SARA LOVERA
MEXICO, D.F., 2 de julio (apro).- En vísperas de las elecciones de este domingo, las más deslavadas y confusas que haya vivido, dos incursiones militares en menos de 24 horas y sin justificación de peso, han sucedido en el Distrito Federal, un espacio hasta ahora libre del verde olivo.
Lo que vi, captado por las cámaras, a pesar de la desinformación televisiva, fue a un grupo de personajes citadinos atemorizados, tremendamente pobres, vestidos con andrajos, espantados, sacados de una vecindad de la colonia Obrera.
El reporte oficial habla de la detención de cinco presuntos "narcomenudistas", tres mujeres y dos hombres. Se trata de José Ángel Ocampo Zavala, Daniel Colorado Ocampo, Rosalía Gastón Iglesias, Angélica Ocampo Gastón y Mariana Gastón Iglesias, sin mayor dato que su nombre, sin una dirección cabal, sin arsenal que se reporte, vaya, sin una pistola ni de juguete.
La incursión de 50 elementos de la Policía Federal (PF) y del Ejército, todos fuertemente armados, actuaron sorprendiéndonos. Hubo bloqueo en las calles. Hasta ahí la información. Nada más.
Era el 25 de junio por la tarde. El día 26 se informó de otra incursión, igualmente nebulosa en la colonia Nueva Santa María, en el que participaron cerca de 200 elementos del Ejército y de la PF.
Casi instantáneamente, diversas organizaciones de Derechos Humanos, incluida la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reaccionaron calificando la acción como un "exceso" sólo atribuible a "la construcción cotidiana del autoritarismo de Felipe Calderón", según reportó el diario La Jornada como declaración del diputado Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
Lo preocupante es que, por enésima y desesperante que parezca, los defensores de derechos humanos ratifican: "Los operativos militares no son la solución", y en cambio han tenido que recordar que en la capital del país sólo se admite a los militares en las calles "el 16 de septiembre", cuando desfilan para conmemorar la guerra de Independencia.
Estos hechos son sumamente graves. Hasta ahora, Felipe Calderón no ha podido instalar en las calles de la ciudad al Ejército que ha distribuido en todo el país, sembrando el temor de los civiles, realizando labores policíacas anticonstitucionales. La presencia del Ejército, desordenada, ha dejado una estela de atropellos a los derechos humanos. Los abusos contra el cuerpo de muchas mujeres, hechos hasta ahora impunes, laceran, sin lugar a dudas, la vida democrática.
En el Distrito Federal y de acuerdo con las informaciones de reporteros y periodistas, estos operativos no fueron informados a las autoridades de la ciudad. Manuel Mondragón y Kalb, secretario de Seguridad Pública, dijo no haber sido consultado.
Es decir, estamos en presencia de lo que tanto hemos temido. Que la locura por demostración autoritaria y patriarcal del señor que se instaló en Los Pinos, el que piensa que los jóvenes son un peligro, el que viola la ley invocando a Dios en sus discursos, en un país laico; el mismo que "abrió" una caja de Pandora irrefrenable y sin resultados satisfactorios, quiere ahora también que el Distrito Federal sea gobernado por el Ejército sobre o por encima de los mandos civiles.
¿Cuál casa de seguridad pretende argumentarse? ¿En una vecindad? Donde puede ser probable que haya ladronzuelos, presuntos "nercomenudistas", "malvivientes", "muertos de hambre", mismos que, en el absurdo, se pretenda decir que no puedan ser detenidos por la policía de Mondragón y Kalb.
Lo más grave es que un sector del partido que gobierna la capital avala estas acciones. Mientras era cateada la vecindad y se llenaba con militares encapuchados la calle de Juan Lucas Lassaga en la colonia Obrera, a tres calles del Viaducto, en el canal de las estrellas, Jesús Ortega, presidente del PRD, declaraba: "Estamos con la lucha contra el crimen organizado, donde ha tenido que participar el Ejército", y se justificaba como "de izquierda moderna".
Ortega, al discutir el problema de "la inseguridad", nunca pudo hablar de la relación entre la delincuencia y el desempleo, la delincuencia y la pobreza, la delincuencia y la desazón juvenil por los y las políticas, la falta de credibilidad en los partidos políticos y la ausencia de eficacia en la justicia. Menos se le ocurrió diagnosticar cómo hay ingobernabilidad fuera del Distrito Federal.
No habló de cómo se ha perdido el horizonte y la idea de desarrollo. No pudo articular lo que dicen los documentos básicos de su partido respecto del uso de la fuerza, ni recordó lo que su partido defendió y denunció durante años: la urgencia de verdaderos sistemas de inteligencia, la articulación de los grandes criminales con la banca y los negocios; la ausencia de políticas públicas para prevenir la delincuencia sin las armas de por medio.
Pero ante estos hechos, las voces de los defensores y defensoras de derechos humanos, que saben, han contado, han documentado cómo el uso autoritario de la fuerza en los operativos ahora sustentados en las recientes modificaciones legales, atentan contra las libertades fundamentales de los y las ciudadanas.
Eso, dijo el presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, "sólo acrecentará el clima de terror entre los ciudadanos".
Para mi, es inadmisible colocar a nuestra ciudad en un vaso de sangre como sucede en otras latitudes. Es inaceptable callarnos.
Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas, fue más allá al decir que es falso que el Ejército en las calles sea la única manera de combatir la delincuencia organizada. Y si es verdad que no se ha combatido a fondo el "narcomenudeo", para enfrentarlo, en vecindades como la retratada el 25 de junio, no es necesario el Ejército.
El documental de lo que ha significado la estrategia militar contra el crimen es enorme: decenas de casos de violaciones sexuales; muerte de civiles sin deberla ni temerla; niños y niñas que han presenciado cómo apresan a sus familiares, los balean o matan, ello en todo el país, pero, en la capital, como dijo el diputado Suárez del Real, los camiones militares, las tanquetas, el verde olivo, sólo nos remite a México 68. ¡No pasarán!
Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx
(Proceso, 2 de julio de 2009)
jueves, 2 de julio de 2009
La capital: verde olivo amenazante
martes, 7 de abril de 2009
Asume militar mando de Seguridad Pública en Piedras Negras
Piedras Negras, Coah. 7 Abr (Notimex).- Un militar retirado, con trayectoria en el Estado Mayor Presidencial, asumió hoy la Dirección General de la Policía y Tránsito de Piedras Negras, como parte de la estrategia para reforzar la prevención y combate a la delincuencia.
El coronel Arturo Navarro López fue avalado por decisión de la mayoría de miembros del cabildo local, en medio del rechazo de representantes del PRD, quienes cuestionaron el currículum del nuevo funcionario, que apenas hace tres días llegó a esta ciudad.
Al rendir protesta de su nuevo cargo, el militar aseguró que viene a tomar las medidas que sean necesarias para que haya una verdadera seguridad pública, y adelantó que habrá una depuración de los elementos que no reúnan el perfil para desempeñar su puesto.
"Es un compromiso que tengo con la gente que ha confiado en mí, por lo que a lo único a lo que vengo es a trabajar y a tomar las medidas que sean necesarias para continuar con la seguridad de los ciudadanos", aseveró.
Mencionó que la depuración es con el fin de evitar todo tipo de involucramiento con la delincuencia, por lo que habrá mano dura contra todo elemento que no acate la orden o que se les sorprenda en actos ilícitos.
"Analizaré a la gente con la que cuento, y serán ellos mismos los que tomen la decisión de renunciar si no reúnen el perfil y no se adaptan a la forma y disciplina de trabajar, por lo que no se tolerarán actos de corrupción de ningún elemento", apuntó.
El arribo del militar como director de Seguridad Pública en Piedras Negras es el cuarto que se registra en las últimas semanas en municipios de Coahuila, después de Saltillo, Ramos Arizpe y Monclova.
(SDP Noticias, 7 de abril de 2009)
lunes, 6 de abril de 2009
Designan a militar como director de Policía Municipal en Ramos Arizpe
06 de Abril, 2009 - 16:57 —
Saltillo, 6 Abr (Notimex).- El alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, presentó hoy a Manuel Jesús Cicero Salazar, como nuevo director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien remplazó a Homero Durán Flores.
El presidente municipal expuso que para esa decisión, el municipio estuvo en pláticas directas con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, a través del secretario de Gobierno, Armando Luna Canales.
"Con este esfuerzo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el estado, el que va a ganar sobre todo es el municipio de Ramos Arizpe", dijo.
Resaltó que desde que el 2006, cuando arrancó su administración municipal, sólo se ha registrado un asesinato en el ejido "El Perillal", donde un adulto fue victimado con una arma de fuego, de manera accidental.
Destacó que ante estas cifras, Ramos Arizpe es considerado uno de los municipios con menor índice de violencia, por lo que esperan seguir manteniendo este récord.
Por su parte, Cicero Salazar expresó que sus raíces son militares y ahora que estará a cargo de la Dirección de la Policía Preventiva pondrá todo su esfuerzo para que siga la tranquilidad, así como el respeto a las garantías individuales.
(SDP Noticias, 6 de abril de 2009)
lunes, 9 de febrero de 2009
La PFP “adopta” enseñanza militar
Anuncia el nuevo Coordinador General de Seguridad Regional que habrá una depuración y que imprimirá una visión castrense a la Policía Federal después de los escándalos de corrupción
Silvia Otero
El Universal
Lunes 09 de febrero de 2009
silvia.otero@eluniversal.com.mx
En entrevista con EL UNIVERSAL, el militar anuncia que habrá una depuración de efectivos de la PFP, y detalla que durante sus primeros días al frente de la corporación ha identificado deficiencias en el sistema educativo de los elementos que ingresan, por lo que asegura que el Instituto de Formación Policial “debe ser una escuela militar”.
Considera que la incorporación de militares a altos puestos en la Policía Federal Preventiva tiene un objetivo claro: imprimir la visión castrense en la corporación, una “mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, tras descubrirse la penetración del narcotráfico, que tenía a su servicio a jefes de alto nivel.
El reto como jefe de la corporación, señala, es cambiar la imagen que se tiene de la institución, después de los escándalos de corrupción, por lo que se ha iniciado un proceso de reclutamiento de nuevos elementos ante las vacantes que han dejado los policías destituidos, pero también habrá depuración: “el que no rinda, fuera”, sentencia.
Después de la detención de mandos presuntamente vinculados con el narcotráfico, no resulta casual el arribo a las filas de la SSP federal de militares en retiro. Además de Fregoso Cortés, fueron designados el general de división diplomado de Estado Mayor Javier del Real Magallanes como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, mientras que el también general Rodolfo Cruz coordina las Fuerzas Federales de Apoyo.
¿La visión de un militar era necesaria para reconducir las acciones de la PFP?
Nosotros tenemos una mística: servir a México. Estamos imbuidos de lealtad a toda prueba, a toda prueba la tenemos y la trajimos acá. He tenido muchos cargos operativos, he sido comandante de varias zonas militares, comandante de corporaciones, de unidades especiales, así que conozco perfectamente la administración, y mi chamba aquí es coordinar los recursos humanos, impulsarlos, escucharlos y orientarlos, ese es mi trabajo y lo estoy haciendo.
Fregoso Cortés no duda que la visión castrense hace hoy la diferencia en la corporación.
“Las órdenes que me dan son para mañana y eso hacemos, a lo mejor otro compañero no tiene esa mentalidad, pero la presencia del subsecretario, la presencia mía en coordinación con el general Cruz, en Fuerzas Federales, tiene esa orientación, dar una mística de legalidad, espíritu de cuerpo y de servicio a México, de transparencia y de respeto a las instituciones”, dice.
¿Es lo que aportan ahora los militares en la secretaría?
Así es.
¿Costará sanear la institución?
La institución está bien, que vamos a tener que trabajar más para tener aspectos operativos positivos, sí, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr.
¿Qué falta operativamente?
Que la escuela de Formación Policial perfeccione sus sistemas educativos, que el sentido de pertenencia siga siendo vigente en ellos, que sea como una escuela militar, debe ser una escuela militar.
Fregoso Cortés asegura que contar con nuevos policías federales con una nueva mística de servicio es indispensable y el proceso no se puede retardar, “estamos a pasos acelerados, esto es para mañana, no me dijeron vienes y dentro de cinco años lo arreglas, no, lo quiero mañana, y así estamos trabajando”.
El general asegura que se está trabajando en “dar la imagen a la opinión pública de que la transparencia y la legalidad están presentes en la PFP, eso nos va a llevar tiempo todavía y tendremos que estar batallando y tendremos que estar aplicando la ley”.
¿Cómo garantizar que no se repitan los casos de corrupción a un alto nivel?
Con transparencia, en la forma de actuar, comportarse, en la forma en que vive uno, que no quede duda de que no hay algo turbio o chueco.
Tajante señala: “Tenemos perfectamente identificado que cuando hay encubrimiento y complicidad, cuando la autoridad no hace su trabajo, se mete en ese problema”.
(El Universal, 9 de febrero de 2009)
lunes, 8 de diciembre de 2008
Militares poderosos
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, D.F., 5 de diciembre (apro).- Después de dos años de enfrentamientos al interior del gabinete de seguridad, la cúpula del Ejército logró reducir al mínimo el poder del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Reducido a la nada en su fuerza operativa, García Luna cuenta todavía con el respaldo político de su amigo Felipe Calderón, quien decidió mantenerlo como secretario pero con una incómoda y fuerte presencia militar.
Calderón no pudo sostener más las fuertes presiones del Ejército y la desconfianza de la opinión pública por el control e influencia que tenía García Luna dentro del gabinete presidencial, a pesar de las evidencias en contra de sus principales allegados.
Las detenciones y arraigos de las semanas recientes en contra de quienes durante años habían sido algunos de sus más cercanos colaboradores, acusados de protección a narcotraficantes y secuestradores, derivaron en el desplazamiento de García Luna en las decisiones y operaciones de seguridad.Desde el pasado jueves 4, los militares se quedaron con la fuerza que tenía García Luna.
Calderón designó al general de División en activo, Javier del Real Magallanes, como subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial, el centro neurálgico de la Secretaría de Seguridad Pública. Desde ese cargo, el general que hasta la semana pasada era el comandante de la IV Región Militar -que abarca a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí- se quedó con el control de lo que será la Policía Federal, el ambicioso proyecto que García Luna quería para sí y que el próximo año sustituirá a la Policía Federal Preventiva.
El jefe militar concentrará prácticamente la mitad del presupuesto de la Secretaría -de 33 mil millones de pesos- y 75% de sus plazas, al disponer de 38 mil hombres que integrarán la nueva corporación policial.De esa manera, la cúpula del Ejército tomará decisiones no sólo en su propio ámbito, la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que tendrá el control operativo de la Secretaría de Seguridad Pública.
Más por lealtad que por conveniencia política, Felipe Calderón mantiene a García Luna dentro de su gabinete. Seguramente le está agradecido por el respaldo que le dio cuando fue candidato presidencial.Pero el movimiento, más que una salida a las pugnas al interior del gabinete, representa otro paso de Calderón hacia la militarización de la seguridad pública en el país. Con el argumento de que ante la crisis de inseguridad que padece el país no hay nada más confiable que las Fuerzas Armadas, Calderón está entregando a la milicia las funciones que son propias de la autoridad civil.
Calderón no es el primer presidente del país que toma esa decisión, pero ninguno como él ha entregado tanto poder operativo y de decisión a los militares. Con ello, los militares adquieren preponderancia sobre la autoridad civil.No sólo el presidente, sino casi todos los gobernadores del país han tomado el camino fácil de designar militares al frente de las funciones de seguridad pública. Tampoco es la primera vez que ocurre. Pero la experiencia indica con claridad que esa presencia de los militares ha sido benéfica.Basta con revisar lo ocurrido desde mediados de la década pasada a la fecha.
Los militares han ocupado lugares preponderantes en tareas de seguridad pública y administración de justicia, además de una participación creciente en acciones directas de represión del narcotráfico. Peor aún, han dado lugar a la creación de fuerzas paramilitares que actúan para los cárteles de la droga, como el grupo de elite que desertó para crear el grupo de Los Zetas.
Los actuales niveles de delincuencia organizada no son sólo responsabilidad de los militares, pero su presencia no ha sido garantía de mejora. Y hasta ahora no hay nada que nos diga que las cosas van a cambiar con la nueva Policía Federal que estará en manos militares.
jcarrasco@proceso.com.mx
(Proceso, diciembre 2008. Vía El justo reclamo)
viernes, 5 de diciembre de 2008
Dan a militar Inteligencia en la SSP
Viernes, 05 de Diciembre de 2008
El General se desempeñaba como comandante de la Cuarta Región Militar en Nuevo León
CIUDAD DE MÉXICO.- El General de División en activo Javier del Real Magallanes es el nuevo responsable de dirigir las operaciones de la Policía Federal y las labores de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que encabeza Genaro García Luna.
Desde la incorporación de militares en la PGR con el Procurador Rafael Macedo de la Concha, en el sexenio de Vicente Fox, es la primera ocasión en que un General de División se integra a una dependencia federal que no sea bajo el mando de la Sedena.
Por acuerdo del Presidente Felipe Calderón, Del Real Magallanes fue nombrado ayer subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial en sustitución de Facundo Rosas, quien a su vez fue designado subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos.
El General de División, de 63 años, era comandante de la Cuarta Región Militar en Nuevo León, donde fue uno de los principales mandos del operativo Nuevo León-Tamaulipas en 2007, y es considerado uno de los principales hombres de confianza del Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván.
Anteriormente fue jefe de la Sección II de Inteligencia de la Sedena.
Ahora, Del Real tendrá bajo su mando a más de 27 mil elementos de la Policía Federal y será el responsable de analizar la información derivada del área de inteligencia y de estadísticas para instrumentar los operativos en el país, en coordinación con las Policías locales.
La llegada del General de División se da en un momento en que mandos altos y medios de la Policía Federal son indagados por la PGR por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, e incluso por un robo de miles de dólares en un cateo en el DF.
La militarización de las corporaciones policiacas se ha extendido en los últimos meses en todo el País. Actualmente unos 20 Generales y mandos militares encabezan las secretarías de seguridad pública estatales y direcciones policiacas municipales.
Por ejemplo: la SSP de Puebla es dirigida por el General Mario Ayón Rodríguez; en Guerrero, el General Juan Heriberto Salinas Altés; en Aguascalientes, el General Eugenio Hidalgo Eddy; en Tabasco, el General Héctor Sánchez Gutiérrez; en Oaxaca, el Teniente Coronel Javier Rueda Velázquez, y en Veracruz, el General Sergio López Esquer.
En Chiapas, el General Marco Esteban Juárez Escalera, es titular de la Policía Ministerial, y el General Florencia Cuevas Salgado es el director de la Policía Ministerial de Baja California.
(Luis Brito/Agencia Reforma)
(El Mañana, 5 de diciembre de 2008)
martes, 18 de septiembre de 2007
Élite militar deja de depender directamente del Presidente
Jorge Ramos
El Universal
Martes 18 de septiembre de 2007
jorge.ramos@eluniversal.com.mx
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército mexicano, que actuará en tareas de seguridad pública a petición de autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, para la restauración del orden, combate al crimen organizado y actos contra la seguridad de la nación, ya no estará directamente bajo las órdenes del Presidente de la República.
Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reforma al anterior que creó al Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos bajo las órdenes del Presidente de la República. Este cuerpo dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”, señala el decreto publicado en el mismo DOF el 9 de mayo pasado.
Ayer se modificó ese artículo para quedar así: “Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Además, se establece que la solicitud para que actúe este cuerpo especial deberá hacerse al secretario de Gobernación.
La nueva corporación castrense, según se anunció desde el pasado 9 de mayo, se formará con 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales.
El domingo pasado, durante el desfile con motivo del 197 aniversario de la Independencia, miembros de este nuevo cuerpo fueron presentados ante el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la gente que acudió a ver la tradicional parada militar en el zócalo.
(El Universal, 18 de septiembre de 2007)
lunes, 17 de septiembre de 2007
Publican reforma que crea Cuerpo de Especial del Ejército
El grupo estará bajo las órdenes técnica, operativa y administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional
Jorge Ramos Pérez
El Universal
Ciudad de México
Lunes 17 de septiembre de 2007
12:03 El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó hoy el decreto que reforma el diverso que crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos bajo las órdenes del Presidente de la República. Este cuerpo dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional ”, señalaba el decreto publicado en el mismo DOF el 9 de mayo pasado.
Este lunes se modificó el mismo artículo que, entre otras cosas, elimina la frase “bajo las órdenes del Presidente de la República ”.
De esta manera, el artículo 1 del decreto queda de la siguiente manera:
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional ”.
Además, se establece que la petición deberá hacerse al secretario de Gobernación para que actúe este cuerpo especial.
El artículo 2, que también fue modificado, establece ahora lo siguiente:
“El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal es un organismo que tiene como misiones generales, las que establece el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y en particular, proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación, para lo cual contará con los recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, tácticos y estratégicos, que le permitan cumplir con tales misiones”.
Precisa que “este cuerpo podrá intervenir cuando, habiendo solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles que requieran apoyo, así se resuelva conforme lo dispuesto en el cuarto párrafo de este precepto. En ningún caso podrá sustituirse en las funciones que legalmente competan a las autoridades federales o locales apoyadas”.
Añade que “la solicitud deberá precisar las circunstancias excepcionales que la motivan, las acciones ejecutadas hasta ese momento, el área geográfica afectada, así como el periodo mínimo de tiempo en que se requeriría la intervención”.
Por ello “dicha solicitud deberá presentarse ante el Secretario de Gobernación quien, conjuntamente con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, evaluará la situación a enfrentar, el estado actual de la misma, las posibles alternativas a instrumentar y, en su caso, hará la propuesta de intervención y coordinación entre las autoridades involucradas”.
Y “el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional autorizará la intervención del cuerpo especial en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.
La publicación señala que “que el objetivo fundamental del citado Decreto es contar con un cuerpo adscrito a las fuerzas armadas debidamente capacitado, para que, en los casos excepcionales, en que dichas fuerzas sean requeridas para actuar en auxilio de las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, restauración del orden público e incluso para enfrentar al crimen organizado, cuenten con la preparación necesaria para atender situaciones distintas de aquellas estrictamente bélicas”.
La nueva corporación castrense, según se anunció desde el pasado 9 de mayo, se formará con 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes) y aunque estará bajo las órdenes del Presidente, dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
mvc/grg
(El Universal, 17 de septiembre de 2007)
domingo, 29 de julio de 2007
De interés público... Y dale con lo mismo
Julio Morales
El Sol de Parral
29 de julio de 2007
"En este momento podría haber abordado temas como el del "chino gate o el de la reforma fiscal" pero me parece que estos son la cortina de humo para ocultar la militarización del país y ello evidencia claramente la visión errática del gobierno federal acerca de lo que significa la seguridad pública y sus formas de garantizarla; además, las fuerzas armadas continúan haciéndola de policías y eso preocupa porque así desvirtúa su naturaleza jurídica, pues no existe en el país ese estado de excepción que justificaría legalmente su intervención".
Y en ese intento de restablecer el orden público en México, los retenes, toques de queda y demás abusos de militares contra civiles se volvieron cosa común en San Nicolás de los Garza Nuevo León y Ciudad Juárez en Chihuahua en los últimos meses. Violaciones a derechos humanos aunados a modificaciones y decisiones en el terreno legal dieron lugar a Instancias que otorgan mayores facultades y nuevos ámbitos de competencia a las fuerzas armadas, dándose un retroceso grave en la historia del país, al contravenir el actual gobierno, como sucediera en el sexenio Díaz Ordaz - el espíritu Constitucional, montando en las fuerzas armadas todo su programa de seguridad pública nacional, si el 129 constitucional especifica que "en tiempos de paz, las fuerzas armadas no podrán ejercer funciones ajenas a la disciplina militar, mucho menos ejercer funciones policiales", asimismo, el 89 Constitucional en su fracción VI, faculta al Presidente a disponer de todas las fuerzas armadas y enfrentar una invasión extranjera o amenazas a la preservación de la seguridad nacional, sólo así se justificaría la creación de un cuerpo elite. Pero el Decreto publicado en el diario oficial el 10 de mayo pasado, creo el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, grupo elite bajo las órdenes directas del "espurio", dependiendo de manera técnica, operativa y administrativa de la SEDENA; Ahí se estableció que la creación del CFAF tiene el objetivo principal, de manejar situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública con elementos especialmente adiestrados y capacitados. Pero el origen oscuro del actual mandatario y atribuciones que este se auto-otorgó, siembran la duda de que tal cuerpo especial de las fuerzas armadas además de combatir a la delincuencia organizada, sea utilizado en la represión simulada, en actividades contra la guerrilla y suprimir movimientos sociales, es decir, un órgano para perseguir opositores políticos, percepción sustentada en modificaciones al Código Penal para calificar de terroristas a líderes sociales a movimientos en su conjunto. El de Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, procesado irregularmente a 67 años de prisión, por los cargos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación y el de Flavio Sosa líder de la APPO en Oaxaca bajo cargos similares, evidencian tal posibilidad. Baste decir que dicho decreto presidencial que creó el CFAF pasó por encima del Congreso, debido a facultades que otorga al "espurio" el 89 constitucional fracción VI en las Leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea como jefe supremo, que sin embargo, no son reglamentarias exclusivas de la Constitución, porque promulgar tal decreto no es acto meramente administrativo como el impostor lo hizo creer al exponer sus motivos, y si un acto de organización que cae en el ámbito legislativo y al invadir esta esfera, corresponde al Congreso de la Unión reglamentar y ordenar al Ejército; así lo citan los Artículos Constitucionales 29, 31, 35, 89 y 119 además del 73. Si a Usted le interesa consúltelos, verifíquelos y discútalos.
(El Sol de Parral, 29 de juio de 2007)
jueves, 12 de julio de 2007
Movilizan a 5 mil soldados élite
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF)
Jorge Alejandro Medellín y Manuel Lombrera
El Universal
Jueves 12 de julio de 2007
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado el 9 de mayo, y que está bajo las órdenes directas del Presidente de la República, luego de los atentados perpetrados en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde la mañana del pasado 10 de julio, el alto mando movilizó a casi la totalidad de los 5 mil efectivos que integran el CFAF, indicaron altas fuentes militares. Ese día, según las fuentes, el titular de la Sedena, general Guillermo Galván Galván, se reunió en la sala de juntas de la dependencia con los comandantes de las 12 regiones y 45 zonas militares del país para darles a conocer las directivas de seguridad con las que se está enfrentando la situación por los estallidos en Guanajuanto y Querétaro.
El general Galván recibió informes sobre movimientos y presencia de la guerrilla en el país y ordenó a sus mandos triplicar la vigilancia estratégica en la nucleoelétrica de Laguna Verde y en las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas, en Tabasco.
De igual forma, se reforzó la vigilancia en termoeléctricas, hidroeléctricas, presas y plantas industriales que se consideraron como posibles blancos de atentados con explosivos.
Éstas se sumaron a las 142 instalaciones que la Sedena, Marina y la Policía Federal Preventiva (PFP) resguardan en todo el país.
La reunión con los mandos territoriales inició a las 14:00 horas del pasado martes y duró poco más de dos horas; en ella se priorizó reforzar la inteligencia y se ordenó triplicar la vigilancia en Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Tabasco.
Este martes en al menos una docena de estados, elementos del Ejército y PFP reforzaron la vigilancia en refinerías, presas, terminales marítimas y de almacenamiento, y en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un especial énfasis en sobrevuelos de estas instalaciones y sus inmediaciones.
Los pasados 5 y 10 de julio, instalaciones de Pemex en Guanajuato y Querétaro fueron objeto de atentados cuya autoría se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario para exigir la libertad de dos de sus militantes.
Pemex ratificó que se incrementaron sus patrones de seguridad en todas las instalaciones y que, de manera especial, se ampliaron los “celajes aéreos” (vigilancia aérea) con helicópteros y personal de tierra, a lo largo de los 14 mil kilómetros de los derechos de vía en todo el país, que incluye los 65 mil kilómetros de la red de ductos.
En Veracruz, el subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández, dijo que la industria petrolera tiene resguardo permanente por elementos de la Sedena, Marina y Seguridad Pública.
Detalló que Pemex les comunicó que se mantendría —por el momento— la misma vigilancia aplicada desde hace un año, cuando la organización terrorista Al-Qaeda amenazó con atacar instalaciones en México.
En Campeche, el comandante Martín Fernández Zetina señaló que, en coordinación con autoridades de Pemex, reforzó la vigilancia en las plataformas petroleras.
También en Hidalgo militares y agentes federales reforzaron la vigilancia en las instalaciones de la refinería Miguel Hidalgo, y en los ductos de Pemex que atraviesan la entidad, confirmó Víctor Hugo Deschamps Lugo, vocero de la paraestatal.
La misma acción se realizó en el complejo Pemex Cactus y las cuatro hidroeléctricas de Chiapas.
En Salamanca, donde el pasado 5 de julio se registraron cinco explosiones en ductos de gas de Pemex, el edil Ignacio Luna Becerra pidió a los consejeros municipales “permanecer con los ojos bien abiertos” y denunciar al número 066 de Seguridad Pública cualquier irregularidad.
En tanto, el Grupo de Coordinación de Baja California aplicará el plan Centinela para vigilar los puntos vulnerables que pudieran ser blanco de atentados.
En este marco, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, informó que pidió al gobierno federal reforzar todos los lugares estratégicos de Pemex en el estado.
El vocero del sindicato petrolero, Roberto Contreras, afirmó: “No existe ninguna relación entre los accidentes y las negociaciones contractuales porque las pláticas se están llevando en muy buen nivel”. (Con información de Alberto López, Édgar Ávila, Xóchitl Álvarez, Julieta Martínez, Dinorath Mota, Hilda Fernández, Juan Cedillo, Francisco Ynurreta y Óscar Gutiérrez, corresposnales)
(El Universal, 12 de julio de 2007)
jueves, 10 de mayo de 2007
Crea Ejército grupo élite de apoyo a seguridad pública
La nueva corporación castrense, que de acuerdo con fuentes militares se formaría con unos 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), estará bajo las órdenes del Presidente, pero dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Jorge Ramos Pérez y María de la Luz González
El Universal
Jueves 10 de mayo de 2007
El presidente Felipe Calderón creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que apoyará a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, restauración del orden, combate al crimen organizado y actos contra la seguridad de la nación.
La nueva corporación castrense, que de acuerdo con fuentes militares se formaría con unos 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), estará bajo las órdenes del Presidente, pero dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con el artículo 2 del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, dicha corporación actuará por instrucciones del presidente "a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno a quienes preste el apoyo".
Un capítulo más
Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), consideró que la creación del organismo institucionaliza la política del presidente Calderón de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, "práctica que ha acompañado a la historia de México".
"Este es un capítulo más en la transición del Estado para caracterizar al fenómeno de la delincuencia organizada como un problema de seguridad nacional y de seguridad pública y, además, hace patente la debilidad de las instituciones civiles, particularmente las policiales, y el fortalecimiento de las militares", sostuvo.
José Luis Piñeyro, experto en seguridad nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) , consideró "preocupante" el anuncio porque se corre el riesgo de que también se utilice para aplacar movimientos sociales.
"El desacuerdo es que el Ejército pueda participar en la contención de movimientos de protesta social", sostuvo el analista.
Consideró que la creación del cuerpo de élite se inscribe en el combate al narcotráfico, en el que a pesar de que oficialmente se ha dicho que se trata de "recuperar territorio" esto es discutible y "tiene sus asegunes" porque en Michoacán se realizaron operativos en el arranque del sexenio pero ante los hechos de violencia recientes "se recupera y no se recupera".
El decreto firmado por el presidente Felipe Calderón y el titular de la Secretaría de la Defens Nacional, Guillermo Galván, entrará en vigor a partir de hoy 10 de mayo.
López Portillo expresó además su preocupación por el hecho de que el decreto no defina las condiciones de la cadena de mando en que se darán las intervenciones de la nueva corporación militar, pues esa indefinición podría llevar a "una virtual sustitución operativa del Ejército por la policía".
El decreto sustenta la creación de este cuerpo especial en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que autoriza la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
"Eso es cierto, pero hay una salvedad, y es que la autoridad civil tiene que estar al mando, y el decreto no establece cómo se resuelve la cadena de mando en terreno estratégico, operativo y táctico", advirtió López Portillo.
El decreto establece que la nueva corporación se integrará por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, y con los mandos y órganos de mando que determine el titular de la Sedena, y aclara que no podrá sustituir, en ningún caso, a las autoridades apoyadas en las funciones que legalmente les competan.
Los integrantes de la corporación recibirán adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, con el objeto de restablecer el orden público y el Estado de derecho, señala.
El decreto fija a la Defensa 90 días para brindar los recursos humanos, materiales y presupuestarios.
(El Universal, 10 de mayo de 2007)
