LA REDACCIóN
México, D.F., 30 de junio (apro).- Seis personas han sido asesinadas en distintos puntos de Chihuahua, entre ellas un militar. Como parte de las agresiones del crimen organizado, dos víctimas más fueron heridas con arma de fuego.
Felipe Rafael González Ruiz, soldado de infantería perteneciente al 76 Batallón, fue muerto a golpes y abandonado en la ciudad de Parral.
La víctima, de 27 años de edad, sufrió una herida en el cráneo y fue golpeado en todo el cuerpo.
De acuerdo con la versión del sistema 060, habría sido ultimado el pasado domingo, aunque fue reportado por testigos hasta este lunes.
El cuerpo fue hallado en el camino de terracería que comunica a El Parral con Villa Escobedo.
Horas antes, Francisco Hernández González, de 45 años, fue ejecutado a balazos el cruce de las calles Amapola y general Gilberto Silveyra, en Ciudad Juárez.
Un comando a bordo de una camioneta color verde abrió fuego contra la víctima, matándola en el instante. Griselda Varela, una transeúnte que pasaba por el lugar, fue herida en uno de los tobillos y trasladada al Hospital General de Zona 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En otro caso, minutos antes de las diez de la noche un joven de aproximadamente 25 años de edad fue acribillado y muerto en la intersección de las calles las calles Violetas y Azucenas, también en Ciudad Juárez.
Sufrió tres impactos de bala en el tórax. Vestía una camiseta blanca y pantalón de mezclilla. Aún no es identificado.
A las diez de la noche, un hombre sufrió 20 disparos en el cuerpo. Fue trasladado a la delegación Salvárcar de la Cruz Roja, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.
Aproximadamente quince minutos después, testigos reportaron a un hombre muerto a bordo de una camioneta modelo Blazer 1994.
El cadáver, con perforaciones de bala, fue abandonado en las inmediaciones de la plaza Búfalo.
Antes de las once de la noche, dos adolescentes fueron baleados en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Luis Escobar, en la colonia Morelos.
Uno de ellos murió al instante, y el segundo, identificado como Julio César Matus Valdez, de 14 años, convalece en un hospital local.
(Con información de El Diario, El Ágora y Puente Libre)
(Proceso, 30 de junio de 2009)
martes, 30 de junio de 2009
Matan a golpes a militar en Chihuahua; 5 ultimados en Juárez
jueves, 25 de junio de 2009
Hay “indicios” de los soldados que mataron a na savi en camión: MP
Contradicen militares la versión de la Sedena en el asesinato de Bonfilio Rubio
El camión sí se detuvo, declaran ante el Ministerio Público un sargento y dos efectivos
Liberan al indígena arrestado por usar botas tipo militar; el delito no es grave, determinan
ROBERTO RAMIREZ BRAVO (Enviado)
Huamuxtitlan, 24 de junio. Un sargento y dos soldados de infantería del batallón militar adscrito a Tlapa negaron, ante el juez mixto de este distrito de Zaragoza, que el sábado pasado los soldados hayan disparado contra un autobús de pasajeros porque su chofer no se detuvo, como fue la versión inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre esos hechos, en los que asesinaron al indígena Bonfilio Rubio Villegas.
Se trata del sargento segundo Rigoberto Hernández Prieto y los soldados Eloy Rodríguez García y Félix Ignacio Carranza, quienes declararon ante el juez Fidel Alfaro Alonso, en la causa penal 10/2009, que se sigue al indígena na savi Fausto Saavedra Valera, que la noche del incidente fue detenido por portar botas tipo militar.
En su declaración, Hernández Prieto señaló que aproximadamente a las 10:30 de la noche del sábado 20 de junio estaba en el puesto de revisión en el crucero de Santa Cruz, en el kilómetro 213 más 500 de la carretera Chilpancingo-Las Peñas, Puebla, donde interceptaron al autobús de la compañía Sur número 6148 y placas 367-HR7, procedente de Tlapa, y al hacer la revisión, el soldado Félix Ignacio Carranza le informó de la presencia de Fausto Saavedra y sus botas.
El camión duró detenido hasta que vino el comandante de la fuerza de reacción inmediata –del cual no proporciona el nombre– e interrogó al conductor, Francisco Emanuel Pizano Alejo, para verificar que coincidiera el nombre del na savi con sus registros; luego, cuando le dijo al chofer que se quedaría detenido el indígena, discutieron, porque Pizano Alejo quería que le hiciera una anotación “en su libreta de registro de pasajeros que constara que el propietario de las botas se iba a quedar para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes”.
El sargento da cuenta de la discusión, pero no dice qué pasó después, cuando ocurrieron los disparos, ya que el expediente para el que hizo su declaración era sólo por el incidente de las botas.
En un sentido similar hablaron los soldados, quienes coinciden en la hora y lugar en que se efectuó la revisión del autobús, y en que durante ésta se encontró al joven de las botas, en los folios del calzado y en los datos del autobús.
El soldado Félix Ignacio precisó que el camión –con capacidad para 49 personas– circulaba con dirección a Huamuxtitlán, y se le indicó que se desviara de su carril para ser revisado y “así lo hizo”.
Eloy Rodríguez, a su vez, dijo que al llegar el autobús se le indicó que bajara su velocidad “y así lo hizo”.
Los tres coinciden en su declaración que al saber que es un delito usar insignias militares, lo detuvieron.
Ninguno da más datos de lo que ocurrió después, respecto a cuando dispararon contra el autobús. Sin embargo, el agente del Ministerio Público (MP) integró la averiguación ZAR/02038/2009 por el delito de homicidio en agravio del indígena Bonifacio Rubio, quien murió de un balazo en el cuello luego de que soldados dispararon contra el camión cuando se retiraba.
El determinador Rosendo García dijo que “está claro” que fueron los militares quienes mataron al civil en el autobús, y afirmó que “hay indicios” de los responsables, pero todavía no hay ningún nombre, y aunque sostuvo que hay colaboración con las autoridades castrenses, no entró en detalles de qué acciones concretas se llevan a cabo, porque, dijo, se podrían “entorpecer” las averiguaciones, ya que los responsables podrían huir.
“Mejor así, calladitos”
En tanto, trascendió aquí que cuatro soldados que participaron esa noche en el ataque al autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público militar con sede en Chilpancingo, aunque no fue posible conseguir sus nombres ni cuál es su situación jurídica, pues fuentes cercanas a la investigación ministerial señalaron que del Ejército no ha habido ningún contacto oficial al respecto.
Libre bajo fianza
Asistido por el abogado del centro de derechos humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el indígena na savi Fausto Saavedra Valera, quien fue detenido en posesión de las botas tipo militar –por lo cual se originó el incidente que terminó en que los soldados dispararon contra el autobús de pasajeros y mataron a uno–, será puesto este jueves en libertad, luego de que el juez Fidel Alfaro Alonso determinó que el delito por el que se le acusa no es grave, y ordenó su libertad condicional tras el pago de una fianza de 6 mil pesos.
El acusado se reservó su derecho a declarar. Su abogado –quien pidió la fianza y la ampliación del término para determinar la situación jurídica del detenido– alegó que el delito que se le imputa no está probado, pues se requiere que haya intención de burla o agravio hacia la sociedad o a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual no ocurre.
El agente del Ministerio Público adscrito a este caso, Jorge Luis Astudillo, se limitó a pedir que el juez decrete el auto de formal prisión contra el acusado.
(La Jornada Guerrero 25 de junio de 2009)
miércoles, 24 de junio de 2009
Exigen respuesta del gobierno por víctima de camión baleado por militares
Este miércoles se llevó a cabo el sepelio de Bonfilio Rubio Villegas, originario de la comunidad de Tlatzala, en el municipio de Tlapa, Guerrero y quien se desempeñaba como peón de albañil en la ciudad de México.
Mié, 24/06/2009 - 20:00
El trabajador indígena pensaba migrar a Nueva York para mejorar las condiciones de su familia. Foto: Jonathan Pardiñas
- Disparos a autobús en Guerrero fue por intento de fuga del chofer
- Disparan militares contra autobús de pasajeros en Guerrero, un muerto
México.- Bonfilio Rubio Villegas tenía 29 años. Trabajaba como peón de albañil en la
Ciudad de México, pero el sueldo ya no le alcanzaba y decidió como miles de migrantes, emprender un viaje el próximo viernes a Estados Unidos, a Nueva York, para buscar una oportunidad.
Por eso, la noche del sábado 20 de junio viajó a Huamuxtitlán, en la región de la Montaña en Guerrero, para despedirse de sus padres. Nunca llegó.
El camión de pasajeros perteneciente a la línea Sur en el que viajaba fue baleado por miembros del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con sede en Tlapa. El chofer del autobús, Francisco Pizano Alejo no se detuvo ante el alto que hicieron los uniformados y dispararon, matando a Bonfilio, pasajero del autobús. El conductor, quien transportaba diez kilogramos de mariguana quedó detenido.
Este miércoles se llevó a cabo el sepelio de Bonfilio, originario de la comunidad de Tlatzala, en el municipio de Tlapa. Familiares y amigos pidieron al gobierno federal una respuesta ante estos hechos, ya que hasta el momento ni el Ejército ni ninguna autoridad les ha dado una explicación.
Jonathan Pardiñas/Milenio
(Milenio, 24 de junio de 2009)
Civil habría puesto la mariguana en el camión, denuncia detenido
Intentó fotografiar al conductor, luego subió al autobús, tras ello, “aparecieron” los paquetes
JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)
Huamuxtitlan, 23 de junio. Francisco Emanuel Pizano Alejo es originario del Distrito Federal. Vive actualmente en el Valle de Chalco. Tiene 30 años. Desde hace 12 trabaja como conductor de transporte público, pero hace un par que se empleó con la empresa de autobuses Sur.
El domingo rindió su declaración ante el Ministerio Público (MP), en Huamuxtitlán, con ayuda de los abogados de su empresa. El testimonio que ahí rindió fue sobre la muerte del pasajero Porfirio Rubio Villegas, quien viajaba en el camión que iba al Distrito Federal, el sábado por la noche. Pero acerca de los paquetes de mariguana, 10 kilos, que encontraron los soldados en la unidad, tendrá que hacerlo ante la Procuraduría General de la República (PGR), en Chilpancingo. Se sabe que este martes fue trasladado desde Huamuxtitlán.
El lunes como a la 1 de la tarde fue posible hablar con Pizano, cuando aún estaba en la cárcel municipal. Todavía no era consignado a la PGR, pero seguramente ofrecerá a los fiscales la siguiente versión sobre el misterioso hallazgo de la droga en el autobús, que previamente había sido revisado ya con minuciosidad por los soldados en el retén, antes de que ocurrieran los disparos.
Después de la agresión, cuando emprendió la huida, “llegué a la terminal y lo primero que hice fue estacionar el autobús, me acerqué con el comisionista y le pedí de favor que hablara a los servicios de emergencia y a Tlapa para reportar la situación. Así lo hizo. En eso estábamos, no pasaron más de cinco minutos cuando me alcanzan los militares otra vez y estaban afuera de la terminal.
“Me alcanza a agarrar uno por la parte de atrás del pantalón y me dice: ‘¡hazte para acá cabrón, ya valiste verga!’”. Así me dijo. Entonces yo la verdad le di un manotazo y le dije: ‘¡a mí no me vas a llevar cabrón!’. Sí le grité, ya molesto, espantado. Me dijo: ‘¡a mí no me grites!’. Le dije: ‘¡cómo no quieres que te grite si me mataste a un pasajero, traigo un pasajero muerto!’.
“El iba a darme el cachazo, pero cuando dije eso y el pasaje se puso al brinco, le empezaron a gritar que eran unos asesinos. Muchas cosas le gritaron. Como que le midió, entonces se subieron al camión, vieron el cadáver, se bajaron y se retiraron.
Francisco es un joven delgado. Esa condición física parece haber aumentado desde el domingo en la madrugada. Luce ojeras. Es padre de familia.
Cuenta que en medio de la agitación, ya frente a la terminal de autobuses, en Huamuxtitlán, un hombre vestido de civil primero quiso tomarle fotografías. El se negó. Agentes de la Policía Federal (PF) y soldados estaban en el camión, revisando. Abajo, los pasajeros y Pizano.
“Me revisaron el camarote. Tampoco encontraron nada en el camarote. Estuvieron dando vueltas y de repente me dice un militar que su aparato detectaba algo en la parte de atrás del autobús, que si por favor le abría la tapa del motor. Sí, le abrí la tapa del motor. Checó abajo, estuvo checando. Yo vi cuando bajó el civil de la mochila se bajó y dijo, es que aquí no hay nada, vamos a ver allá arriba.
“Como a las 2:30 de la mañana estaban pasando un aparatito los militares en el camión, me imagino que para detectar una sustancia o algo así. Le dieron y le dieron vuelta. Yo vi, y le soy sincero: siento que fue él (quien puso los paquetes de mariguana en el autobús), la persona que estaba tomando fotos de parte de ellos. Traía una mochila grande. Esa persona estaba subiendo y bajando constantemente”.
Iba para Tuncingo
Fausto Saavedra Valera es de Xilistlahuaca, un pueblo na savi de los más alejados de Metlatónoc, en la agreste y pobre zona alta de La Montaña. Tiene 32 años. Hasta el lunes por la tarde su familia no sabía de él. Acudieron al centro de derechos humanos Tlachinollan, en Tlapa, donde abogados de la organización coadyuvaron a localizarlo y también lo asisten en su defensa.
El sábado por la mañana Fausto salió de la localidad y en la noche, tomó en Tlapa el autobús que lo llevaría a Tuncingo, Puebla, donde se encontraría con un amigo. Tenía un empleo para él como peón o campesino. Esta es la versión que ofreció al reportero el lunes, acompañado de Pizano, en una celda diminuta, en Huamuxtitlán.
–¿Cómo fue que te bajaron los soldados por las botas?
–Yo estaba abajo cuando me vieron las botas. Ya habían revisado a toda la gente. Estaban subiendo a la gente cuando un oficial me vio las botas, me dijo que me las quitara y me las quité.
“Ya después de la revisión, estaba subiendo la gente. Ya nos íbamos. Yo iba a subir hasta el último. Alguien me vio las botas y me dijo que me las quitara. Me las quité las dos y ya no me las quería entregar. Yo las quería, pero ya no me las quería entregar”.
–¿Qué te dijeron de los motivos de tu detención?
–Pues que esas botas no los puede cargar otra persona. Le dije que me las había vendido un amigo que trabaja en Tlapa.
–¿Y qué te dijeron cuando les dijiste que te las había vendido un amigo?
–Pues nada. No me dijeron nada. Que me iban a detener por eso. Por las botas. Yo me bajé con mi mochila cuando fue el retén, nomás traía una mochila.
–¿Estando abajo escuchaste si alguien de los soldados dio la orden de disparar?
–Pues yo no escuché nada, porque estaba hablando, no sé quién es el militar con el que hablaba. Estaba hablándole, pidiéndole que me dejara ir, que se quedaran las botas porque el camión todavía estaba ahí. Me dijo que no. Se fue el camión y yo me quedé ahí. Ya después oí los disparos, pero yo estaba abajo, con ellos, con los soldados.
(La Jornada Guerrero, 24 de juniio de 2009)
martes, 23 de junio de 2009
Militares matan a na savi en retén; “siembran” droga como excusa
Detienen a indígena por usar botas como las del Ejército; también arrestan al chofer
Revisan un autobús, lo dejan ir, luego ordenan que se detenga, los ignoran y disparan
Hallan 10 paquetes de mariguana que no fueron encontrados durante la inspección
JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)
Huamuxtitlan, 22 de junio. Sábado 20 de junio, 10:30 de la noche: en un retén militar de más de 30 soldados, en la carretera federal que comunica a Tlapa con Puebla, a menos de dos kilómetros de Huamuxtitlán, el autobús de la línea Sur es detenido por los militares. Uno de ellos sube e informa a los pasajeros que habrá una “revisión de rutina”. Pide a los varones que bajen. Las mujeres permanecen en sus asientos y comienza la inspección.
Pasaron más de 15 minutos. Arriba, un solado se encarga del chequeo minucioso al equipaje. Abajo, otros soldados revisan a los pasajeros.
La inspección “de rutina” concluye sin contratiempos, o al menos eso parece hasta que uno de los soldados nota que el indígena na savi Fausto Saavedra Valera usa botas tipo militar. El jefe del retén da luz verde al conductor, le dice que todo está “en orden”, pero que el pasajero de las botas tendrá que quedarse, porque su calzado no es de uso civil y constituye un delito. El conductor, Francisco Pizano, y otros pasajeros, increpan la decisión de los soldados.
Pizano pide al jefe militar que firme un documento en el cual deje constancia que el Ejército tiene al indígena, para justificar su ausencia ante la empresa. El encargado se niega. Intercambian insultos y después, cuando otro militar apacigua la discusión, el conductor sube el autobús, lo echa a andar y le advierte que es injusta la retención del na savi de Xilistlahuaca, Metlatónoc.
10:50 de la noche: de un silbido, el militar le ordena que se vuelva a detener y Pizano lo ignora. No han pasado más de 100 metros cuando se escuchan las primeras ráfagas que salieron de las metralletas de otros soldados, que estaban más adelante del retén. Los disparos dieron en la carrocería del autobús y en el cuello de Porfirio Rubio Villegas, un indígena de Tlapa, quien murió al instante.
Lunes 22 de junio: en la cabecera de Huamuxtitlán, un vehículo destartalado vende como pan caliente un periódico regional que da cuenta de la muerte del indígena. “Barbarie de militares”, consigna el encabezado principal.
En la cárcel de la ciudad están encerrados, en una diminuta celda, Francisco Pizano Y Porfirio Rubio. Han sido para ambos las 48 horas más largas de su vida porque ninguno sabe exactamente, hasta la fecha, cuál es el motivo de su detención. El sábado a las 11 de la noche, tras la balacera, el autobús se refugió en la terminal que tiene la empresa en Huamuxtitlán. Hasta ahí llegaron, primero, la Policía Municipal, después los soldados del retén, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), del Ministerio Público y paramédicos de la Cruz Roja .
El lunes por la tarde, en Chilpancingo, según empezaron a reportar los portales de periódicos del Distrito Federal, el Ejército ofreció la versión oficial de los hechos, y subraya dos momentos claves sobre la muerte del indígena de Metlatónoc: primero, que los soldados reaccionaron con disparos debido a que el conductor no se detuvo cuando lo ordenaron; segundo, que cuando inspeccionaron el camión encontraron 10 kilos de mariguana.
Francisco y Porfirio se ven cansados en la celda. Largas han sido las últimas horas. El domingo, por separado, los llevaron a declarar al Ministerio Público de Huamuxtitlán, pero a ninguno le han informado con precisión cuáles son los cargos que enfrentan.
Se habla con ellos a través de las rejas. En su testimonio contradicen las versiones oficiales y dan más detalles de los que sucedió. Pizano –barba crecida y con aliento a cigarrillo– sostiene: “en ningún momento me negué a la revisión, a nada, yo creo que los paquetes fueron sembrados”.
Cuenta que un par de horas después de las ráfagas, estando en la terminal de Huamuxtitlán, un soldado, un agente del MP y uno de la PFP seguían revisando el camión. “Nos habla el federal y nos dice: venga para acá y en la misma fila de asientos donde estaba el cadáver, pero del otro lado, no estaban ni escondidos ni nada, estaban unos paquetes envueltos en cinta canela. No estaban escondidos, estaban a simple vista.
“Mi pregunta es: si me están revisando en el retén antes, más de 10 minutos, luego, cuando estaban las autoridades, yo vi al señor del MP que se paró prácticamente ahí en los asientos de atrás, él estaba ahí parado cuando estaban haciendo la diligencias, entonces es imposible que no los hayan visto antes, que no los hayan pisado”.
De Porfirio, sus familiares no tuvieron noticias hasta el lunes por la tarde. El domingo permaneció bajo custodia de los militares en Tlapa y después lo llevaron a los separos en Huamuxtitlán.
Hasta ese momento no había podido hablar con nadie. Ni llamadas por teléfono ni un abogado le fueron concedidos. Los soldados sólo le dijeron: “esas botas (que consiguió en Tlapa, donde se exhiben en varias tiendas) no las puede cargar cualquier persona, son de uso exclusivo de los militares”.
Desde el sábado por la noche Porfirio Rubio anda en calcetines.
(La Jornada Guerrero, 23 de junio de 2009)
lunes, 22 de junio de 2009
Ejército dispara contra autobús y muere pasajero en Guerrero
Según la versión castrense, los soldados le hicieron el alto al transporte de pasajeros pero el chofer nos e detuvo, por lo que dispararon
Adriana Covarrubias/corresponsal
El Universal
Acapulco, Gro. Lunes 22 de junio de 2009
16:34 Elementos del Ejército Mexicano del 96 batallón de infantería dispararon contra un autobús de pasajeros de la ruta Alpoyeca- Huamuxtitlán, región de la Montaña alta, pues según su versión es que cuando le marcaron el alto para que se detuviera, pero el conductor los embistió. Derivado de esos disparos, una personas murió. Los militares hallaron 10 kilos de mariguana en el camión.
De acuerdo a la versión oficial de la 35 zona militar, los hechos se registraron el pasado viernes alrededor de las 22:30 de la noche, cuando en un retén militar ubicado en el crucero cerca del poblado de Santa Cruz en el kilómetro 93 de la carretera federal Alpoyeca-Huamuxtitlán, le pidieron al chofer el autobús de pasajeros de la línea Sur con el número económico 45 que se parara, pero se negó y siguió su camino.
Los militares hicieron disparos al aire para que el conductor del autobús se detuviera, pero continuó conduciendo y los soldados le dieron alcance diez minutos después sobre la carretera, donde se logró detener al chofer, del cual no proporcionaron su nombre.
Al revisar el autobús de pasajeros encontraron entre los últimos asientos a una persona tirada con un balazo en la nuca y de acuerdo a una identificación que se le encontró la persona se llamó Bonifacio Rubio Villegas.
Además encontraron en la maletera del autobús, cinco paquetes de mariguana que estaban en forma de ladrillo y que de acuerdo al peso equivale a 10 kilos.
El chofer del autobús de pasajeros de la línea del Sur se encuentra detenido y junto con la mariguana fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
cgb
(El Universal, 12 de junio de 2009)
domingo, 12 de abril de 2009
Han muerto 610 niños en las guerras por la droga: Sedena
-Desde 2006 al menos 3 mil 700 menores quedaron huérfanos
-De ese total, 427 perecieron tras ser reclutados como sicarios
De diciembre de 2006 a marzo de 2009, en la guerra entre cárteles y en las batallas entre sicarios y fuerzas del Estado, existen otros saldos: 610 niños han muerto y al menos 3 mil 700 quedaron en la orfandad, revelan informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los cuales La Jornada tuvo acceso.
De los 610 menores fallecidos, 110 cayeron víctimas del fuego cruzado durante enfrentamientos entre bandas rivales o sicarios y fuerzas del Estado; 73 fueron ejecutados en el momento en que integrantes del crimen organizado asesinaban a sus familiares; otros 427 que habían sido reclutados como sicarios han muerto en enfrentamientos entre grupos rivales, y los restos de 120 de éstos últimos, fueron enviados a la fosa común porque nadie los reclamó.
Los informes castrenses, elaborados a partir "de los reportes que envían a esta dependencia las procuradurías estatales", refieren que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón han muerto 610 menores, cuyas edades van desde los dos meses hasta los 16 años.
Estos son algunos ejemplos: en abril de 2007, en un rancho ganadero del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, miembros de bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, drogas y armas, asesinaron a cinco personas; dos de ellas eran menores de edad: Jesús Iván Vázquez Vega, de 17 años, y Fabiola Cárdenas Jacob, de 14.
La madrugada del 4 de mayo de 2007, durante un tiroteo en la colonia Florida, municipio de Ecatepec, estado de México, murieron los menores Fernando Cruz Ayala y Cristina Mendoza Rodríguez. Presentaban cuatro y 10 heridas de bala, respectivamente.
Un año después, en un paraje de Playas de Rosarito, Baja California, fueron localizados los cuerpos de cinco menores de edad asesinados con armas de fuego y con huellas de tortura. Las víctimas –entre ellas una joven de 17 años–, estaban apiladas en una calle del poblado Cuero de Venados, en las inmediaciones del rancho Casián, a medio kilómetro del bulevar 2000, vialidad que une a Tijuana con Playas de Rosarito.
El 14 de julio de 2008, en Sinaloa, 12 personas fueron ejecutadas, tres de ellas eran menores de edad. Los crímenes se cometieron en la esquina del bulevar Rosales y Enrique Bunant, atrás de un centro comercial. En el sitio se encontraron más de 300 casquillos de fusiles AR-15 y AK-47. Las víctimas fueron identificadas como Melina Judith Angulo Ruiz, de 12 años; Jesús Antonio Sabredica Salazar, de 17, y José Leonardo Castañeda Parra, de 17.
Ese mismo mes y año, en Jalisco, seis integrantes de una familia –tres menores de edad– fueron ejecutados con el tiro de gracia en una casa en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán El Grande. Las víctimas infantiles fueron identificadas como Roberto Bernardino Campos, de 15; Magali Bautista Campos, de ocho, y Mayra Bautista Campos, de siete.
En agosto del año pasado, en la comunidad de Creel, Chihuahua, grupos de sicarios ejecutaron a 13 personas, incluyendo a un niño de cuatro años de edad y otro de meses.
El 3 de enero de este año, en Tijuana, Baja California, un menor de 14 años, identificado como Alejandro Joel Arámbula Flores, y cuatro hombres fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en un coche.
Según los reportes en estos estados murieron 183 menores: Chihuahua, 43; Baja California, 26; Zacatecas, 23; Tabasco, 11; Tamaulipas, nueve; Michoacán, 17; Guerrero, 19; Sinaloa, 15; Durango, siete, y Nuevo León, 13.
Los huérfanos
Los reportes castrenses señalan que durante la administración de Felipe Calderón, al menos se han contabilizado 3 mil 700 menores en la orfandad a causa de la ejecución de sus padres.
Los informes indican: “estos 3 mil 700 menores de edad han quedado marcados sicológicamente al haber observado uno de los hechos mas traumáticos de su vida, y a ello hay que agregar que han tenido que sobrellevar otro problema mayor: vivir con desconocidos o familiares para no ir a una casa hogar.
“En este contexto, las ejecuciones están provocando que los niños se vuelvan víctimas y después en victimarios por el odio con el que están creciendo”.
Los sicarios
Las estadísticas gubernamentales señalan que del total de delitos cometidos a escala nacional, 9.23 por ciento son perpetrados por menores de 12 a 15 años.
En ese contexto, el gobierno federal tiene documentado que han muerto por disputas entre cárteles rivales 427 menores de edad que actuaban como sicarios y que 30 por ciento de los cadáveres fueron enviados a la fosa común.
Según los reportes consultados, los niños fueron contratados por sumas que oscilan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales al inicio, y “en su mayoría fueron cooptados después de haber sido liberados de los consejos tutelares mediante el pago de fianzas.
“Los cárteles también están reclutando a niños en situación de calle o en colonias donde la población enfrenta situaciones de pobreza extrema.
“En muchos de los casos, el primer paso para cooptarlos es brindarles protección jurídica, alimentaria, de vestimenta y de vivienda. Luego, son entrenados en el manejo de armas.
“Los niños sicarios son utilizados por el crimen organizado como avanzada en acciones armadas en contra de miembros de otros grupos, y como espías de las bandas rivales.
“A esos menores se les vuelve adictos, si no lo eran antes. Se ha detectado que en primera instancia son bautizados con mariguana, después ellos escogen la droga que consumirán, siempre y cuando sus ingresos se los permitan.
"Además, quienes logran ascender en la estructura criminal tienen mayores ingresos, hay registro del pago de cientos de dólares por alguna acción especial".
En mayo de 2007, efectivos del Ejército detuvieron a seis adultos y a cuatro mujeres menores de edad en el municipio de Carácuaro, Michoacán, luego de que fue emboscada una partida del 12 Batallón de Infantería, con saldo de cinco muertos y tres heridos.
Las 10 personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelia. Se les inició la averiguación previa AP/PGR/-MICH/M-II/283/2007, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En octubre de 2008, en Caborca, Sonora, los menores Claudio y Eduardo fueron detenidos por la policía estatal investigadora, en el ejido Morelos; el reporte oficial mencionó que portaban armas de fuego, chalecos antibalas y cientos de cartuchos útiles.
En febrero de este año en Tultitlán, estado de México, agentes federales detuvieron a 10 sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dos de ellos eran menores de edad; la encomienda era eliminar a miembros La Familia, que opera en esa zona.
(La Jornada, 12 de abril de 2009)
martes, 6 de enero de 2009
Dos militares son acusados de secuestro y asesinato de 3 personas
Las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, detallan que el oficial militar en activo que ya se encuentra bajo arraigo, responde al nombre de Ubaldo Gómez Fuentes, mientras que el otro oficial del Ejército en activo fue delatado por el hoy detenido, pero no ha sido presentado por las autoridades castrenses.
Torreón.- Dos tenientes egresados del Heroico Colegio Militar, que se desempeñaban en el área de inteligencia de la Onceava Región Militar, concretamente en el 33 Batallón de Infantería, son los que aparecen como secuestradores y homicidas de tres personas, uno de ellos empresario regiomontano y otro un vendedor de afores.
Incluso uno de los oficiales del Ejército, traía para su uso personal el vehículo Volkswagen Jetta, modelo 2008, color rojo, propiedad de su víctima que fue identificado como Jeremeel Fernández Morán quien se desempeñaba como ejecutivo comercial del ING afore y quien fue reportado como desaparecido el 19 de diciembre del año 2008 en Gómez Palacio.
Las indagatorias por parte de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Coahuila, detallan que el oficial militar en activo que ya se encuentra bajo arraigo, responde al nombre de Ubaldo Gómez Fuentes, mientras que el otro oficial del Ejército en activo fue delatado por el hoy detenido, pero no ha sido presentado por las autoridades castrenses.
Dichos tenientes presuntos secuestradores, son acusados del secuestro y homicidio del empresario regiomontano Rodolfo Alaniz, quien había acudido a la Comarca Lagunera para visitar algunos de sus familiares.
Fue así que luego de plagiarlo y cobrar su rescate, lo asesinaron y quemaron su cuerpo por las inmediaciones del Cerro Bola en el municipio de San Pedro de las Colonias.
Pero además de ese homicidio el teniente egresado del Heroico Colegio Militar, confesó al ser capturado que también habían secuestrado al ejecutivo de afores Dan Jeremeel Fernández Moran, al grado de que les fue asegurado el vehículo propiedad de la víctima.
Sobre la actuación de esos dos oficiales asignados al área de inteligencia del 33 Batallón de Infantería, desde el primer momento de la captura de Ubaldo Gómez Fuentes, se le dio aviso al General de la Onceava Región Militar.
Sin embargo de momento no ha sido presentado el otro teniente, que también hasta el día de hoy se encontraba en activo, de quien se presume es una persona sumamente violenta, especialista en el manejo de armas de fuego y explosivos.
Fue tras la presentación de los cuatro miembros de la banda de secuestradores por parte del Sub Procurador Domingo González Favela que se logró conocer que los presuntos delincuentes que eran comandados por los oficiales militares, habían perpetrado cuando menos tres secuestros.
Sin embargo dichos individuos, al cobrar el rescate no entregaban a sus víctimas, sino que simplemente las asesinaban y calcinaban los cuerpos.
En la Dirección General para la Investigación del Secuestro y Crimen Organizado, se indicó que la indagatoria se tiene desde la ciudad de Saltillo, aunque familiares de una de las víctimas detallaron que el carro en el que viajaba uno de sus parientes estaba a disposición del Ministerio Público del Fuero Común.
(Milenio, 6 de enero de 2009)
martes, 23 de diciembre de 2008
Van por aire y tierra contra los asesinos
La PGR atrae la investigación; rinden homenaje a los soldados victimados
Juan Cervantes Gómezy Adriana CobarrubiasCorresponsales
El Universal
Martes 23 de diciembre de 2008
justicia@eluniversal.com.mx
CHILPANCINGO, Gro.— El Ejército peina por tierra y aire zonas urbanas y rurales de Chilpancingo y otros ocho municipios en busca de los asesinos de ocho militares decapitados el domingo.
Ayer, el comandante de la novena región militar, con sede en Acapulco, Enrique Alonso Garrido Abreu, le declaró la guerra al crimen organizado en un homenaje a los soldados caídos, al tiempo que surgieron denuncias por violación a los derechos humanos.
La PGR informó que atrajo la investigación. Indaga a siete detenidos por el Ejército el sábado pasado, luego de un enfrentamiento en Teloloapan, en el que murieron tres pistoleros, para determinar su posible relación con la decapitación de los ocho militares.
Los delincuentes cometieron “un grave error” al asesinar militares, dijo Garrido Abreu, quien declaró “abierta la guerra” contra el crimen organizado durante el homenaje efectuado en la 35 zona militar.
Ante los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de la Defensa, Guillermo Galván Galván, Garrido calificó de “grave error de los delincuentes ese atrevimiento”, porque “constituye una ofensa a las instituciones y, especialmente, a quienes vestimos el uniforme castrense”.
El jefe militar dijo que “no habrá la más mínima consideración ni concesión, mucho menos descanso, hasta no ver en el lugar que corresponde a esos delincuentes”.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que con el asesinato de militares el crimen organizado “pretende amedrentar”, porque los golpes del Ejército y la Fuerza Aérea le han provocado en Guerrero una merma en la estructura funcional y económica.
Ofensiva militar masiva
Mientras se efectuaba el homenaje a los soldados caídos, se registró una activa movilización de tropas en Chilpancingo, donde se instalaron retenes a la entrada y salida de la ciudad, a la vez que cuatro helicópteros y una avioneta militar realizaban constantes sobrevuelos en la ciudad.
Versiones no confirmadas indicaron que el operativo también tenía el objetivo de localizar a otros soldados levantados el domingo pasado sin que se conozca su paradero. Para reforzar la búsqueda habrían arribado a Chilpancingo 300 integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes).
Un número no determinado de efectivos del Ejército y de integrantes del Operativo Conjunto Guerrero efectuaron cateos y se desplazaron por al menos nueve municipios de las regiones del Centro y Tierra Caliente, considerados centros operativos de pistoleros al servicio de narcotráfico.
Según informes preliminares, contingentes militares efectúan operativos en los municipios de Arcelia, Quechultenango, Tepecuacuilco, Mochitlán, Petatlán, Altamirano, Zumpango, Pungarabato e Iguala además del de Chilpancingo. Trascendió que los soldados que habían salido de vacaciones decembrinas fueron llamados de nuevo a sus cuarteles.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió la denuncia de allanamiento presentada por un comerciante de Chilpancingo, cuyo negocio fue cateado por el Ejército sin orden oficial. El presidente del organismo, Juan Alarcón Hernández, llamó a los mandos militares a evitar que durante los cateos se violenten los derechos humanos.
“Nos preocupa como guerrerenses que ocurran estas cosas. Esperamos que no se repitan estos hechos, más aún porque se acerca la Nochenuena”, añadió el ombudsman estatal. (Con información de María de la Luz González, reportera)
sábado, 13 de diciembre de 2008
Justifica Sedena muerte de embarazada en Chihuahua
La Secretaría afirmó que dispararon ya que estaban en situación de alerta y la víctima no acató la orden de detener el vehículo que conducía a gran velocidad
Silvia Otero
El Universal
Ciudad de México Sábado 13 de diciembre de 2008
13:39
Los militares que balearon a una mujer en Chihuahua, actuaron en respuesta a la agresión de un grupo armado, que minutos antes disparó contra el personal que estaba en el retén del Aeródromo de Ciudad Aldama. Dispararon ya que estaban en situación de alerta y la víctima
no acató la orden de detener el vehículo que conducía a gran velocidad.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) justificó así la muerte de Gabriela Arzate, quien fue baleada por los militares cuando conducía una camioneta Explorer, acompañada por su madre Elia Arzate Gutiérrez, quienes al parecer buscaron protegerse en
el puesto de vigilancia del Ejército.
La dependencia no hace alusión a una posible investigación de su personal para esclarecer lo ocurrido pero informó que presentó una denuncia penal por la agresión que sufrieron los elementos que se encontraban en el retén.
La Sedena detalló que alrededor de las 17:10 horas del jueves pasado personal militar establecido en un puesto de vigilancia en el Aeródromo de Ciudad Aldama, fue objeto de agresión con armas de fuego por sujetos que viajaban a bordo de varios vehículos.
Explicó que el personal militar observó que se aproximaban dos vehículos a toda velocidad hacia el retén: una Pick Up blanca de doble cabina de modelo reciente y el segundo una camioneta blanca.
"El primer vehículo cruzó por el frente de las instalaciones militares metiéndose al terreno baldío que se encuentra frente al destacamento, rompiendo una alambrada y efectuando disparos contra el puesto de vigilancia a una distancia aproximada de 100 metros", por lo que los
militares reaccionaron activando su Plan de Defensa, por lo que la segunda camioneta y desde la que también se realizaron disparos se desviaron hacia Ciudad Aldama.
En su versión la Sedena asegura que "en los momentos en que el personal militar aún se encontraba desplegado en situación de alerta, un tercer vehículo ingresó de manera intempestiva y a gran velocidad (camioneta Explorer, color rojo, sin placas, con vidrios polarizados), a las instalaciones del Aeródromo donde se encuentra el puesto de vigilancia; el personal militar le marcó el alto, haciendo caso omiso de la indicación, por lo que personal militar, efectuó disparos para lograr su detención".
La conductora de la camioneta, Gabriela Arzate perdió la vida por los disparos que recibió, mientras que su madre quedo "a disposición de las autoridades correspondientes", según informó la Sedena que agregó que su personal resultó ileso y los daños fueron únicamente materiales sobre las paredes, ventanas y parapetos de la instalación del puesto de vigilancia.
Por ello "tomó conocimiento de los hechos el Ministerio Público de Aldama, en el concepto de que se interpuso una denuncia de hechos ante las autoridades correspondientes con motivo de la agresión de que fue objeto el personal militar."
mma
(El Universal, 13 de diciembre de 2008)
Militares asesinan “por error” a una embarazada en Chihuahua
■ Fue ultimada en un retén, cuando llegó a solicitar ayuda
■ En tres estados, 10 ejecuciones vinculadas con el narcotráfico
De los corresponsales
En una aparente confusión, una mujer con más de cuatro meses de embarazo murió a consecuencia de disparos hechos por militares en un retén ubicado a las afueras del municipio de Aldama, Chihuahua, adonde llegó acompañada por su madre y una tía para pedir protección, pues, aseguraron éstas, eran perseguidas por sicarios.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de Justicia del estado confirmaron el deceso de Gabriela Arzate por los tiros de los elementos del Ejército Mexicano, quienes la noche del jueves resguardaban el aeródromo de Aldama, ubicado cerca de la carretera Chihuahua-Ojinaga, a 30 kilómetros de la capital.
La Sedena ubicó el hecho como producto de una agresión a militares por hombres que se trasladaban a bordo de varios vehículos. Dos de ellos, una pick de doble cabina y modelo reciente, y una camioneta blanca, cerrada, se aproximaron al puesto de control a toda velocidad.
El primero pasó frente al retén y se metió a un terreno baldío que se encuentra frente al destacamento, al tiempo que disparaba contra el puesto de vigilancia, a una distancia de aproximadamente 100 metros. Acto seguido se dio a la fuga en sentido contrario, mientras el personal militar reaccionó activando su plan de defensa.
De acuerdo con la Sedena, los ocupantes del segundo vehículo también iban disparando, pero al percatarse de la reacción de los soldados desviaron su dirección rumbo a la ciudad de Aldama.
En el momento en que los militares aún se encontraban desplegados, en situación de alerta, un tercer vehículo ingresó de manera intempestiva y a gran velocidad –una Explorer roja, sin placas y vidrios polarizados– al sitio. El personal le marcó el alto, pero al hacer caso omiso le dispararon para lograr su detención. En el interior se encontraban Gabriela Arzate y Elia Arzate Gutiérrrez. Esta última fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
Otras versiones señalan que Gabriela iba acompañada de su madre y una tía, quienes luego relataron que llegaron al lugar para pedir ayuda, porque un grupo de gatilleros las iba persiguiendo.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del estado revelaron que después del percance la madre de Gabriela, indignada, dijo que no se explicaba el motivo por el cual fueron agredidas por los soldados.
“No portábamos armas, ni siquiera un cuchillo. No amenazamos a nadie. Llevábamos prendidas las luces preventivas, sólo queríamos ayuda y protección, no la muerte”, expresó. La camioneta presentaba impactos en los cristales del piloto y del copiloto, por lo cual se deduce que las balearon desde dos puntos.
El Ejército comenzó la investigación y citó a declarar a los militares que se encontraban en el retén.
Por otra parte, este viernes al menos siete personas fueron ejecutadas por sicarios del narcotráfico que operan en territorio chihuahuense. Cuatro de ellas en Ciudad Juárez, dos en el municipio de Guadalupe y Calvo y una en la capital del estado.
En Culiacán, Sinaloa, un grupo de hombres levantó (secuestro sin intención de pedir rescate) y mató a tiros al taxista Luis Enrique Sainz Sarabia. En otra parte de la ciudad, individuos con ropa tipo militar levantaron a una mujer de unos 45 años cuando llegaba a su casa.
La Procuraduría General de Justicia del estado reportó que la mañana de ayer murió Jaime René Uriarte, sobreviviente del enfrentamiento entre dos grupos de sicarios ocurrido el miércoles en el municipio de El Rosario.
En Tijuana, Baja California, un individuo identificado como Rodolfo César Hernández Reyes fue baleado con rifles AK-47 por los ocupantes de cuatro camionetas. El occiso era hijo de la extinta regidora priísta Juanita Reyes. En Tecate, un comando atacó a los tripulantes de un vehículo; el saldo fue de tres heridos, incluida una transeúnte.
El secretario técnico del ayuntamiento de Coacalco, estado de México, Eduardo Manzur, fue asesinado anoche de más de 100 disparos cuando se trasladaba en su vehículo, marca BMW, sobre la avenida López Portillo.
(Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Javier Valdez, Antonio Heras, René Ramón, Javier Salinas, corresponsalía en Durango y Notimex)
(La Jornada, 13 de diciembre de 2008)
domingo, 9 de noviembre de 2008
En la lucha contra el narcotráfico han muerto 564 soldados: Sedena
Gabriel León Zaragoza
De 1976 a julio de este año han fallecido en el país, en la lucha contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 564 elementos militares, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Reportes proporcionados por conducto del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) destacan que desde la creación de sus tropas de elite –grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales y Anfibio de Fuerzas Especiales– han desertado de éstas, hasta septiembre de este año, mil 559 efectivos.
Precisó que a 2004 habían desertado mil 382 militares de tropas especializadas y de 2005 a septiembre pasado 177. Se trata, según han reconocido expertos en temas castrenses, de efectivos con “alto grado de peligrosidad”, porque recibieron formación especializada en prácticamente todos los terrenos y manejo de todo tipo de armas y equipos sofisticados de radiocomunicación.
En el reporte, la dependencia federal destacó que en la lucha contra el narcotráfico sólo de 2007 al séptimo mes de este año han caído en ese tipo de acciones 59 militares. La cifra representa prácticamente la mitad de los 123 decesos que se reportaron por las mismas causas en todo el gobierno anterior.
En el documento la secretaría establece que de estos 59 militares fallecidos en la lucha contra el narcotráfico –decretada por el presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006– cuatro son de alto rango (dos coroneles, un teniente coronel y un mayor de infantería), 14 oficiales y 41 elementos de tropa.
En el mismo periodo, en operaciones antidelictivas, la Sedena ha detenido a 6 mil 938 presuntos narcotraficantes, a los que puso a disposición del Ministerio Público de la Federación por la probable comisión de delitos contra la salud en sus diversas modalidades. De ese dato, sólo en los primeros siete meses de este año había logrado capturar a 3 mil 359 presuntos delincuentes de nacionalidad mexicana, contra los 3 mil 579 que alcanzó en todo 2007.
Adicionalmente, detalló que el año anterior detuvo en territorio nacional a 79 extranjeros por estar presuntamente vinculados con el narcotráfico y de enero a julio de este 2008 el número era de 84.
(La Jornada, 9 de noviembre de 2008)
domingo, 26 de octubre de 2008
El Silencio de la SEDENA
Jorge Carrasco Araizaga
A Carmen Aristegui, por el premio María Moors Cabot
MÉXICO, D.F., 24 de octubre (apro).- El Ejército mexicano atraviesa uno de sus peores momentos desde que Felipe Calderón lo sacó a las calles, en diciembre de 2006, para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.
Entre el 8 y el 22 de octubre de este año, una decena de efectivos de la Séptima Zona Militar, con sede en Escobedo, Nuevo León, fueron asesinados por comandos de la delincuencia organizada, el mayor número de bajas militares en un solo estado y en tan poco tiempo, en el marco de las operaciones ordenadas por Calderón.
De por sí agraviantes para las Fuerzas Armadas, estas muertes son una verdadera afrenta pública al Ejército por la manera en que se cometieron: todos fueron degollados y apuñalados.
Tres de ellos fueron sorprendidos en un centro nocturno de Monterrey, donde al parecer realizaban labores de recolección de información.
Un comando de jóvenes llegó al lugar y los sometió. Luego de golpearlos, los sicarios empezaron a torturarlos con armas blancas. Heridos, los arrastraron al centro de la pista de baile, donde los dejaron ante la sorpresa de los empleados y clientes que se vieron obligados a permanecer en el lugar.
Poco a poco aparecieron más efectivos del Ejército degollados al estilo de la técnica utilizada por desertores de la fuerza especial del Ejército de Guatemala conocida como kaibiles.
De confirmarse la autoría, el agravio para las Fuerzas Armadas mexicanas sería aún mayor, pues exmilitares extranjeros habrían actuado en contra de efectivos del Ejército.
En menos de dos años, decenas de elementos castrenses, incluidos algunos jefes, han sido torturados y asesinados por el narcotráfico, ya sea en emboscadas, secuestros o enfrentamientos.
En todos los casos ha quedado demostrado que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina carecen de preparación para la guerra a la que los embarcó Calderón.
En más de una ocasión, los narcotraficantes han mostrado mayor poder de fuego. Además, no constituyen una fuerza regular, a la que en teoría los soldados mexicanos están preparados para enfrentar.
Los sicarios del narcotráfico tampoco actúan como grupos subversivos. Son aún más peligrosos. Muchos mandos castrenses han sido entrenados para enfrentar a la guerrilla. En el mejor de los casos, el Ejército cuenta con fuerzas especiales para combatir a los brazos armados de los cárteles de la droga.
Pero está demostrado que esas fuerzas del Ejército mexicano son insuficientes para enfrentar simultáneamente en diferentes partes del país a los lugartenientes y comandos del narcotráfico.
Apenas este viernes 24, el gobierno de Nuevo León y la comandancia de la Séptima Zona Militar rindieron un homenaje a las víctimas en las instalaciones del Ejército en Nuevo León.
Pero en la ciudad de México, la secretaría de la Defensa Nacional guardó silencio. Ni siquiera emitió un boletín para informar del reconocimiento a sus elementos.
El silencio no sólo tiene que ver con una estrategia de comunicación. Se puede entender que forma parte de la institucionalidad del Ejército y que las bajas están consideradas en el cumplimiento de sus obligaciones.
Pero no son aisladas las voces de elementos militares, retirados y en activo, inconformes con las situaciones de ignominia en que se ha colocado al Ejército.
En más de una ocasión, los militares no ven quién se los hizo, sino quién se los paga. De ahí el incremento de violaciones a los derechos humanos de civiles a manos del Ejército.
Muy caro le está saliendo a las Fuerzas Armadas darle la legitimidad al Presidente, pues no hay que olvidar que en medio de la crisis política que representó su llegada a la Presidencia, el primer acto de gobierno de Calderón fue sacar a los militares de sus cuarteles para enfrentar al narco.
jcarrasco@proceso.com.mx
(Proceso, octubre de 2008)
jueves, 9 de octubre de 2008
Matanza silenciada
Miguel Ángel Granados Chapa
PLAZA PÚBLICA
Al mediodía del lunes 18 de agosto pasado, el tianguis que se sitúa al lado del templo parroquial en el San Pedro Limón, un poblado en el municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, Estado de México, fue interrumpido de manera brutal. Llegados a bordo de tres vehículos, una veintena de individuos con el rostro cubierto y con vestimenta de tipo militar disparó sus armas, AR-15 y AK-47 contra la pequeña multitud que trajinaba en el lugar. Murieron por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más resultaron heridas. No pareció que buscaran a alguien en particular, contra el que dirigieran su ataque. Su blanco era gente común y corriente, desconocida de los agresores. Se cree que no todos se marcharon al concluir su estúpida y sangrienta acción, sino que algunos de ellos se quedaron en la zona para tener control sobre lo que allí ocurriría.
Con ser excesivo, no fue eso lo peor. Rato después de la inesperada embestida, que dejó pasmados a los sobrevivientes, quienes no acertaban a decidir qué hacer, llegaron al lugar otros vehículos, esta vez ocupados por miembros del Ejército. Éstos retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena. Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido. Quizá disuadieron también al personal de la agencia del Ministerio Público, incluidos agentes ministeriales, que supieron de los hechos, pero no cumplieron sus funciones, pues no se inició averiguación previa alguna.
He tenido acceso a esta información por fuentes cuya identidad no revelo, pero que merecen mi confianza. Por ese motivo doy por ciertos los hechos cuya gravedad resulta evidente de su sola exposición. Se trata del primer ataque a la población civil, como el que un mes más tarde acontecería en Morelia, la noche del Grito. Si cabe compararlas, la matanza de San Pedro Limón es aún más estremecedora no sólo porque es mucho mayor el número de víctimas (tres veces más que las habidas en la capital michoacana) sino por las acciones y omisiones de las autoridades, encaminadas a ocultar lo sucedido en vez de investigar los hechos y perseguir a los responsables.
En otros espacios periodísticos (las columnas de Ciro Gómez Leyva en Milenio y Jorge Fernández Menéndez en Excélsior) aparecieron ayer informaciones sobre otra grave expresión de violencia. Se trata de la desaparición de siete comerciantes en joyería de oro. Procedentes de Pajacuarán, Michoacán, iban camino a Oaxaca y se detuvieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero. En un burdel de esta última ciudad se les vio por última vez. Puesto que llevaban consigo unos cuatrocientos mil pesos, se presume que fueron asaltados, pero el vehículo en que viajaban apareció quemado en un paraje remoto y sin indicio alguno sobre su paradero. La desaparición ocurrió el 29 de agosto y desde entonces nada se sabe de ellos, a pesar de que sus familiares han recorrido oficinas de tres estados en busca de información sobre los suyos.
Todo lo más que llegaron a saber los parientes de los desaparecidos es que probablemente fueron víctimas de Los Pelones, “la temible banda local parte narco, parte guerrilla, parte secuestradores, parte alborotadores”, según la define Gómez Leyva. Esa misma banda –u otra homónima, o extensión de la primera— actúa en otro extremo de Guerrero, en los límites con el Estado de México. En la madrugada del seis de septiembre Los Pelones se enfrentaron con Los Zetas en Arcelia. Los Pelones de este caso merodean en Tlatlaya, por lo que quizá la matanza del 18 de agosto se debe a esta pandilla. La actuación de los militares, en obvio beneficio de la banda homicida, revelaría un contubernio entre delincuentes y mandos militares, encargados de proveerles impunidad.
Tengan o no vinculación estos sucesos, son una nueva evidencia de que la delincuencia organizada está derrotando al Estado mexicano en su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la zona de Sultepec es verdad sabida que los agentes ministeriales se cuidan de realizar tareas de investigación o captura de presuntos delincuentes sin antes recabar una suerte de autorización de Los Zetas, sin la cual no es posible que hagan sus labores. Ese es un escalón superior en el trato de la banda criminal con los policías, con quienes mantienen una fluida relación después de haber roto una práctica común no sólo en esa comarca sino en muchos lugares del país. Los Zetas sentaron las bases de su trato con los jefes policiacos rehusando pagar “ayudas” a los agentes ministeriales, cuotas de protección cuya cobertura permite el narcomenudeo y la comisión de otros delitos menores. Alterada así la relación de poder, ahora son los agentes policiacos los que dependen del poder criminal.
El silencio que hasta este momento, en que lo rompemos, ha rodeado a la gran matanza de San Pedro Limón ha sido posible por la profundidad de la intimidación lograda por el atentado mismo y por la presencia militar complicitaria. Se comprende que los pobladores se sientan inermes, presos en la tijera de esos dos factores, y accedan a no hablar de lo ocurrido, temerosos de que la crueldad que mató sin causa a 23 personas agregue a su cuenta nuevas víctimas. La Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa, el Gobierno mexiquense poseen, en cambio, capacidades al menos formales para indagar lo sucedido. Al menos es su deber intentarlo.
(El Siglo de Torreón, 9 de octubre de 2008)
domingo, 7 de septiembre de 2008
Confirma Sedena muerte de un militar en Ciudad Juárez
Gabriel León Zaragoza
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que en un enfrentamiento con armas de fuego sostenido este viernes en Ciudad Juárez, Chihuahua, por parte de militares contra presuntos sicarios, fallecieron el cabo de infantería Hugo Abraham del Ángel Granillo y dos de los agresores.
Informó que el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, “se encuentra pendiente de que se proporcionen de manera pronta y expedita” los apoyos y prestaciones sociales a los que tienen derecho los deudos del efectivo armado.
La dependencia federal destacó en un comunicado que durante una revisión en Ciudad Juárez (como parte la campaña permamente en contra del narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), efectivos militares fueron alertados por personal de seguridad pública municipal de la presencia en la colonia Tierra Nueva de varios sujetos armados a bordo de dos vehículos.
Al llegar al lugar, los militares fueron agredidos con disparos de armas de fuego por la célula de probables sicarios, de los cuales murieron dos personas que la secretaría refiere en calidad de desconocidos.
Sin precisar si hubo personas detenidas, la depedencia federal reportó que logró incautar un fusil AR-15, tres pistolas de diferentes calibres, 128 cartuchos y seis cargadores de arma de fuego, así como dos camionetas tipo Jeep. Agregó que el armamento y los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades corrrespondientes.
(La Jornada, 7 de septiembre de 2008)
sábado, 6 de septiembre de 2008
Oaxaca: arraigan a 6 militares por dos homicidios
Octavio Vélez Ascencio (Corresponsal)
Oaxaca, Oax., 5 de septiembre. Seis soldados pertenecientes a la 44 Zona Militar del Ejército Mexicano, con sede en Miahuatlán, habrían sido arraigados por la justicia militar por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos campesinos zapotecos de Santiago Lachivía, perteneciente al municipio de San Carlos Yautepec, el 5 de agosto pasado.
Se desconoce la identidad de los militares, pero entre éstos podría estar el teniente de Infantería, José Bernardino Barroso Díaz, quien estaba al frente del puesto de control móvil Barroso durante su recorrido por esa comunidad, informó Víctor Ignacio Ramírez, abogado defensor de los familiares de las víctimas.
Los soldados atacaron a los indígenas que realizaban una faena colectiva en una parcela comunal, y mataron al agente municipal Cecilio Vásquez Miguel y al poblador Venancio Olivera Ávila, además de lesionar gravemente a Aurelio Ortega Pacheco.
El asesor jurídico dijo que fuentes de la jurisdicción castrense le hicieron saber sobre el arraigo de los seis militares, pero no han sido identificados por la reserva en la institución militar.
Sin embargo, mencionó que Antonio Hernández, agente del Ministerio Público adscrito a la 44 Zona Militar, requirió formalmente a la procuraduría la averiguación previa por los hechos para reforzar la indagatoria.
(La Jornada, 6 de septiembre de 2008)
lunes, 9 de junio de 2008
Pide Chihuahua investigación sobre muerte de civiles en retén militar
El gobierno del estado asegura que la quinta zona militar no ha proporcionado información sobre el caso, por lo que realiza sus averiguaciones.
La Jornada On Line
Publicado: 09/06/2008 13:42
Chihuahua, Chih. El gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, anunció este lunes que solicitará ante el Ministerio Público federal una investigación sobre la muerte de tres civiles en un retén militar ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, a fin de deslindar responsabilidades.
El mandatario aclaró que la Procuraduría de Justicia del estado ya realiza sus investigaciones, ya que la comandancia de la quinta zona militar no ha proporcionado información sobre el caso.
El retén estaba instalado en la comunidad Casa Colorada, ubicado en la carretera Cuauhtémoc-Guerrero, al noroeste de la ciudad.
Según los primeros reportes, dos civiles embistieron con un vehículo Grand Marquis a un efectivo militar y trataron de darse a la fuga. Los soldados realizaron disparos para que los hombres se detuvieran y éstos murieron. Las balas alcanzaron a otro automovilista que también falleció.
(Con información de Notimex)
(La Jornada, 9 de junio de 2008)
Soldados matan a 4 civiles en Chihuahua
■ Entre sábado y domingo hubo 16 ejecuciones en tres estados
De los corresponsales
Soldados de un retén instalado Casa Colorada, municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, mataron a cuatro civiles e hirieron a dos militares, en una aparente confusión causada por un accidente.
Extraoficialmente se informó que los dos civiles circulaban en un automóvil de modelo atrasado por la autopista Cuauhtémoc- Guerrero, pero al llegar al puesto de revisión el conductor no se detuvo –al parecer por una falla mecánica–, arrolló a uno de los soldados y se estrelló contra un poste de energía eléctrica.
Al caer el poste, el área quedó a oscuras y los soldados abrieron fuego. Minutos después el poblado y la carretera fueron sitiados por más de 200 militares.
Luis Ernesto Baray, director del periódico Red Noroeste, informó que dos horas después del incidente persistía la confusión, el tráfico estaba paralizado, no había información oficial sobre el número de muertos y, según testigos, siguieron escuchándose disparos.
Por otra parte, entre la noche del sábado y este domingo se reportaron 12 homicidios en el estado de Chihuahua: ocho en Ciudad Juárez, tres en Nuevo Casas Grandes y uno en Villa Matamoros. La mayoría de las víctimas no han sido identificadas.
En Villa Matamoros, Enrique Barrón Núñez fue ultimado a balazos, y en Nuevo Casas Grandes policías ministeriales localizaron los cuerpos de tres personas que presentaban huellas de tortura y estaban atadas de pies y manos.
Baja California
En Tijuana, dos mujeres jóvenes fueron muertas a tiros en un camino vecinal del vaso de La Presa Abelardo L. Rodríguez. Ambas presentaban huellas de tortura. Asimismo, el policía municipal Gustavo Salas Reyes fue asesinado en el bar Siete de Copas, en la delegación de La Mesa, por sujetos que lo atacaron con pistolas calibres 9 y 40 milímetros. En Playas de Rosarito, las autoridades reportaron tres personas asesinadas con arma de fuego, una parcialmente calcinada, en un camino vecinal del Corredor 2000.
Sinaloa
Policías de Culiacán localizaron en el interior de un vehículo el cadáver de José Luis Martínez Sainz, quien fue asesinado con disparos de fusil AK-47. Personal del operativo conjunto Culiacán-Navolato, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, aseguraron 28 mil dólares y aprehendieron a 14 presuntos delincuentes. La vocería del operativo informó además que durante el viernes y sábado de la semana pasada se decomisaron 18.7 kilos de cocaína, 11 porciones de cristal, seis armas de fuego, 140 cartuchos y cinco vehículos automotores, uno de ellos blindado, se dijo.
Guerrero
Gregorio Victoriano Gómez, policía municipal de Chilpancingo, fue levantado (secuestro sin fines de rescate) la noche del viernes por un comando fuertemente armado y hasta ahora se desconoce su paradero.
Sonora
La Secretaría de la Defensa Nacional informó del decomiso de dos aeronaves utilizadas para transportar droga a la frontera con Estados Unidos. La primera avioneta, una Cessna 206, fue localizada en el municipio de Bacanuchi, la cual transportaba 500 kilogramos de mariguana. En otra operación, en el municipio de Imuris, los militares decomisaron otra aeronave con las características de la anterior, la cual llevaba 700 kilogramos de la misma yerba.
Colima
En Manzanillo, personal de la Agencia Federal de Investigación detuvo a Jesús Ernesto de los Santos Benítez, quien transportaba cuatro armas de fuego y 560 cartuchos útiles de diferentes calibres, informó la delegación de la Procuraduría General de la República.
(Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Antonio Heras, Javier Valdez, Sergio Ocampo, Ulises Gutiérrez y Notimex)
(La Jornada, 9 de junio de 2008)
martes, 3 de junio de 2008
Repudian fallo del IVAI sobre caso Ascensión
A. T. Morales, corresponsal
Jalapa, Ver. La Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) calificó de insuficiente y limitada la resolución del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) que la semana pasada ordenó a la procuraduría de justicia del estado entregar parte del expediente judicial sobre la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, en 2007.
Julio Atenco, líder de la agrupación, acusó al instituto de convertirse en cómplice de los gobiernos federal y estatal, los cuales “negociaron políticamente no sólo cerrar el caso, sino bloquear todo intento ciudadano para acceder a los documentos del mismo”.
La entrega parcial del expediente, acotó, excluye los datos personales de la anciana nahua e información sobre los peritajes que acreditarían un fallecimiento por homicidio y no por muerte natural.
En nombre de los grupos integrantes de la CROIZ, Atenco repudió la decisión de los consejeros del IVAI, Álvaro de Gasperín, María del Carmen Martí Capitanachi y Rafaela López Salas, que permitió a la procuraduría clasificar en reserva parte de la investigación ministerial sobre el caso Ascensión.
Igual que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luís Soberanes, dijo, ahora los tres integrantes del IVAI se confabularon con el gobernador Fidel Herrera para evitar que la ciudadanía conozca los detalles de la investigación y mantener en “secreto oficial” el caso.
Adelantó que en coordinación con el Centro de Servicios Municipales se analiza interponer un amparo contra el resolutivo IVAI-REV/22/2008/1, que faculta a la procuraduría veracruzana para mantener en calidad de información reservada datos esenciales de la investigación judicial sobre la muerte de la anciana de 73 años, originaria de la comunidad nahua Tetlatzinga.
(La Jornada, 3 de junio de 2008)
domingo, 18 de mayo de 2008
Plagian y asesinan a delegado de Profeco
18 Mayo 2008
Actualizado: 12:08 AM hora de Cd. Juárez
Armando Rodríguez
El Diario
El delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Carlos Froylán Camacho Alcázar, de 54 años de edad, fue asesinado junto con otras dos personas cuyos cuerpos fueron localizados en un vehículo abandonado en la colonia Melchor Ocampo.
Las víctimas fueron privadas de la libertad el viernes por la noche en un conjunto de departamentos que se localiza en la colonia Las Palmas, por un comando armado con los rostros cubiertos y vestidos con uniformes similares a los del Ejército Mexicano, dijeron familiares del funcionario federal.
El cadáver de Camacho Alcázar fue localizado la mañana del sábado en el interior de la cajuela de un auto, junto con otro cuerpo.
El rostro del delegado estatal de la Profeco presentó múltiples golpes y murió de asfixia por estrangulamiento, informó la Subprocuraduría estatal.
Los otros dos hombres asesinados continúan sin ser identificados y hasta el cierre de la presente edición no se habían dado a conocer las causas de sus muertes.
De acuerdo con Javier Eduardo Camacho Alcázar, hermano de la víctima, el “levantón” ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del viernes en un conjunto habitacional que se localiza en el número 639 de la calle General Monterde.
Agregó que su hermano realizaba una llamada telefónica a su pareja sentimental cuando repentinamente escuchó que varios hombres encapuchados que portaban armas largas golpearon las puertas de los departamentos que son de su propiedad.
Me parece que están aquí los del Ejército y están golpeando las puertas, déjame bajar a ver qué quieren”, le dijo el titular de la Profeco a su novia.
El comando, que había llegado en dos camionetas tipo Suburban color negro y sin placas, revisó los departamentos y causó destrozos en su interior.
“Eran seis hombres encapuchados de los cuales cuatro ingresaron a los departamentos y dos se quedaron en el exterior”, indicó Javier Eduardo.
Mencionó que fueron a solicitar información a las instalaciones militares, Procuraduría General de la República y a la Subprocuraduría estatal, así como Seguridad Pública y la Cipol, pero en ninguna de ellas les dieron información del delegado de la Profeco.
En el estacionamiento del complejo de departamentos se encontraban varios vehículos de lujo, pero ninguno de ellos fue asegurado o retirado por los hombres encapuchados, según se informó.
Más tarde, las autoridades municipales localizaron un auto abandonado marca Dodge tipo Dinasty, de color blanco, modelo 1992, donde estaban los cadáveres de tres hombres y uno de ellos resultó ser Camacho Alcázar.
El cuerpo del ex diputado federal, con las manos esposadas y los pies atados, se encontraba junto con otro hombre en el interior de la cajuela.
Una tercera víctima se halló sobre el asiento trasero del vehículo, tapado con una cobija rayada y de diferentes colores.
La persona que estaba junto con Camacho Alcázar es de aproximadamente 30 años de edad, tez morena, cabello corto, barba de candado, con un tatuaje de un payaso en el brazo derecho. Se encontraba amordazado y con las manos esposadas a la espalda.
El vehículo fue abandonado en el cruce de calles Francisco Zarco y Efrén Ornelas, en la colonia Melchor Ocampo.
“Lamentamos y reprobamos profundamente lo que pasó, hemos estado en contacto permanente con la familia de Camacho Alcázar desde las tres de la mañana”, dijo Arturo Proal de la Isla, representante interino del gobernador en Ciudad Juárez y titular de la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Agregó que el área jurídica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado será la que determine si el homicidio del funcionario federal debe ser investigado por la Procuraduría General de la República.
Su carrera en la función pública— Carlos Froylán Guadalupe Camacho Alcázar fue miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN) desde 1986 y bajo esa militancia desempeñó diversos cargos públicos por designación y elección entre los que se encuentra un curul en la Cámara de Diputados y la delegación estatal de la Profeco que ocupó hasta su muerte.
Nacido el 7 de mayo de 1954 en Ciudad Juárez Chihuahua, era divorciado y padre de 4 hijos, Alejandra, de 24 años, Carlos de 21 y los gemelos Daniel y Andrés de 12 años.
Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM) en 1976, se desempeñó en diversos cargos dentro del sector bancario hasta 1993 cuando ingresa a laborar como defensor de oficio en el Departamento de Averiguaciones Previas y en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Ese mismo año sería designado como abogado de la Dirección Jurídica del Municipio de Juárez y posteriormente presentaría su solicitud para aspirar a una regiduría en 1995.
En 1997, Carlos Camacho fue designado candidato del PAN a diputado federal y posteriormente sería electo por mayoría para el periodo 1997-2000.
Al concluir su gestión legislativa fungió como subadministrador de la Zona Norte-Centro de la Administración General del Destino de los Bienes del Comercio Exterior propiedad del fisco federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el periodo de agosto de 2001 a marzo de 2002.
A partir de ese último año a la fecha ocuparía la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de Chihuahua durante el sexenio de Vicente Fox y lo que va de la gestión de Felipe Calderón.
(Armando Rodríguez/ Juan de Dios Olivas/El Diario)
(El Diario, 18 de mayo de 2008)
