Jorge Luis Sierra
El gobierno debe estudiar y entender cabalmente las implicaciones y significados del secuestro, tortura y ejecución del general Mauro Enrique Tello Quiñónez y sus acompañantes.
Esta es una señal de que los generales mexicanos que ocupan puestos municipales, estatales o federales de seguridad pública se han convertido en el blanco principal de los ataques de la delincuencia organizada, y en el foco de una estrategia criminal para producir terror y desmoralización en las filas del Ejército.
Antes veíamos a civiles indefensos que eran ejecutados apenas tomaban su cargo como secretarios de Seguridad Pública, ahora vemos a generales inermes víctimas de atentados.
Las características del crimen obligan a considerar la posibilidad de que el grupo ejecutor tuviera información precisa sobre el itinerario del general Tello, lo que supone la intervención de sus comunicaciones o una penetración exitosa de su primer círculo de colaboradores. También supone un factor de inseguridad más: el gobierno distribuye a mandos militares en las plazas críticas del narco, pero no parece brindarles el nivel de protección que necesitan.
El general Tello apenas se había retirado del Ejército para empezar a servir de inmediato en las filas de la policía municipal de Cancún, Quintana Roo. Lo mismo sucede con un conjunto de mandos castrenses que está solicitando licencia o pasando a retiro para reemplazar a civiles en cargos de seguridad pública.
En la medida en que este reemplazo está coordinado por el alto mando de la Sedana, los generales que toman posiciones en la seguridad pública de estados o municipios siguen bajo la cadena de mando militar, participan de una estrategia castrense unificada, pero no gozan de las mismas condiciones de seguridad. Al salir de su ámbito normal de operaciones, pierden la protección que les ofrece la disciplina y organización militar y entran en los medios policiales donde los sistemas de contrainteligencia son casi inexistentes y la vulnerablidad es extrema.
La muerte del general Tello ha puesto en duda el éxito de la Sedena para blindar contra la infiltración del narcotráfico a las estructuras policiales de Aguascalientes, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Baja California, Oaxaca y Chihuahua que dirigen por lo menos seis generales y dos jefes militares.
A diferencia del Ejército Popular Revolucionario que intentó varias veces emboscar a los generales comandantes de las zonas militares en Guerrero y Oaxaca, el narcotráfico evita al máximo el enfrentamiento directo con las tropas y espera que los soldados salgan de los cuarteles, cambien de uniforme y entren solitarios a una zona de riesgo controlada por las organizaciones criminales.
Sin embargo, más allá de ese riesgo que de por sí libra cualquier policía o militar que lucha contra el narcotráfico, la ejecución del general Tello también puede interpretarse como parte de una serie de provocaciones contra el Ejército, que incluyen el asesinato y la decapitación de soldados, el intento de sembrar el miedo en el medio militar y la estrategia de producir una respuesta dura de los mandos castrenses.
La delincuencia organizada parece estar dispuesta a aceptar el costo de una contraofensiva militar a cambio de acelerar el desgaste, ya sea por corrupción, el asesinato o simplemente desmoralización, del último recurso de fuerza con el que cuenta el Estado mexicano.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en seguridad y fuerzas armadas
(El Universal, 7 de febrero de 2009)
sábado, 7 de febrero de 2009
Generales inermes
miércoles, 12 de septiembre de 2007
México frágil
Miguel Ángel Granados Chapa
12 Sep. 07
El ataque del Ejército Popular Revolucionario a ductos de Pemex, donde colocó a las dos de la mañana del lunes 12 cargas explosivas, de las que sólo una falló, fue un alarde para mostrar capacidad de fuego y organización y despliegue de efectivos por doquier
En un lapso tan breve como seis horas, nuestro país vivió acontecimientos que muestran su fragilidad, derivada de la incompetencia gubernamental para hacer cumplir la ley, ineptitud aprovechada por núcleos sociales tan diversos como empresarios y terroristas que desafían de distinto modo y con diferentes fines a una autoridad cuando no impasible, corrupta.
El domingo, cerca de Monclova, un camión cargado con 25 toneladas de nitrato de amonio chocó contra una camioneta y poco después estalló su contenido en una explosión que mató a 28 personas y causó lesiones a más de 200. No fue en sentido estricto un accidente, regido por el azar, pues si bien la colisión entre los dos vehículos fue un acontecimiento fortuito, su principal consecuencia pudo haberse evitado. Eso es lo que impide hablar de sólo un accidente.
El camión, de la empresa transportadora Fletes y Traspaleos, salió de la planta de la compañía de productos químicos Orica en Cuatrociénegas rumbo a Colima. Según indicios, la operación contravenía los ordenamientos que norman el transporte de sustancias explosivas, que deben ser tratadas con gran delicadeza por razones de seguridad pública y de seguridad nacional. Los tripulantes deberían contar con adiestramiento para el manejo de la sustancia en circunstancias normales y en situaciones de emergencia. Y, sin embargo, tan pronto se produjo el choque, huyeron sin alertar en la forma prescrita (que incluye llamar al Sistema Nacional de Emergencias) sobre el riesgo inminente del estallido. Ellos se salvaron, pero no así cientos de personas que llegaron de inmediato a prestar auxilio o a informar sobre el percance, muchas de las cuales murieron o quedaron heridas. El vehículo viajaba a su suerte, sin unidades de acompañamiento, en previsión de sucesos como el ocurrido o el riesgo potencialmente más peligroso aun de ser asaltado para hacerse del cargamento, ya sea con fines mercantiles o políticos. Ni la Policía Federal Preventiva ni el Ejército federal, que tienen responsabilidades respecto de la seguridad del tránsito y del trasiego de explosivos, estaban al tanto de ese viaje, que debió realizarse con aviso a dichas autoridades.
El diario Reforma puntualiza que si bien el nitrato de amonio se utiliza de manera lícita en la industria minera y de la construcción, es también apetecido por delincuentes peligrosísimos como los que con ese material hicieron estallar el edificio federal de Oklahoma en Estados Unidos, en 1995, que causó la muerte de 137 personas. Informa, asimismo, que el Ejército Popular Revolucionario lo ha utilizado en algunas de sus incursiones.
Quizá lo hizo de nuevo horas después. A las dos de la mañana del lunes se inició en seis puntos del estado de Veracruz y uno más en Tlaxcala un ataque contra ductos de Pemex, que provocaron incendios en la cercanía de cuatro poblados y obligaron a cerrar el suministro de gas natural a más de mil instalaciones industriales en nueve entidades de la República, muchas de las cuales han tenido que suspender sus propias operaciones por la falta de ese energético.
La operación destructora, reconocida de inmediato por Pemex como un acto premeditado, se asemejó mucho a la ocurrida en julio pasado en Guanajuato y Querétaro, que también causó estragos no sólo a las instalaciones de la empresa petrolera, sino a su clientela en diversos estados. Ocurrieron en la madrugada, con la obvia intención de no causar víctimas sino destrozos materiales, tanto directa como indirectamente. Por ignorancia o por sigilo, ni Pemex ni la Procuraduría General de la República reconocieron aquella vez que se trataba de atentados. Sólo aceptaron que eso era cuando el 10 de julio -justamente dos meses antes de los estallidos veracruzanos- el EPR las caracterizó como "acciones quirúrgicas de hostigamiento", destinadas a forzar la presentación de dos de sus dirigentes, detenidos el 25 de mayo en Oaxaca y de los que no ha vuelto a saberse más. La guerrilla anunció que no cesaría su campaña político-militar hasta la aparición de los desaparecidos.
Por impericia o por negligencia, las autoridades no asumieron la calidad de esa amenaza, que se consumó el lunes a primera hora. En mucho mayor medida que en julio, esta vez, el ataque fue al mismo tiempo un alarde de poder y exactitud. El EPR se adjudicó ayer al mediodía la operación y al describirla hizo gala de su conocimiento del mapa estratégico de Pemex y exhibió su vulnerabilidad: "Unidades militares pertenecientes a nuestro ejército colocaron 12 cargas explosivas en igual número de ductos de Pemex en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Olmeaca, Mendoza, Cumbres de Maltrata en Veracruz y en Cuapiaxtla, Tlaxcala, de las cuales la colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo Tepa-Cadereyta (en La Antigua) no se activó. Todas fueron activadas simultáneamente a las 2:00 horas del día 10 del presente mes".
Ha quedado interrumpido el suministro de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, que lo utiliza para generar fluido eléctrico y a más de mil empresas, entre ellas la planta Volkswagen en Puebla (como ocurrió en julio a Nissan en Aguascalientes), y acaso la suspensión del servicio se prolongue hasta el fin de esta semana. Esos efectos parecen no haber sido ignorados por los atacantes, sino al contrario contar en su estrategia.
La fragilidad de México, en esos casos al menos, deriva de causas diversas, pero la constante es la incapacidad gubernamental de ser eficaz lícitamente.
Cajón de Sastre
Andrés Manuel López Obrador había estado en la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005 para defenderse del desafuero que finalmente se decretó allí como parte de la maniobra, a la postre fallida, mediante la cual Vicente Fox quiso impedirle ser candidato a la Presidencia de la República, maniobra que sin embargo fue a la larga exitosa porque el jefe del Gobierno de la Ciudad de México no se convirtió en titular del Poder Ejecutivo. Ayer tornó a San Lázaro, ahora en su calidad de voz principal de la oposición, líder de los legisladores agrupados en los partidos que sostuvieron su candidatura. Presentó un proyecto de legislación fiscal y arengó a los diputados a impedir la aprobación de impuestos lesivos para la gente. Le sienta bien el aire parlamentario. Por eso debería ser en 2009 candidato a diputado, para impulsar como hizo el año pasado la votación para su partido y sus aliados. Sin ese aliciente, la presencia electoral del PRD decaerá casi automáticamente. Quizá no debería desdeñar esa posibilidad.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
(El Norte.com, 12 de septiembre de 2007)
