Amenazan incluso con armas a mujeres y niños de tres comunidades, denuncia
Existe el inminente peligro de que esas violaciones a los derechos humanos se repitan, alerta
Emir Olivares Alonso
Amnistía Internacional (AI) denunció que durante un operativo militar contra el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en tres comunidades de la sierra de Guerrero, integrantes del Ejército torturaron, amenazaron y hostigaron a los pobladores de esas regiones, incluidos mujeres y niños.
Ante ello, emitió una recomedación urgente, por el temor de que esta población vuelva a ser víctima de abusos y delitos cometidos por soldados.
El documento fue dirigido al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; al gobernador de la entidad, Zeferino Torreblanca; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, y a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Destacó que desde 2008 ha documentado que en México se han incrementado incidentes en los que miembros del Ejército incurren en homicidios, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros domiciliarios ilegales.
Sobre este caso, AI documentó que del 9 al 13 de junio varios militares incursionaron en las localidades Puerto de las Ollas, Las Palancas y El Jilguero, del municipio de Coyuca de Catalán, donde torturaron a dos hombres y agredieron, amenazaron y hostigaron con armas a mujeres y niños.
Demandan garantías
El organismo internacional exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos, y que garanticen la seguridad de los residentes de esos sitios contra futuros ataques, pues "existe ese inminente peligro".
AI precisó que el pasado 9 de junio 60 soldados llegaron hasta estas comunidades disparando al aire y contra los lugareños. Agregó que el día siguiente llegaron más militares, que sumaban alrededor de 500.
"Durante cinco días hostigaron a las mujeres y a los niños que permanecieron en el lugar, y torturaron a algunos", subrayó AI. Agregó que los militares abandonaron esas comunidades el 13 de junio, cuando llegó una misión de observación conformada por varias organizaciones civiles, entre ellas la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero.
De acuerdo con esa misión –aseveró AI–, Omar García, adolescente de 14 años y poblador de la región, "fue torturado por más de tres horas, pues le aplicaron descargas eléctricas, le vendaron los ojos, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, lo golpearon y lo amenazaron con castrarlo".
Otra de las víctimas fue un hombre de 33 años, César Acosta Ávila, quien desde hace dos años sufre las secuelas de una hemorragia cerebral. Éste "fue víctima de torturas durante tres horas: los soldados le introdujeron agujas bajo las uñas, le propinaron puñetazos en los oídos, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, lo golpearon en cabeza y pecho, amenazaron con aplicarle descargas eléctricas en los pezones y le advirtieron que si denunciaba el trato de que fue objeto, sería encarcelado".
AI informó además que, en un intento por obtener información del ERPI, durante esos cinco días los militares amenazaron y hostigaron a las mujeres. A tres de ellas "les colocaron cuchillos en la garganta, mientras que a una que estaba embarazada la empujaron y lanzaron contra la pared; a una más, con un bebé en brazos, amenazaron con matarla".
La organización civil de derechos humanos más grande del mundo denunció que otros informes revelan que los soldados "amenazaron e interrogaron a varios menores de edad, entre ellos un niño de ocho años, a quien apuntaron con una pistola".
Añadió que el Ejército allanó los hogares de los lugareños, robó y destruyó bienes, además de amenazar con quemar las cabañas e intentar falsificar pruebas para vincular a los comuneros con grupos armados y con el narcotráfico.
(La Jornada, 24 de junio de 2009)
miércoles, 24 de junio de 2009
En busca de guerrilleros, militares torturan a pobladores de la sierra de Guerrero: AI
viernes, 18 de abril de 2008
Hostigamiento policiaco-militar en la Costa Chica de Guerrero
■ Buscan más de 600 uniformados a responsables de la emboscada perpetrada en El Salto
■ Sobrevuelos de helicópteros, retenes y despliegue de tropas de elite del Ejército Mexicano
■ Fotografían a pobladores, los interrogan y los acusan de ser guerrilleros o narcotraficantes
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Ayutla de los Libres, Gro., 17 de abril. Más de 600 militares y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), así como de las policías Federal Preventiva, investigadora ministerial y estatal hostigan a comunidades de la Costa Chica de Guerrero en busca de los responsables de una emboscada ocurrida en el poblado El Salto el 31 de marzo, en la que murieron cuatro agentes municipales y un civil, informaron dirigentes de organizaciones indígenas tlapanecas y mixtecas de este municipio.
El dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez, informó que el sábado anterior en el cerro de El Tigre, en la comunidad Barranca de Guadalupe –a unos 50 kilómetros de Ayutla de los Libres–, “dos helicópteros transportaron en tres viajes a cuerpos de elite del Ejército Mexicano, que bajaron a las comunidades para preguntar a los pobladores por encapuchados o guerrilleros del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) y del EPR (Ejército Popular Revolucionario). Desde entonces no han dejado de sobrevolar”.
Ramírez visitó el martes pasado unas 30 comunidades mixteco-tlapanecas de los municipios de Ayutla de los Libres y de Acatepec junto con representantes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Secretaría de Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática(PRD) en el estado.
Entrevistado luego del recorrido, efectuado para corroborar las acusaciones de hostigamiento policiaco-militar, Ramírez aseguró que el Ejército Mexicano y corporaciones policiacas incursionaron en los poblados El Limón, La Angostura, El Camalote, Te Cruz, Rancho Coapa, Lomotepec y Barranca de Guadalupe, entre otros, e incluso en comunidades del municipio de Acatepec, donde se ha visto a presuntos paramilitares.
A su vez, Raúl Lucas Lucía, dirigente de la Organización de los Pueblos Indios Na’savi, destacó que militares y policías han entrado en al menos 20 de las 28 comunidades indígenas mixtecas de Ayutla. Comentó que en los pueblos La Fátima y Vista Hermosa “los soldados llevan dulces a los niños, pero luego les preguntan si han visto a guerrilleros o a narcos”.
Agregó que “hace unos días” alrededor de 100 uniformados “recorrieron las comunidades mixtecas. A unos les robaron cultivos de caña y a otros los quisieron vincular con organizaciones guerrilleras como el ERPI o el EPR y, en el peor de los casos, con narcotráfico”.
Durante el recorrido, el indígena tlapaneco Orlando Manzanarez, miembro de la OPIM, señaló que el primero de abril, un día después de la emboscada a los policías municipales, soldados del 48 batallón de infantería, con sede en Ayutla de los Libres, instalaron un campamento. “Se fueron el sábado (5 de abril) y la gente estaba muy asustada por la presencia de los guachos (militares). No quisieron ir a trabajar a sus tierras o campear su ganado. Si salían del pueblo les pedían su identificación y les tomaban fotos”.
Dijo que a otros de sus vecinos “los acusaron de ser guerrilleros. El jueves de esa semana llegaron camionetas con unos 80 elementos de la policía ministerial y fueron al panteón a sacar el cadáver de Alejandro Feliciano Guzmán, informante del Ejército asesinado en enero”.
(La Jornada, 18 de abril de 2008)
