15 de Febrero, 2009 - 19:23 —
México, 15 feb (EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) aseguró hoy que funcionarios del gobierno del sureño estado de Oaxaca son responsables de la desaparición de dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cuyo paradero se desconoce desde el 24 de mayo de 2007.
La CNDH emitió una recomendación al Secretario de Gobernación (Interior), Fernando Gómez Mont; al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz; y al presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández, por el caso de los guerrilleros desaparecidos y exigió al Ejecutivo "la presentación con vida de los agraviados".
Los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya o Andrés Reyes Amaya, y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, desaparecieron en 2007 después de haber sido detenidos en un retén.
Según la CNDH (defensoría del pueblo), a través de investigaciones propias logró demostrar "violaciones a derechos humanos" de los desaparecidos por lo que las autoridades tienen "la obligación de restituirles el pleno goce de sus derechos fundamentales conculcados, así como a repararles, o en su caso a sus familiares, los daños y perjuicios que se hubieran ocasionado".
El organismo detalló en un comunicado que existen "indicios suficientes" para establecer que funcionarios de la policía y de la fiscalía de Oaxaca y de las autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez "omitieron realizar las acciones adecuadas para ubicar el paradero" de los dos hombres.
Además criticó que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) no haya "obtenido resultado alguno" tras 18 meses de investigaciones.
La dependencia señaló también que los agentes policiacos que participaron en el retén en el que fueron detenidos los insurgentes "incurrieron en omisiones y graves contradicciones al manejar versiones distintas" sobre los hechos.
"Cobra mayor certeza la presunción de que ambos agraviados fueron detenidos en el mencionado operativo y posteriormente trasladados de manera velada a las instalaciones de la procuraduría estatal, entre el 24 y 25 de mayo de 2007, fecha a partir de la cual nada se volvió a saber de su paradero", subrayó.
A su vez, la CNDH denunció que la PGR se niega a compartir información del caso y aseguró que muchos funcionarios de la defensoría han sido amenazados por agentes de esa corporación.
Para llegar a sus conclusiones la institución de defensa de los derechos humanos realizó entrevistas a familiares de los ausentes, funcionarios públicos federales, estatales y municipales, así como a organismos no gubernamentales, empleados de establecimientos comerciales, autoridades religiosas, testigos y vecinos, entre otras cosas.
El informe de la CNDH sobre el caso consta de 10.089 hojas y 17 tomos.
En abril de 2008, el EPR propuso la creación de una comisión de mediación para dialogar con el Gobierno, con el objetivo de lograr la presentación con vida de dos de sus militantes desaparecidos hace un año, la cual fue instalada.
El EPR, que surgió en 1996 en el sureño estado de Guerrero, perpetró en junio y septiembre de 2007 atentados con explosivos contra la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), para exigir la aparición de sus militantes.
(SDP Noticias, 15 de febrero de 2009)
domingo, 15 de febrero de 2009
La CNDH de acusa a funcionarios de hacer desaparecer a dos guerrilleros
lunes, 23 de junio de 2008
Extiende CNDH pesquisas sobre presunta desaparición de dos eperristas
Se buscará en archivos y registros de dependencias federales y estatales, para conocer el paradero de estas personas.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 23/06/2008 22:55
México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que se ha extendido la búsqueda de información y datos de cualquier naturaleza que se relacione con la presunta desaparición de dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En un comunicado, el organismo nacional precisó que lo anterior es parte de las investigaciones que inició desde el 3 de junio de 2007, en relación a la queja que se presentó sobre este tema en particular.
Es por ello que buscará en archivos y registros de dependencias federales y estatales, para conocer el paradero de estas personas.
Se precisó que se trata de la presunta desaparición de los señores Raymundo Rivera Bravo y/o Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya y/o Andrés Reyes Amaya.
La CNDH reiteró que de comprobarse su desaparición, se estaría ante una conducta criminal de "lesa humanidad" y, por lo tanto, ante un delito de carácter imprescriptible, cuya impunidad es contraria a los principios y al funcionamiento del estado democrático de derecho.
La CNDH refirió que con sus indagatorias -bajo las previsiones de confidencialidad como se lo marca la ley- dará a conocer la totalidad y los resultados de sus esfuerzos para la localización de estas dos personas.
"Entre tanto continúa integrando las respuestas de las autoridades a las que se ha dirigido con el fin de determinar el curso de esta investigación", se apuntó en el comunicado.
Indicó que mediante 280 solicitudes escritas, la CNDH se ha dirigido a titulares de dependencias y entidades federales y estatales, entre éstas, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Instituto Nacional de Migración.
También se ha pedido información a los titulares de las Procuradurías Generales de Justicia de los estados, y a las dependencias que coordinan, administran o supervisan los servicios médico forenses, los reclusorios y centros de internamiento, prevención y readaptación social de las 31 entidades federativas del país y del Distrito Federal
Detalló que el 14 de marzo de 2008, personal de esta Comisión Nacional solicitó información específica a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, a la Subprocuraduría General de Control de Procesos y al Director de Derechos Humanos de la Procuraduría de Justicia de esa entidad Federativa.
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(La Jornada OnLine, tomado de Oaxaca en pie de lucha)
El EPR acusa a la CNDH de ser cómplice del gobierno federal
México, D.F., 23 de junio (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) fue duramente criticada por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que la acusó de ser cómplice del gobierno federal para no investigar la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 25 de mayo del año pasado.
En un comunicado enviado a la comisión de intermediación, el grupo armado dijo que la CNDH permanece ausente en las indagaciones sobre sus dos cuadros desaparecidos.
"Ha brillado por su ausencia, confirmando que ésta juega más un papel de remozamiento del sistema político convirtiéndose en cómplice de las diferentes instituciones del gobierno mexicano, que una institución que realmente proteja a los ciudadanos de la violación de los derechos humanos que el Estado comete", aseveró el EPR.
En el comunicado enviado a la comisión de mediación, que integran Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, el grupo insurgente reconoció su labor, aunque admitió que no ha habido avances pero por la falta de compromiso del gobierno de Felipe Calderón y de instituciones como la CNDH.
"La sistematización que la comisión (de mediación) ha realizado de las acciones jurídicas emprendidas por los familiares de los detenidos-desaparecidos, confirman que están haciendo lo necesario para exigir la presentación de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
"Aunque el resultado es hasta el momento el mismo al que históricamente se han enfrentado familiares y amigos de los detenidos-desaparecidos por el Estado mexicano y los gobiernos priistas en la negra noche conocida como `guerra sucia`, ya que se enfrentan a la maraña burocrática y a la prepotencia de las autoridades que niegan de facto la existencia del delito de desaparición forzada y con ello la procuración e impartición de justicia", señaló.
El EPR insistió en la responsabilidad del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en la detención y desaparición de sus dos compañeros, al considerar como “un punto clave” en la investigación la desaparición reciente del comandante Jonás Gutiérrez Corro en la ciudad de Oaxaca.
Dijo que la familia del policía desaparecido ha sido amenazada de muerte por autoridades del gobierno de Ulises Ruiz por reclamar o mencionar su nombre y solicitar que se investigue sobre su paradero.
En otras ocasiones, el EPR ha acusado a la policía de Oaxaca y a Ulises Ruiz de ser los responsables de haber detenido, torturado y desaparecido a sus dos militantes, quienes habrían sido entregados al Ejército desde hace más de un año.
En este contexto, el EPR exigió al gobierno de Flipe Calderón “concretar ¡ya!” y dar a conocer los alcances de la investigación y la solución de este grave problema, pues el delito de desaparición forzada esta considerado de lesa humanidad, por lo que es imprescriptible.
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(Proceso, 23 de junio de 2008)
martes, 27 de mayo de 2008
Desaparición “forzada”, la de los dos eperristas
Marco Appel
BRUSELAS.- Aunque el pasado 7 de mayo la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea (UE), Benita Ferrero-Waldner, anunció que México ha ascendido a la exclusiva categoría de “socios estratégicos” de ese bloque comercial, poco antes había acusado a las autoridades mexicanas de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, presuntos miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El 4 de abril, en una comunicación oficial dirigida al eurodiputado español Raúl Romeva –con el número de folio E-0266/08ES–, la comisaria austriaca Ferrero-Waldner tipifica ambos casos como “desapariciones forzadas”.Señala allí que, “desde finales de 2007”, la Comisión Europea –el órgano de la UE que vigila el cumplimiento de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con México, en vigor desde el año 2000– está dando “seguimiento” al asunto de “las desapariciones forzadas” de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.
Entrevistado por Proceso, el eurodiputado Romeva advierte que esa respuesta de la comisaria refleja la “gravedad” de la situación de los derechos humanos en México, ya que es la primera vez que la Unión Europea “reconoce” la existencia de “desapariciones forzadas” en México.Éstas son definidas por el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006 y que sirve de base jurídica a los señalamientos que hace la diplomática europea.La Convención estipula que “por desaparición forzada debe entenderse el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes de Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.Esa misma Convención Internacional, signada ya por 72 países, considera la desaparición forzada como un “crimen de lesa humanidad”.Apenas el pasado 18 de marzo, el gobierno de Felipe Calderón ratificó dicha Convención, que requiere de otras 16 ratificaciones para entrar en vigor. Sin embargo, organismos de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional lamentaron que México lo hiciera sin reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las quejas de las víctimas o sus familiares.En vista de ello, Romeva señala que, tras la respuesta de la comisaria, “la Comisión Europea se sitúa en un escenario en que debe tomar decisiones de forma pública e inmediata”.
–¿El caso amerita activar la cláusula democrática del acuerdo? –le pregunta este corresponsal.
–Por supuesto. Para que sirva una cláusula de ese tipo, debe aplicarse. De otra forma no tiene sentido. Espero que, al menos en el marco de esa cláusula, el asunto sea tratado. Las autoridades mexicanas suelen esconderse detrás del principio de no injerencia para no tocar esos temas con observadores extranjeros. Pero en materia de derechos humanos no hay tal injerencia, porque el diálogo en la materia es parte del acuerdo. Lo aceptó y firmó el gobierno mexicano: espero que esta vez entienda que el problema de las desapariciones forzadas forma parte de la cláusula democrática.Conforme al artículo 58 del mencionado acuerdo, la desaparición forzada puede clasificarse como “caso de urgencia especial”. En esa circunstancia, la Comisión Europea está facultada para aplicar “unilateralmente” las medidas que juzgue “adecuadas”, desde un diálogo extraordinario hasta un proceso de suspensión del acuerdo.
Preocupación
El pasado 17 de enero, el eurodiputado Romeva mandó una “comunicación parlamentaria” a Benita Ferrero-Waldner. En ella le preguntó qué acciones había adoptado la Comisión Europea, en el marco del acuerdo global con México, frente a las desapariciones forzadas de los presuntos guerrilleros.La comisaria –en un tono menos condescendiente hacia el gobierno mexicano que en ocasiones anteriores– reconoció en su respuesta que el hecho ha despertado tanta preocupación que la Comisión Europea debió establecer contacto “con fuentes independientes y organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, con la finalidad de obtener el máximo de información posible sobre el asunto”.Ferrero-Waldner informó que funcionarios de la Comisión Europea fueron autorizados a sostener reuniones “periódicas”, entre otros, con abogados de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) que han asumido la defensa de los activistas desaparecidos. Uno de esos encuentros se efectuó en la propia sede de la Delegación de la Comisión Europea en el Distrito Federal, al que acudieron también “representantes de otras ONG”.La jefa de la diplomacia europea aseguró que “la Comisión se propone hacer un seguimiento del problema, a través de los canales y las modalidades apropiados, en el contexto de sus contactos con las autoridades mexicanas y en coordinación con los Estados miembros de la UE”. Así, expone que el año pasado el Consejo de la UE, que agrupa a los representantes de los 27 Estados socios, requirió “información específica” sobre la situación “en el convulso estado de Oaxaca”; donde desaparecieron Reyes Amaya y Cruz Sánchez. El Consejo de la UE y la Comisión Europea, explica la comisaria, enviaron entonces a México “una misión exploratoria” conjunta, a la cual se integraron los representantes de las embajadas de los países europeos y de la Delegación de la Comisión Europea en el país.Aunque la comisaria no aborda los resultados de esa misión, revela que el conflicto de Oaxaca “ha sido en varias ocasiones objeto de conversaciones con las autoridades mexicanas, tanto en México como en Europa”.
(Proceso, mayo de 2008. Tomado de El justo reclamo)
lunes, 19 de mayo de 2008
EPR exige al gobierno fijar fecha para presentar a los eperristas desaparecidos
josé gil olmos e isaín mandujano
México, D. F., 19 de mayo (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) emplazó al gobierno mexicano a que, en el marco de la intermediación, se comprometa públicamente a fijar una fecha concreta para presentar con vida a sus dos miembros desaparecidos el 25 de mayo pasado, “porque no es posible seguir esperando de manera indefinida".
A través de un nuevo comunicado, el grupo armado ofreció pruebas de la participación del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, en la detención de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, en mayo de 2007.
En el mismo comunicado que envió a la comisión de intermediación conformada por Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor y Samuel Ruiz García, el EPR dio a conocer un mensaje de correo electrónico, presuntamente enviado por policías ministeriales de Oaxaca, el pasado 7 de enero.
En dicho correo los presuntos jefes policíacos responsables de la “captura, tortura y desaparición” de los dos eperristas, revelan los detalles en que ocurrieron los hechos. Según el grupo armado, el mensaje señala que sus dos compañeros fueron detenidos e interrogados por un grupo especial de policías oaxaqueños que trabajan al margen de la legalidad.
Así mismo, reiteró su disposición a suspender toda acción bélica mientras duren las conversaciones con el gobierno federal, al que exigió señales de su disposición el diálogo, entre ellas, que fije una fecha para la entrega de sus dos compañeros desaparecidos desde hace un año.
Según las denuncias del EPR, el grupo especial de policías que secuestró y torturó a sus compañeros fue organizado por el exsecretario de Gobierno de Oaxaca y actual líder del PRI en la entidad, Jorge Franco Vargas, conocido como El Chucky, y apoyado por la exprocuradora del estado Lizbeth Caña Cadeza, actual Auditora Superior del estado, así como por el subdirector operativo de la Policía Ministerial, Pedro Hernández Hernández.
En el comunicado, el EPR reiteró su disposición a mantener la tregua militar; pero, a la par, demandó al gobierno mexicano que con sus policías y Ejército deje de “hostigar e intimidar a las familias de los dos desaparecidos”, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Así mismo, pidió que cese el hostigamiento contra amigos de los desaparecidos, así como contra miembros de organismos no gubernamentales que se han solidarizado contra “este repugnante delito de la desaparición forzada”; además, que se deje de perseguir y de investigar a quienes el gobierno considera son parte supuestamente del EPR, y la suspensión definitiva de los operativos de búsqueda y captura de presuntos eprristas.
El EPR insistió que si bien ellos han empeñado su palabra de suspender toda acción militar también por su parte el gobierno mexicano debe concretar su "disposición al diálogo" y de muestras fehacientes de distensión, cumpliendo con las demandas expuestas que ya había sido plasmadas el pasado 28 de abril en otro comunicado.
El grupo armado recordó que el próximo 25 de mayo se cumplirá ya un año de la detención y desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Consideró que el gobierno federal no tiene “autoridad moral” para subrayar su compromiso con los derechos humanos y las libertades civiles como “ejercicio indeclinable en el ejercicio del poder”.
Sin embargo, señaló que si el gobierno de Felipe Calderón “realmente quiere adquirir esa autoridad moral que tanta falta le hace, que se comprometa públicamente a fijar un plazo concreto para presentar” a los dos eperristas desaparecidos, e informe a la sociedad qué fue lo que pasó: "No podemos esperar de manera indefinida", advirtió el grupo rebelde.
En el documento los guerrilleros pidieron al gobierno mexicano que, como primer medida, "mientras dura la intermediación", traslade de inmediato a los “presos políticos y de conciencia” que están en el “penal de exterminio de máxima seguridad” del Altiplano Ignacio del Valle, Felipe Álvarez, Héctor Galindo, Sergio Bautista Martínez, José Luis Durán Mata y Jacobo Silva Nogales a una cárcel donde tengan mayor libertad y contacto con sus familias.
Demandó también que la libertad inmediata de todos los “presos políticos y de conciencia” que existen en el país, sobre todo los que están recluidos en El Amate, en Chiapas, quienes se han sometido a una “extenuante huelga de hambre” que ha puesto en peligro sus vidas, así como los presos de los Loxicha, en el estado de Oaxaca.
Por si fuera poco, el EPR demandó que sean juzgados los gobernantes y funcionarios responsables de la "fabricación de delitos, las torturas, las detenciones sin sustento, los asesinatos y todas las injusticias cometidas” en contra de todos los presos políticos y de conciencia del país.
(Proceso, 19 de mayo de 2008)
Un enigma llamado EPR
Carlos Fazio
De manera sorpresiva, el 24 de abril, un par de días después de anunciar la reanudación de sus acciones militares, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) invitó a un grupo de reconocidos miembros de la sociedad civil a que interviniera como mediador en un “diálogo” con el gobierno de Felipe Calderón tendiente a la aparición con vida de dos de sus compañeros detenidos en mayo de 2007. El hecho desató especulaciones, porque el EPR, considerado por los servicios de inteligencia “la guerrilla activa más radical y peligrosa”, se había negado desde su aparición en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1996, a cualquier negociación con las autoridades.
El año pasado, tras la detención-desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el EPR protagonizó sendos sabotajes con bombas contra ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que generaron cuantiosos daños materiales, en lo que fue el inicio de una nueva fase de hostigamiento militar contra objetivos estratégicos en diferentes estados del país. Según sus propios documentos, la guerrilla eperrista es partidaria de todas las formas de lucha; combina las formas legales con las clandestinas, las parlamentarias y las extraparlamentarias, y la resistencia civil pacífica con las acciones militares y la autodefensa de masas. En la etapa actual, dominada por un gobierno que definen como ultraderechista, reaccionario y fraudulento, el EPR había calificado de prioritaria la modalidad de la autodefensa armada de las masas ante el cierre de los espacios legales por el régimen neoliberal de Felipe Calderón, la militarización y paramilitarización del país y el regreso de la tortura, las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales como prácticas de un Estado de tipo contrainsurgente, lo que según la organización armada derivó en un agotamiento de las vías pacíficas de transformación social.
Por eso ahora, la nueva acción política, no armada, del EPR –que no supone una negociación con el gobierno de Calderón ni un reconocimiento de su legitimidad– generó diversas interpretaciones. Entre ellas, que se trata de una “trampa” o “maniobra distractora”, o que propone negociaciones debido a su “debilidad” o “acorralamiento político”. Lo cierto es que han pasado ocho meses de los últimos sabotajes con explosivos en los estados de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, y en ese lapso el EPR se ha venido manifestando mediante comunicados vía Internet, donde exige al gobierno la aparición con vida de sus dos compañeros, bajo amenaza de reanudar las hostilidades.
La propuesta eperrista se dio después de que un conocido militante de la ultraderecha mexicana, José Antonio Sánchez Ortega, vinculado con los servicios de inteligencia, denunció públicamente que Calderón y el EPR estaban “negociando” una tregua militar en lo oscurito. Fue evidente que la “negociación” entre el gobierno y el grupo armado ocasionó cierto malestar en el interior de las fuerzas armadas. El ala “dura”, que considera a los eperristas simples “transgresores de la ley”, recomendó al “comandante supremo” Calderón que se abstenga de reconocer de facto a “otros ejércitos”; piensan que la aceptación tácita a negociar con los “delincuentes” del EPR les da en automático la estatura de ejército.
La denuncia exhibió contradicciones al interior del régimen entre “halcones” y “moderados”. Y si bien la respuesta inicial del gobierno fue condicionar cualquier negociación a una virtual rendición incondicional de la guerrilla (contrapropuesta considerada “alevosa, grosera y tramposa” por el EPR), la marcha atrás gubernamental hizo evidente que Calderón tiene muchos frentes abiertos en lo político y lo militar, por lo que un proceso de negociación con la guerrilla podría desactivar nuevos sabotajes y aminorar las tensiones y la violencia a escala nacional.
Vista así, la ofensiva política del EPR, lejos de expresar debilidad, podría estar obligando al régimen calderonista a definirse en torno al tema de la desaparición forzada de personas, considerado un crimen de lesa humanidad. En ese contexto, documentos de la octava Región Militar con sede en Oaxaca, atribuidos a su comandante, el general Juan Alfredo Oropeza, dieron cuenta de que dos oficiales de la Marina, los tenientes de navío y fragata (respectivamente), Manuel Moreno Rivas y José Manuel Vera Salinas, quienes dirigían las policías ministerial y preventiva de Oaxaca, habrían participado en la detención-desaparición de los dos eperristas. Un día después, la Procuraduría General de la República negó la participación de militares en los hechos.
A su vez, la PGR filtró información que señala como autores intelectuales de sendas desapariciones a gente del círculo íntimo del gobernador Ulises Ruiz, entre ellos un primo del mandatario, Romeo Ruiz. Las investigaciones de la procuraduría apuntan a la desaparecida Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT), “grupo de choque” a las órdenes Jorge Franco Vargas, que habría llevado a cabo una guerra sucia contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el EPR. Según un “testigo protegido” de la PGR, la UMIT, integrada por unos 40 agentes de elite de distintas corporaciones policiales, realizaba operaciones ilegales sin uniforme, en automóviles “no oficiales”, con armas largas no registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, y contaba además con equipo electrónico de inteligencia montado en una camioneta y cuatro casas de seguridad.
Lo curioso del caso es que, pese al desmentido de la PGR, en sus propias investigaciones aparece al menos uno de los dos marinos involucrados por la comandancia de la octava Región Militar: José Manuel Vera Salinas, actual jefe policial en Cancún, Quintana Roo. El sorpresivo pase a retiro del general Juan Alfredo Oropeza indica que, sin tirar tiros, el EPR exhibe al gobierno y está haciendo daño.
(La Jornada, 19 de mayo de 2008)
sábado, 17 de mayo de 2008
Filtran rumores sobre muerte de eperristas
■ A punto de cumplirse un año de la desaparición de su padre, Nadín Reyes da la batalla
■ La lucha por la justicia, una forma de vida, afirma la hija de Edmundo Reyes Amaya
Emir Olivares Alonso
Tras la desaparición de su padre, Edmundo Reyes Amaya, el 25 de mayo de 2007, la visión de Nadín Reyes dio “un vuelco de 180 grados” y desde entonces supo que “la lucha por la justicia es una forma de vida”.
Hace casi un año Nadín era “chica normal”, hoy se presenta en diversos foros e instancias exigiendo la presentación con vida de su padre y de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario desaparecidos hace casi un año.
La joven aclara que pese a que el 30 de julio de 2007 los familiares de las víctimas interpusieron una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desaparición forzada –delito de lesa humanidad– la dependencia sólo lo investiga por desaparición ilegal en la modalidad de secuestro.
A nueve días de que se cumpla un año sin tener noticias de su padre, Nadín narra que este tiempo “ha sido muy difícil, con muchos problemas de salud en mi familia”; agrega que su abuelo, padre de Edmundo, falleció en noviembre pasado.
“Fue un golpe muy duro, él tenía la esperanza de encontrarlo, pero en un mes se le vino todo encima; mi abuelo mantuvo una preocupación inmensa por su hijo y en su lecho de muerte lo llamaba. Eso es algo que no puedes perdonar.”
La hija de Reyes Amaya denuncia que “con la intención de cerrar el caso” funcionarios de gobierno filtraron a la prensa información de que ambos eperristas pudieron ser asesinados, además de que agentes estatales podrían resultar sospechosos del crimen.
“Me parece grave que manejaran el rumor de que están muertos, porque era el contexto en el que el EPR llamó al diálogo. Además las autoridades nos llamaron a los familiares para realizarnos pruebas de ADN: es muy curioso que lo hicieran cuando habían pasado más de 10 meses. Considero que fue una forma de dar carpetazo al diálogo (con el grupo guerrillero)”, afirmó Nadín Reyes.
Subrayó que mientras la PGR no dé acceso a los familiares de las víctimas y sus representantes legales a las averiguaciones previas de la investigación, “que es nuestro derecho”, no acudirán a ofrecer las muestras de ADN.
También informó que del 19 al 24 de mayo diversas organizaciones sociales realizarán varias actividades en Oaxaca, denominadas “la semana contra la desaparición forzada”.
Ayer, Nadín acudió ante la asamblea estatal del magisterio de Oaxaca a fin de solicitar a los mentores un pronunciamiento por los desaparecidos. En un documento que entregó al magisterio, la joven expone que sólo con la unidad se puede exigir a las autoridades atención al caso de desaparición forzada para que “ellos puedan estar con nosotros mañana y nadie más pase por esto”.
Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que no existen avances concretos en las investigaciones y que se “ha querido amedrentar” a los familiares al filtrar información a la prensa de que los dos eperristas podrían hacer sido asesinados.
Recordó que el Poder Judicial otorgó desde los primeros meses de la desaparición un amparo en contra de ese delito de lesa humanidad y pese a ello la PGR no ha reclasificado el delito.
(La Jornada, 17 de mayo de 2008)
domingo, 4 de mayo de 2008
Revela el EPR las casas de seguridad del gobierno
* Poco antes de que el EPR propusiera un diálogo al gobierno federal, y en respuesta a un cuestionario elaborado por Proceso, los altos mandos del grupo armado revelaron que durante la gestión de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales y guerrilleros. Además identificaron, con sus direcciones, una decena de “casas de seguridad” en el DF presuntamente pertenecientes al Cisen y al Ejército, y en las cuales, afirman, sus compañeros pudieron haber sido torturados…
José Gil Olmos/ Proceso
MÉXICO, DF, 04 DE MAYO /Por primera vez en su larga vida clandestina de cuatro décadas, los mandos del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –con orígenes en el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP)-Partido de los pobres (Pdlp), fundados en 1969– propusieron una mesa de diálogo con el gobierno federal.
El propósito: encontrar a sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde el 20 de mayo del 2007 después de haber sido detenidos por policías del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y entregados al Ejército, que los ha torturado para sacarles información, de acuerdo con las denuncias que, desde entonces, ha hecho el grupo armado.
Antes de hacer esa propuesta de diálogo, el EPR reveló a Proceso la ubicación de una decena de casas de seguridad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y del Ejército Mexicano en la Ciudad de México, donde posiblemente han mantenido cautivos a guerrilleros y dirigentes sociales como parte de la nueva guerra sucia que está desplegando el gobierno federal.
Al responder un cuestionario de Proceso que tardó dos semanas en devolver por razones de seguridad, el comité central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), Comandancia General del EPR, asegura que durante el gobierno de Felipe Calderón han desaparecido 30 líderes sociales, y sospecha que han sido torturados en las “cárceles clandestinas” mencionadas.
Dichas “cárceles” son departamentos, almacenes o casas ubicadas en colonias anexas al cerro del Ajusco o en medio de algunas colonias populares, que se caracterizan por tener protecciones al interior y no al exterior de las ventanas.
Respecto a las acusaciones de que se ha financiado con recursos del narcotráfico y a través de los secuestros, el EPR lo niega y dice que “es el Estado quien tiene estos vínculos” con el crimen organizado, auspiciado por políticos, policías y altos jefes militares.
Según el grupo guerrillero, existen bandas que reciben protección de militares y funcionarios, y en sus respuestas acusa directamente al actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, de ofrecer este blindaje en Veracruz.
La lista
El EPR cuenta con un grupo de militantes especializados en labores de contrainteligencia que dan seguimiento a las actividades de las dependencias encargadas de combatir la guerrilla. Son células especiales que dan “servicio de información”, como lo indican en el documento interno Curso de inteligencia PDPR-EPR (Proceso 1639).
Ante la pregunta de si han detectado casas de seguridad del Ejército o del Cisen que hayan utilizado para detener a sus compañeros desaparecidos, la dirigencia nacional del EPR menciona una lista de ellas en la Ciudad de México.
“En efecto, nuestro aparato de información e inteligencia tiene ubicadas infraestructura y estructura del aparato de inteligencia gubernamental, de las fuerzas represivas, de donde desde hace varios años se desplazan para reprimir a los luchadores sociales. No dudamos que esas casas sean utilizadas como cárceles clandestinas en donde estén o hayan sido llevados algunos de los desaparecidos”, explican los guerrilleros.
En juego de contrainteligencia, mencionan que una de esas casas se ubica en Barranca del Muerto número 516, al lado de la compañía Servimed, en la colonia Los Alpes, delegación Álvaro Obregón.
Otras dos se localizan muy cerca de ahí, en las calles de Otoño 507 y Estío 525, “de las cuales sale personal que tiene comunicación con la casa anterior”. Una más se halla en la colonia Merced Gómez, pero no dan de ella más datos, solamente que ahí se reúnen policías de la PFP, militares y elementos del Cisen, todos de civil.
“De estas casas, entre otras, salen equipos de cuatro individuos para posicionarse en áreas estratégicas de la ciudad para observar los movimientos de los luchadores sociales y ciudadanos que a ellos les parecen sospechosos”, describen los eperristas.
En la calle Concal, colonia Torres de Padierna, con el fin de planificar, se reúnen otros grupos “con una persona que tiene una bodega de distribución de cerveza que es atendida por una mujer de aproximadamente 40 años de edad”, refieren los guerrilleros.
En la misma colonia, pero en la calle de Seye 27 esquina Xoccel, en el Club de Billares Red, existe otro centro de reunión que “puede también funcionar como casa de seguridad”, indican.
Otra presunta casa de este tipo la sitúan en la calle Volcán Kiska casi esquina con Volcán Ontake, lote 8, manzana 25, colonia El Mirador. Y una más en Prolongación de Dalia y Mirasol, San Pedro Mártir, delegación Tlalpan. “Es una esquina donde está un restaurante llamado ‘Churros Capuchino’. (Los agentes) Permanecen en la esquina Mirasol, utilizando taxis Volkswagen ecológicos o automóviles particulares de la marca Tsuru”.
Los eperristas identifican como centros de reunión y planeación de los órganos de seguridad, una casa en Pirineos 8, colonia Banjidal, Iztapalapa, con fachada mercantil, y una más en avenida Imán y Tlalpan, donde, afirman, se concentran 20 agentes “para distribuirse en sus zonas de espionaje”.
Según el EPR, todos esos elementos fueron dirigidos por el comandante de la AFI Francisco Garduño Juárez, y utilizan a jovencitas de 14 a 27 años como espías, induciéndolas al consumo de cocaína detrás del hospital Ángeles.
Revela el grupo guerrillero que han identificados al menos a 25 de estos agentes con sus nombres, direcciones y familias. Pero aseguran que de ninguna manera actuarán de manera personal porque ellos luchan sólo contra el régimen y, además, cuentan “con una ética revolucionaria” que les impide cobrarse personalmente los agravios.
Al hacer un recorrido por algunos de estos domicilios, los reporteros pudimos confirmar no sólo la existencia de esas casas y departamentos en las direcciones proporcionadas, sino también observar que en todas había barrotes internos en las ventanas, como en la casa de Barranca del Muerto, que a primera vista pareciera abandonada.
Además, algunas de esas presuntas “casas de seguridad” se encuentran en lugares apartados y solitarios, como las dos ubicadas en la colonia Torres de Padierna, a las faldas del Ajusco.
Desaparecidos del calderonismo
Los mandos del EPR denuncian que en el sexenio de Felipe Calderón continúan las prácticas de guerra sucia que los gobiernos priistas mantuvieron en los años 70, y no dudan en hacer cuentas: son 30 los líderes sociales y guerrilleros desaparecidos en la presente administración.
“Negamos categóricamente las versiones difundidas desde los diferentes aparatos de inteligencia militar y del Cisen que han deslizado la idea de que la desaparición de nuestros compañeros fue producto de ajustes de cuentas entre revolucionarios. Eso es totalmente falso y calumnioso, típica maniobra de los operativos psicológicos y de contrainformación, componente activo de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), que pretende desacreditar nuestra lucha y el carácter revolucionario de ésta para justificar el asesinato de los más de 30 detenidos-desaparecidos que el gobierno de Calderón niega y de cuyos crímenes de lesa humanidad es responsable”, sostiene el EPR.
La dirigencia nacional de esta organización insiste en que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos desde mayo del 2007, siguen vivos y están en manos “de la parte más reaccionaria del Ejército Mexicano” que, asegura, es la que sostiene y apuntala al gobierno de Felipe Calderón.
En este sentido, rechaza las declaraciones de la Sedena, de la PGR y de la Secretaría de Gobernación en el sentido de que no han registrado la detención de los dos militantes del EPR.
“Las respuestas oficiales sobre la detención de nuestros compañeros sólo han sido falacias. La declaración oficial y oficiosa de que el gobierno federal está investigando el paradero de nuestros compañeros sólo es una maniobra para ganar tiempo, para borrar toda evidencia y eludir mayores responsabilidades. ¿A qué oficiales y de qué rango protegen? ¿Qué temores les inquietan, al grado de que familiares de Felipe Calderón tienen protección del Estado Mayor Presidencial? La verdad tarde o temprano siempre la conoce el pueblo.
Hoy niegan, como lo hicieron los priistas en el pasado, la desaparición de luchadores sociales. ¿Cuánto tiempo pasará para que se acepte la realidad y se finque responsabilidad a los criminales de Estado?”
El EPR también rechaza la declaración –hecha por otras organizaciones armadas– de que Cruz Sánchez y Reyes Amaya pudieron haber sido aprehendidos en un hotel de la ciudad de Oaxaca por policías del estado, a quienes miembros del grupo guerrillero les habrían filtrado la ubicación de sus compañeros.
“Hay quienes desde la clandestinidad han hecho aseveraciones de una supuesta infiltración que condujo a la detención de nuestros compañeros, a lo cual tenemos que decir que se equivocan rotundamente en sus análisis subjetivos porque están hechos sobre premisas falsas, dolosas y fantasiosas.”
E inclusive advierten que ellos saben “quiénes contribuyeron a la detención” pero que los nombres y detalles los revelarán en el momento oportuno.
Aseveran que el gobierno de Calderón ha renovado las viejas prácticas contrainsurgentes a través del espionaje, los intentos de filtración en organizaciones legales o clandestinas y la detención de luchadores sociales. Esto, con la idea de encontrar los hilos materiales que conduzcan a las diferentes direcciones del movimiento revolucionario.
Los gobiernos panistas –advierten los guerrilleros–, como lo hicieron en su tiempo los priistas, reciben apoyo financiero y tecnológico de Estados Unidos para combatir la guerrilla. Ejemplo de ello es el Plan México o Iniciativa Mérida, que “no hace más que legalizar y hacer pública dicha ayuda”.
De hecho, afirman que la asistencia militar estadunidense en la lucha contra el narcotráfico tiene una parte de lucha contrainsurgente, pues la organización táctica y operativa de la Marina, el Ejército, la AFI y la PFP, así como de las policías ministerial, estatal e intermunicipal, está diseñada a partir de los manuales de contrainsurgencia.
Pero todos esos esfuerzos del Estado, adelanta el EPR, serán inútiles pues los nuevos elementos de la guerrilla han asumido la ideología y los lineamientos político-militares del grupo armado, “lo que blinda la estructura en la que participan, reduciendo la posibilidad de golpes estratégicos”.
La narcopolítica
El pasado 31 enero, el general Justiniano González Betancourt, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, dijo –durante una reunión de legisladores de su partido en San Miguel Regla, Hidalgo– que era probable que el EPR tuviera financiamiento del narcotráfico para obtener armas y municiones.
Posteriormente, a raíz de la muerte de cuatro mexicanos que se hallaban en el campamento de las FARC en Ecuador, junto con Lucía Morett –quien resultó herida y hoy se encuentra bajo la protección de Nicaragua-, hubo versiones de que el grupo guerrillero colombiano tenía vínculos con el EPR.
Los dirigentes eperristas dicen que esas “son versiones tendenciosas y mal intencionadas que están diseñadas en un contexto de la política contrainsurgente en su versión antiterrorista”.
Exponen que uno de sus principios políticos consiste en trabajar con sus propios recursos y capacidades bajo la idea de que “en México la revolución la hacemos los mexicanos”. No obstante, aclaran que esto no significa que no exista la solidaridad que se da entre revolucionarios, porque para el EPR la FARC “no es narcoguerrilla”.
En todo caso, los eperristas afirman que los señalamientos “irresponsables” de que los estudiantes muertos en el campamento de las FARC eran guerrilleros, son parte de una estrategia para justificar una nueva ofensiva de represión contra activistas políticos de la UNAM, el Politécnico y otras instituciones educativas.
Revira el EPR: “Es el Estado quien tiene vínculos con este fenómeno a través de los diferentes grupos de poder involucrados en estas actividades”.
Y da ejemplos.
“1. De todos los detenidos como presuntos narcotraficantes o integrantes de grupos delictivos, siempre sale a relucir que son o fueron integrantes de cuerpos policiacos o militares, teniendo nexos con los diferentes niveles de gobierno. De ahí que resulte baladí el argumento de (Eduardo) Medina Mora de que no hay policías malos, sino narcotraficantes infiltrados en la policía.
“2. Es del dominio público, (que) en la Depresión del Balsas, desde la XXI Zona Militar con sede en Morelia, Michoacán, se otorgan los permisos para la siembra de estupefacientes, siendo supervisadas las áreas sembradas por oficiales de la región militar con sede en Irapuato, Guanajuato. Los sembradíos que son destruidos obedecen a que no cubren la cuota económica establecida por dichos oficiales. Lo mismo sucede con la protección que da el Ejército Mexicano para la siembra de la amapola en el corredor de La Huacana, Michoacán, hacia el estado de Guerrero. Al igual que con la jurisdicción de la XLII Zona Militar con sede en Apatzingán.
“3. Las bandas dedicadas al tráfico de enervantes, emigrantes y trata de blancas en la región de Sotavento, Veracruz, están vinculadas a la protección que les proporciona Miguel Ángel Yunes Linares.
“4. En el estado de Guanajuato funcionarios y policías están involucrados en bandas delictivas que van desde el robo de vehículos hasta el narcomenudeo. Celaya y León son los ejemplos más ilustrativos.
“5. En el norte del país la historia se repite: policías y funcionarios de toda índole a cada rato quedan al descubierto como parte del fenómeno del narcotráfico y la corrupción.
“6. Lo mismo sucede en Oaxaca, Puebla, Chiapas, Sonora, Chihuahua y el resto del país: funcionarios de todos los niveles de gobierno están coludidos con éste fenómeno.”
El EPR precisa que ellos hablan por sí mismos, por nadie más, y que es falso que los grupos guerrilleros mexicanos tengan vínculos y financiamiento del narcotráfico, pues sólo son insinuaciones de “sesudos analistas o funcionarios de diferente nivel” encaminadas a fortalecer la campaña mediática de desprestigio que el gobierno de Calderón y los cuerpos de inteligencia orquestan para deslegitimar la lucha revolucionaria.
Niegan también que mantengan su lucha a través de asaltos bancarios o secuestros de empresarios, como lo hicieron sus predecesores en los años 70 y 80. Los mandos eperristas indican que desde el año 2000 establecieron como política “no recurrir a las acciones de expropiación” para hacerse de recursos.
Explican que a raíz del primer congreso del PDPR, realizado ese año, se aprobó como resolutivo “hacer la revolución a partir de los recursos y medios que aporte nuestro pueblo”.
Por eso, insisten, las versiones de asaltos y secuestros “constituyen una falacia, una calumnia, propaganda oficial que pretende desacreditar el carácter de nuestra lucha”.
(Proceso, 4 de mayo de 2008. Tomado de La Verdad del sureste)
En el fondo, el gobierno no quiere hablar de los desaparecidos: Ibarra
■ La senadora responde al veto a su participación en diálogo con el EPR
■ Ofrece retirarse del grupo de mediación para no dificultar el proceso
Blanche Petrich
Ante el veto del gobierno federal a la presencia de la senadora Rosario Ibarra en el grupo de mediación que propuso el Ejército Popular Revolucionario (EPR), hasta el momento manifestado en forma extraoficial, la legisladora expresó: “no quiero, de ninguna manera, ser un estorbo. Si mi participación implica dificultar el diálogo, me hago a un lado”.
No obstante, dijo que “antes debo tomar en cuenta la opinión de mis compañeros del grupo, por respeto. Ellos, todos gente muy seria y comprometida (Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Montemayor y Gilberto López y Rivas), fueron muy claros en considerar inaceptable el veto” en la reunión sostenida el jueves pasado.
La también presidenta de Eureka, organización que ha encabezado históricamente la lucha por la aparición con vida de los secuestrados-desaparecidos, respondió al argumento que esgrimieron fuentes de la Secretaría de Gobernación consultadas por la reportera Fabiola Martínez (2 mayo 2008), en el sentido de que la participación de la senadora del PRD podría representar un conflicto entre las fuerzas políticas.
“En primer lugar –dijo a La Jornada–, nunca he pertenecido a ningún partido; ni al Partido Revolucionario del Trabajo, al que representé como candidata a la Presidencia, ni al PRD. Reconozco también que, ante el asunto de los desaparecidos, yo no puedo ser imparcial. Este es, sin matices, un crimen de Estado. Y el gobierno sabe muy bien que mientras me quede un hálito de vida no dejaré de luchar por ellos. Porque yo sé lo que es que te arranquen de esa manera a un ser querido. Lo que creo es que el gobierno no me quiere en el grupo porque en el fondo no quiere discutir del tema de las desapariciones.”
La defensora de derechos humanos recordó que, aunque Gobernación no lo reconoce, lo que motivó la propuesta de una mesa de negociación con una instancia mediadora fue determinar el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, los dos líderes del EPR. El primer paso del grupo armado en este sentido fue su comunicado del 24 de abril, fechado en Querétaro. La propuesta incluía al Frente Nacional contra la Represión (FNCR), pero no consideraba a la senadora Ibarra de Piedra.
También en entrevista, Enrique González Ruiz explicó que el FNCR decidió nombrarlo a él, a Juan de Dios Hernández y a Rosario Ibarra como representantes del frente. “Fue un debate a fondo. Hubo reservas, por considerar que la posición de Felipe Calderón es poco confiable y por temor de ser utilizados para legitimarlo. Pero decidimos correr el riesgo, si con nuestra participación logramos avanzar en la solución del problema de los desaparecidos. También consideramos la advertencia del EPR del 22 de abril, respecto a que estaba en alerta y que continuaría su campaña de acciones armadas para lograr la aparición con vida de sus compañeros. Pensamos que había que buscar todos los caminos para que no se dieran acciones violentas”. Expresó que si su presencia es un obstáculo para que la negociación llegue a buen puerto, “me hago a un lado”.
De todas maneras, el papel del grupo mediador aún es muy incierto, ya que en un comunicado del 29 de abril, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, se pronunció por un rol de “testigos sociales”, mismo que fue rechazado por los mediadores.
Históricamente, la relación de las organizaciones precursoras del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario con Rosario Ibarra y Eureka han sido distantes y tensas. En los 70, el Procup –una de las organizaciones troncales de lo que hoy es el EPR– formó un frente de defensa de las víctimas de la represión en la época alterna al primer FNCR que formó la dirigente de Eureka. Ayer, sin embargo, Rosario Ibarra recibió un aval del grupo Tendencia Revolucionaria-Ejército del Pueblo (una vieja escisión del PDRP-EPR).
(La Jornada, 4 de mayo de 2008)
martes, 29 de abril de 2008
Condiciona Segob el diálogo con Ejército Popular Revolucionario
Al leer un comunicado de prensa, Juan Camilo Mouriño Terrazo, ratificó el estricto cumplimiento a la ley y rechazó cualquier acción para hostigar a grupos sociales.
Distrito Federal.- El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aceptó el diálogo con el Ejército Popular Revolucionario, siempre y cuando se comprometan a suspender las acciones violentas y que no condicione dicho diálogo a la situación de sus integrantes desaparecidos, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya.
Mouriño afirmó que el gobierno federal reitera que “la democracia es la forma y no la tiranía para resolver los conflictos”.
Sobre los recientes comunicados emitidos por el EPR, el secretario de Gobernación dijo que el gobierno federal rechaza categóricamente toda forma de violencia y reitera su compromiso con el cumplimiento de la ley y el respeto pleno del estado de derecho.
Dijo que el gobierno federal “ha dado prueba constante de su voluntad de diálogo con todos los actores políticos y sociales del país, con el fin de alcanzar los acuerdos necesarios para el desarrollo económico, político y social”.
Desde la secretaría de Gobernación, Mouriño aseguró que el gobierno federal no ha participado en la supuesta retención, desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Destacó que la Procuraduría General de la República ya inició las investigaciones correspondientes para dar con su paradero.
(Milenio, 29 de abril de 2008)
viernes, 18 de abril de 2008
Hostigamiento policiaco-militar en la Costa Chica de Guerrero
■ Buscan más de 600 uniformados a responsables de la emboscada perpetrada en El Salto
■ Sobrevuelos de helicópteros, retenes y despliegue de tropas de elite del Ejército Mexicano
■ Fotografían a pobladores, los interrogan y los acusan de ser guerrilleros o narcotraficantes
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Ayutla de los Libres, Gro., 17 de abril. Más de 600 militares y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así como de las policías Federal Preventiva, investigadora ministerial y estatal hostigan a comunidades de la Costa Chica de Guerrero en busca de los responsables de una emboscada ocurrida en el poblado El Salto el 31 de marzo, en la que murieron cuatro agentes municipales y un civil, informaron dirigentes de organizaciones indígenas tlapanecas y mixtecas de este municipio.
El dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, informó que el sábado anterior en el cerro de El Tigre, en la comunidad Barranca de Guadalupe –a unos 50 kilómetros de Ayutla de los Libres–, “dos helicópteros transportaron en tres viajes a cuerpos de elite del Ejército Mexicano, que bajaron a las comunidades para preguntar a los pobladores por encapuchados o guerrilleros del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) y del EPR (Ejército Popular Revolucionario). Desde entonces no han dejado de sobrevolar”.
Ramírez visitó el martes pasado unas 30 comunidades mixteco-tlapanecas de los municipios de Ayutla de los Libres y de Acatepec junto con representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Secretaría de Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática(PRD) en el estado.
Entrevistado luego del recorrido, efectuado para corroborar las acusaciones de hostigamiento policiaco-militar, Ramírez aseguró que el Ejército Mexicano y corporaciones policiacas incursionaron en los poblados El Limón, La Angostura, El Camalote, Te Cruz, Rancho Coapa, Lomotepec y Barranca de Guadalupe, entre otros, e incluso en comunidades del municipio de Acatepec, donde se ha visto a presuntos paramilitares.
A su vez, Raúl Lucas Lucía, dirigente de la Organización de los Pueblos Indios Na’savi, destacó que militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades indígenas mixtecas de Ayutla. Comentó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa “los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos”.
Agregó que “hace unos días” alrededor de 100 uniformados “recorrieron las comunidades mixtecas. A unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico”.
Durante el recorrido, el indígena tlapaneco Orlando Manzanarez, miembro de la OPIM, señaló que el primero de abril, un día después de la emboscada a los policías municipales, soldados del 48 batallón de infantería, con sede en Ayutla de los Libres, instalaron un campamento. “Se fueron el sábado (5 de abril) y la gente estaba muy asustada por la presencia de los guachos (militares). No quisieron ir a trabajar a sus tierras o campear su ganado. Si salían del pueblo les pedían su identificación y les tomaban fotos”.
Dijo que a otros de sus vecinos “los acusaron de ser guerrilleros. El jueves de esa semana llegaron camionetas con unos 80 elementos de la policía ministerial y fueron al panteón a sacar el cadáver de Alejandro Feliciano Guzmán, informante del Ejército asesinado en enero”.
(La Jornada, 18 de abril de 2008)
jueves, 4 de octubre de 2007
La CNDH, insatisfecha con el fallo sobre abusos militares en Castaños
Víctor Ballinas
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, destacó ayer que la decisión de un juez de Coahuila de condenar a tres militares por el caso de 14 mujeres violadas en Castaños y dejar libres a otros, “es una resolución con la cual nosotros no estamos conformes; se quedaron cortos. Hay muchos pendientes, empezando con el Ejército y luego con el gobierno del estado”, subrayó..
El ombudsman insistió en que es necesario que se investiguen aspectos importantes del caso, “como la existencia de una cárcel privada en un antro, misma que era cuidada por policías municipales, como lo señalamos en la recomendación. Vimos muchas irregularidades; la nuestra es una recomendación de 500 páginas y se tiene que cumplir, todavía hay violaciones pendientes”.
Cuestionado sobre la recomendación que la CNDH emitió sobre Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros luego de un accidente, el titular de la comisión informó: “Todavía no se cumple; tenemos abierto el expediente y estamos esperando que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que aceptó la recomendación, la cumpla”.
En entrevista al término de la firma de un convenio con organizaciones civiles, el ombudsman manifestó que “la CNDH investiga las desapariciones de dos miembros del EPR, cuya investigación ha llevado a los visitadores al estado de Guerrero, y también se recibió queja de la desaparición de Francisco Paredes Ruiz, quien fuera militante del Movimiento Armado Revolucionario.
El titular de la CNDH subrayó que está enterado de que en el Senado hubo un punto de acuerdo para que se investigue este último caso.
Luego dijo que en el gobierno del presidente Vicente Fox se recibieron quejas sobre personas desaparecidas, hubo denuncias ante la comisión para que se investigaran estas situaciones, al igual que los llamados levantones, perpetrados por policías o grupos de narcotraficantes.
El ombudsman señaló que al Ejército le falta mucho para cumplir “con educación y capacitación; no está hecho para labores de seguridad pública, sino para salvaguardar la soberanía nacional y apoyar en casos de desastres”.
Cuestionado en relación con la opinión de que las recomendaciones de la CNDH son débiles, Soberanes respondió: “Que las lean, porque normalmente son comentarios que hacen sobre las rodillas, sin estudiarlas. Son documentos extensos y sólidos”.
(La Jornada, 4 de octubre de 2007)
miércoles, 12 de septiembre de 2007
México frágil
Miguel Ángel Granados Chapa
12 Sep. 07
El ataque del Ejército Popular Revolucionario a ductos de Pemex, donde colocó a las dos de la mañana del lunes 12 cargas explosivas, de las que sólo una falló, fue un alarde para mostrar capacidad de fuego y organización y despliegue de efectivos por doquier
En un lapso tan breve como seis horas, nuestro país vivió acontecimientos que muestran su fragilidad, derivada de la incompetencia gubernamental para hacer cumplir la ley, ineptitud aprovechada por núcleos sociales tan diversos como empresarios y terroristas que desafían de distinto modo y con diferentes fines a una autoridad cuando no impasible, corrupta.
El domingo, cerca de Monclova, un camión cargado con 25 toneladas de nitrato de amonio chocó contra una camioneta y poco después estalló su contenido en una explosión que mató a 28 personas y causó lesiones a más de 200. No fue en sentido estricto un accidente, regido por el azar, pues si bien la colisión entre los dos vehículos fue un acontecimiento fortuito, su principal consecuencia pudo haberse evitado. Eso es lo que impide hablar de sólo un accidente.
El camión, de la empresa transportadora Fletes y Traspaleos, salió de la planta de la compañía de productos químicos Orica en Cuatrociénegas rumbo a Colima. Según indicios, la operación contravenía los ordenamientos que norman el transporte de sustancias explosivas, que deben ser tratadas con gran delicadeza por razones de seguridad pública y de seguridad nacional. Los tripulantes deberían contar con adiestramiento para el manejo de la sustancia en circunstancias normales y en situaciones de emergencia. Y, sin embargo, tan pronto se produjo el choque, huyeron sin alertar en la forma prescrita (que incluye llamar al Sistema Nacional de Emergencias) sobre el riesgo inminente del estallido. Ellos se salvaron, pero no así cientos de personas que llegaron de inmediato a prestar auxilio o a informar sobre el percance, muchas de las cuales murieron o quedaron heridas. El vehículo viajaba a su suerte, sin unidades de acompañamiento, en previsión de sucesos como el ocurrido o el riesgo potencialmente más peligroso aun de ser asaltado para hacerse del cargamento, ya sea con fines mercantiles o políticos. Ni la Policía Federal Preventiva ni el Ejército federal, que tienen responsabilidades respecto de la seguridad del tránsito y del trasiego de explosivos, estaban al tanto de ese viaje, que debió realizarse con aviso a dichas autoridades.
El diario Reforma puntualiza que si bien el nitrato de amonio se utiliza de manera lícita en la industria minera y de la construcción, es también apetecido por delincuentes peligrosísimos como los que con ese material hicieron estallar el edificio federal de Oklahoma en Estados Unidos, en 1995, que causó la muerte de 137 personas. Informa, asimismo, que el Ejército Popular Revolucionario lo ha utilizado en algunas de sus incursiones.
Quizá lo hizo de nuevo horas después. A las dos de la mañana del lunes se inició en seis puntos del estado de Veracruz y uno más en Tlaxcala un ataque contra ductos de Pemex, que provocaron incendios en la cercanía de cuatro poblados y obligaron a cerrar el suministro de gas natural a más de mil instalaciones industriales en nueve entidades de la República, muchas de las cuales han tenido que suspender sus propias operaciones por la falta de ese energético.
La operación destructora, reconocida de inmediato por Pemex como un acto premeditado, se asemejó mucho a la ocurrida en julio pasado en Guanajuato y Querétaro, que también causó estragos no sólo a las instalaciones de la empresa petrolera, sino a su clientela en diversos estados. Ocurrieron en la madrugada, con la obvia intención de no causar víctimas sino destrozos materiales, tanto directa como indirectamente. Por ignorancia o por sigilo, ni Pemex ni la Procuraduría General de la República reconocieron aquella vez que se trataba de atentados. Sólo aceptaron que eso era cuando el 10 de julio -justamente dos meses antes de los estallidos veracruzanos- el EPR las caracterizó como "acciones quirúrgicas de hostigamiento", destinadas a forzar la presentación de dos de sus dirigentes, detenidos el 25 de mayo en Oaxaca y de los que no ha vuelto a saberse más. La guerrilla anunció que no cesaría su campaña político-militar hasta la aparición de los desaparecidos.
Por impericia o por negligencia, las autoridades no asumieron la calidad de esa amenaza, que se consumó el lunes a primera hora. En mucho mayor medida que en julio, esta vez, el ataque fue al mismo tiempo un alarde de poder y exactitud. El EPR se adjudicó ayer al mediodía la operación y al describirla hizo gala de su conocimiento del mapa estratégico de Pemex y exhibió su vulnerabilidad: "Unidades militares pertenecientes a nuestro ejército colocaron 12 cargas explosivas en igual número de ductos de Pemex en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Olmeaca, Mendoza, Cumbres de Maltrata en Veracruz y en Cuapiaxtla, Tlaxcala, de las cuales la colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo Tepa-Cadereyta (en La Antigua) no se activó. Todas fueron activadas simultáneamente a las 2:00 horas del día 10 del presente mes".
Ha quedado interrumpido el suministro de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, que lo utiliza para generar fluido eléctrico y a más de mil empresas, entre ellas la planta Volkswagen en Puebla (como ocurrió en julio a Nissan en Aguascalientes), y acaso la suspensión del servicio se prolongue hasta el fin de esta semana. Esos efectos parecen no haber sido ignorados por los atacantes, sino al contrario contar en su estrategia.
La fragilidad de México, en esos casos al menos, deriva de causas diversas, pero la constante es la incapacidad gubernamental de ser eficaz lícitamente.
Cajón de Sastre
Andrés Manuel López Obrador había estado en la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005 para defenderse del desafuero que finalmente se decretó allí como parte de la maniobra, a la postre fallida, mediante la cual Vicente Fox quiso impedirle ser candidato a la Presidencia de la República, maniobra que sin embargo fue a la larga exitosa porque el jefe del Gobierno de la Ciudad de México no se convirtió en titular del Poder Ejecutivo. Ayer tornó a San Lázaro, ahora en su calidad de voz principal de la oposición, líder de los legisladores agrupados en los partidos que sostuvieron su candidatura. Presentó un proyecto de legislación fiscal y arengó a los diputados a impedir la aprobación de impuestos lesivos para la gente. Le sienta bien el aire parlamentario. Por eso debería ser en 2009 candidato a diputado, para impulsar como hizo el año pasado la votación para su partido y sus aliados. Sin ese aliciente, la presencia electoral del PRD decaerá casi automáticamente. Quizá no debería desdeñar esa posibilidad.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
(El Norte.com, 12 de septiembre de 2007)
jueves, 12 de julio de 2007
Movilizan a 5 mil soldados élite
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF)
Jorge Alejandro Medellín y Manuel Lombrera
El Universal
Jueves 12 de julio de 2007
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado el 9 de mayo, y que está bajo las órdenes directas del Presidente de la República, luego de los atentados perpetrados en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde la mañana del pasado 10 de julio, el alto mando movilizó a casi la totalidad de los 5 mil efectivos que integran el CFAF, indicaron altas fuentes militares. Ese día, según las fuentes, el titular de la Sedena, general Guillermo Galván Galván, se reunió en la sala de juntas de la dependencia con los comandantes de las 12 regiones y 45 zonas militares del país para darles a conocer las directivas de seguridad con las que se está enfrentando la situación por los estallidos en Guanajuanto y Querétaro.
El general Galván recibió informes sobre movimientos y presencia de la guerrilla en el país y ordenó a sus mandos triplicar la vigilancia estratégica en la nucleoelétrica de Laguna Verde y en las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas, en Tabasco.
De igual forma, se reforzó la vigilancia en termoeléctricas, hidroeléctricas, presas y plantas industriales que se consideraron como posibles blancos de atentados con explosivos.
Éstas se sumaron a las 142 instalaciones que la Sedena, Marina y la Policía Federal Preventiva (PFP) resguardan en todo el país.
La reunión con los mandos territoriales inició a las 14:00 horas del pasado martes y duró poco más de dos horas; en ella se priorizó reforzar la inteligencia y se ordenó triplicar la vigilancia en Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Tabasco.
Este martes en al menos una docena de estados, elementos del Ejército y PFP reforzaron la vigilancia en refinerías, presas, terminales marítimas y de almacenamiento, y en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un especial énfasis en sobrevuelos de estas instalaciones y sus inmediaciones.
Los pasados 5 y 10 de julio, instalaciones de Pemex en Guanajuato y Querétaro fueron objeto de atentados cuya autoría se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario para exigir la libertad de dos de sus militantes.
Pemex ratificó que se incrementaron sus patrones de seguridad en todas las instalaciones y que, de manera especial, se ampliaron los “celajes aéreos” (vigilancia aérea) con helicópteros y personal de tierra, a lo largo de los 14 mil kilómetros de los derechos de vía en todo el país, que incluye los 65 mil kilómetros de la red de ductos.
En Veracruz, el subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández, dijo que la industria petrolera tiene resguardo permanente por elementos de la Sedena, Marina y Seguridad Pública.
Detalló que Pemex les comunicó que se mantendría —por el momento— la misma vigilancia aplicada desde hace un año, cuando la organización terrorista Al-Qaeda amenazó con atacar instalaciones en México.
En Campeche, el comandante Martín Fernández Zetina señaló que, en coordinación con autoridades de Pemex, reforzó la vigilancia en las plataformas petroleras.
También en Hidalgo militares y agentes federales reforzaron la vigilancia en las instalaciones de la refinería Miguel Hidalgo, y en los ductos de Pemex que atraviesan la entidad, confirmó Víctor Hugo Deschamps Lugo, vocero de la paraestatal.
La misma acción se realizó en el complejo Pemex Cactus y las cuatro hidroeléctricas de Chiapas.
En Salamanca, donde el pasado 5 de julio se registraron cinco explosiones en ductos de gas de Pemex, el edil Ignacio Luna Becerra pidió a los consejeros municipales “permanecer con los ojos bien abiertos” y denunciar al número 066 de Seguridad Pública cualquier irregularidad.
En tanto, el Grupo de Coordinación de Baja California aplicará el plan Centinela para vigilar los puntos vulnerables que pudieran ser blanco de atentados.
En este marco, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, informó que pidió al gobierno federal reforzar todos los lugares estratégicos de Pemex en el estado.
El vocero del sindicato petrolero, Roberto Contreras, afirmó: “No existe ninguna relación entre los accidentes y las negociaciones contractuales porque las pláticas se están llevando en muy buen nivel”. (Con información de Alberto López, Édgar Ávila, Xóchitl Álvarez, Julieta Martínez, Dinorath Mota, Hilda Fernández, Juan Cedillo, Francisco Ynurreta y Óscar Gutiérrez, corresposnales)
(El Universal, 12 de julio de 2007)
