Las autoridades del Ejército Mexicano "se autoexculpan": edil de Soledad Atzompa
Preocupa a legisladores la violación tumultuaria de anciana indígena, que provocó su muerte
ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MENDEZ, ANDRES T. MORALES REPORTEROS, CORRESPONSAL
La violación tumultuaria que la anciana indígena identificada con las siglas EAR padeció el fin de semana anterior en el estado de Veracruz, agresión que le provocó la muerte el 26 de febrero pasado, y la constante redición de hechos violentos contra mujeres en distintas partes del país a manos de integrantes del Ejército Mexicano, propició que la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Marisela Contreras Julián, presentara ante la mesa directiva del órgano legislativo un punto de acuerdo para exigir el esclarecimiento y castigo de esos actos reprobables e impunes.
En tanto, el presidente municipal de Soledad Atzompa, Veracruz -donde ocurrió el ataque contra EAR-, Javier Pérez Pascuala, sostuvo que "el pueblo indígena no cree en las versiones del Ejército Mexicano, cuyas autoridades actúan como juez y parte y se autoexculpan".
El edil, asimismo, repudió el comunicado emitido el martes pasado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el cual se aseguró que no hay elementos para atribuir a soldados el ataque contra la anciana, perpetrado en la comunidad de Tetlazinga.
La exigencia de la legisladora federal Marisela Contreras refiere en primer término un exhorto a Felipe Calderón Hinojosa, para que "en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y responsable de la actuación de éstas", ordene que se apliquen "todas las medidas necesarias, a efecto de que se sancione a los responsables de las violaciones y asesinatos en contra de mujeres en todas las regiones del país, presuntamente realizados por miembros del Ejército Mexicano, y evitar que la conducta de los efectivos militares incurra, de nuevo, en violaciones contra los derechos humanos de las mujeres".
En segunda instancia, la Cámara de Diputados solicitó, también al presidente Calderón Hinojosa y a las autoridades del estado de Veracruz, esclarecer el homicidio de EAR, mujer indígena de 73 años edad, cometido "presuntamente por miembros del Ejército Mexicano".
La diputada Contreras Julián afirmó que "es reprobable que el Ejército Mexicano se encuentre inmiscuido en este tipo de acusaciones. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se exige el esclarecimiento de los asesinatos cometidos contra mujeres, y se reprueba la conducta de los efectivos militares inmiscuidos en abusos sexuales contra mujeres y vejaciones de sus derechos humanos".
Reclamó que sean las propias autoridades las que ejerzan la violencia y vulneren los derechos de las mujeres, sin recibir castigo aquellos que son responsables.
"Esta violencia de género no sólo se da en Ciudad Juárez, donde existen cientos de feminicidios sin castigo; no se da sólo en el estado de México o en Morelos, Chiapas, Oaxaca o Guerrero. Es una vergüenza, y se está suscitando en todas las regiones del país, donde el despliegue de efectivos militares en los operativos que se están llevando a cabo se ha desviado de la misión que se les ha encomendado", dijo la perredista Marisela Contreras.
Recordó que el 4 de junio de 1994, tres mujeres indígenas tzeltales denunciaron que fueron violadas por soldados que participaban en acciones militares contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el municipio de Altamirano, Chiapas; el 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores y Aurelia Méndez, indígenas de la región de Zopilotepec, Atlixtac de Alvarez, en el estado de Guerrero, denunciaron que cinco soldados las violaron; en 1997, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca recibió la denuncia de que soldados violaron a 12 mujeres en la zona de los Loxicha.
El 21 de abril de 1999 Victoriana Vázquez, de 50 años, y Francisca Santos, de 33, denunciaron que fueron objeto de ataques sexuales por parte de miembros del Ejército Mexicano en la región de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero.
El 16 de febrero de 2002, en la Barranca de Bejuco, Guerrero, Valentina Rosendo denunció una agresión por parte de ocho soldados del 41 Batallón de Infantería.
El 22 de marzo de 2002, en Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, denunció haber sido violada por 11 soldados.
El 11 de julio de 2006, más de 20 elementos del Ejército Mexicano violaron en el municipio de Castaño, Coahuila, a 13 mujeres sin que hasta el momento se haya sancionado a los responsables de esa terrible agresión sexual.
De su lado, el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, consideró que los agresores de EAR no pudieron ser habitantes del municipio asentado en la sierra de Zongolica.
"Estamos seguros de que fueron soldados, no pueden ser otras personas porque de antemano se sabe que en Soledad Atzompa toda la gente es pacífica, allí no hay violencia y nunca se ha presentado algún hecho de violación sexual", dijo ayer en conferencia de prensa ofrecida en el puerto de Veracruz.
Pérez Pascuala explicó que personalmente ayudó a trasladar a la anciana agredida al Hospital Regional de Río Blanco, vio las condiciones en que iba y escuchó el reporte de los médicos que la atendieron.
"Esa bestialidad no la pudo cometer un habitante del poblado de Tetlacinga, donde todos se conocen y se respetan, porque han vivido juntos por décadas; no fueron lugareños, de ninguna manera, fueron soldados", reiteró.
(La Jornada, 8 de marzo de 2008)
sábado, 8 de marzo de 2008
Exige la Cámara de Diputados aclarar y castigar agresiones sexuales de soldados
viernes, 8 de junio de 2007
La guerra sucia, contra las mujeres
Rosalva Aída Hernández Castillo
Los primeros meses de gobierno de Felipe Calderón se caracterizan por la militarización de las principales regiones indígenas del país y la continuidad de una política de penalización de los movimientos sociales que, en nombre de la "paz social", pretende justificar la violencia de Estado y la represión. La modificación al Código Penal Federal, aprobada el 26 de abril del 2007, para "castigar el terrorismo" y fijar penas más severas para quienes amenacen la tranquilidad de la población "por cualquier medio violento", es denunciada como una estrategia más para criminalizar a los movimientos sociales.
El llamado "multiculturalismo neoliberal" que caracterizó el gobierno de Vicente Fox --mediante la apropiación y trivializació n de las demandas de los pueblos indígenas-- es sustituido ahora por un neo-conservadurismo que trata como delincuentes a los indígenas organizados y sustituye la retórica en torno al reconocimiento cultural, por un discurso desarrollista contra la pobreza. (El Estado y los indígenas en tiempos del pan. Neoindigenismo, legalidad e Identidad, Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y Teresa Sierra, coordinadoras, ciesas-Porrúa, México 2005.)
En este nuevo contexto, las mujeres indígenas sufren de manera específica las consecuencias de la militarizació n del país, al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en las regiones donde existen antecedentes de organización indígena y campesina. La denuncia de la violación de una anciana nahua de 73 años, Ernestina Ascención Rosario, por parte de cuatro efectivos del Ejército en la Sierra de Zongolica en Veracruz, el pasado 25 de febrero, pone en evidencia el rechazo de la población indígena ante la presencia del ejército en sus comunidades. El debate nacional que este incidente provocó ha convertido al cuerpo de Ernestina en una arena de pugnas políticas entre el gobierno federal, estatal y municipal, donde la justicia parecería ser la última prioridad de funcionarios y gobernantes.
Este caso no es algo aislado. Según informes de Amnistía Internacional, desde 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca (estados donde hay una gran efervescencia organizativa) .
Lo paradigmático del caso es que, una vez más, pone en evidencia el racismo y el sexismo de los grupos de poder y la red de complicidades que posibilita y perpetúa la impunidad en México. Pese a que Ernestina Ascención denunció a sus violadores antes de morir y quince personas --familiares, autoridades comunitarias y médicos legistas--, escucharon su denuncia y dieron fe de los estragos que la violación tumultuaria dejó en el cuerpo de la anciana, Felipe Calderón negó la veracidad de la denuncia sin tener ningún informe médico o legista que fundamentara su versión de "muerte por gastritis". Como en los viejos tiempos de las monarquías, la palabra del "Supremo" fue suficiente para desmentir el certificado de defunción, las necropsias firmadas por tres médicos legistas, el dictamen del procurador estatal de Justicia de Veracruz y el propio testimonio de lavíctima.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres, instancias creadas supuestamente para defender los derechos de los ciudadanos, hicieron eco de la versión oficial. Rocío García Gaytán, presidenta de Inmujeres, descalificó las últimas palabras de Ernestina, ya que fueron expresadas en náhuatl y la mujer estaba moribunda (¡?). Después de un amplio debate nacional sobre el caso, todas las pruebas de la violación parecen haberse esfumado junto con la familia de la víctima.
La misma impunidad y el mismo racismo, encontraron las hermanas Méndez Sántiz, tres mujeres tzeltales violadas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994; Delfina Flores Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez, tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, quienes fueron violadas por cinco soldados el 3 de diciembre de 1997; las 12 mujeres indígenas de la zona de Loxichas, Oaxaca, violadas por efectivos del ejército mexicano en 1997; las mujeres nahuas Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casas abandonadas en abril de 1999; Valentina Rosendo Cantú agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, en febrero del 2002; Inés Fernández Ortega, violada en su casa por 11 soldados el 22 de marzo de 2002,en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero; las 23 mujeres agredidas sexualmente en Atenco por fuerzas de seguridad en mayo del 2006; las trece mujeres de Castaños, Coahuila que el 11 de julio de 2006 fueron víctimas de una violación tumultuaria por parte de 20 soldados. Más que de casos aislados cometidos por enfermos mentales, estas cifras y estos nombres dan cuenta de una política de intimidación que utiliza la violencia sexual como arma de desmovilización política. Los cuerpos de las mujeres indígenas se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra el movimiento indígena. Como lo plantea Maylei Blackwell, la violación es una colonización íntima que degrada la sexualidad de las mujeres indígenas. Si en el pasado sus cuerpos fueron la materia prima para forjar la nación mestiza, ahora son el espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto neocolonial.
En esta lucha por la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas y campesinos, las mujeres mantienen una importante participación. Las fotos de las mujeres zapatistas enfrentando al ejército han dado la vuelta al mundo. En la coyuntura actual oaxaqueña, las mujeres fueron las encargadas de tomar la radio universitaria y durante tres meses fueron voces femeninas las que diariamente transmitieron desde Radio Caserola las demandas de destitución del gobierno de Ulises Ruiz y los llamados a mantener la resistencia.
La participación de las mujeres en el movimiento zapatista y en movimientos como los de Atenco y Oaxaca, han venido a trastocar los roles de género al interior de las comunidades, y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano. No es casual entonces que ante el "peligro desestabilizador" los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres. El nuevo colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la violencia sexual para sembrar el terror e intimidar a las mujeres organizadas.
Análisis de género en otras regiones militarizadas como el de Davida Wood en Palestina o Dette Denich en Sarajevo, señalan que en contextos de conflicto político militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de lucha política y la violación sexual se instrumenta como forma de demostrar poder y dominación sobre el enemigo.
Chiapas, Atenco, Guerrero y ahora Oaxaca no son una excepción: la militarizació n y la paramilitarizació n afectan de manera específica a las mujeres en esta guerra sucia no declarada. Desde una ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo. Al igual que los soldados serbios, las fuerzas represivas del Estado mexicano "se apropian de los cuerpos de las mujeres simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos en una lucha contra sus enemigos hombres, reproduciendo esquemas de los patriarcados tradicionales, en los que la ineficacia de los hombres para proteger a sus mujeres, controlar su sexualidad y sus capacidades reproductivas, era considerada como un símbolo de debilidad del enemigo" (Dette Denich, en el libro colectivo Feminism, Nationalism and Militarism, 1995).
Todos estos casos de violación sexual por parte de militares o fuerzas de seguridad, que parecen sacados de un expediente sobre la represión en Guatemala, han sucedido en el México de la "transición democrática", mientras el gobierno mexicano firma varios convenios internacionales contra la violencia hacia las mujeres. Estos compromisos han sido letra muerta y no han limitado ni frenado a las fuerzas represivas del Estado.
Esta política de "dos caras" caracteriza al gobierno de Felipe Calderón, pues por un lado el Congreso aprobó en febrero pasado una de las leyes contra la violencia hacia las mujeres más avanzada de América Latina, tipificando el delito de feminicidio, a la vez que mujeres activistas de Atenco y Oaxaca siguen encarceladas y las violaciones sexuales cometidas durante los operativos policiacos y militares siguen sin castigarse.
La apropiación e institucionalizació n de los discursos en torno a la equidad de género por parte del Estado mexicano, despojándolos de su radicalidad crítica nos lleva a pensar en la necesidad de reivindicar la denuncia del colonialismo como parte de la crítica feminista. Urge construir alianzas entre el movimiento feminista y el movimiento indígena [.... y con los movimientos sociales en general, meto mi cuchara.....] para denunciar y desarticular las estrategias neocoloniales que usan la violencia sexual como herramienta contrainsurgente. La libertad de los y las presas políticas debe de ser una demanda urgente de las organizaciones feministas, pues la integridad física de quienes denunciaron la violencia sexual estará en peligro mientras continúen presas. Durante el conflicto magisterial en Oaxaca, 153 mujeres han pasado por las cárceles y muchas de ellas han sido víctimas de violencia física y psicológica. Trece mujeres participantes en el movimiento continúan desaparecidas y 64 activistas siguen presos. En el caso de Atenco, 29 activistas siguen en la cárcel, entre ellos cinco mujeres.
En el contexto político actual, recuperar la radicalidad de la crítica feminista resulta fundamental ante una política de Estado que utiliza los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas [....y de las mujeres en general, no olvidemos el debate moralino patriarcal sobre el aborto y la nula capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo...] como campo de batalla de una nueva guerra sucia que en estos momentos específicos se libra en distintas regiones de México.
Aída Hernández es investigadora de CIESAS y coordinadora del Seminario Género y Etnicidad.
(Actualidad Étnica, 8 de junio de 2007)
