Crea Ejército grupo élite de apoyo a seguridad pública

La nueva corporación castrense, que de acuerdo con fuentes militares se formaría con unos 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), estará bajo las órdenes del Presidente, pero dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)

Jorge Ramos Pérez y María de la Luz González
El Universal
Jueves 10 de mayo de 2007

El presidente Felipe Calderón creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que apoyará a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, restauración del orden, combate al crimen organizado y actos contra la seguridad de la nación.

La nueva corporación castrense, que de acuerdo con fuentes militares se formaría con unos 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), estará bajo las órdenes del Presidente, pero dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con el artículo 2 del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, dicha corporación actuará por instrucciones del presidente "a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno a quienes preste el apoyo".

Un capítulo más

Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), consideró que la creación del organismo institucionaliza la política del presidente Calderón de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, "práctica que ha acompañado a la historia de México".

"Este es un capítulo más en la transición del Estado para caracterizar al fenómeno de la delincuencia organizada como un problema de seguridad nacional y de seguridad pública y, además, hace patente la debilidad de las instituciones civiles, particularmente las policiales, y el fortalecimiento de las militares", sostuvo.

José Luis Piñeyro, experto en seguridad nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) , consideró "preocupante" el anuncio porque se corre el riesgo de que también se utilice para aplacar movimientos sociales.

"El desacuerdo es que el Ejército pueda participar en la contención de movimientos de protesta social", sostuvo el analista.

Consideró que la creación del cuerpo de élite se inscribe en el combate al narcotráfico, en el que a pesar de que oficialmente se ha dicho que se trata de "recuperar territorio" esto es discutible y "tiene sus asegunes" porque en Michoacán se realizaron operativos en el arranque del sexenio pero ante los hechos de violencia recientes "se recupera y no se recupera".

El decreto firmado por el presidente Felipe Calderón y el titular de la Secretaría de la Defens Nacional, Guillermo Galván, entrará en vigor a partir de hoy 10 de mayo.

López Portillo expresó además su preocupación por el hecho de que el decreto no defina las condiciones de la cadena de mando en que se darán las intervenciones de la nueva corporación militar, pues esa indefinición podría llevar a "una virtual sustitución operativa del Ejército por la policía".

El decreto sustenta la creación de este cuerpo especial en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que autoriza la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.

"Eso es cierto, pero hay una salvedad, y es que la autoridad civil tiene que estar al mando, y el decreto no establece cómo se resuelve la cadena de mando en terreno estratégico, operativo y táctico", advirtió López Portillo.

El decreto establece que la nueva corporación se integrará por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, y con los mandos y órganos de mando que determine el titular de la Sedena, y aclara que no podrá sustituir, en ningún caso, a las autoridades apoyadas en las funciones que legalmente les competan.

Los integrantes de la corporación recibirán adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, con el objeto de restablecer el orden público y el Estado de derecho, señala.

El decreto fija a la Defensa 90 días para brindar los recursos humanos, materiales y presupuestarios.

(El Universal, 10 de mayo de 2007)