LA REDACCIóN
México, D.F., 30 de junio (apro).- Seis personas han sido asesinadas en distintos puntos de Chihuahua, entre ellas un militar. Como parte de las agresiones del crimen organizado, dos víctimas más fueron heridas con arma de fuego.
Felipe Rafael González Ruiz, soldado de infantería perteneciente al 76 Batallón, fue muerto a golpes y abandonado en la ciudad de Parral.
La víctima, de 27 años de edad, sufrió una herida en el cráneo y fue golpeado en todo el cuerpo.
De acuerdo con la versión del sistema 060, habría sido ultimado el pasado domingo, aunque fue reportado por testigos hasta este lunes.
El cuerpo fue hallado en el camino de terracería que comunica a El Parral con Villa Escobedo.
Horas antes, Francisco Hernández González, de 45 años, fue ejecutado a balazos el cruce de las calles Amapola y general Gilberto Silveyra, en Ciudad Juárez.
Un comando a bordo de una camioneta color verde abrió fuego contra la víctima, matándola en el instante. Griselda Varela, una transeúnte que pasaba por el lugar, fue herida en uno de los tobillos y trasladada al Hospital General de Zona 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En otro caso, minutos antes de las diez de la noche un joven de aproximadamente 25 años de edad fue acribillado y muerto en la intersección de las calles las calles Violetas y Azucenas, también en Ciudad Juárez.
Sufrió tres impactos de bala en el tórax. Vestía una camiseta blanca y pantalón de mezclilla. Aún no es identificado.
A las diez de la noche, un hombre sufrió 20 disparos en el cuerpo. Fue trasladado a la delegación Salvárcar de la Cruz Roja, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.
Aproximadamente quince minutos después, testigos reportaron a un hombre muerto a bordo de una camioneta modelo Blazer 1994.
El cadáver, con perforaciones de bala, fue abandonado en las inmediaciones de la plaza Búfalo.
Antes de las once de la noche, dos adolescentes fueron baleados en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Luis Escobar, en la colonia Morelos.
Uno de ellos murió al instante, y el segundo, identificado como Julio César Matus Valdez, de 14 años, convalece en un hospital local.
(Con información de El Diario, El Ágora y Puente Libre)
(Proceso, 30 de junio de 2009)
martes, 30 de junio de 2009
Matan a golpes a militar en Chihuahua; 5 ultimados en Juárez
viernes, 3 de abril de 2009
Ciudadanos denuncian abusos del Ejército en Chihuahua
Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes revelaron que, supuestamente, militares revisan en partes íntimas am ujeres con el pretexto de que podrían esconder drogas
Luis Carlos Cano/corresponsal
El Universal
Ciudad Juárez, Chih. Viernes 03 de abril de 2009
17:26 Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) denunciaron que la noche del jueves elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional entraron al campus universitario donde se encuentran el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).
Por otro lado, activistas sociales de todo el estado de Chihuahua formaron el llamado Observatorio Ciudadano para vigilar el Operativo Conjunto Chihuahua y Juárez, a la vez que denunciaron que se están dando agresiones contra las mujeres por parte de soldados y PFP, ya que revisan a las señoras que van por sus hijos a las escuelas, les tocan pechos y otras partes íntimas con el pretexto de que esconden droga.
Esto fue corroborado por Gustavo de la Rosa Hickerson , Primer Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien dio a conocer que fue testigo directo de un caso de este tipo y que los soldados le dijeron que esa era la orden que tenían.
Cipriano Jurado, activista de los Derechos Humanos dijo que testigos y estudiantes vieron al personal del Ejército dar dos vueltas por el campus cerca de la macro aula II del IADA, sitio donde el jueves en la mañana se llevo a cabo el Foro, Militarización: ¿política de seguridad o de miedo?
"Esto se trata de una flagrante violación a la autonomía universitaria, ya que el ejército se encuentra en nuestra ciudad de manera ilegal y su actuación en la supuesta guerra contra el crimen, no ha sido clara y mucho menos provechosa, además de verse implicado en múltiples secuestros y casos de tortura, según reportes de la CEDH".
Pidieron al rector de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra pronunciarse enérgicamente en contra de este atropello que tiene claras intenciones de amedrentar a la población universitaria para que se imponga el miedo y se terminé avalando el estado de excepción que ya padecemos. Así mismo toda la comunidad universitaria debe rechazar estas acciones del ejército y sumarse a la campaña de desmilitarización del estado.
Por otro lado, en conferencia de prensa el diputado local Víctor Quintana Silveyra; el visitador para Proyectos Especiales y Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson y el ex diputado Jaime García Chávez, entre otros, dieron a conocer que por la alta incidencia de casos de violación a derechos humanos de los ciudadanos por parte de elementos federales y del Ejército que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua, crearon el Observatorio Ciudadano para dar seguimiento a todo lo que tenga que ver con las acciones policiales extraordinarias que se llevan a cabo en el estado.
Exigen que "las autoridades establezcan una hoja de ruta que registre plazos y formas para que el Ejército regrese a sus cuarteles en el plazo de seis meses que dio el comandante de la Quinta Zona Militar en el estado de Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia, una vez que se cumplan los objetivos planteados con la presencia militar y de las fuerzas federales encaminadas a combatir la violencia atípica, plazo que vence el próximo 31 de agosto".
Por su parte, la activista Patricia Mendoza, denunció que se ha venido dando la tendencia en los retenes militares y policíacos de someter a madres de familia elegidas supuestamente al azar, a revisiones físicas que incluyen tocamientos en sus zonas íntimas, a la vista de todos en plena vía pública, lo cual constituye una violación a sus derechos humanos.
Esto se da bajo el argumento de que se ha sorprendido a mujeres portando droga en el busto y la entrepierna, situación que ha derivado en la presentación de 35 quejas formales, por lo cual pidió que se denuncien este tipo de situaciones a fin de poner freno a esta práctica.
Una de las escuelas donde han realizado este tipo de operativos a la salida de alumnos es la Primaria José Torres Bodet, en la colonia Pradera Dorada, entre otras.
El visitador de la CEDH, Gustavo de la Rosa Hickerson dio a conocer que el pasado 19 de marzo levantó un acta circunstanciada a las 12:15 horas del día, haciendo constar que mientras transitaba por la Ave.
Gómez Morín vio un retén policiaco y se dio cuenta que una persona con uniforme azul y chaleco amarillo tiene detenida a una mujer joven, delgada, unos 30 años y 1.70 de estatura la cual tiene las manos pegadas al techo de su vehículo y la persona de uniforme la está revisando corporalmente tocándole el busto, las caderas, las piernas hasta los tobillos y después al no encontrar ningún elemento delictivo en ella, le permiten retirarse.
Agrega que la mujer que había sido revisada se retira conduciendo su camioneta marca Honda de modelo aproximado 2004-2005 que es un vehiculo evidentemente familiar, la mujer va llorando y cuando le pido que se detenga me contesta negativamente con la cabeza.
En ese momento se acerca un vehículo azul marca Toyota de modelo aproximado1995 conducido por una mujer de 35 años de edad de aproximadamente 1.60 de estatura la cual es bajada de la unidad y nuevamente la agente comisionada vuelve a revisarla corporalmente poniendo especial atención en el busto de la mujer revisada.
"Vuelvo a protestar por el proceder de la Agente ante el Comandante quien dice llamarse José Castillo, insistiendo yo en que solo pueden revisar corporalmente a aquella mujer que previamente hayan detenido en flagrancia y contestándome que ellos tienen instrucciones de revisarlas para buscar que no traigan armas o droga en su cuerpo aunque no se tenga ninguna evidencia previa y que la agente pone especial atención en el busto por que las mujeres ponen la droga en el brasier, en las pantaletas e incluso en la vagina".
cgb
(El Universal, 3 de abril de 2009)
jueves, 27 de noviembre de 2008
Denuncian secuestros y detenciones ilegales
Reclama PRD en Sedena.
El Mexicano
27 de noviembre de 2008
Adrián Sánchez / El Mexicano
Ciudad Juárez, Chihuahua.-El presidente del Partido de de la Revolución Democrática (PRD), dijo que en el interior de la guarnición militar tienen detenidas e incomunicadas a más de 13 personas por varios días, lo que se convierte en un vil secuestro, y viola la Constitución de los Derechos Humanos.
Declaró Alfredo Ramírez durante la manifestación que se llevó acabo en las afueras de la guarnición militar durante la tarde de ayer, a las 17:00 horas, donde unas treinta personas con banderas del partido (PRD), cartelones y gritando consignas, manifestaron su inconformidad en contra de las acciones del Ejército Mexicano.
Ya que hasta las instalaciones del partido, han acudido varias familias a hacer denuncias, acerca de que los elementos castrenses, llegan a sus domicilios y sin ninguna orden de cateo, se internan a los domicilios en busca de algo ilegal.
Haciendo un total desorden, y a pesar de que no encuentran nada ilegal, se llevan a alguna persona detenida, para trasladarla hasta la guarnición militar, comentó el presidente del (PRD).
Y que a pesar de que tienen un amparo y han hecho las denuncias correspondientes ante los derechos humanos a nivel estatal y nacional, se les ha dicho en contra de las fuerzas castrenses mexicanas, no se puede hacer nada, dijo Alfredo Ramírez.
"Nosotros no estamos en contra de las labores que vienen a hacer a la ciudad, sólo queremos que lo hagan con el debido apego a la ley", Aclaró Ramírez.
"A tan sólo cien días del programa México seguro del presidente Felipe Calderón, lo único que hemos visto en la ciudad a sido, Secuestros, robos, ejecuciones, incendios intencionales, cuotas y extorsiones", dijo el secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Luis Ernesto Lozano, quien también participó en la el acto de presencia que hicieron los militantes del Partido de la Revolución Democrática.
Después de permanecer cerca de 40 minutos manifestándose frente a la entrada de la guarnición militar ubicada en la calle Barranco Azul, los militantes del PRD se retiraron del lugar.
(El Mexicano, 27 de noviembre de 2008)
domingo, 18 de mayo de 2008
Plagian y asesinan a delegado de Profeco
18 Mayo 2008
Actualizado: 12:08 AM hora de Cd. Juárez
Armando Rodríguez
El Diario
El delegado estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Carlos Froylán Camacho Alcázar, de 54 años de edad, fue asesinado junto con otras dos personas cuyos cuerpos fueron localizados en un vehículo abandonado en la colonia Melchor Ocampo.
Las víctimas fueron privadas de la libertad el viernes por la noche en un conjunto de departamentos que se localiza en la colonia Las Palmas, por un comando armado con los rostros cubiertos y vestidos con uniformes similares a los del Ejército Mexicano, dijeron familiares del funcionario federal.
El cadáver de Camacho Alcázar fue localizado la mañana del sábado en el interior de la cajuela de un auto, junto con otro cuerpo.
El rostro del delegado estatal de la Profeco presentó múltiples golpes y murió de asfixia por estrangulamiento, informó la Subprocuraduría estatal.
Los otros dos hombres asesinados continúan sin ser identificados y hasta el cierre de la presente edición no se habían dado a conocer las causas de sus muertes.
De acuerdo con Javier Eduardo Camacho Alcázar, hermano de la víctima, el “levantón” ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del viernes en un conjunto habitacional que se localiza en el número 639 de la calle General Monterde.
Agregó que su hermano realizaba una llamada telefónica a su pareja sentimental cuando repentinamente escuchó que varios hombres encapuchados que portaban armas largas golpearon las puertas de los departamentos que son de su propiedad.
Me parece que están aquí los del Ejército y están golpeando las puertas, déjame bajar a ver qué quieren”, le dijo el titular de la Profeco a su novia.
El comando, que había llegado en dos camionetas tipo Suburban color negro y sin placas, revisó los departamentos y causó destrozos en su interior.
“Eran seis hombres encapuchados de los cuales cuatro ingresaron a los departamentos y dos se quedaron en el exterior”, indicó Javier Eduardo.
Mencionó que fueron a solicitar información a las instalaciones militares, Procuraduría General de la República y a la Subprocuraduría estatal, así como Seguridad Pública y la Cipol, pero en ninguna de ellas les dieron información del delegado de la Profeco.
En el estacionamiento del complejo de departamentos se encontraban varios vehículos de lujo, pero ninguno de ellos fue asegurado o retirado por los hombres encapuchados, según se informó.
Más tarde, las autoridades municipales localizaron un auto abandonado marca Dodge tipo Dinasty, de color blanco, modelo 1992, donde estaban los cadáveres de tres hombres y uno de ellos resultó ser Camacho Alcázar.
El cuerpo del ex diputado federal, con las manos esposadas y los pies atados, se encontraba junto con otro hombre en el interior de la cajuela.
Una tercera víctima se halló sobre el asiento trasero del vehículo, tapado con una cobija rayada y de diferentes colores.
La persona que estaba junto con Camacho Alcázar es de aproximadamente 30 años de edad, tez morena, cabello corto, barba de candado, con un tatuaje de un payaso en el brazo derecho. Se encontraba amordazado y con las manos esposadas a la espalda.
El vehículo fue abandonado en el cruce de calles Francisco Zarco y Efrén Ornelas, en la colonia Melchor Ocampo.
“Lamentamos y reprobamos profundamente lo que pasó, hemos estado en contacto permanente con la familia de Camacho Alcázar desde las tres de la mañana”, dijo Arturo Proal de la Isla, representante interino del gobernador en Ciudad Juárez y titular de la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Agregó que el área jurídica de la Procuraduría General de Justicia en el Estado será la que determine si el homicidio del funcionario federal debe ser investigado por la Procuraduría General de la República.
Su carrera en la función pública— Carlos Froylán Guadalupe Camacho Alcázar fue miembro activo del Partido Acción Nacional (PAN) desde 1986 y bajo esa militancia desempeñó diversos cargos públicos por designación y elección entre los que se encuentra un curul en la Cámara de Diputados y la delegación estatal de la Profeco que ocupó hasta su muerte.
Nacido el 7 de mayo de 1954 en Ciudad Juárez Chihuahua, era divorciado y padre de 4 hijos, Alejandra, de 24 años, Carlos de 21 y los gemelos Daniel y Andrés de 12 años.
Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM) en 1976, se desempeñó en diversos cargos dentro del sector bancario hasta 1993 cuando ingresa a laborar como defensor de oficio en el Departamento de Averiguaciones Previas y en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Ese mismo año sería designado como abogado de la Dirección Jurídica del Municipio de Juárez y posteriormente presentaría su solicitud para aspirar a una regiduría en 1995.
En 1997, Carlos Camacho fue designado candidato del PAN a diputado federal y posteriormente sería electo por mayoría para el periodo 1997-2000.
Al concluir su gestión legislativa fungió como subadministrador de la Zona Norte-Centro de la Administración General del Destino de los Bienes del Comercio Exterior propiedad del fisco federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el periodo de agosto de 2001 a marzo de 2002.
A partir de ese último año a la fecha ocuparía la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de Chihuahua durante el sexenio de Vicente Fox y lo que va de la gestión de Felipe Calderón.
(Armando Rodríguez/ Juan de Dios Olivas/El Diario)
(El Diario, 18 de mayo de 2008)
Reclama justicia familia de Carlos Froylán Camacho
18 Mayo 2008
Actualizado: 12:07 AM hora de Cd. Juárez
Juan de Dios Olivas
El Diario
Una vez que Carlos Camacho fuera ‘levantado’ por un comando armado y encontrado su cadáver en la cajuela de un vehículo, la familia del funcionario federal exigió justicia a las autoridades.
“Son fregaderas lo que le hicieron, ¿qué están haciendo?, mi hermano era una persona recta, una persona de trabajo, dijo Javier Eduardo Camacho al salir del anfiteatro de la UACJ donde identificó a su familiar. Negó que Carlos Froylán tuviera enemigos o problemas que hayan devenido en su asesinato.
Rigoberto Camacho, otro hermano del titular de la Profeco, secundó a Javier Eduardo en el sentido de exigir a las autoridades el esclarecimiento del crimen.
“Queremos justicia, que se esclarezca esta situación y se respete a mi hermano, era un hombre público, transparente. No recibió amenazas, nunca traía guaruras ni nada porque era un hombre limpio”, refirió.
Indicó que el Gobierno del Estado les ofreció su apoyo y ya empezó a investigar el caso.
“Ustedes conocen a Carlos, defendía a la gente y aplicaba la justicia que tenía que impartir, por ahí debe haber enemigos, sospechosos. Estamos destrozados, era un buen hermano, es una desgracia para sus hijos, pero lo vamos a superar”, añadió.
Con él coincidió Samuel Sosa, coordinador de Verificación de la Profeco.
“No había enemigos, no creo que a algún proveedor se le afectara tanto (como) para recurrir a esto. Son situaciones distintas”, dijo.
Por la mañana, en los momentos en que las autoridades descubrían el cadáver del titular de Profeco y otros dos cuerpos, sin saberlo aún, su novia Patricia Fernández y su hermana Martha recibieron a los medios de comunicación en el domicilio de Camacho Alcázar, en el número 639 de la calle General Monterde y exigieron públicamente a los captores compasión y que lo liberaran.
Patricia indicó que cuando ocurrieron los hechos, ella estaba platicando por teléfono con Camacho Alcázar y fue ahí cuando se percató que hombres armados intentaban ingresar al conjunto de departamentos donde habitaba.
“Nada más me dijo exactamente que habían llegado los soldados, que él los había visto por la ventana del baño. Yo creo que escuchó ruido, entonces me dijo que le hablara por teléfono a su casa, le marqué y me dijo que le querían tumbar la puerta, dejó el teléfono y bajó para abrir”, narró.
Señaló que intentó comunicarse nuevamente con Carlos y al no encontrar respuesta se dirigió al domicilio, para encontrarlo vacío.
“Le seguí hablando y no me contestó, vine y encontré las puertas abiertas, la televisión prendida”, apuntó.
Ahí le informaron que hombres de aspecto joven, que viajaban en dos camionetas color verde y azul irrumpieron en los departamentos tras rondar la calle Monterde y revisaron los cinco domicilios que se encuentran en el lugar para llevarse a los hombres que encontraron.
“Vi a la señora del número 3 muy angustiada, muy asustada, le pregunté qué había pasado y me dijo que se los llevaron. Se llevaron dos carros que estaban afuera”, refirió. Posteriormente tomó sus cosas y se fue del lugar a toda prisa.
A partir de ahí, la familia de Camacho Alcázar entró en desesperación y se movilizó para buscarlo con la milicia y las autoridades federales y después para formalizar el reporte del hecho.
“Problemas no tenía con nadie, él es una persona muy tranquila que siempre estaba viendo por su gente. No sabemos que pasó, para nosotros es un secuestro. Los vecinos vieron soldados encapuchados, él literalmente dijo soldados. Los vecinos dijeron que no traían placas. Eran dos personas vestidas de civil y cuatro uniformados con capuchas”, refirió Martha, hermana del delegado de la Profeco.
Indicó que evidentemente se trató de una equivocación y pidió a los captores ablandar su corazón.
“Es evidente (que fue equivocación), entraron a varios departamentos y se llevaron a todos los hombres que estaban en su casa, no sólo a mi hermano, se llevaron a cuatro hombres, una pareja, dejaron sólo a la señora”, agregó.
Carlos Camacho fue localizado en la mañana por las autoridades investigadoras y su cuerpo fue reconocido oficialmente después del mediodía por su misma familia que se congregó en el anfiteatro de la UACJ donde se le practicó la necropsia de Ley.
Tras su identificación, el llanto y la consternación se hicieron presentes, incluso entre los empleados de la Profeco que también acudieron al lugar.
(El Diario, 18 de mayo de 2008)
martes, 6 de mayo de 2008
Acusan al Ejército de hacer cateos sin orden judicial
* Gutiérrez Soto dio a conocer su caso en una nota en “El Diario”
Alrededor de medio centenar de soldados que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua en el municipio de Ascensión, en la zona Noroeste del Estado, irrumpieron en la casa del periodista Emilio Gutiérrez
CIUDAD JUÁREZ.- Alrededor de medio centenar de soldados que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua en el municipio de Ascensión, en la zona Noroeste del Estado, irrumpieron en la casa del periodista Emilio Gutiérrez Soto, corresponsal en esa región de “El Diario de Juárez”, cuando estaba durmiendo acompañado de un hijo menor de edad.
De acuerdo a la información que dio a conocer Gutiérrez Soto, los hechos ocurrieron la madrugada de este martes y es insólito porque los militares entraron violentando su vivienda, sin orden de cateo y tanto él como su hijo fueron encañonados con los rifles de asalto para que se levantaran de la cama.
La revisión de los militares en el interior de la casa duró casi una hora, tiempo en el que los soldados, quienes al entrar llevaban los rostros cubiertos con pasamontañas, los mantuvieron amenazados.
Al salir, en lugar de pedir perdón o informar quién pagaría los daños ocasionados, uno de los mandos le dijo que si el periodista sabía de algún ilícito, lo comunicara a la guarnición.
Gutiérrez Soto dio a conocer su caso en una nota en “El Diario”, uno de los principales periódicos del Estado de Chihuahua y El Paso, Texas.
(El Universal)
(Informador.com.mx, 6 de mayo de 2008)
lunes, 21 de abril de 2008
Los delitos aumentan en Ciudad Juárez a pesar de la presencia del Ejército
La ciudad fronteriza tiene 1.6 millones de habitantes y solo 200 policías patrullando.
Reuters
Publicado: 21/04/2008 18:20
Ciudad Juárez, Chih. Tropas del Ejército Mexicano no logran brindar seguridad básica de la ciudad fronteriza de Juárez, lo que pone en duda los beneficios de los operativos militares del presidente Felipe Calderón contra los cárteles de la droga.
Unos 2 mil 500 soldados y policías federales arribaron en marzo pasado a Juárez con armamento pesado y helicópteros para sofocar una ola de asesinatos y enfrentamientos por el control de las rutas de la droga hacia Estados Unidos.
Los militares reemplazaron a la policía en el combate al narcotráfico, al lograr docenas de arrestos y asegurar armas y droga. Sin embargo, los delitos comunes aumentaron descontroladamente.
A su llegada, el Ejército realizó una revisión a las armas de la policía local como parte de una purga de elementos corruptos o vinculados a los cárteles. Algunos policías acusados de corrupción renunciaron.
Actualmente, Juárez tiene a 200 policías municipales patrullando las calles de esta ciudad de 1.6 millones de habitantes, menos de la mitad del número de elementos que tenía antes de la llegada de los militares.
Según habitantes de la ciudad, el número de asaltos bancarios, robos de vehículos y secuestros aumentaron drásticamente en el último mes, toda vez que los delincuentes sacan ventaja de la falta de seguridad.
Asaltos a mano armada afuera de supermercados o en los semáforos son comunes. Un récord de mil 100 automóviles fueron robados en marzo pasado, y la policía indica que bancos y tiendas de conveniencia son asaltadas casi a diario, algunas veces por sujetos con armas de juguete.
Pese a la corrupción de policías, los habitantes aseguran que los agentes contenían los delitos menores en la ciudad, famosa por los centenares de asesinatos de mujeres en la última década que se encuentran sin resolver.
“La inseguridad nunca ha sido como hoy. La policía dejó de vigilar la ciudad. ¿Para qué llamarles si te pasa algo, si alguien te roba?”, cuestiona Luis Márquez, un vendedor a quien le fue robado su automóvil.
Para Héctor Padilla, experto en seguridad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la presencia del Ejército no necesariamente ha traído confianza y tranquilidad a la población, y la paciencia de la gente tiene límites.
(La Jornada, 21 de abril de 2008)
jueves, 10 de abril de 2008
Irrumpe el Ejército en el entierro de un narco en Chihuahua y detiene a 30 personas
De los corresponsales
Soldados comisionados al Operativo Conjunto Chihuahua irrrumpieron en el cementerio municipal de Villa Ahumada, donde se sepultaba a uno de los seis presuntos narcotraficantes que murieron en la balacera ocurrida el sábado en la ciudad de Parral, y detuvieron a por lo menos 30 personas.
Familias, amigos y conocidos de Gerardo Gallegos Rodela, así como personas armadas que los resguardaban, fueron arrestados en un operativo en el que se utilizaron dos helicópteros, tanquetas y camionetas. A los niños los separaron y los trasladaron a otra área del cementerio.
Esto sucedió la tarde del martes en el panteón de Villa Ahumada, ubicado en las inmediaciones de la carretera Panamericana, a 120 kilómetros de Ciudad Juárez.
Versiones extraoficiales no confirmadas aseguraron que se suscitó un enfrentamiento a balazos y que entre los detenidos se encuentra el director de la policía de Villa Ahumada, Adrián Barrón, y un hermano y un tío de Gallegos Rodela.
En Tijuana, Baja California, un comando armado atacó la madrugada de este miércoles las instalaciones de una delegación policiaca para intentar rescatar al joven Max Emerson Barrón Mejía, quien horas antes había sido detenido cuando intentaba robar un vehículo.
Los pistoleros dispararon en al menos 300 ocasiones, la mayoría con rifles AK-47, informaron autoridades policiacas. En el trayecto a la delegación de policía de El Centenario, Barrón Mejía habló por teléfono celular para advertir que unos “mugrosos policías” querían quitarle el auto.
Minutos después arribaron al lugar Jesús Alejandro Reséndiz y Alexander Paul Valdez Ortega, policías municipales activos vestidos de civil, para abogar por el detenido y solicitar que lo dejaran en libertad. No obstante, ambos también fueron arrestados.
Ante la negativa, una decena de sujetos armados y encapuchados balearon el inmueble, pero fueron repelidos por policías municipales, según el director de Seguridad Pública, el militar Julián Leyzaola.
La Policía Estatal Investigadora de Sonora informó que en las últimas horas se encontró una osamenta humana en el municipio de Plutarco Elías Calles; el presunto narcotraficante Daniel López Rojas fue asesinado en su domicilio de San Luis Río Colorado, y otro delincuente, de nombre Jesús Valtierra Ordaz, quien había sido levantado el lunes por desconocidos, fue liberado en el municipio de Puerto Peñasco.
Plantón frente a Zona Militar
Unas 5 mil personas marcharon por el malecón de Mazatán, Sinaloa, y se plantaron frente a las instalaciones de la novena Zona Militar, en contra de los presuntos abusos que efectivos del Ejército han cometido en la zona serrana del estado y el asesinato de cuatro jóvenes, a finales de marzo pasado, en Badiraguato.
Los inconformes arribaron a bordo de autobuses de pasajeros provenientes de comunidades alteñas situadas en Culiacán, El Dorado, Badiraguato, San Ignacio, Mocorito y Sinaloa. También participaron habitantes de Tamazula, Durango, y de Chihuahua. Las instalaciones castrenses eran resguardadas por más de 300 soldados.
Versiones extraoficiales indicaron que cada uno habría recibido –de integrantes del cártel de Sinaloa– entre 500 y mil pesos a cambio de asistir a la protesta.
Los manifestantes, que fueron videograbados por personal del Ejército, mostraron pancartas con las leyendas “No más injusticias”, “No más sangre”, “Alto a los abusos”, “Que los militares no se manchen con la sangre del pueblo”, “Que presenten a los militares asesinos de los habitantes pacíficos”. Además, quemaron una piñata con figura de soldado.
Con información de Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Antonio Heras, Ulises Gutiérrez, Irene Sánchez y Javier Valdez.
(La Jornada, 10 de abril de 2008)
jueves, 3 de abril de 2008
ONG reportan vejaciones y abusos en la acción castrense en la frontera
Víctor Ballinas
La Red Todos los Derechos para Todos denunció ayer que en el operativo militar que se realiza desde hace días en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro mujeres policías ministeriales fueron detenidas y trasladadas a instalaciones castrenses, donde dos de ellas “fueron desnudadas delante de soldados y fueron vendadas de los ojos”.
Además, Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, abundó: “Se han recibido denuncias de la población civil por cateos, detenciones ilegales, malos tratos; con ello se corrobora lo que las organizaciones defensoras de derechos humanos señalamos desde un principio, que sacar a los militares a la calle de manera numerosa e intensiva llevaría a que se cometieran graves violaciones a los derechos humanos”.
El presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los derechos Humanos (Limeddh), destacó por su parte que la población en esa ciudad fronteriza reclama el “estado de sitio en que se encuentran” y las constantes y cotidianas violaciones a sus derechos que cometen militares en los retenes y en los puestos de supervisión que han colocado.
A su vez, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en conjunto con el Frente Cívico Sinaloense, realizan labores de observación en Sinaloa para documentar el caso de cuatros personas asesinadas por militares el 28 de marzo pasado, en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos citadas demandaron que el Ejército se “abstenga de seguir investigando los crímenes que cometieron sus elementos destinados a esa región y ponga a los responsables –de los asesinatos– a disposición de la autoridad civil”.
En sus primeras investigaciones, las organizaciones de derechos humanos sostienen que “el 28 de marzo pasado, militares dispararon contra el vehículo en que viajaban Édgar Geovany Araujo Alarcón, de 25 años, Héctor Zenón Medina López, de 28 años, Manuel Medina Araujo, de 25 años, e Irineo Medina Díaz de 50 años, junto con otras dos personas que resultaron heridas. Los indicios apuntan a que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita”.
Por su parte, Cortez consideró “gravísimo que el Ejército se niegue a abrir sus espacios donde tiene detenidos, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que es el órgano depositario del Mecanismo Nacional Contra la Tortura, y el organismo encargado de vigilar que no se violen los derechos humanos. Eso dice que el Ejército genera condiciones para que se violen los derechos humanos”.
Dijo el secretario ejecutivo de la red que “es momento de que el ombudsman nacional exija al presidente Calderón que modifique su política en materia de seguridad, que tiene alto costo en materia de derechos humanos. Si Soberanes piensa recurrir al Senado para denunciar al Ejecutivo, que lo haga, pero tiene que romper esa prohibición. Es inaceptable que al órgano encargado de la defensa de los derechos humanos se le restrinja la entrada a los lugares que debe supervisar”.
(La Jornada, 3 de abril de 2008)
lunes, 3 de marzo de 2008
Elementos del Ejército catean vivienda de regidor panista en Ciudad Juárez
■ El funcionario asegura que ingresaron sin orden de cateo y que no encontraron nada ilegal
Rubén Villalpando (Corresponsal)
Ciudad Juárez, Chih., 2 de marzo. Personal del Ejército Mexicano entró por la fuerza a la casa de Gustavo Muñoz Hepo, empresario, regidor y coordinador de la fracción del PAN en el cabildo local, sin contar con orden de cateo. Los militares argumentaron que tenían una denuncia anónima de que la vivienda era utilizada por el crimen organizado.
Muñoz Hepo, dirigente del PAN en Juárez, informó en una carta que envió a medios locales que la incursión de militares ocurrió a las 4 de la mañana de este domingo, cuando su familia dormía y él estaba en la capital de Chihuahua para participar en la convención en que se renovaría a la dirigencia estatal del blanquiazul.
Señaló que los soldados “exigieron se les permitiera el acceso o usarían un marro de grandes dimensiones para entrar por la fuerza; fueron atendidos por mis hijos y familiares”.
Sostuvo que “la revisión duró alrededor de 15 minutos y se realizó en todas las habitaciones y cuartos de la casa, concluyendo sin mayores contratiempos con la retirada de los militares, quienes presuntamente iban en busca de armas y droga como producto de una denuncia anónima, según argumentaron ellos mismos, sin que encontraran nada.
“Es muy lamentable el estado de indefensión que vivimos los juarenses, el sentimiento de impotencia, terror y abandono que cualquier familia puede vivir en un acto como éste. Afortunadamente la revisión que se hizo terminó bien, sin ningún incidente que lamentar, pero ¿quién puede garantizar que así sea en todos los casos?”, expresó.
El regidor indicó que como resultado de diversos operativos realizados el fin de semana en domicilios particulares de esta localidad, se observa que la ciudadanía “confía plenamente en el Ejército y sus actividades.
“Sin embargo, considero que los ciudadanos de bien debemos estar amparados, más que por la buena fama y prestigio de una institución, por las leyes de este país, y este tipo de operativos se deben reglamentar y supervisar de mejor manera, para salvaguardar los derechos y las garantías de personas inocentes, por lo que en los próximos días acudiremos ante las autoridades militares de la ciudad para solicitar información detallada sobre éstos, así como la forma en que se prevé castigar la comisión de abusos o excesos del personal a cargo de los operativos”, dijo el líder panista en Juárez.
Destacó que “ya vivimos demasiada violencia en las calles de la ciudad para que además tengamos que soportar ahora esta violencia enmascarada en nuestros propios domicilios, y en horas de la madrugada”.
Muñoz Hepo acotó que como representante ciudadano y como dirigente político, aprueba y felicita al Ejército Mexicano por sus resultados en la lucha contra el crimen organizado, pero reprueba y condena enérgicamente la utilización de métodos que violentan y laceran los más elementales derechos individuales, alterando gravemente las ya de por sí alteradas condiciones de vida de las familias juarenses.
Desde que el Ejército Mexicano combate al narcotráfico, efectivos castrenses han entrado en al menos en 10 casas de Juárez sin orden de cateo, y en al menos seis han encontrado a presuntos narcotraficantes, drogas y armas, pero en otras cuatro ocasiones han ingresado a casas de familias sin relación alguna con ilícitos, donde han destrozado puertas y muebles. En una de esas casas incluso robaron televisiones, aparatos de sonido y otros equipos electrónicos.
(La Jornada, 3 de marzo de 2008)
