SARA LOVERA
MEXICO, D.F., 2 de julio (apro).- En vísperas de las elecciones de este domingo, las más deslavadas y confusas que haya vivido, dos incursiones militares en menos de 24 horas y sin justificación de peso, han sucedido en el Distrito Federal, un espacio hasta ahora libre del verde olivo.
Lo que vi, captado por las cámaras, a pesar de la desinformación televisiva, fue a un grupo de personajes citadinos atemorizados, tremendamente pobres, vestidos con andrajos, espantados, sacados de una vecindad de la colonia Obrera.
El reporte oficial habla de la detención de cinco presuntos "narcomenudistas", tres mujeres y dos hombres. Se trata de José Ángel Ocampo Zavala, Daniel Colorado Ocampo, Rosalía Gastón Iglesias, Angélica Ocampo Gastón y Mariana Gastón Iglesias, sin mayor dato que su nombre, sin una dirección cabal, sin arsenal que se reporte, vaya, sin una pistola ni de juguete.
La incursión de 50 elementos de la Policía Federal (PF) y del Ejército, todos fuertemente armados, actuaron sorprendiéndonos. Hubo bloqueo en las calles. Hasta ahí la información. Nada más.
Era el 25 de junio por la tarde. El día 26 se informó de otra incursión, igualmente nebulosa en la colonia Nueva Santa María, en el que participaron cerca de 200 elementos del Ejército y de la PF.
Casi instantáneamente, diversas organizaciones de Derechos Humanos, incluida la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal reaccionaron calificando la acción como un "exceso" sólo atribuible a "la construcción cotidiana del autoritarismo de Felipe Calderón", según reportó el diario La Jornada como declaración del diputado Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados.
Lo preocupante es que, por enésima y desesperante que parezca, los defensores de derechos humanos ratifican: "Los operativos militares no son la solución", y en cambio han tenido que recordar que en la capital del país sólo se admite a los militares en las calles "el 16 de septiembre", cuando desfilan para conmemorar la guerra de Independencia.
Estos hechos son sumamente graves. Hasta ahora, Felipe Calderón no ha podido instalar en las calles de la ciudad al Ejército que ha distribuido en todo el país, sembrando el temor de los civiles, realizando labores policíacas anticonstitucionales. La presencia del Ejército, desordenada, ha dejado una estela de atropellos a los derechos humanos. Los abusos contra el cuerpo de muchas mujeres, hechos hasta ahora impunes, laceran, sin lugar a dudas, la vida democrática.
En el Distrito Federal y de acuerdo con las informaciones de reporteros y periodistas, estos operativos no fueron informados a las autoridades de la ciudad. Manuel Mondragón y Kalb, secretario de Seguridad Pública, dijo no haber sido consultado.
Es decir, estamos en presencia de lo que tanto hemos temido. Que la locura por demostración autoritaria y patriarcal del señor que se instaló en Los Pinos, el que piensa que los jóvenes son un peligro, el que viola la ley invocando a Dios en sus discursos, en un país laico; el mismo que "abrió" una caja de Pandora irrefrenable y sin resultados satisfactorios, quiere ahora también que el Distrito Federal sea gobernado por el Ejército sobre o por encima de los mandos civiles.
¿Cuál casa de seguridad pretende argumentarse? ¿En una vecindad? Donde puede ser probable que haya ladronzuelos, presuntos "nercomenudistas", "malvivientes", "muertos de hambre", mismos que, en el absurdo, se pretenda decir que no puedan ser detenidos por la policía de Mondragón y Kalb.
Lo más grave es que un sector del partido que gobierna la capital avala estas acciones. Mientras era cateada la vecindad y se llenaba con militares encapuchados la calle de Juan Lucas Lassaga en la colonia Obrera, a tres calles del Viaducto, en el canal de las estrellas, Jesús Ortega, presidente del PRD, declaraba: "Estamos con la lucha contra el crimen organizado, donde ha tenido que participar el Ejército", y se justificaba como "de izquierda moderna".
Ortega, al discutir el problema de "la inseguridad", nunca pudo hablar de la relación entre la delincuencia y el desempleo, la delincuencia y la pobreza, la delincuencia y la desazón juvenil por los y las políticas, la falta de credibilidad en los partidos políticos y la ausencia de eficacia en la justicia. Menos se le ocurrió diagnosticar cómo hay ingobernabilidad fuera del Distrito Federal.
No habló de cómo se ha perdido el horizonte y la idea de desarrollo. No pudo articular lo que dicen los documentos básicos de su partido respecto del uso de la fuerza, ni recordó lo que su partido defendió y denunció durante años: la urgencia de verdaderos sistemas de inteligencia, la articulación de los grandes criminales con la banca y los negocios; la ausencia de políticas públicas para prevenir la delincuencia sin las armas de por medio.
Pero ante estos hechos, las voces de los defensores y defensoras de derechos humanos, que saben, han contado, han documentado cómo el uso autoritario de la fuerza en los operativos ahora sustentados en las recientes modificaciones legales, atentan contra las libertades fundamentales de los y las ciudadanas.
Eso, dijo el presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, "sólo acrecentará el clima de terror entre los ciudadanos".
Para mi, es inadmisible colocar a nuestra ciudad en un vaso de sangre como sucede en otras latitudes. Es inaceptable callarnos.
Edgar Cortez, de la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas, fue más allá al decir que es falso que el Ejército en las calles sea la única manera de combatir la delincuencia organizada. Y si es verdad que no se ha combatido a fondo el "narcomenudeo", para enfrentarlo, en vecindades como la retratada el 25 de junio, no es necesario el Ejército.
El documental de lo que ha significado la estrategia militar contra el crimen es enorme: decenas de casos de violaciones sexuales; muerte de civiles sin deberla ni temerla; niños y niñas que han presenciado cómo apresan a sus familiares, los balean o matan, ello en todo el país, pero, en la capital, como dijo el diputado Suárez del Real, los camiones militares, las tanquetas, el verde olivo, sólo nos remite a México 68. ¡No pasarán!
Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx
(Proceso, 2 de julio de 2009)
jueves, 2 de julio de 2009
La capital: verde olivo amenazante
martes, 30 de junio de 2009
Matan a golpes a militar en Chihuahua; 5 ultimados en Juárez
LA REDACCIóN
México, D.F., 30 de junio (apro).- Seis personas han sido asesinadas en distintos puntos de Chihuahua, entre ellas un militar. Como parte de las agresiones del crimen organizado, dos víctimas más fueron heridas con arma de fuego.
Felipe Rafael González Ruiz, soldado de infantería perteneciente al 76 Batallón, fue muerto a golpes y abandonado en la ciudad de Parral.
La víctima, de 27 años de edad, sufrió una herida en el cráneo y fue golpeado en todo el cuerpo.
De acuerdo con la versión del sistema 060, habría sido ultimado el pasado domingo, aunque fue reportado por testigos hasta este lunes.
El cuerpo fue hallado en el camino de terracería que comunica a El Parral con Villa Escobedo.
Horas antes, Francisco Hernández González, de 45 años, fue ejecutado a balazos el cruce de las calles Amapola y general Gilberto Silveyra, en Ciudad Juárez.
Un comando a bordo de una camioneta color verde abrió fuego contra la víctima, matándola en el instante. Griselda Varela, una transeúnte que pasaba por el lugar, fue herida en uno de los tobillos y trasladada al Hospital General de Zona 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En otro caso, minutos antes de las diez de la noche un joven de aproximadamente 25 años de edad fue acribillado y muerto en la intersección de las calles las calles Violetas y Azucenas, también en Ciudad Juárez.
Sufrió tres impactos de bala en el tórax. Vestía una camiseta blanca y pantalón de mezclilla. Aún no es identificado.
A las diez de la noche, un hombre sufrió 20 disparos en el cuerpo. Fue trasladado a la delegación Salvárcar de la Cruz Roja, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.
Aproximadamente quince minutos después, testigos reportaron a un hombre muerto a bordo de una camioneta modelo Blazer 1994.
El cadáver, con perforaciones de bala, fue abandonado en las inmediaciones de la plaza Búfalo.
Antes de las once de la noche, dos adolescentes fueron baleados en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Luis Escobar, en la colonia Morelos.
Uno de ellos murió al instante, y el segundo, identificado como Julio César Matus Valdez, de 14 años, convalece en un hospital local.
(Con información de El Diario, El Ágora y Puente Libre)
(Proceso, 30 de junio de 2009)
jueves, 25 de junio de 2009
Denuncia de indígena violada por militares llega a la Corte Interamericana
LA REDACCIóN
MÉXICO, DF, 25 de junio (apro).- La CIDH informó hoy desde Washington que demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al gobierno mexicano por el caso de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena guerrerense que en 2002 fue violada y torturada por militares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), interpuso la demanda contra México por la violación y tortura de la indígena me'phaa a manos de militares, pues hasta el momento no se ha investigado ni sancionado a los responsables, y tampoco ha habido la reparación de la víctima.
Hace unas semanas la organizaciones de derechos humanos Tlachinollan y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dieron a conocer que la CIDH determinó, desde el 7 de mayo, remitir el caso de Inés a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indígena tlapaneca violada y torturada por militares el 22 de marzo de 2002 en su domicilio, ubicado en la región de La Montaña de Guerrero.
Ese día un grupo de soldados entró en su casa para interrogarla en relación con un presunto robo de carne y la aparición de un grupo armado. Al no responder a sus preguntas, la violaron.
Semanas atrás se había registrado otro caso parecido.
Valentina Rosendo Cantú, que entonces tenía 17 años, fue abordada el 16 de febrero de ese mismo años en su domicilio por soldados, que le hicieron preguntas sobre las actividades de algunos "hombres encapuchados", en referencia a la guerrilla guerrerense.
Al responder que no conocía a ninguno, la amenazaron y dos soldados la violaron.
Del caso de Valentina también se espera una resolución, pues la CIDH ya emitió su informe de fondo, mismo que no se ha hecho público en virtud que el procedimiento considera un plazo para que el gobierno mexicano atienda a los requerimientos de la CIDH y la queja pueda ser resuelta por la vía de la conciliación.
Los dos casos estuvieron radicados desde 2002 hasta 2008 ante la justicia militar, misma que al final concluyó que en los hechos no habían participado efectivos castrenses, por lo que remitió la denuncia a la Procuraduría de Guerrero.
En estos años, la tensión en la zona se ha ido incrementando contra los grupos civiles y de derechos humanos en acciones que incluyen el asesinato del hermano de Inés poco antes que se cumplieran seis años de la agresión.
Además, integrantes de la organización de derechos humanos Tlachinollan han denunciado diversas amenazas.
(Proceso, junio de 2009)
Hay “indicios” de los soldados que mataron a na savi en camión: MP
Contradicen militares la versión de la Sedena en el asesinato de Bonfilio Rubio
El camión sí se detuvo, declaran ante el Ministerio Público un sargento y dos efectivos
Liberan al indígena arrestado por usar botas tipo militar; el delito no es grave, determinan
ROBERTO RAMIREZ BRAVO (Enviado)
Huamuxtitlan, 24 de junio. Un sargento y dos soldados de infantería del batallón militar adscrito a Tlapa negaron, ante el juez mixto de este distrito de Zaragoza, que el sábado pasado los soldados hayan disparado contra un autobús de pasajeros porque su chofer no se detuvo, como fue la versión inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre esos hechos, en los que asesinaron al indígena Bonfilio Rubio Villegas.
Se trata del sargento segundo Rigoberto Hernández Prieto y los soldados Eloy Rodríguez García y Félix Ignacio Carranza, quienes declararon ante el juez Fidel Alfaro Alonso, en la causa penal 10/2009, que se sigue al indígena na savi Fausto Saavedra Valera, que la noche del incidente fue detenido por portar botas tipo militar.
En su declaración, Hernández Prieto señaló que aproximadamente a las 10:30 de la noche del sábado 20 de junio estaba en el puesto de revisión en el crucero de Santa Cruz, en el kilómetro 213 más 500 de la carretera Chilpancingo-Las Peñas, Puebla, donde interceptaron al autobús de la compañía Sur número 6148 y placas 367-HR7, procedente de Tlapa, y al hacer la revisión, el soldado Félix Ignacio Carranza le informó de la presencia de Fausto Saavedra y sus botas.
El camión duró detenido hasta que vino el comandante de la fuerza de reacción inmediata –del cual no proporciona el nombre– e interrogó al conductor, Francisco Emanuel Pizano Alejo, para verificar que coincidiera el nombre del na savi con sus registros; luego, cuando le dijo al chofer que se quedaría detenido el indígena, discutieron, porque Pizano Alejo quería que le hiciera una anotación “en su libreta de registro de pasajeros que constara que el propietario de las botas se iba a quedar para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes”.
El sargento da cuenta de la discusión, pero no dice qué pasó después, cuando ocurrieron los disparos, ya que el expediente para el que hizo su declaración era sólo por el incidente de las botas.
En un sentido similar hablaron los soldados, quienes coinciden en la hora y lugar en que se efectuó la revisión del autobús, y en que durante ésta se encontró al joven de las botas, en los folios del calzado y en los datos del autobús.
El soldado Félix Ignacio precisó que el camión –con capacidad para 49 personas– circulaba con dirección a Huamuxtitlán, y se le indicó que se desviara de su carril para ser revisado y “así lo hizo”.
Eloy Rodríguez, a su vez, dijo que al llegar el autobús se le indicó que bajara su velocidad “y así lo hizo”.
Los tres coinciden en su declaración que al saber que es un delito usar insignias militares, lo detuvieron.
Ninguno da más datos de lo que ocurrió después, respecto a cuando dispararon contra el autobús. Sin embargo, el agente del Ministerio Público (MP) integró la averiguación ZAR/02038/2009 por el delito de homicidio en agravio del indígena Bonifacio Rubio, quien murió de un balazo en el cuello luego de que soldados dispararon contra el camión cuando se retiraba.
El determinador Rosendo García dijo que “está claro” que fueron los militares quienes mataron al civil en el autobús, y afirmó que “hay indicios” de los responsables, pero todavía no hay ningún nombre, y aunque sostuvo que hay colaboración con las autoridades castrenses, no entró en detalles de qué acciones concretas se llevan a cabo, porque, dijo, se podrían “entorpecer” las averiguaciones, ya que los responsables podrían huir.
“Mejor así, calladitos”
En tanto, trascendió aquí que cuatro soldados que participaron esa noche en el ataque al autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público militar con sede en Chilpancingo, aunque no fue posible conseguir sus nombres ni cuál es su situación jurídica, pues fuentes cercanas a la investigación ministerial señalaron que del Ejército no ha habido ningún contacto oficial al respecto.
Libre bajo fianza
Asistido por el abogado del centro de derechos humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el indígena na savi Fausto Saavedra Valera, quien fue detenido en posesión de las botas tipo militar –por lo cual se originó el incidente que terminó en que los soldados dispararon contra el autobús de pasajeros y mataron a uno–, será puesto este jueves en libertad, luego de que el juez Fidel Alfaro Alonso determinó que el delito por el que se le acusa no es grave, y ordenó su libertad condicional tras el pago de una fianza de 6 mil pesos.
El acusado se reservó su derecho a declarar. Su abogado –quien pidió la fianza y la ampliación del término para determinar la situación jurídica del detenido– alegó que el delito que se le imputa no está probado, pues se requiere que haya intención de burla o agravio hacia la sociedad o a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual no ocurre.
El agente del Ministerio Público adscrito a este caso, Jorge Luis Astudillo, se limitó a pedir que el juez decrete el auto de formal prisión contra el acusado.
(La Jornada Guerrero 25 de junio de 2009)
miércoles, 24 de junio de 2009
En busca de guerrilleros, militares torturan a pobladores de la sierra de Guerrero: AI
Amenazan incluso con armas a mujeres y niños de tres comunidades, denuncia
Existe el inminente peligro de que esas violaciones a los derechos humanos se repitan, alerta
Emir Olivares Alonso
Amnistía Internacional (AI) denunció que durante un operativo militar contra el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en tres comunidades de la sierra de Guerrero, integrantes del Ejército torturaron, amenazaron y hostigaron a los pobladores de esas regiones, incluidos mujeres y niños.
Ante ello, emitió una recomedación urgente, por el temor de que esta población vuelva a ser víctima de abusos y delitos cometidos por soldados.
El documento fue dirigido al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; al gobernador de la entidad, Zeferino Torreblanca; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, y a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Destacó que desde 2008 ha documentado que en México se han incrementado incidentes en los que miembros del Ejército incurren en homicidios, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros domiciliarios ilegales.
Sobre este caso, AI documentó que del 9 al 13 de junio varios militares incursionaron en las localidades Puerto de las Ollas, Las Palancas y El Jilguero, del municipio de Coyuca de Catalán, donde torturaron a dos hombres y agredieron, amenazaron y hostigaron con armas a mujeres y niños.
Demandan garantías
El organismo internacional exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos, y que garanticen la seguridad de los residentes de esos sitios contra futuros ataques, pues "existe ese inminente peligro".
AI precisó que el pasado 9 de junio 60 soldados llegaron hasta estas comunidades disparando al aire y contra los lugareños. Agregó que el día siguiente llegaron más militares, que sumaban alrededor de 500.
"Durante cinco días hostigaron a las mujeres y a los niños que permanecieron en el lugar, y torturaron a algunos", subrayó AI. Agregó que los militares abandonaron esas comunidades el 13 de junio, cuando llegó una misión de observación conformada por varias organizaciones civiles, entre ellas la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero.
De acuerdo con esa misión –aseveró AI–, Omar García, adolescente de 14 años y poblador de la región, "fue torturado por más de tres horas, pues le aplicaron descargas eléctricas, le vendaron los ojos, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, lo golpearon y lo amenazaron con castrarlo".
Otra de las víctimas fue un hombre de 33 años, César Acosta Ávila, quien desde hace dos años sufre las secuelas de una hemorragia cerebral. Éste "fue víctima de torturas durante tres horas: los soldados le introdujeron agujas bajo las uñas, le propinaron puñetazos en los oídos, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, lo golpearon en cabeza y pecho, amenazaron con aplicarle descargas eléctricas en los pezones y le advirtieron que si denunciaba el trato de que fue objeto, sería encarcelado".
AI informó además que, en un intento por obtener información del ERPI, durante esos cinco días los militares amenazaron y hostigaron a las mujeres. A tres de ellas "les colocaron cuchillos en la garganta, mientras que a una que estaba embarazada la empujaron y lanzaron contra la pared; a una más, con un bebé en brazos, amenazaron con matarla".
La organización civil de derechos humanos más grande del mundo denunció que otros informes revelan que los soldados "amenazaron e interrogaron a varios menores de edad, entre ellos un niño de ocho años, a quien apuntaron con una pistola".
Añadió que el Ejército allanó los hogares de los lugareños, robó y destruyó bienes, además de amenazar con quemar las cabañas e intentar falsificar pruebas para vincular a los comuneros con grupos armados y con el narcotráfico.
(La Jornada, 24 de junio de 2009)
Exigen respuesta del gobierno por víctima de camión baleado por militares
Este miércoles se llevó a cabo el sepelio de Bonfilio Rubio Villegas, originario de la comunidad de Tlatzala, en el municipio de Tlapa, Guerrero y quien se desempeñaba como peón de albañil en la ciudad de México.
Mié, 24/06/2009 - 20:00
El trabajador indígena pensaba migrar a Nueva York para mejorar las condiciones de su familia. Foto: Jonathan Pardiñas
- Disparos a autobús en Guerrero fue por intento de fuga del chofer
- Disparan militares contra autobús de pasajeros en Guerrero, un muerto
México.- Bonfilio Rubio Villegas tenía 29 años. Trabajaba como peón de albañil en la
Ciudad de México, pero el sueldo ya no le alcanzaba y decidió como miles de migrantes, emprender un viaje el próximo viernes a Estados Unidos, a Nueva York, para buscar una oportunidad.
Por eso, la noche del sábado 20 de junio viajó a Huamuxtitlán, en la región de la Montaña en Guerrero, para despedirse de sus padres. Nunca llegó.
El camión de pasajeros perteneciente a la línea Sur en el que viajaba fue baleado por miembros del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con sede en Tlapa. El chofer del autobús, Francisco Pizano Alejo no se detuvo ante el alto que hicieron los uniformados y dispararon, matando a Bonfilio, pasajero del autobús. El conductor, quien transportaba diez kilogramos de mariguana quedó detenido.
Este miércoles se llevó a cabo el sepelio de Bonfilio, originario de la comunidad de Tlatzala, en el municipio de Tlapa. Familiares y amigos pidieron al gobierno federal una respuesta ante estos hechos, ya que hasta el momento ni el Ejército ni ninguna autoridad les ha dado una explicación.
Jonathan Pardiñas/Milenio
(Milenio, 24 de junio de 2009)
Civil habría puesto la mariguana en el camión, denuncia detenido
Intentó fotografiar al conductor, luego subió al autobús, tras ello, “aparecieron” los paquetes
JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)
Huamuxtitlan, 23 de junio. Francisco Emanuel Pizano Alejo es originario del Distrito Federal. Vive actualmente en el Valle de Chalco. Tiene 30 años. Desde hace 12 trabaja como conductor de transporte público, pero hace un par que se empleó con la empresa de autobuses Sur.
El domingo rindió su declaración ante el Ministerio Público (MP), en Huamuxtitlán, con ayuda de los abogados de su empresa. El testimonio que ahí rindió fue sobre la muerte del pasajero Porfirio Rubio Villegas, quien viajaba en el camión que iba al Distrito Federal, el sábado por la noche. Pero acerca de los paquetes de mariguana, 10 kilos, que encontraron los soldados en la unidad, tendrá que hacerlo ante la Procuraduría General de la República (PGR), en Chilpancingo. Se sabe que este martes fue trasladado desde Huamuxtitlán.
El lunes como a la 1 de la tarde fue posible hablar con Pizano, cuando aún estaba en la cárcel municipal. Todavía no era consignado a la PGR, pero seguramente ofrecerá a los fiscales la siguiente versión sobre el misterioso hallazgo de la droga en el autobús, que previamente había sido revisado ya con minuciosidad por los soldados en el retén, antes de que ocurrieran los disparos.
Después de la agresión, cuando emprendió la huida, “llegué a la terminal y lo primero que hice fue estacionar el autobús, me acerqué con el comisionista y le pedí de favor que hablara a los servicios de emergencia y a Tlapa para reportar la situación. Así lo hizo. En eso estábamos, no pasaron más de cinco minutos cuando me alcanzan los militares otra vez y estaban afuera de la terminal.
“Me alcanza a agarrar uno por la parte de atrás del pantalón y me dice: ‘¡hazte para acá cabrón, ya valiste verga!’”. Así me dijo. Entonces yo la verdad le di un manotazo y le dije: ‘¡a mí no me vas a llevar cabrón!’. Sí le grité, ya molesto, espantado. Me dijo: ‘¡a mí no me grites!’. Le dije: ‘¡cómo no quieres que te grite si me mataste a un pasajero, traigo un pasajero muerto!’.
“El iba a darme el cachazo, pero cuando dije eso y el pasaje se puso al brinco, le empezaron a gritar que eran unos asesinos. Muchas cosas le gritaron. Como que le midió, entonces se subieron al camión, vieron el cadáver, se bajaron y se retiraron.
Francisco es un joven delgado. Esa condición física parece haber aumentado desde el domingo en la madrugada. Luce ojeras. Es padre de familia.
Cuenta que en medio de la agitación, ya frente a la terminal de autobuses, en Huamuxtitlán, un hombre vestido de civil primero quiso tomarle fotografías. El se negó. Agentes de la Policía Federal (PF) y soldados estaban en el camión, revisando. Abajo, los pasajeros y Pizano.
“Me revisaron el camarote. Tampoco encontraron nada en el camarote. Estuvieron dando vueltas y de repente me dice un militar que su aparato detectaba algo en la parte de atrás del autobús, que si por favor le abría la tapa del motor. Sí, le abrí la tapa del motor. Checó abajo, estuvo checando. Yo vi cuando bajó el civil de la mochila se bajó y dijo, es que aquí no hay nada, vamos a ver allá arriba.
“Como a las 2:30 de la mañana estaban pasando un aparatito los militares en el camión, me imagino que para detectar una sustancia o algo así. Le dieron y le dieron vuelta. Yo vi, y le soy sincero: siento que fue él (quien puso los paquetes de mariguana en el autobús), la persona que estaba tomando fotos de parte de ellos. Traía una mochila grande. Esa persona estaba subiendo y bajando constantemente”.
Iba para Tuncingo
Fausto Saavedra Valera es de Xilistlahuaca, un pueblo na savi de los más alejados de Metlatónoc, en la agreste y pobre zona alta de La Montaña. Tiene 32 años. Hasta el lunes por la tarde su familia no sabía de él. Acudieron al centro de derechos humanos Tlachinollan, en Tlapa, donde abogados de la organización coadyuvaron a localizarlo y también lo asisten en su defensa.
El sábado por la mañana Fausto salió de la localidad y en la noche, tomó en Tlapa el autobús que lo llevaría a Tuncingo, Puebla, donde se encontraría con un amigo. Tenía un empleo para él como peón o campesino. Esta es la versión que ofreció al reportero el lunes, acompañado de Pizano, en una celda diminuta, en Huamuxtitlán.
–¿Cómo fue que te bajaron los soldados por las botas?
–Yo estaba abajo cuando me vieron las botas. Ya habían revisado a toda la gente. Estaban subiendo a la gente cuando un oficial me vio las botas, me dijo que me las quitara y me las quité.
“Ya después de la revisión, estaba subiendo la gente. Ya nos íbamos. Yo iba a subir hasta el último. Alguien me vio las botas y me dijo que me las quitara. Me las quité las dos y ya no me las quería entregar. Yo las quería, pero ya no me las quería entregar”.
–¿Qué te dijeron de los motivos de tu detención?
–Pues que esas botas no los puede cargar otra persona. Le dije que me las había vendido un amigo que trabaja en Tlapa.
–¿Y qué te dijeron cuando les dijiste que te las había vendido un amigo?
–Pues nada. No me dijeron nada. Que me iban a detener por eso. Por las botas. Yo me bajé con mi mochila cuando fue el retén, nomás traía una mochila.
–¿Estando abajo escuchaste si alguien de los soldados dio la orden de disparar?
–Pues yo no escuché nada, porque estaba hablando, no sé quién es el militar con el que hablaba. Estaba hablándole, pidiéndole que me dejara ir, que se quedaran las botas porque el camión todavía estaba ahí. Me dijo que no. Se fue el camión y yo me quedé ahí. Ya después oí los disparos, pero yo estaba abajo, con ellos, con los soldados.
(La Jornada Guerrero, 24 de juniio de 2009)
martes, 23 de junio de 2009
Militares matan a na savi en retén; “siembran” droga como excusa
Detienen a indígena por usar botas como las del Ejército; también arrestan al chofer
Revisan un autobús, lo dejan ir, luego ordenan que se detenga, los ignoran y disparan
Hallan 10 paquetes de mariguana que no fueron encontrados durante la inspección
JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)
Huamuxtitlan, 22 de junio. Sábado 20 de junio, 10:30 de la noche: en un retén militar de más de 30 soldados, en la carretera federal que comunica a Tlapa con Puebla, a menos de dos kilómetros de Huamuxtitlán, el autobús de la línea Sur es detenido por los militares. Uno de ellos sube e informa a los pasajeros que habrá una “revisión de rutina”. Pide a los varones que bajen. Las mujeres permanecen en sus asientos y comienza la inspección.
Pasaron más de 15 minutos. Arriba, un solado se encarga del chequeo minucioso al equipaje. Abajo, otros soldados revisan a los pasajeros.
La inspección “de rutina” concluye sin contratiempos, o al menos eso parece hasta que uno de los soldados nota que el indígena na savi Fausto Saavedra Valera usa botas tipo militar. El jefe del retén da luz verde al conductor, le dice que todo está “en orden”, pero que el pasajero de las botas tendrá que quedarse, porque su calzado no es de uso civil y constituye un delito. El conductor, Francisco Pizano, y otros pasajeros, increpan la decisión de los soldados.
Pizano pide al jefe militar que firme un documento en el cual deje constancia que el Ejército tiene al indígena, para justificar su ausencia ante la empresa. El encargado se niega. Intercambian insultos y después, cuando otro militar apacigua la discusión, el conductor sube el autobús, lo echa a andar y le advierte que es injusta la retención del na savi de Xilistlahuaca, Metlatónoc.
10:50 de la noche: de un silbido, el militar le ordena que se vuelva a detener y Pizano lo ignora. No han pasado más de 100 metros cuando se escuchan las primeras ráfagas que salieron de las metralletas de otros soldados, que estaban más adelante del retén. Los disparos dieron en la carrocería del autobús y en el cuello de Porfirio Rubio Villegas, un indígena de Tlapa, quien murió al instante.
Lunes 22 de junio: en la cabecera de Huamuxtitlán, un vehículo destartalado vende como pan caliente un periódico regional que da cuenta de la muerte del indígena. “Barbarie de militares”, consigna el encabezado principal.
En la cárcel de la ciudad están encerrados, en una diminuta celda, Francisco Pizano Y Porfirio Rubio. Han sido para ambos las 48 horas más largas de su vida porque ninguno sabe exactamente, hasta la fecha, cuál es el motivo de su detención. El sábado a las 11 de la noche, tras la balacera, el autobús se refugió en la terminal que tiene la empresa en Huamuxtitlán. Hasta ahí llegaron, primero, la Policía Municipal, después los soldados del retén, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), del Ministerio Público y paramédicos de la Cruz Roja .
El lunes por la tarde, en Chilpancingo, según empezaron a reportar los portales de periódicos del Distrito Federal, el Ejército ofreció la versión oficial de los hechos, y subraya dos momentos claves sobre la muerte del indígena de Metlatónoc: primero, que los soldados reaccionaron con disparos debido a que el conductor no se detuvo cuando lo ordenaron; segundo, que cuando inspeccionaron el camión encontraron 10 kilos de mariguana.
Francisco y Porfirio se ven cansados en la celda. Largas han sido las últimas horas. El domingo, por separado, los llevaron a declarar al Ministerio Público de Huamuxtitlán, pero a ninguno le han informado con precisión cuáles son los cargos que enfrentan.
Se habla con ellos a través de las rejas. En su testimonio contradicen las versiones oficiales y dan más detalles de los que sucedió. Pizano –barba crecida y con aliento a cigarrillo– sostiene: “en ningún momento me negué a la revisión, a nada, yo creo que los paquetes fueron sembrados”.
Cuenta que un par de horas después de las ráfagas, estando en la terminal de Huamuxtitlán, un soldado, un agente del MP y uno de la PFP seguían revisando el camión. “Nos habla el federal y nos dice: venga para acá y en la misma fila de asientos donde estaba el cadáver, pero del otro lado, no estaban ni escondidos ni nada, estaban unos paquetes envueltos en cinta canela. No estaban escondidos, estaban a simple vista.
“Mi pregunta es: si me están revisando en el retén antes, más de 10 minutos, luego, cuando estaban las autoridades, yo vi al señor del MP que se paró prácticamente ahí en los asientos de atrás, él estaba ahí parado cuando estaban haciendo la diligencias, entonces es imposible que no los hayan visto antes, que no los hayan pisado”.
De Porfirio, sus familiares no tuvieron noticias hasta el lunes por la tarde. El domingo permaneció bajo custodia de los militares en Tlapa y después lo llevaron a los separos en Huamuxtitlán.
Hasta ese momento no había podido hablar con nadie. Ni llamadas por teléfono ni un abogado le fueron concedidos. Los soldados sólo le dijeron: “esas botas (que consiguió en Tlapa, donde se exhiben en varias tiendas) no las puede cargar cualquier persona, son de uso exclusivo de los militares”.
Desde el sábado por la noche Porfirio Rubio anda en calcetines.
(La Jornada Guerrero, 23 de junio de 2009)
lunes, 22 de junio de 2009
Ejército dispara contra autobús y muere pasajero en Guerrero
Según la versión castrense, los soldados le hicieron el alto al transporte de pasajeros pero el chofer nos e detuvo, por lo que dispararon
Adriana Covarrubias/corresponsal
El Universal
Acapulco, Gro. Lunes 22 de junio de 2009
16:34 Elementos del Ejército Mexicano del 96 batallón de infantería dispararon contra un autobús de pasajeros de la ruta Alpoyeca- Huamuxtitlán, región de la Montaña alta, pues según su versión es que cuando le marcaron el alto para que se detuviera, pero el conductor los embistió. Derivado de esos disparos, una personas murió. Los militares hallaron 10 kilos de mariguana en el camión.
De acuerdo a la versión oficial de la 35 zona militar, los hechos se registraron el pasado viernes alrededor de las 22:30 de la noche, cuando en un retén militar ubicado en el crucero cerca del poblado de Santa Cruz en el kilómetro 93 de la carretera federal Alpoyeca-Huamuxtitlán, le pidieron al chofer el autobús de pasajeros de la línea Sur con el número económico 45 que se parara, pero se negó y siguió su camino.
Los militares hicieron disparos al aire para que el conductor del autobús se detuviera, pero continuó conduciendo y los soldados le dieron alcance diez minutos después sobre la carretera, donde se logró detener al chofer, del cual no proporcionaron su nombre.
Al revisar el autobús de pasajeros encontraron entre los últimos asientos a una persona tirada con un balazo en la nuca y de acuerdo a una identificación que se le encontró la persona se llamó Bonifacio Rubio Villegas.
Además encontraron en la maletera del autobús, cinco paquetes de mariguana que estaban en forma de ladrillo y que de acuerdo al peso equivale a 10 kilos.
El chofer del autobús de pasajeros de la línea del Sur se encuentra detenido y junto con la mariguana fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
cgb
(El Universal, 12 de junio de 2009)
lunes, 15 de junio de 2009
Senado desconoce ejercicios militares en EU
EL UNIVERSAL dio a conocer este lunes que el Ejército mexicano y otras agencias participarán del 27 al 31 de julio próximo, en ejercicios multinacionales antiterroristas
Ricardo Gómez
El Universal
Ciudad de México Lunes 15 de junio de 2009
16:59 El presidente del Senado, Gustavo Madero, confirmó que hasta este lunes no ha recibido ninguna solicitud para que el Ejército mexicano acuda a ejercicios multinacionales en Estados Unidos contra el terrorismo.
EL UNIVERSAL dio a conocer este lunes que el Ejército mexicano y otras agencias participarán del 27 al 31 de julio próximo, en ejercicios antiterroristas en Estados Unidos, junto con otras naciones como Canadá, Australia y Reino Unido.
"No hay información del Ejecutivo sobre esa información (sic)", reconoció este lunes el senador del PAN y coordinador de esa bancada.
En conferencia de prensa, el integrante de la Comisión Permanente prefirió no hablar sobre el tema hasta que oficialmente tenga conocimiento de ello.
En la edición de este lunes se señala que se trata del Ejercicio táctico de Nivel Nacional 2009 (NLE, por sus siglas en inglés), el cual es designado como parte del Programa Tier I del Pentágono (sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos).
Este ejercicio era conocido antes como "Top Off" o ejercicio para oficiales de alto rango, y será la primera acción conjunta masiva en territorio estadounidense en la que participarán el Ejército mexicano en su historia, así como las agencias federales.
(El Universal, 15 de junio de 2009)
domingo, 14 de junio de 2009
Servían 10 oficiales militares a “El Chapo”
Defensa Nacional los entrega; pueden estar detenidos subtenientes y hasta un teniente
Silvia Otero
El Universal
Domingo 14 de junio de 2009
silvia.otero@eluniversal.com.mx
Un grupo de 10 militares con grado de oficiales subalternos del Ejército colaboraba con el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, filtrando información al grupo criminal sobre las operaciones que desplegaría la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra la organización, por lo que los uniformados fueron detenidos y entregados a la Procuraduría General de la República (PGR).
Una investigación militar permitió descubrir la infiltración del cártel del Pacífico en las filas castrenses, donde los narcotraficantes lograron reclutar a los 10 oficiales, entre los que se encuentran subtenientes del Ejército y al parecer hasta un teniente —de acuerdo con fuentes federales—, quienes desde la noche del viernes rinden declaración en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer ayer que determinó no juzgar en el fuero militar a los sospechosos de trabajar al servicio de El Chapo Guzmán, para que éstos sean procesados en los juzgados civiles y enfrenten cargos por delincuencia organizada y los delitos que resulten de su presunta colusión con el narcotráfico.
En un escueto comunicado, la dependencia reveló que derivado de una investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar, se detectó a 10 oficiales subalternos que filtraba información a integrantes de la organización delictiva Guzmán Loera, lo que implica que la penetración del grupo criminal fue más allá del reclutamiento de los elementos de tropa.
Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional no precisó el rango de los detenidos, ni la región militar a la que estaban adscritos o la zona en la que estos 10 oficiales subalternos tejieron una red de protección para los integrantes del cártel del Pacífico.
Hasta el cierre de esta edición, la Procuraduría General de la República tampoco proporcionó información sobre la identidad de los detenidos que la Sedena decidió entregarles, ante las evidencias que recabó sobre las presuntas actividades delictivas de sus oficiales.
La Secretaría de la Defensa Nacional sólo indicó que con la detención y entrega de los militares “ratifica su compromiso ante la sociedad, que su proceder en el combate al narcotráfico y crimen organizado será firme, enérgico y decidido, por lo cual no se vacilará en juzgar y castigar conforme a derecho a los integrantes del Instituto Armado que incurran en este tipo de delitos”.
Militares ligados al capos
Los nexos de militares de rango con el narcotráfico se han registrado también en el pasado. En 1997 fue detenido el general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), quien fue condenado a 40 años de prisión por brindar protección al extinto Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, quien fuera líder del cártel de Juárez.
Por sus presuntos vínculos con esa misma organización, los generales Arturo Acosta Chaparro Escapite y Francisco Humberto Quirós Hermosillo (finado) fueron detenidos en agosto de 2000 y tras un proceso militar se les sentenció a 15 y 16 años de prisión, respectivamente, aunque en 2002 obtuvieron un amparo; al final al primero de ellos se le concedió la libertad el 29 de junio de 2007 por falta de pruebas por delitos contra la salud.
En fechas recientes, en enero de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional también entregó a la PGR a cuatro militares —un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa—, tras descubrirse que colaboraban con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, por lo que estos ex elementos castrenses son procesados en el juzgado séptimo de distrito en materia penal.
Mientras que en mayo de este año la Procuraduría de Justicia Militar también detuvo y puso a disposición de la PGR a 12 militares por sus presuntos nexos con el grupo de sicarios de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo.
(El Universal, 14 de junio de 2009)
Militares filtraban datos a “El Chapo” Guzmán
Descubren que el cártel del Pacífico logró reclutar a 10 elementos, entre los que se encuentran subtenientes y al parecer hasta un teniente, quienes fueron detenidos y entregados a la PGR
Silvia Otero
El Universal
Domingo 14 de junio de 2009
La infiltración del crimen organizado volvió a llegar a oficiales del Ejército de mediano rango, ya que se encargaban de proporcionar información al grupo de Joaquín El Chapo Guzmán sobre las operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra la organización.
Una investigación militar permitió descubrir que el cártel del Pacífico logró reclutar a 10 elementos, entre los que se encuentran subtenientes y al parecer hasta un teniente, quienes fueron detenidos y entregados a la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con fuentes federales, desde el viernes por la noche rinden declaración en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
La Sedena dio a conocer ayer que determinó no juzgar en el fuero militar a los sospechosos de trabajar al servicio de El Chapo Guzmán, para que éstos sean procesados en un tribunal civil y enfrenten cargos por delincuencia organizada y los delitos que resulten de su presunta colusión con el narcotráfico.
La dependencia reveló en un escueto comunicado que derivado de una indagatoria de la Procuraduría General de Justicia Militar se detectó a los 10 oficiales subalternos que filtraban información a integrantes de la organización de Guzmán Loera, lo que implica que la penetración del grupo criminal fue más allá del reclutamiento de los elementos de tropa.
Sin embargo, no precisó el rango de los detenidos ni la región militar a la que estaban adscritos o la zona en la que los 10 militares tejieron una red de protección para los integrantes del cártel del Pacífico.
Hasta el cierre de esta edición, la PGR tampoco proporcionó información sobre la identidad de los detenidos que la Defensa Nacional decidió entregarle, ante las evidencias que recabó sobre las presuntas actividades delictivas de sus oficiales.
(El Universal 14 de junio de 2009)
Calderón lleva al país al fascismo
JENARO VILLAMIL
El país "rápidamente se está acercando" a un modelo de Estado fascista ante la mala apuesta del gobierno de Felipe Calderón por "narcotizar la lucha político-electoral", advierte el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones. E insiste en la necesidad de continuar con la reforma del Estado, o de lo contrario la próxima contienda por la Presidencia podría generar más incertidumbre aun que la pasada. Además, revela un encuentro en el que Calderón, como presidente electo, le propuso al PRI un cogobierno...
En pleno debate sobre la actitud sesgada del gobierno calderonista en la lucha contra el narcotráfico, y en medio de la guerra sucia electoral desatada por el PAN contra el PRI, Manlio Fabio Beltrones subraya, en una extensa entrevista con Proceso, la preocupación de las bancadas del Senado porque “los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son la intervención telefónica, los cateos y el arraigo, están siendo utilizados de manera incorrecta y facciosa”.Actor de los primeros acuerdos entre el PRI y el gobierno de Felipe Calderón, Beltrones medita cada una de sus palabras. No rompe con la administración calderonista porque confía que “el presidente Felipe Calderón haga un alto en el camino y recupere su visión de estadista de largo plazo”, pero admite que existe en el gobierno federal un “ala dura” que encabeza las posiciones “más facciosas” del panismo.“Esta política facciosa del gobierno –insiste– ha hecho mucho daño, ha minado la confianza incluso en torno a sus buenos propósitos y la mayoría de los observadores se pregunta: al pasar el 5 de julio, quién va a recoger y a reponer los platos rotos que permitan rearmar los acuerdos de todos los actores del país”, argumenta Beltrones.El exgobernador de Sonora ubica como fecha determinante del avance de “los duros” del PAN el avionazo del 4 de noviembre de 2008:“Creo que esa vertical de Felipe Calderón se perdió cuando se desplomó el avión de Juan Camilo Mouriño. Y otro tipo de criterios, más de un jefe de partido que de un jefe de Estado, fueron los que se impusieron. Después de Juan Camilo, los duros del PAN ganaron la batalla e intentaron gobernar. Y en buena parte, por su falta de visión y de respeto a la pluralidad, son quienes encabezan el desastre político y económico al que, parece, nos estamos acercando en el corto plazo.”
–¿Son los más facciosos? –se le pregunta a Beltrones.
–Estos duros son los que empujaron a Felipe Calderón a simular un gobierno que respeta la pluralidad, cuando en realidad sus acciones lo único que intentan es apoyar a su partido.
–¿Quiénes son esos duros? ¿Germán Martínez?
–Es el protagonista más visible, aunque no debe ser el único de los que están participando en estas decisiones. Le corresponde a él dar la cara, pues es el presidente del PAN.
Crítico del “desastre económico” actual, Beltrones ha dado un giro en sus declaraciones frente a la administración de Felipe Calderón. El 19 de marzo pasado le demandó que “se faje los pantalones” para definir una posición firme en asuntos delicados, como la adquisición de los activos de Citigroup-Banamex por parte del gobierno de Estados Unidos, la definición de la refinería de Pemex y el conflicto diplomático con Francia generado por el caso de Florence Cassez.Sin embargo, él ubica el punto de quiebre en mayo pasado, cuando el gobierno calderonista, “para evitar el fracaso electoral, comienza a utilizar de manera político-electoral el combate al narcotráfico”, dice.Insiste en que la movilización del Ejército para el combate al narcotráfico debe tener un plazo para regresarlo a los cuarteles. Reconoce la labor realizada por las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, pero también aclara que, de no fijar el plazo referido, “el jefe real del Ejército mexicano, con el tiempo, tendrá que responder directamente por todas las acciones que se cometan por parte de las Fuerzas Armadas, que están capacitadas para otra función superior, más que la de actuar como policías”.“Todo lo que quepa dentro de lo que no sea el cumplimiento explícito del estado de derecho, que no es lo mismo que el Estado de derecha” en el que vivimos.
Riesgo de fascismo
–¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cuando el PRI en el Senado ha pedido que se fije un plazo perentorio para el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles?
–Silencio absoluto. Soporta esta actitud en las encuestas que hoy aparecen y en las que la mayoría de los mexicanos dice estar de acuerdo en que el Ejército haya salido a combatir al narcotráfico.“Pero ese no es el punto. El tema se centra en si es el Ejército el que debe hacer el trabajo policiaco, porque de ser así debemos pedirle a los policías que hagan el trabajo del Ejército y es cuando se complica toda la operación”.
–Usted ha mencionado con frecuencia que se ha sustituido el estado de derecho por un Estado de derecha, pero, ¿no estamos más cerca del fascismo?
–Si no lo estamos en este momento, parece que rápidamente nos estamos acercando. A muchos nos preocupa que los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son la intervención telefónica, la de los cateos y el arraigo, estén siendo utilizados de manera incorrecta y facciosa. Porque lo lastima desde sus inicios y ese no es el espíritu que nos hizo llegar al acuerdo. Por ello, se dieron tantas resistencias entre muchos senadores y diputados para otorgar los mismos instrumentos de excepción.“Nunca antes un gobierno había tenido tantos instrumentos para combatir a la delincuencia organizada, no obstante que se habían dado resultados tan mediocres”, subraya.Beltrones, como presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada del PRI, fue el principal negociador para que se aprobara una serie de reformas a fin de otorgarle atribuciones extraordinarias al Ministerio Público federal. Una de las discusiones más fuertes en el Senado se produjo a raíz de la ley de extinción de dominio, que aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo.
– ¿No fueron ingenuos en este sentido? ¿No pensaron que iban a usar facciosamente estas atribuciones?
–Teníamos que correr ese riesgo. Fue una actitud de buena fe. Lamento mucho que hoy se discuta sobre un gobierno que no está a la altura de esa condición y no respete los propósitos que lo animaron.
–¿Siente una traición?
–No, veo una irresponsabilidad, pero también observo que estamos a tiempo de corregir estas desviaciones para beneficio del país.
–¿En plena época electoral?
–Confío en que el presidente Felipe Calderón haga un alto en el camino y recupere su visión de estadista a largo plazo.En la primera parte de la entrevista, Beltrones recuerda que la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador ya había hecho la misma acusación que ahora el PRI, en plena campaña electoral y ante los ataques recientes dirigidos por el líder nacional panista Germán Martínez, le reprocha al gobierno de Felipe Calderón.
En medio de esta tensión se reunieron gobernadores priistas y la dirigencia nacional de su partido para analizar cuál debía ser la respuesta ante la guerra sucia electoral del PAN y el doble rasero, de índole electoral, de la lucha contra el narcotráfico. Esto mismo fue denunciado por la bancada priista en la Comisión Permanente a raíz de los operativos en Morelos, Michoacán y Nuevo León.
–¿No habían tenido antes esa certeza de un manejo político-electoral de la lucha contra el narcotráfico?
–No, existía otra presunción que mantenían algunos adversarios políticos de Felipe Calderón: que por lo difícil de su acceso a la Presidencia de la República había tenido que sacar al Ejército a las calles para realizar una serie de operativos que le construyeran la imagen de presidente valiente y le quitara la de presidente ilegítimo que le había puesto Andrés Manuel López Obrador.
“Hasta ahí, la especulación que algunos hicieron, y que con algunos golpes eficaces la iba desvaneciendo. Pero, en este caso, han sido los mismos componentes del Estado mexicano, como los gobernadores de los estados o los miembros del Congreso, quienes han iniciado la denuncia de estas acciones en contra del narcotráfico y de la corrupción política. Esto no resulta nada sano, porque ha generado grandes confusiones y resistencias en donde no existían para el objetivo correcto, que debe ser el cumplimiento del estado de derecho.“En síntesis, fue una mala apuesta de Felipe Calderón y de su partido haber narcotizado la lucha político-electoral.”
“El régimen ya no funciona”
Impulsor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA) a principios de la LX Legislatura para avanzar en la reforma del Estado, Beltrones no abandona este punto:“Queremos que se rectifique el rumbo del país, y esto es en el entendido de que el régimen político presidencial, tal cual, ya no funciona. Fue planeado para que lo ejerciera un partido hegemónico, pero a partir de la pluralidad expresada en las elecciones el sistema no está preparado para premiar los acuerdos sino, por el contrario, parece castigarlos”, sostiene Beltrones.La agenda de reforma política que defiende el político sonorense es conocida como las “ocho erres”: la ratificación de los miembros del gabinete; la reelección de legisladores y munícipes; la reducción del Congreso para disminuir 100 diputaciones plurinominales y la reducción de senadores por la vía plurinominal; la reingeniería del gobierno para hacerlo menos pesado y burocrático; la reducción del gasto corriente; la reforma de la política social y la política de relaciones exteriores; así como la incorporación de figuras como la revocación de mandato presidencial y el referéndum. Beltrones reconoce que estas dos últimas propuestas son las más polémicas, y aclara que tanto la revocación del mandato como el referéndum “deben estar acotados para evitar su abuso y garantizar gobernabilidad”.Con todo, añade, “tenemos que regresarle a la gente instrumentos básicos para interactuar con sus gobernantes. Uno de ellos es la revocación de mandato, con el que se pueda castigar a los gobernantes y no esperar a que la Sacra Rota algún día los declare incapaces mentales, sino desde antes poderlos relevar del cargo”.
–Pero estas reformas no son las que se están discutiendo legislativamente…
–Estas erres sí están en el debate de muchos de nosotros, aunque no han permeado en la población debido a que tenemos elecciones el 5 de julio, y a que los partidos han privilegiado en su estrategia cuerpo a cuerpo para demostrar cuál es el más malo, no el mejor. Las propuestas se han hecho a un lado. Por eso, un grupo importante del priismo dentro del Congreso –en el que me incluyo– ha formado una corriente a fin de pensar, no en el 5 sino en el 6 de julio, a fin de reflexionar sobre las reformas necesarias para la gobernabilidad moderna.
–Algunos observadores han señalado que hay lentitud de parte de la dirigencia del PRI frente a los ataques de los duros del PAN. No se ve un PRI combativo, se ve un PRI reactivo...
–¿No es un error?
–No.
Reconozcamos algo: el gobierno y su partido se acuartelaron en una estrategia mediática de combate a la delincuencia que “premiaba” a un presidente valiente y a un partido político que lo acompañaba. Todo ello para tender una cortina de humo sobre el fracaso económico de este gobierno, que nos está llevando al peor decrecimiento que un país va a tener en 2009, no obstante que su diagnóstico había sido que estábamos lo suficientemente blindados y que si en Estados Unidos había un resfriado, nosotros tendríamos sólo un catarrito. Hoy vemos que es de tal tamaño el desastre, que lo tendremos que pagar con el mayor desempleo que haya vivido México.
Mal rumbo
Con una carrera de más de tres décadas en el servicio público, Beltrones ha sido diputado, dos veces senador, gobernador de Sonora entre 1991 y 1997, subsecretario de Gobernación, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el sector popular del PRI, y ahora se encuentra en la antesala de la lucha por la candidatura presidencial de su partido para 2012.Reconocido como un hábil operador político, Beltrones fue un colaborador de primera línea de los tres últimos presidentes priistas, pero también un protagonista polémico en coyunturas críticas, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la crisis poselectoral de 2006.Esa experiencia ha convertido a Beltrones en un personaje tan respetado como temido por adversarios y simpatizantes, pero también un político que se colocó como el “factor bisagra” ante la crisis inicial del gobierno de Felipe Calderón, aun cuando el PRI perdió por segunda vez la Presidencia de la República.Su posición crítica de estos momentos contrasta no sólo con su papel en la toma de posesión de Calderón, en diciembre de 2006, sino también con los acuerdos iniciales con la administración panista que llevaron a la reforma del sistema de pensiones, a la reforma electoral de 2007 y a la polémica reforma petrolera de 2008, que generó el primer enfrentamiento directo entre Beltrones y el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.
–Usted siempre ha defendido la gobernabilidad como un factor clave para la reforma del régimen político. ¿Estamos ante una crisis de gobernabilidad tal que desbarranque al régimen?
–Lo único que lamento es que el debate no esté puesto sobre lo importante sino sobre lo circunstancial. De no alcanzar las reformas políticas, económicas y sociales que el régimen requiere, 2012 podrá ser igual o peor que 2006.
Beltrones relata que, antes de tomar posesión, como presidente electo Calderón se reunió en las oficinas panistas de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, con el exdirigente nacional priista Mariano Palacios Alcocer, con el propio Beltrones y con su homólogo en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón.“En una plática amable y coloquial (Calderón) nos habló de la posibilidad de un cogobierno, que podría iniciarse con la presencia de algunos priistas en ciertas secretarías. Ahí, con enorme claridad y honestidad, Mariano Palacios le dijo que si quería llegar a una nueva forma de gobierno, lo estableciera en la Constitución, creando las nuevas instituciones, y alejándonos de las ocurrencias que inició Ernesto Zedillo entregando la PGR a un panista como cuota de poder, pero no con una visión de modernización del sistema político mexicano.”En julio del año pasado, en vísperas de la presentación de su libro Señal de alerta. Advertencia de una regresión política, el expresidente del PAN, Manuel Espino, comentó al reportero Álvaro Delgado que Felipe Calderón buscó una concertacesión con Beltrones poco antes de que llegara a Los Pinos.“Según Espino –escribió Delgado–, es lógico que Calderón busque reformas por la vía de la negociación. ‘Lo que no entiendo es que, a cambio de promesas, se le otorguen concesiones a un hombre como Manlio, un hombre escurridizo, que suele cobrar antes de cumplir y que finalmente tiene el propósito de ser determinante en la sucesión presidencial con él como candidato o con alguien que él apoye o ponga de candidato de su partido. Me parece que es válida la negociación, pero el extremo hasta donde la está llevando me parece que está cerca de la temeridad’.” (Proceso 1654) Inevitable la comparación con lo sucedido en la Presidencia de Ernesto Zedillo, y reciente el debate generado por las declaraciones del expresidente Miguel de la Madrid sobre la familia Salinas de Gortari, se le cuestiona a Beltrones sobre las reacciones generadas por las participaciones recientes de los expresidentes.
Responde:
–Es un debate a destiempo y difícil de evaluar por tantos desmentidos. Estos últimos nos obligarían a hacer hipótesis o elucubraciones, y yo hace tiempo que me alejé de eso.
(Proceso, junio de 2009 [vía El Justo Reclamo])
Arraigan a 9 militares por vínculos con el narco
A diferencia de la información difundida por la Sedena en la que se hace alusión a la relación de los militares con El Chapo Guzmán, la PGR reporta que son investigados por ligas con El Mayo Zambada
Carlos Avilés Allende
El Universal
Ciudad de México Domingo 14 de junio de 2009
20:29
Un juez federal concedió una orden de arraigo por 40 días para mantener bajo investigación a 9 de 10 militares que la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición de la Procuraduría General de la República por presuntamente estar ligados a grupos del narcotráfico.
A diferencia de la información difundida por la Sedena en la que se hace alusión a la relación de los militares con Joaquín El Chapo Guzmán, la PGR reportó que son investigados por sus presuntos vínculos con la organización liderada por Ismael El Mayo Zambada, quien forma parte del mismo cártel.
De acuerdo con información extraoficial, uno de los militares sigue en calidad de presentado, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se defina su situación jurídica.
En la lista de arraigados destaca el caso de un capitán segundo de Infantería, como el oficial de mayor rango sujeto a investigación.
La mayoría de los detenidos -8 de ellos- son tenientes de caballería y de infantería, y sólo uno de ellos es subteniente de Infantería.
Sin hacer alusión a la intervención de la Sedena en este caso, la PGR informó, mediante un comunicado, que los efectivos militares arribaron a la SIEDO el 12 de junio, en cumplimiento a una orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público de la Federación.
"Por lo que se les decretó su legal retención, toda vez que de las investigaciones realizadas se obtuvo información que los vincula con actividades que permitían a la organización de El Mayo Zambada, evadir a las autoridades y operar con impunidad".
fml
(El Universal, 14 de junio de 2009)
sábado, 13 de junio de 2009
Caen militares coludidos con El Chapo Guzmán
La Secretaría de la Defensa Nacional entrega a la PGR a 10 oficiales subalternos del Ejército, tras detectar que filtraban información a integrantes de la organización delictiva del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera
Silvia Otero
El Universal
Ciudad de México Sábado 13 de junio de 2009
15:42 La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó que diez oficiales subalternos del Ejército colaboraban con el cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán, por lo que los entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que enfrenten cargos en juzgados civiles.
En un escueto comunicado la dependencia reveló la infiltración del narcotráfico en sus filas, y detalló que derivado de una investigación que realizó la Procuraduría General de Justicia Militar, se detectó que un grupo de diez oficiales subalternos filtraban información a integrantes de la organización delictiva "Guzmán Loera".
Ante las evidencias en contra de estos militares, la Sedena determinó que los 10 sospechosos fueran puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y los entregó el viernes a las autoridades.
La dependencia indicó que "ratifica su compromiso ante la Sociedad, que su proceder en el combate al narcotráfico y crimen organizado será firme, enérgico y decidido, por lo cual no se vacilará en juzgar y castigar conforme a derecho a los integrantes del Instituto Armado que incurran en este tipo de delitos".
mzr / gdh
(El Universal, 13 de junio de 2009)
lunes, 13 de abril de 2009
Disminuye confianza de los mexicanos en el Ejército: Encuesta
México, 13 abr (EFE).- La confianza de los mexicanos en el Ejército descendió 11 puntos porcentuales en los últimos dos años, en coincidencia con el aumento de su intervención en la lucha antidrogas, aunque es todavía la institución mejor considerada del país, revela una encuesta publicada hoy.
Según la encuestadora María de las Heras, contratada por el diario Milenio, a la pregunta de si hacen bien o mal su trabajo distintos actores en el país, en 2009 un 72% de los mexicanos califica positivamente al Ejército, mientras que en 2007 lo hacía el 83%.
María de las Heras opina que la institución "empieza a resentir el desgaste" por las tareas que le ha encomendado el presidente mexicano, Felipe Calderón.
El mandatario asumió su cargo el 1 de diciembre de 2006 y ese mismo mes ordenó el envío de militares a los estados más conflictivos de México para combatir el narcotráfico y al crimen organizado.
En estos momentos más de 45.000 militares están presentes en las zonas más violentas de México, especialmente en los estados de Chihuahua, Sinaloa, Baja California y Michoacán, donde tratan de prevenir los actos de la delincuencia organizada.
Otro sector que también ha perdido credibilidad en estos últimos dos años es la prensa.
En 2007 los periodistas despertaban una gran simpatía entre la gente (83%), pero en la actualidad ese porcentaje de apoyo se sitúa en el 59%, lo que representa un descenso del 24%.
Para De las Heras, ello puede ser "resultado de la insistencia gubernamental en satanizar el trabajo periodístico sobre el problema del narcotráfico", aunque la encuestadora no aporta ningún argumento empírico para justificar esa opinión.
Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), el árbitro en los comicios que se celebran en México, pierden terreno al pasar de 61% a 49% en el grado de aceptación, un descenso de 12 puntos porcentuales.
Otros agentes sociales que decaen son los obispos y cardenales, al pasar del 50% al 46%, y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN), que bajan del 49% al 36%.
Los policías federales mexicanos son la única institución de las analizadas que mantiene en 2009 el mismo nivel de apoyo (43%) de 2007.
El sondeo consistió en 500 entrevistas telefónicas realizadas el pasado 2 de abril a mayores de 18 años, con un margen de error próximo al 4,5% y un índice de confianza del 95%.
(SDP Noticias, 13 de abril de 2009)
Denuncian que ejército tiene cuarto de torturas en Ciudad Juárez
Por Redacción SDPnoticias.com/SDP
13 de Abril, 2009 - 10:45 — Ciudad Juárez, Chihuahua
Denuncian al ejército por de "levantar" y torturar a dos jóvenes; uno murió
El ejército mexicano tiene un cuarto de torturas en Ciudad Juárez, denunció Sergio Fernández, jóven que fue "levantado" presuntamente por elementos del ejército mexicano junto con su amigo Javier Eduardo Rosales, de 21 años, quien murió luego de que los militares lo torturaran por dos días seguidos.
El ejército mexicano tiene un cuarto de torturas en Ciudad Juárez, denunció Sergio Fernández, jóven que fue "levantado" presuntamente por elementos del ejército mexicano junto con su amigo Javier Eduardo Rosales, de 21 años, quien murió luego de que los militares lo torturaran por dos días seguidos.
De acuerdo con información publicada el 11 de abril en El Diario de Ciudad Juárez, familiares de las víctimas dieron a conocer que elementos del ejército mexicano de la unidad 2321370, "levantaron" a los dos jóvenes el pasado martes 7 de abril sin motivo alguno.
La mañana del jueves 9, Sergio Fernández regresó a su casa severamente golpeado y denunció que habían sido llevados por el ejército a una casa en donde fueron torturados para forzarlos a revelar donde se vendía droga en la colonia en donde vivían.
De acuerdo con el testimonio de Sergio Fernández, a su amigo, Javer Rosales, lo torturaron aún más simplemente por tener un tatuaje. Debido a este tatuaje, los militares lo acusaron de ser miembro de la banda "los aztecas".
Sin embargo, los dós jóvenes no eran los únicos que estaban siendo golpeados por el ejército. Sergio Fernández denunció que en la habitación en donde estaban siendo torturados había más gente siendo torturada.
Luego de dos día de turtura, el ejército llevó a los dos muchachos a un cerro, en donde los apedrearon para que corrieran entre cactus y espinas propias del terreno desértico. Puesto que el trayecto de regreso fue corto, revela El Diario, el cuarto de torturas pudo haber estado en una guarnición militar.
Debido a la golpiza que sufrió, Javer Rosales no aguantó el camino a pie de regreso a su casa y falleció. De acuerdo con los peritos de las autoridades estatales, el jóven presentaba "escoriaciones en pómulo izquierdo, la mejilla derecha y la nariz como huellas externas de violencia. Además, heridas por fricción en abdomen de lado derecho y ambos pies."
De acuerdo con las familias de las víctimas, cuando se presentaron ante la Subprocuraduría de Justicia y ante la PGR, se les negó auxiliarlos. Les dijeron que como se trataba de una denuncia contra militares tenían que ir a un módulo de quejas del cual los familiares no supieron donde se encontraba.
De acuerdo con El Diario, ninguna de las dos instancias judiciales explicaron por qué no atendieron la queja de los familiares de las víctimas.
Poco después el ejército mexicano emitió un comunicado en el que negó que hubiera participado en los actos denunciados, pero los testimonios denuncian lo contrario.
(SDP Noticias, 13 abril de 2009)
domingo, 12 de abril de 2009
Han muerto 610 niños en las guerras por la droga: Sedena
-Desde 2006 al menos 3 mil 700 menores quedaron huérfanos
-De ese total, 427 perecieron tras ser reclutados como sicarios
De diciembre de 2006 a marzo de 2009, en la guerra entre cárteles y en las batallas entre sicarios y fuerzas del Estado, existen otros saldos: 610 niños han muerto y al menos 3 mil 700 quedaron en la orfandad, revelan informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los cuales La Jornada tuvo acceso.
De los 610 menores fallecidos, 110 cayeron víctimas del fuego cruzado durante enfrentamientos entre bandas rivales o sicarios y fuerzas del Estado; 73 fueron ejecutados en el momento en que integrantes del crimen organizado asesinaban a sus familiares; otros 427 que habían sido reclutados como sicarios han muerto en enfrentamientos entre grupos rivales, y los restos de 120 de éstos últimos, fueron enviados a la fosa común porque nadie los reclamó.
Los informes castrenses, elaborados a partir "de los reportes que envían a esta dependencia las procuradurías estatales", refieren que en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón han muerto 610 menores, cuyas edades van desde los dos meses hasta los 16 años.
Estos son algunos ejemplos: en abril de 2007, en un rancho ganadero del municipio de Frontera Comalapa, en los límites con Guatemala, miembros de bandas dedicadas al tráfico de indocumentados, drogas y armas, asesinaron a cinco personas; dos de ellas eran menores de edad: Jesús Iván Vázquez Vega, de 17 años, y Fabiola Cárdenas Jacob, de 14.
La madrugada del 4 de mayo de 2007, durante un tiroteo en la colonia Florida, municipio de Ecatepec, estado de México, murieron los menores Fernando Cruz Ayala y Cristina Mendoza Rodríguez. Presentaban cuatro y 10 heridas de bala, respectivamente.
Un año después, en un paraje de Playas de Rosarito, Baja California, fueron localizados los cuerpos de cinco menores de edad asesinados con armas de fuego y con huellas de tortura. Las víctimas –entre ellas una joven de 17 años–, estaban apiladas en una calle del poblado Cuero de Venados, en las inmediaciones del rancho Casián, a medio kilómetro del bulevar 2000, vialidad que une a Tijuana con Playas de Rosarito.
El 14 de julio de 2008, en Sinaloa, 12 personas fueron ejecutadas, tres de ellas eran menores de edad. Los crímenes se cometieron en la esquina del bulevar Rosales y Enrique Bunant, atrás de un centro comercial. En el sitio se encontraron más de 300 casquillos de fusiles AR-15 y AK-47. Las víctimas fueron identificadas como Melina Judith Angulo Ruiz, de 12 años; Jesús Antonio Sabredica Salazar, de 17, y José Leonardo Castañeda Parra, de 17.
Ese mismo mes y año, en Jalisco, seis integrantes de una familia –tres menores de edad– fueron ejecutados con el tiro de gracia en una casa en Ciudad Guzmán, cabecera municipal de Zapotlán El Grande. Las víctimas infantiles fueron identificadas como Roberto Bernardino Campos, de 15; Magali Bautista Campos, de ocho, y Mayra Bautista Campos, de siete.
En agosto del año pasado, en la comunidad de Creel, Chihuahua, grupos de sicarios ejecutaron a 13 personas, incluyendo a un niño de cuatro años de edad y otro de meses.
El 3 de enero de este año, en Tijuana, Baja California, un menor de 14 años, identificado como Alejandro Joel Arámbula Flores, y cuatro hombres fueron ejecutados y sus cuerpos abandonados en un coche.
Según los reportes en estos estados murieron 183 menores: Chihuahua, 43; Baja California, 26; Zacatecas, 23; Tabasco, 11; Tamaulipas, nueve; Michoacán, 17; Guerrero, 19; Sinaloa, 15; Durango, siete, y Nuevo León, 13.
Los huérfanos
Los reportes castrenses señalan que durante la administración de Felipe Calderón, al menos se han contabilizado 3 mil 700 menores en la orfandad a causa de la ejecución de sus padres.
Los informes indican: “estos 3 mil 700 menores de edad han quedado marcados sicológicamente al haber observado uno de los hechos mas traumáticos de su vida, y a ello hay que agregar que han tenido que sobrellevar otro problema mayor: vivir con desconocidos o familiares para no ir a una casa hogar.
“En este contexto, las ejecuciones están provocando que los niños se vuelvan víctimas y después en victimarios por el odio con el que están creciendo”.
Los sicarios
Las estadísticas gubernamentales señalan que del total de delitos cometidos a escala nacional, 9.23 por ciento son perpetrados por menores de 12 a 15 años.
En ese contexto, el gobierno federal tiene documentado que han muerto por disputas entre cárteles rivales 427 menores de edad que actuaban como sicarios y que 30 por ciento de los cadáveres fueron enviados a la fosa común.
Según los reportes consultados, los niños fueron contratados por sumas que oscilan entre los 5 y 10 mil pesos mensuales al inicio, y “en su mayoría fueron cooptados después de haber sido liberados de los consejos tutelares mediante el pago de fianzas.
“Los cárteles también están reclutando a niños en situación de calle o en colonias donde la población enfrenta situaciones de pobreza extrema.
“En muchos de los casos, el primer paso para cooptarlos es brindarles protección jurídica, alimentaria, de vestimenta y de vivienda. Luego, son entrenados en el manejo de armas.
“Los niños sicarios son utilizados por el crimen organizado como avanzada en acciones armadas en contra de miembros de otros grupos, y como espías de las bandas rivales.
“A esos menores se les vuelve adictos, si no lo eran antes. Se ha detectado que en primera instancia son bautizados con mariguana, después ellos escogen la droga que consumirán, siempre y cuando sus ingresos se los permitan.
"Además, quienes logran ascender en la estructura criminal tienen mayores ingresos, hay registro del pago de cientos de dólares por alguna acción especial".
En mayo de 2007, efectivos del Ejército detuvieron a seis adultos y a cuatro mujeres menores de edad en el municipio de Carácuaro, Michoacán, luego de que fue emboscada una partida del 12 Batallón de Infantería, con saldo de cinco muertos y tres heridos.
Las 10 personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Morelia. Se les inició la averiguación previa AP/PGR/-MICH/M-II/283/2007, por la comisión de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En octubre de 2008, en Caborca, Sonora, los menores Claudio y Eduardo fueron detenidos por la policía estatal investigadora, en el ejido Morelos; el reporte oficial mencionó que portaban armas de fuego, chalecos antibalas y cientos de cartuchos útiles.
En febrero de este año en Tultitlán, estado de México, agentes federales detuvieron a 10 sicarios del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, dos de ellos eran menores de edad; la encomienda era eliminar a miembros La Familia, que opera en esa zona.
(La Jornada, 12 de abril de 2009)
martes, 7 de abril de 2009
Asume militar mando de Seguridad Pública en Piedras Negras
Piedras Negras, Coah. 7 Abr (Notimex).- Un militar retirado, con trayectoria en el Estado Mayor Presidencial, asumió hoy la Dirección General de la Policía y Tránsito de Piedras Negras, como parte de la estrategia para reforzar la prevención y combate a la delincuencia.
El coronel Arturo Navarro López fue avalado por decisión de la mayoría de miembros del cabildo local, en medio del rechazo de representantes del PRD, quienes cuestionaron el currículum del nuevo funcionario, que apenas hace tres días llegó a esta ciudad.
Al rendir protesta de su nuevo cargo, el militar aseguró que viene a tomar las medidas que sean necesarias para que haya una verdadera seguridad pública, y adelantó que habrá una depuración de los elementos que no reúnan el perfil para desempeñar su puesto.
"Es un compromiso que tengo con la gente que ha confiado en mí, por lo que a lo único a lo que vengo es a trabajar y a tomar las medidas que sean necesarias para continuar con la seguridad de los ciudadanos", aseveró.
Mencionó que la depuración es con el fin de evitar todo tipo de involucramiento con la delincuencia, por lo que habrá mano dura contra todo elemento que no acate la orden o que se les sorprenda en actos ilícitos.
"Analizaré a la gente con la que cuento, y serán ellos mismos los que tomen la decisión de renunciar si no reúnen el perfil y no se adaptan a la forma y disciplina de trabajar, por lo que no se tolerarán actos de corrupción de ningún elemento", apuntó.
El arribo del militar como director de Seguridad Pública en Piedras Negras es el cuarto que se registra en las últimas semanas en municipios de Coahuila, después de Saltillo, Ramos Arizpe y Monclova.
(SDP Noticias, 7 de abril de 2009)
lunes, 6 de abril de 2009
Designan a militar como director de Policía Municipal en Ramos Arizpe
06 de Abril, 2009 - 16:57 —
Saltillo, 6 Abr (Notimex).- El alcalde de Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre Gutiérrez, presentó hoy a Manuel Jesús Cicero Salazar, como nuevo director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien remplazó a Homero Durán Flores.
El presidente municipal expuso que para esa decisión, el municipio estuvo en pláticas directas con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, a través del secretario de Gobierno, Armando Luna Canales.
"Con este esfuerzo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el estado, el que va a ganar sobre todo es el municipio de Ramos Arizpe", dijo.
Resaltó que desde que el 2006, cuando arrancó su administración municipal, sólo se ha registrado un asesinato en el ejido "El Perillal", donde un adulto fue victimado con una arma de fuego, de manera accidental.
Destacó que ante estas cifras, Ramos Arizpe es considerado uno de los municipios con menor índice de violencia, por lo que esperan seguir manteniendo este récord.
Por su parte, Cicero Salazar expresó que sus raíces son militares y ahora que estará a cargo de la Dirección de la Policía Preventiva pondrá todo su esfuerzo para que siga la tranquilidad, así como el respeto a las garantías individuales.
(SDP Noticias, 6 de abril de 2009)
domingo, 5 de abril de 2009
La guerra de Calderón
Jorge Moch
tumbaburros@yahoo.com
La guerra de Calderón
El poder intoxica. La toxina del poder engendra abusos. El abuso tiende en este país a pintarse de institucionalidad. La institucionalización del abuso se llama impunidad, y a su vez casi siempre aspira a la perpetuidad. Así reposan felices demasiados trapos sucios de esta moderna República, desde históricas masacres hasta asesinatos selectivamente desestabilizadores, pasando por escandalosos fraudes electorales y de variopintas, irresueltas tesituras. Por eso somos el país de la mordida.
Felipe Calderón, de quien sigue siendo imposible certificar a cabalidad que sea el legítimo presidente de México, resultó un tipo, vaya, belicoso. Nadie lo hubiera pensado mirando su breve historial público. Como titular de energía, lo mismo que como burócrata de altos vuelos en Banobras fue una eminencia gris. Anodino. Lo mismo cuando fue presidente de an . Pero ya insaculado tal que presidente, o debo decir impuesto “haiga sido como haiga sido” según un dicho suyo, resultó así, belicoso, bravucón. Amigo en demasía de los uniformes y las jerarquías castrenses: un hombre pequeño que, de pronto presidente de un país, se exhibe militarista irredento. En la realidad cruda, fuera de su propia visión en el espejo; en el espejo de los elogios, de los lamesuelas, de la cohorte de merolicos perversos y cortesanos zalameros de que se hace rodear, no alcanza a ver lo que realmente es: un hombrecillo inseguro de poder mantener el equilibrio sobre la silla presidencial que no le pertenece. Por eso, quizá, esa necesidad ridícula de militarizar su imagen y, como alguna vez vimos, hasta la de su progenie. Pero qué hombre pequeño, oiga usted, no se crece cuando se le recita al oído que él, él, él es nada menos que el comandante supremo de las fuerzas armadas, aunque nunca en su vida haya sido entrenado para combate, o padecido el infierno de un enfrentamiento armado, o estudiado estrategia militar, o tácticas de contrainteligencia o, en fin, aprendido a desarmar y ensamblar una pistola. Quizá, pues, Calderón lo que acusa es una irreprensible necesidad de respeto, de legitimidad, y por eso la milicia hasta en el pozole.
Desde el principio de su mandato hasta esta primera mitad del sexenio, Calderón se ha hecho ver rodeado de galones y charreteras. La guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado ha sido, al margen de una pésima manera de hacer valer la ley, una bien montada campaña de propaganda. En la televisión, su principal aliado propagandístico, Felipe Calderón ha logrado aglutinar sólo adulación. La crítica a su fallida estrategia de choque es una lamentable ausencia en el discurso de noticieros y analistas. Ya desde su incipiente campaña por la presidencia, Calderón y sus alecuijes demostraron la beligerancia por venir en contra de cualquier periodista crítico inserto en canales de alta penetración como radio y televisión. Hoy el combate velado al periodismo crítico de los yerros gubernamentales se traduce en el apuntalamiento de una censura igualmente nebulosa: se nos pide a los periodistas, principalmente a aquellos ligados a los medios electrónicos, que solamente enfaticemos los presuntos logros de la guerra al crimen, pero sin mencionar rincones oscuros. Poco o nada la televisión menciona, por ejemplo, que la tal guerra al narco ha causado más muertos en estos dos años y fracción que todos los casos de muerte por adicción y/o asuntos relacionados directamente con el consumo de drogas per cápita en Estados Unidos, el más grande consumidor del planeta, y eso combinando, además, todas las drogas que entran a ese país por otras vías alternas a la frontera con México.
¿Dónde nace esa obcecación por poner al ejército a hacer labor de policía, situar cada vez más soldados en las calles gobernadas por civiles, exponer a las fuerzas armadas a los mismos mecanismos prevaricadores que infectaron de corrupción a las policías de todos los niveles?, ¿por qué ese empeño enfermizo en convencernos de lo que es in extremis indefendible?
Parece que Felipe Calderón, como su nefasto antecesor, habrá de terminar llevando a los medios una guerra que, al final, parecería estar luchando simplemente contra sí mismo. Y mientras tanto, igual que con su nefasto antecesor, la realidad de las calles, la de día a día de pobreza y carencias y falta de oportunidades para millones de mexicanos, seguirá caminando su propia senda, disociada de la versión oficial, paralela de modo que nunca pueda verificar su cruce con la otra, la virtual, la risueña mentira de la televisión.
(La Jornada Semanal, 5 de abril de 2009)
viernes, 3 de abril de 2009
Ciudadanos denuncian abusos del Ejército en Chihuahua
Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes revelaron que, supuestamente, militares revisan en partes íntimas am ujeres con el pretexto de que podrían esconder drogas
Luis Carlos Cano/corresponsal
El Universal
Ciudad Juárez, Chih. Viernes 03 de abril de 2009
17:26 Miembros de organizaciones no gubernamentales y estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) denunciaron que la noche del jueves elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional entraron al campus universitario donde se encuentran el Instituto de Ingeniería y Tecnología (IIT) y el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA).
Por otro lado, activistas sociales de todo el estado de Chihuahua formaron el llamado Observatorio Ciudadano para vigilar el Operativo Conjunto Chihuahua y Juárez, a la vez que denunciaron que se están dando agresiones contra las mujeres por parte de soldados y PFP, ya que revisan a las señoras que van por sus hijos a las escuelas, les tocan pechos y otras partes íntimas con el pretexto de que esconden droga.
Esto fue corroborado por Gustavo de la Rosa Hickerson , Primer Visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien dio a conocer que fue testigo directo de un caso de este tipo y que los soldados le dijeron que esa era la orden que tenían.
Cipriano Jurado, activista de los Derechos Humanos dijo que testigos y estudiantes vieron al personal del Ejército dar dos vueltas por el campus cerca de la macro aula II del IADA, sitio donde el jueves en la mañana se llevo a cabo el Foro, Militarización: ¿política de seguridad o de miedo?
"Esto se trata de una flagrante violación a la autonomía universitaria, ya que el ejército se encuentra en nuestra ciudad de manera ilegal y su actuación en la supuesta guerra contra el crimen, no ha sido clara y mucho menos provechosa, además de verse implicado en múltiples secuestros y casos de tortura, según reportes de la CEDH".
Pidieron al rector de la UACJ, Jorge Quintana Silveyra pronunciarse enérgicamente en contra de este atropello que tiene claras intenciones de amedrentar a la población universitaria para que se imponga el miedo y se terminé avalando el estado de excepción que ya padecemos. Así mismo toda la comunidad universitaria debe rechazar estas acciones del ejército y sumarse a la campaña de desmilitarización del estado.
Por otro lado, en conferencia de prensa el diputado local Víctor Quintana Silveyra; el visitador para Proyectos Especiales y Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa Hickerson y el ex diputado Jaime García Chávez, entre otros, dieron a conocer que por la alta incidencia de casos de violación a derechos humanos de los ciudadanos por parte de elementos federales y del Ejército que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua, crearon el Observatorio Ciudadano para dar seguimiento a todo lo que tenga que ver con las acciones policiales extraordinarias que se llevan a cabo en el estado.
Exigen que "las autoridades establezcan una hoja de ruta que registre plazos y formas para que el Ejército regrese a sus cuarteles en el plazo de seis meses que dio el comandante de la Quinta Zona Militar en el estado de Chihuahua, Felipe de Jesús Espitia, una vez que se cumplan los objetivos planteados con la presencia militar y de las fuerzas federales encaminadas a combatir la violencia atípica, plazo que vence el próximo 31 de agosto".
Por su parte, la activista Patricia Mendoza, denunció que se ha venido dando la tendencia en los retenes militares y policíacos de someter a madres de familia elegidas supuestamente al azar, a revisiones físicas que incluyen tocamientos en sus zonas íntimas, a la vista de todos en plena vía pública, lo cual constituye una violación a sus derechos humanos.
Esto se da bajo el argumento de que se ha sorprendido a mujeres portando droga en el busto y la entrepierna, situación que ha derivado en la presentación de 35 quejas formales, por lo cual pidió que se denuncien este tipo de situaciones a fin de poner freno a esta práctica.
Una de las escuelas donde han realizado este tipo de operativos a la salida de alumnos es la Primaria José Torres Bodet, en la colonia Pradera Dorada, entre otras.
El visitador de la CEDH, Gustavo de la Rosa Hickerson dio a conocer que el pasado 19 de marzo levantó un acta circunstanciada a las 12:15 horas del día, haciendo constar que mientras transitaba por la Ave.
Gómez Morín vio un retén policiaco y se dio cuenta que una persona con uniforme azul y chaleco amarillo tiene detenida a una mujer joven, delgada, unos 30 años y 1.70 de estatura la cual tiene las manos pegadas al techo de su vehículo y la persona de uniforme la está revisando corporalmente tocándole el busto, las caderas, las piernas hasta los tobillos y después al no encontrar ningún elemento delictivo en ella, le permiten retirarse.
Agrega que la mujer que había sido revisada se retira conduciendo su camioneta marca Honda de modelo aproximado 2004-2005 que es un vehiculo evidentemente familiar, la mujer va llorando y cuando le pido que se detenga me contesta negativamente con la cabeza.
En ese momento se acerca un vehículo azul marca Toyota de modelo aproximado1995 conducido por una mujer de 35 años de edad de aproximadamente 1.60 de estatura la cual es bajada de la unidad y nuevamente la agente comisionada vuelve a revisarla corporalmente poniendo especial atención en el busto de la mujer revisada.
"Vuelvo a protestar por el proceder de la Agente ante el Comandante quien dice llamarse José Castillo, insistiendo yo en que solo pueden revisar corporalmente a aquella mujer que previamente hayan detenido en flagrancia y contestándome que ellos tienen instrucciones de revisarlas para buscar que no traigan armas o droga en su cuerpo aunque no se tenga ninguna evidencia previa y que la agente pone especial atención en el busto por que las mujeres ponen la droga en el brasier, en las pantaletas e incluso en la vagina".
cgb
(El Universal, 3 de abril de 2009)
jueves, 2 de abril de 2009
Soldados criminales… e impunes
Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia
02 de abril de 2009
“A mí me violaron los militares, luego me mataron a mi hermano y a mi esposo lo amenazaron de muerte. Vivo con miedo por mis hijos y por mí. No se qué más quiere el gobierno; nosotros lo único que hemos pedido es justicia”, dice Inés Fernández, que ha vivido un vía crucis desde que fue violada por los soldados en su casa de Ayutla de los Libres, Guerrero.
No muy lejos, Valentina Rosendo, muchacha bonita y recién casada, lavaba ropa en el arroyo cuando se le aparecieron 8 soldados preguntándole dónde andaban los encapuchados, a lo que Valentina contestó que no sabía. Luego de que si era de Barranca Bejuco y ella que no, que de Caxitepec. Así que pa’ pronto le metieron un culatazo que la dobló sobre las piedras. Allí a ras del agua le arrancaron la falda. Uno de ellos le abrió las piernas, se bajó el pantalón y la violó por unos 10 minutos; luego vino otro con lo mismo y los otros 6 nomás viendo. De aquello le quedó el virus del papiloma humano y el riesgo de la muerte, además de la humillación que no se olvida.
Los casos de Inés y Valentina están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí ni quién oiga sus demandas. Pero todavía peor: como han luchado por que se haga justicia, se han desatado las amenazas y los hostigamientos.
Tan sólo en 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 230 quejas contra el Ejército. En ese mismo año 381 averiguaciones previas de delitos cometidos por militares contra civiles fueron turnadas a la Procuraduría General de Justicia Militar. Que sólo aceptó iniciar 110 procesos. De los cuales únicamente 11 —menos de 10%— derivaron en consignaciones.
Por su parte, diversas organizaciones civiles han documentado plenamente 120 casos durante el actual gobierno. Se incluyen 17 asesinatos, decenas de violaciones, allanamientos y torturas. Uno de estos casos puede ser histórico porque ya fue atraído por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se refiere a los hechos de Santiago de los Caballeros, en Sinaloa, donde cuatro civiles fueron muertos por soldados. Aquí lo que la Corte ha de definir es si la actual extensión del fuero de guerra es compatible con nuestra Constitución y con los tratados internacionales que el gobierno mexicano ha firmado y ratificado. En pocas palabras, si es justo que en este país los militares que cometen delitos contra civiles sean juzgados por ellos mismos. Porque lo que ha ocurrido hasta ahora es que hay un permanente patrón de absoluta impunidad cuando las violaciones a derechos humanos de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses.
No se trata de abolir este fuero, sino de que se aplique para los asuntos internos del Ejército y no en agravio de civiles. Por cierto, no hay lucha antinarco alguna que justifique esta intolerable cadena de abusos de parte de un Ejército que sólo se desprestigia con la impunidad y cuyo comandante supremo es el propio Presidente.
P.D. Para mi nuevo y formidable amigo Eduardo Galeano, con mi admiración devota de siempre.
(El Universal, 2 de abril de 2009)
viernes, 20 de marzo de 2009
Calderón dice que aún no es tiempo de retirar al Ejército de las calles
México, 20 mar (EFE).- El presidente de México, Felipe Calderón, quien desde que asumió en diciembre de 2006 ordenó a los militares encabezar la lucha contra el crimen organizado, dijo hoy que no es momento de retirar al Ejército de las calles.
El mandatario, que encabezó la entrega del informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que la vuelta de los militares a los cuarteles "no es posible en estos momentos, al no existir una policía capacitada para combatir al crimen organizado".
Dijo que coincide con la postura del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, de que "la tarea de las Fuerzas Armadas es y debe ser temporal".
México vive desde hace tres años una ola de violencia atribuida al crimen organizado, en particular a los carteles de la droga que se disputan el control de rutas hacia Estados Unidos, periodo en el que han sido asesinadas unas 10.000 personas.
Calderón tiene como su principal reto interno la seguridad y el combate al crimen organizado, por lo que ordenó el envío de fuerzas combinadas de miles de soldados y agentes federales a los puntos más conflictivos del país, medida que ha sido criticada por organizaciones sociales mexicanas e internacionales.
El mandatario dijo que frente a la situación de violencia estaba la disyuntiva de "o dejar a los mexicanos a su suerte y en estado de indefensión frente a la acción violenta del crimen" o asumir "la fuerza del Estado" con los riegos que implica esta alternativa.
En ese acto anunció, como una muestra de la acción del Ejército, la captura de un presunto narcotraficante, Sigifredo Nájera, alias "El Canicón", a quien responsabilizó de la muerte de nueve militares y de los ataques con granadas y disparos al consulado de Estados Unidos y a las instalaciones de Televisa, todo ocurrido en Monterrey entre octubre de 2008 y enero pasado.
Por su parte, el presidente de la CNDH dijo que durante 2008 México vivió una panorama de "marcados claroscuros" en materia de derechos humanos, pues hubo avances pero también "sombras difíciles de desvanecer".
"En este contexto, el derecho humano a la seguridad pública sigue siendo la principal demanda y preocupación de los mexicanos", dijo Soberanes.
Indicó que la CNDH registró el año pasado 6.004 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, la mayoría de las cuales dirigidas contra la Secretaría de la Defensa (1.230), el Instituto Mexicano del Seguro Social (1.007) y la Fiscalía general (769).
(SDP Noticias, 20 de marzo de 2009)
martes, 17 de marzo de 2009
Ejército: ¿quién los regresará a los cuarteles?
Magdalena Gómez
a militarización paulatina que experimenta el país en el contexto del combate al crimen organizado avanza de manera significativa, en especial en algunas regiones, con altos costos en términos de respeto a los derechos humanos y con fuertes entredichos y contradicciones constitucionales, pues sin que el calderonismo declare la suspensión de garantías, en la práctica se está generando un discurso que prioriza y justifica acciones ominosas con la lógica de que "el fin justifica los medios".
Resulta muy elocuente y oportuna la reciente presentación del informe: ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, que elaboró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), el cual a partir de una investigación hemerográfica, documenta abusos militares cometidos por elementos de las fuerzas armadas mexicanas entre 2006 y 2008 y da cuenta del patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos que han cometido los soldados en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones castrenses, resultando así vulneradas las garantías de independencia e imparcialidad.
Con un amplio recuento de la cadena de quejas recopiladas por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de las investigaciones previas que han sido transferidas a la justicia militar, el referido informe nos muestra que en los hechos se hizo un uso extensivo e ilimitado de la decisión sobre la Controversia Constitucional 1/96 –en torno a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública–, lo cual permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá del expreso mandato constitucional, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que en todo caso estarían bajo las órdenes de autoridades civiles en dichas tareas.
El Centro Prodh pone el dedo en la llaga al recordar que inclusive durante la evaluación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno federal entregó el pasado 10 de febrero un informe en el cual acepta que entre enero de 2007 y julio de 2008 la CNDH emitió 15 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) relacionadas con violaciones a derechos humanos vinculadas con la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Recordemos que entre muchos temas fue señalada al gobierno mexicano la necesidad de que se revisen los alcances del fuero militar y la necesidad de que sea el fuero civil el que juzgue violaciones a ciudadanos y ciudadanas cometidos por militares.
El Prodh refiere dos casos paradigmáticos que retratan la extensión del fuero de guerra a casos que involucran a civiles como víctimas de violaciones a derechos humanos, y en especial el relativo a Santiago de Caballeros, en Sinaloa, que ha sido atraído por la SCJN, permitirá a esta instancia revisar la postura que adoptó en 1996 a la luz del conjunto de evidencias que han sido documentadas y que serán presentadas, esa instancia tan poco prestigiada, pero a la que es menester insistir en que se encauce por el estado de derecho que incluya el derecho internacional de las garantías individuales. Estos temas ya son inocultables, y ciertamente no son consuelo las declaraciones que hizo el general de Brigada, Jaime Antonio López Portillo, titular de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional: “en la batalla que enfrenta el Ejército contra el crimen organizado se daña a las personas y a las propiedades, y agrego que la legislación militar prevé todo este tipo de cosas, evitar violaciones a las garantías individuales, pero hay algunas circunstancias en la que es inevitable, o desgraciadamente se puede generar alguna problemática (…) en relación con la gente que tenemos desplegada es muy baja la cantidad de quejas” (Reforma, 14/03/09).
Por otra parte, no está muy clara la reacción ciudadana; hay demasiado temor para expresarse libremente. Si tomamos en cuenta que el informe del Prodh se basó en revisiones de prensa, bien podemos suponer que hay un subregistro de los hechos cotidianos, que, a propósito de revisiones en retenes o cateos domiciliarios, entre otros, realizan los militares.
Por todo ello preocupan las declaraciones que hizo a la revista emeequis el obispo Renato Ascencio León: "si Ciudad Juárez se salva con la presencia del ejército de esta criminalidad que vive, bienvenido el ejército. Lo que necesitamos es recobrar la paz y la tranquilidad".
No en balde el próximo 20 de marzo se celebrará una audiencia temática sobre la justicia militar en México durante el periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo dicho: si juzgamos por los resultados, fue, por decir lo menos, ligera la decisión de sacar de sus cuarteles a los militares. Más nos vale preocuparnos de cómo lograr que regresen.
(La Jornada, 17 de marzo de 2009)
