derechos humanos, amparadas en muchos casos en la impunidad. Su actitud crítica incomodó a las autoridades hasta llegar a una situación insostenible”.
La reacción oficial ha sido elusiva. Alejandro Negrín, director de derechos humanos de la cancillería negó el malestar gubernamental en el tema: “No tengo conocimiento de ello”, dijo, y acudió a la respuesta formal. Atribuyó a la alta comisionada Arbour la decisión de reemplazar a Incalcaterra: “Ella designa a sus representantes”. Negrín anticipó de ese modo la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores que el martes expidió un boletín (no se atrevió a enrostrar un desmentido al diario español) que reiteró la obviedad de que “es una práctica común en el sistema de Naciones Unidas que los funcionarios... sean trasladados a una nueva adscripción después de un cierto tiempo”.
La Secretaría también habría negado el hecho de que, como relata Relea, “llamó a capítulo” al funcionario internacional “por un artículo publicado en el diario 'El Universal' el 3 de agosto de 2006 sobre la controvertida elección presidencial... El aviso fue contundente: por mucho menos, aplicarían el artículo 33 de la Constitución. Dicho texto señala que 'los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país'”.
Como quiera que el funcionario no se dejara intimidar, en 2007 fue de nuevo reprendido por la cancillería. Incalcaterra dijo que la participación militar en funciones policiacas provoca violaciones a los derechos humanos. La Secretaría de la Defensa se inconformó con esa opinión y la de Relaciones le lanzó “un ultimátum: No más críticas a las fuerzas armadas porque su implicación en el combate al narcotráfico es política de Estado”.
A las razones enumeradas por el corresponsal de “El País” hay que añadir la distancia creciente entre su oficina y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cuyo presidente no satisfizo la inclinación del funcionario a relacionarse con la sociedad civil y no con el costoso armatoste que no ha sido capaz de presionar al Estado para que emita su plan nacional de derechos humanos. Incalcaterra no vaciló en hacer suyas las conclusiones del informe de “Human Rights Watch”, adversas al funcionamiento de la Comisión.— México, D.F.
plazapublica@prodigy.net.mx
(Diario de Yucatán, 8 de mayo de 2008)
miércoles, 7 de mayo de 2008
Ilegal Secretaría de Seguridad
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Asombra, e intranquiliza, saber que la principal política del gobierno federal, la de seguridad pública, trabaja sobre la ilegalidad y precarias bases de organización, sobre situaciones de hecho sujetas a oscilaciones del ánimo no se sabe si del presidente de la república o de sus secretarios, el del ramo y el de la Defensa Nacional.
Es mala noticia que los cuerpos policiacos y sus agentes sean noticia. Y no es infrecuente que eso ocurra. La semana pasada se rindió homenaje a nueve miembros de la Policía Federal asesinados.
Uno al menos, Roberto Velásquez Bravo, alto funcionario del Estado Mayor de esa corporación cayó en circunstancias que denotan al menos abulia en cuanto a la protección que debiera cubrir a los de su rango, dado que era director de investigaciones contra el crimen organizado.
En sentido contrario, al menos la segunda grave matanza en que el blanco principal era el líder ganadero guerrerense Rogaciano Alba quizá fue protagonizada por miembros de la Agencia Federal de Investigaciones. El sábado pasado, después de que en la víspera habían muerto seis personas en un ataque en Iguala contra ese dirigente, un comando de 40 ó 50 personas vestidas con el uniforme de aquella corporación, a bordo de una decena de vehículos, atentó de nuevo contra Alba, esa vez en su casa en Petatlán, y ultimó a 11 personas.
La Secretaría de Seguridad Pública Federal, de que depende la AFI, no reaccionó de inmediato para negar que efectivos suyos cometieran tropelías de esa gravedad.
La Policía Federal no existe formalmente. No puede nacer sin base legal, y para construirla es preciso abrogar las normas que dieron vida a la AFI y la PFP.
Y ni siquiera se ha iniciado el trámite legislativo necesario para esa operación.
La demora quizá sea atribuible a Los Pinos, pero pueden situarse en la oficina del ingeniero Genaro García Luna otras insuficiencias legales que afectan el funcionamiento de esa policía.
Por ejemplo, 7,588 militares trabajan en la Policía Federal desde el año pasado, sin que sea clara su adscripción porque no ha sido formalizado este año el convenio anual que desde 2000 suscriben la Defensa y la SSP.
Por añadidura, en la segunda Secretaría aseguran que ese convenio ya fue firmado, extremo que a su vez se niega en Lomas de Sotelo. Conforme al último documento suscrito para ese efecto, en abril del año pasado, el personal militar que está comisionado a la SSP volvería a filas al comenzar 2008, lo que no ocurrió.
Pero desde entonces, visto que no ha sido renovado el convenio, la porción castrense de la PFP se halla en una situación de indefinición legal que sería en todos los casos inconveniente y lo es sobre todo a la luz de las importantes funciones jurídicas que esa corporación debe cumplir.
La diferencia de puntos de vista entre la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública no es nueva y manifiesta una tensión permanente entre ambas dependencias.
A veces no se trata sólo de pareceres diversos, sino de verdadero choque de posiciones. Hace un mes, para no ir más lejos, la SSP emitió un comunicado para informar que la Policía Federal detuvo en Nuevo Laredo a un grupo de zetas, los matones a sueldo del cártel del Golfo, que llevaban consigo más de cinco millones de dólares.
La oficina a cargo de García Luna atribuyó la detención a los “trabajos de inteligencia, de gabinete y de campo” realizados por esa corporación. En la Sedena esa información debe haber sido leída con asombro, e indignación, pues de inmediato la Secretaría de la Defensa desmintió a la SSP. La captura había sido realizada por elementos del quinto regimiento de caballería motorizada, que acudieron a averiguar el contenido de una denuncia ciudadana.
Cuando el 6 de abril me referí a ese choque de informaciones, a atribución del mérito ajeno por parte de la SSP conjeturé que esa Secretaría debía “cambiar de titular cuanto antes, para impedir que la desconfianza lastre la de suyo estéril tarea de las operaciones encabezadas por el Ejército”. Mi cálculo resultó errado por completo, pues García Luna sigue tan campante en su cargo. Pero quizá antes ya se había considerado en el círculo gobernante esa remoción, y aun se hablaba de quien lo sustituiría, el general Tomás Ángeles Dauahare, a la sazón subsecretario de la Defensa Nacional.
El presunto reemplazo se frustró, ya fuera porque el alto mando mudó de parecer ante el inconveniente de entregar formalmente a los militares la Seguridad Pública, ya porque el subsecretario fue inoportuno al comunicar su posible ascenso.
Que esto último pudo haber ocurrido lo denota su destino. A pesar de que llegó en noviembre pasado a la edad de jubilación en el Ejército, continuó en su elevado cargo hasta tres meses después. El 3 de marzo pasado, sin embargo, fue relevado por el general Francisco Meza Castro. Fue notorio que el comunicado de la Sedena se limitara a dar cuenta del nombramiento y, como si la Subsecretaría hubiera estado vacante, omitiera el nombre del reemplazado, cuyos servicios no fueron reconocidos, como suele hacerse en trámites de ese género. Sólo de modo extraoficial se adujo su edad como razón para su salida.
La Sedena atribuye a morosidad de la SSP el que no se haya renovado el convenio por el que la policía militar comisiona a más de 7,000 de sus integrantes a la Policía Federal. Si en sus labores sustantivas suele ser lenta la SSP ¿por qué habría de ocurrir lo contrario en sus tareas adje-tivas?— México, D.F.
plazapublica@prodigy.net.mx
(Diario de Yucatán, 7 de mayo de 2008)
miércoles, 5 de marzo de 2008
La seguridad federal, errática
La seguridad federal, errática
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Convertida por el presidente de la república en el eje civil del combate a la delincuencia organizada, para actuar de consuno con el Ejército y la Armada, la Secretaría de Seguridad Pública no acierta a hallar su ruta y camina con pasos vacilantes en una misión de que depende la tranquilidad de la gente en todo el país.
El titular de ese ramo, Genaro García Luna, llegó a su cargo precedido de mala fama, así en su desempeño en la Policía Federal Preventiva durante el último sexenio priista, como al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Eso no obstante, se le confió una estructura policial destinada a concentrar funciones de los órganos de investigación y seguridad federales. De modo informal, porque no ha sido enviado al Congreso el proyecto de reforma a las leyes que les dieron origen, se trató de crear un solo cuerpo, la Policía Federal, a partir de la PFP y la AFI. Como anticipo de la fusión, se designó a un solo jefe de ambas corporaciones, Ardelio Vargas Fosado, un abogado a quien las vicisitudes de la lucha política veracruzana arrojaron a oficinas encargadas de seguridad nacional.
Sin que se explicaran nunca los motivos de su destitución, Vargas Fosado causó baja el 30 de marzo del año pasado y fue acogido por el procurador Eduardo Medina Mora dentro de la estructura de la PGR, lo que pareció confirmar una creciente diferencia de opiniones, rayana en la disputa burocrática, entre el procurador y el secretario. De ser verdadera la animosidad entre ambos, se comprenden los motivos de la parte que corresponde a Medina Mora, pues se le ha despojado del principal órgano de indagación del ministerio público, ya que la AFI quedó encuadrada en la SSP.
El mismo 30 de marzo pasado, sin ninguna base legal, García Luna creó cuatro subsecretarías, denominadas con criterios burocráticos: Prevención, Vinculación y Derechos Humanos; Sistema Penitenciario Federal; Evaluación y Desarrollo Institucional, y Estrategia e Inteligencia Policial, a cargo respectivamente de Monte Alejandro Rubido, José Luis Lagunes, Francisco Niembro González y José Patricio Patiño Arias.
Salvo Lagunes, introducido a las funciones federales por Miguel Ángel Yunes a cuyo lado trabajó en el gobierno vera- cruzano, el resto de los subse-cretarios eran compañeros y amigos de García Luna.
Antes de que esa estructura cumpliera un año, la semana pasada fue reordenado el organigrama. Salió Lagunes de la Subsecretaría responsable de las cárceles federales, sin que se explicaran las causas, lo que facilitará que su jefe político le dé cabida en el Issste. Y en un incomprensible trueque de funciones, el subsecretario Patiño pasó del área sustantivamente más relevante, la de estrategia e inteligencia policial, a administrar el Sistema Penitenciario Federal, en lugar de Lagunes. Patiño a su vez fue reemplazado a partir del 1 de marzo por Facundo Rosas Rosas, ingeniero civil graduado en la UAM, como su jefe el se-cretario García Luna.
Antes de su ascenso, Rosas Rosas era comisionado en funciones de la jurídicamente inexistente Policía Federal, que de creer una denuncia reciente no sólo carece de sustento legal, sino que incumple los propósitos que deberían animarla sin que de ello, por añadidura, tenga conocimiento el Ejecutivo federal.
Eso al menos supone Javier Herrera Valles, que era comisario general, coordinador de Seguridad Regional de la PFP, quien en una carta al presidente de la república niega que la PFP y la AFI se hayan fusionado, y ni siquiera hay coordinación entre ambas. No se trata de una mera deficiencia burocrática, sino de negligencia que pone en riesgo la vida y la eficacia del trabajo de los agentes, pues se les lanza a realizar misiones sin previas actividades de inteligencia que aseguren su buen resultado.
“En el mes de febrero de 2007 —cita como ejemplo vivido en carne propia, pero que no es el único— se me ordenó iniciar el operativo Nuevo León-Tamaulipas, igualmente sin dirección ni trabajo de inteligencia, dando a conocer nuevamente a los medios de comunicación de manera previa el inicio de dicho operativo”.
Errores como ese que alertan a la delincuencia no son banales, sino que pueden producir efectos muy graves, como el asesinato de tres miembros de la AFI, ultimados en un hotel regiomontano en septiembre de 2007, casi al mismo tiempo que dos más fueron torturados y muertos, cuyos cadáveres aparecieron en una gasolinera de Santa Catarina.
Esos crímenes, recuerda Herrera en su carta a Calderón (que sin embargo fue ya conocida por García Luna) quedaron impunes, “como todos los que se han cometido contra miembros de la PFP y la AFI, con la consecuente desmoralización del personal de servicio” (Reforma, 1 de marzo).
Herrera se formó en la escuela profesional de la antigua Policía Federal de Caminos, que se fundió con otras corporaciones en 1999 al ser creada la PFP. Es también licenciado en criminología y capitán de vuelo en helicópteros.
Sin explicación fue removido de su cargo el 20 de febrero, como lo fueron en julio pasado cientos de jefes de las corporaciones federales. Quizá no hubiera padecido esa suerte de ser amigo de García Luna. Todavía se recuerda que después de la escandalosa incursión de un grupo armado en Cananea, que transitó por todo Sonora ante la impasibilidad de la PFP, fueron removidos Javier Garza Palacios y cinco mandos más.
Pero debido a su vínculo con el secretario, Garza Palacios reapareció como representante de la SSP en Bogotá.— México, D.F.
miguelangel@granadoschapa.com
(Diario de Yucatán, 5 de marzo de 2008)
miércoles, 27 de febrero de 2008
Un año de impunidad y silencio
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
En la madrugada del 26 de febrero de 2007 —ayer se cumplió un año— falleció la señora Ernestina Ascensio Rosario. Consta en un acta del Ministerio Público que la anciana fue atacada la víspera, según relato de sus hijos, y consta asimismo que su muerte, según el certificado de defunción, fue provocada por un traumatismo craneoencefálico y una anemia aguda, producto de una hemorragia (resultado a su vez de un ataque sexual).
Se inició con esos documentos una averiguación previa en la Procuraduría de Justicia de Veracruz. Hizo lo mismo la Procuraduría de Justicia militar, ya que los indicios iniciales apuntaron a integrantes de una partida castrense acantonada cerca del domicilio de la víctima, como los probables responsables de los delitos que agraviaron y dieron muerte a doña Ernestina.
Un año después se ha consumado la impunidad que favoreció a los atacantes y a su institución.
Durante los primeros días posteriores al terrible acontecimiento, las dos procuradurías responsables de la investigación trabajaron sobre el entendido de una agresión sexual que causó la muerte de la señora, según constancia documental de sus trabajos.
Pero ya el 12 de marzo el caso dio un viraje, pues el propio presidente de la República, que se dijo entonces muy interesado en el asunto (sin que después se haya mostrado tan atento a una situación semejante, que han menudeado desde entonces) emitió un dictamen que adquirió, por así, decirlo, carácter de verdad oficial, y en torno del cual se organizó a partir de entonces la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 10 días antes del diagnóstico presidencial había anunciado su intervención en el caso tenido como un homicidio. Calderón negó explícitamente que se tratara de un asesinato y emitió su célebre sentencia: la señora murió de gastritis crónica mal atendida.
Dos meses después de iniciada la averiguación del Ministerio Público local, y en abierta contradicción con los indicios que se hicieron conocer paulatinamente, la Procuraduría veracruzana dio un vuelco en su posición y se avino a la hipótesis presidencial, desarrollada por la CNDH.
El gobierno de Fidel Herrera no sólo cerró la pesquisa, luego de un encuentro del cachazudo gobernante con el presidente de la Comisión Nacional, sino que se aseguró de que la familia de la víctima no impugnara la decisión de la fiscalía. Las hijas y los hijos de la señora Ernestina fueron invitados a una breve vacación en la ciudad de México (que incluyó una visita a la basílica de Guadalupe, quién sabe con qué motivo que no podría ser el que la muerte de su madre se hubiera aclarado) y al volver a Soledad Atzompa se encerraron en un mutismo que no ha sido roto desde entonces.
Sus vecinos sólo perciben de ellos, a un año de distancia, señales exteriores de una notoria mudanza en sus condiciones de vida: la precariedad de sus chozas se reforzó con muros de mampostería levantados por el gobierno estatal, y les espera una casa de dos plantas también construida por la administración de Herrera.
De la averiguación militar no se tuvo noticia pública, salvo el reconocimiento del general secretario de la Defensa de que aún estaba en curso, como tampoco se ha sabido del avance de la autoridad castrense en el cumplimiento de la recomendación 34 emitida por la CNDH el 3 de septiembre pasado.
Ese extenso documento fue dirigido al gobierno veracruzano, a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Congreso local de Veracruz, en este último caso para que los diputados averiguaran las omisiones e irregularidades en que habría incurrido el alcalde de Soledad Atzompa, que se negó a dar información a la CNDH.
La recomendación de la oficina del ombudsman, originada en una denuncia penal por homicidio y otros delitos, se convirtió en un catálogo de indicaciones a las autoridades sobre presuntas faltas de carácter meramente administrativo, salvo en el caso de dos médicos, la ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas y el forense Pablo Mendizábal, sobre los que pesa una averiguación ministerial, pues la CNDH pasó de ser defensora de derechos humanos a virtual atacante de los que corresponden a esos dos servidores públicos.
Su delito fue haber emitido la documentación inicial sobre las lesiones (donde consta que hubo desgarramiento de la región rectal y se expresa la causa mecánica, no médica de la muerte de Ernestina). Tan empeñada se mostró la CNDH en desvirtuar los hechos referidos por esos dos profesionales, que señala entre las razones por las que se debe investigar penalmente a Mendizábal el haber realizado la necropsia en el local de una funeraria y no en el anfiteatro correspondiente. Sólo que tal anfiteatro no existe y las autopsias se realizan en esa región veracruzana, la sierra de Zongolica, donde se puede.
Es presumible que la porción de la sociedad que se indignó ante el crimen de que fue víctima doña Ernestina y acrecentó su indignación ante el abordamiento del caso propiciado por la CNDH en complicidad con el gobierno veracruzano y al servicio de la posición presidencial y del Ejército aguarde el informe de seguimiento de la recomendación 34 que la Comisión Nacional emitió hace seis meses. Especialmente importante será conocer el modo en que la Sedena cumplió las partes de la recomendación que le corresponden, para aliviar el silencio castrense sobre el grave caso. Antes de que callara, la autoridad militar emitió comunicados que admiten la agresión negada después.— México, D.F.
miguelangel@granadoschapa.com
(Diario de Yucatán, 27 de febrero de 2008)
