La Secretaría afirmó que dispararon ya que estaban en situación de alerta y la víctima no acató la orden de detener el vehículo que conducía a gran velocidad
Silvia Otero
El Universal
Ciudad de México Sábado 13 de diciembre de 2008
13:39
Los militares que balearon a una mujer en Chihuahua, actuaron en respuesta a la agresión de un grupo armado, que minutos antes disparó contra el personal que estaba en el retén del Aeródromo de Ciudad Aldama. Dispararon ya que estaban en situación de alerta y la víctima
no acató la orden de detener el vehículo que conducía a gran velocidad.
En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) justificó así la muerte de Gabriela Arzate, quien fue baleada por los militares cuando conducía una camioneta Explorer, acompañada por su madre Elia Arzate Gutiérrez, quienes al parecer buscaron protegerse en
el puesto de vigilancia del Ejército.
La dependencia no hace alusión a una posible investigación de su personal para esclarecer lo ocurrido pero informó que presentó una denuncia penal por la agresión que sufrieron los elementos que se encontraban en el retén.
La Sedena detalló que alrededor de las 17:10 horas del jueves pasado personal militar establecido en un puesto de vigilancia en el Aeródromo de Ciudad Aldama, fue objeto de agresión con armas de fuego por sujetos que viajaban a bordo de varios vehículos.
Explicó que el personal militar observó que se aproximaban dos vehículos a toda velocidad hacia el retén: una Pick Up blanca de doble cabina de modelo reciente y el segundo una camioneta blanca.
"El primer vehículo cruzó por el frente de las instalaciones militares metiéndose al terreno baldío que se encuentra frente al destacamento, rompiendo una alambrada y efectuando disparos contra el puesto de vigilancia a una distancia aproximada de 100 metros", por lo que los
militares reaccionaron activando su Plan de Defensa, por lo que la segunda camioneta y desde la que también se realizaron disparos se desviaron hacia Ciudad Aldama.
En su versión la Sedena asegura que "en los momentos en que el personal militar aún se encontraba desplegado en situación de alerta, un tercer vehículo ingresó de manera intempestiva y a gran velocidad (camioneta Explorer, color rojo, sin placas, con vidrios polarizados), a las instalaciones del Aeródromo donde se encuentra el puesto de vigilancia; el personal militar le marcó el alto, haciendo caso omiso de la indicación, por lo que personal militar, efectuó disparos para lograr su detención".
La conductora de la camioneta, Gabriela Arzate perdió la vida por los disparos que recibió, mientras que su madre quedo "a disposición de las autoridades correspondientes", según informó la Sedena que agregó que su personal resultó ileso y los daños fueron únicamente materiales sobre las paredes, ventanas y parapetos de la instalación del puesto de vigilancia.
Por ello "tomó conocimiento de los hechos el Ministerio Público de Aldama, en el concepto de que se interpuso una denuncia de hechos ante las autoridades correspondientes con motivo de la agresión de que fue objeto el personal militar."
mma
(El Universal, 13 de diciembre de 2008)
sábado, 13 de diciembre de 2008
Justifica Sedena muerte de embarazada en Chihuahua
Militares asesinan “por error” a una embarazada en Chihuahua
■ Fue ultimada en un retén, cuando llegó a solicitar ayuda
■ En tres estados, 10 ejecuciones vinculadas con el narcotráfico
De los corresponsales
En una aparente confusión, una mujer con más de cuatro meses de embarazo murió a consecuencia de disparos hechos por militares en un retén ubicado a las afueras del municipio de Aldama, Chihuahua, adonde llegó acompañada por su madre y una tía para pedir protección, pues, aseguraron éstas, eran perseguidas por sicarios.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de Justicia del estado confirmaron el deceso de Gabriela Arzate por los tiros de los elementos del Ejército Mexicano, quienes la noche del jueves resguardaban el aeródromo de Aldama, ubicado cerca de la carretera Chihuahua-Ojinaga, a 30 kilómetros de la capital.
La Sedena ubicó el hecho como producto de una agresión a militares por hombres que se trasladaban a bordo de varios vehículos. Dos de ellos, una pick de doble cabina y modelo reciente, y una camioneta blanca, cerrada, se aproximaron al puesto de control a toda velocidad.
El primero pasó frente al retén y se metió a un terreno baldío que se encuentra frente al destacamento, al tiempo que disparaba contra el puesto de vigilancia, a una distancia de aproximadamente 100 metros. Acto seguido se dio a la fuga en sentido contrario, mientras el personal militar reaccionó activando su plan de defensa.
De acuerdo con la Sedena, los ocupantes del segundo vehículo también iban disparando, pero al percatarse de la reacción de los soldados desviaron su dirección rumbo a la ciudad de Aldama.
En el momento en que los militares aún se encontraban desplegados, en situación de alerta, un tercer vehículo ingresó de manera intempestiva y a gran velocidad –una Explorer roja, sin placas y vidrios polarizados– al sitio. El personal le marcó el alto, pero al hacer caso omiso le dispararon para lograr su detención. En el interior se encontraban Gabriela Arzate y Elia Arzate Gutiérrrez. Esta última fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.
Otras versiones señalan que Gabriela iba acompañada de su madre y una tía, quienes luego relataron que llegaron al lugar para pedir ayuda, porque un grupo de gatilleros las iba persiguiendo.
Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del estado revelaron que después del percance la madre de Gabriela, indignada, dijo que no se explicaba el motivo por el cual fueron agredidas por los soldados.
“No portábamos armas, ni siquiera un cuchillo. No amenazamos a nadie. Llevábamos prendidas las luces preventivas, sólo queríamos ayuda y protección, no la muerte”, expresó. La camioneta presentaba impactos en los cristales del piloto y del copiloto, por lo cual se deduce que las balearon desde dos puntos.
El Ejército comenzó la investigación y citó a declarar a los militares que se encontraban en el retén.
Por otra parte, este viernes al menos siete personas fueron ejecutadas por sicarios del narcotráfico que operan en territorio chihuahuense. Cuatro de ellas en Ciudad Juárez, dos en el municipio de Guadalupe y Calvo y una en la capital del estado.
En Culiacán, Sinaloa, un grupo de hombres levantó (secuestro sin intención de pedir rescate) y mató a tiros al taxista Luis Enrique Sainz Sarabia. En otra parte de la ciudad, individuos con ropa tipo militar levantaron a una mujer de unos 45 años cuando llegaba a su casa.
La Procuraduría General de Justicia del estado reportó que la mañana de ayer murió Jaime René Uriarte, sobreviviente del enfrentamiento entre dos grupos de sicarios ocurrido el miércoles en el municipio de El Rosario.
En Tijuana, Baja California, un individuo identificado como Rodolfo César Hernández Reyes fue baleado con rifles AK-47 por los ocupantes de cuatro camionetas. El occiso era hijo de la extinta regidora priísta Juanita Reyes. En Tecate, un comando atacó a los tripulantes de un vehículo; el saldo fue de tres heridos, incluida una transeúnte.
El secretario técnico del ayuntamiento de Coacalco, estado de México, Eduardo Manzur, fue asesinado anoche de más de 100 disparos cuando se trasladaba en su vehículo, marca BMW, sobre la avenida López Portillo.
(Miroslava Breach, Rubén Villalpando, Javier Valdez, Antonio Heras, René Ramón, Javier Salinas, corresponsalía en Durango y Notimex)
(La Jornada, 13 de diciembre de 2008)
martes, 10 de junio de 2008
Es lo que es
Denise Dresser
Policías encajuelados. Hombres entambados. Cuerpos decapitados. Militares acribillados. Ciudadanos atemorizados. Automóviles quemados. Más de 4 mil ejecutados en menos de dos años. Víctimas de una guerra brutal, fútil, inacabable. Víctimas de una lucha que el gobierno de Felipe Calderón anticipa ganar pero no podrá hacerlo. Porque la guerra contra las drogas nunca concluirá con un triunfo medible de los buenos sobre los malos, con una victoria contundente que el país pueda celebrar.
Porque una de las primeras bajas que produce cualquier guerra es el ocultamiento de la verdad. El ofuscamiento de una realidad en la que –como diría George Orwell– “denunciamos la guerra mientras preservamos el tipo de sociedad que la hace inevitable”. México, el país donde la expansión del narcotráfico es un síntoma más de todo lo que no funciona.Donde las muertes sin sentido se han vuelto insoportablemente repetitivas. Donde se atacan los efectos, pero no las causas. Donde muchos critican la violencia que el narcotráfico produce, pero pocos hablan de la estructura económica, política y social que lo hace posible. Ese andamiaje de políticos que protegen a narcotraficantes y narcotraficantes que financian a políticos; de criminales organizados que lavan dinero e instituciones financieras que se benefician con ello; de sicarios que asesinan a policías y policías que les pagan para hacerlo; de jueces que se vuelven cómplices del crimen organizado y el crimen organizado que los soborna. Por eso cuando Juan Camilo Mouriño declara que “el Estado mexicano es mucho más poderoso que cualquier capacidad de estos grupos para corromper instituciones, intimidar a la sociedad o destruir vidas humanas” denota cuán poco entiende el problema. Hoy el Estado mexicano ha sido infiltrado por las fuerzas que dice combatir. Hoy el Estado mexicano declara que va ganando la guerra contra los malos, cuando en realidad los alberga. ¿Dónde están los gobernadores enjuiciados? ¿Los presidentes municipales castigados? ¿Los procuradores investigados? ¿Los senadores encarcelados? ¿Los militares acusados? La historia de la “guerra” contra el narcotráfico en México es una de simetrías y mimetismos y complicidades. La corrupción en las calles es reflejada en cada pasillo del poder, en cada división del Ejército, en cada escuadrón de la policía, en cada Ministerio Público, en cada juzgado, en cada pueblo en el cual las víctimas de la violencia temen hablar o denunciar o confrontar. El narcotráfico se nutre de una vasta red, tejida a lo largo de los años para constreñir la rendición de cuentas. Vive de la corrupción compartida, del estado de derecho intermitente, de la incapacidad de la clase política para hablar y actuar honestamente.“Los operativos están dando resultados”, dicen. “Vamos ganando aunque no parezca”, declara el procurador Eduardo Medina Mora. Unos y otros, argumentando que la violencia es resultado de la eficiencia; el aumento en las ejecuciones es indicador de las interdicciones; la multiplicación de las muertes es evidencia de mano firme y no de mano ineficaz. Unos y otros, compitiendo para probar cuán draconianos son. Unos y otros, cerrando los ojos ante fuerzas sociales y económicas demasiado arraigadas para ser combatidas tan sólo con más armas, más balas, más policías, más militares, más sangre en el suelo, más soluciones simplistas a problemas complejos.Los defensores de la estrategia actual han hecho una declaración de guerra que –en realidad– constituye una admisión de derrota frente a intereses que no pueden desarticular. Todos, ignorando los problemas estructurales de un país con una subclase permanente de 40 millones de pobres. Con un sistema policiaco disfuncional. Con una corrupción que por conveniencia política nadie quiere combatir. Con un sistema educativo demasiado maltrecho como para asegurar la movilidad social, y por ello la economía ilegítima del narcotráfico se vuelve la única solución para tantos mexicanos. Patrones históricos, patrones intransigentes, patrones recalcitrantes que abonan el terreno para el narcotráfico y quienes viven y se enriquecen con él. El negocio del narcotráfico va en ascenso porque México le ha apostado a que su destino no depende de la incorporación de la mitad de su población al desarrollo nacional. Podemos seguir culpando a Estados Unidos por la demanda de drogas que genera. Podemos seguir mascullando sobre el flujo de armas a lo largo de la frontera. Podemos criticar a la Iniciativa Mérida y denunciar la protección de los derechos humanos que contiene como condición. Podemos sentirnos más nacionalistas y más patrióticos al envolvernos en la bandera. Pero eso no será suficiente para entender la dimensión del problema ni proveerá la honestidad suficiente para encararlo. La incompetencia y la corrupción persisten en ambos lados de la frontera. La proliferación de policías corrompidos e instituciones infiltradas es un fenómeno bilateral. México está pagando un precio muy alto para satisfacer el apetito estadunidense, pero también es responsable de su propia voracidad, de su propia complicidad. De su propia incapacidad para hacer del estado de derecho una realidad y no una mera aspiración retórica. De su propia incapacidad para construir un país incluyente, próspero, en el cual sus ciudadanos tienen empleos bien remunerados y no siembran o transportan enervantes. Si eso no cambia, no importa cuántos recursos se destinen, cuántos policías se entrenen, cuántas armas se usen, cuántos helicópteros se compren. Colombia ha gastado más de 5 mil millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico con resultados mixtos: más seguridad pero mismo nivel de drogas. La lección es clara. El principal objetivo de la guerra que el gobierno quiere ganar no debe ser la destrucción de los cárteles, sino la construcción del estado de derecho. La meta no debe ser matar a más capos, sino mejorar la aplicación de las leyes en un país para todos. Pero para ello va a ser necesario confrontar verdades más profundas. El narcotráfico es un sistema edificado sobre la corrupción, mantenido por la conveniencia, basado en una mentira que nadie quiere reconocer. Esta guerra no tiene fin. Pretender ganarla es como pensar que es posible ganarle a un terremoto, o a un huracán. Por cada capo atrapado o asesinado habrá otro que surja en su lugar. Como lamenta el policía McNulty en la escena final de The Wire –la serie de televisión que plasmó la guerra fútil contra el narcotráfico en Baltimore– cuando mira con amor y tristeza a su ciudad devastada y musita: “Es lo que es”.
(Proceso, junio de 2008. Tomado de El Justo Reclamo)
martes, 3 de junio de 2008
La lucha anticrimen no se está ganando, señala Manuel Espino
■ Arremete contra la estrategia federal y demanda que sea revisada
■ Pide al gabinete de seguridad cuidar más al Presidente de la República
Angélica Enciso, Elizabeth Velasco y Ciro Pérez
El dirigente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), Manuel Espino Barrientos, sostuvo que el gobierno federal no está ganando la lucha contra el crimen organizado y dijo que la estrategia que se utiliza se debe revisar, no sostenerla sólo “por razones políticas”. Pidió además al gabinete de seguridad cuidar más al Presidente de la República.
Para el diputado Pablo Arreola, integrante de la coordinación política del PT, pese a ser positiva la postura del gobierno federal en torno a la Iniciativa Mérida –“que no es una concesión graciosa, sino un cambio ocurrido por la fuerte presión que ha ejercido la sociedad en el gobierno de Felipe Calderón”–, es indispensable que los mexicanos “nos mantengamos en estado de alerta para evitar la firma de algún convenio que pueda violentar nuestra soberanía por Estados Unidos”.
Ayer, en conferencia de prensa en la sede de la ODCA, Espino Barrientos –quien mantuvo diferencias con el gobierno de Felipe Calderón cuando era líder nacional del PAN– cuestionó el planteamiento del gobierno federal de que se está ganando la lucha contra el narcotráfico.
“No sé con base en qué elementos u objetivos del trabajo que se ha venido realizando se puede afirmar que se va ganando; me parece que es una guerra lamentable, con una pérdida de vidas humanas impresionante”, afirmó. Al mismo tiempo, comparó la situación con el conflicto bélico de Irak. Dijo que “es una guerra entre bandas del crimen organizado en el país y en medio de ella está la participación del gobierno haciéndole frente”.
Asentó que en su experiencia personal ha escuchado recientemente dos balaceras afuera de las instalaciones de la ODCA, en las Lomas de Chapultepec, y también en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde reside . La estrategia, insistió, debe ser revisable y no mantenerla “solamente para que no se piense que se está dando marcha atrás”. Si hay que cambiarla, sugirió, “hay que hacerlo buscando eficacia para evitar la pérdida de vidas humanas”.
También señaló que al presidente Felipe Calderón “hay que cuidarlo más”, aunque no sólo físicamente, sino que sus colaboradores deben ser los que den la cara para explicar los operativos y para anunciar el endurecimiento del gobierno.
Desconfiaza e impacto mediático
Mientras tanto, el representante del PT Pablo Arreola consideró que las declaraciones del gobierno federal en materia de seguridad “han sido ambivalentes y engañosas”, por lo que “hay que tener mucho cuidado”.
Por ejemplo, puntualizó, en el caso de la reforma petrolera, el gobierno federal desplegó “una campaña mediática negando su privatización, pero en los hechos –al revisar la propuesta de reforma del Ejecutivo– las cosas son totalmente distintas”.
La desconfianza en el caso de la seguridad, añadió, surge del hecho de que Felpie Calderón “personalmente dio fe y testimonio de la puesta en marcha de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN)”, suscrita en el gobierno de Vicente Fox Quesada y mediante la cual “consiente la ‘colaboración’ del gobierno estadunidense en asuntos de seguridad interna de México”.
Frente a esa situación, advirtió que los legisladores se mantendrán atentos a cualquier documento que pudiera firmar el Ejecutivo federal con el país vecino del norte, pues “dudo que el gobierno de Calderón acepte otras condiciones a las que ya impuso Estados Unidos”.
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, también habló del tema de seguridad y declaró: “México está como Colombia”.
Planteó que el combate contra el crimen organizado debe ser un “proyecto integrado” en el cual se incluya la participación ciudadana, a actores políticos y económicos, así como a los municipios, para “reconstruir el país entre todos”.
(La Jornada, 3 de junio de 2008)
lunes, 2 de junio de 2008
A la guerra sin armas, sin estrategia, sin inteligencia...
Jorge Carrasco Araizaga
Si los ciudadanos no contaran con las tranquilizadoras expresiones de funcionarios como Eduardo Medina Mora, titular de la Procuraduría General de la República –para quien, “aunque no lo parezca”, la guerra antinarco está siendo “ganada” por las fuerzas federales–, pensarían lo contrario... Esto se infiere a juzgar por la mortífera capacidad de fuego mostrada en los últimos días por los narcotraficantes. Sin armas, sin estrategia y sin inteligencia, las corporaciones federales prácticamente se encuentran a merced del narcotráfico, como ocurrió el pasado 26 de mayo en Culiacán, Sinaloa…
Una simple llamada telefónica evidenció a la publicitada policía científica del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y de paso ocasionó el más duro golpe a los operativos antinarco del gobierno federal con el asesinato de ocho policías federales.La noche del pasado 26 de mayo, a las 10:50, hora local, la denominada Policía Federal que participa en el Operativo Culiacán-Navolato recibió una llamada anónima en la que se denunciaba la presencia de un grupo armado en una casa de la colonia Las Vegas, al oriente de Culiacán. Una veintena de policías se trasladó en tres camionetas pick up al número 1100 de la calle Alba de Acosta, la casa de seguridad en que los esperaba una célula de los hermanos Beltrán Leyva, quienes disputan el control del cartel de Sinaloa con Joaquín El Chapo Guzmán.Se trata del mismo grupo que ordenó la ejecución de Édgar Eusebio Millán Gómez. El coordinador de seguridad regional de la Policía Federal fue asesinado el pasado 8 de mayo, en represalia por el fallido operativo que dirigió para capturar a Arturo Beltrán Leyva, conocido como El Barbas; en la acción detuvo a nueve de sus guardaespaldas.Pese a otras sensibles bajas que el cuerpo policial ha sufrido en semanas recientes a manos de los Beltrán, y sin ponderar la información anónima, los agentes destacados en Culiacán se trasladaron la noche del lunes a la casa reportada, en un populoso barrio de la ciudad.Sin datos fidedignos y procesados mediante un sistema de inteligencia se presentaron en una de las zonas más conflictivas de la capital sinaloense, sector de “picaderos” donde dos semanas atrás detuvieron a siete delincuentes en posesión de armas largas y vehículos con reportes de robo.La trampa estaba tendida. En cuanto los policías llegaron fueron recibidos a tiros por sicarios que los atacaron desde la casa de seguridad reportada. Algunos de ellos, incluso, estaban apostados como francotiradores en la parte alta del inmueble. Construida en dos niveles y de gran tamaño, la casa se convirtió en un refugio para los agresores, quienes dispararon también desde todas las ventanas de la construcción. Pero el ataque letal también se lanzó desde un inmueble de la acera de enfrente. Ahí se encontraba otro grupo de agresores. Los policías que acudieron a la llamada anónima desconocían la manera en que se encontraban organizados los pistoleros.En los primeros momentos de la balacera cuatro agentes fueron acribillados. De acuerdo con la secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), de la que depende la denominada Policía Federal, varios policías recibieron tiros de frente y por la espalda. Tres más murieron en el hospital. Uno más, que alcanzó a subir adonde se encontraban los francotiradores, quedó en esa parte de la casa que sirvió de señuelo.En total, fallecieron ocho uniformados y tres quedaron heridos. Son las bajas más numerosas que la Policía Federal ha sufrido en una sola acción desde que comenzaron los operativos antinarco, en diciembre de 2006, en Michoacán.Del otro bando, sólo uno de los sicarios murió y tres fueron detenidos, incluida una menor de 14 años. Se estima que más de 20 sujetos huyeron antes de que llegaran cientos de refuerzos policiales y militares. En el ataque, los sicarios utilizaron por lo menos fusiles AK-47 y granadas de fragmentación. Las casas vecinas resultaron dañadas y sus habitantes vivieron una noche de terror.La manera en que fueron asesinados los agentes federales revela que hubo una grave falla de inteligencia, el elemento que García Luna presume, de manera insistente, en su labor de reestructuración de las policías federales.
Menos riesgos y más fuerza
El director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia –organización dedicada a la capacitación policial y de propuestas de políticas de seguridad y justicia–, Ernesto López Portillo Vargas, afirma: “Hechos de tal magnitud revelan que los sistemas de inteligencia policial y militar están rebasados”.Asegura que no se previó la magnitud del ataque al que serían sometidas las fuerzas federales en un contexto como el de Sinaloa. “El proceso de inteligencia policial debiera dar los elementos necesarios para reducir los riesgos e incrementar la fuerza; no de manera indiscriminada, sino la clave del despliegue táctico para estar lo mejor preparado posible ante el embate y en su caso anticiparse”.La acción contra la policía de la SSP confirmó también la denuncia hecha por el excomisario regional Javier Herrera Valles, recientemente destituido como coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), componente principal de lo que García Luna presenta ya como Policía Federal, pese a que el Congreso aún no reforma la Ley Orgánica de la SSP para dar existencia legal a ese cuerpo.Separado de la SSP por órdenes del propio García Luna, Herrera Valles no sólo acusó al funcionario federal de lucrar con los operativos en beneficio de sus amigos, sino que lo responsabilizó de la ineficiencia de los operativos debido a que no se realiza trabajo de inteligencia.En entrevista con Proceso (1637), Herrera Valles aseguró: “Nos mandaron a la guerra sin información, con pocas armas y sin soporte de inteligencia; andábamos haciendo el ridículo por todos lados, confundidos por las órdenes y contraórdenes que nos giraban nuestros jefes”.Refiere que en las primeras semanas de los operativos ordenados por Felipe Calderón, había una total confusión entre los mandos de la secretaría: “El área de inteligencia de la SSP no nos proporcionaba ninguna información. No sabíamos a quién estábamos persiguiendo. Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘váyanse para allá’, ‘ahora para acá’. Más tarde dijeron: ‘coloquen retenes y hagan presencia en las calles’… todo aquello era la total descoordinación”.En Culiacán el problema no fue de descoordinación, sino algo también grave: la falta de información de inteligencia para actuar en una de las zonas más conflictivas por la presencia de la delincuencia organizada. Tal era el desconocimiento del lugar al que llegaron los policías federales que la propia SSP en su comunicado oficial aseguró que los hechos ocurrieron en la colonia Miguel Hidalgo, cuando en realidad se trataba de Las Vegas.Apenas llegaron los federales, los pistoleros les comenzaron a disparar causándoles las bajas. Desatado el tiroteo, varios sicarios salieron por el portón en dos camionetas abriendo fuego contra los policías. Una de ellas, tipo Chevrolet Tahoe, chocó contra un poste. Otros salieron por las dos puertas frontales de la casa.Ante el fuego cruzado, los federales pidieron refuerzos. Llegaron más camionetas con numerosos elementos del Grupo de Operaciones Especiales (Gope) y de Fuerzas Federales de Apoyo, destacados por la SSP en el Operativo Culiacán-Navolato. El operativo fue echado a andar el pasado 13 de mayo, como respuesta al incremento de la violencia en el estado, que desde comienzos de mayo mantiene en zozobra a la población.Los elementos del Gope y de Fuerzas Federales rescataron a los policías heridos que se habían arrastrado hacia una de las esquinas, así como los cuerpos de los policías abatidos enfrente del inmueble donde fueron emboscados.También llegaron agentes de las policías de Seguridad Pública estatal y municipal, así como un destacamento de la IX Zona Militar, ubicada a sólo unas cuadras del lugar de la celada. En total, se estima que llegaron entre 300 y 400 elementos entre civiles y militares armados. Pero cuando se presentaron, los policías federales ya habían caído.
Mutismo castrense
En el Distrito Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional no informó nada sobre la participación de los elementos castrenses en el enfrentamiento que duró casi cuatro horas, con tiroteos espaciados.Hacia las 3:00 de la madrugada del martes, elementos del Gope pudieron entrar a la casa. Ahí aseguraron siete fusiles AK-47, 36 cargadores, cuatro cargadores de disco y 25 cajas de cartuchos calibre 7.62, de 20 unidades cada una. De la otra casa, los sicarios huyeron por la azotea. Ese inmueble fue asegurado por la PGR. Los militares activaron una granada que no estalló durante el ataque.Horas después, en la tarde del martes, García Luna negó que sus elementos hubieran sido ejecutados y los presentó como víctimas de un enfrentamiento debido a la superioridad de fuego de los narcotraficantes. Aseguró que las armas de los delincuentes eran de calibre superior a los 50 milímetros.Peor aún, en una muestra de la poca preparación con la que están actuando sus elementos en los operativos, dijo que la SSP va a “identificar los patrones de conducta que ellos generan en la parte criminal…”. Al día siguiente del ataque, 200 policías federales más fueron desplazados a Culiacán, con lo que llegaron a 800 los destacados por la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa. Ese desplazamiento colocó a ese estado como el segundo con el mayor número de efectivos de la SSP que forman parte de los operativos ordenados por Calderón. Casi igual que Sinaloa está Tamaulipas, donde hay 817 policías federales. En tercer lugar se encuentra Michoacán, con 584, y le sigue Ciudad Juárez, con 469.De acuerdo con la SSP, hasta antes de que se enviaran los refuerzos a Culiacán, la Policía Federal tenía 4 mil 766 policías en diferentes estados como parte de los operativos. La actual cifra representa la cuarta parte de los 20 mil elementos con que cuenta en total, en su mayoría integrantes de la PFP.Los elementos adicionales llegaron a Culiacán la mañana del 28 de mayo pasado en dos aviones de la corporación, tipo Boeing 727 con matrícula XC FPA, al mando del general Rodolfo Cruz López, coordinador operativo de las Fuerzas Federales de Apoyo de la SSP.En declaraciones a la prensa, el militar aseguró que, luego de una llamada anónima, un grupo de inteligencia de la corporación alertó a los uniformados de que un grupo armado se encontraba en la zona del ataque.Dijo que la agresión se dio desde diferentes casas, por lo que los uniformados quedaron en medio de varios fuegos desde distintos ángulos. Explicó así las bajas: Los agentes recibieron “fuego de al lado, de enfrente; al ver que oponíamos resistencia o que les íbamos ganando, llegaron por la parte posterior, salieron de otras casas”.Su versión de la resistencia o de que “iban ganando” se contradice con el hecho de que los policías de la SSP no sabían cuantos sicarios había en la zona, cómo estaban distribuidos y el armamento con que contaban. El propio general, un día después de los hechos aún no sabía cuántos sicarios estuvieron involucrados en el tiroteo.Al igual que García Luna, negó que se tratara de una ejecución y dijo que los sicarios utilizaron armamento más potente que el de los elementos de la SSP: “Nos arrojaron granadas, nos atacaron con armas de calibres superiores, normalmente las que manejan el Ejército y las fuerzas especiales”. Precisó que por lo menos les lanzaron cinco granadas. En el ataque, añadió, se utilizaron “AK-47 automático (calibre) 7.62, con punta de acero. Penetra el blindaje y penetra todo. Son ametralladoras y se diferencian en que su cadencia de tiro es de casi 200, 500 cartuchos por minuto… Los cargadores que nuestra gente trae son de 20 cartuchos. La desventaja es horrible”. El general Cruz López insistió en que no fue una ejecución, “simplemente tuvieron más parque del otro lado y se acabó”. Enseguida se refirió a lo que no tuvieron los agentes emboscados en Culiacán: “Nosotros tenemos que actuar con la inteligencia de blancos específicos; necesitamos aquí, ¿cuántos, 50 mil, 60 mil hombres para estar en las calles día a día? Sería materialmente imposible. Entonces hay que privilegiar la inteligencia”.Sin indicar a partir de cuándo ni cómo, dijo que la Policía Federal elevará el calibre de las armas que utiliza, de 2.23 a 7.62; aunque aseguró que la SSP tiene 4 mil de esas piezas que disparan en ráfaga, la mitad de las que se requieren en la actualidad.Sobre los responsables del ataque, se limitó a decir: “Se supone que es una célula derivada de otra célula de los Beltrán”.
Mantas acusadoras
El mismo día en que llegaron los refuerzos policiales desde la Ciudad de México, el miércoles 28, amanecieron en distintos puntos de la capital sinaloense cinco mantas en contra de García Luna y del comandante de la III Región Militar y exjefe del Estado Mayor Presidencial en el gobierno de Ernesto Zedillo, general de división Roberto Miranda Sánchez, quien también tiene un programa de denuncia anónima.Firmados por “policías honestos de Culiacán”, en uno de los mensajes se acusa al secretario y al general de proteger a Arturo Beltrán Leyva y a Vicente Carrillo, quienes, según la PGR, se unieron en contra de El Chapo Guzmán. Fue la segunda ocasión en menos de un mes que aparecieron mantas en contra del general Miranda y de García Luna.“General Roberto Miranda; secretario que vende y entrega a sus policías, Genaro García Luna; en su memoria y conciencia, si es que tienen, llevarán la muerte de tantos policías y gente inocente, y todo por ser fieles de Arturo Beltrán Leyva y Vicente Carrillo. Señor presidente, en manos de quién estamos”, decía uno de los mensajes colocados el miércoles 28.Otro apuntaba: “En estos operativos los resultados son: pueblo pierde vidas y Miranda gana dólares, ¡que bien! Pudiera pagar la nómina aquí en la corporación”.Más directa, en otra manta se leía: “General Miranda: sólo faltaba que a los delincuentes matapolicías les dieran asilo y respaldo en el cuartel militar. ¿Qué no tiene un grupo de inteligencia, por qué no lo había detectado si estaban a dos cuadras del cuartel…”. El mensaje aludió a la cercanía de las instalaciones de IX Zona Militar con las casas de seguridad desde las que la célula de los Beltrán Leyva atacó a los federales. La manta agregaba: “… Y te lo decimos a ti, porque también sabemos que estás de planta en Culiacán por instrucciones de Arturo y Vicente para atacar a sus rivales. Qué lástima general corrupto, dónde quedó su lealtad a la patria y su honestidad. La verdad, soy yo mil veces más honesto que tú. General vendido”.Ernesto López Portillo dice que con las mantas, “esas organizaciones nos avisan a todos que están por encima de cualquier institución del Estado. No tengo duda de que alguien que hace ese acto opera sobre la base de esa certeza. Estamos en un momento dramático que nos debería llevar a una revisión total de la respuesta de las instituciones y de la sociedad frente a la delincuencia organizada”.Añade que si bien la respuesta violenta era previsible, pues incluso las mejores policías pueden verse rebasadas por la delincuencia en hechos específicos, lo que está ocurriendo es que las organizaciones delictivas han demostrado su capacidad para desafiar al Estado mexicano.Lo peor, añade, es que cada hecho de violencia de la delincuencia organizada que no es castigado alienta a que se realice otro. Pero además de la impunidad, dice, estamos ante una compleja suma de fallas, que pasa por la inteligencia y la profesionalización de las policías. Cauto, considera que en este momento no se puede afirmar que la estrategia contra el narcotráfico, centralizada en el uso de la fuerza, sea un fracaso y menos un éxito. “No existen elementos suficientes para afirmarlo, lo que sí se puede decir es que es insuficiente”.
(Proceso, junio de 2008. Tomado de El Justo Reclamo)
domingo, 1 de junio de 2008
El México de mis horrores
Verónica Murguía (Las rayas de la cebra)
Se ha hablado y escrito mucho acerca de la acusación que hizo Felipe Calderón a los medios y a la sociedad mexicana, tachándonos de cómplices del narco. Su discurso, lleno de obtusos sofismas, nos inculpa a todos. Naturalmente, muchos protestaron. Sobre todo periodistas, pues decenas de ellos, sobre todo en el norte del país, han sido asesinados por denunciar, precisamente, a personajes importantes del narco, o a sus cómplices.
Otros dizque comunicadores, que ahora cumplen el lamentable trabajo que desempeñó Rubén Aguilar, el vocero de la Presidencia en tiempos de Fox, nos “explicaron” lo que el presidente quiso decir, como si los mexicanos fuéramos tontos y no pudiéramos comprender el castellano pobre, pedregoso, lleno de contradicciones, pero castellano al fin, que farfullan la mayoría de los políticos.
Estos inefables defensores de Calderón son los mismos que se han erigido como defensores de las instituciones cuando la toma de tribunas por el prd , o los pleitos que se han suscitado en el ife . Y tengo para mí que no se fijan, o les vale, que la denuncia de Calderón y su imperiosa solicitud de cooperación, su instarnos a participar en esta, su guerra, son un atentado contra la institución que él mismo representa, pues el Estado es, según el sociólogo alemán Max Weber, el detentador de la violencia legítima. Cuando la gente toma la ley en sus manos, lo que pasa es lo que sucedió en Tláhuac: un asco. Así las cosas, la violencia ilegítima la ejerce el crimen organizado, la legítima el gobierno, y todos nosotros somos los aterrorizados por la forma atroz en que nuestra sociedad se descompone. El presidente, insatisfecho ante nuestras caras de pavor, nos ordena: ¡Éntrenle, no sean cómplices!
¿Cómplices? No señor: estamos en el lugar equivocado (México), en el momento equivocado (su sexenio). Mi responsabilidad es ser lo más decente posible, trabajar, pagar los impuestos y no contaminar. Con mis impuestos se pagan los sueldos de quienes sí saben luchar contra el hampa.
Ya escribí en este mismo espacio que nunca he visto un narco más que en foto. Si llegara a toparme con uno –no, Diosito, por favor–, saldría corriendo con los ojos tapados, a pesar del peligro de romperme los dientes contra un poste.
Habría que aclararle al presidente que la gente casi no denuncia ni las violaciones, cierto tipo de abusos, robos y hasta secuestros, porque generalmente esto desemboca en un durísimo hostigamiento contra el denunciante.
Hasta el ciudadano más distraído sabe que muchos policías han sido jefes de bandas de secuestradores, que la policía extorsiona, tortura y mata. El triste saldo de Atenco, los abusos de la policía en Oaxaca, el caso de Lydia Cacho, las muertas de Juárez, son asuntos que todos conocemos y que refuerzan la idea de que vivimos entre dos fuegos, el del Estado y el del crimen organizado, y que las fronteras entre estas dos fuerzas son porosas o inexistentes.
El presidente se queja de la corrupción que priva en el Poder Judicial. Cualquiera comparte su molestia, pero ninguno de nosotros, excepto él, puede hacer nada. Pero la doble moral de Calderón es muy irritante: que se cumpla la ley, pero no en los casos Mouriño, Fox o González Márquez. O el de los gobernadores priístas Marín y Ruiz. Que se cumpla con quien se deje: el martirizado ciudadano común y corriente, porque los narcos y los políticos tienen dinero para comprar trato de reyes hasta en el infierno.
La preocupación unánime de los mexicanos cuando Calderón asumió la Presidencia era, y es, la seguridad. Por seguridad se entiende que no te van a bajar del pesero o del coche a patadas; salir de noche sin miedo a que te lleven desconocidos a pasear; que nadie se va a meter en tu casa a robarte y matarte porque tus cosas les parecen de poca calidad; alumbrado y policía eficientes, y no más secuestros. El problema del narco, pensamos muchos, era asunto de inteligencia especializada y educación.
La pobreza, la miseria en el campo, la falta de educación y la poca confianza que tenemos en las autoridades son agravantes del problema. Todas las instancias del gobierno están corrompidas: a los que no participan, los matan. La idea trasnochada de los panistas que proponen la pena de muerte para los soldados que se pasen del lado de los criminales, no arreglaría nada. El problema principal, señor Calderón, no es el narco. Es la pobreza.
(La Jornada Semanal, 1 de junio de 2008)
jueves, 29 de mayo de 2008
El gobierno de México debe pedir perdón por fracasos sobre derechos humanos: AI
■ Preocupante, que el Presidente no haya demostrado un compromiso en la materia, afirma
■ Se respetan las garantías básicas y se atienden las recomendaciones de defensores en la materia: Mouriño
Emir Olivares Alonso
Amnistía Internacional (AI) señaló que el pueblo de México continúa esperando que el presidente Felipe Calderón manifieste un liderazgo en la defensa y garantía de los derechos humanos, pues en 18 meses de administración “aún no ha demostrado un compromiso pleno para hacer avanzar la protección” a estos derechos, lo que resulta “preocupante”..
Durante la presentación de su Informe 2008, el estado de los derechos humanos en el mundo, el organismo internacional aseveró que a 60 años de aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la asamblea general de la Organización de Nacones Unidas (ONU), los gobiernos del mundo deben pedir perdón por seis décadas de fracasos en la materia, siendo el de México uno de ellos, pues mantiene una política “incongruente” al respecto al asumir un liderazgo hacia el exterior, pero violaciones a las garantías e impunidad en su territorio.
En torno a la situación de las garantías fundamentales en el país, AI sección México informó que durante 2007 en territorio nacional persistió la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y la realización de juicios penales sin las debidas garantías procesales. AI encontró que México se ubica entre las 81 naciones en las que se permite la tortura, entre las 77 que atentan contra la libre expresión y entre las 54 que no garantizan procesos judiciales justos, aseguró Liliana Velázquez, presidenta de AI México.
“México ha firmado la mayoría de los instrumentos internacionales de salvaguarda y protección de los derechos humanos, pero ha fallado en su implementación, y este gobierno (de Calderón) no muestra aún la determinación de hacer ese compromiso realidad”, señaló.
Exhortó al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a no desestimar el informe y, contrario a ello, revisarlo bien para impulsar los derechos en el país, ya que el documento se basa en lineamientos internacionales.
El organismo más grande del mundo en la protección de las garantías fundamentales consideró que en México, como en muchos otros países, existe un “abismo entre las promesas y la realidad” en torno a los derechos humanos. Ejemplo de ello, dijo, es en el país “la falta de justicia” en casos como los de Atenco, Oaxaca o Ciudad Juárez, así como los abusos cometidos por militares en el contexto de los operativos contra la delincuencia organizada ordenados por Calderón.
En ese sentido destacó que los estados de México, Oaxaca y Chihuahua “deben una disculpa y están en deuda con su ciudadanía” por la impunidad que posibilita la prevalencia de violaciones a derechos humanos en esas entidades.
“La falla en la detención y procesamiento de los responsables de graves abusos a derechos humanos mina la credibilidad de los gobiernos y su compromiso con las garantías fundamentales”.
Manifestó su preocupación sobre el apoyo para acciones de seguridad y justicia penal que el gobierno de Estados Unidos otorgará a México y otros países de Centroamérica en la llamada Iniciativa Mérida, debido a que estas acciones “no incluyen medidas adecuadas de protección a los derechos humanos”.
Por ello, solicitó a los gobiernos involucrados en ese plan tomar medidas a fin de que se evite que dicha asistencia internacional se utilice para que las fuerzas armadas continúen vulnerando las garantías de la ciudadanía o para “alimentar más la impunidad que está tan arraigada en México”.
En el informe de AI se establece que el año pasado en México las fuerzas militares incurrieron en diversos abusos que han sido documentados, pues en ocasiones realizaron detenciones arbitrarias y cometieron torturas y asesinatos de algunas personas.
Insistió en que los abusos y delitos cometidos por militares deben ser investigados por la justicia civil, ya que los tribunales castrenses “son parciales. No estamos en favor o en contra de que el Ejército esté en las calles, pero el gobierno debe asumir la responsabilidad de esas decisiones, por lo que los abusos deben ser castigados; de lo contrario, caemos en un círculo de impunidad”.
Sobre el diagnóstico de AI, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, aseveró que el gobierno federal es “absolutamente respetuoso de las garantías básicas y en ese sentido atiende las recomendaciones de actores nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.
Con información de Fabiola Martínez.
(La Jornada, 29 de mayo de 2008)
viernes, 23 de mayo de 2008
¿Quo vadis, Felipe?
Carmen Aristegui Flores
La ola de violencia y ejecuciones en México ha alcanzado ya niveles inimaginables en la historia de este país. Si no se revisa la estrategia y, aun, si se revisa -dicen los expertos- lo peor está por venir. La espiral desatada arroja, según información presentada esta semana en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente , cifras que alcanzan ya las 4 mil ejecuciones en lo que va del actual gobierno. Registro superior o equiparable al de cualquier conflicto bélico. 7.6 personas en promedio murieron diariamente. Según esta información en la última semana hubo cada 24 horas, 15 asesinatos. Muertes, desapariciones y enfrentamientos crecientes seguirán siendo parte del paisaje nacional por un tiempo indeterminado. No todo se reduce a los muertos.
Esto es lo visible y lo medianamente contabilizable. El insumo mayor, si se quiere, para el miedo, el temor y la psicosis. Pero, ¿de qué tamaño es la infiltración del crimen en las estructuras políticas y policiacas del país?, ¿en qué dimensión se encuentra el narco en las estructuras institucionales y de representación política en México?, ¿cuántos legisladores, presidentes municipales, gobernadores y altos mandos en el país están cooptados por el narcotráfico?, ¿se tiene una idea clara sobre los circuitos empresariales y financieros en los que se desenvuelve el narcotráfico?, ¿en qué medida el Estado mexicano está actuando en contra de ellos?
Explicaciones de especialistas internacionales como los doctores Samuel González y Edgardo Buscaglia remiten sus análisis sobre la corrupción, la violencia y el crimen organizado al estudio comparado de la experiencia internacional. Los patrones de conducta de la delincuencia organizada se repiten universalmente. El doctor Buscaglia (director del International Law and Economic Development Center y asesor de Naciones Unidas) explica sobre los factores que causan una defectuosa aplicación de políticas públicas para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Parte de una premisa básica, a partir de la cual se formularon las preguntas anteriores:
“La delincuencia organizada, a gran escala, sólo puede ser factible y sostenerse cuando el Estado no goza de niveles de gobernabilidad, y en donde existen alianzas tácitas y/o explícitas de apoyo entre actores políticos, empresas privadas y empresas criminales”.
Por lo tanto, dice el experto: “Es necesario implementar una Reforma integral del Estado, a través de un pacto político que rompa con la impunidad con la cual la delincuencia organizada infiltra al Estado”. Es a partir de la premisa, que lanza una aguda crítica a la estrategia que ha sostenido el gobierno federal en contra del narcotráfico. Buscaglia afirma que los países que alcanzaron el éxito contra el narcotráfico basaron su estrategia en cuatro vías: 1) ataque a las cúpulas del narcotráfico; 2) ataque a sus brazos armados; 3) ataque a sus redes financieras y 4) combate a la protección política y la corrupción. Cuatro líneas de acción que se aplicaron de manera simultánea. Necesariamente simultánea. Los gobiernos que las impulsaron contaban con amplios márgenes de legitimidad y aceptación social que les permitieron involucrar a poderes y sociedad en la cruzada.
El gobierno mexicano, que no cumple cabalmente con esta última condición, ha sostenido una estrategia que transita básicamente por las dos primeras vías, sin tomar como prioritario el combate dentro de las redes financieras y sin desmontar la protección política que hace posible que el narcotráfico domine zonas enteras del país. El problema mayor radica en que -siguiendo este estudio comparativo internacional- en los países en que sólo se instrumentó el combate a las cúpulas y a los brazos armados del narcotráfico sin incluir los frentes empresariales, financieros y políticos en donde se desenvuelve el narcotráfico, no sólo se desató una carnicería, como la que estamos viendo aquí, sino que se pasó de la infiltración y captura de autoridades a un control pleno del poder político conformándose lo que se dio en llamar narcodemocracias. No es muy difícil entenderlo. Si no se desarticula integralmente al monstruo, su capacidad de respuesta puede ser inaudita. Esta tesis sostiene que entre más recursos, soldados, policías y operativos destine el gobierno para combatirlos en el campo de la violencia y el descabezamiento -sin desarticularlos en lo político y financiero- trae como consecuencia más violencia, más corrupción, más infiltración y en algún momento, a la toma del poder político. Los casos analizados muestran no sólo el incremento de la violencia y las ejecuciones sino ataques tierra-aire y atentados.
En este momento todo indica que estamos ante una estrategia incompleta, por lo tanto ineficaz y, peor aún, contraproducente. Que quede constancia: nadie está diciendo aquí que el Estado claudique de sus obligaciones para dejar a “ciudadanos y periodistas en garras del narcotráfico”. Yo, como millones, deseo que el Estado se imponga al narcotráfico. Que los criminales sean vencidos y que se recupere la tranquilidad y el Estado de Derecho. Precisamente por eso destaco el valor de la crítica. Para revisar el camino. Para no equivocarnos. Para preguntarle al Presidente si realmente sabe ¿hacia dónde lleva al país?
(Reforma, 23 de mayo de 2008)
jueves, 22 de mayo de 2008
La guerra inútil de los cuatro mil muertos
jueves, 22 de mayo de 2008.
Ricardo Monreal Avila
A casi año y medio de haber declarado la guerra a la delincuencia organizada, hay tres verdades evidentes: una, el gobierno tomó la decisión correcta al confrontar sin miramientos el crimen; dos, sin embargo la estrategia adoptada ha sido incorrecta: dar de escobazos al avispero y poner elefantes a cazar ratones; tres, no puede haber marcha atrás en la decisión, pero sí debe haber revisión de resultados y esquemas.
El país vive la mayor ola de violencia criminal en tiempos de “paz social”. Cuatro mil muertos en 16 meses; 250 ejecuciones por mes; ocho por día. Casi los niveles de muerte en Irak. El gobierno señala que es el resultado de la lucha contra el crimen organizado. Que su estrategia es correcta y está dando resultados. Los miles de muertos son la prueba de que se avanza por el camino adecuado. Si hay más ejecuciones es porque antes no se combatía el crimen organizado con la determinación de ahora.
Este argumento es una falacia. Los muertos no responden a enfrentamientos entre la delincuencia y las fuerzas del Estado. Son producto del choque entre pandillas criminales, donde las autoridades reducen su papel a simples cronistas del México rojo, a levantadores de muertos y a simples “testigos judiciales” de actos criminales.
Si la embestida oficial estuviese ganando terreno, quienes habrían emprendido la huída de las ciudades y del país serían los narcotraficantes, no los policías municipales, estatales y federales que están renunciando a sus cargos y hasta asilo político han solicitado algunos de ellos a los Estados Unidos.
Si la guerra contra el narco estuviese en la dirección correcta, los cárteles se estarían resquebrajando, pulverizando y atomizando. Por el contrario, disponen de tiempo, espacio y recursos para reorganizarse, reagruparse y formar “megacárteles”.
Si la estrategia fuese la adecuada, el gobierno no se sentiría desesperado, abandonado y traicionado por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los medios de comunicación y la sociedad misma. El “¡Ya basta!” lanzado desde Los Pinos hace unos días no tuvo por destinatario a los delincuentes, sino a los ciudadanos que supuestamente somos los beneficiarios de esa guerra sin cuartel.
Fue una advertencia ominosa e intimidatoria: Cuidado con aquellos legisladores que no están dispuestos a aprobar leyes que sacrifican libertades ciudadanas y garantías individuales a favor de más seguridad. Cuidado con aquellos jueces formalistas que dejan en libertad a delincuentes por errores en las consignaciones de los ministerios públicos. Cuidado con los medios de comunicación que al difundir día con día los baños de sangre del crimen organizado, aterrorizan a la opinión pública y le hacen el juego a la delincuencia. Cuidado con los ciudadanos que al atemorizarse con esta violencia criminal prefieren guardar silencio, hacerse de la vista gorda, y convertirse en cómplices pasivos de la delincuencia. Cuidado con todos aquellos que nos critican.
Otros indicadores para afirmar que la estrategia no está dando los resultados esperados son los siguientes. ¿Qué impacto han tenido en el mercado ilícito de drogas y lavado de dinero los golpes al narcotráfico en México? Imperceptible. Las dosis de droga al menudeo siguen costando lo mismo en las calles de Estados Unidos y México antes de esta guerra, mientras que el gobierno de los Estados Unidos ha considerado que el envío de remesas a México por concepto de venta ilícita de droga creció en 2007 con relación a los años anteriores (más de 10 mmdd).
¿Cuáles son los efectos en términos de salud pública? La drogadicción ha crecido entre los jóvenes ha razón de 30% anual (es decir, en 2007 se reportaron y atendieron 30% más de casos de drogadicción juvenil con relación al 2006). En tanto que la violencia pasó del quinto al tercer lugar como causa de mortalidad en el país.
¿Cuál es el balance en términos de fortalecimiento del Estado de Derecho y de seguridad ciudadana? De las casi cuatro mil ejecuciones registradas durante esta guerra no convencional, en el 98% de los casos no hay detenidos o procesados. Es decir, los índices de impunidad siguen intocados. Mientras que en términos de derechos ciudadanos asistimos a la “guantanamización” de las garantías individuales, es decir, a la generalización de las detenciones por excepción y arrestos preventivos, así como al crecimiento de denuncias contra el Ejército mexicano por presuntas violaciones y abusos a las garantías fundamentales (634 quejas durante la actual administración, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos).
¿Cuál es la relación costo-beneficio de esta guerra, en términos estrictamente presupuestales? Un cálculo conservador del costo de movilización y mantenimiento de las tropas y cuerpos policiales en estos 16 meses nos habla de 10 mil millones de pesos, mientras que los decomisos en efectivo y en especie ascienden a 2,500 mdp según los escasos reportes oficiales. Sobre las cifras de detenidos en estos operativos hay serias divergencias oficiales. Mientras el señor Felipe Calderón informó en su última gira a los Estados Unidos de 22 mil personas, la Sedena reconoce sólo 4 mil 763 detenidos.
¿Se contuvo la amenaza de infiltración del narcotráfico en la política? No. A lo largo de 2007 trascendió en la opinión pública la creciente participación de bandas del narcotráfico en algunas campañas electorales para presidencias municipales, mediante apoyos económicos, logísticos, de seguridad y hasta de espionaje político a candidatos de diversos partidos políticos. Se habló de casos en Tamaulipas, Michoacán y Puebla. El hecho fue reconocido por el mismo procurador general de la República.
Por estos indicadores elementales se puede concluir que la “guerra no convencional” diseñada y operada por la actual administración es militar, económica y socialmente inútil. Mientras más efectivos hay en las calles, más narcoejecuciones se presentan. Mientras más alto es el presupuesto en materia de seguridad pública, más avanza la violencia como fenómeno social. Y mientras más se endurece la Constitución y la legislación penal, más alta es la impunidad. Algo anda mal en esta “guerra no convencional” y no son únicamente errores de operación, sino de conceptualización misma. Con esta forma de enfrentar a las bandas delincuenciales, donde se combaten los efectos, no las causas, nunca ganaremos la guerra a la delincuencia organizada, los muertos seguirán creciendo insensiblemente a niveles de genocidio, las avispas terminarán por someter al cazador y los ratones por hacer huir en estampida a los elefantes.
ricardo_monreal_avila@yahoo.com.mx
(Por Esto!, 22 de mayo de 2008)
miércoles, 21 de mayo de 2008
La guerra perdida
josé gil olmos
México, D.F., 21 de mayo (apro).- La desesperación de Felipe Calderón para gobernar es evidente. No ha cumplido ni siquiera dos años y se le nota desanimado, pues las cosas no le han salido nada bien, principalmente en la guerra contra el narcotráfico en la que centró su atención desde el principio al usar indebidamente al Ejército.
El desaliento Calderón lo muestra en irritabilidad, en enojo, tratando de echarle la culpa a todos – medios, ciudadanía, partidos políticos, etc--, de lo que pasa en el país, eludiendo la responsabilidad inherente que tiene como primer mandatario.
Al fracaso en la lucha contra el crimen organizado, a Calderón se le suma también la derrota a su reforma petrolera que, en los primeros debates realizados en el Senado de la República, ha salido bastante vapuleada. Nadie, ni sus defensores, han logrado ofrecer argumentos convincentes de las bondades de dicha reforma. Todo lo contrario, los argumentos en contra que señalan las intensiones de modificar Pemex para beneficio de inversionistas nacionales y extranjeros, han pesado más sin que los puedan refutar.
Esto ha provocado el enojo de Calderón en una magnitud similar a las reacciones que ha tenido a las críticas hechas contra su decisión de meter al Ejército en la guerra contra el narcotráfico.
Una de estas reacciones, que tendrá repercusiones internacionales, es la presión que tuvo para que saliera del país el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra.
Resulta que el diplomático italiano se atrevió a decir que era inoportuno y peligroso meter al Ejército en esta lucha contra los cárteles de la droga porque los militares están preparados sólo combatir a un enemigo utilizando la fuerza y no para realizar labores policiales, con la protección de los derechos humanos que esto implica.
Las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los soldados en distintos retenes instalados en Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y otros estados, así como los casos en los que ha habido muertos civiles por errores cometidos por los militares, han puesto al descubierto que el representante de la ONU tenía razón en sus observaciones.
Sin embargo, en lugar de reconocer los yerros cometidos, el gobierno de Calderón ha mostrado su disgusto presionando para que Incalcaterra deje el país, como lo hará a partir de este viernes.
Pero si los calderonistas piensan que esto es un logro, cometen otro grave error porque a nivel internacional reflejan una imagen de intolerancia y de incumplimiento en su obligación para con la salvaguarda de los derechos humanos en México.
El gobierno de Calderón tiene muchos frentes abiertos y no ha podido resolver ni uno solo. La promesa de ser el presidente del empleo quedo precisamente en eso: en una promesa de campaña. El cambio que anunció al entrar a Los Pinos tampoco se ha cumplido y sigue basando su fuerza política en la alianza con la maestra Elba Esther Gordillo. De hecho a esta alianza le apuesta para que su partido, el PAN, gane la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones de 2009. Los derechos humanos sufren una grave crisis y la pobreza se está acentuando frente al aumento en los precios de la canasta básica.
Además, su equipo de gobierno sigue sin dar un buen resultado, y el caso más patético es el de Juan Camilo Mouriño, quien parece un muerto viviente en la Secretaría de Gobernación. Son hombres y mujeres tan grises que difícilmente podrían ser recordados por la ciudadanía.
Nadie desea que a Calderón le vaya mal. Sería una torpeza pensarlo porque, aunque carezca de legitimidad absoluta, tiene a su cargo las labores de jefe del Ejecutivo y sus errores los pagamos todos.
El punto está en que no ha cumplido el papel ni la responsabilidad de presidente de la República y, al igual que Fox, los problemas del país lo han rebasado y no se ven posibilidades para que pueda hacer algo digno por el que pueda ser recordado.
(Proceso, 21 de mayo de 2008)
jueves, 15 de mayo de 2008
CNDH costosa e ineficiente
José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx
Respetuosamente a la doctora Susana Pedroza, segunda visitadora de la CNDH.
El 26 de marzo pasado nos enteramos por enésima vez de los abusos cometidos por el Ejército en contra de la población civil en la supuesta "lucha contra el narcotráfico", ahora se trata del asesinato de cuatro jóvenes y algunos más heridos que se dirigían a bordo de un vehículo tipo Hummer con destino a una fiesta en la zona serrana de Badiraguato, Sinaloa, en la comunidad de Santiago de los Caballeros; después los militares intentaron disfrazar el crimen como un enfrentamiento donde resultaron muertos dos elementos de tropa.
De este hecho tomó conocimiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mismo que fue turnado al autonombrado ombudsman (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH), los primeros peritajes arrojan que los soldados fueron muertos por la espalda con proyectiles de alto poder, el organismo añadió que en el lugar únicamente se encontraron casquillos calibre 7.62 mm, que corresponden a las armas Heckler & Kock G3 de cargo en las unidades de tropa, fabricadas por la industria militar; evidencia en la que se sustenta que la muerte de los cuatro civiles fue producto de una ejecución extrajudicial.
Por mi experiencia, este acontecimiento ocurrió, quizá, para encubrir una disputa anterior entre la tropa dentro del vehículo militar donde se dispararon entre ellos (el impacto de los proyectiles aparece de adentro hacia afuera); o simplemente como ocurre cotidianamente en el Ejército, un accidente por impericia en el manejo de las armas provocando la muerte de dos soldados que después se maquilló como un enfrentamiento a iniciativa del oficial a cargo.
Según la información, la CNDH elaboró actas circunstanciadas, recabó fotografías, entrevistó a familiares, testigos y lesionados para integrar el expediente. Una difícil tarea de "reconstrucción de los hechos" ya que el Ejército y la justicia militar, supliendo las funciones del Ministerio Público federal o local, se abocan en todos los casos a borrar las evidencias para falsear los acontecimientos y proteger a los militares de cualquier responsabilidad que les pueda resultar, incluyendo al alto mando.
El propio José Luis Soberanes Fernández declaró que se emitirá una recomendación sobre los abusos cometidos por el Ejército, en el sentido de señalar la violación al derecho a la vida y a la integridad física de los lugareños porque también fueron torturados. Pero el doctor Soberanes tiene una contradicción y ninguna autoridad moral para hacer críticas al mando militar, al haber auspiciado la actuación del Ejército en la lucha anticrimen desde fines de la administración de Vicente Fox y ahora con Felipe Calderón.
Las organizaciones no gubernamentales anticipamos las consecuencias que traería la actuación del Ejército en la llamada "guerra contra el narcotráfico": una excesiva y escandalosa violación a los derechos humanos, ejecuciones, torturas, detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustificados, violaciones a mujeres, etcétera; pero nadie nos escuchó. Nada más en Michoacán ha habido más de 150 quejas en contra de militares. Ninguna autoridad puede apelar al estado de derecho por asuntos de seguridad, violando el estado de derecho; en un Estado democrático como el que pretendemos establecer en México, la seguridad humana debe sobreponerse a la seguridad del Estado.
El informe de Human Rights Watch (HRW), en meses pasados confirmó los vicios y debilidades de la CNDH. La organización internacional defensora de los derechos humanos, presentó una Evaluación crítica de la CNDH: costosa, ineficiente e inmoral.
En conclusión: La CNDH lejos de ser defensora de los derechos humanos, ha provocado la impunidad y puesto en riesgo a las víctimas que recurren a ella en busca de justicia.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció la detención de los militares responsables de la matanza, pero aquí llegamos a otra parte de lo que provoca la impunidad legalizada en México y por tanto la persistente y sistemática violación a los derechos humanos que Soberanes Fernández hipócritamente dice defender. Quien decide en el Ejército -incluye a la Marina- la culpabilidad o la inocencia de cualquier procesado por delito grave o no, cometido por faltas a la disciplina militar o al orden común o federal, es el secretario de la Defensa en turno, en la actualidad Guillermo Galván Galván, apoyado en el cuerpo de leyes militares que lo facultan para procurar y administrar la justicia militar. Es decir, dos funciones en una sola mano, que socava la división de poderes tutelada en la Constitución.
Así las cosas, el alto mando encallado en los tribunales militares decide el destino de la justicia en México, lo que trastoca el orden jurídico e institucional del Estado, el cual se arroga defender.
Me pregunto, a dónde iremos a llegar, cuando el Ejército cambia impunidad por "lealtad" institucional.
(Forum en línea, mayo de 2008)
lunes, 21 de abril de 2008
Los delitos aumentan en Ciudad Juárez a pesar de la presencia del Ejército
La ciudad fronteriza tiene 1.6 millones de habitantes y solo 200 policías patrullando.
Reuters
Publicado: 21/04/2008 18:20
Ciudad Juárez, Chih. Tropas del Ejército Mexicano no logran brindar seguridad básica de la ciudad fronteriza de Juárez, lo que pone en duda los beneficios de los operativos militares del presidente Felipe Calderón contra los cárteles de la droga.
Unos 2 mil 500 soldados y policías federales arribaron en marzo pasado a Juárez con armamento pesado y helicópteros para sofocar una ola de asesinatos y enfrentamientos por el control de las rutas de la droga hacia Estados Unidos.
Los militares reemplazaron a la policía en el combate al narcotráfico, al lograr docenas de arrestos y asegurar armas y droga. Sin embargo, los delitos comunes aumentaron descontroladamente.
A su llegada, el Ejército realizó una revisión a las armas de la policía local como parte de una purga de elementos corruptos o vinculados a los cárteles. Algunos policías acusados de corrupción renunciaron.
Actualmente, Juárez tiene a 200 policías municipales patrullando las calles de esta ciudad de 1.6 millones de habitantes, menos de la mitad del número de elementos que tenía antes de la llegada de los militares.
Según habitantes de la ciudad, el número de asaltos bancarios, robos de vehículos y secuestros aumentaron drásticamente en el último mes, toda vez que los delincuentes sacan ventaja de la falta de seguridad.
Asaltos a mano armada afuera de supermercados o en los semáforos son comunes. Un récord de mil 100 automóviles fueron robados en marzo pasado, y la policía indica que bancos y tiendas de conveniencia son asaltadas casi a diario, algunas veces por sujetos con armas de juguete.
Pese a la corrupción de policías, los habitantes aseguran que los agentes contenían los delitos menores en la ciudad, famosa por los centenares de asesinatos de mujeres en la última década que se encuentran sin resolver.
“La inseguridad nunca ha sido como hoy. La policía dejó de vigilar la ciudad. ¿Para qué llamarles si te pasa algo, si alguien te roba?”, cuestiona Luis Márquez, un vendedor a quien le fue robado su automóvil.
Para Héctor Padilla, experto en seguridad de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la presencia del Ejército no necesariamente ha traído confianza y tranquilidad a la población, y la paciencia de la gente tiene límites.
(La Jornada, 21 de abril de 2008)
miércoles, 27 de febrero de 2008
Un año de impunidad y silencio
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
En la madrugada del 26 de febrero de 2007 —ayer se cumplió un año— falleció la señora Ernestina Ascensio Rosario. Consta en un acta del Ministerio Público que la anciana fue atacada la víspera, según relato de sus hijos, y consta asimismo que su muerte, según el certificado de defunción, fue provocada por un traumatismo craneoencefálico y una anemia aguda, producto de una hemorragia (resultado a su vez de un ataque sexual).
Se inició con esos documentos una averiguación previa en la Procuraduría de Justicia de Veracruz. Hizo lo mismo la Procuraduría de Justicia militar, ya que los indicios iniciales apuntaron a integrantes de una partida castrense acantonada cerca del domicilio de la víctima, como los probables responsables de los delitos que agraviaron y dieron muerte a doña Ernestina.
Un año después se ha consumado la impunidad que favoreció a los atacantes y a su institución.
Durante los primeros días posteriores al terrible acontecimiento, las dos procuradurías responsables de la investigación trabajaron sobre el entendido de una agresión sexual que causó la muerte de la señora, según constancia documental de sus trabajos.
Pero ya el 12 de marzo el caso dio un viraje, pues el propio presidente de la República, que se dijo entonces muy interesado en el asunto (sin que después se haya mostrado tan atento a una situación semejante, que han menudeado desde entonces) emitió un dictamen que adquirió, por así, decirlo, carácter de verdad oficial, y en torno del cual se organizó a partir de entonces la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 10 días antes del diagnóstico presidencial había anunciado su intervención en el caso tenido como un homicidio. Calderón negó explícitamente que se tratara de un asesinato y emitió su célebre sentencia: la señora murió de gastritis crónica mal atendida.
Dos meses después de iniciada la averiguación del Ministerio Público local, y en abierta contradicción con los indicios que se hicieron conocer paulatinamente, la Procuraduría veracruzana dio un vuelco en su posición y se avino a la hipótesis presidencial, desarrollada por la CNDH.
El gobierno de Fidel Herrera no sólo cerró la pesquisa, luego de un encuentro del cachazudo gobernante con el presidente de la Comisión Nacional, sino que se aseguró de que la familia de la víctima no impugnara la decisión de la fiscalía. Las hijas y los hijos de la señora Ernestina fueron invitados a una breve vacación en la ciudad de México (que incluyó una visita a la basílica de Guadalupe, quién sabe con qué motivo que no podría ser el que la muerte de su madre se hubiera aclarado) y al volver a Soledad Atzompa se encerraron en un mutismo que no ha sido roto desde entonces.
Sus vecinos sólo perciben de ellos, a un año de distancia, señales exteriores de una notoria mudanza en sus condiciones de vida: la precariedad de sus chozas se reforzó con muros de mampostería levantados por el gobierno estatal, y les espera una casa de dos plantas también construida por la administración de Herrera.
De la averiguación militar no se tuvo noticia pública, salvo el reconocimiento del general secretario de la Defensa de que aún estaba en curso, como tampoco se ha sabido del avance de la autoridad castrense en el cumplimiento de la recomendación 34 emitida por la CNDH el 3 de septiembre pasado.
Ese extenso documento fue dirigido al gobierno veracruzano, a la Secretaría de la Defensa Nacional y al Congreso local de Veracruz, en este último caso para que los diputados averiguaran las omisiones e irregularidades en que habría incurrido el alcalde de Soledad Atzompa, que se negó a dar información a la CNDH.
La recomendación de la oficina del ombudsman, originada en una denuncia penal por homicidio y otros delitos, se convirtió en un catálogo de indicaciones a las autoridades sobre presuntas faltas de carácter meramente administrativo, salvo en el caso de dos médicos, la ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas y el forense Pablo Mendizábal, sobre los que pesa una averiguación ministerial, pues la CNDH pasó de ser defensora de derechos humanos a virtual atacante de los que corresponden a esos dos servidores públicos.
Su delito fue haber emitido la documentación inicial sobre las lesiones (donde consta que hubo desgarramiento de la región rectal y se expresa la causa mecánica, no médica de la muerte de Ernestina). Tan empeñada se mostró la CNDH en desvirtuar los hechos referidos por esos dos profesionales, que señala entre las razones por las que se debe investigar penalmente a Mendizábal el haber realizado la necropsia en el local de una funeraria y no en el anfiteatro correspondiente. Sólo que tal anfiteatro no existe y las autopsias se realizan en esa región veracruzana, la sierra de Zongolica, donde se puede.
Es presumible que la porción de la sociedad que se indignó ante el crimen de que fue víctima doña Ernestina y acrecentó su indignación ante el abordamiento del caso propiciado por la CNDH en complicidad con el gobierno veracruzano y al servicio de la posición presidencial y del Ejército aguarde el informe de seguimiento de la recomendación 34 que la Comisión Nacional emitió hace seis meses. Especialmente importante será conocer el modo en que la Sedena cumplió las partes de la recomendación que le corresponden, para aliviar el silencio castrense sobre el grave caso. Antes de que callara, la autoridad militar emitió comunicados que admiten la agresión negada después.— México, D.F.
miguelangel@granadoschapa.com
(Diario de Yucatán, 27 de febrero de 2008)
lunes, 1 de octubre de 2007
Calderón vulnera derechos humanos
En materia de derechos humanos, el primer ejercicio de Felipe Calderón deja saldo negativo: militarización; criminalización y represión de la protesta social; ejecuciones ligadas a la lucha contra el narcotráfico; impunidad en desapariciones forzadas y violaciones sexuales, entre otras, son expresiones de un autoritarismo velado, califican defensores.
Nancy Flores
Con una diferencia de menos de un punto porcentual y el rechazo de un amplio sector que lo consideró “espurio”, Felipe Calderón Hinojosa asumió –bajo la sombra de los militares– la Presidencia de México el 1 de diciembre pasado. Cuatro días después, Flavio Sosa, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), fue aprehendido y encarcelado en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
A esta detención, que marca el inicio de lo que defensores de derechos humanos califican como autoritarismo velado, le sigue la “Operación Conjunta”: primera acción oficial del gobierno llevada a los estados y, al tiempo, primer atentado contra las garantías individuales.
Y es que los operativos contra el narcotráfico han derivado en la militarización del país, además de tener por objetivo real la localización y erradicación de “grupos subversivos”, según reconoció en enero pasado Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero, entidad donde aún se realizan acciones vinculadas a dicho programa.
Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dice que la presencia del Ejército en la vida civil del país responde a la necesidad de legitimación que tiene el presidente, pues no hay consenso social.
El activista señala que “la acción enfocada contra el narcotráfico está dedicada, por debajo, hacia organizaciones sociales. El panorama no es bueno: cada vez es más posible que se detengan personas, que haya mayor discrecionalidad para torturar y desaparecer ciudadanos, sin ningún control ni protección. Es previsible que en adelante esa tendencia se recrudezca”.
El Ejército Popular Revolucionario (EPR) acusa a la administración federal de desaparecer, el 25 de mayo pasado, a dos de sus militantes: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Como respuesta, el EPR ha emprendido una campaña de sabotaje a grandes empresarios, por medio de ataques a ductos de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Al respecto, el 15 de septiembre el presidente Calderón exigió “que se sepa quiénes apoyan o toleran, así sea veladamente, este tipo de actos y quiénes los rechazamos porque estamos convencidos de que la vía pacífica es la única”. Hasta ahora, la Secretaría de Gobernación ha negado haber secuestrado a los disidentes.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que, sin consultar a la población, el gobierno ha tomado decisiones sobre temas muy álgidos que tienen que ver con la seguridad pública y el narcotráfico y ha optado por una salida dura: la militarización de la sociedad, sobre todo en lugares estratégicos como la frontera norte y estados como Guerrero, Tabasco, Oaxaca.
“Ésta es una mala señal para los derechos humanos de la población más pobre y vulnerable. Además de generar mayor malestar porque no hay resultados tangibles que reviertan los procesos de polarización y de conflictividad social.”
Michael Chamberlin destaca que, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, han aumentado las ejecuciones sin esclarecer. Desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia más de 2 mil 500 personas han perdido la vida, de las cuales cerca de 200 eran policías.
“Los asesinatos se toman como más normales, como si fuera una justificación y la lucha contra el narcotráfico permitiera la muerte de personas. Es una devaluación del respeto a la vida y de la obligación que tiene el Estado de respetar los derechos humanos. Eso tiene que ver con el asunto de la procuración de justicia y abre la puerta a la impunidad.”
En este mismo contexto, militares han perpetrado abusos en contra de la población civil, entre los que sobresalen los asesinatos ocurridos en contra de una familia en Sinaloa, el pasado 1 de junio; los cateos sin órdenes judiciales de Netzahualcóyotl, efectuados el 2 de agosto por el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano en la colonia El Sol, y violaciones sexuales como la de la mujer indígena de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario, quien murió en marzo pasado después de haber declarado a sus familiares que “los verdes se le echaron encima”.
Cuerpos policiacos
La política de seguridad también implica la militarización de las fuerzas policiacas, eso es lo preocupante, dice Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Detalla que “se han dado diversas transferencias de militares a los cuerpos policiacos. Pero para que se dé una política clara en materia de derechos humanos se debe de entrar en un proceso de desmilitarización de estas corporaciones, que sean preventivas y no violadoras de dichos derechos”.
De acuerdo con el diario La Jornada, el pasado 1 de abril, los secretarios Genaro García Luna, de Seguridad Pública, y Guillermo Galván Galván, de Defensa Nacional, firmaron un convenio de colaboración para transferir, en calidad de apoyo, 7 mil 588 militares a la Policía Federal Preventiva.
El contrato –cita el reportero Gustavo Castillo– establece que los elementos “seguirán sujetos a las normas de disciplina militar que los rigen y al marco jurídico aplicable”, por lo que no podrán ser juzgados por autoridades civiles aun cuando incurran en violaciones a derechos humanos o en otro tipo de delitos.
Aunado a esto, la administración calderonista creó, el pasado 9 de mayo, el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército, para auxiliar acciones estatales y nacionales, entre las que destaca sofocar disturbios.
Para el antropólogo Abel Barrera, este gobierno criminaliza la protesta y pone fuera de la legalidad a los movimientos de resistencia, como ha sucedido con la APPO y con los habitantes de San Salvador Atenco, quienes han recibido penas excesivas como lección para la sociedad que se organiza.
El 11 de septiembre, apenas 10 días después de que el presidente se comprometiera –en su primer informe de gobierno– a respetar y promover los derechos humanos de los mexicanos, fue ratificada la condena de 67 años y seis meses de prisión, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, contra Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo Gochicua y Felipe Álvarez Hernández.
Con esta sanción, la primera sala colegiada penal del estado de México determinó que los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de La Otra Campaña son más peligrosos que, por ejemplo, Ismael Higuera Guerrero, el Mayel, identificado por la Procuraduría General de la República como el líder de una célula del cártel de Tijuana, sancionado con 18 años de prisión por delitos contra la salud.
Más indeseables que Mario Arturo Acosta Chaparro, señalado entre los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la década de 1970, durante la guerra sucia. El general fue excarcelado el pasado 28 de junio del Campo Militar número uno, donde permaneció seis años por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
Contrainsurgencia
Las medidas contrainsurgentes, aplicadas incluso contra los movimientos civiles y pacíficos, no se limitan a la militarización y represión: incluyen desapariciones forzadas, asesinatos, violaciones sexuales, reactivación de guardias blancas, desalojos violentos.
A inicios de este año, en las zonas conflictivas de Chiapas se reactivaron dos grupos de corte paramilitar: la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos y la Unión Regional Campesina Indígena.
En complicidad con funcionarios federales, estas organizaciones reclaman tierras en posesión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), con un saldo cuando menos de cinco incursiones armadas a la Junta de Buen Gobierno El Camino del Futuro, el secuestro de tres milicianos, amenazas y actos intimidatorios en contra de defensores de derechos humanos (Contralínea, 75).
Más reciente, el 18 de agosto pasado, seis helicópteros de las policías estatal y federal desalojaron en forma violenta los poblados de San Manuel y Buen Samaritano, ubicados en la reserva de la Biosfera de Montes Azules, donde habitaban bases de apoyo del EZLN.
De estos hechos, el grupo guerrillero responsabilizó a Felipe Calderón Hinojosa, “gobernante de los ricos de México”, y a Juan Sabines Guerrero, “gobernador de los terratenientes y paramilitares de Chiapas”.
Michael Chamberlin dice que “no podemos desvincular estos nuevos desalojos de una serie de acciones que se han venido dando al menos desde 2001. Una presión constante a despejar esta zona por cualquier medio, desde las mesas de negociación hasta el desalojo forzado, como estos últimos casos, las amenazas y los ataques armados. Una vehemencia por ampliar su base territorial creando nuevas áreas naturales protegidas, para seguir despejando, más que por razones ecológicas, para proyectos marcados en el Plan Puebla Panamá”.
El defensor de derechos humanos advierte que la supuesta protección de la reserva busca la extracción de recursos naturales: petróleo, agua y biodiversidad, e indica que está relacionada con la presencia del EZLN y de las organizaciones que han estado luchando durante años por la tierra en esa zona, la ARIC, Unión de Uniones, y sus diferentes facciones, los intereses comunales de la Selva Lacandona.
Pobreza
La guerra sucia nunca se fue
Los conflictos sociales deben ser atendidos desde las causas estructurales que los originan, como la alta marginación y la pobreza, en vez de ser reprimidos, asegura Luis Arriaga Valenzuela.
De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México, 11 municipios del país se encuentran entre los más pobres del mundo, sólo comparados con los de África subsahariana.
Sobre este tema, Abel Barrera indica que no sólo se han hundido a los pueblos en la pobreza sino que se mantienen los programas asistenciales de viejo cuño, que buscan fortalecer clientelas y hacer más dependiente a la población pobre de beneficios inmediatos que no atacan las causas de la miseria.
Michael Chamberlin detalla que el aumento de la migración también es un indicador de pobreza. “Hay un deterioro fuerte a nivel social y a nivel institucional. No se dan garantías para este tipo de derechos a una vida digna”.
El crecimiento de la población indígena y campesina que emigra hacia el norte del país y Estados Unidos, coloca a estos mexicanos en una situación de mayor vulnerabilidad: los trabajadores eventuales están catalogados de segunda categoría, por no tener preparación y ser en gran parte analfabetas funcionales, reflexiona el antropólogo Abel Barrera.
Añade que el fenómeno migratorio trae consigo un desgarramiento del tejido social, que causa, a su vez, mayor confrontación, polarización y aislamiento, por el distanciamiento de las autoridades con la ciudadanía.
Sobre este tema, Arriaga Valenzuela, director del Pro Juárez, advierte éste es otro pendiente de la administración federal. “Es necesario establecer una clara política migratoria que no dependa exclusivamente de las decisiones tomadas en el Congreso de Estados Unidos. No basta con señalar las deficiencias existentes en el país del norte sino que es necesario crear condiciones para que la migración no sea una necesidad forzada por parte de los mexicanos que van a Estados Unidos.
“En relación con los emigrantes que transitan por nuestro país, es necesario que se les respeten en todo momento sus derechos, además de brindar garantías a quienes defienden estos derechos.”
Conflictos agrarios
Entre las violaciones a los derechos humanos cometidas en este nuevo gobierno sobresale la regresión a las conquistas laborales de los trabajadores que están dentro el sistema del ISSSTE, indica Abel Barrera. “Con esta contrarreforma se conculcan derechos fundamentales de los trabajadores, en aras de privatizar los servicios de salud y demás servicios públicos”.
El director de Tlachinollan dice que “el Estado renuncia a garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos. Eso es grave sobre todo para las regiones indígenas donde ni siquiera se ha garantizado el acceso a la salud, a la educación, a los caminos, al empleo, y eso ha ensanchado la brecha entre ricos y pobres en el país. El gobierno se ha olvidado y ha sacado de la agenda política los derechos indígenas”.
Añade que otros capítulos pendientes de esta administración son los conflictos agrarios: el tema de la tierra no ha sido resuelto y agudiza la confrontación comunitaria. Para Abel Barrera lo más grave es que, lejos de resolver esta problemática, la administración federal impulsa megaproyectos, como el de la hidroeléctrica La Parota, en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos.
Para Luis Arriaga Valenzuela, otro capítulo irresuelto es el referente a los delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra sucia. El activista dice que es necesario que el tema se mantenga vigente y que realmente se aborde. “El presidente Calderón no ha hecho mención explícita de este tema”.
El defensor de los derechos humanos señala que en el Primer Informe de Gobierno de Calderón el tema de derechos humanos ocupa un lugar poco relevante y esta situación confirma lo poco visible del tema en relación a determinados asuntos públicos.
“Si bien se señala que se han iniciado los trabajos para elaborar el programa nacional de derechos humanos cabe insistir que en su elaboración no se han involucrado diversas voces de la sociedad civil, con lo cual se corre el riesgo de repetir lo ocurrido en el sexenio anterior.”
Agrega que lo poco visible del tema no se reduce al lugar que ocupa en el Informe, también a la inexistencia de una política clara, contundente, en materia de derechos humanos y también necesaria especialmente cuando la estrategia de seguridad pública ha alcanzado un lugar relevante como parte de la política seguida por el actual régimen.
(Contralínea, 1a quincena de octubre de 2007)
miércoles, 12 de septiembre de 2007
México frágil
Miguel Ángel Granados Chapa
12 Sep. 07
El ataque del Ejército Popular Revolucionario a ductos de Pemex, donde colocó a las dos de la mañana del lunes 12 cargas explosivas, de las que sólo una falló, fue un alarde para mostrar capacidad de fuego y organización y despliegue de efectivos por doquier
En un lapso tan breve como seis horas, nuestro país vivió acontecimientos que muestran su fragilidad, derivada de la incompetencia gubernamental para hacer cumplir la ley, ineptitud aprovechada por núcleos sociales tan diversos como empresarios y terroristas que desafían de distinto modo y con diferentes fines a una autoridad cuando no impasible, corrupta.
El domingo, cerca de Monclova, un camión cargado con 25 toneladas de nitrato de amonio chocó contra una camioneta y poco después estalló su contenido en una explosión que mató a 28 personas y causó lesiones a más de 200. No fue en sentido estricto un accidente, regido por el azar, pues si bien la colisión entre los dos vehículos fue un acontecimiento fortuito, su principal consecuencia pudo haberse evitado. Eso es lo que impide hablar de sólo un accidente.
El camión, de la empresa transportadora Fletes y Traspaleos, salió de la planta de la compañía de productos químicos Orica en Cuatrociénegas rumbo a Colima. Según indicios, la operación contravenía los ordenamientos que norman el transporte de sustancias explosivas, que deben ser tratadas con gran delicadeza por razones de seguridad pública y de seguridad nacional. Los tripulantes deberían contar con adiestramiento para el manejo de la sustancia en circunstancias normales y en situaciones de emergencia. Y, sin embargo, tan pronto se produjo el choque, huyeron sin alertar en la forma prescrita (que incluye llamar al Sistema Nacional de Emergencias) sobre el riesgo inminente del estallido. Ellos se salvaron, pero no así cientos de personas que llegaron de inmediato a prestar auxilio o a informar sobre el percance, muchas de las cuales murieron o quedaron heridas. El vehículo viajaba a su suerte, sin unidades de acompañamiento, en previsión de sucesos como el ocurrido o el riesgo potencialmente más peligroso aun de ser asaltado para hacerse del cargamento, ya sea con fines mercantiles o políticos. Ni la Policía Federal Preventiva ni el Ejército federal, que tienen responsabilidades respecto de la seguridad del tránsito y del trasiego de explosivos, estaban al tanto de ese viaje, que debió realizarse con aviso a dichas autoridades.
El diario Reforma puntualiza que si bien el nitrato de amonio se utiliza de manera lícita en la industria minera y de la construcción, es también apetecido por delincuentes peligrosísimos como los que con ese material hicieron estallar el edificio federal de Oklahoma en Estados Unidos, en 1995, que causó la muerte de 137 personas. Informa, asimismo, que el Ejército Popular Revolucionario lo ha utilizado en algunas de sus incursiones.
Quizá lo hizo de nuevo horas después. A las dos de la mañana del lunes se inició en seis puntos del estado de Veracruz y uno más en Tlaxcala un ataque contra ductos de Pemex, que provocaron incendios en la cercanía de cuatro poblados y obligaron a cerrar el suministro de gas natural a más de mil instalaciones industriales en nueve entidades de la República, muchas de las cuales han tenido que suspender sus propias operaciones por la falta de ese energético.
La operación destructora, reconocida de inmediato por Pemex como un acto premeditado, se asemejó mucho a la ocurrida en julio pasado en Guanajuato y Querétaro, que también causó estragos no sólo a las instalaciones de la empresa petrolera, sino a su clientela en diversos estados. Ocurrieron en la madrugada, con la obvia intención de no causar víctimas sino destrozos materiales, tanto directa como indirectamente. Por ignorancia o por sigilo, ni Pemex ni la Procuraduría General de la República reconocieron aquella vez que se trataba de atentados. Sólo aceptaron que eso era cuando el 10 de julio -justamente dos meses antes de los estallidos veracruzanos- el EPR las caracterizó como "acciones quirúrgicas de hostigamiento", destinadas a forzar la presentación de dos de sus dirigentes, detenidos el 25 de mayo en Oaxaca y de los que no ha vuelto a saberse más. La guerrilla anunció que no cesaría su campaña político-militar hasta la aparición de los desaparecidos.
Por impericia o por negligencia, las autoridades no asumieron la calidad de esa amenaza, que se consumó el lunes a primera hora. En mucho mayor medida que en julio, esta vez, el ataque fue al mismo tiempo un alarde de poder y exactitud. El EPR se adjudicó ayer al mediodía la operación y al describirla hizo gala de su conocimiento del mapa estratégico de Pemex y exhibió su vulnerabilidad: "Unidades militares pertenecientes a nuestro ejército colocaron 12 cargas explosivas en igual número de ductos de Pemex en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Olmeaca, Mendoza, Cumbres de Maltrata en Veracruz y en Cuapiaxtla, Tlaxcala, de las cuales la colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo Tepa-Cadereyta (en La Antigua) no se activó. Todas fueron activadas simultáneamente a las 2:00 horas del día 10 del presente mes".
Ha quedado interrumpido el suministro de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, que lo utiliza para generar fluido eléctrico y a más de mil empresas, entre ellas la planta Volkswagen en Puebla (como ocurrió en julio a Nissan en Aguascalientes), y acaso la suspensión del servicio se prolongue hasta el fin de esta semana. Esos efectos parecen no haber sido ignorados por los atacantes, sino al contrario contar en su estrategia.
La fragilidad de México, en esos casos al menos, deriva de causas diversas, pero la constante es la incapacidad gubernamental de ser eficaz lícitamente.
Cajón de Sastre
Andrés Manuel López Obrador había estado en la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005 para defenderse del desafuero que finalmente se decretó allí como parte de la maniobra, a la postre fallida, mediante la cual Vicente Fox quiso impedirle ser candidato a la Presidencia de la República, maniobra que sin embargo fue a la larga exitosa porque el jefe del Gobierno de la Ciudad de México no se convirtió en titular del Poder Ejecutivo. Ayer tornó a San Lázaro, ahora en su calidad de voz principal de la oposición, líder de los legisladores agrupados en los partidos que sostuvieron su candidatura. Presentó un proyecto de legislación fiscal y arengó a los diputados a impedir la aprobación de impuestos lesivos para la gente. Le sienta bien el aire parlamentario. Por eso debería ser en 2009 candidato a diputado, para impulsar como hizo el año pasado la votación para su partido y sus aliados. Sin ese aliciente, la presencia electoral del PRD decaerá casi automáticamente. Quizá no debería desdeñar esa posibilidad.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
(El Norte.com, 12 de septiembre de 2007)
martes, 27 de febrero de 2007
La militarización de Calderón
£ El gobierno de la ultraderecha inicia operativos militares.
£ Propagandísticamente anuncia que combatirá al narcotráfico.
£ Es la respuesta del gobierno fraudulento a la protesta social.
Calderón se viste de verde
Ni siquiera le pusieron ropa a la medida; casi arrastrando el uniforme militar, el presidente ilegítimo de México apareció disfrazado en la Zona Militar No. 43 para regocijo de los caricaturistas. El 3 de enero, vestido con chamarra y gorra militares, Calderón se reunió con soldados, marinos y policías en Apatzingán, Michoacán. El motivo oficial fue rendirles tributo porque, dijo, “han logrado detener el avance de la delincuencia en la primera fase de los operativos de seguridad, y a quienes ordenó que no desfallezcan en esta tarea” (Herrera C., Martínez E. en La Jornada 4 ene 2007)..
Agradecido, "por las operaciones emprendidas contra el narcotráfico", el gobernador del estado michoacano fue el primero en someterse. Lázaro Cárdenas Batel del abuelo solo tiene el apellido. En Michoacán, precisamente, se habían iniciado los operativos militares el 8 de diciembre anterior. Ahora, los resultados indicaban que, entre otros logros, se habían decomisado 4 kilogramos de semillas de amapola, 19 mil 341 pesos y 2,321 dólares. Los resultados son verdaderamente ridículos. No obstante, el secretario de la defensa de Calderón declaró que, “estos resultados han sido "contundentes" y no tiene precedente en las estadísticas de combate en contra del crimen organizado en Michoacán”.
Se extienden los operativos
Dos días ates, el 3 de enero, se había dado inicio al mismo operativo en Tijuana, Baja California. Miles de elementos militares y policíacos fueron movilizados en un programa “que prevé el uso de aeronaves reacondicionadas con alta tecnología para intercepción, la instalación de puntos de detección terrestre y marítima de narcóticos, así como de erradicación de cultivos ilícitos” (Román J.A., Castillo G., Heras A., en La Jornada 3 ene 2007).
El 6 de enero, el operativo se puso en marcha, ahora en Sinaloa. El gobierno de la ultraderecha decidió desplegar “más de 3 mil elementos provenientes de la PFP, la Agencia Federal de Investigación (AFI), del Ejército y Marina-Armada de México a Sinaloa, para instalar retenes y desplegar acciones por tierra y mar en contra del cultivo y trasiego de drogas, así como de dinero ilícito” (Castillo G., Muñoz A., en La Jornada 5 ene 2007). De inmediato los soldados levantaron retenes en calles, entradas y salidas de esta frontera, y realizaron labores de vigilancia por mar y aire con dos buques, cuatro lanchas rápidas y dos helicópteros.
En Sinaloa, el operativo se inició sin que el gobernador lo supiera, según declaró el mismo. Como parte del operativo, los militares desplegaron por el estado a “grupos de inteligencia”. Trascendió que el plan del gobierno federal era extender los operativos a todo el país.
En Chiapas y Sonora, los propios gobiernos locales anunciaron la inminente legada de efectivos militares. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados empezaron a instalar retenes en las avenidas de varias colonias. En Nuevo León, el propio gobernador se reunió con funcionaros federales para diseñar el operativo a aplicarse en su estado.
El 10 de enero, el gobierno local confirmó el arribo de 2 mil militares, 130 unidades terrestres y aéreas a Acapulco pero, dijo, que era parte de la rutina no de ningún operativo. El 15 de enero, el operativo ya se había ampliado a Culiacán, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo. Félix Salgado, presidente municipal de Acapulco, declaró que desconocía los detalles y estrategias que se iban a aplicar en el estado, principalmente, en el puerto.
El 22 de enero, ya estaban movilizados 9 mil soldados en Chihuahua, Durango y Sinaloa con los objetivos de ''ejecutar órdenes de aprehensión, realizar cateos y detener a miembros o líderes'' de organizaciones delictivas”. Según informó el secretario de la defensa nacional, desde el 8 de diciembre de 2006 se había movilizado a un total de 19 mil efectivos militares.
A la fecha el despliegue de efectivos era por tierra, mar y aire. En conferencia de prensa, en la casa presidencial, se informó que, al momento, se había logrado la erradicación de mil 613 plantíos de mariguana y 567 de amapola, además de la detención de 20 personas y el decomiso de 14 armas largas (Aranda J., en La Jornada 22 ene 2007).
Pobres resultados
El 7 de enero, el gobierno de Baja California aseguró que la Operación Tijuana sólo "ha dado buenos resultados", mientras en la jornada de vigilancia y combate al crimen organizado se detuvo a cuatro personas por omisión de pensión alimenticia, intento de violación y robo de cilindros de gas (Heras A., Martínez E. en La Jornada 8 ene 2007). Se publicó que, el principal "golpe" en Tijuana había sido desarmar a 2 mil 100 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal para que personal de inteligencia militar realice pruebas de balística y dactiloscopia con el propósito de saber si el arma de cargo o su responsable participaron en algún acto ilícito.
Ante tan pobres resultados, el gobierno mexicano procedió a un golpe mediático. El 19 de enero anunció la extradición de 15 capos del narcotráfico a Estados Unidos. Para el gobierno todo ocurrió con normalidad en contra de personas peligrosas. Sin embargo, a ninguno se le realizó ningún juicio de extradición, los jueces a cargo de los procesos ni siquiera fueron notificados y mucho menos se escucho en defensa a los afectados.
Las penas a que habían sido condenados en México (cadenas perpetuas), súbitamente fueron anuladas. Los hechos ocurrieron una semana después de la reunión en la capital mexicana de los procuradores de justicia de ambos países. Expertos penalistas señalaron que la acción fue inconstitucional al permitir que a los extraditados se les juzgue con leyes extranjeras.
El 25 de enero, Bush le llamó a Calderón para felicitarlo por la lucha contra el narco.
Tentación totalitaria
“El uso excesivo de la fuerza pública no sólo carece de resultados, sino que en los hechos se traduce en el fortalecimiento del poder para combatir cualquier disidencia política y restablecer el "orden y la legalidad, entendidos como disciplina y respeto a los esquemas sociales y económicos establecidos". Así lo señaló Fernando Tenorio Tagle, experto criminólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dijo que, Calderón “está cumpliendo con los mismos requisitos que Estados Unidos solicitó a Porfirio Díaz para garantizar la inversión extranjera, es decir, "seguridad, pero también control de los movimientos sociales" (Poy L., en La Jornada 5 ene 2007).
Agustín Pérez Carrillo, de la UAM-Azcapotzalco señaló que "no se logrará acabar con la delincuencia utilizando mano dura, mucho menos con un proceso de militarización, que sólo en países como Colombia ha costado miles de vidas y deterioro de los derechos humanos". El académico dijo que iniciar la "guerra" contra la delincuencia aplicando operativos de seguridad "no sólo vulnera garantías individuales, como el libre tránsito, también lesiona los derechos humanos y podría propiciar la pérdida de vidas y ocasionar lesiones físicas a personas ajenas a cualquier actividad ilícita".
“El prematuro uso de las fuerzas armadas mostró a un mandatario dispuesto a gobernar con el dedo en el gatillo” escribió J. Camil (en La Jornada 12 ene 2007).
En antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas dijo (en La Jornada 12 ene 2007) que “La casaca verde olivo y la gorra que ostenta el águila y las cinco estrellas del grado de comandante supremo de las Fuerzas Armadas que portaba Calderón el 3 de enero en Michoacán que nunca fueron utilizados por los presidentes priístas en una más de sus profusas reuniones con soldados en el corto tiempo de asumir el cargo; el aumento de salarios y recursos para los militares por encima de cualquier otro rubro o sector; la utilización masiva del ejército en operativos contra el crimen organizado en tres estados de la república en violación a la Constitución y, en particular, la violencia ejercida contra el pueblo oaxaqueño y la APPO, hacen pensar que Calderón más que presidente se asume como jefe supremo de la represión y el orden capitalistas”.
Gobierno usurpador apoyado en el Ejército federal
Gilberto analizó seriamente la situación. El mismo reiteró que, “ya en 1999 analizábamos las razones que continúan vigentes por las cuales las fuerzas armadas mexicanas se encuentran en desventaja en la lucha contra el narcotráfico: 1. El adiestramiento de los militares no va encaminado a prepararlos para misiones de seguridad pública y lucha contra el tráfico de drogas. 2. El crimen organizado por su poder económico penetra fácilmente las estructuras castrenses a través de su cooptación, corrompiendo a la institución armada desde la tropa hasta la alta oficialidad y convirtiéndola en cómplice de la acción delictiva. 3. Los recursos materiales de las fuerzas armadas están en desventaja con respecto al crimen organizado, el cual cuenta con los más modernos medios de comunicación e intercepción de señales, armamento, vehículos, aeronaves, navíos e infraestructura operativa. 4. La saturación de misiones de las fuerzas armadas traen consigo desgaste y deserciones: trabajo de inteligencia, seguridad pública, lucha contra el crimen organizado, represión de disidencias sociales y contrainsurgencia (las cuales abarcan diversas tareas de labor social y propaganda entre la población civil), contingencias y desastres naturales, etcétera. 5. Predominio del narcotráfico marítimo y en consecuencia fracaso en la contención de cargamentos ante la obsolescencia de las embarcaciones y los recursos de la Armada. 6. Resultados nulos, desprestigio, invasión de esferas de competencia entre sí (Ejército y Marina) y con diversas instituciones federales y estatales. 7. Inversiones inútiles en compra de transporte aéreo y marítimo inservible y riesgoso. 8. Nulo monitoreo del Congreso de la Unión y de la sociedad civil en el presupuesto militar, el cual resulta en un botín que propicia también la corrupción y la discrecionalidad en el gasto público. 9. Dependencia cada vez mayor de las fuerzas armadas mexicanas a Estados Unidos e incorporación de las mismas a los planes y mecanismos de dominio estratégico imperialista a través de la lucha contra el narcotráfico y ahora del "combate al terrorismo internacional".
López y Rivas dijo que “lo más preocupante de estas primeras semanas de Calderón es el mensaje que está dando a los ciudadanos todos y a la oposición de izquierda en particular: 1. Soy un presidente ilegítimo repudiado por millones de mexicanos, pero cuento con el apoyo de los militares. 2. Mi prioridad como gobernante es la seguridad para los capitales y la mediatización y control de la disidencia y la protesta social. 3. No me importa recortar el presupuesto para la educación, la salud, la cultura y el gasto social mientras el sector castrense se sienta no sólo apoyado, sino estimulado para el desempeño de sus tareas”.
También escribió que “No serán posibles la intimidación ni el repliegue de los movimientos sociales del pueblo mexicano ante estos intentos por hacer retroceder al país a etapas ya superadas por décadas de luchas civilistas, democráticas y de defensa de la soberanía e integridad de la nación. ¡La derecha no pasara!”.
La militarización va contra la protesta social
Calderón no es solamente un político de la ultraderecha fanática sino fascistoide. En Oaxaca, el gobierno federal optó con medidas de fuerza ante la protesta social. Habiéndose posesionado del gobierno luego de una elección severamente cuestionada, Calderón y grupos que lo patrocinan busca afirmarse en la fuerza del Ejército federal.
¿Cómo combatir al narcotráfico si éste se ha desarrollado al amparo del poder político? El mismo Estado ha sido penetrado por esas mafias y no de ahora. Sigue prevaleciendo la tesis de que no hay crimen organizado sin el apoyo del Estado. Eso es lo que ocurre en México. Por eso es que, el Ejército se ha visto mal, incapaz de cumplir con la función que el gobierno federal en turno le ha asignado.
Los operativos policíaco-militares y el amplio despliegue por todo el país son el anuncio de una guerra generalizada, aparentemente contra los narcos. Sin embargo, el mensaje va destinado a la sociedad en su conjunto. El gobierno tiene en marcha un operativo para criminalizar la protesta social, toda vez que el gobierno espurio sabe que, la aplicación de su política económica no es, ni será, aceptada voluntariamente por el pueblo. Imponer compulsivamente al neoliberalismo salvaje conlleva al uso de la fuerza del Estado.
(Energía, 27 de febrero de 2007)
