Felipe Calderón impone el estado de excepción para ordenar al país

Manú Dornbierer

Al neoliberalismo, mientras más débil está por sus fracasos en el mundo entero, más se agudiza la militarización en los países que han caido en su ámbito material. Al tambaleante Bush con los aberrantes resultados conocidos: -La destrucción de Iraq. -La muerte de cientos de miles de iraquíes (para democratizarlos). La pérdida de más de 3 mil soldados estadunidenses.-El odio del mundo hacia USA.- El obvio sometimiento de la ONU a los designios imperiales.

Además, el recalentamiento peligroso del polvorín que es el Medio Oriente. E internamente:- La imposición del Patriot Act, dictatorial y limitante de los derechos civiles. La caída de la economía y, finalmente, la pérdida del Congreso para los republicanos.

Apenas hoy los gringos se están dando cuenta de la barbarie de su presidente. Y los daños al planeta, así en suelo ajeno como en el propio, proviene de dos elecciones fraudulentas del millonario George W. Bush, obsesionado por la guerra, aunque cuando él tuvo que hacerla en Vietnam su padre le evitó la molestia.

En el México actual, Calderón ha impuesto sin duda por disposición de los búnkeres neoliberales, una militarización que nunca anunció en su campaña. Curiosamente ambos mandatarios proceden de elecciones similares, empezaron débiles, apoyados por plutócratas y requieren del “terror” ciudadano para que la gente sienta que “los necesita”. Pero Calderón tiene mejores pretextos que Bush: La inseguridad, la delincuencia en México debidos a la galopante miseria y los malos gobiernos, el descarado narcotráfico que patrocinó Fox o cuando menos toleró porque a decir de los expertos, hubo una alianza con el célebre narcotraficante Chapo Guzmán al que dejó escapar de la cárcel y nunca buscó. Por eso el célebre capo no fue extraditado esta semana como los demás dirigentes del narcotráfico de nacionalidad mexicana.

A propósito de los operativos militares se oye decir a los que no entienden lo que es una dictadura militar : ¡Por fin alguien hace algo! Sí, sólo que ese algo es cambiar el status jurídico del país: Militarizar al régimen civil vigente y puede resultar el remedio mucho peor que la enfermedad. La gente pensante que conoce a fondo la situación que vive el México sometido al neoliberalismo disfrazado de democracia, se da cuenta de los "Riesgos de la Militarización de la Seguridad Pública".

Por ejemplo, en un boletín mancomunado de prensa (SC/01, del 18 de enero, fechado en la Cd. De México), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", del Frente Cívico Sinaloense, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, se expone lo siguiente:

"Expresamos nuestra profunda preocupación porque la creciente incorporación de militares en tareas de seguridad interior se da en detrimento del fortalecimiento de la policía civil. Además, esta respuesta del gobierno federal ante la legítima demanda de seguridad de los ciudadanos mexicanos ha demostrado su ineficacia..

"Desde la creación de la PFP los gobiernos federales de Zedillo, Fox y Calderón han insistido en militarizar la seguridad pública. A pesar de ello la situación no ha mejorado. Diversos organismos internacionales han emitido recomendaciones al gobierno mexicano para desvincular a los cuerpos militares de los cuerpos de seguridad pública.

"Exigimos al Estado mexicano una política de seguridad interior basada en el bienestar social de las mayorías, la profesionalización de los cuerpos de seguridad y el respeto irrestricto al los derechos humanos y al debido proceso".

Y más adelante explica : «La experiencia nos revela que existe un riesgo real en el hecho de que las fuerzas armadas se involucren en actividades de seguridad pública. No son pocos los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos militares en contra de poblaciones vulnerables durante operativos como el implementado ahora, pues el fuero militar evita que los miembros de las Fuerzas armadas puedan ser presentados ante la justicia civil, lo cual propicia la impunidad y la falta de rendición de cuentas...»

Sigue el texto: «Por todo lo señalado, las organizaciones firmantes insistimos en que el involucramiento de elementos militares en tareas de seguridad interior, en un país con una incipiente democracia electiva y con un incremento acelerado de la pobreza en la población, representa un riesgo importante para la construcción de un modelo de seguridad pública que garantice de manera eficaz, y respetando los derechos humanos, la seguridad de la población. Al respecto, queremos insistir que en distintas recomendaciones emitidas por organismos de protección a los derechos humanos –entre ellas el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU–, se ha solicitado al gobierno mexicano la separación de los militares de las tareas policíacas».

Pero por más organizaciones respetables nacionales o internacionales que sin duda rubricarán el boletín citado, el gobierno neoliberal plutócrata no hará el menor caso. Ha recibido órdenes del gobierno de Bush por una parte y mucho dinero de los empresarios transnacionales para que haga lo que unos y otros creen que requiere México: Militarización. Calderón tiene en esos niveles los apoyos necesarios dentro y fuera y hasta para crearse una aureola de héroe.

Por fortuna en México hay aún gente pensante, la mayoría. Los legisladores de cualquier partido, que no esten completamente vendidos, deberían aprovechar la ocasión para votar ahora ese REFERENDUM que tanto necesitamos los mexicanos. Los presidentes no tienen un cheque en blanco. Aún tras una elección limpia -NO es el caso- no puede un presidente, con todo y el excelente pretexto de la inseguridad, militarizar una nación que apenas se ufana de su reciente democracia. Es algo tan trascendental que debe consultarse con la población entera en forma directa. La necesidad existe más que nunca, nos falta el instrumento, el Referendum, y el organismo que podría monitorearlo, porque nadie puede confiar en el IFE por más que se promueva al amparo de la Ley Televisa. ¿Recurrir a una instancia internacional quizás ya que estamos en plena globalización?

Por otra parte, la dramática militarización que nos imponen tiene aspectos ridículos. Los militares del Estado Mayor Presidencial no deben de estar muy a gusto con que los usen como en una opereta, como lo hizo el “vicepresidente”, Juan Camilo Mouriño: en una fiesta privada, pero a nombre del estado de Campeche, en su finca Gely en la Comunidad de Imi, se llevó a cabo la coronación de “Nuestra Belleza Infantil” su hija de 5 o 6 años, María de los Angeles Mouriño Escalante. Los militares acordonaron a los campesinos locales, impidiendo el libre tránsito para que la ex Miss México, Lupita Jones, llegada en avión especial, coronara a la niña y el acto fuera amenizado por los Jeans que dio a conocer Televisa durante la campaña calderonista. ¿Y quién pagó la fiesta?

¡REFERENDUM! diputados. Hay que preguntar a los mexicanos si quieren o no un régimen franquista como el que vino a promover en plena campaña el Sr. Rebuznar, amigo de Calderón y de Bush.

Apéndice: Aumento a los Militares: 46 %

Aumento a Maestros, Obreros, Burócratas, Universitarios: 3.8 %

Sí a alguien no le quedaba claro lo que está sucediendo en México y se va con la idea falsa de que los militares están en las calles para realizar la “noble labor” de combatir el narcotráfico, cada vez se aclara más y más lo que significa que empezando por la tropa se les haya asignado un aumento salarial del 46%. Leyeron bien: 46%, mientras para los obreros, maestros, trabajadores universitarios, burócratas, se encuentran con un tope salarial que fija un aumento un aumento máximo de 3.8 %.

El mensaje es muy claro: los Estados Unidos le han mandatado a Felipe Calderón tener un ejército que poco a poco se vaya convirtiendo en una institución ajustada a una fuerza mercenaria, que esté allí por el dinero que recibe, no por la convicción de ser garante de la Seguridad del estado nacional.

Para que los obreros que recibieron un aumento de menos de $2,00 diarios (sesenta pesos al mes, cinco dólares) tengan una idea de la magnitud del aumento a los militares, revisemos el ejemplo que dio Calderón: “el soldado raso de menor ingreso, perteneciente a la primera Región Militar, de obtener 3 mil 500 pesos mensuales, pasó a 5 mil 200 pesos, es decir, 46 por ciento más”.

¿De dónde saldrá ese dinero?... de los impuestos, recortando gastos para escuelas, universidades, salud, entre otros rubros.

Queda claro que para Felipe Calderón lo que importa no es que la población mexicana tenga resuelta sus problemas económicos, sino que todos los mexicanos vayan entendiendo que el que proteste será reprimido. Ahora es con el pretexto del narcotráfico, con el que a cualquier “hijo de vecino” le pueden “poner el dedo” y presumir su responsabilidad penal. Mañana el pretexto será el terrorismo, considerando terrorista a quien se atreva a cuestionar la privatización del petróleo, la electricidad, la educación, la salud, todo eso que ellos ya están dispuestos a imponer y que llaman las reformas estructurales.

Dice Calderón que todo esto se hace para lograr la seguridad. Pero qué es para él la seguridad: cuidar los bancos, la bolsa de valores, que no haya protestas contra los grandes inversionistas, sobre todo extranjeros; que no haya huelgas, que se respete la propiedad privada (incluyendo aquella que se acumuló con la corrupción y la explotación). A ellos no les interesa que haya seguridad para los trabajadores, empezando por la seguridad en el empleo. Eso no es de su interés y como sienten que cada día hay más gente inconforme, necesitan un ejército pagado como fuerza mercenaria de la que no haya deserciones, a cambio de un sueldo que no van a poder obtener en otra actividad.

Los militares están copando toda la esfera política incluyendo las labores policiales. Por cierto que esto es otra disposición de los gringos. En un informe realizado por Adam Isacson, Lisa Haugaard y Joy Olson, queda claro que el Pentágono sigue impulsando prácticas militares, programas y doctrina militar en América Latina “confundiendo los roles civiles y militares, especialmente tras crear nuevas misiones militares dentro de las fronteras de los países".

En el presupuesto FY2005 de ayuda militar estadounidense se desglosa la ayuda económica para América Latina y el Caribe. La superpotencia provee 921 millones de dólares en ayuda económica, y al menos 859 millones para ayuda militar.

El 12 de marzo estará Bush en México para que Calderón le rinda cuentas, a lo que el chaparrito contestará: aumenté el 46% del salario a los militares, además de seguir preparando fuerzas de contrainsurgencia para enfrentar el descontento popular.

Se necesita estar ciego para no ver que el plan de los poderosos (para México) es el control militar del descontento popular. Habrá que ver si los hijos de Villa y de Zapata se amedrentan con los kaibiles mexicanos.

Pero no hay que olvidar que es tan burda la supeditación de los altos mandos militares a los mandos gringos, que dentro de las fuerzas armadas hay gente conciente y patriota que está haciendo una labor callada y que se opondrá a que el ejército mexicano se convierta en verdugo de su pueblo, pero con el propósito real de defender los intereses económicos y políticos de las trasnacionales.

La lucha que se avecina no va a ser sencilla; por el contrario, será cruenta, por lo que hay que empezar a prepararse desde ahora. Lo primero que hay que hacer es lo que millones de trabajadores ya están haciendo: enterarse, juntarse con grupos experimentados en la lucha y organizarse.

(Voltairenet.org, 26 de mayo de 2007)

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Ni un paso atrás en labor del Ejército: Calderón

La participación de militares, hasta que sea necesaria: PGR

Sergio Javier Jiménez

El Universal
Viernes 25 de mayo de 2007

GÓMEZ PALACIO, Dgo.- En respuesta al exhorto del Congreso para retirar al Ejército de la lucha contra el crimen, el presidente Felipe Calderón señaló que no dará "ni un paso atrás" en la tarea de defender a México de la delincuencia organizada.

"Haremos todo lo que esté en nuestras manos, aunque algunos insistan en eliminar y restringir la acción del gobierno federal", añadió.

Pidió al público que lo escuchaba manifestar "a los legisladores del PRD y a algunos del PRI" -que promovieron el miércoles el exhorto- si el futuro que quieren para el país es el de la delincuencia.

El mandatario dijo -al momento que con el dedo golpeaba sobre el atril- que su administración llegará hasta donde la gente diga.

En su discurso aludió de manera directa a perredistas y priístas: "Si ese es el futuro que quieren (el de la delincuencia), que lo digan de una vez. Esta acción de gobierno sólo puede hacerse si la ciudadanía la apoya, no es tarea sólo del Presidente, del gobierno federal, no es una tarea personal, es una tarea colectiva".

En la ciudad de México, en reunión con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, aseguró que la participación del Ejército en las tareas de seguridad y en la aplicación de operativos será temporal, pero "todo el tiempo que sea necesario",

A los legisladores mencionó que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública está perfectamente legitimada en la Constitución, en la ley y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aceptó que el gobierno perdió el poder ante el crimen y que disputa potestades exclusivas del Estado como el uso de la fuerza e incluso el cobro de impuestos en algunas regiones.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, afirmó que insistirá para que el Ejército se retire de las labores de seguridad pública y de combate al crimen organizado. "No vivimos en una dictadura. Hay un estado de derecho", expresó.

(Con información de Silvia Otero y Liliana Alcántara).

(El Universal, 25 de mayo de 2007)

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La ley como fetiche

Carlos Fazio

El gobierno espurio de Felipe Calderón está empeñado en construir un Estado autoritario, más subordinado y dependiente de Estados Unidos, donde las fuerzas armadas y los organismos de seguridad jueguen un papel clave. El nuevo modelo de Estado contrainsurgente cuenta con el aval de los poderes fácticos y el capital financiero, articulados en la coyuntura por una lógica de Estado.

En el marco de una campaña de propaganda mediática de gran envergadura, en los últimos días Calderón ha estado convocando a la ciudadanía a sumarse a "su" guerra. Con un discurso centrado en la violencia, en nombre de "la patria", está llamando a "los mexicanos" a "formar un solo frente contra los enemigos de México". Su intención es imbuir a la sociedad civil de su lógica belicista y arrancar el apoyo a soluciones de fuerza. Tal pareciera que Calderón ha decidido cancelar los caminos de la lucha civil pacífica y ha optado por confrontar a los movimientos sociales en las calles y en las cárceles.

Para ello ha instruido la formación de una nueva fuerza de despliegue rápido, denominada Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos (ver decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2007), cuya misión anticonstitucional, entre otras, serán "diversas tareas" de "seguridad interna", incluido "el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública". La nueva encomienda viene a modificar el carácter de la institución armada, convirtiéndola en lo que bien puede calificarse de "ejército de ocupación" en su propio país.

Se puede deducir que en materia de "seguridad pública" la misión fundamental del nuevo cuerpo militar especializado será enfrentar líderes y grupos sociales inconformes catalogados según la lógica guerrerista del "enemigo interno". Es decir, se tratará de impedir toda muestra de descontento y, sobre todo, imposibilitar por vía de la fuerza, la tortura y el terror (como ha venido comprobándose en la práctica en Atenco, Oaxaca, Guerrero y Michoacán) cualquier cambio, por mínimo que sea, en la estructura social de la nación. En esa lógica, y dado que se trata de una "guerra" (según persiste en calificarla Calderón), el "enemigo" no está afuera, sino en el interior del país, y es fácilmente identificado como la "antipatria" o el "elemento subversivo" al que hay que aniquilar.

En ese contexto, la sentencia dictada por el juez Alfredo Blas, de Toluca, el 5 de mayo, quien mediante la fabricación del delito de "secuestro equiparado" condenó a 67 años de prisión a los luchadores sociales Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, no sólo constituye un acto de venganza, escarmiento y sevicia judicial, sino que desnuda la naturaleza fascistoide del régimen de facto encabezado por Calderón y sus aliados.

La sentencia dejó firme una lectura jurídica sobre las formas de la protesta social y sentó los lineamientos para el futuro. Pero además, la medida desnuda el renovado papel del Poder Judicial, que avanza sobre el terreno social para reducir la protesta ciudadana a un tema de legalidad, con la pretensión de desalentar cualquier abordaje centrado en el conflicto. Como ha ocurrido antes en la historia de México, la sanción legal busca desplazar lo político, y ejercer su poder normativo reforzando el supuesto carácter abstracto e imparcial del precepto jurídico.

Esa "purificación" de la esfera judicial puede entenderse como una "fetichización" de la ley, que refleja cómo una autonomización creciente de lo político exige transformar el conflicto social en mero litigio jurídico. Por ello que vez que lo social se politiza aparecen voces que denuncian el supuesto ataque a las "instituciones"y al "Estado de derecho" y llaman a defender la "Patria" y consensos políticos fundacionales como la "mexicanidad". Las reivindicaciones políticas devienen así actos delincuenciales o "subversivos", la denuncia se convierte en "apología del delito", y la movilización social en "motín", "asonada" o "rebelión".

Por la vía de criminalizar la protesta y transformar una acción política en delito penal, equiparando a manifestantes y luchadores políticos y gremiales con narcotraficantes, secuestradores o terroristas, la renovada justicia represora pasa a ser un elemento de control y disciplinamiento social que intenta impedir el avance de las organizaciones populares que se oponen a la lógica del pensamiento único neoliberal. El castigo de la rebeldía busca reducir a los actores sociales a meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos límites que marcan los ejecutores de la ley, muchos de los cuales son los fiscales de la impunidad del antiguo régimen priísta y el continuismo foxista-calderonista.

Es evidente que hay jueces que están haciendo política y persiguen a los que protestan. Eso entraña un mensaje represivo, pero también podría interpretarse como un intento por presionar al gobierno surgido de un fraude para que vire aún más a la derecha. En ese marco, el binomio formado por una institución armada convertida en Ejército de ocupación en su propio país y jueces políticos que actúan de consuno con los militares contra un "enemigo interno", en un escenario de violencia y caos generalizado a escala nacional, no deja mucho margen para el optimismo.

(La Jornada, 21 de mayo de 2007)

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México estrena un cuerpo militar para situaciones de excepción bajo mando presidencial

Aunque oficialmente no ha trascendido cuántos agentes lo integrarán, algunos medios locales señalan que esta fuerza podría tener al menos 3.500 miembros

EFE - México - 11/05/2007

México cuenta desde ayer con un nuevo cuerpo militar de élite destinado a mantener el orden y actuar en situaciones de excepción que estará bajo las órdenes de la presidencia del país. El decreto de creación del nuevo cuerpo militar entra en vigor en medio de una ola de violencia derivada del crimen organizado en varios Estados de México, donde este año han sido asesinadas 958 personas, según datos extraoficiales citados por el diario El Universal.

El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado por el presidente, Felipe Calderón, intensificará el combate contra las bandas criminales y el narcotráfico bajo la supervisión directa del jefe del Estado. La Secretaría (ministerio) de Defensa Nacional (Sedena) se encargará de la operatividad administrativa y técnica de la nueva corporación militar. El propósito de este nuevo cuerpo será "el restablecimiento del orden público y el Estado de derecho" en México cuando ambos estén amenazados.

Hasta la fecha, ante las situaciones más graves que ocurrían en los 32 Estados mexicanos, si la autoridad estatal o local se veía desbordada se complementaba con cuerpos federales.Entre dichos cuerpos, destacan la Policía Federal Preventiva (PFP), dependiente del ministro de Seguridad Pública (SSP), y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), subordinada a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general). El decreto de creación del nuevo cuerpo, en vigor desde ayer, señala que las acciones del CFAF se llevarán a cabo "a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles de cualquier nivel de Gobierno a quienes preste apoyo".

3.500 agentes

Aunque oficialmente no ha trascendido cuántos agentes lo integrarán, algunos medios locales señalan que esta fuerza podría tener al menos 3.500 miembros. La creación de la corporación militar se sustenta en un fallo de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) que determina que el Ejército de México puede brindar apoyos a otros entes en la seguridad pública.

El año pasado, dos de las acciones más llamativas tuvieron lugar en Oaxaca, un Estado sumido en una crisis durante más de medio año por un conflicto político-social que causó una veintena de muertos, y los desórdenes de San Salvador Atenco de mayo, donde murieron dos personas. Esta segunda actuación acabó, además, con más de 200 detenciones tras secuestros de agentes policiales y enfrentamientos entre los alzados y la policía federal y del Estado de México, entidad que purgó a los mandos que dirigieron aquella acción tras admitir que se cometieron abusos de autoridad.

(El País, 11 de mayo de 2007)

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La estrategia de la militarización

RAMÓN GUZMÁN RAMOS

La primera cuestión que seguramente se planteó Felipe Calderón al hacerse cargo de la Presidencia de la República debió haber sido sobre la problemática más urgente a la que tendría que enfrentarse. Era necesario escoger de entre todos el problema más grave que padecía la sociedad. El objetivo fundamental consistía en dar un golpe mediático contundente que le permitiera empezar a hacerse de la legitimidad que no había obtenido del reciente proceso electoral. Y el problema más urgente era –y sigue siendo– el de la inseguridad pública. Su antecesor, Vicente Fox, había dejado que el crimen organizado creciera desmedidamente hasta el punto en que llegó a convertirse en un verdadero asunto de seguridad nacional.

La mejor estrategia que se acomodaba a sus pretensiones era la militarización. El uso de las fuerzas armadas le daba al presidente Calderón la posibilidad de alcanzar dos objetivos al mismo tiempo: 1) darle un golpe espectacular al crimen organizado y hacerse de la legitimidad que tan urgentemente estaba necesitando; y 2) hacer una contundente demostración de fuerza, del control de la fuerza pública por parte del Ejecutivo federal, para disuadir a la población de cualquier intento de rebelión cívica en su contra, sobre todo cuando casi la mitad del electorado cuestionaba directamente su triunfo en las urnas.

En Michoacán, la violencia desatada por el crimen organizado llegaba a situaciones de guerra. Las ejecuciones y los enfrentamientos entre los cárteles de la droga por el control de territorios saturaban la atmósfera de un olor a horror y a muerte. Todavía no podemos asegurar con precisión cuál fue realmente la causa por la que Calderón decidió iniciar sus operativos conjuntos en la entidad. Quizá el hecho de haber un gobierno perredista influyó en su decisión –además de que es su tierra natal–, más cuando una buena parte del perredismo michoacano, sobre todo el oficial, había tenido serias diferencias con López Obrador y algunos acercamientos con el foxismo. Quién sabe. Estos son elementos que se pudieron haber tomado en cuenta a la hora de decidirse a empezar por Michoacán. Un triunfo militar aquí contra el narco le significaría la adquisición de todo ese capital político que estaba necesitando desesperadamente.

Las cosas, sin embargo, no le han resultado a Calderón como quisiera. La estrategia de militarizar la lucha contra el crimen organizado y de usar al Ejército como una fuerza de disuasión política ha empezado a generar efectos de desastre. Los cárteles que se disputan encarnizadamente el control de los territorios en el país han empezado a dirigir su capacidad de fuego contra las corporaciones policiacas y el Ejército. Esta es, por cierto, una guerra que nadie puede ganar. Es que tendría que ser una guerra de exterminio, como en efecto se empieza a mostrar. Y los narcos no son de ninguna manera una especie en extinción. Son capaces de reponer rápidamente a los elementos que se aniquilan y de volver a crecer con su enorme, inacabable, poder de fuego y de corrupción.

Lo que está ocurriendo más bien es que la militarización de la estrategia de combate al narcotráfico invade ya a la sociedad. La pretensión de disuasión ha rebasado todos los límites y se convierte en una política de intimidación directa y de represión indiscriminada contra la población civil. Lo que se empieza a militarizar es la vida social. Y la militarización implica la violación sistemática, de facto en este caso, de las garantías constitucionales de la sociedad civil. Lo que ha estado sucediendo durante estos días en la región de Tierra Caliente es una muestra alarmante de lo que podría ser una tendencia a nivel nacional. Felipe Calderón se podría sentir tentado a afianzarse exclusivamente en las fuerzas armadas del país y dejar a un lado las disposiciones que le marca la Constitución.

Pero esta estrategia está mostrando también una contradicción garrafal. No ha logrado acabar con el crimen organizado. Al contrario, las ejecuciones, los enfrentamientos entre los cárteles y entre éstos y el gobierno son cada vez más frecuentes y más sangrientos, con un daño colateral a la sociedad civil que raya en el terror. El descontento ciudadano, que se concentraba casi exclusivamente en el cuestionamiento a los resultados electorales del 2 de julio del 2006, se ha desplazado a otros sectores de la sociedad civil, como los sindicatos, las organizaciones populares y campesinas, que no han vacilado en tomar los espacios públicos para impulsar un movimiento de magnitud nacional en contra de las reformas estructurales del régimen. Y está en ciernes otro tipo de descontento colectivo, que tiene que ver con la violación generalizada de los derechos humanos.

La estrategia de militarización que ha adoptado Felipe Calderón podría empezar a meter todo tipo de tensiones entre las propias fuerzas armadas. El Ejército no puede hacerse cargo por sí solo de un problema que les compete directamente a las corporaciones policiacas y que requiere, como se ha insistido, de una estrategia diferente que incorpore las acciones de inteligencia. Pero no sólo a través de la violencia se combate un proceso de descomposición social como el que estamos padeciendo. Es necesario abrir otros frentes en donde las armas tengan que ver más bien con el desarrollo equitativo, la construcción de oportunidades para todos, la educación y la cultura. Aceptar que la militarización es el único recurso que nos queda es como abrirle paso sin ninguna resistencia a un proceso de fascistización de la vida nacional que nos puede asfixiar políticamente a todos.

(La Jornada Michoacán, 10 de mayo de 2007)

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Crea Ejército grupo élite de apoyo a seguridad pública

La nueva corporación castrense, que de acuerdo con fuentes militares se formaría con unos 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), estará bajo las órdenes del Presidente, pero dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Jorge Ramos Pérez y María de la Luz González
El Universal
Jueves 10 de mayo de 2007

El presidente Felipe Calderón creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que apoyará a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, restauración del orden, combate al crimen organizado y actos contra la seguridad de la nación.

La nueva corporación castrense, que de acuerdo con fuentes militares se formaría con unos 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), estará bajo las órdenes del Presidente, pero dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el artículo 2 del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, dicha corporación actuará por instrucciones del presidente "a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno a quienes preste el apoyo".

Un capítulo más

Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), consideró que la creación del organismo institucionaliza la política del presidente Calderón de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, "práctica que ha acompañado a la historia de México".

"Este es un capítulo más en la transición del Estado para caracterizar al fenómeno de la delincuencia organizada como un problema de seguridad nacional y de seguridad pública y, además, hace patente la debilidad de las instituciones civiles, particularmente las policiales, y el fortalecimiento de las militares", sostuvo.

José Luis Piñeyro, experto en seguridad nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) , consideró "preocupante" el anuncio porque se corre el riesgo de que también se utilice para aplacar movimientos sociales.

"El desacuerdo es que el Ejército pueda participar en la contención de movimientos de protesta social", sostuvo el analista.

Consideró que la creación del cuerpo de élite se inscribe en el combate al narcotráfico, en el que a pesar de que oficialmente se ha dicho que se trata de "recuperar territorio" esto es discutible y "tiene sus asegunes" porque en Michoacán se realizaron operativos en el arranque del sexenio pero ante los hechos de violencia recientes "se recupera y no se recupera".

El decreto firmado por el presidente Felipe Calderón y el titular de la Secretaría de la Defens Nacional, Guillermo Galván, entrará en vigor a partir de hoy 10 de mayo.

López Portillo expresó además su preocupación por el hecho de que el decreto no defina las condiciones de la cadena de mando en que se darán las intervenciones de la nueva corporación militar, pues esa indefinición podría llevar a "una virtual sustitución operativa del Ejército por la policía".

El decreto sustenta la creación de este cuerpo especial en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que autoriza la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.

"Eso es cierto, pero hay una salvedad, y es que la autoridad civil tiene que estar al mando, y el decreto no establece cómo se resuelve la cadena de mando en terreno estratégico, operativo y táctico", advirtió López Portillo.

El decreto establece que la nueva corporación se integrará por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, y con los mandos y órganos de mando que determine el titular de la Sedena, y aclara que no podrá sustituir, en ningún caso, a las autoridades apoyadas en las funciones que legalmente les competan.

Los integrantes de la corporación recibirán adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, con el objeto de restablecer el orden público y el Estado de derecho, señala.

El decreto fija a la Defensa 90 días para brindar los recursos humanos, materiales y presupuestarios.

(El Universal, 10 de mayo de 2007)

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Crea Sedena el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal

El grupo especial del Ejército actuará por instrucciones del Presidente para combatir a la delincuencia organizada y en actos que atenten contra la seguridad nacional


Notimex
El Universal
Ciudad de México
Miércoles 09 de mayo de 2007

08:40 La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publica el decreto por el que se crea el grupo especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.

El documento, difundido en el Diario Oficial de la Federación, precisa que el cuerpo especial coadyuvará en el combate a la delincuencia organizada y aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional; además, apoyará la restauración del orden.

El decreto, que entrará en vigor este 10 de mayo, indica que este organismo en ningún caso podrá sustituir en las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas.

Dependiente de la Sedena, este nuevo organismo actuará por instrucciones del Presidente de la República "a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo".

Señala que se le brindarán los recursos humanos y materiales que requiera, y estará conformado por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, las cuales se constituirán por mando, órganos de mando y el número de unidades que determine el titular de la Sedena.

El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal recibirá adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden y del Estado de derecho.

La Sedena tiene 90 días a partir de esta publicación para brindar los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para que este organismo inicie sus funciones.

fllq/grg/goc

(EL Universal, 9 de mayo de 2007)

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Zongolica y el Ejército

José Antonio Crespo
Viernes, 13 de Abril de 2007

En el caso Zongolica, donde murió la indígena nahua Ernestina Ascencio, no sólo está en juego la credibilidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos CHDH, que cayó en un pantano de contradicciones declarativas, sino el de otras instituciones, como el gobierno de Veracruz que tampoco ha tenido un papel transparente.

En el ojo del huracán está también el Ejército, algunos de cuyos miembros presuntamente fueron los perpetradores del aparente ataque a doña Ernestina. Pero hay otros asuntos en torno a este asunto en que el comportamiento del Ejército despierta suspicacias. Al principio parecía haber disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional de comportarse con gran institucionalidad, investigando si en efecto algunos de sus miembros habían sido los culpables, en cuyo caso procedería a castigarlos conforme a derecho. De ser asi el propio Ejército hubiera enviado el mensaje de que en su interior se rinden cuentas y no se tolera la impunidad. Pero eso ocurre en países política y jurídicamente civilizados, mientras que en los bananeros suelen enredarse las cosas fácilmente y generarse verdaderos escándalos que alcanzan los altos niveles de poder. En este caso, incluso la palabra y credibilidad de Felipe Calderón está en juego, por un pésimo manejo de este asunto. Por supuesto, el Ejército tiene el derecho de poner en duda que sus soldados fueran responsables del delito, pues pudo haber sido cometido por otras personas, aun uniformadas. Por lo cual se dijo dispuesto a comparar los líquidos seminales encontrados en el cuerpo de doña Ernestina con muestras de sangre de los soldados apostados en la localidad, según informó en su comunicado número 19 del 6 de marzo. Tras haberse practicado la segunda necropsia al cuerpo de la indígena fallecida – a solicitud de la CNDH - Felipe Calderón declaró que no hubo ataque ni violación, sino que la señora Ernestina había muerto de gastritis - versión que en general confirmó días después el ombudsman, José Luis Soberanes - saltó de inmediato la contradicción entre esa conclusión y la existencia del líquido seminal que la Sedena había dicho incorporaria en sus pesquisas. Tanto Carmen Aristegui como Miguel Ángel Granados Chapa así lo destacaron en sus respectivas columnas del viernes 30 de marzo, tras haberse divulgado la conclusión de la CNDH a partir de la segunda necropsia. Aristegui escribió entonces: “Si no hubo violación, ¿cómo es que el Ejército envió muestras de sangre y de líquido seminal para ser analizadas al DF? ¿También lo inventó?”. Granados Chapa reseñó el cambio de posiciones de la CNDH , para terminar planteando la incógnita sobre “un comunicado del Ejército (que) mencionó la existencia del líquido seminal en el cuerpo de la señora Ernestina”. Más allá de señalar esa evidente contradicción, la publicación de estos artículos ¿contribuyen a entender el embrollo? Tal vez, pues en los días siguientes se les preguntó a los visitadores de la CNDH Raúl Plascencia y Susana Pedrosa, qué había con el líquido seminal, a lo que ambos respondieron que se le había solicitado al Ejército la información correspondiente, y que no la habían recibido. Lo que no dijeron – en ese momento – es que ese requerimiento lo hicieron el domingo primero de abril. Lo cual significa que las conclusiones de Soberanes se hicieron sin constatar si el líquido seminal existía o no, si el Ejército lo tenía en sus manos. Y para alimentar las suspicacias sobre la honestidad del Ejército en este asunto, cuando Susana Pedrosa señaló que, de acuerdo al comunicado 19 de la Sedena , los resultados de sus análisis deberían conocerse el martes 10 de abril, al día siguiente la Sedena envió a La Jornada (6/IV/07) una aclaración donde se lee: “ La Secretaría de la Defensa Nacional no cuenta con muestra alguna de líquido seminal supuestamente encontrado en el cuerpo de la señora Ernestina Ascencio, y jamás lo ha tenido”. Y agrega que “Si en un comunicado anterior hizo referencia a tal es porque partía de la premisa de que estarían dichas muestras en poder de la autoridad investigadora, en este caso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz… mismas que no ha recibido”. Algo sumamente extraño, pues en el comunicado 19 la Sedena había dicho que peritos especialistas “llevan a cabo el dictamen pericial” relativo al líquido seminal. “Llevan a cabo”, en lugar de “llevarán a cabo”. Es raro también que, si aún no se contaba con esa muestra, se pusiera fecha al resultado de los análisis, entre 15 y 20 días hábiles. Supongo que no conviene fijar un periodo de entrega de resultados en tanto no se cuente con las muestras a analizar. Al menos no se esperaría eso de una institución como el Ejército, donde la organización y la precisión son esenciales. Tampoco suena racional que si en los medios se planteaban ya dudas sobre qué pasaba con el líquido seminal, en virtud de la contradicción que suponía con los comunicados de la CNDH , el Ejército no lo hubiera aclarado de inmediato. Y ni siquiera lo haya informado en el momento mismo que la propia Comisión preguntó al respecto. El extraño comportamiento del Ejército en todo esto, lejos de despejar dudas y sospechas, las incrementa en no pequeña medida. Por su parte, el gobierno de Veracruz dice que si habia liquido seminal y otras pruebas de violación pero que se echaron a perder, lo que incrementa la suspicacia y confusion. Al menos podria decirnos si dio o no ese liquido al Ejercito, o si en efecto este hizo sus calculos de investigación y entrega de resultados a partir de una promesa no cumplida de aquel gobierno. Por fortuna, las evidentes contradicciones y anomalías en todo este asunto, orillaron al PAN y al PRI a aceptar que Soberanes comparezca en la Cámara Baja , y que se forme una comisión que investigue este confuso y lamentable caso. A ver hasta dónde llega esto.

(Correo, 13 de abril de 2007)

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Ernestina Ascensio Rosario

Miguel Ángel Granados Chapa

La Comisión Nacional de Derechos Humanos que se introdujo al caso de la señora indígena ultrajada y muerta reconociendo que falleció a causa de las lesiones que le fueron infligidas, transitó hasta negarlo y ahora endereza su acción contra la Procuraduría veracruzana.

No nos sorprendamos si pronto se nos dice que en realidad se suicidó la señora Ernestina Ascensio Rosario, una mujer indígena de 73 años, cuya familia la encontró moribunda en el campo donde pastoreaba sus ovejas, a tiempo de oírla denunciar que había sido atacada por militares, infame agresión que habría generado su muerte. En "la etapa final de la elaboración de la opinión integral sobre el caso", la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ayer un comunicado en que sugiere que la víctima falleció de causas naturales, insinúa que no hubo violación y asegura que "no se observaron lesiones de origen traumático exterior". En un episodio en que integrantes del Ejército podrían estar involucrados, es grave que antes que hacerlo saber a la opinión pública, la oficina del ombudsman nacional hiciera conocer esa información a los mandos castrenses, incluido el comandante supremo de las fuerzas armadas.

El 3 de marzo la CNDH informó haber abierto una "queja de oficio" sobre el caso de la señora Ascensio Rosario "quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas". Es probable que tres semanas más tarde esa Comisión hallara que se equivocó en ese diagnóstico precoz, pero no ha expresado que hubiera error en su afirmación inicial, que consta así con todas sus letras: "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas".

Días más tarde, la CNDH detectó "diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por personal médico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz", por lo que solicitó exhumar el cadáver y la práctica de una nueva necropsia. Esos hechos se realizaron el viernes 9 de marzo. El lunes siguiente, antes que nadie -¿no se ha dicho que el Presidente es el hombre mejor informado de México?- Felipe Calderón estaba al tanto del resultado de la necropsia. Sólo que oyó o leyó mal el informe que le fue ofrecido (él mismo sugirió que por la propia CNDH) y atribuyó el fallecimiento de la señora a "gastritis crónica no atendida". Negó también que hubiera violación. Todo lo dijo sin mediar pregunta al respecto en una entrevista a La Jornada con motivo de los 100 días de su gobierno.

Al leer esa declaración, Julio Atenco, funcionario municipal en el ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, se comunicó con el licenciado Pedro Armendáriz Enríquez, visitador de la CNDH que solicitó la exhumación, quien le habría dicho "No sabemos de dónde sacó esa información el Presidente. La exhumación fue apenas el viernes y es imposible que ya existan resultados; además, la información es confidencial". (La Jornada, 15 de marzo) Sin embargo, de inmediato el mencionado visitador negó "categóricamente haber realizado tales aseveraciones... en ese sentido o en cualquier otro" y aclaró que "en ningún momento coordiné el grupo interdisciplinario de trabajo de la CNDH que realizó esas actividades".

En tanto, la Comisión emitió un segundo comunicado el 14 de marzo en que, como ahora mismo, orientó su pesquisa al modo en que se realizó la autopsia y no tanto al caso de la señora Ascensio Rosario (a quien ya había cambiado el primer apellido y llamaba Ascensión). Dijo que el personal médico forense de la Procuraduría estatal incurrió en omisiones que lo condujeron "a asegurar indebidamente que la anciana falleció por 'traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda'". Conforme a "la revisión del 9 de marzo", dijo la CNDH, "no existe luxación o fractura de esas o de ninguna otra vértebra". Informó también la Comisión que "en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni los 'múltiples desgarros' que manifestaba la autopsia". Las equimosis en el cuerpo de la víctima, supuso la comisión, no se produjeron por "maniobras de sujeción o sometimiento" sino quizá "fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer". Eso no obstante, la CNDH manifestó "que en tanto no se esclarezcan las causas de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario se presume la violación de su derecho fundamental a la vida".

En su comunicado de ayer, donde restituye a la víctima su apellido verdadero, la Comisión sugiere que falleció de muerte natural. No lo afirma, pero lo insinúa: "se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo ordinario secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico, no se observaron lesiones de origen traumático al exterior".

Conocedor de esta descripción en la víspera de que la CNDH la hiciera pública, el diputado panista, general retirado Justiniano González, presidente de la Comisión de defensa nacional en San Lázaro expresó en declaración periodística lo que la CNDH no se atrevió a afirmar: que la señora falleció "debido a una anemia aguda secundaria". Y citó como fuente un "dictamen oficial", la información de la CNDH a la que tuvo acceso privilegiado. (La Jornada, 29 de marzo)

Dejadas atrás de ese modo las imputaciones a militares -no obstante que un comunicado del Ejército mencionó la existencia de líquido seminal en el cuerpo de la señora Ernestina- ahora la pesquisa se dirige contra el Ministerio Público local y sus auxiliares.

Cajón de Sastre

El gobierno de Estados Unidos confirmó su advertencia sobre la situación política de Oaxaca y recomendó cautela a sus nacionales si viajan a esa entidad. Habría sido un gesto atinado que el presidente Felipe Calderón tuviera en cuenta esas consideraciones y se abstuviera de ir a esa entidad o, en caso extremo, hacerlo con cuidado. Pero se comprende que se desplazara a Oaxaca pues, por un lado, no corre riesgos personales y, por otro lado, ha de ser fiel cumplidor de sus compromisos. La escolta y el circuito de seguridad que rodean al Ejecutivo, más amplios y rigurosos que nunca, le impiden aproximarse a la realidad de los lugares que visita. Y tiene que recompensar el apoyo que el PRI le ofrece para afianzarse en la silla, contribuyendo a que gobernadores en cuestión como el de Puebla, Mario Marín, y como Ulises Ruiz superen sus contratiempos. La recomendación norteamericana revela un mayor sentido de la realidad que el del Presidente, que parece desarrollar las afinidades electivas de que habló Goethe.

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Líquido seminal

Carmen Aristegui F.

El caso de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, ocurrida el 26 de febrero en la Sierra de Zongolica, ha entrado en un oscuro territorio plagado de dudas, confusiones y muchas interrogantes. Estamos frente a una situación que involucra tal cantidad de cosas, que la sociedad mexicana debería ocuparse en seguir los detalles de la historia.

En primerísimo lugar, la verdad sobre la muerte de una persona que reunía los rasgos de mayor vulnerabilidad posible en la sociedad mexicana -mujer, indígena y anciana- en condiciones que deben quedar totalmente aclaradas. Van de por medio los sistemas de justicia estatal, federal y militar, así como la palabra del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que se comprometió en persona con la autoridad municipal de Soledad Atzompa y con líderes y representantes partidistas del PRD y de Alternativa, a llegar al fondo en las investigaciones. Va de por medio la credibilidad de la CNDH y, por si fuera poco, la fiabilidad de la voz del presidente Calderón. Y va de por medio el derecho de los mexicanos a una información veraz y confiable. Hoy hay dos versiones: la que se difundió desde el primer momento, sobre cómo Ernestina fue víctima de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército mientras llevaba a pastar a sus ovejas. Se cuenta con testimonios de los pobladores y el de su hija Martha quien, en lengua náhuatl, ha dicho que su madre antes de morir le dijo que "los soldados se le habían echado encima". La primera información oficial disponible corroboraba los hechos. El subprocurador de Veracruz, Miguel Mina, informó días después de la muerte: "es un hecho aberrante y no lo podemos soslayar... de acuerdo al dictamen médico pericial, hay un traumatismo craneoencefálico, que son golpes en la cabeza, y anemia aguda producida por un desgarro que, de acuerdo al médico, había perforado parte de la región anal y que eso hubiese provocado la misma". La otra versión, se sostiene en la necropsia realizada a petición de la CNDH después de la exhumación. Ayer José Luis Soberanes informó que "...no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de una anemia aguda, debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionado por úlcera péptica. Eso fue de lo que murió y también... se llegó a la conclusión... de que no había habido tal violación ni propia ni impropia". ¿Qué pasó entonces? ¿Fue violada o no por soldados del Ejército? ¿Murió o no a consecuencia de una acción aberrante? El comunicado de la CNDH descalifica de tal manera las informaciones de la autoridad local que anuncia también que denunciará los presuntos delitos y faltas administrativas de funcionarios de la Procuraduría de Veracruz. Conclusión: según la CNDH, nada de lo que se dijo anteriormente sobre este caso es cierto. Murió, como lo dijo Felipe Calderón anticipadamente a Elena Gallegos en La Jornada, de una gastritis mal tratada. No hubo violación de soldados, no hubo golpes, no hubo fracturas, no hubo nada de lo que dicen testimonios ni mucho menos nada de lo que informó, en su momento, el subprocurador Mina. ¿Todo se inventó? ¿De veras -como algunos sugieren- los pobladores de la Zongolica están utilizando la muerte de su hermana mayor -como le llaman a Ernestina- para presionar a que los militares se vayan de esta zona en la que se presume existe presencia guerrillera?, o ¿estamos frente a una distorsión de la justicia para encubrir hechos aberrantes de abusos del Ejército en contra de la población civil? Por lo pronto hay demasiadas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué, si no hubo tal violación, el Ejército informó en su segundo comunicado 019 del 6 de marzo que "...especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial... consistente en comparar el líquido seminal recogido de la hoy occisa"? Al día siguiente emitió el comunicado 020 informando que se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la base de operaciones y que "...junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la ciudad de México, para que con apoyo de los servicios de la PGR, se obtengan los perfiles genéticos... los resultados... tienen un tiempo estimado de 15 ó 20 días". Si no hubo violación, ¿cómo es que el Ejército envió muestras de sangre y de líquido seminal para ser analizadas al DF? ¿También lo inventó? ¿Por qué el Ejército emitió un comunicado, el 019, que después sustituyó por otro de mismo número, en dónde señalaba: "...delincuentes que utilizaron prendas militares, perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia... y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".

¿Perpetraron el crimen? ¿Hubo o no crimen? Si no hubo crimen, ¿por qué sintieron algunas autoridades la necesidad de regalar casas y bicicletas a los familiares de Ernestina Ascensio en los últimos días? ¿Por qué se ve en una fotografía de Ernestina un charco de sangre junto a su cabeza, si la hemorragia fue interna y por razones médicas? Ayer Soberanes contestó: "Habría que preguntarle a los peritos nuestros que estuvieron ahí presentes cuál fue el origen de esta sangre. Yo por el momento no se lo puedo decir". Por la memoria de esta mujer y por nuestro derecho a la verdad, la interrogante mayor debe esclarecerse: ¿cómo murió Ernestina?

(Reforma, 30 de marzo de 2007)

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Exige enviado del Papa no despreciar la vida en nombre de la democracia

El cardenal López Trujillo fustiga a mujeres con la conciencia ''domesticada'' que deciden sobre los no nacidos como si fueran un apéndice

Si se despenaliza el aborto, habrá problemas, advierte Kumate

ANGELES CRUZ, JUAN BALBOA

La ciencia debe ser conciente de sus límites y asumir que no puede ser la explicación de todo, y los hombres tampoco deben pretender "borrarle la plana a Dios" con actitudes de "desprecio por la vida", advirtió el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, quien en una disertación de una hora se lanzó contra las definiciones "arbitrarias" que "en nombre de la democracia " se hacen de la familia y la vida.

El prelado participó en la primera sesión del tercer Congreso Internacional Provida: Manipulación de embriones genéticos, en cuya inauguración destacó la presencia de una banda de guerra con miembros del Ejército que llevaban armas largas y con quienes se realizaron los honores a la bandera.

Respecto al aborto, López Trujillo planteó que "estamos en un mundo que confunde el delito como un derecho" y la gente, en particular las mujeres, con la conciencia "domesticada, aletargada", creen que ese derecho las libera y deciden sobre los no nacidos como si se tratara de un apéndice con el que pueden hacer lo que quieran.

Ante los asistentes al congreso, de los que al menos la mitad eran adolescentes, alumnos de escuelas particulares, que pagaron una cuota de 50 pesos, el enviado del Papa habló de la no discriminación como "el criterio más socorrido" para justificar "nuevas y arbitrarias definiciones" de la familia y la vida.

Cuidadoso de no referirse de manera directa a la discusión que tiene lugar en el Distrito Federal por la iniciativa de reforma legal que ampliaría las causales del aborto, el cardenal subrayó que la vida no se mide con parámetros de ciencia ilimitada y arrogante, sino con criterios filosóficos más amplios que reconocen que la calidad de vida no es menor cuando hay dolor y enfermedad. "Esto es lo que dice la Iglesia, aunque a veces no se le comprende", apuntó, aunque él mismo omitió hablar sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida.

Surgimiento del pre-embrión

En la sesión inaugural, que congregó a miembros de los grupos conservadores del país, como José Barroso Chávez, de la Orden de Malta, y el obispo Roberto Balmori, de Ciudad Valles, San Luis Potosí, entre otros, el ex secretario de Salud, Jesús Kumate, reconoció que las mujeres tienen el libre albedrío para interrumpir un embarazo, pero "que sean concientes que destruyen a un ser humano". Aseguró que de aprobarse la reforma legal en el Distrito Federal "habrá problemas", porque "ningún médico se atrevería a destruir a un ser" totalmente formado a las 12 semanas de gestación.

Dijo que por razones políticas y la conveniencia de cada pueblo se han introducido nuevos criterios sobre las etapas del embarazo, con los que se ha incluido el concepto de pre-embrión para justificar los abortos. Sin embargo, la vida empieza desde el momento de la fertilización, dijo.

Por su parte, Jorge Serrano Limón, presidente de Provida, también reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y su reproducción, pero "una vez que se embarazan no tienen derecho a matar a ese ser" bajo ninguna circunstancia.

Advirtió que de aprobarse la reforma del Código Penal, Provida iniciará una campaña de difusión -financiada con recursos "totalmente privados"- para que la sociedad conozca lo que se haya aprobado.

Reconoció, sin embargo, que de siete mil mujeres que han acudido a los Centros de Ayuda para la Mujer de Provida, alrededor de 600 decidieron abortar.

Aunque investigaciones científicas realizadas en Estados Unidos y Gran Bretaña han demostrado que no existe el llamado "síndrome de estrés post aborto", Serrano Limón afirmó que todos los abortos "causan un daño sicológico terrible" a quienes recurren a esta medida.

(La Jornada, 25 de marzo de 2007)

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Sierra Zongolica; “guerra sucia” contra las mujeres

Laura Castro Medina/corresponsal

Sierra de Zongolica, Veracruz, 20 marzo 07 (CIMAC).- La muerte de Ernestina, mujer indígena de 73 años violada y torturada a pocos metros de un campamento militar en Soledad Atzompa, descubre la realidad de miles de mujeres indígenas, que enfrentan la miseria extrema y viven aterrorizadas por la presencia de grupos armados en sus comunidades.

La sierra de Zongolica es de alta marginación y miseria. Está integrada por comunidades nahuas, dispersas, de 14 municipios, flageladas por el hambre, analfabetismo, migración y cacicazgo.

En muchas comunidades no hablan español y 80 por ciento de sus habitantes son analfabetas. El 83 por ciento de sus casas tienen piso de tierra y carecen de drenaje, energía eléctrica y agua. Ésta la obtienen del riachuelo más cercano, a dos o tres kilómetros de distancia, según el INEGI y del Instituto Veracruzano de la Cultura.

En Astacinga, Tehuipango y Mixtla de Altamirano, municipios considerados entre los más pobres de América Latina, las familias sobreviven con apenas 25 ó 30 pesos por jornal en los cultivos de café o caña. Muchas niñas y niños enferman de marasmo o kwashiorkor, propios de países con hambruna, como los africanos. Gran cantidad de madres padecen anemia e iniciaron su actividad sexual desde los 12 y 13 años de edad. El peso y talla de sus hijos está muy por debajo de lo normal, dice INEGI.

SIN DERECHOS REPRODUCTIVOS

Las mujeres de Zongolica enfrentan también programas asistenciales, cuya factura es el control político y social. Como resultado, abandonan las actividades agrícolas y, cuando reciben atención médica, se violan sus derechos reproductivos.

El control natal forzado y la esterilización involuntaria practicados a las mujeres, así como las vasectomías, han servido para lograr metas demográficas, en proyectos financiados por organismos como el Banco Mundial y operados por instituciones nacionales.

Así lo denunció ante organismos nacionales e internacionales Berto Xocua Méndez, coordinador de la Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica.

El sistema IMSS Oportunidades, delegación Veracruz Sur, reportó que en 1995 aplicó, con ayuda de parteras capacitadas, más de 15 mil métodos de control natal.

Asegura Xocua Méndez que los apoyos económicos brindados por los programas, como despensas, se condicionaban con las constancias de consultas médicas y, en el caso de las mujeres en edad reproductiva con citas ginecológicas.

En las consultas les colocaban dispositivos intrauterinos. Las que acudían por segunda ocasión a un parto, eran esterilizadas quirúrgicamente sin consentimiento, lo que ocasionó conflictos familiares y religiosos.

LA RESISTENCIA

Las duras condiciones de existencia que revelan las cifras, incluso oficiales, provocó el surgimiento, en 1982 de la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM), como defensa contra el cacicazgo que somete a los indígenas, pero fue duramente perseguido por el entonces gobernador Agustín Acosta Lagunes.

Surgieron luego al menos diez organizaciones más, como la OCISZ, CROISZ, CEPROJUSDAC y la Unión Campesina de la Sierra Nahuatl de Zongolica UCASNZ. Pero ante el temor gubernamental de que se vincularan con grupos radicales, fueron perseguidos y encarcelados muchos de sus líderes.

En respuesta a esta represión, las mujeres han encabezado, en muchas ocasiones, las movilizaciones de apoyo a sus esposos, hijos o padres. En 1997, más de cinco mil indígenas en su mayoría mujeres, sitiaron por más de 48 horas la ciudad de Orizaba exigiendo la liberación del dirigente de la CROISZ, Julio Atenco, encarcelado tras un enfrentamiento con policías estatales que pretendían “decomisar” un cargamento de madera.

LA PRESENCIA MILITAR

Desde entonces, las comunidades han presenciado el acantonamiento de tropas del Ejército Mexicano en la zona serrana.

En 1996, Teresa López Carrera, regidora de Tezonapa, denunció la entrada de camiones con cientos de militares y helicópteros de guerra en la comunidad de Laguna Chica y San Miguel Eloxochitlan, Puebla. Alertaron a la población sobre un posible ataque del Ejército Popular Revolucionario, generando un clima de tensión entre los habitantes.

Ahora son cotidianos los tiroteos y las acciones de “labor social” del Ejército, cuyos campamentos y retenes en Laguna Chica y otros puntos cercanos violentan la vida de la zona. Muchos indígenas, incluso mujeres, han sido golpeados e intimidados, acusados de tener nexos con el EZLN.

AGRESIONES Y VIOLACIONES

El Ejército Mexicano se ha convertido en un peligro para las mujeres indígenas de Zongolica y la violación y tortura de Ernestina, en Soledad Atzompa, por presuntos miembros de la base de Operaciones “García” del 26 batallón de Infantería, no es caso aislado.

Carlos Mezhua Campos, secretario de Asuntos Indígenas del PRD, recordó en días pasados que están documentados oficialmente por lo menos 20 casos de mujeres violadas por soldados, en Tequila, Astacinga y Tlaquilpa, pero las denuncias nunca fueron atendidas.

Entre ellos, la violación cometida por varios soldados contra una niña de 11 años, que resultó embarazada. Denunciaron, pero aunque el Gobernador ofreció protección a ella y su familia, más de 20 militares acudieron violentamente a su casa provocando el terror y orillando a la familia a huir a otra entidad.

Esta es una “guerra sucia” de los soldados, que implica descalificaciones, agresiones y tortura psicológica a las mujeres, dice María de la Cruz Jaimés García, presidenta del Colectivo Feminista Ciuahtlatolli. “Ellos las consideran disolutas y aventureras y no les importan sus derechos humanos elementales. Por eso descargan su misoginia agrediéndolas o abusándolas sexualmente”.

La violencia psicológica es más frecuente en las comunidades integradas casi en su totalidad por mujeres y personas mayores, debido a la alta migración, como sucede en Tequila, afirma la feminista.

En esos lugares las mujeres son sometidas a un control que amenaza su integridad, además sufren el robo de sus cultivos o leña. Son también prácticamente esclavizadas por los soldados para que hagan tareas domesticas en algún campamento militar cercano.

07/LC/GG

(CIMAC Noticias, 20 de marzo de 2007)

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Veracruz: piden salida de militares, tras abuso sexual

Andrés T. Morales

Orizaba, Ver., 28 de febrero. Autoridades indígenas y comuneros de 40 poblados de la sierra de Zongolica enviaron una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para pedirle ordenar el retiro inmediato de los contingentes militares en la zona, cuyos integrantes fueron acusados de abuso sexual tumultuario contra una mujer de 73 años de edad, quien falleció el lunes pasado.

Encabezados por el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, los lugareños responsabilizaron al mandatario federal de cualquier enfrentamiento por el crimen. "Que el Ejército salga de nuestro territorio y no vuelva jamás", exigieron.

Por la tarde, miles de indígenas acudieron a los funerales de la víctima, en el cementerio del poblado Tetlazinga. La anciana, identificada con las iniciales ERA, fue atacada sexualmente por un supuesto grupo de soldados durante la tarde del domingo anterior, y pereció la mañana del lunes debido a sus lesiones.

Durante la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Ministerial del Estado movilizaron a decenas de efectivos hacia la comunidad Tetlazingo, por el rumor de que la población intentaría linchar a los militares del campamento ahí establecido.

Los colonos exhibieron a medios locales un escrito firmado por dirigentes indígenas, agentes municipales y líderes comuneros de 40 poblados de la Sierra de Zongolica, que remitieron a Calderón Hinojosa.

En el escrito informan al michoacano de la violación sexual contra "nuestra hermana mayor", y en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, se le pidió que no haya impunidad.

"Nuestro pueblo nahua siempre ha señalado que el Ejército no se manda solo. Sus funciones están reguladas por la Constitución y por eso nos dirigimos a usted", señalaron.

(La Jornada, 1 de marzo de 2007)

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Calderón y el alto mando del Ejército conspiran contra la Constitución

José Francisco Gallardo Rodríguez

generalgallardo@yahoo.com.mx

Para conocer cuál es el papel que corresponde a las fuerzas armadas en los tiempos modernos –que no es nada nuevo, en realidad es tan antiguo como la propia organización del Estado–, se necesita conocer a la institución.

El Ejército, por su tamaño y naturaleza es una organización social compleja; tiene carácter público y está altamente diferenciada en su interior respecto a las demás organizaciones estatales. El núcleo profesional que adopta las decisiones en su seno, es a su vez un grupo social de gran influencia en el conjunto de la sociedad. Ello se debe a la importancia, cualitativa y cuantitativa, de sus recursos organizativos, sin hacer mención de su condición de administrador de los medios de violencia, de sus elevada cohesión en comparación con otros grupos decisores, y de su posesión de diversas tecnologías no exclusivamente militares. No hay otra organización social, dentro del Estado, que disponga de expertos en áreas tan disímbolas como la ingeniería, el derecho, la medicina, los sistemas de comunicación, la educación, el aprovisionamiento, etcétera.

Desde otra perspectiva, hay pocas organizaciones con una capacidad de control sobre las decisiones individuales de sus miembros, comparable, en ámbito y en profundidad, a la ejercida por la organización militar.

Decía Maquiavelo: “El jefe de Estado debe ser un estudioso de las empresas militares; no debe reposar ni dar tregua hasta alcanzar el desarrollo profesional del ejército. La experiencia en el manejo de la milicia, es una forma que permite no incurrir en errores y desaciertos que, en otras latitudes, han significado la caída de gobernantes. Retener la autoridad del Estado con bases seguras, es condición innegociable de sobrevivencia y soberanía”. Esta concepción adquiere gran valor en la actualidad.

Desde el inicio de esta administración se insiste en el respeto al Estado de derecho, con lo que se quiere significar, desde los orígenes del Estado constitucional, que la organización política de la vida social, las instituciones y el gobierno, debe estar sujeta a procedimientos regulados por la ley. Últimamente el concepto pasó a incluir la legitimación democrática del poder del Estado, que también tiene que estar sometido a la norma jurídica. Por tanto, el Estado de derecho supone el reconocimiento de los derechos personales, la responsabilidad del Estado y la legitimación democrática del mismo.

De esta manera, cuando desde una visión de izquierda –apartidista– hablamos de Estado de derecho, tiene que ver con la legitimidad, no con la legalidad; con la justicia, no con el derecho; con la seguridad humana, no con la seguridad del Estado.

Durante estos primeros dos meses que corren del gobierno calderonista, los problemas sociales han sido interpretados –y aún más grave– desde una visión de Estado de derecha , lo que toma mayor relevancia si se trata de una venganza política en contra de aquellos sectores que votaron contra el régimen.

Esta actitud se ve reflejada en el presupuesto enviado recientemente al Congreso por el presidente Calderón. En el proyecto se da prioridad a la seguridad destinándole un gasto exorbitante. Por otra parte se reduce drásticamente el de cultura y educación, cuando las amenazas a la seguridad nacional pueden provenir de los aspectos sociales desatendidos y de la confrontación política que actualmente vive el país y que es soslayada por el gobierno.

Claro, desde una posición de derecha, la inseguridad pública se ataca con más militares, más policías, más cárceles y con leyes más duras. Desde una visión de izquierda, con más escuelas, más hospitales, más centros culturales, más justicia, más empleos, más investigación, es decir: atendiendo los reclamos sociales, educando y cultivando al pueblo que es fuente del poder nacional.

Por otra parte, si bien el presidente debe recurrir a toda la fuerza del Estado para preservar la seguridad nacional y para ello tiene que disponer del Ejército (artículo 89), como en los casos de Oaxaca, Michoacán y Baja California, lo cierto es que no se decretó el Estado de excepción que previene la Constitución (artículo 29) para que pudieran actuar las fuerzas armadas fuera de sus cuarteles; pero además dentro de un marco jurídico que es necesario para evitar los abusos de poder y garantizar la rendición de cuentas. De esta manera, el Ejército está operando fuera del cauce constitucional, cuando tiene la encomienda de tutelar la soberanía nacional. Dicho de otra forma, gobierno y Ejército conspiran contra la Constitución.

Ya adelantaba ( Forum 162) que desde la toma de posesión se iba a trazar el nuevo tipo de relación civil-militar que se tendría en esta administración. Desgraciadamente para nuestra incipiente democracia, Calderón toma posesión apoyado en el Ejército, lo que de entrada establece una supremacía del poder militar sobre el poder civil; relación ésta, contraria a todo intento de democratizar al país. Tal situación fortalece la impunidad en la que se han mantenido los militares desde hace varias décadas; además acrecienta las prerrogativas del alto mando y el gasto de defensa, cuando el país requiere urgentemente la atención de programas sociales.

(APIA Virtual, 27 de febrero de 2007)

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La militarización de Calderón

£ El gobierno de la ultraderecha inicia operativos militares.
£ Propagandísticamente anuncia que combatirá al narcotráfico.
£ Es la respuesta del gobierno fraudulento a la protesta social.

Calderón se viste de verde

Ni siquiera le pusieron ropa a la medida; casi arrastrando el uniforme militar, el presidente ilegítimo de México apareció disfrazado en la Zona Militar No. 43 para regocijo de los caricaturistas. El 3 de enero, vestido con chamarra y gorra militares, Calderón se reunió con soldados, marinos y policías en Apatzingán, Michoacán. El motivo oficial fue rendirles tributo porque, dijo, “han logrado detener el avance de la delincuencia en la primera fase de los operativos de seguridad, y a quienes ordenó que no desfallezcan en esta tarea” (Herrera C., Martínez E. en La Jornada 4 ene 2007)..

Agradecido, "por las operaciones emprendidas contra el narcotráfico", el gobernador del estado michoacano fue el primero en someterse. Lázaro Cárdenas Batel del abuelo solo tiene el apellido. En Michoacán, precisamente, se habían iniciado los operativos militares el 8 de diciembre anterior. Ahora, los resultados indicaban que, entre otros logros, se habían decomisado 4 kilogramos de semillas de amapola, 19 mil 341 pesos y 2,321 dólares. Los resultados son verdaderamente ridículos. No obstante, el secretario de la defensa de Calderón declaró que, “estos resultados han sido "contundentes" y no tiene precedente en las estadísticas de combate en contra del crimen organizado en Michoacán”.

Se extienden los operativos
Dos días ates, el 3 de enero, se había dado inicio al mismo operativo en Tijuana, Baja California. Miles de elementos militares y policíacos fueron movilizados en un programa “que prevé el uso de aeronaves reacondicionadas con alta tecnología para intercepción, la instalación de puntos de detección terrestre y marítima de narcóticos, así como de erradicación de cultivos ilícitos” (Román J.A., Castillo G., Heras A., en La Jornada 3 ene 2007).

El 6 de enero, el operativo se puso en marcha, ahora en Sinaloa. El gobierno de la ultraderecha decidió desplegar “más de 3 mil elementos provenientes de la PFP, la Agencia Federal de Investigación (AFI), del Ejército y Marina-Armada de México a Sinaloa, para instalar retenes y desplegar acciones por tierra y mar en contra del cultivo y trasiego de drogas, así como de dinero ilícito” (Castillo G., Muñoz A., en La Jornada 5 ene 2007). De inmediato los soldados levantaron retenes en calles, entradas y salidas de esta frontera, y realizaron labores de vigilancia por mar y aire con dos buques, cuatro lanchas rápidas y dos helicópteros.

En Sinaloa, el operativo se inició sin que el gobernador lo supiera, según declaró el mismo. Como parte del operativo, los militares desplegaron por el estado a “grupos de inteligencia”. Trascendió que el plan del gobierno federal era extender los operativos a todo el país.

En Chiapas y Sonora, los propios gobiernos locales anunciaron la inminente legada de efectivos militares. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados empezaron a instalar retenes en las avenidas de varias colonias. En Nuevo León, el propio gobernador se reunió con funcionaros federales para diseñar el operativo a aplicarse en su estado.

El 10 de enero, el gobierno local confirmó el arribo de 2 mil militares, 130 unidades terrestres y aéreas a Acapulco pero, dijo, que era parte de la rutina no de ningún operativo. El 15 de enero, el operativo ya se había ampliado a Culiacán, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo. Félix Salgado, presidente municipal de Acapulco, declaró que desconocía los detalles y estrategias que se iban a aplicar en el estado, principalmente, en el puerto.

El 22 de enero, ya estaban movilizados 9 mil soldados en Chihuahua, Durango y Sinaloa con los objetivos de ''ejecutar órdenes de aprehensión, realizar cateos y detener a miembros o líderes'' de organizaciones delictivas”. Según informó el secretario de la defensa nacional, desde el 8 de diciembre de 2006 se había movilizado a un total de 19 mil efectivos militares.

A la fecha el despliegue de efectivos era por tierra, mar y aire. En conferencia de prensa, en la casa presidencial, se informó que, al momento, se había logrado la erradicación de mil 613 plantíos de mariguana y 567 de amapola, además de la detención de 20 personas y el decomiso de 14 armas largas (Aranda J., en La Jornada 22 ene 2007).

Pobres resultados
El 7 de enero, el gobierno de Baja California aseguró que la Operación Tijuana sólo "ha dado buenos resultados", mientras en la jornada de vigilancia y combate al crimen organizado se detuvo a cuatro personas por omisión de pensión alimenticia, intento de violación y robo de cilindros de gas (Heras A., Martínez E. en La Jornada 8 ene 2007). Se publicó que, el principal "golpe" en Tijuana había sido desarmar a 2 mil 100 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal para que personal de inteligencia militar realice pruebas de balística y dactiloscopia con el propósito de saber si el arma de cargo o su responsable participaron en algún acto ilícito.

Ante tan pobres resultados, el gobierno mexicano procedió a un golpe mediático. El 19 de enero anunció la extradición de 15 capos del narcotráfico a Estados Unidos. Para el gobierno todo ocurrió con normalidad en contra de personas peligrosas. Sin embargo, a ninguno se le realizó ningún juicio de extradición, los jueces a cargo de los procesos ni siquiera fueron notificados y mucho menos se escucho en defensa a los afectados.

Las penas a que habían sido condenados en México (cadenas perpetuas), súbitamente fueron anuladas. Los hechos ocurrieron una semana después de la reunión en la capital mexicana de los procuradores de justicia de ambos países. Expertos penalistas señalaron que la acción fue inconstitucional al permitir que a los extraditados se les juzgue con leyes extranjeras.

El 25 de enero, Bush le llamó a Calderón para felicitarlo por la lucha contra el narco.

Tentación totalitaria
“El uso excesivo de la fuerza pública no sólo carece de resultados, sino que en los hechos se traduce en el fortalecimiento del poder para combatir cualquier disidencia política y restablecer el "orden y la legalidad, entendidos como disciplina y respeto a los esquemas sociales y económicos establecidos". Así lo señaló Fernando Tenorio Tagle, experto criminólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dijo que, Calderón “está cumpliendo con los mismos requisitos que Estados Unidos solicitó a Porfirio Díaz para garantizar la inversión extranjera, es decir, "seguridad, pero también control de los movimientos sociales" (Poy L., en La Jornada 5 ene 2007).

Agustín Pérez Carrillo, de la UAM-Azcapotzalco señaló que "no se logrará acabar con la delincuencia utilizando mano dura, mucho menos con un proceso de militarización, que sólo en países como Colombia ha costado miles de vidas y deterioro de los derechos humanos". El académico dijo que iniciar la "guerra" contra la delincuencia aplicando operativos de seguridad "no sólo vulnera garantías individuales, como el libre tránsito, también lesiona los derechos humanos y podría propiciar la pérdida de vidas y ocasionar lesiones físicas a personas ajenas a cualquier actividad ilícita".

“El prematuro uso de las fuerzas armadas mostró a un mandatario dispuesto a gobernar con el dedo en el gatillo” escribió J. Camil (en La Jornada 12 ene 2007).

En antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas dijo (en La Jornada 12 ene 2007) que “La casaca verde olivo y la gorra que ostenta el águila y las cinco estrellas del grado de comandante supremo de las Fuerzas Armadas que portaba Calderón el 3 de enero en Michoacán que nunca fueron utilizados por los presidentes priístas en una más de sus profusas reuniones con soldados en el corto tiempo de asumir el cargo; el aumento de salarios y recursos para los militares por encima de cualquier otro rubro o sector; la utilización masiva del ejército en operativos contra el crimen organizado en tres estados de la república en violación a la Constitución y, en particular, la violencia ejercida contra el pueblo oaxaqueño y la APPO, hacen pensar que Calderón más que presidente se asume como jefe supremo de la represión y el orden capitalistas”.

Gobierno usurpador apoyado en el Ejército federal
Gilberto analizó seriamente la situación. El mismo reiteró que, “ya en 1999 analizábamos las razones que continúan vigentes por las cuales las fuerzas armadas mexicanas se encuentran en desventaja en la lucha contra el narcotráfico: 1. El adiestramiento de los militares no va encaminado a prepararlos para misiones de seguridad pública y lucha contra el tráfico de drogas. 2. El crimen organizado por su poder económico penetra fácilmente las estructuras castrenses a través de su cooptación, corrompiendo a la institución armada desde la tropa hasta la alta oficialidad y convirtiéndola en cómplice de la acción delictiva. 3. Los recursos materiales de las fuerzas armadas están en desventaja con respecto al crimen organizado, el cual cuenta con los más modernos medios de comunicación e intercepción de señales, armamento, vehículos, aeronaves, navíos e infraestructura operativa. 4. La saturación de misiones de las fuerzas armadas traen consigo desgaste y deserciones: trabajo de inteligencia, seguridad pública, lucha contra el crimen organizado, represión de disidencias sociales y contrainsurgencia (las cuales abarcan diversas tareas de labor social y propaganda entre la población civil), contingencias y desastres naturales, etcétera. 5. Predominio del narcotráfico marítimo y en consecuencia fracaso en la contención de cargamentos ante la obsolescencia de las embarcaciones y los recursos de la Armada. 6. Resultados nulos, desprestigio, invasión de esferas de competencia entre sí (Ejército y Marina) y con diversas instituciones federales y estatales. 7. Inversiones inútiles en compra de transporte aéreo y marítimo inservible y riesgoso. 8. Nulo monitoreo del Congreso de la Unión y de la sociedad civil en el presupuesto militar, el cual resulta en un botín que propicia también la corrupción y la discrecionalidad en el gasto público. 9. Dependencia cada vez mayor de las fuerzas armadas mexicanas a Estados Unidos e incorporación de las mismas a los planes y mecanismos de dominio estratégico imperialista a través de la lucha contra el narcotráfico y ahora del "combate al terrorismo internacional".

López y Rivas dijo que “lo más preocupante de estas primeras semanas de Calderón es el mensaje que está dando a los ciudadanos todos y a la oposición de izquierda en particular: 1. Soy un presidente ilegítimo repudiado por millones de mexicanos, pero cuento con el apoyo de los militares. 2. Mi prioridad como gobernante es la seguridad para los capitales y la mediatización y control de la disidencia y la protesta social. 3. No me importa recortar el presupuesto para la educación, la salud, la cultura y el gasto social mientras el sector castrense se sienta no sólo apoyado, sino estimulado para el desempeño de sus tareas”.

También escribió que “No serán posibles la intimidación ni el repliegue de los movimientos sociales del pueblo mexicano ante estos intentos por hacer retroceder al país a etapas ya superadas por décadas de luchas civilistas, democráticas y de defensa de la soberanía e integridad de la nación. ¡La derecha no pasara!”.

La militarización va contra la protesta social
Calderón no es solamente un político de la ultraderecha fanática sino fascistoide. En Oaxaca, el gobierno federal optó con medidas de fuerza ante la protesta social. Habiéndose posesionado del gobierno luego de una elección severamente cuestionada, Calderón y grupos que lo patrocinan busca afirmarse en la fuerza del Ejército federal.

¿Cómo combatir al narcotráfico si éste se ha desarrollado al amparo del poder político? El mismo Estado ha sido penetrado por esas mafias y no de ahora. Sigue prevaleciendo la tesis de que no hay crimen organizado sin el apoyo del Estado. Eso es lo que ocurre en México. Por eso es que, el Ejército se ha visto mal, incapaz de cumplir con la función que el gobierno federal en turno le ha asignado.

Los operativos policíaco-militares y el amplio despliegue por todo el país son el anuncio de una guerra generalizada, aparentemente contra los narcos. Sin embargo, el mensaje va destinado a la sociedad en su conjunto. El gobierno tiene en marcha un operativo para criminalizar la protesta social, toda vez que el gobierno espurio sabe que, la aplicación de su política económica no es, ni será, aceptada voluntariamente por el pueblo. Imponer compulsivamente al neoliberalismo salvaje conlleva al uso de la fuerza del Estado.

(Energía, 27 de febrero de 2007)

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Calderón otorga a tropas aumento salarial de 46%

El mandatario informó que dio instrucciones para que ningún miembro de la Marina o del Ejército perciba menos de 90% en sus sobrehaberes (sueldo más prestaciones) en todo el país

Sergio Javier Jiménez y Natalia Gómez Quintero
El Universal
Martes 20 de febrero de 2007

HUEHUETOCA, Méx.- Los integrantes de menor rango de las Fuerzas Armadas del país reciben a partir de ayer un incremento en sus percepciones, anunció Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, al celebrar el Día del Ejército.

El mandatario informó que dio instrucciones para que ningún miembro de la Marina o del Ejército perciba menos de 90% en sus sobrehaberes (sueldo más prestaciones) en todo el país. Además, anunció que tendrán un reconocimiento extra de mil pesos mensuales:

"Este paquete implica, por ejemplo, que un soldado de la primera región militar, con un sobrehaber de 60%, recibirá ahora uno de 90%, lo que representará que su sueldo, que el año pasado era de 3 mil 500 pesos, hoy percibirá 5 mil 200 pesos, lo que significa un incremento de 46%.

"Un cabo -explicó Calderón- recibirá un aumento de 45% y así sucesivamente para todos los miembros de la tropa".

El mandatario también les anunció un programa de crédito para vivienda y les dijo que el incremento es retroactivo al 1 de enero. "Estas son acciones de justicia elemental", consideró.

El Presidente reconoció el trabajo del Ejército mexicano, pues sin él, añadió, no puede entenderse una nación democrática.

Guardó un minuto de silencio por sus integrantes caídos en el ejercicio de su deber: "Estas lamentables perdidas no serán en vano. Habremos de combatir a los enemigos de la nación en todo el territorio nacional y los habremos de vencer, y la perseverancia de nuestro afán será coronada con la victoria".

En su discurso, el titular del Ejecutivo, quien reconoció que aún falta mucho por hacer, los instruyó a "mantener la guardia en alto" y les reiteró que "seguiremos trabajando para acordar con el Congreso las reformas necesarias que nos permitan incrementar los ingresos públicos y que eso nos facilite hacer un mayor esfuerzo para compensar el valor, el patriotismo y el invaluable servicio que a la patria prestan".

Refrendan lealtad

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, refrendó su lealtad y compromiso al presidente Calderón, de trabajar para contribuir al establecimiento del estado de derecho, para preservar la seguridad pública y para afianzar la democracia en México, pero sin desempeñar actividades que no correspondan a la institución.

Durante un desayuno ofrecido al Presidente en la base militar de San Miguel de los Jagüeyes, en el estado de México, con motivo del Día del Ejército, Galván Galván aseguró que el país tiene importantes apremios que resolver y atender, en los que, indicó, el Ejército seguirá sirviendo a la sociedad "por encima de intereses particulares".

Calderón estuvo acompañado del secretario de Marina, Francisco Saynez; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; el presidente del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones; la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, María Elena Álvarez Bernal, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Entre los invitados especiales se encontraba el Presidente y Director General de EL UNIVERSAL Juan Francisco Ealy Ortiz.

El general Galván Galván aseguró al Presidente que el Ejército mexicano "seguirá cumpliendo con esmero, energía y determinación inquebrantable sus directivas, para contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y que la población pueda desarrollar sus actividades productivas a plenitud, en un ambiente de seguridad y confianza".

El secretario de la Defensa reconoció que, como toda institución, el Ejército es perfectible y que vive un permanente proceso de superación, de creatividad, innovación, preparación actualizada y adiestramiento para alcanzar los niveles de aptitud que demanda el cumplimiento de nuestras misiones.

(El Universal, 20 de febrero de 2007)

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Calderón elogió al Ejército mexicano

Alabó esfuerzos antinarco y terrorista

EFE

19 de Febrero de 2007

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente de México, Felipe Calderón, exaltó a los militares que luchan contra el narcotráfico y protegen las instalaciones estratégicas del país, como las petroleras, sobre las que se ciernen supuestas amenazas terroristas.

Un aumento salarial

Al participar en una ceremonia con motivo del Día del Ejército mexicano, Calderón anunció también un incremento de los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente el de los soldados, que será del 46 por ciento.

El mandatario elogió la labor de las tropas para mantener la seguridad interior y proteger la soberanía nacional, aunque instó a modernizar las leyes y fortalecer el aparato de justicia para complementar esa lucha "patriótica".

"En nombre del pueblo de México, hago un reconocimiento especial a la valiosa participación de las Fuerzas Armadas en el combate que libramos contra quienes amenazan la seguridad y la tranquilidad y se empeñan en envenenar a nuestros niños y jóvenes", dijo el jefe de Estado en alusión a los narcotraficantes y secuestradores.

"En esta lucha que libramos por México frente a quienes quieren destruir su futuro, quiero rendir honores a los soldados caídos en el cumplimiento de su deber de luchar contra el crimen", añadió.

30 mil efectivos

Calderón, en el poder desde el pasado 1 de diciembre, ordenó a más de 30 mil soldados, marinos militares y policías federales perseguir por aire, mar y tierra a los criminales en 8 de los 32 estados mexicanos afectados por una ola de "narcoviolencia" que en 2006 se cobró más de 2 mil vidas en todo el país.

El último operativo antidrogas fue lanzado el fin de semana en los estados de Nuevo León, cuya capital es la ciudad de Monterrey, y Tamaulipas, ribereño del golfo de México, ambos colindantes con Texas, Estados Unidos.

"Seguiremos con la lucha contra el crimen y con las acciones para restablecer la paz y la seguridad de los mexicanos, y habremos de combatir a los enemigos de la Nación en todo el territorio hasta vencer", enfatizó Calderón en la ceremonia.

Las amenazas de Al Qaeda

El mandatario dijo que México"necesita a sus soldados para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior de la nación, para proteger sus instalaciones estratégicas y para salvaguardar la vida, el patrimonio y el futuro de los mexicanos".

"Necesitamos que la prosperidad, el crecimiento y los empleos surjan de la inversión, el turismo y la confianza que sólo un México verdaderamente seguro puede generar", expresó.

Calderón aludió a la protección de las instalaciones estratégicas cuatro días después de que Washington pidiera tomar en serio una supuesta amenaza de la rama saudí de la organización terrorista Al Qaeda de atacar a México, Canadá, Venezuela y otros proveedores de crudo a EU.

A raíz de ese supuesto anuncio de Al Qaida, las autoridades mexicanas redoblaron la vigilancia en varias instalaciones petroleras del sureste del país y las localizadas en el Golfo de México.

(Univisión.com, 19 de febrero de 2007)

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Militarización, signo de los primeros 50 días de Calderón

ALONSO URRUTIA

Los primeros 50 días de gobierno de Felipe Calderón se han dado bajo el signo de la militarización, de un protagonismo sustancial del Ejército alentado desde Los Pinos. El mandatario se ha empeñado en sustentar un gobierno civil con un énfasis desmedido en las fuerzas armadas, señalaron los analistas Magdalena Gómez y Jorge Camil, al participar en un foro organizado por La Jornada y Casa Lamm sobre el tema.

Camil destacó que es sorprendente que Calderón haya comenzado más bien por el uso de la fuerza que por la utilidad del diálogo. Subrayó que el más importante sustento al que ha apostado es el combate al narcotráfico, como parte de un acto de legitimación. La pregunta es: ¿ha decidido el Presidente compartir el poder con las fuerzas armadas?

A su vez, Magdalena Gómez subrayó que el gobierno del panista michoacano ha pretendido revertir una ilegitimidad de origen con acciones espectaculares donde el Ejército tiene un papel central. Lo que pretende el nuevo gobierno es ganarse lo que no tiene: la credibilidad y la legitimidad.

Durante el mismo foro, el internacionalista Gustavo Leal aludió al elevado costo que tendrán para el país las facturas por pagar que tiene Felipe Calderón Hinojosa para su llegada al gobierno. Y ejemplificó con la Secretaría de Salud, cuya responsabilidad recae en un panista ultraconservador, José Angel Córdova; en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ex senador blanquiazul Juan Molinar Horcasitas, y en el ISSSTE un elbista que se desempeñó en el área de Seguridad Pública, Miguel Angel Yunes Linares.

En su intervención, Gómez subrayó que en los albores del nuevo gobierno, más que rebasar por la izquierda a la postura de López Obrador, lo que ha quedado claro es que Calderón es la continuidad del modelo neoliberal. Por añadidura, dijo que ha comenzado con acciones ilegales, como la centralización del mando policiaco sin reformar todavía la legislación, a lo que debe agregarse que en los hechos ha sido un gobierno civil que ha puesto un énfasis desmedido en el Ejército.

Tras cuestionar la conformación presupuestal que optó por golpear a la cultura y la educación, Gómez señaló que este gobierno dista de ser un proyecto alternativo de nación y sus primeras acciones sociales están lejanas de poder cumplir sus ofertas de abatir la pobreza, generar empleo y acabar con la inseguridad.

La especialista enumeró un conjunto de actos que han evidenciado la orientación del actual gobierno: el mismo día que anunciaba ante el Foro de Inversiones y Cooperación Hispano Mexicano que velaría por los derechos de los inversionistas, se detenía al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio Sosa; su reivindicación del estado de derecho contrasta con el apoyo al gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz Ortiz.

Su reacción al alza en la tortilla, lejos de ser acciones de protección social, fue una oficialización de un incremento de 40 por ciento en el precio de ese alimento. Esto sin contar que sólo 5 mil de los 65 mil establecimientos acudieron al llamado gubernamental.

En su oportunidad, Camil reprochó que el gobierno de Calderón quiera regresar a viejos regímenes que utilizaron indiscriminadamente a los militares. Esto ha sido una confesión propia, cuando sostuvo que sería un presidente cercano a las fuerzas armadas, por eso no le preocupan las diversas críticas que han descalificado su excesivo militarismo, lo que muestra que no tiene idea de la perspectiva histórica.

Sin descalificar la necesidad de combatir al crimen organizado, Camil señaló que el uso del Ejército y el énfasis que le ha dado Calderón asemeja a la forma obsesiva como el presidente estadunidense, George W. Bush, ha enfrentado la guerra en Irak.

Camil subrayó que el Presidente incumplió su promesa de conformar un gobierno de coalición, por el contrario, se inclinó por un gobierno panista conservador y, en algunos casos, como el secretario de Gobernación, de línea dura. Esto, sin olvidar que el mandatario ha privilegiado más su relación con las fuerzas armadas que con los partidos políticos.

A su vez, Gustavo Leal hizo una crítica a los inconsistentes programas sociales que, ''si con Fox fueron malos, con Calderón están peor'', dijo en alusión a la evidente improvisación con que se han instrumentado, centrándose en el caso del sector salud.

Al respecto, criticó que las facturas que tiene por pagar Calderón, tienen un costo elevado en un sector fundamental. El analista señaló que se eligió al IMSS y al ISSSTE como espacios para liquidar facturas.

(La Jornada, 24 de enero de 2007J)

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Ejército México sancionará a militares permitieron toma fotos con futbolistas

18/01/2007 - 20:08(GMT)
México, 18 jul (EFE)- El ministerio de Defensa mexicano ha decidido sancionar a los mandos castrenses que permitieron que jugadores del campeón de fútbol del Torneo Apertura, el club Chivas de Guadalajara, se tomara unas fotos con soldados y equipo militar, la pasada semana.

La toma de las fotos, que solicitó el dueño del Club Chivas, Jorge Vergara y que se concretó el pasado 12 de enero, fue reprobada en una carta privada que hoy reproduce el diario "Milenio" por el Secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván.

El ministro ha dispuesto que "se apliquen de inmediato las medidas disciplinarias correspondientes a los responsables" de la iniciativa, señala la misiva dirigida al periodista Joaquín López Dóriga, columnista de "Milenio" crítico en su texto de ayer con la iniciativa.

Hace seis días los futbolistas accedieron a las instalaciones castrenses y se tomaron fotos con un grupo de soldados, quienes pudieron también tomarse fotos con ellos y pedirles autógrafos.

Entre las fotos hubo algunas de las estrellas del "Rebaño Sagrado", como se conoce popularmente a las Chivas, subidos en un tanque y rodeados de los militares.

En otras aparecen las estrellas del fútbol mexicano subidas a un Hummer.

El periodista López Dóriga se preguntó públicamente ayer en una columna si la institución castrense, había "autorizado esta mascarada" a lo que contestó también por carta de inmediato el general mexicano con el anuncio de una sanción.

Galván aclara que sólo se permitió "un encuentro deportivo entre el equipo de Guadalajara y el personal, pero de ninguna manera los actos que han sido difundidos", indica la misiva a la que tuvo acceso Efe.

El ministro asegura que intentará "preservar intacto el prestigio que con tanto esfuerzo ha alcanzado el Instituto Armado" al frente de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

El Chivas utilizó las fotos en publicidad pagada donde el equipo aparece en formación con los soldados, formando todos ellos una estrella, con los soldados armados y los jugadores en calzón corto, con su camiseta rojiblanca.

Vergara, un excéntrico y controvertido empresario de Jalisco, oeste de México, acostumbra a promover este tipo de sesiones en lugares curiosos, emblemáticos o populares.

El Chivas de Guadalajara, equipo cuya mascota es una cabrita, es uno de los conjuntos más populares que hay en el fútbol mexicano.

EFE act/gb/chs

Terra/EFE

(Terra, 18 de enero de 2007)

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