La lucha anticrimen no se está ganando, señala Manuel Espino

■ Arremete contra la estrategia federal y demanda que sea revisada

■ Pide al gabinete de seguridad cuidar más al Presidente de la República

Angélica Enciso, Elizabeth Velasco y Ciro Pérez

El dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino Barrientos, sostuvo que el gobierno federal no está ganando la lucha contra el crimen organizado y dijo que la estrategia que se utiliza se debe revisar, no sostenerla sólo “por razones políticas”. Pidió además al gabinete de seguridad cuidar más al Presidente de la República.

Para el diputado Pablo Arreola, integrante de la coordinación política del PT, pese a ser positiva la postura del gobierno federal en torno a la Iniciativa Mérida –“que no es una concesión graciosa, sino un cambio ocurrido por la fuerte presión que ha ejercido la sociedad en el gobierno de Felipe Calderón”–, es indispensable que los mexicanos “nos mantengamos en estado de alerta para evitar la firma de algún convenio que pueda violentar nuestra soberanía por Estados Unidos”.

Ayer, en conferencia de prensa en la sede de la ODCA, Espino Barrientos –quien mantuvo diferencias con el gobierno de Felipe Calderón cuando era líder nacional del PAN– cuestionó el planteamiento del gobierno federal de que se está ganando la lucha contra el narcotráfico.

“No sé con base en qué elementos u objetivos del trabajo que se ha venido realizando se puede afirmar que se va ganando; me parece que es una guerra lamentable, con una pérdida de vidas humanas impresionante”, afirmó. Al mismo tiempo, comparó la situación con el conflicto bélico de Irak. Dijo que “es una guerra entre bandas del crimen organizado en el país y en medio de ella está la participación del gobierno haciéndole frente”.

Asentó que en su experiencia personal ha escuchado recientemente dos balaceras afuera de las instalaciones de la ODCA, en las Lomas de Chapultepec, y también en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde reside . La estrategia, insistió, debe ser revisable y no mantenerla “solamente para que no se piense que se está dando marcha atrás”. Si hay que cambiarla, sugirió, “hay que hacerlo buscando eficacia para evitar la pérdida de vidas humanas”.

También señaló que al presidente Felipe Calderón “hay que cuidarlo más”, aunque no sólo físicamente, sino que sus colaboradores deben ser los que den la cara para explicar los operativos y para anunciar el endurecimiento del gobierno.

Desconfiaza e impacto mediático

Mientras tanto, el representante del PT Pablo Arreola consideró que las declaraciones del gobierno federal en materia de seguridad “han sido ambivalentes y engañosas”, por lo que “hay que tener mucho cuidado”.

Por ejemplo, puntualizó, en el caso de la reforma petrolera, el gobierno federal desplegó “una campaña mediática negando su privatización, pero en los hechos –al revisar la propuesta de reforma del Ejecutivo– las cosas son totalmente distintas”.

La desconfianza en el caso de la seguridad, añadió, surge del hecho de que Felpie Calderón “personalmente dio fe y testimonio de la puesta en marcha de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN)”, suscrita en el gobierno de Vicente Fox Quesada y mediante la cual “consiente la ‘colaboración’ del gobierno estadunidense en asuntos de seguridad interna de México”.

Frente a esa situación, advirtió que los legisladores se mantendrán atentos a cualquier documento que pudiera firmar el Ejecutivo federal con el país vecino del norte, pues “dudo que el gobierno de Calderón acepte otras condiciones a las que ya impuso Estados Unidos”.

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, también habló del tema de seguridad y declaró: “México está como Colombia”.

Planteó que el combate contra el crimen organizado debe ser un “proyecto integrado” en el cual se incluya la participación ciudadana, a actores políticos y económicos, así como a los municipios, para “reconstruir el país entre todos”.

(La Jornada, 3 de junio de 2008)

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Jugar a la guerra

Pedro Miguel
navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com

“Ustedes libran una batalla por toda la sociedad y no se trata, como pretenden algunos, de alguna guerra en algún continente lejano; es una guerra que estamos librando en nuestro propio territorio, el enemigo está en nuestras propias calles”, dijo Felipe Calderón al dirigirse a los marinos mexicanos en su día (primero de junio). Lo recalcó: “Su frente fundamental en esta guerra está en el nivel local”, para regañar en forma oblicua a “los gobiernos municipales y estatales”, los cuales no deben declinar “en su obligación de garantizar la seguridad en sus comunidades”. Comparó la delincuencia con los invasores gringos y franceses del siglo antepasado, y remató con una arenga “como comandante”: “perseverar en el ataque hasta alcanzar la victoria”.

El que ejerce la Presidencia como haiga sido debería ser más cuidadoso en el uso de la palabra guerra, porque ésta, aunque él no lo sepa, tiene connotaciones legales asentadas, por ejemplo, en varios pasajes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el artículo 16 señala que “en tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente”; el 73 indica que corresponde al Congreso la facultad “para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo” y éste, según el 89, puede ejercer también esa atribución “previa ley del Congreso de la Unión”; el 123, por su parte, estipula que las huelgas de los trabajadores gubernamentales podrán ser consideradas ilícitas en caso de guerra.

Pero como el calderonato no ha enviado al Legislativo ninguna propuesta de ley marcial ni ha invocado “los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto” estipulados en el artículo 29 de la Carta Magna, debe inferirse que no estamos, formal ni legalmente, en guerra, y que los dichos del gobernante son metafóricos: juegos de palabras de esos que a Calderón no se le dan muy bien que digamos y juegos de atribuciones que le salen aún peor. Podrá excusarse el tropo “guerra contra el paludismo”, pero en el contexto en que se empleó el domingo, la metáfora es sangrienta: menuda gracia causará a los marinos –y a los militares en general– que su jefe máximo ande jugando a la guerra a expensas de las vidas de los efectivos castrenses y policiales involucrados en una lucha contra las drogas que carece de claridad, objetivos, tácticas y estrategia.

En año y medio la carnicería ha causado en México más muertos que el total de bajas fatales sufridas por los invasores estadunidenses en cinco años de ocupación de Irak. Pero si esto es guerra, se trata de una guerra civil, por cuanto la inmensa mayoría de los delincuentes considerados “el enemigo” no son, hasta donde se sabe, invasores extranjeros, sino ciudadanos mexicanos. Y por cierto: ¿dónde empieza y dónde acaba la caracterización de “enemigo”? ¿Serán parte de ella los campesinos que siembran mota para no morirse de hambre? ¿Ha de considerarse agentes enemigos a los antecesores del propio Calderón que –según él– permitieron, con su “tolerancia, indolencia” o “franca complicidad”, la “expansión de la criminalidad”? ¿Se refiere a Fox, a Zedillo, a Salinas? Y si es así, ¿por qué no los denuncia?

Otra: ¿Se le habrá ocurrido al orador que con su manoseo de los términos abre una rendija para que las organizaciones delictivas sean reconocidas como fuerzas beligerantes?

Se han escrito millones de páginas sobre la importancia de las actividades lúdicas en la vida de los niños e incluso en la de los adultos. Pero eso no da pie para ponerse un traje militar sobrado y usar la Presidencia para jugar a la guerra ni para que un gobernante crea que es posible erradicar, así nomás, a balazos, los problemas –complicados, multifacéticos, internacionales, con ramificaciones políticas, institucionales, económicas y hasta culturales– del narcotráfico y de la delincuencia organizada.

(La Jornada, 3 de junio de 2008)

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El México de mis horrores

Verónica Murguía (Las rayas de la cebra)

Se ha hablado y escrito mucho acerca de la acusación que hizo Felipe Calderón a los medios y a la sociedad mexicana, tachándonos de cómplices del narco. Su discurso, lleno de obtusos sofismas, nos inculpa a todos. Naturalmente, muchos protestaron. Sobre todo periodistas, pues decenas de ellos, sobre todo en el norte del país, han sido asesinados por denunciar, precisamente, a personajes importantes del narco, o a sus cómplices.

Otros dizque comunicadores, que ahora cumplen el lamentable trabajo que desempeñó Rubén Aguilar, el vocero de la Presidencia en tiempos de Fox, nos “explicaron” lo que el presidente quiso decir, como si los mexicanos fuéramos tontos y no pudiéramos comprender el castellano pobre, pedregoso, lleno de contradicciones, pero castellano al fin, que farfullan la mayoría de los políticos.

Estos inefables defensores de Calderón son los mismos que se han erigido como defensores de las instituciones cuando la toma de tribunas por el prd , o los pleitos que se han suscitado en el ife . Y tengo para mí que no se fijan, o les vale, que la denuncia de Calderón y su imperiosa solicitud de cooperación, su instarnos a participar en esta, su guerra, son un atentado contra la institución que él mismo representa, pues el Estado es, según el sociólogo alemán Max Weber, el detentador de la violencia legítima. Cuando la gente toma la ley en sus manos, lo que pasa es lo que sucedió en Tláhuac: un asco. Así las cosas, la violencia ilegítima la ejerce el crimen organizado, la legítima el gobierno, y todos nosotros somos los aterrorizados por la forma atroz en que nuestra sociedad se descompone. El presidente, insatisfecho ante nuestras caras de pavor, nos ordena: ¡Éntrenle, no sean cómplices!

¿Cómplices? No señor: estamos en el lugar equivocado (México), en el momento equivocado (su sexenio). Mi responsabilidad es ser lo más decente posible, trabajar, pagar los impuestos y no contaminar. Con mis impuestos se pagan los sueldos de quienes sí saben luchar contra el hampa.

Ya escribí en este mismo espacio que nunca he visto un narco más que en foto. Si llegara a toparme con uno –no, Diosito, por favor–, saldría corriendo con los ojos tapados, a pesar del peligro de romperme los dientes contra un poste.

Habría que aclararle al presidente que la gente casi no denuncia ni las violaciones, cierto tipo de abusos, robos y hasta secuestros, porque generalmente esto desemboca en un durísimo hostigamiento contra el denunciante.

Hasta el ciudadano más distraído sabe que muchos policías han sido jefes de bandas de secuestradores, que la policía extorsiona, tortura y mata. El triste saldo de Atenco, los abusos de la policía en Oaxaca, el caso de Lydia Cacho, las muertas de Juárez, son asuntos que todos conocemos y que refuerzan la idea de que vivimos entre dos fuegos, el del Estado y el del crimen organizado, y que las fronteras entre estas dos fuerzas son porosas o inexistentes.

El presidente se queja de la corrupción que priva en el Poder Judicial. Cualquiera comparte su molestia, pero ninguno de nosotros, excepto él, puede hacer nada. Pero la doble moral de Calderón es muy irritante: que se cumpla la ley, pero no en los casos Mouriño, Fox o González Márquez. O el de los gobernadores priístas Marín y Ruiz. Que se cumpla con quien se deje: el martirizado ciudadano común y corriente, porque los narcos y los políticos tienen dinero para comprar trato de reyes hasta en el infierno.

La preocupación unánime de los mexicanos cuando Calderón asumió la Presidencia era, y es, la seguridad. Por seguridad se entiende que no te van a bajar del pesero o del coche a patadas; salir de noche sin miedo a que te lleven desconocidos a pasear; que nadie se va a meter en tu casa a robarte y matarte porque tus cosas les parecen de poca calidad; alumbrado y policía eficientes, y no más secuestros. El problema del narco, pensamos muchos, era asunto de inteligencia especializada y educación.

La pobreza, la miseria en el campo, la falta de educación y la poca confianza que tenemos en las autoridades son agravantes del problema. Todas las instancias del gobierno están corrompidas: a los que no participan, los matan. La idea trasnochada de los panistas que proponen la pena de muerte para los soldados que se pasen del lado de los criminales, no arreglaría nada. El problema principal, señor Calderón, no es el narco. Es la pobreza.

(La Jornada Semanal, 1 de junio de 2008)

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El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI

■ Preocupante, que el Presidente no haya demostrado un compromiso en la materia, afirma

■ Se respetan las garantías básicas y se atienden las recomendaciones de defensores en la materia: Mouriño

Emir Olivares Alonso

Amnistía Internacional (AI) señaló que el pueblo de México continúa esperando que el presidente Felipe Calderón manifieste un liderazgo en la defensa y garantía de los derechos humanos, pues en 18 meses de administración “aún no ha demostrado un compromiso pleno para hacer avanzar la protección” a estos derechos, lo que resulta “preocupante”..

Durante la presentación de su Informe 2008, el estado de los derechos humanos en el mundo, el organismo internacional aseveró que a 60 años de aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la asamblea general de la Organización de Nacones Unidas (ONU), los gobiernos del mundo deben pedir perdón por seis décadas de fracasos en la materia, siendo el de México uno de ellos, pues mantiene una política “incongruente” al respecto al asumir un liderazgo hacia el exterior, pero violaciones a las garantías e impunidad en su territorio.

En torno a la situación de las garantías fundamentales en el país, AI sección México informó que durante 2007 en territorio nacional persistió la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la realización de juicios penales sin las debidas garantías procesales. AI encontró que México se ubica entre las 81 naciones en las que se permite la tortura, entre las 77 que atentan contra la libre expresión y entre las 54 que no garantizan procesos judiciales justos, aseguró Liliana Velázquez, presidenta de AI México.

“México ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de salvaguarda y protección de los derechos humanos, pero ha fallado en su implementación, y este gobierno (de Calderón) no muestra aún la determinación de hacer ese compromiso realidad”, señaló.

Exhortó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a no desestimar el informe y, contrario a ello, revisarlo bien para impulsar los derechos en el país, ya que el documento se basa en lineamientos internacionales.

El organismo más grande del mundo en la protección de las garantías fundamentales consideró que en México, como en muchos otros países, existe un “abismo entre las promesas y la realidad” en torno a los derechos humanos. Ejemplo de ello, dijo, es en el país “la falta de justicia” en casos como los de Atenco, Oaxaca o Ciudad Juárez, así como los abusos cometidos por militares en el contexto de los operativos contra la delincuencia organizada ordenados por Calderón.

En ese sentido destacó que los estados de México, Oaxaca y Chihuahua “deben una disculpa y están en deuda con su ciudadanía” por la impunidad que posibilita la prevalencia de violaciones a derechos humanos en esas entidades.

“La falla en la detención y procesamiento de los responsables de graves abusos a derechos humanos mina la credibilidad de los gobiernos y su compromiso con las garantías fundamentales”.

Manifestó su preocupación sobre el apoyo para acciones de seguridad y justicia penal que el gobierno de Estados Unidos otorgará a México y otros países de Centroamérica en la llamada Iniciativa Mérida, debido a que estas acciones “no incluyen medidas adecuadas de protección a los derechos humanos”.

Por ello, solicitó a los gobiernos involucrados en ese plan tomar medidas a fin de que se evite que dicha asistencia internacional se utilice para que las fuerzas armadas continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía o para “alimentar más la impunidad que está tan arraigada en México”.

En el informe de AI se establece que el año pasado en México las fuerzas militares incurrieron en diversos abusos que han sido documentados, pues en ocasiones realizaron detenciones arbitrarias y cometieron torturas y asesinatos de algunas personas.

Insistió en que los abusos y delitos cometidos por militares deben ser investigados por la justicia civil, ya que los tribunales castrenses “son parciales. No estamos en favor o en contra de que el Ejército esté en las calles, pero el gobierno debe asumir la responsabilidad de esas decisiones, por lo que los abusos deben ser castigados; de lo contrario, caemos en un círculo de impunidad”.

Sobre el diagnóstico de AI, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno federal es “absolutamente respetuoso de las garantías básicas y en ese sentido atiende las recomendaciones de actores nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.

Con información de Fabiola Martínez.

(La Jornada, 29 de mayo de 2008)

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¿Quo vadis, Felipe?

Carmen Aristegui Flores

La ola de violencia y ejecuciones en México ha alcanzado ya niveles inimaginables en la historia de este país. Si no se revisa la estrategia y, aun, si se revisa -dicen los expertos- lo peor está por venir. La espiral desatada arroja, según información presentada esta semana en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente , cifras que alcanzan ya las 4 mil ejecuciones en lo que va del actual gobierno. Registro superior o equiparable al de cualquier conflicto bélico. 7.6 personas en promedio murieron diariamente. Según esta información en la última semana hubo cada 24 horas, 15 asesinatos. Muertes, desapariciones y enfrentamientos crecientes seguirán siendo parte del paisaje nacional por un tiempo indeterminado. No todo se reduce a los muertos.

Esto es lo visible y lo medianamente contabilizable. El insumo mayor, si se quiere, para el miedo, el temor y la psicosis. Pero, ¿de qué tamaño es la infiltración del crimen en las estructuras políticas y policiacas del país?, ¿en qué dimensión se encuentra el narco en las estructuras institucionales y de representación política en México?, ¿cuántos legisladores, presidentes municipales, gobernadores y altos mandos en el país están cooptados por el narcotráfico?, ¿se tiene una idea clara sobre los circuitos empresariales y financieros en los que se desenvuelve el narcotráfico?, ¿en qué medida el Estado mexicano está actuando en contra de ellos?

Explicaciones de especialistas internacionales como los doctores Samuel González y Edgardo Buscaglia remiten sus análisis sobre la corrupción, la violencia y el crimen organizado al estudio comparado de la experiencia internacional. Los patrones de conducta de la delincuencia organizada se repiten universalmente. El doctor Buscaglia (director del International Law and Economic Development Center y asesor de Naciones Unidas) explica sobre los factores que causan una defectuosa aplicación de políticas públicas para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Parte de una premisa básica, a partir de la cual se formularon las preguntas anteriores:

“La delincuencia organizada, a gran escala, sólo puede ser factible y sostenerse cuando el Estado no goza de niveles de gobernabilidad, y en donde existen alianzas tácitas y/o explícitas de apoyo entre actores políticos, empresas privadas y empresas criminales”.

Por lo tanto, dice el experto: “Es necesario implementar una Reforma integral del Estado, a través de un pacto político que rompa con la impunidad con la cual la delincuencia organizada infiltra al Estado”. Es a partir de la premisa, que lanza una aguda crítica a la estrategia que ha sostenido el gobierno federal en contra del narcotráfico. Buscaglia afirma que los países que alcanzaron el éxito contra el narcotráfico basaron su estrategia en cuatro vías: 1) ataque a las cúpulas del narcotráfico; 2) ataque a sus brazos armados; 3) ataque a sus redes financieras y 4) combate a la protección política y la corrupción. Cuatro líneas de acción que se aplicaron de manera simultánea. Necesariamente simultánea. Los gobiernos que las impulsaron contaban con amplios márgenes de legitimidad y aceptación social que les permitieron involucrar a poderes y sociedad en la cruzada.

El gobierno mexicano, que no cumple cabalmente con esta última condición, ha sostenido una estrategia que transita básicamente por las dos primeras vías, sin tomar como prioritario el combate dentro de las redes financieras y sin desmontar la protección política que hace posible que el narcotráfico domine zonas enteras del país. El problema mayor radica en que -siguiendo este estudio comparativo internacional- en los países en que sólo se instrumentó el combate a las cúpulas y a los brazos armados del narcotráfico sin incluir los frentes empresariales, financieros y políticos en donde se desenvuelve el narcotráfico, no sólo se desató una carnicería, como la que estamos viendo aquí, sino que se pasó de la infiltración y captura de autoridades a un control pleno del poder político conformándose lo que se dio en llamar narcodemocracias. No es muy difícil entenderlo. Si no se desarticula integralmente al monstruo, su capacidad de respuesta puede ser inaudita. Esta tesis sostiene que entre más recursos, soldados, policías y operativos destine el gobierno para combatirlos en el campo de la violencia y el descabezamiento -sin desarticularlos en lo político y financiero- trae como consecuencia más violencia, más corrupción, más infiltración y en algún momento, a la toma del poder político. Los casos analizados muestran no sólo el incremento de la violencia y las ejecuciones sino ataques tierra-aire y atentados.

En este momento todo indica que estamos ante una estrategia incompleta, por lo tanto ineficaz y, peor aún, contraproducente. Que quede constancia: nadie está diciendo aquí que el Estado claudique de sus obligaciones para dejar a “ciudadanos y periodistas en garras del narcotráfico”. Yo, como millones, deseo que el Estado se imponga al narcotráfico. Que los criminales sean vencidos y que se recupere la tranquilidad y el Estado de Derecho. Precisamente por eso destaco el valor de la crítica. Para revisar el camino. Para no equivocarnos. Para preguntarle al Presidente si realmente sabe ¿hacia dónde lleva al país?

(Reforma, 23 de mayo de 2008)

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Costó $226 millones reforzar la seguridad e imagen de Calderón

■ Incluyen la compra de dos helicópteros, vehículos, materiales y equipo diverso

■ En este rubro la Presidencia excedió en 12.5% sus erogaciones autorizadas para el año pasado

Enrique Méndez

El reforzamiento de la seguridad personal del presidente Felipe Calderón –que incluyó la compra de vehículos y equipo para el Estado Mayor Presidencial (EMP)–, así como la contratación de servicios de imagen y encuestas, entre otros servicios, le costó a la Presidencia poco más de 226 millones de pesos, que por esas presiones y un aumento en el gasto corriente incrementó sus erogaciones 12.5 por ciento a lo aprobado por la Cámara de Diputados..

Además, se tiene considerado para finales de 2008 concluir la compra de dos helicópteros con valor de 572 millones de pesos cada uno, que se asignarán al EMP para sustituir dos de los Superpuma con que cuenta, que le permitan cumplir con el transporte presidencial “con alto grado de seguridad”.

Así, a pesar de la política de austeridad proclamada por Calderón, los rubros de materiales y suministros, servicios generales y de capital se incrementaron 43.9, 28.6 y 61.4 por ciento, respectivamente, de acuerdo con información de la Cuenta Pública 2007.

El informe señala que Hacienda debió autorizar diversas transferencias para garantizar la seguridad de Calderón, la compra de materiales y útiles, vestuario militar, combustible, alimentación del personal castrense, actividades de logística y capacitación.

Se explica que en el rubro de materiales y suministros el gasto pasó de 141 millones 638 mil 275 a 203 millones 767 mil 529 pesos, es decir, 62 millones 129 mil 254 pesos más. Hacienda autorizó “recursos complementarios”, a través del ramo 23, provisiones salariales y económicas para “garantizar la seguridad del Presidente y su entorno, básicamente en la adquisición de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, productos farmacéuticos, vestuario para el centro hospitalario del EMP, refacciones para el óptimo funcionamiento del parque vehicular, accesorios para el mantenimiento de maquinaria, equipo médico y de seguridad”.

También, compra de combustible para la flota aérea presidencial, “derivado del incremento de operación de los vuelos, a fin de atender con oportunidad el programa de giras”. Además, para “alimentación del personal militar, derivado del ritmo de operación de las actividades del Presidente”.

Hacienda realizó otras transferencias, no especificadas, del capítulo 5000, Bienes muebles e inmuebles, compra de “material de seguridad pública, necesaria en el cumplimiento oportuno de las actividades sustantivas” de la Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial, con objeto de reforzar la seguridad en instalaciones.

En servicios generales, el gasto pasó de 528 millones 9676 mil 358 a 680 millones 282 mil 919 pesos, 151 millones 315 mil 561 pesos más para “la mayor demanda” de servicios y operaciones de vuelos, seguridad y logística, ya que “las actividades y giras, nacionales e internacionales, presentaron un incremento sustancial”.

También se destinaron recursos al programa anual de mantenimiento de la flota aérea presidencial, por “el uso constante” de las naves. Asimismo, al pago de viáticos “del personal militar para supervisar dichos mantenimientos”.

Dentro de esas partidas se incluyó el pago por estudios de opinión, encuestas en vivienda, estudios de benchmark (comparativos) y cualitativos de opinión pública sobre Calderón, así como la contratación del servicio de síntesis informativa, e inclusive la acreditación para las reuniones de jefes de Estado, “publicación de mensajes” del mandatario, así como de servicios profesionales de monitoreo y agenda mediática presidencial.

En el rubro de gasto de capital, éste pasó de 20 millones 675 mil 600 pesos, aprobado por los legisladores, a 33 millones 361 mil 410, es decir, 12 millones 685 mil 810 pesos más, incremento que “se debe principalmente a la adquisición de equipo de seguridad nacional” para el EMP, así como para la compra de “vehículos para traslado de personas, materiales y equipo requerido en eventos oficiales para brindar la debida seguridad y logística al Presidente”.

(La Jornada, 23 de mayo de 2008)

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La guerra perdida

josé gil olmos

México, D.F., 21 de mayo (apro).- La desesperación de Felipe Calderón para gobernar es evidente. No ha cumplido ni siquiera dos años y se le nota desanimado, pues las cosas no le han salido nada bien, principalmente en la guerra contra el narcotráfico en la que centró su atención desde el principio al usar indebidamente al Ejército.

El desaliento Calderón lo muestra en irritabilidad, en enojo, tratando de echarle la culpa a todos – medios, ciudadanía, partidos políticos, etc--, de lo que pasa en el país, eludiendo la responsabilidad inherente que tiene como primer mandatario.

Al fracaso en la lucha contra el crimen organizado, a Calderón se le suma también la derrota a su reforma petrolera que, en los primeros debates realizados en el Senado de la República, ha salido bastante vapuleada. Nadie, ni sus defensores, han logrado ofrecer argumentos convincentes de las bondades de dicha reforma. Todo lo contrario, los argumentos en contra que señalan las intensiones de modificar Pemex para beneficio de inversionistas nacionales y extranjeros, han pesado más sin que los puedan refutar.

Esto ha provocado el enojo de Calderón en una magnitud similar a las reacciones que ha tenido a las críticas hechas contra su decisión de meter al Ejército en la guerra contra el narcotráfico.

Una de estas reacciones, que tendrá repercusiones internacionales, es la presión que tuvo para que saliera del país el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra.

Resulta que el diplomático italiano se atrevió a decir que era inoportuno y peligroso meter al Ejército en esta lucha contra los cárteles de la droga porque los militares están preparados sólo combatir a un enemigo utilizando la fuerza y no para realizar labores policiales, con la protección de los derechos humanos que esto implica.

Las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los soldados en distintos retenes instalados en Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y otros estados, así como los casos en los que ha habido muertos civiles por errores cometidos por los militares, han puesto al descubierto que el representante de la ONU tenía razón en sus observaciones.

Sin embargo, en lugar de reconocer los yerros cometidos, el gobierno de Calderón ha mostrado su disgusto presionando para que Incalcaterra deje el país, como lo hará a partir de este viernes.

Pero si los calderonistas piensan que esto es un logro, cometen otro grave error porque a nivel internacional reflejan una imagen de intolerancia y de incumplimiento en su obligación para con la salvaguarda de los derechos humanos en México.

El gobierno de Calderón tiene muchos frentes abiertos y no ha podido resolver ni uno solo. La promesa de ser el presidente del empleo quedo precisamente en eso: en una promesa de campaña. El cambio que anunció al entrar a Los Pinos tampoco se ha cumplido y sigue basando su fuerza política en la alianza con la maestra Elba Esther Gordillo. De hecho a esta alianza le apuesta para que su partido, el PAN, gane la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2009. Los derechos humanos sufren una grave crisis y la pobreza se está acentuando frente al aumento en los precios de la canasta básica.

Además, su equipo de gobierno sigue sin dar un buen resultado, y el caso más patético es el de Juan Camilo Mouriño, quien parece un muerto viviente en la Secretaría de Gobernación. Son hombres y mujeres tan grises que difícilmente podrían ser recordados por la ciudadanía.

Nadie desea que a Calderón le vaya mal. Sería una torpeza pensarlo porque, aunque carezca de legitimidad absoluta, tiene a su cargo las labores de jefe del Ejecutivo y sus errores los pagamos todos.

El punto está en que no ha cumplido el papel ni la responsabilidad de presidente de la República y, al igual que Fox, los problemas del país lo han rebasado y no se ven posibilidades para que pueda hacer algo digno por el que pueda ser recordado.

(Proceso, 21 de mayo de 2008)

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El verdadero cartel

jenaro villamil

México, D.F., 15 de mayo (apro).- ¿Cuál es el verdadero cártel del narcotráfico en México? La pregunta resulta cada vez más pertinente en la medida que la historia de los últimos 30 años vuelve a reeditarse ahora con un costo en vidas cada vez más elevado: vendettas internas que provocan una situación de pánico social en Sinaloa, Guerrero y Ciudad Juárez; un discurso airado del primer mandatario Felipe Calderón que le reprocha con un “¡ya basta!” a los medios que cumplan con su principal función social: informar.


Un guión oculto se escribe y se difunde cada determinado tiempo para que creamos o percibamos que la guerra desatada se debe a un pleito al interior de la federación (la coalición de cárteles liderada por Joaquín El Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leyva y su familia, Vicente Carrillo Fuentes y los sobrevivientes del imperio del Señor de los Cielos) y algún otro grupo criminal.

Antes nos vendieron la versión de que se trataba de un pleito de La Federación en contra del cártel del Golfo, el emporio asentado en Nuevo Laredo, aliado con los Zetas y grupos regionales que controlan el trasiego de droga. Y en medio de estos enfrentamientos, la disputa histórica entre los Arellano Félix, dueños de la “ruta” de Tijuana, en contra de El Chapo Guzmán y el cártel de Juárez, la misma hipótesis que se difundió para explicar el asesinato a mansalva del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y el crimen político en contra de Luis Donaldo Colosio, hace 14 años.



A pesar de estas versiones, la percepción social no cambia: el verdadero cártel está asentado sobre las estructuras gubernamentales, policiacas, militares y de poder económico –e incluso mediático-- que ha penetrado como la humedad hasta el corazón mismo del sistema mexicano y difícilmente se le enfrentará con bravatas discursivas, con un baño de sangre cada vez mayor o con operaciones policiaco-militares que resultan ser operativos encubiertos para “limpiar” las plazas a favor de algún capo, como está sucediendo en Ciudad Juárez.

Las autoridades policiacas insisten en vendernos historias de capos enfrentados, de redes criminales devenidas en sicarios, como si esta fuera la historia real del verdadero cartel mexicano. Algo similar ocurrió en Colombia. Tras la muerte del capo Pablo Escobar Gaviria y el desmantelamiento de sus rivales del cártel de Cali, resultó que el negocio del trasiego de la droga y los enormes volúmenes de recursos y la violencia consecuente no han disminuido.

La dinámica de cartelización está dominando prácticamente todos los ámbitos de la política y de la economía en el país. Los gobiernos estatales ya no se explican en función de su signo partidista, sino en relación con las “rutas” y los “capos” que protegen. Los grupos económicos confrontados –como los encabezados por Carlos Slim y Roberto Hernández-- actúan bajo la lógica de cárteles ahora expandidos al negocio de las telecomunicaciones.

Incluso, al interior de los partidos políticos –léase la guerra permanente de las “tribus” del PRD-- cada grupo actúa como una banda que controla, al igual que los cárteles, su propio territorio, sus clientelas, su estructura burocrática y millonarios recursos. Hasta las estructuras de la jerarquía católica actúan bajo la lógica de capos, cárteles y territorios. Los expresidentes del país, como los casos recientes de Carlos Salinas y Vicente Fox, salen a escena con la parafernalia de capos que defienden sus espacios reales y simbólicos de poder.

¿Quiere decir esto que el comercio ilegal de la droga ha penetrado en todos los ámbitos de la vida nacional? No necesariamente. Más bien quiere decir que el narcopoder ha dejado su impronta en una forma de cultura política y de normalización de la ilegalidad y la impunidad que constituyen la amenaza más profunda. Hay una especie de “victoria cultural” del narcotráfico frente a la derrota de la transición democrática mexicana. Esto es lo más preocupante.

El verdadero cártel al que nos enfrentamos no se agota en el nombre de un capo. Ni siquiera es fácil ubicar un rostro o un nombre que domine toda la complejidad de este negocio ilegal. El verdadero cartel son nuestras estructuras de poder enfrentadas ahora en una guerra cada vez más abierta y violenta.

El desenlace de esta guerra no es difícil de predecir: una crisis política mayor y la ausencia de salidas inmediatas, menos si se basan sólo en el uso de la fuerza militar.

jenarovi@yahoo.com.mx

(Proceso, 15 de mayo de 2008)

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¡Ya basta!

josé gil olmos

México, D.F., 14 de mayo (apro).- En 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lanzó un “¡Ya basta!” para exigir al gobierno que atendiera las necesidades de los pueblos indígenas. Hoy, en un acto más de propaganda que de sinceridad, Felipe Calderón ha utilizado la frase de una manera desafortunada tratando de evadir la responsabilidad que tiene en la lucha contra el narcotráfico.


Al menos 270 muertos en 2008 y más de mil el año pasado es el saldo que ha dejado la guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Calderón, el cual ha demostrado un tremendo fracaso al utilizar al Ejército en actividades policíacas para las cuales no está facultado.

En un tono molesto por las últimas ejecuciones de altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, Calderón exclamó “¡Ya basta!” y exigió a los ciudadanos, “que no sean cómplices de la ilegalidad”; al Congreso y a los jueces, para que cierren el paso a la impunidad; y a los medios de comunicación, para que divulguen las acciones contra la delincuencia en vez de “compartir con los criminales la estrategia de sembrar el terror”.

Según las palabras de Calderón “todos” somos responsables de lo que ha hecho el narcotráfico en el país. Todos menos el gobierno federal, que no ha logrado detener a las cabezas importantes; los gobernadores, algunos de los cuales se han coludido con las bandas criminales; los jueces que no actúan con justicia; los ministerios públicos que no investigan; ni los policías y soldados que se pasan del lado de los cárteles.

El regaño de Calderón es un insulto a la inteligencia porque confunde víctimas con victimarios al dejar la responsabilidad de la lucha contra el narcotráfico en los ciudadanos que son los que sufren, al final, las deficiencias que tienen los gobiernos federal y estatales, así como el sistema de justicia en general en el combate contra el crimen organizado.

El narcotráfico se ha infiltrado en las esferas del gobierno, así como en las instituciones castrenses, policíacas y de justicia. Por las grandes ganancias –33 mil millones de dólares al año, según cifras extraoficiales--, no es difícil pensar que también está en el mundo de los banqueros y financieros.

Es ahí donde hay que lanzar los dardos, no en los ciudadanos que sufren las consecuencias, sino en los espacios de poder y de dinero donde reciben las ganancias de este negocio multimillonario.

Los ciudadanos no son los cómplices en el mercado de las drogas, la complicidad viene de las autoridades que se dejan corromper, de los gobiernos que cierran los ojos para no complicarse la vida, de los policías y soldados que se venden al mejor postor.

A Calderón le molesta que los medios difundan las noticias negativas que generan los narcotraficantes, las peleas que tienen entre sí y la forma en que se han vinculado con algunos funcionarios y autoridades militares. Le incomoda que se difundan las pérdidas humanas que ha tenido el gobierno en esta lucha que va perdiendo. Tal vez quisiera que nada de esto se difundiera, como si con eso lograra evadir la realidad.

En la conferencia donde quiso regañar a todos, Calderón evadió contestar cuando le preguntaron si su estrategia de combate al narcotráfico había fracasado. Solamente dijo que no se sumaría al “abandono, a la cobardía o a la complicidad que permitieron que México llegara a esta situación”.

Como presidente de la República que dice ser, Calderón debería saber que no es cuestión de voluntarismo acabar con el narcotráfico, sino de actuar con decisión en las partes donde realmente le duele al crimen organizado: el bolsillo.

No hay que ser muy inteligentes para saber que ese es el punto más débil del narcotráfico. Si se le quiere combatir no basta con destruir plantíos o dejar que se maten entre los diferentes grupos, o detener a algunos de los manos medios, sino que hay que llegar a los centros financieros donde se lavan miles de millones de dólares.

Si no se toca esta parte sustantiva del negocio mundial del narcotráfico, poco se puede hacer con las otras partes, como son la producción y transporte de los enervantes.

Hasta que veamos caer en la cárcel no sólo al jefe de algún cártel, sino al gobernante corrupto, al banquero que se hace más rico con el lavado de dinero o al funcionario que se hizo el occiso en alguna investigación, entonces estaremos en el inicio de un combate a fondo contra el narcotráfico.

(http://www.proceso.com.mx/analisis_int.html?an=59244)

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El Ejército, fundamental para que impere la ley: Calderón

Anuncia el Presidente un incremento de 500 pesos mensuales al sueldo de los militares
El Ejército, fundamental para que impere la ley: Calderón

# Narco y crimen organizado son un peligro real: Sedena 10:50

Sergio Javier Jiménez

El Universal
Ciudad de México
Martes 19 de febrero de 2008

11:22 La participación del Ejército es y seguirá siendo fundamental para que en México impere la ley sobre cualquier otro interés, sostuvo el presidente Felipe Calderón al encabezar la celebración del Día del Ejército.

Durante un desayuno, organizado en el Campo Militar número 1, el titular del Ejecutivo anunció también otro incremento para quienes forman parte de la institución castrense, equivalente a 500 pesos mensuales extra bajo el concepto de “compensación técnica al servicio para el personal de tropa”.

Calderón también informó que su gobierno busca una modificación a la ley del Instituto de Seguridad para las Fuerzas Armadas, a fin de que el personal en retiro o con más de 30 años de servicio tenga una compensación decorosa.

El mandatario, quien se dijo contento y satisfecho por la tarea del Ejército, declaró:

“Ustedes han acompañado a la sociedad en la lucha contra los nuevos enemigos del país; las organizaciones criminales que amenazan la integridad y la seguridad de las familias, la libertad de las personas y los que pretenden secuestrar nuestros espacios públicos y las voces de quienes informan, mediante la violencia”.

Calderón indicó que la labor del Ejército en el combate a la inseguridad es subsidiaria, pero ésta ha sido fundamental para restaurar el orden en muchas regiones asediadas por el crimen y así el Ejército cumple su deber constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país.

mvc/grg

(El Universal, 19 de febrero de 2008)

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Ejército sigue contra narco, reitera Calderón

11-Febrero-2008

Ivonne Melgar

ZAPOPAN.- En la base aérea militar número cinco, el presidente Felipe Calderón advirtió ayer que ante la ilegalidad, el Estado mexicano cuenta con la lealtad institucional de las Fuerzas Armadas.
Defendió la presencia militar en la estrategia de seguridad y puso como ejemplo de su eficacia el reciente decomiso de armas y municiones realizado por el Ejército en Tamaulipas. Lo calificó como el más importante de los últimos 20 años.

“Las armas aseguradas se empleaban en contra de los mexicanos. Estamos decididos a seguir combatiendo y golpeando los intereses de las organizaciones criminales. En esta lucha no cejaremos en el cumplimiento de nuestro deber, porque el Estado mexicano es el único con la autoridad y el poder para hacer un uso legítimo de la fuerza.”

Luego de una semana de señalamientos de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Louise
Arbour, en torno de una eventual desmilitarización de los operativos antinarco, y a unas horas de su entrevista en Nueva York con el secretario general Ban Ki Moon, Calderón aprovechó la conmemoración del 93 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana para dejar en claro que la participación castrense se mantiene.

“Que se oiga fuerte y que se oiga lejos: seguiremos utilizando toda la fuerza del Estado para responder a los que buscan envenenar el cuerpo y el alma de nuestros hijos: para responder a quienes intentan sembrar zozobra, temor y muerte entre mexicanos y para responder a los que pretenden decidir, desde la ilegalidad, el destino de la nación”, aseguró el jefe del Ejecutivo.

Acompañado del gabinete de seguridad, antes de trasladarse a la gira por Estados Unidos, el Presidente aseguró sentirse honrado de comandar Fuerzas Armadas surgidas del pueblo y al servicio del pueblo.

Puso énfasis en el valor de la lealtad como base de la estabilidad nacional: “Yo reconozco en los soldados su inquebrantable lealtad a las instituciones de la República. Son ustedes Fuerzas Armadas de la institucionalidad, porque la lealtad es con la patria, con México, representada en poderes e instituciones”.

Alegó que la lealtad resulta indispensable no sólo para “la fortaleza del Estado, sino también porque es fuente de estabilidad, armonía y paz social entre los mexicanos”.

Ante unos tres mil 300 efectivos del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, Calderón atestiguó las manifestaciones de destreza de los pilotos que volaron en cuadrillas de aviones y helicópteros. Asimismo, saludó a integrantes del Escuadrón 201, invitados de honor al desayuno.

(Excélsior, 11 de febrero de 2008)

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Asegura Calderón que participación militar contra narco será menor

Por: Agencias, Jueves, 07 de Febrero de 2008

Asegura el mandatario federal que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada será cada vez más esporádica.

México.- El presidente Felipe Calderón aseguró que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada será cada vez más esporádica.

Al recibir en la residencia oficial de Los Pinos a Louise Arbour, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el titular del Ejecutivo aprovechó para hablar de la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y se refirió al enfrenamiento registrado en Michoacán en el que perdiera la vida un militar.

Durante el evento, al que no asistió el titular de la CND, José Luis Soberanes, el mandatario lamentó el fallecimiento del coronel de Infantería Fortino Castillo León, quien perdiera la vida durante un enfrenamiento con presunto narcos en esa entidad.

Calderón, sin embargo, justificó la participación del Ejercito en esta lucha. “Debemos recordar que la participación del Ejército y la Marina es un a labor subsidiaria que, en la medida en que avance la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica”.

El Presidente de la Republica se dijo convencido de que se podrá contar con el apoyo del Congreso, la sociedad civil y de los gobiernos estatales y municipales, a fin de reparar y fortalecer los cuerpos policíacos y el Ministerio Público en todo el país, para que el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad sea cada vez menos necesaria.

Mientras tanto, en su mensaje la Alta Comisionada de la ONU, expresó al presidente Calderón el deseo de que los principios internacionales de derechos humanos que México ha firmado se reflejen en la constitución.

“ Deseo ver la totalidad de los principios internacionales de derechos humanos que México ha ratificado plenamente reflejados en su Constitución, su legislación federal y estatal, y en la práctica cotidiana, de todos los funcionarios y funcionarias del Estado”, expresó Louise Arbour.

Felipe Calderón refrendó a la represéntate de la ONU que contará con el apoyo del gobierno de México para realizar sus tareas.

Durante el evento, se firmó el acuerdo entre la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el gobierno mexicano, a fin de extender el periodo de cooperación entre ambos.

CONFIRMA SEDENA MUERTE DE CORONEL EN BALACERA. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de un coronel y tres militares más resultaron lesionados, durante un enfrentamiento con presuntos narcotraficantes en el poblado de Uspero, en el municipio de Parácuaro, Michoacán.

En la balacera también murieron los dos presuntos sicarios, os cuales aún no han sido identificados, que hicieron frente a los elementos del 90 Batallón de Infantería, durante un incidente que se registró este miércoles alrededor de las 7:30 horas.

A través de un comunicado, la Sedena informó que su personal al efectuar reconocimientos en el poblado de Uspero, “observaron gente armada a inmediaciones de un domicilio, por lo que establecieron un cerco de seguridad alrededor del inmueble y procedieron a solicitar la intervención de las autoridades ministeriales”.

Sin embargo, dos sujetos al percatarse de la presencia militar, intentaron darse a la fuga abordo de una camioneta 2que salió intempestivamente del lugar efectuando disparos de armas de fuego en contra del personal militar”.

Los agresores al pretender escapar arrollaron al coronel de Infantería Fortino Castillo León, quien perdió la vida; mientras que durante la balacera resultaron heridos el sargento segundo de Infantería Juvencio Juárez Barragán; así como los cabos Leonel Guzmán Tolentino y Ramiro Sonalo Meza, quienes fueron trasladados a la Enfermería Militar de Apatzingán, Michoacán, donde su estado de salud se reporta como estable.

La Sedena indicó que “los elementos del Ejército repelieron la agresión, resultando muertos los dos individuos que pretendían darse a la fuga, sin que hayan sido identificados hasta el momento”.

Los agresores tenían en su poder un fusil de asalto AK-47 conocido como “cuerno de chivo” y una pistola más; además de que se aseguró una camioneta marca Jeep Grand Cherokee, con placas de circulación PGC-9890 del estado de Michoacán, con reporte de robo, en la que pretendían huir los sicarios.

DEBE EL EJÉRCITO ESTAR BAJO VIGILANCIA EN FUNCIONES CIVILES: ARBOUR La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos (ACNUDH), Louise Arbour aseveró en una reunión con senadores que “sí el ejército lleva a cabo funciones civiles, debe de estar bajo una vigilancia y autoridad civil y debe de tener una responsabilidad ante los sistemas de justicia civiles cuando lleven a cabo las funciones de policías”.

Arbour respondió al presidente de la Comisión de Justicia del Senado, el panista, Alejandro González Alcocer, quien le señaló que “no siempre los países pueden estar cumpliendo al ciento por ciento –con los convenios internacionales - por las condiciones y características propias del país.

Recurrimos al ejército porque no nos queda de otra, no es lo deseable, todo mundo lo sabe, el ejército no está hecho para pelear contra la delincuencia, pero por la descomposición de las fuerzas policíacas hemos tenido que recurrir al ejército”.

Y en su respuesta al panista, la ACNUDH , Arbour dijo” no voy a juzgar la sabiduría de tener ese recurso o haber llegado a esta ayuda del ejército, creo que depende de todos nosotros reflejar las consecuencias de estos tipos de actividades y para hablar de forma colectiva y fuertemente, necesitamos iniciativas de seguridad bajo el estado de derecho.

“Los militares tienen sus operaciones, ellas tienen prácticas de protección que los hacen a veces no adecuados para ciertas operaciones en áreas urbanas muy grandes donde los civiles se comportan de manera muy errática, hay muchas razones por las cuales yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en tener este recurso a la fuerza tan enorme en nuestro cumplimiento”.

Arbour tajante subrayó: “quiero enfatizar que rechazo totalmente cualquier sugerencia de que los derechos humanos son lo opuesto de la seguridad, que es un adversario al sector seguridad.

De hecho, el derecho fundamental es el derecho a la vida, a la libertad y seguridad de la persona a la vida y libertad, la obligación primordial de un Estado es proveer o dar seguridad, y voy a ser clara,, no solamente de sus ciudadanos, sino de todos aquellos que están bajo su jurisdicción, autoridad o control”.

Y también la senadora del PAN, Adriana González Carrillo le inquirió sobre su opinión respecto a la no participación de México en las operaciones de mantenimiento de paz en todos sus niveles, y la Alta Comisionada le respondió: “no tengo nada que decir al respecto porque no conozco, no sé cuales son los antecedentes y cómo se pensó en México al respecto, pero les puedo asegurar que las Naciones Unidas necesitan desesperadamente contribuciones para sus tropas --para mantener la paz --, no hay duda alguna”.

El senador del PRD, Pablo Gómez le manifestó que algunas organizaciones no gubernamentales consideran que en México podría haber unos 500 presos políticos, otras que son más.

También le cuestionó sobre el discurso del gobierno sobre migrantes, porque explicó, hay consenso para defender a los mexicanos que se encuentran indocumentados en Estados Unidos, pero no lo hay para defender a los centroamericanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos.

En su respuesta al perredísta, Albur, dijo: “ustedes comprenderán que no estoy en posición para comentar si son y cuántos son prisioneros políticos en México.

Si los hay, o no los hay. Qué califica a un preso político. Hay ciertos delitos que se pueden definir como delitos políticos, también hay otros delitos comunes donde tal vez ciertas personas estén, debido a sus puntos de vista políticos.

Este es un debate que tienen que llevar a cabo entre los mexicanos “. Y en cuanto a los migrantes, la Alta Comisionada dijo que “México tiene experiencias cotidianas tanto como país de origen, como de tránsito, de destino.

Y la contribución que México puede, y digo que debe hacer, es inyectar un componente de derechos humanos a las políticas internacionales sobre migración.

La senadora Rosario Ibarra de Piedra dijo que en el país continúan las desapariciones forzadas de personas, que se criminaliza la protesta social y la rebeldía social.

En respuesta a ella, Arbour dijo que “continúa esa práctica de desaparición de personas, y que a la ONU no le interesa el volumen, uno sólo merece la movilización de la comunidad internacional”.

Ante los senadores la Alta Comisionada refrendó su compromiso para impulsar la reforma constitucional que pretende elevar a rango constitucional los derechos humanos, y ofreció la colaboración de su oficina en México para brindar orientación y dar a conocer las experiencias de otros países, a fin de que se logre contar en el país con la mejor legislación en materia de derechos humanos.

Por otra parte, Louise Arbour alertó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que “día a día” aumentan los casos relativos a los derechos sociales que son resueltos por la justicia.

En una comida que le ofrecieron los ministros del máximo tribunal a la funcionaria de Naciones Unidas, quien estuvo acompañada por el representante permanente de la ONU en México Amerigo Incalcaterra, la funcionaria les comentó que ella en el pasado se desempeñó como ministra de la Suprema Corte de Canadá, por lo que tuvo conocimiento del creciente número de asuntos que tienen que ver con los derechos sociales, la defensa y protección de los derechos humanos.

Por su parte, el ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia sostuvo que para el Poder Judicial de la Federación , los asuntos relacionados con la defensa de los derechos humanos son “una prioridad”. Añadió que existe el compromiso de los juzgadores federales de defender la supremacía constitucional y la vigencia de las garantías individuales.

(El Porvenir, 7 de febrero de 2008)

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Defiende Calderón uso de Ejército

Jueves, 07 de Febrero de 2008

Condiciona el Presidente de México el retiro de lucha antinarco a fortalecimiento de Policías

CIUDAD DE MÉXICO.- En la medida en que avance el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado será cada vez más esporádica, indicó ayer el presidente Felipe Calderón.

Ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, remarcó que las fuerzas armadas cuentan con el apoyo del gobierno y de la sociedad en el cumplimiento de su deber constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país.

"Estamos combatiendo al crimen y a la violencia con toda la fuerza del Estado, pero estamos, al mismo tiempo, plenamente conscientes de que esta lucha debe darse siempre y sin excepción, con pleno respeto a los derechos humanos", indicó en Los Pinos.

"Debemos recordar que garantizar la seguridad pública es una función esencial del Estado, que toda autoridad comprometida con los derechos fundamentales debe asumir plenamente su tarea de proteger la seguridad de los ciudadanos, y que la participación del Ejército y la Marina es una labor subsidiaria, que en la medida en que avance, precisamente, la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica".

Indicó que su gobierno está comprometido con la protección de los derechos humanos y con la sujeción a estándares internacionales en la materia.

Acompañado por los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Juan Camilo Mouriño y Patricia Espinosa, Calderón encabezó en Los Pinos un acto en el que se firmó un acuerdo para dar continuidad a las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.

Advertencias

Mientras el Ejército participe en actividades de seguridad pública, debe ser vigilado por instituciones civiles, advirtió Louise Arbour durante la reunión que mantuvo con senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Justicia y Educación.

"No subestimo los retos de cumplimiento de la ley al que se tienen que enfrentar en México actualmente… No voy a juzgar la sabiduría de tener este recurso o haber llegado a esta ayuda del Ejército", señaló.

"Mi punto de vista es que si el Ejército lleva a cabo funciones civiles, deben de estar bajo una vigilancia civil, bajo alguna autoridad, deben de tener una responsabilidad ante los espacios de justicia civiles cuando estén llevando a cabo lo que los policías o civiles tendrían que hacer".

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos consideró que las prácticas de protección utilizadas por los militares no siempre son las mejores para operar en áreas urbanas grandes, donde los civiles se comportan de forma errática, pero sin ser combatientes.

Rechazó tajantemente que los derechos humanos sean un adversario de la seguridad y llamó a los legisladores a encontrar un equilibrio para garantizar ambos a los ciudadanos.

"Creo que dentro de una democracia lo que nosotros delegamos a nuestros gobiernos es la obligación de encontrar el balance perfecto entre nuestro deseo de estar seguros y nuestro deseo de ser libres", apuntó.

(Mayolo López y Daniela Rea /Agencia Reforma)

(El Mañana, 7 de febrero de 2008)

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Defiende Calderón uso de Ejército

Jueves, 07 de Febrero de 2008

Condiciona el Presidente de México el retiro de lucha antinarco a fortalecimiento de Policías

CIUDAD DE MÉXICO.- En la medida en que avance el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado será cada vez más esporádica, indicó ayer el presidente Felipe Calderón.

Ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, remarcó que las fuerzas armadas cuentan con el apoyo del gobierno y de la sociedad en el cumplimiento de su deber constitucional de salvaguardar la seguridad interior del país.

"Estamos combatiendo al crimen y a la violencia con toda la fuerza del Estado, pero estamos, al mismo tiempo, plenamente conscientes de que esta lucha debe darse siempre y sin excepción, con pleno respeto a los derechos humanos", indicó en Los Pinos.

"Debemos recordar que garantizar la seguridad pública es una función esencial del Estado, que toda autoridad comprometida con los derechos fundamentales debe asumir plenamente su tarea de proteger la seguridad de los ciudadanos, y que la participación del Ejército y la Marina es una labor subsidiaria, que en la medida en que avance, precisamente, la organización de las instituciones civiles en su capacidad de combate al crimen, será cada vez más esporádica".

Indicó que su gobierno está comprometido con la protección de los derechos humanos y con la sujeción a estándares internacionales en la materia.

Acompañado por los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Juan Camilo Mouriño y Patricia Espinosa, Calderón encabezó en Los Pinos un acto en el que se firmó un acuerdo para dar continuidad a las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.

Advertencias

Mientras el Ejército participe en actividades de seguridad pública, debe ser vigilado por instituciones civiles, advirtió Louise Arbour durante la reunión que mantuvo con senadores de las comisiones de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Justicia y Educación.

"No subestimo los retos de cumplimiento de la ley al que se tienen que enfrentar en México actualmente… No voy a juzgar la sabiduría de tener este recurso o haber llegado a esta ayuda del Ejército", señaló.

"Mi punto de vista es que si el Ejército lleva a cabo funciones civiles, deben de estar bajo una vigilancia civil, bajo alguna autoridad, deben de tener una responsabilidad ante los espacios de justicia civiles cuando estén llevando a cabo lo que los policías o civiles tendrían que hacer".

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos consideró que las prácticas de protección utilizadas por los militares no siempre son las mejores para operar en áreas urbanas grandes, donde los civiles se comportan de forma errática, pero sin ser combatientes.

Rechazó tajantemente que los derechos humanos sean un adversario de la seguridad y llamó a los legisladores a encontrar un equilibrio para garantizar ambos a los ciudadanos.

"Creo que dentro de una democracia lo que nosotros delegamos a nuestros gobiernos es la obligación de encontrar el balance perfecto entre nuestro deseo de estar seguros y nuestro deseo de ser libres", apuntó.

(Mayolo López y Daniela Rea /Agencia Reforma)

(El Mañana, 7 de febrero de 2008)

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Calderón: La lucha del Ejercito contra el crimen organizado será “cada vez más esporádica”

daniel lizárraga

Recibe a la Alta Comisionada de ONU

México, D.F., 6 de febrero (apro).- El presidente Felipe Calderón recibió por la mañana, en Los Pinos, a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la canadiense Louise Arbour, a quien aseguró que la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada será “cada vez más esporádica”.

No obstante, Calderón no dejó pasar la oportunidad para referirse al reciente enfrentamiento registrado en Michoacán, en el que perdiera la vida un militar.

En su discurso, lamentó el fallecimiento del coronel de Infantería Fortino Castillo León, quien fuera atropellado por presuntos narcotraficantes al momento de emprender la huida antes de ser aprehendidos por el Ejército.

Para Calderón Hinojosa, la participación de militares en la guerra contra el narcotráfico es una medida “subsidiaria” que, en la medida en que se doblegue a la delincuencia organizada, cada vez será más esporádica.

Louise Arbour respondió que deseaba “ver la totalidad de los principios internacionales de derechos humanos, que México ha ratificado, plenamente reflejados en su Constitución, su legislación federal y estatal, y en la práctica cotidiana, de todos los funcionarios y funcionarias del Estado".

Calderón refrendó a la representante de la ONU que contará con el apoyo del gobierno mexicano.

Durante el evento, se firmó el acuerdo entre la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el gobierno mexicano, con el fin de extender el periodo de cooperación entre ambos.

(Proceso, 6 de febrero de 2008)

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¿Sólo a Guerrero viene Louise?

MANÚ DORNBIERER / SATIRICOSAS

El pasado sábado en este espacio comenté el tipo de carísima publicidad que hace Calderón en el extranjero a su pequeña persona, pero sobre todo a su gran obra, la militarización del país so pretexto de su propia guerra contra las drogas. A este propósito mi amigo José Reveles me envió el siguiente mail: Querida Manú: ya leí tu artículo de The Economist. Felipe Calderón gastó en 2007 más que Fox en 2006 (cuando la elección presidencial y cuando le echó todos los kilos para ganarle a AMLO, según confesó el propio vaquero). O sea, que imagínate, Calderón gastó: 3 mil 425.5 millones de pesos en comunicación social, mientras que Chente registró mil 335 millones en el año electoral 2006. Pese a semejante inversión, la aprobación inicial del gobierno de Calderón (68 por ciento en abril de 2007), bajó a 64 por ciento en agosto y 57 por ciento en noviembre, según encuesta de Blimsa/El Universal. La nota aparece en primera plana de El Universal el domingo 3 de febrero de 2008. Puedes ubicarla por Internet. Esta es una “guerra inútil”, como la que dizque se ejecuta contra el narco. Saludos, Jreveles.

En ese mismo artículo mencioné la prometida presencia en Guerrero de Louise Arbour, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, a la que sin duda se le hablará de cómo el gobierno aprovecha su dizque guerra contra las drogas para ejercer represión militar contra las protestas civiles y la disidencia de cualquier tipo. Y recibí un importante documento de mi amigo Raúl Ramírez Baena, sobre lo que la militarización está causando en la Frontera Norte. Después de leerlo juzgarán ustedes, lectores, si sólo Guerrero amerita la presencia de Louise.

“Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC. Los derechos humanos y la seguridad pública en la frontera noroeste de México. Resumen ejecutivo, Presentado por Raúl Ramírez Baena. Presidente. Ante Louise Arbour, alta comisionada de naciones Unidas para los Derechos Humanos. México, D.F, 5 de febrero de 2008.

Crímenes violentos y narcotráfico.- Con la llegada de los nuevos gobiernos estatal y municipales en Baja California, al igual que en otros estados de la República, se ha desencadenado una oleada de violencia criminal provocada por la “guerra” declarada que ha emprendido el Estado mexicano contra los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado. Debido a la infiltración de las bandas delictivas en las corporaciones policiacas, los nuevos gobiernos realizan cambios en los mandos para evitar la protección a las mafias. Ello provoca crisis al interior de las corporaciones y crímenes de jefes y policías en conflicto con los cárteles o que no colaboran con ellos. En Baja California, a diario aparecen en la vía pública cadáveres envueltos en cobijas con señales de tortura, miembros cercenados y, en pocos casos, decapitados. Todos ellos con mensajes propios de las mafias que luchan por el control de “la plaza” (la ruta y el mercado de la droga), principalmente en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, y en menor medida, en Mexicali.

En enero de 2008, mes de la mayor ofensiva gubernamental, se han registrado 247 ejecuciones en todo el país; 20 por ciento corresponden a Baja California, estado que registra la incidencia más alta de homicidios violentos. A ello habría que agregar múltiples privaciones ilegales de la libertad, secuestros y desapariciones forzadas, comúnmente llamadas levantones. Tras la detención de líderes de la droga aparecen otros cada vez más violentos que luchan por el poder y los negocios ilícitos, como el lavado de dinero, el tráfico de droga y armas, la producción y distribución de drogas sintéticas más letales y baratas (metanfetaminas, como el crystal) y el narcomenudeo.

En los últimos meses se han incrementado los secuestros, negocios realizados por las mafias, policías y ex policías, así como extorsiones telefónicas. Algunos delitos se planean y ordenan desde las cárceles, que son escuelas del crimen. Las llamadas narcotienditas (las policías saben cuántas son y donde están) han proliferado en las colonias populares, penetrando las redes del tejido social. Las familias ven en la producción y distribución de drogas una alternativa a su crisis económica; con ello crece la violencia familiar. Paralelamente, ha aumentado de manera alarmante el pandillerismo juvenil y las adicciones, que representan ya un grave problema de salud pública. Más del 80 por ciento de los robos en todas sus modalidades están asociados a las adicciones. En el municipio de Tecate, sin estudios previos, sin impacto real en la inseguridad y con fuerte apoyo social, desde 2001 se ha implantado el “toque de queda” nocturno contra menores, como una medida populista más que efectiva, criminalizando a los adolescentes, sobre todo los de escasos recursos.

En las zonas donde se destruye la economía del narco (plantíos en el sector rural y narcotienditas en las ciudades) no se desarrollan economías alternativas, ahondando la crisis económica de las comunidades y familias que sobreviven de la siembra, producción y comercialización de drogas, además de que se realizan múltiples detenciones arbitrarias y abusos en contra de personas inocentes. Llama la atención que el Estado mexicano, con un presupuesto extraordinario, ataque prioritariamente el tráfico de drogas y no con la misma intensidad el lavado de dinero, la producción y distribución mayor de las drogas y las adicciones. Tampoco se aplica en atender el origen estructural del conflicto.

Militarización.- La respuesta del gobierno mexicano al panorama antes descrito es incorporar a las Fuerzas Armadas. Al invadir el Ejército y la Marina las facultades de la autoridad civil para la prevención e investigación de los delitos, en ciudades donde antes imperaba la ley del crimen ahora impera la ley del Ejército. Aunque no de manera oficial, los militares coordinan las acciones de vigilancia, investigación y detención de presuntos delincuentes y de policías corruptos, interpretando las leyes bajo el argumento de la defensa de la Soberanía Nacional. Los nuevos directores de la Policía Estatal Preventiva de Baja California y de las policías municipales de Tijuana y Playas de Rosarito, son militares.

Es común observar a militares en carreteras y ciudades realizando revisiones anticonstitucionales de vehículos, en operativos en colonias –casi siempre populares–, en allanamiento de domicilios sin orden judicial, en vigilancia preventiva, en el desarme de corporaciones policiacas municipales y en la detención de personas, invadiendo facultades de las autoridades civiles. En los últimos días, el comandante de la Segunda Zona Militar, que comprende los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora, ha realizado diversas declaraciones señalando delitos y la corrupción de servidores públicos, contribuyendo al descrédito de las autoridades civiles, desplazando en funciones al Gobernador y al Procurador General de Justicia de Baja California. Apoyo popular a la militarización.- Según encuestas realizadas recientemente en Baja California, entre el 80 y el 90 por ciento de la población apoya las tareas militares en la prevención y la persecución de los delitos.

Existe un intencional manejo mediático de la violencia criminal que exacerba los delitos, lo que alimenta el clima de terror, pánico e indignación social. En consecuencia, la población apoya la militarización, la pena de muerte, la cadena perpetua, la tortura y el incremento de las penas contra los delincuentes. Medios de comunicación, el sector empresarial, la Iglesia Católica y políticos de diversas corrientes, están en favor de la militarización. Ello presiona políticamente a los gobernantes, quienes refrendan su decisión de mantener a los militares usando “toda la fuerza del Estado” para derrotar al crimen.

En lo general, la población desconoce el marco legal y sus derechos humanos, lo que facilita la intervención militar en la vida civil y la impunidad en las violaciones a los derechos humanos. Existe además un clima de linchamiento popular y mediático hacia los organismos y defensores de los derechos humanos. Con la presencia del Ejército no ha disminuido la inseguridad, la violencia y los crímenes. En cambio, han aumentado los abusos a ciudadanos.

Desapariciones forzadas.- La Asociación Esperanza contra las Desapariciones Forzadas y la Impunidad, AC tiene documentados 193 casos de personas desaparecidas con violencia en Baja California de 1993 a la fecha, perpetrados por grupos de la delincuencia organizada en estrecha relación con corporaciones policiacas, agentes en activo y ex agentes. De 2005 a la fecha, ha registrado 60 casos. Sin embargo, con datos de prensa y testimonios de familiares que no han acudido a denunciar, se conocen más de mil 200 casos en 10 años. Hay una nueva modalidad: los secuestrados-desaparecidos, perpetrados por escuadrones de la muerte, en los que en la mayoría de los casos se paga rescate y la persona ya no aparece. A la fecha han pasado tres gobernadores sin que ninguno haya recibido en audiencia a los familiares de los desaparecidos, a pesar de múltiples peticiones.”

manoudornbierer@gmail.com

(La Jornada Guerrero, 6 de febrero de 2008)

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The Economist: Calderón se vanagloria de "su" militarización

SATIRICOSAS – Manú Dornbierer – 5-2-08.

El 80% de la producción de "The Economist", famoso e influyente periódico inglés, está destinada al extranjero. El diario tiene alta credibilidad entre el público común porque coquetea hábilmente con la derecha y con la izquierda, pero su helado corazón es reaccionario y el neoliberalismo que lanzó su mami Margaret Thatcher y su papi Ronald Reagan le vino como guante. El periódico fue fundado por el colmilludo político británico James Wilson en 1843. Algunas de las publicaciones del actual y sagaz grupo editorial van dirigidas por ejemplo a funcionarios de Washington, tal es el caso de Roll Call. Es hábil, pero a veces menosprecia la memoria de sus lectores. Llama "gangster" a Putin por no permitir que compañías extranjeras exploten el petróleo ruso y se le olvida que a la criminal invasión de Iraq para apoderarse del petróleo iraquí la llamó "Cruzada por la libertad". Los artículos nunca están firmados y supuestamente "el consejo de redacción se hace responsable de los análisis y opiniones expresados". Es decir nadie da verdaderamente la cara o un nombre.

Sin embargo, como en toda publicación hay artículos enmarcados, lo que significa pa-ga-dos. Uy, deben ser muy caros. Pero cuando se cuenta con el dinero de México para autoglorificarse ¿qué importa? En la edición "Courrier Internacional" para FranceInfo, en edición hors série (fuera de serie) No 22, de diciembre 2007 a febrero 2008, Felipe Calderón se promueve como el maxihéroe de Latinoamérica. Que Hugo Chávez ni que nada.

En un artículo escrito sin asomo de pudor, sin respeto a la inteligencia de sus posibles lectores europeos y mexicanos, en primera persona y en puro estilo foxista ¿o salinista?, afirma Felipe que "México ha escogido entre el pasado y el porvenir, entre el regreso a sistemas autoritarios y el fortalecimiento de la democracia, entre el proteccionismo y mercados más abiertos, entre la inutilidad de medidas populistas y el equilibrio responsable de las finanzas públicas". Y francamente Calderón, el espurio, no puede hablar de democracia ni de "regímenes autoritarios". La democracia la canceló en el país al no querer contar los votos para aclarar su "triunfo" en la elección. Y dentro de la misma línea hoy la ha cancelado en su propio partido el PAN, al imponer descaradamente al presidente del mismo, su sospechoso amigo Germán Martínez Cázares, quien imita a su jefe y también paga propaganda (aunque aún no en The Economist). Grita en la radio "Los panistas me han elegido" cuando todos sabemos que como en el viejo PRI sólo fue Calderón quien "pompó".

También sabemos que no hay empleo en México por lo que continúa la sangría de la emigración y aumentan los porcentajes de pobreza, que hay huelgas que el gobierno rompe y marchas de protesta a todas horas contra el TLCAN y contra la entrega del país, que los precios se están disparando con el gasolinazo sin que la propaganda oficial logre ocultarlo. Que México acabó de perder com el panismo su campo y de lo que quedaba de industria nacional a manos de las transnacionales. Pero sonriente y cínico, Calderón declara a la versión en francés de The Economist : "Desde el principio de mi mandato en diciembre 2006, mi gobierno se emplea en poner a México en el camino del desarrollo". Bueno, bueno, bueno…

Se vanagloria mentirosamente de inexistentes victorias, pero lo peor es que considera la militarización anticonstitucional que ha impuesto a México como EL GRAN LOGRO. En su propaganda afirma que los mexicanos que consideraban que la inseguridad era el peor problema del país han disminuído de 50% a 25% No se percata de que el combate al narcotráfico que ha abrazado como cruzada, haciendo de hecho "el trabajo sucio a los gringos", lejos de tranquilizar a los mexicanos, tiene exasperados y asustados (estilo Bush en el caso) a todos los que viven en ciudades militarizadas, víctimas de los enfrentamientos. Están horrorizados por la sangre y las cabezas que corren por sus calles, sea de quien sea, por los cientos de ejecuciones de traficantes o de policías. ¡Ya miles de ejecuciones!

Se ufana Calderón de que "más de 10 000 individuos ligados a la droga y una veintena de narcotraficantes de primer plano fueron capturados". Dos líneas después dice "diez de los dirigentes más peligrosos del crimen organizado han sido extraditados a Estados Unidos". Eso es lo importante para el que campantemente dice junto a su foto sonriente: "He explicado a los mexicanos que es un problema complejo (acabar con las organizaciones criminales) que no tiene solución a corto término y que nos tomará mucho tiempo, mucho dinero y lamentablemente muchas vidas humanas". Y en el mismo párrafo hace del asunto de Ye Gon, el encuentro el año pasado de 215 millones de dólares en efectivo, otra "victoria" de su régimen, cuando en ese sucio dinero está embarrado hasta el cuello Lozano, su secretario del Trabajo, y Ye Gon afirma que esa fortuna de misteriosa procedencia perteneció a la campaña electoral de Calderón. El asunto no ha sido totalmente sofocado y el prepotente secretario del Trabajo, esclavo de ricos indecentes como los Larrea.

Pero volvamos a los 10 000 individuos "ligados a la droga", según Calderón, que han sido capturados. Habría que probar que esos miles de personas detenidas efectivamente pertenecen a los carteles de la droga y para ello habría que demostrar con investigaciones dentro de la ley que efectivamente es así, porque si no cualquiera puede ser acusado de narco y ajusticiado sin más. ¿Hubo tiempo y voluntad para realizarse? No, la prisa que tiene Calderón de autolegimitimarse con la magna gesta que significa ese "trabajo sucio para los gringos" y de vanagloriarse de ello como vemos en The Economist, no ha permitido un trabajo judicial serio. Hay que recordar también que el procurador Medina es conocido como Mister Atenco aquel que por capricho de Fox, al que le habían negado el regalo de sus tierras para hacer el aeropuerto del DF, se lanzó contra los vendedores de flores de Atenco y organizó contra los pobladores rebeldes del estado de México un operativo atroz amenizado con violaciones y por el cual hoy están en prisión con sentencias hasta de 67 años líderes campesinos, que de estar libres hubieran participado en la megamarcha : "Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco" contra la apertura del TLCAN.

El gobierno de Calderón está aprovechando la cacareada lucha contra la droga y la anticonstitucional militarización de las calles para la represión "legal" de la enorme disidencia que hay en el país y que desde luego los medios de comunicación al servicio del PAN minimizan cuando no la esconden. Esto es especialmente evidente en uno de los estados desde siempre más castigados por los militares, Guerrero, el de la Guerra Sucia que nunca se aclaró y que sigue aplicándose actualmente a través de la "limpieza" de Calderón, estado hoy mal gobernado por Zeferino Torreblanca, un falso perredista, amigo de Fox y de Calderón, que no atiende los gravísimos problemas sociales de su entidad y sólo se hace de la vista gorda.

El 28 de enero, La Jornada de Guerrero publicó que organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos acordaron solicitar a Louise Arbour, Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, una tercera reunión adicional a las que tiene previstas. Arbour estará muy brevemente el 7 de febrero en la capital del estado, Chilpancingo y luego en Tlapa, en la paupérrima región de La Montaña, "Y no sólo en La Montaña se violan los derechos humanos", claman las ONG. En dos años, hubo 70 desaparecidos sin vínculos con el narco: En efecto, en los dos últimos años se han registrado más de 300 asesinatos sin aclarar y han sido desaparecidas 70 personas que no tenían vínculo con la delincuencia organizada y las autoridades no dan ninguna respuesta a la demanda de encontrarlas con vida, denunciaron integrantes del Comité de Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados".

Este breve e incompleto panorama de la realidad de México debería llegar a manos del "consejo de redacción que se hace responsable de los análisis y opiniones expresados" en The Economist, al que habría que preguntarle si también avala la propaganda pagada de los políticos que lo utilizan para autoglorificarse. Y de paso, solicitarles sus tarifas.

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Calderón vulnera derechos humanos

En materia de derechos humanos, el primer ejercicio de Felipe Calderón deja saldo negativo: militarización; criminalización y represión de la protesta social; ejecuciones ligadas a la lucha contra el narcotráfico; impunidad en desapariciones forzadas y violaciones sexuales, entre otras, son expresiones de un autoritarismo velado, califican defensores.



Nancy Flores



Con una diferencia de menos de un punto porcentual y el rechazo de un amplio sector que lo consideró “espurio”, Felipe Calderón Hinojosa asumió –bajo la sombra de los militares– la Presidencia de México el 1 de diciembre pasado. Cuatro días después, Flavio Sosa, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue aprehendido y encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

A esta detención, que marca el inicio de lo que defensores de derechos humanos califican como autoritarismo velado, le sigue la “Operación Conjunta”: primera acción oficial del gobierno llevada a los estados y, al tiempo, primer atentado contra las garantías individuales.

Y es que los operativos contra el narcotráfico han derivado en la militarización del país, además de tener por objetivo real la localización y erradicación de “grupos subversivos”, según reconoció en enero pasado Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, entidad donde aún se realizan acciones vinculadas a dicho programa.

Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dice que la presencia del Ejército en la vida civil del país responde a la necesidad de legitimación que tiene el presidente, pues no hay consenso social.

El activista señala que “la acción enfocada contra el narcotráfico está dedicada, por debajo, hacia organizaciones sociales. El panorama no es bueno: cada vez es más posible que se detengan personas, que haya mayor discrecionalidad para torturar y desaparecer ciudadanos, sin ningún control ni protección. Es previsible que en adelante esa tendencia se recrudezca”.

El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusa a la administración federal de desaparecer, el 25 de mayo pasado, a dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Como respuesta, el EPR ha emprendido una campaña de sabotaje a grandes empresarios, por medio de ataques a ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al respecto, el 15 de septiembre el presidente Calderón exigió “que se sepa quiénes apoyan o toleran, así sea veladamente, este tipo de actos y quiénes los rechazamos porque estamos convencidos de que la vía pacífica es la única”. Hasta ahora, la Secretaría de Gobernación ha negado haber secuestrado a los disidentes.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que, sin consultar a la población, el gobierno ha tomado decisiones sobre temas muy álgidos que tienen que ver con la seguridad pública y el narcotráfico y ha optado por una salida dura: la militarización de la sociedad, sobre todo en lugares estratégicos como la frontera norte y estados como Guerrero, Tabasco, Oaxaca.

“Ésta es una mala señal para los derechos humanos de la población más pobre y vulnerable. Además de generar mayor malestar porque no hay resultados tangibles que reviertan los procesos de polarización y de conflictividad social.”

Michael Chamberlin destaca que, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, han aumentado las ejecuciones sin esclarecer. Desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia más de 2 mil 500 personas han perdido la vida, de las cuales cerca de 200 eran policías.

“Los asesinatos se toman como más normales, como si fuera una justificación y la lucha contra el narcotráfico permitiera la muerte de personas. Es una devaluación del respeto a la vida y de la obligación que tiene el Estado de respetar los derechos humanos. Eso tiene que ver con el asunto de la procuración de justicia y abre la puerta a la impunidad.”

En este mismo contexto, militares han perpetrado abusos en contra de la población civil, entre los que sobresalen los asesinatos ocurridos en contra de una familia en Sinaloa, el pasado 1 de junio; los cateos sin órdenes judiciales de Netzahualcóyotl, efectuados el 2 de agosto por el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en la colonia El Sol, y violaciones sexuales como la de la mujer indígena de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en marzo pasado después de haber declarado a sus familiares que “los verdes se le echaron encima”.





Cuerpos policiacos



La política de seguridad también implica la militarización de las fuerzas policiacas, eso es lo preocupante, dice Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Detalla que “se han dado diversas transferencias de militares a los cuerpos policiacos. Pero para que se dé una política clara en materia de derechos humanos se debe de entrar en un proceso de desmilitarización de estas corporaciones, que sean preventivas y no violadoras de dichos derechos”.

De acuerdo con el diario La Jornada, el pasado 1 de abril, los secretarios Genaro García Luna, de Seguridad Pública, y Guillermo Galván Galván, de Defensa Nacional, firmaron un convenio de colaboración para transferir, en calidad de apoyo, 7 mil 588 militares a la Policía Federal Preventiva.

El contrato –cita el reportero Gustavo Castillo– establece que los elementos “seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurídico aplicable”, por lo que no podrán ser juzgados por autoridades civiles aun cuando incurran en violaciones a derechos humanos o en otro tipo de delitos.

Aunado a esto, la administración calderonista creó, el pasado 9 de mayo, el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército, para auxiliar acciones estatales y nacionales, entre las que destaca sofocar disturbios.

Para el antropólogo Abel Barrera, este gobierno criminaliza la protesta y pone fuera de la legalidad a los movimientos de resistencia, como ha sucedido con la APPO y con los habitantes de San Salvador Atenco, quienes han recibido penas excesivas como lección para la sociedad que se organiza.

El 11 de septiembre, apenas 10 días después de que el presidente se comprometiera –en su primer informe de gobierno– a respetar y promover los derechos humanos de los mexicanos, fue ratificada la condena de 67 años y seis meses de prisión, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, contra Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicua y Felipe Álvarez Hernández.

Con esta sanción, la primera sala colegiada penal del estado de México determinó que los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de La Otra Campaña son más peligrosos que, por ejemplo, Ismael Higuera Guerrero, el Mayel, identificado por la Procuraduría General de la República como el líder de una célula del cártel de Tijuana, sancionado con 18 años de prisión por delitos contra la salud.

Más indeseables que Mario Arturo Acosta Chaparro, señalado entre los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la década de 1970, durante la guerra sucia. El general fue excarcelado el pasado 28 de junio del Campo Militar número uno, donde permaneció seis años por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.





Contrainsurgencia



Las medidas contrainsurgentes, aplicadas incluso contra los movimientos civiles y pacíficos, no se limitan a la militarización y represión: incluyen desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, reactivación de guardias blancas, desalojos violentos.

A inicios de este año, en las zonas conflictivas de Chiapas se reactivaron dos grupos de corte paramilitar: la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos y la Unión Regional Campesina Indígena.

En complicidad con funcionarios federales, estas organizaciones reclaman tierras en posesión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con un saldo cuando menos de cinco incursiones armadas a la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, el secuestro de tres milicianos, amenazas y actos intimidatorios en contra de defensores de derechos humanos (Contralínea, 75).

Más reciente, el 18 de agosto pasado, seis helicópteros de las policías estatal y federal desalojaron en forma violenta los poblados de San Manuel y Buen Samaritano, ubicados en la reserva de la Biosfera de Montes Azules, donde habitaban bases de apoyo del EZLN.

De estos hechos, el grupo guerrillero responsabilizó a Felipe Calderón Hinojosa, “gobernante de los ricos de México”, y a Juan Sabines Guerrero, “gobernador de los terratenientes y paramilitares de Chiapas”.

Michael Chamberlin dice que “no podemos desvincular estos nuevos desalojos de una serie de acciones que se han venido dando al menos desde 2001. Una presión constante a despejar esta zona por cualquier medio, desde las mesas de negociación hasta el desalojo forzado, como estos últimos casos, las amenazas y los ataques armados. Una vehemencia por ampliar su base territorial creando nuevas áreas naturales protegidas, para seguir despejando, más que por razones ecológicas, para proyectos marcados en el Plan Puebla Panamá”.

El defensor de derechos humanos advierte que la supuesta protección de la reserva busca la extracción de recursos naturales: petróleo, agua y biodiversidad, e indica que está relacionada con la presencia del EZLN y de las organizaciones que han estado luchando durante años por la tierra en esa zona, la ARIC, Unión de Uniones, y sus diferentes facciones, los intereses comunales de la Selva Lacandona.


Pobreza


La guerra sucia nunca se fue

Los conflictos sociales deben ser atendidos desde las causas estructurales que los originan, como la alta marginación y la pobreza, en vez de ser reprimidos, asegura Luis Arriaga Valenzuela.

De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, 11 municipios del país se encuentran entre los más pobres del mundo, sólo comparados con los de África subsahariana.

Sobre este tema, Abel Barrera indica que no sólo se han hundido a los pueblos en la pobreza sino que se mantienen los programas asistenciales de viejo cuño, que buscan fortalecer clientelas y hacer más dependiente a la población pobre de beneficios inmediatos que no atacan las causas de la miseria.

Michael Chamberlin detalla que el aumento de la migración también es un indicador de pobreza. “Hay un deterioro fuerte a nivel social y a nivel institucional. No se dan garantías para este tipo de derechos a una vida digna”.

El crecimiento de la población indígena y campesina que emigra hacia el norte del país y Estados Unidos, coloca a estos mexicanos en una situación de mayor vulnerabilidad: los trabajadores eventuales están catalogados de segunda categoría, por no tener preparación y ser en gran parte analfabetas funcionales, reflexiona el antropólogo Abel Barrera.

Añade que el fenómeno migratorio trae consigo un desgarramiento del tejido social, que causa, a su vez, mayor confrontación, polarización y aislamiento, por el distanciamiento de las autoridades con la ciudadanía.

Sobre este tema, Arriaga Valenzuela, director del Pro Juárez, advierte éste es otro pendiente de la administración federal. “Es necesario establecer una clara política migratoria que no dependa exclusivamente de las decisiones tomadas en el Congreso de Estados Unidos. No basta con señalar las deficiencias existentes en el país del norte sino que es necesario crear condiciones para que la migración no sea una necesidad forzada por parte de los mexicanos que van a Estados Unidos.

“En relación con los emigrantes que transitan por nuestro país, es necesario que se les respeten en todo momento sus derechos, además de brindar garantías a quienes defienden estos derechos.”

Conflictos agrarios

Entre las violaciones a los derechos humanos cometidas en este nuevo gobierno sobresale la regresión a las conquistas laborales de los trabajadores que están dentro el sistema del ISSSTE, indica Abel Barrera. “Con esta contrarreforma se conculcan derechos fundamentales de los trabajadores, en aras de privatizar los servicios de salud y demás servicios públicos”.

El director de Tlachinollan dice que “el Estado renuncia a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos. Eso es grave sobre todo para las regiones indígenas donde ni siquiera se ha garantizado el acceso a la salud, a la educación, a los caminos, al empleo, y eso ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres en el país. El gobierno se ha olvidado y ha sacado de la agenda política los derechos indígenas”.

Añade que otros capítulos pendientes de esta administración son los conflictos agrarios: el tema de la tierra no ha sido resuelto y agudiza la confrontación comunitaria. Para Abel Barrera lo más grave es que, lejos de resolver esta problemática, la administración federal impulsa megaproyectos, como el de la hidroeléctrica La Parota, en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos.

Para Luis Arriaga Valenzuela, otro capítulo irresuelto es el referente a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia. El activista dice que es necesario que el tema se mantenga vigente y que realmente se aborde. “El presidente Calderón no ha hecho mención explícita de este tema”.

El defensor de los derechos humanos señala que en el Primer Informe de Gobierno de Calderón el tema de derechos humanos ocupa un lugar poco relevante y esta situación confirma lo poco visible del tema en relación a determinados asuntos públicos.

“Si bien se señala que se han iniciado los trabajos para elaborar el programa nacional de derechos humanos cabe insistir que en su elaboración no se han involucrado diversas voces de la sociedad civil, con lo cual se corre el riesgo de repetir lo ocurrido en el sexenio anterior.”

Agrega que lo poco visible del tema no se reduce al lugar que ocupa en el Informe, también a la inexistencia de una política clara, contundente, en materia de derechos humanos y también necesaria especialmente cuando la estrategia de seguridad pública ha alcanzado un lugar relevante como parte de la política seguida por el actual régimen.

(Contralínea, 1a quincena de octubre de 2007)

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¿Guerra contra el narcotráfico o la militarización de México?

Laura Carlsen | 11 de julio de 2007


Quisiera ofrecer algunos elementos para enmarcar la guerra contra el narcotráfico en un contexto histórico e internacional que espero nos ayude entender los peligros y proponer políticas alternativas y estrategias de resistencia desde ahora.

Este marco ampliado nos da aún más razones por pensar que el modelo militarizado de combate al narcotráfico presente graves riesgos para la soberanía nacional y para los derechos de los ciudadanos mexicanos.
"Guerra contra el narcotráfico": Importación directa de los EEUU

La frase "guerra contra el narcotráfico" fue inventada e utilizada por primera vez por el Presidente Richard Nixon en 1971, en un contexto político muy parecido al actual estadounidense. Empantanado en una guerra que no podía ganar, con un déficit comercial e inflación rampante, en este año Nixon declaró que las drogas eran el "enemigo público número uno".

Nixon entró a la presidencia con la promesa de mano dura contra el crimen. Se dio cuenta que por las características del problema y las responsabilidades principalmente de los estados en el asunto, en realidad tenia pocas posibilidades de tener un impacto grande desde el ejecutivo. Para dar un papel espectacular y preponderante al gobierno federal, creó de un problema preocupante, una verdadera crisis de drogas a través de la manipulación de las estadísticas.

Si este contexto histórico suena parecido es que la invención de la guerra contra las drogas tuvo un objetivo primordial que también se aplica al caso de México hoy—expandir extralegalmente los poderes de la presidencia y consolidar una imagen de líder fuerte frente a la sociedad y en medio de circunstancias difíciles y debilidades políticas. Según varios análisis, se trataba de una manipulación de miedo para ganar poderes de emergencia—incluyendo detenciones preventivas, espionaje, redadas, etc.

Después de lanzar la "guerra contra el narcotráfico" Nixon crea varias agencias anti-droga que tienen en común que reportan directamente al presidente y no pasan por la supervisión del Congreso: el Departamento para la Aplicación de las leyes anti-droga, y después la DEA, una súper-agencia combinando agentes del Agencia de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD), Aduanas, la CIA y la Oficina contra el abuso de las drogas para coordinar esfuerzos locales y federales (ODALE).

Con la creación de estas agencias federales, la presidencia restó de los estados y municipios el poder de combatir las drogas en el marco de un problema comunitario o de salud, y de paso estableció agencias bajo el mando directo del presidente. Esto tendrá grandes repercusiones en el equilibrio de poderes. No es casual que exactamente un año después de anunciar la guerra contra el narcotráfico—el 17 de junio de 1972—un grupo de personas que se conocieron en estas nuevas agencias anti-droga coordinadas por el ejecutivo llevaron a cabo otra encomienda de su presidente: el robo de las oficinas del partido demócrata en el hotel Watergate.

A pesar de que, como todos sabemos, Nixon cayó víctima de su propia arrogancia y excesos, nos dejó con la guerra contra el narcotráfico, un modelo que sigue siendo fundamental para mantener el control en la sociedad estadounidense. La criminalización de los consumidores de drogas ha llevado al encarcelamiento de una gran parte de las poblaciones latina y africano-americana, el enfoque en la producción y abasto en lugar del consumo permite obviar en el discurso los profundos problemas internos de la sociedad estadounidense y la mano dura canaliza fondos gubernamentales a fortalecer las fuerzas policiacas en lugar de gastar el mismo dinero en programas de salud y educación pública en las comunidades.

Pero quizás donde más ha sido útil el modelo es como una herramienta para mantener el control geopolítico. Elevar el tráfico de drogas a un asunto de seguridad nacional le ha permitido intervenir en la política de los países productores de droga y de transito.

Sin duda, el caso clásico de injerencia estadounidense en un país a través del modelo de la guerra contra el narcotráfico ha sido el Plan Colombia.
Plan Colombia

Desde el año 2000 cuando empezó, EEUU ha enviado aproximadamente 4.3 mil millones de dólares al gobierno colombiano supuestamente para la lucha contra las drogas; 76% a las fuerzas militares. Ha sido un fracaso rotundo. No es necesario repetir los resultados—el precio de cocaína en EEUU ha bajado, tiene mayor pureza, y según un congresista la superficie del territorio colombiano cultivado en coca ha incrementado 42%.

Además de su absoluta falta de eficacia en detener la producción, procesamiento y transito de drogas, el Plan Colombia se ha utilizado para apoyar a la derecha colombiana en su guerra contra las insurgencia. El analista Frank Smyth señala que en 2001 Colombia ya había superado a El Salvador como el esfuerzo contrainsurgencia estadounidense más grande desde Viet Nam. Después de unos años, el Plan Colombia fue ampliado formalmente para autorizar el uso de la ayuda militar en la guerra interna y en particular en contra de las FARC.

Con la llegada de armamento y dinero para las fuerzas militares, la violación de derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y el asesinato de civiles también han aumentado de manera tan alarmante que hasta el Congreso de los Estados Unidos está preocupado. En la autorización de nuevos fondos para Plan Colombia, la Cámara de Representantes aprobó una versión que reduce la ayuda militar por 30 millones (36%), pone condicionamientos en materia de derechos humanos, y reduce las fumigaciones. El total de la asistencia al gobierno colombiano sigue siendo enorme—65% militar en este presupuesto comparado a 80% antes. Sin embargo, junto con el probable rechazo a aprobar el TLC con Colombia debido a las violaciones de derechos humanos, marca un mínimo reconocimiento de que la política anti-droga de Plan Colombia no funciona.
Desde el Plan Colombia al Plan México

Ahora a pesar del desastre del Plan Colombia se plantea el Plan México en términos que parecen ser muy similares. En mayo el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Silvestre Reyes dijo que México necesita mayor apoyo en su lucha contra el narcotráfico al estilo de Plan Colombia. El Plan México, implicaría programas de cooperación, entrenamiento, intercambio de información y recursos. Inmediatamente la frase salió en los medios y fue desmentido por el gobierno mexicano.

Llame como se llame, es evidente que estamos frente a una acción coordinada de militarización en nombre de la seguridad, y que el modelo implica una etapa de mucho mayor participación de Estados Unidos. Esta participación se da en cuatro niveles: primero en la planeación de medidas nacionales y locales de seguridad, segundo en el entrenamiento de policías y elementos del ejército y de los cuerpos de investigación, después en la ejecución de acciones y políticas de seguridad y de "guerra contra el narcotráfico" en territorio mexicano.

Esta etapa de colaboración entre México y Estados Unidos en asuntos de seguridad empezó formalmente con el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Anteriormente existían acuerdos de colaboración entre la defensa y los cuerpos policíacos de los dos países, sin embargo con el ASPAN se inicia la tarea de construir una agenda tri-nacional de seguridad sin precedentes, que en lugar de enfrentar, invadir o someter a la fuerza a México como ha hecho EEUU en el pasado, busca cooptar el estado mexicano en el marco del TLCAN, haciendo que el país acepte una serie de obligaciones relacionadas a la seguridad de los Estados Unidos.

Fechas clave en este proceso son la reunión en Mérida en marzo entre los presidentes Bush y Calderón y la reunión el 11 de enero entre el Procurador de EEUU Alberto González y de México Eduardo Medina Mora. En esta última reunión se acordaron según la prensa nacional una serie de acciones incluyendo la construcción de un sistema bilateral de identificación de traficantes, un diagnóstico de las policías mexicanas, el envío de ocho aeronaves para la detección e intercepción de aviones con cargamentos de droga, y que agentes de la DEA participen como supervisores de labores de erradicación. También por estas fechas el DEA anunció su intención de colocar agentes en otros puntos en la frontera, entre ellos Matamoros y Nuevo Laredo.

Sería una simplificación decir que el Plan México sea una copia fiel o la sustitución del Plan Colombia en los designios geopolíticos de EEUU para la región. Sin embargo, un análisis del Plan Colombia en el contexto mexicano resulta interesante, e igual que el análisis del origen de la guerra contra el narcotráfico en EEUU da unas pistas de por donde vamos.

Entre los rasgos principales del Plan Colombia que podrían aplicar o están aplicando en México están:

1. El creciente papel del ejército en la sociedad. En México el ejército es una institución fuerte pero malentrenado para combatir el narcotráfico. Su uso en estas tareas está llevando a graves violaciones de derechos humanos.
2. La expansión de las fuerzas paramilitares, la presencia de mercenarios, y empresas privadas inclusive extranjeras en tareas de seguridad. En México el problema de los paramilitares es serio en Chiapas y con la militarización se espera que empeore por la sencilla razón de que tarde o temprano con el aumento de armas estos llegan a sus manos.
3. La ampliación de la guerra contra el narcotráfico a la represión de disidentes y contrainsurgencia.

También hay importantes diferencias entre México y Colombia. México no vive una guerra ni está en jaque el control de grandes partes del territorio nacional. Y otro factor que distingue un Plan México de un Plan Colombia es la relación específica entre México y Estados Unidos, en particular la proximidad geográfica y la dependencia economía que existe después de 13 años del TLCAN. Estos factores aumentan el riesgo de pérdida de soberanía nacional.

Hasta ahora el resultado principal de la guerra contra el narcotráfico de Calderón ha sido desatar la violencia en varias regiones del país. En marzo, el número de policías ejecutados había subido 50% respeto al año pasado. Para finales de mayo habían más de 1,000 asesinados relacionado con el narcotráfico. La muerte, extradición o detención de capos lleva a batallas para la sucesión sin acabar con la producción y tránsito de la droga. La cantidad y bajo precio de las drogas en las calles de las ciudades estadounidenses es el mejor indicador de que el tráfico no ha afectado el flujo constante de drogas hacía los mercados del consumidor número uno en el mundo—EEUU.

En resumen, la historia nos muestra que el modelo de "la guerra contra el narcotráfico" tiene una serie de objetivos ocultos y resultados anti-democráticos que atentan contra la paz y la soberanía.

En la guerra contra el narcotráfico, se confluyen los objetivos de EEUU con los intereses del gobierno de Felipe Calderón. Los Estados Unidos busca extender su presencia militar y su hegemonía en la región, y lo ha hecho bajo el modelo del ASPAN, de la guerra contra el terrorismo y la militarización de la frontera, y ahora en la guerra contra el narcotráfico. Con mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, su participación en la formación de agentes y soldados, y su injerencia en el diseño de las políticas de seguridad en México, por lo pronto no hace falta tener mayor presencia de tropas. La promesa de cantidades de recursos y ayuda militar al estilo Plan Colombia es suficiente para asegurar que el gobierno mexicano siga el guión de seguridad escrito en Washington.

Por otro lado, Felipe Calderón—un presidente débil y con poca credibilidad popular—decidió desde el primer día de su presidencia seguir la receta de los gobiernos tambaleantes de construir un enemigo externo para consolidar su posición, apoyado por el aparato militar, y con el uso de la represión ó la amenaza de represión. La militarización del país constituye una medida preventiva en una coyuntura en que no tiene garantizado el control social.
Resumiendo

Primero, este modelo funciona en la práctica para ampliar el poder de la presidencia. Desde el inicio del modelo esto es uno de sus propósitos principales. Fortalece el poder ejecutivo sin contrapesos y transparencia, quitando poderes de los otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos.

Segundo, promueve la militarización de la sociedad y construye un poder de facto de fuerzas especializadas con pocos controles legales o sociales. El modelo de enfrentar el tráfico, venta y consumo de drogas con medidas militares, aumenta la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde estas sean débiles puede causar severos retrasos en una transición a la democracia.

Tercero, invariablemente se extiende a una guerra contra la oposición política en países en donde se ha aplicado, borrando la línea entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, y los disidentes.

Cuarto, existe una clara amenaza a la soberanía nacional bajo este esquema. Otra vez viendo el Plan Colombia, se ha desarrollado una economía dependiente de la ayuda militar desde afuera, y la imposición de un modelo de lucha contra el narcotráfico que no solo no ha tenido resultados, sino que ha profundizado la violencia y la destrucción social y ambiental de gran parte del territorio, creando un círculo vicioso de miedo y caos que se utiliza para justificar la continuación de la intervención extranjera. Sólo la vigilancia de grupos ciudadanos y de derechos humanos en EEUU lograba que se mantuviera un tope al número de soldados EEUU en territorio Colombiano, y hubo un incremento paulatino de mercenarios estadounidenses de empresas particulares sub-contratados para llevar a cabo funciones militares bajo el Plan Colombia.

El Plan México contempla el entrenamiento de las fuerzas mexicanas bajo el esquema de EEUU y en particular del gobierno de George W. Bush. Se amplia la red de agentes anti-drogas y aduanales estadounidenses que opera en el país, y se reduce el espacio para aplicar políticas basadas en las prioridades nacionales y no en la agenda de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos.

En este sentido, el ASPAN, la Guerra contra el Terrorismo de Bush, y la guerra contra el narcotráfico de Calderón son todos aspectos de una estrategia para ampliar la hegemonía de los Estados Unidos en la región, pasando por la consolidación de un gobierno de dudosa legitimidad en México que garantice sus intereses.

Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) en la Ciudad de México, donde ha trabajado como analista y escritora política por dos décadas. Este artículo fue parte de una ponencia en Casa Lamm en la Ciudad de México el 25 de junio de 2007.

(Programa de las Américas, 11 de julio de 2007)

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