Ernestina Ascensio Rosario

Miguel Ángel Granados Chapa

La Comisión Nacional de Derechos Humanos que se introdujo al caso de la señora indígena ultrajada y muerta reconociendo que falleció a causa de las lesiones que le fueron infligidas, transitó hasta negarlo y ahora endereza su acción contra la Procuraduría veracruzana.

No nos sorprendamos si pronto se nos dice que en realidad se suicidó la señora Ernestina Ascensio Rosario, una mujer indígena de 73 años, cuya familia la encontró moribunda en el campo donde pastoreaba sus ovejas, a tiempo de oírla denunciar que había sido atacada por militares, infame agresión que habría generado su muerte. En "la etapa final de la elaboración de la opinión integral sobre el caso", la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió ayer un comunicado en que sugiere que la víctima falleció de causas naturales, insinúa que no hubo violación y asegura que "no se observaron lesiones de origen traumático exterior". En un episodio en que integrantes del Ejército podrían estar involucrados, es grave que antes que hacerlo saber a la opinión pública, la oficina del ombudsman nacional hiciera conocer esa información a los mandos castrenses, incluido el comandante supremo de las fuerzas armadas.

El 3 de marzo la CNDH informó haber abierto una "queja de oficio" sobre el caso de la señora Ascensio Rosario "quien falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas". Es probable que tres semanas más tarde esa Comisión hallara que se equivocó en ese diagnóstico precoz, pero no ha expresado que hubiera error en su afirmación inicial, que consta así con todas sus letras: "falleció a consecuencia de las lesiones que le fueron infligidas".

Días más tarde, la CNDH detectó "diversas omisiones e inconsistencias en los estudios técnico-periciales realizados por personal médico de la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz", por lo que solicitó exhumar el cadáver y la práctica de una nueva necropsia. Esos hechos se realizaron el viernes 9 de marzo. El lunes siguiente, antes que nadie -¿no se ha dicho que el Presidente es el hombre mejor informado de México?- Felipe Calderón estaba al tanto del resultado de la necropsia. Sólo que oyó o leyó mal el informe que le fue ofrecido (él mismo sugirió que por la propia CNDH) y atribuyó el fallecimiento de la señora a "gastritis crónica no atendida". Negó también que hubiera violación. Todo lo dijo sin mediar pregunta al respecto en una entrevista a La Jornada con motivo de los 100 días de su gobierno.

Al leer esa declaración, Julio Atenco, funcionario municipal en el ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, se comunicó con el licenciado Pedro Armendáriz Enríquez, visitador de la CNDH que solicitó la exhumación, quien le habría dicho "No sabemos de dónde sacó esa información el Presidente. La exhumación fue apenas el viernes y es imposible que ya existan resultados; además, la información es confidencial". (La Jornada, 15 de marzo) Sin embargo, de inmediato el mencionado visitador negó "categóricamente haber realizado tales aseveraciones... en ese sentido o en cualquier otro" y aclaró que "en ningún momento coordiné el grupo interdisciplinario de trabajo de la CNDH que realizó esas actividades".

En tanto, la Comisión emitió un segundo comunicado el 14 de marzo en que, como ahora mismo, orientó su pesquisa al modo en que se realizó la autopsia y no tanto al caso de la señora Ascensio Rosario (a quien ya había cambiado el primer apellido y llamaba Ascensión). Dijo que el personal médico forense de la Procuraduría estatal incurrió en omisiones que lo condujeron "a asegurar indebidamente que la anciana falleció por 'traumatismo cráneo-encefálico, fractura y luxación de vértebras cervicales y anemia aguda'". Conforme a "la revisión del 9 de marzo", dijo la CNDH, "no existe luxación o fractura de esas o de ninguna otra vértebra". Informó también la Comisión que "en la exhumación del cadáver no se corroboró perforación alguna en el recto ni los 'múltiples desgarros' que manifestaba la autopsia". Las equimosis en el cuerpo de la víctima, supuso la comisión, no se produjeron por "maniobras de sujeción o sometimiento" sino quizá "fueron producidas al ser cargada y trasladada antes de fallecer". Eso no obstante, la CNDH manifestó "que en tanto no se esclarezcan las causas de la muerte de Ernestina Ascensión Rosario se presume la violación de su derecho fundamental a la vida".

En su comunicado de ayer, donde restituye a la víctima su apellido verdadero, la Comisión sugiere que falleció de muerte natural. No lo afirma, pero lo insinúa: "se cuenta con datos histopatológicos indicativos de anemia aguda por sangrado de tubo digestivo ordinario secundario a úlceras gástricas pépticas agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna y un proceso neumónico en etapa de resolución. Adicionalmente a estas causas de origen médico, no se observaron lesiones de origen traumático al exterior".

Conocedor de esta descripción en la víspera de que la CNDH la hiciera pública, el diputado panista, general retirado Justiniano González, presidente de la Comisión de defensa nacional en San Lázaro expresó en declaración periodística lo que la CNDH no se atrevió a afirmar: que la señora falleció "debido a una anemia aguda secundaria". Y citó como fuente un "dictamen oficial", la información de la CNDH a la que tuvo acceso privilegiado. (La Jornada, 29 de marzo)

Dejadas atrás de ese modo las imputaciones a militares -no obstante que un comunicado del Ejército mencionó la existencia de líquido seminal en el cuerpo de la señora Ernestina- ahora la pesquisa se dirige contra el Ministerio Público local y sus auxiliares.

Cajón de Sastre

El gobierno de Estados Unidos confirmó su advertencia sobre la situación política de Oaxaca y recomendó cautela a sus nacionales si viajan a esa entidad. Habría sido un gesto atinado que el presidente Felipe Calderón tuviera en cuenta esas consideraciones y se abstuviera de ir a esa entidad o, en caso extremo, hacerlo con cuidado. Pero se comprende que se desplazara a Oaxaca pues, por un lado, no corre riesgos personales y, por otro lado, ha de ser fiel cumplidor de sus compromisos. La escolta y el circuito de seguridad que rodean al Ejecutivo, más amplios y rigurosos que nunca, le impiden aproximarse a la realidad de los lugares que visita. Y tiene que recompensar el apoyo que el PRI le ofrece para afianzarse en la silla, contribuyendo a que gobernadores en cuestión como el de Puebla, Mario Marín, y como Ulises Ruiz superen sus contratiempos. La recomendación norteamericana revela un mayor sentido de la realidad que el del Presidente, que parece desarrollar las afinidades electivas de que habló Goethe.

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Líquido seminal

Carmen Aristegui F.

El caso de la muerte de la señora Ernestina Ascensio Rosario, ocurrida el 26 de febrero en la Sierra de Zongolica, ha entrado en un oscuro territorio plagado de dudas, confusiones y muchas interrogantes. Estamos frente a una situación que involucra tal cantidad de cosas, que la sociedad mexicana debería ocuparse en seguir los detalles de la historia.

En primerísimo lugar, la verdad sobre la muerte de una persona que reunía los rasgos de mayor vulnerabilidad posible en la sociedad mexicana -mujer, indígena y anciana- en condiciones que deben quedar totalmente aclaradas. Van de por medio los sistemas de justicia estatal, federal y militar, así como la palabra del secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, que se comprometió en persona con la autoridad municipal de Soledad Atzompa y con líderes y representantes partidistas del PRD y de Alternativa, a llegar al fondo en las investigaciones. Va de por medio la credibilidad de la CNDH y, por si fuera poco, la fiabilidad de la voz del presidente Calderón. Y va de por medio el derecho de los mexicanos a una información veraz y confiable. Hoy hay dos versiones: la que se difundió desde el primer momento, sobre cómo Ernestina fue víctima de una violación tumultuaria por parte de elementos del Ejército mientras llevaba a pastar a sus ovejas. Se cuenta con testimonios de los pobladores y el de su hija Martha quien, en lengua náhuatl, ha dicho que su madre antes de morir le dijo que "los soldados se le habían echado encima". La primera información oficial disponible corroboraba los hechos. El subprocurador de Veracruz, Miguel Mina, informó días después de la muerte: "es un hecho aberrante y no lo podemos soslayar... de acuerdo al dictamen médico pericial, hay un traumatismo craneoencefálico, que son golpes en la cabeza, y anemia aguda producida por un desgarro que, de acuerdo al médico, había perforado parte de la región anal y que eso hubiese provocado la misma". La otra versión, se sostiene en la necropsia realizada a petición de la CNDH después de la exhumación. Ayer José Luis Soberanes informó que "...no murió de este traumatismo craneoencefálico, sino de una anemia aguda, debido a un sangrado en el tubo digestivo ocasionado por úlcera péptica. Eso fue de lo que murió y también... se llegó a la conclusión... de que no había habido tal violación ni propia ni impropia". ¿Qué pasó entonces? ¿Fue violada o no por soldados del Ejército? ¿Murió o no a consecuencia de una acción aberrante? El comunicado de la CNDH descalifica de tal manera las informaciones de la autoridad local que anuncia también que denunciará los presuntos delitos y faltas administrativas de funcionarios de la Procuraduría de Veracruz. Conclusión: según la CNDH, nada de lo que se dijo anteriormente sobre este caso es cierto. Murió, como lo dijo Felipe Calderón anticipadamente a Elena Gallegos en La Jornada, de una gastritis mal tratada. No hubo violación de soldados, no hubo golpes, no hubo fracturas, no hubo nada de lo que dicen testimonios ni mucho menos nada de lo que informó, en su momento, el subprocurador Mina. ¿Todo se inventó? ¿De veras -como algunos sugieren- los pobladores de la Zongolica están utilizando la muerte de su hermana mayor -como le llaman a Ernestina- para presionar a que los militares se vayan de esta zona en la que se presume existe presencia guerrillera?, o ¿estamos frente a una distorsión de la justicia para encubrir hechos aberrantes de abusos del Ejército en contra de la población civil? Por lo pronto hay demasiadas preguntas que deben ser contestadas. ¿Por qué, si no hubo tal violación, el Ejército informó en su segundo comunicado 019 del 6 de marzo que "...especialistas, llevan a cabo el dictamen pericial... consistente en comparar el líquido seminal recogido de la hoy occisa"? Al día siguiente emitió el comunicado 020 informando que se tomaron muestras hemáticas a todo el personal de la base de operaciones y que "...junto con la muestra de semen obtenida del cuerpo de la extinta, serán trasladadas a la ciudad de México, para que con apoyo de los servicios de la PGR, se obtengan los perfiles genéticos... los resultados... tienen un tiempo estimado de 15 ó 20 días". Si no hubo violación, ¿cómo es que el Ejército envió muestras de sangre y de líquido seminal para ser analizadas al DF? ¿También lo inventó? ¿Por qué el Ejército emitió un comunicado, el 019, que después sustituyó por otro de mismo número, en dónde señalaba: "...delincuentes que utilizaron prendas militares, perpetraron el crimen buscando inculpar a integrantes de esta Dependencia... y que se abandone el área para con ello continuar con sus actividades".

¿Perpetraron el crimen? ¿Hubo o no crimen? Si no hubo crimen, ¿por qué sintieron algunas autoridades la necesidad de regalar casas y bicicletas a los familiares de Ernestina Ascensio en los últimos días? ¿Por qué se ve en una fotografía de Ernestina un charco de sangre junto a su cabeza, si la hemorragia fue interna y por razones médicas? Ayer Soberanes contestó: "Habría que preguntarle a los peritos nuestros que estuvieron ahí presentes cuál fue el origen de esta sangre. Yo por el momento no se lo puedo decir". Por la memoria de esta mujer y por nuestro derecho a la verdad, la interrogante mayor debe esclarecerse: ¿cómo murió Ernestina?

(Reforma, 30 de marzo de 2007)

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Exige enviado del Papa no despreciar la vida en nombre de la democracia

El cardenal López Trujillo fustiga a mujeres con la conciencia ''domesticada'' que deciden sobre los no nacidos como si fueran un apéndice

Si se despenaliza el aborto, habrá problemas, advierte Kumate

ANGELES CRUZ, JUAN BALBOA

La ciencia debe ser conciente de sus límites y asumir que no puede ser la explicación de todo, y los hombres tampoco deben pretender "borrarle la plana a Dios" con actitudes de "desprecio por la vida", advirtió el cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, quien en una disertación de una hora se lanzó contra las definiciones "arbitrarias" que "en nombre de la democracia " se hacen de la familia y la vida.

El prelado participó en la primera sesión del tercer Congreso Internacional Provida: Manipulación de embriones genéticos, en cuya inauguración destacó la presencia de una banda de guerra con miembros del Ejército que llevaban armas largas y con quienes se realizaron los honores a la bandera.

Respecto al aborto, López Trujillo planteó que "estamos en un mundo que confunde el delito como un derecho" y la gente, en particular las mujeres, con la conciencia "domesticada, aletargada", creen que ese derecho las libera y deciden sobre los no nacidos como si se tratara de un apéndice con el que pueden hacer lo que quieran.

Ante los asistentes al congreso, de los que al menos la mitad eran adolescentes, alumnos de escuelas particulares, que pagaron una cuota de 50 pesos, el enviado del Papa habló de la no discriminación como "el criterio más socorrido" para justificar "nuevas y arbitrarias definiciones" de la familia y la vida.

Cuidadoso de no referirse de manera directa a la discusión que tiene lugar en el Distrito Federal por la iniciativa de reforma legal que ampliaría las causales del aborto, el cardenal subrayó que la vida no se mide con parámetros de ciencia ilimitada y arrogante, sino con criterios filosóficos más amplios que reconocen que la calidad de vida no es menor cuando hay dolor y enfermedad. "Esto es lo que dice la Iglesia, aunque a veces no se le comprende", apuntó, aunque él mismo omitió hablar sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida.

Surgimiento del pre-embrión

En la sesión inaugural, que congregó a miembros de los grupos conservadores del país, como José Barroso Chávez, de la Orden de Malta, y el obispo Roberto Balmori, de Ciudad Valles, San Luis Potosí, entre otros, el ex secretario de Salud, Jesús Kumate, reconoció que las mujeres tienen el libre albedrío para interrumpir un embarazo, pero "que sean concientes que destruyen a un ser humano". Aseguró que de aprobarse la reforma legal en el Distrito Federal "habrá problemas", porque "ningún médico se atrevería a destruir a un ser" totalmente formado a las 12 semanas de gestación.

Dijo que por razones políticas y la conveniencia de cada pueblo se han introducido nuevos criterios sobre las etapas del embarazo, con los que se ha incluido el concepto de pre-embrión para justificar los abortos. Sin embargo, la vida empieza desde el momento de la fertilización, dijo.

Por su parte, Jorge Serrano Limón, presidente de Provida, también reconoció el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad y su reproducción, pero "una vez que se embarazan no tienen derecho a matar a ese ser" bajo ninguna circunstancia.

Advirtió que de aprobarse la reforma del Código Penal, Provida iniciará una campaña de difusión -financiada con recursos "totalmente privados"- para que la sociedad conozca lo que se haya aprobado.

Reconoció, sin embargo, que de siete mil mujeres que han acudido a los Centros de Ayuda para la Mujer de Provida, alrededor de 600 decidieron abortar.

Aunque investigaciones científicas realizadas en Estados Unidos y Gran Bretaña han demostrado que no existe el llamado "síndrome de estrés post aborto", Serrano Limón afirmó que todos los abortos "causan un daño sicológico terrible" a quienes recurren a esta medida.

(La Jornada, 25 de marzo de 2007)

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Sierra Zongolica; “guerra sucia” contra las mujeres

Laura Castro Medina/corresponsal

Sierra de Zongolica, Veracruz, 20 marzo 07 (CIMAC).- La muerte de Ernestina, mujer indígena de 73 años violada y torturada a pocos metros de un campamento militar en Soledad Atzompa, descubre la realidad de miles de mujeres indígenas, que enfrentan la miseria extrema y viven aterrorizadas por la presencia de grupos armados en sus comunidades.

La sierra de Zongolica es de alta marginación y miseria. Está integrada por comunidades nahuas, dispersas, de 14 municipios, flageladas por el hambre, analfabetismo, migración y cacicazgo.

En muchas comunidades no hablan español y 80 por ciento de sus habitantes son analfabetas. El 83 por ciento de sus casas tienen piso de tierra y carecen de drenaje, energía eléctrica y agua. Ésta la obtienen del riachuelo más cercano, a dos o tres kilómetros de distancia, según el INEGI y del Instituto Veracruzano de la Cultura.

En Astacinga, Tehuipango y Mixtla de Altamirano, municipios considerados entre los más pobres de América Latina, las familias sobreviven con apenas 25 ó 30 pesos por jornal en los cultivos de café o caña. Muchas niñas y niños enferman de marasmo o kwashiorkor, propios de países con hambruna, como los africanos. Gran cantidad de madres padecen anemia e iniciaron su actividad sexual desde los 12 y 13 años de edad. El peso y talla de sus hijos está muy por debajo de lo normal, dice INEGI.

SIN DERECHOS REPRODUCTIVOS

Las mujeres de Zongolica enfrentan también programas asistenciales, cuya factura es el control político y social. Como resultado, abandonan las actividades agrícolas y, cuando reciben atención médica, se violan sus derechos reproductivos.

El control natal forzado y la esterilización involuntaria practicados a las mujeres, así como las vasectomías, han servido para lograr metas demográficas, en proyectos financiados por organismos como el Banco Mundial y operados por instituciones nacionales.

Así lo denunció ante organismos nacionales e internacionales Berto Xocua Méndez, coordinador de la Organización Campesina Independiente de la Sierra de Zongolica.

El sistema IMSS Oportunidades, delegación Veracruz Sur, reportó que en 1995 aplicó, con ayuda de parteras capacitadas, más de 15 mil métodos de control natal.

Asegura Xocua Méndez que los apoyos económicos brindados por los programas, como despensas, se condicionaban con las constancias de consultas médicas y, en el caso de las mujeres en edad reproductiva con citas ginecológicas.

En las consultas les colocaban dispositivos intrauterinos. Las que acudían por segunda ocasión a un parto, eran esterilizadas quirúrgicamente sin consentimiento, lo que ocasionó conflictos familiares y religiosos.

LA RESISTENCIA

Las duras condiciones de existencia que revelan las cifras, incluso oficiales, provocó el surgimiento, en 1982 de la Unión de Todos los Pueblos Pobres (TINAM), como defensa contra el cacicazgo que somete a los indígenas, pero fue duramente perseguido por el entonces gobernador Agustín Acosta Lagunes.

Surgieron luego al menos diez organizaciones más, como la OCISZ, CROISZ, CEPROJUSDAC y la Unión Campesina de la Sierra Nahuatl de Zongolica UCASNZ. Pero ante el temor gubernamental de que se vincularan con grupos radicales, fueron perseguidos y encarcelados muchos de sus líderes.

En respuesta a esta represión, las mujeres han encabezado, en muchas ocasiones, las movilizaciones de apoyo a sus esposos, hijos o padres. En 1997, más de cinco mil indígenas en su mayoría mujeres, sitiaron por más de 48 horas la ciudad de Orizaba exigiendo la liberación del dirigente de la CROISZ, Julio Atenco, encarcelado tras un enfrentamiento con policías estatales que pretendían “decomisar” un cargamento de madera.

LA PRESENCIA MILITAR

Desde entonces, las comunidades han presenciado el acantonamiento de tropas del Ejército Mexicano en la zona serrana.

En 1996, Teresa López Carrera, regidora de Tezonapa, denunció la entrada de camiones con cientos de militares y helicópteros de guerra en la comunidad de Laguna Chica y San Miguel Eloxochitlan, Puebla. Alertaron a la población sobre un posible ataque del Ejército Popular Revolucionario, generando un clima de tensión entre los habitantes.

Ahora son cotidianos los tiroteos y las acciones de “labor social” del Ejército, cuyos campamentos y retenes en Laguna Chica y otros puntos cercanos violentan la vida de la zona. Muchos indígenas, incluso mujeres, han sido golpeados e intimidados, acusados de tener nexos con el EZLN.

AGRESIONES Y VIOLACIONES

El Ejército Mexicano se ha convertido en un peligro para las mujeres indígenas de Zongolica y la violación y tortura de Ernestina, en Soledad Atzompa, por presuntos miembros de la base de Operaciones “García” del 26 batallón de Infantería, no es caso aislado.

Carlos Mezhua Campos, secretario de Asuntos Indígenas del PRD, recordó en días pasados que están documentados oficialmente por lo menos 20 casos de mujeres violadas por soldados, en Tequila, Astacinga y Tlaquilpa, pero las denuncias nunca fueron atendidas.

Entre ellos, la violación cometida por varios soldados contra una niña de 11 años, que resultó embarazada. Denunciaron, pero aunque el Gobernador ofreció protección a ella y su familia, más de 20 militares acudieron violentamente a su casa provocando el terror y orillando a la familia a huir a otra entidad.

Esta es una “guerra sucia” de los soldados, que implica descalificaciones, agresiones y tortura psicológica a las mujeres, dice María de la Cruz Jaimés García, presidenta del Colectivo Feminista Ciuahtlatolli. “Ellos las consideran disolutas y aventureras y no les importan sus derechos humanos elementales. Por eso descargan su misoginia agrediéndolas o abusándolas sexualmente”.

La violencia psicológica es más frecuente en las comunidades integradas casi en su totalidad por mujeres y personas mayores, debido a la alta migración, como sucede en Tequila, afirma la feminista.

En esos lugares las mujeres son sometidas a un control que amenaza su integridad, además sufren el robo de sus cultivos o leña. Son también prácticamente esclavizadas por los soldados para que hagan tareas domesticas en algún campamento militar cercano.

07/LC/GG

(CIMAC Noticias, 20 de marzo de 2007)

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Veracruz: piden salida de militares, tras abuso sexual

Andrés T. Morales

Orizaba, Ver., 28 de febrero. Autoridades indígenas y comuneros de 40 poblados de la sierra de Zongolica enviaron una carta al presidente Felipe Calderón Hinojosa, para pedirle ordenar el retiro inmediato de los contingentes militares en la zona, cuyos integrantes fueron acusados de abuso sexual tumultuario contra una mujer de 73 años de edad, quien falleció el lunes pasado.

Encabezados por el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, los lugareños responsabilizaron al mandatario federal de cualquier enfrentamiento por el crimen. "Que el Ejército salga de nuestro territorio y no vuelva jamás", exigieron.

Por la tarde, miles de indígenas acudieron a los funerales de la víctima, en el cementerio del poblado Tetlazinga. La anciana, identificada con las iniciales ERA, fue atacada sexualmente por un supuesto grupo de soldados durante la tarde del domingo anterior, y pereció la mañana del lunes debido a sus lesiones.

Durante la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Ministerial del Estado movilizaron a decenas de efectivos hacia la comunidad Tetlazingo, por el rumor de que la población intentaría linchar a los militares del campamento ahí establecido.

Los colonos exhibieron a medios locales un escrito firmado por dirigentes indígenas, agentes municipales y líderes comuneros de 40 poblados de la Sierra de Zongolica, que remitieron a Calderón Hinojosa.

En el escrito informan al michoacano de la violación sexual contra "nuestra hermana mayor", y en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, se le pidió que no haya impunidad.

"Nuestro pueblo nahua siempre ha señalado que el Ejército no se manda solo. Sus funciones están reguladas por la Constitución y por eso nos dirigimos a usted", señalaron.

(La Jornada, 1 de marzo de 2007)

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Calderón y el alto mando del Ejército conspiran contra la Constitución

José Francisco Gallardo Rodríguez

generalgallardo@yahoo.com.mx

Para conocer cuál es el papel que corresponde a las fuerzas armadas en los tiempos modernos –que no es nada nuevo, en realidad es tan antiguo como la propia organización del Estado–, se necesita conocer a la institución.

El Ejército, por su tamaño y naturaleza es una organización social compleja; tiene carácter público y está altamente diferenciada en su interior respecto a las demás organizaciones estatales. El núcleo profesional que adopta las decisiones en su seno, es a su vez un grupo social de gran influencia en el conjunto de la sociedad. Ello se debe a la importancia, cualitativa y cuantitativa, de sus recursos organizativos, sin hacer mención de su condición de administrador de los medios de violencia, de sus elevada cohesión en comparación con otros grupos decisores, y de su posesión de diversas tecnologías no exclusivamente militares. No hay otra organización social, dentro del Estado, que disponga de expertos en áreas tan disímbolas como la ingeniería, el derecho, la medicina, los sistemas de comunicación, la educación, el aprovisionamiento, etcétera.

Desde otra perspectiva, hay pocas organizaciones con una capacidad de control sobre las decisiones individuales de sus miembros, comparable, en ámbito y en profundidad, a la ejercida por la organización militar.

Decía Maquiavelo: “El jefe de Estado debe ser un estudioso de las empresas militares; no debe reposar ni dar tregua hasta alcanzar el desarrollo profesional del ejército. La experiencia en el manejo de la milicia, es una forma que permite no incurrir en errores y desaciertos que, en otras latitudes, han significado la caída de gobernantes. Retener la autoridad del Estado con bases seguras, es condición innegociable de sobrevivencia y soberanía”. Esta concepción adquiere gran valor en la actualidad.

Desde el inicio de esta administración se insiste en el respeto al Estado de derecho, con lo que se quiere significar, desde los orígenes del Estado constitucional, que la organización política de la vida social, las instituciones y el gobierno, debe estar sujeta a procedimientos regulados por la ley. Últimamente el concepto pasó a incluir la legitimación democrática del poder del Estado, que también tiene que estar sometido a la norma jurídica. Por tanto, el Estado de derecho supone el reconocimiento de los derechos personales, la responsabilidad del Estado y la legitimación democrática del mismo.

De esta manera, cuando desde una visión de izquierda –apartidista– hablamos de Estado de derecho, tiene que ver con la legitimidad, no con la legalidad; con la justicia, no con el derecho; con la seguridad humana, no con la seguridad del Estado.

Durante estos primeros dos meses que corren del gobierno calderonista, los problemas sociales han sido interpretados –y aún más grave– desde una visión de Estado de derecha , lo que toma mayor relevancia si se trata de una venganza política en contra de aquellos sectores que votaron contra el régimen.

Esta actitud se ve reflejada en el presupuesto enviado recientemente al Congreso por el presidente Calderón. En el proyecto se da prioridad a la seguridad destinándole un gasto exorbitante. Por otra parte se reduce drásticamente el de cultura y educación, cuando las amenazas a la seguridad nacional pueden provenir de los aspectos sociales desatendidos y de la confrontación política que actualmente vive el país y que es soslayada por el gobierno.

Claro, desde una posición de derecha, la inseguridad pública se ataca con más militares, más policías, más cárceles y con leyes más duras. Desde una visión de izquierda, con más escuelas, más hospitales, más centros culturales, más justicia, más empleos, más investigación, es decir: atendiendo los reclamos sociales, educando y cultivando al pueblo que es fuente del poder nacional.

Por otra parte, si bien el presidente debe recurrir a toda la fuerza del Estado para preservar la seguridad nacional y para ello tiene que disponer del Ejército (artículo 89), como en los casos de Oaxaca, Michoacán y Baja California, lo cierto es que no se decretó el Estado de excepción que previene la Constitución (artículo 29) para que pudieran actuar las fuerzas armadas fuera de sus cuarteles; pero además dentro de un marco jurídico que es necesario para evitar los abusos de poder y garantizar la rendición de cuentas. De esta manera, el Ejército está operando fuera del cauce constitucional, cuando tiene la encomienda de tutelar la soberanía nacional. Dicho de otra forma, gobierno y Ejército conspiran contra la Constitución.

Ya adelantaba ( Forum 162) que desde la toma de posesión se iba a trazar el nuevo tipo de relación civil-militar que se tendría en esta administración. Desgraciadamente para nuestra incipiente democracia, Calderón toma posesión apoyado en el Ejército, lo que de entrada establece una supremacía del poder militar sobre el poder civil; relación ésta, contraria a todo intento de democratizar al país. Tal situación fortalece la impunidad en la que se han mantenido los militares desde hace varias décadas; además acrecienta las prerrogativas del alto mando y el gasto de defensa, cuando el país requiere urgentemente la atención de programas sociales.

(APIA Virtual, 27 de febrero de 2007)

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La militarización de Calderón

£ El gobierno de la ultraderecha inicia operativos militares.
£ Propagandísticamente anuncia que combatirá al narcotráfico.
£ Es la respuesta del gobierno fraudulento a la protesta social.

Calderón se viste de verde

Ni siquiera le pusieron ropa a la medida; casi arrastrando el uniforme militar, el presidente ilegítimo de México apareció disfrazado en la Zona Militar No. 43 para regocijo de los caricaturistas. El 3 de enero, vestido con chamarra y gorra militares, Calderón se reunió con soldados, marinos y policías en Apatzingán, Michoacán. El motivo oficial fue rendirles tributo porque, dijo, “han logrado detener el avance de la delincuencia en la primera fase de los operativos de seguridad, y a quienes ordenó que no desfallezcan en esta tarea” (Herrera C., Martínez E. en La Jornada 4 ene 2007)..

Agradecido, "por las operaciones emprendidas contra el narcotráfico", el gobernador del estado michoacano fue el primero en someterse. Lázaro Cárdenas Batel del abuelo solo tiene el apellido. En Michoacán, precisamente, se habían iniciado los operativos militares el 8 de diciembre anterior. Ahora, los resultados indicaban que, entre otros logros, se habían decomisado 4 kilogramos de semillas de amapola, 19 mil 341 pesos y 2,321 dólares. Los resultados son verdaderamente ridículos. No obstante, el secretario de la defensa de Calderón declaró que, “estos resultados han sido "contundentes" y no tiene precedente en las estadísticas de combate en contra del crimen organizado en Michoacán”.

Se extienden los operativos
Dos días ates, el 3 de enero, se había dado inicio al mismo operativo en Tijuana, Baja California. Miles de elementos militares y policíacos fueron movilizados en un programa “que prevé el uso de aeronaves reacondicionadas con alta tecnología para intercepción, la instalación de puntos de detección terrestre y marítima de narcóticos, así como de erradicación de cultivos ilícitos” (Román J.A., Castillo G., Heras A., en La Jornada 3 ene 2007).

El 6 de enero, el operativo se puso en marcha, ahora en Sinaloa. El gobierno de la ultraderecha decidió desplegar “más de 3 mil elementos provenientes de la PFP, la Agencia Federal de Investigación (AFI), del Ejército y Marina-Armada de México a Sinaloa, para instalar retenes y desplegar acciones por tierra y mar en contra del cultivo y trasiego de drogas, así como de dinero ilícito” (Castillo G., Muñoz A., en La Jornada 5 ene 2007). De inmediato los soldados levantaron retenes en calles, entradas y salidas de esta frontera, y realizaron labores de vigilancia por mar y aire con dos buques, cuatro lanchas rápidas y dos helicópteros.

En Sinaloa, el operativo se inició sin que el gobernador lo supiera, según declaró el mismo. Como parte del operativo, los militares desplegaron por el estado a “grupos de inteligencia”. Trascendió que el plan del gobierno federal era extender los operativos a todo el país.

En Chiapas y Sonora, los propios gobiernos locales anunciaron la inminente legada de efectivos militares. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, los soldados empezaron a instalar retenes en las avenidas de varias colonias. En Nuevo León, el propio gobernador se reunió con funcionaros federales para diseñar el operativo a aplicarse en su estado.

El 10 de enero, el gobierno local confirmó el arribo de 2 mil militares, 130 unidades terrestres y aéreas a Acapulco pero, dijo, que era parte de la rutina no de ningún operativo. El 15 de enero, el operativo ya se había ampliado a Culiacán, Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo. Félix Salgado, presidente municipal de Acapulco, declaró que desconocía los detalles y estrategias que se iban a aplicar en el estado, principalmente, en el puerto.

El 22 de enero, ya estaban movilizados 9 mil soldados en Chihuahua, Durango y Sinaloa con los objetivos de ''ejecutar órdenes de aprehensión, realizar cateos y detener a miembros o líderes'' de organizaciones delictivas”. Según informó el secretario de la defensa nacional, desde el 8 de diciembre de 2006 se había movilizado a un total de 19 mil efectivos militares.

A la fecha el despliegue de efectivos era por tierra, mar y aire. En conferencia de prensa, en la casa presidencial, se informó que, al momento, se había logrado la erradicación de mil 613 plantíos de mariguana y 567 de amapola, además de la detención de 20 personas y el decomiso de 14 armas largas (Aranda J., en La Jornada 22 ene 2007).

Pobres resultados
El 7 de enero, el gobierno de Baja California aseguró que la Operación Tijuana sólo "ha dado buenos resultados", mientras en la jornada de vigilancia y combate al crimen organizado se detuvo a cuatro personas por omisión de pensión alimenticia, intento de violación y robo de cilindros de gas (Heras A., Martínez E. en La Jornada 8 ene 2007). Se publicó que, el principal "golpe" en Tijuana había sido desarmar a 2 mil 100 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal para que personal de inteligencia militar realice pruebas de balística y dactiloscopia con el propósito de saber si el arma de cargo o su responsable participaron en algún acto ilícito.

Ante tan pobres resultados, el gobierno mexicano procedió a un golpe mediático. El 19 de enero anunció la extradición de 15 capos del narcotráfico a Estados Unidos. Para el gobierno todo ocurrió con normalidad en contra de personas peligrosas. Sin embargo, a ninguno se le realizó ningún juicio de extradición, los jueces a cargo de los procesos ni siquiera fueron notificados y mucho menos se escucho en defensa a los afectados.

Las penas a que habían sido condenados en México (cadenas perpetuas), súbitamente fueron anuladas. Los hechos ocurrieron una semana después de la reunión en la capital mexicana de los procuradores de justicia de ambos países. Expertos penalistas señalaron que la acción fue inconstitucional al permitir que a los extraditados se les juzgue con leyes extranjeras.

El 25 de enero, Bush le llamó a Calderón para felicitarlo por la lucha contra el narco.

Tentación totalitaria
“El uso excesivo de la fuerza pública no sólo carece de resultados, sino que en los hechos se traduce en el fortalecimiento del poder para combatir cualquier disidencia política y restablecer el "orden y la legalidad, entendidos como disciplina y respeto a los esquemas sociales y económicos establecidos". Así lo señaló Fernando Tenorio Tagle, experto criminólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dijo que, Calderón “está cumpliendo con los mismos requisitos que Estados Unidos solicitó a Porfirio Díaz para garantizar la inversión extranjera, es decir, "seguridad, pero también control de los movimientos sociales" (Poy L., en La Jornada 5 ene 2007).

Agustín Pérez Carrillo, de la UAM-Azcapotzalco señaló que "no se logrará acabar con la delincuencia utilizando mano dura, mucho menos con un proceso de militarización, que sólo en países como Colombia ha costado miles de vidas y deterioro de los derechos humanos". El académico dijo que iniciar la "guerra" contra la delincuencia aplicando operativos de seguridad "no sólo vulnera garantías individuales, como el libre tránsito, también lesiona los derechos humanos y podría propiciar la pérdida de vidas y ocasionar lesiones físicas a personas ajenas a cualquier actividad ilícita".

“El prematuro uso de las fuerzas armadas mostró a un mandatario dispuesto a gobernar con el dedo en el gatillo” escribió J. Camil (en La Jornada 12 ene 2007).

En antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas dijo (en La Jornada 12 ene 2007) que “La casaca verde olivo y la gorra que ostenta el águila y las cinco estrellas del grado de comandante supremo de las Fuerzas Armadas que portaba Calderón el 3 de enero en Michoacán que nunca fueron utilizados por los presidentes priístas en una más de sus profusas reuniones con soldados en el corto tiempo de asumir el cargo; el aumento de salarios y recursos para los militares por encima de cualquier otro rubro o sector; la utilización masiva del ejército en operativos contra el crimen organizado en tres estados de la república en violación a la Constitución y, en particular, la violencia ejercida contra el pueblo oaxaqueño y la APPO, hacen pensar que Calderón más que presidente se asume como jefe supremo de la represión y el orden capitalistas”.

Gobierno usurpador apoyado en el Ejército federal
Gilberto analizó seriamente la situación. El mismo reiteró que, “ya en 1999 analizábamos las razones que continúan vigentes por las cuales las fuerzas armadas mexicanas se encuentran en desventaja en la lucha contra el narcotráfico: 1. El adiestramiento de los militares no va encaminado a prepararlos para misiones de seguridad pública y lucha contra el tráfico de drogas. 2. El crimen organizado por su poder económico penetra fácilmente las estructuras castrenses a través de su cooptación, corrompiendo a la institución armada desde la tropa hasta la alta oficialidad y convirtiéndola en cómplice de la acción delictiva. 3. Los recursos materiales de las fuerzas armadas están en desventaja con respecto al crimen organizado, el cual cuenta con los más modernos medios de comunicación e intercepción de señales, armamento, vehículos, aeronaves, navíos e infraestructura operativa. 4. La saturación de misiones de las fuerzas armadas traen consigo desgaste y deserciones: trabajo de inteligencia, seguridad pública, lucha contra el crimen organizado, represión de disidencias sociales y contrainsurgencia (las cuales abarcan diversas tareas de labor social y propaganda entre la población civil), contingencias y desastres naturales, etcétera. 5. Predominio del narcotráfico marítimo y en consecuencia fracaso en la contención de cargamentos ante la obsolescencia de las embarcaciones y los recursos de la Armada. 6. Resultados nulos, desprestigio, invasión de esferas de competencia entre sí (Ejército y Marina) y con diversas instituciones federales y estatales. 7. Inversiones inútiles en compra de transporte aéreo y marítimo inservible y riesgoso. 8. Nulo monitoreo del Congreso de la Unión y de la sociedad civil en el presupuesto militar, el cual resulta en un botín que propicia también la corrupción y la discrecionalidad en el gasto público. 9. Dependencia cada vez mayor de las fuerzas armadas mexicanas a Estados Unidos e incorporación de las mismas a los planes y mecanismos de dominio estratégico imperialista a través de la lucha contra el narcotráfico y ahora del "combate al terrorismo internacional".

López y Rivas dijo que “lo más preocupante de estas primeras semanas de Calderón es el mensaje que está dando a los ciudadanos todos y a la oposición de izquierda en particular: 1. Soy un presidente ilegítimo repudiado por millones de mexicanos, pero cuento con el apoyo de los militares. 2. Mi prioridad como gobernante es la seguridad para los capitales y la mediatización y control de la disidencia y la protesta social. 3. No me importa recortar el presupuesto para la educación, la salud, la cultura y el gasto social mientras el sector castrense se sienta no sólo apoyado, sino estimulado para el desempeño de sus tareas”.

También escribió que “No serán posibles la intimidación ni el repliegue de los movimientos sociales del pueblo mexicano ante estos intentos por hacer retroceder al país a etapas ya superadas por décadas de luchas civilistas, democráticas y de defensa de la soberanía e integridad de la nación. ¡La derecha no pasara!”.

La militarización va contra la protesta social
Calderón no es solamente un político de la ultraderecha fanática sino fascistoide. En Oaxaca, el gobierno federal optó con medidas de fuerza ante la protesta social. Habiéndose posesionado del gobierno luego de una elección severamente cuestionada, Calderón y grupos que lo patrocinan busca afirmarse en la fuerza del Ejército federal.

¿Cómo combatir al narcotráfico si éste se ha desarrollado al amparo del poder político? El mismo Estado ha sido penetrado por esas mafias y no de ahora. Sigue prevaleciendo la tesis de que no hay crimen organizado sin el apoyo del Estado. Eso es lo que ocurre en México. Por eso es que, el Ejército se ha visto mal, incapaz de cumplir con la función que el gobierno federal en turno le ha asignado.

Los operativos policíaco-militares y el amplio despliegue por todo el país son el anuncio de una guerra generalizada, aparentemente contra los narcos. Sin embargo, el mensaje va destinado a la sociedad en su conjunto. El gobierno tiene en marcha un operativo para criminalizar la protesta social, toda vez que el gobierno espurio sabe que, la aplicación de su política económica no es, ni será, aceptada voluntariamente por el pueblo. Imponer compulsivamente al neoliberalismo salvaje conlleva al uso de la fuerza del Estado.

(Energía, 27 de febrero de 2007)

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Calderón otorga a tropas aumento salarial de 46%

El mandatario informó que dio instrucciones para que ningún miembro de la Marina o del Ejército perciba menos de 90% en sus sobrehaberes (sueldo más prestaciones) en todo el país

Sergio Javier Jiménez y Natalia Gómez Quintero
El Universal
Martes 20 de febrero de 2007

HUEHUETOCA, Méx.- Los integrantes de menor rango de las Fuerzas Armadas del país reciben a partir de ayer un incremento en sus percepciones, anunció Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República, al celebrar el Día del Ejército.

El mandatario informó que dio instrucciones para que ningún miembro de la Marina o del Ejército perciba menos de 90% en sus sobrehaberes (sueldo más prestaciones) en todo el país. Además, anunció que tendrán un reconocimiento extra de mil pesos mensuales:

"Este paquete implica, por ejemplo, que un soldado de la primera región militar, con un sobrehaber de 60%, recibirá ahora uno de 90%, lo que representará que su sueldo, que el año pasado era de 3 mil 500 pesos, hoy percibirá 5 mil 200 pesos, lo que significa un incremento de 46%.

"Un cabo -explicó Calderón- recibirá un aumento de 45% y así sucesivamente para todos los miembros de la tropa".

El mandatario también les anunció un programa de crédito para vivienda y les dijo que el incremento es retroactivo al 1 de enero. "Estas son acciones de justicia elemental", consideró.

El Presidente reconoció el trabajo del Ejército mexicano, pues sin él, añadió, no puede entenderse una nación democrática.

Guardó un minuto de silencio por sus integrantes caídos en el ejercicio de su deber: "Estas lamentables perdidas no serán en vano. Habremos de combatir a los enemigos de la nación en todo el territorio nacional y los habremos de vencer, y la perseverancia de nuestro afán será coronada con la victoria".

En su discurso, el titular del Ejecutivo, quien reconoció que aún falta mucho por hacer, los instruyó a "mantener la guardia en alto" y les reiteró que "seguiremos trabajando para acordar con el Congreso las reformas necesarias que nos permitan incrementar los ingresos públicos y que eso nos facilite hacer un mayor esfuerzo para compensar el valor, el patriotismo y el invaluable servicio que a la patria prestan".

Refrendan lealtad

El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, refrendó su lealtad y compromiso al presidente Calderón, de trabajar para contribuir al establecimiento del estado de derecho, para preservar la seguridad pública y para afianzar la democracia en México, pero sin desempeñar actividades que no correspondan a la institución.

Durante un desayuno ofrecido al Presidente en la base militar de San Miguel de los Jagüeyes, en el estado de México, con motivo del Día del Ejército, Galván Galván aseguró que el país tiene importantes apremios que resolver y atender, en los que, indicó, el Ejército seguirá sirviendo a la sociedad "por encima de intereses particulares".

Calderón estuvo acompañado del secretario de Marina, Francisco Saynez; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña; el presidente del Senado, el priísta Manlio Fabio Beltrones; la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, María Elena Álvarez Bernal, y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia. Entre los invitados especiales se encontraba el Presidente y Director General de EL UNIVERSAL Juan Francisco Ealy Ortiz.

El general Galván Galván aseguró al Presidente que el Ejército mexicano "seguirá cumpliendo con esmero, energía y determinación inquebrantable sus directivas, para contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y que la población pueda desarrollar sus actividades productivas a plenitud, en un ambiente de seguridad y confianza".

El secretario de la Defensa reconoció que, como toda institución, el Ejército es perfectible y que vive un permanente proceso de superación, de creatividad, innovación, preparación actualizada y adiestramiento para alcanzar los niveles de aptitud que demanda el cumplimiento de nuestras misiones.

(El Universal, 20 de febrero de 2007)

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Calderón elogió al Ejército mexicano

Alabó esfuerzos antinarco y terrorista

EFE

19 de Febrero de 2007

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente de México, Felipe Calderón, exaltó a los militares que luchan contra el narcotráfico y protegen las instalaciones estratégicas del país, como las petroleras, sobre las que se ciernen supuestas amenazas terroristas.

Un aumento salarial

Al participar en una ceremonia con motivo del Día del Ejército mexicano, Calderón anunció también un incremento de los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente el de los soldados, que será del 46 por ciento.

El mandatario elogió la labor de las tropas para mantener la seguridad interior y proteger la soberanía nacional, aunque instó a modernizar las leyes y fortalecer el aparato de justicia para complementar esa lucha "patriótica".

"En nombre del pueblo de México, hago un reconocimiento especial a la valiosa participación de las Fuerzas Armadas en el combate que libramos contra quienes amenazan la seguridad y la tranquilidad y se empeñan en envenenar a nuestros niños y jóvenes", dijo el jefe de Estado en alusión a los narcotraficantes y secuestradores.

"En esta lucha que libramos por México frente a quienes quieren destruir su futuro, quiero rendir honores a los soldados caídos en el cumplimiento de su deber de luchar contra el crimen", añadió.

30 mil efectivos

Calderón, en el poder desde el pasado 1 de diciembre, ordenó a más de 30 mil soldados, marinos militares y policías federales perseguir por aire, mar y tierra a los criminales en 8 de los 32 estados mexicanos afectados por una ola de "narcoviolencia" que en 2006 se cobró más de 2 mil vidas en todo el país.

El último operativo antidrogas fue lanzado el fin de semana en los estados de Nuevo León, cuya capital es la ciudad de Monterrey, y Tamaulipas, ribereño del golfo de México, ambos colindantes con Texas, Estados Unidos.

"Seguiremos con la lucha contra el crimen y con las acciones para restablecer la paz y la seguridad de los mexicanos, y habremos de combatir a los enemigos de la Nación en todo el territorio hasta vencer", enfatizó Calderón en la ceremonia.

Las amenazas de Al Qaeda

El mandatario dijo que México"necesita a sus soldados para garantizar la seguridad interior y la defensa exterior de la nación, para proteger sus instalaciones estratégicas y para salvaguardar la vida, el patrimonio y el futuro de los mexicanos".

"Necesitamos que la prosperidad, el crecimiento y los empleos surjan de la inversión, el turismo y la confianza que sólo un México verdaderamente seguro puede generar", expresó.

Calderón aludió a la protección de las instalaciones estratégicas cuatro días después de que Washington pidiera tomar en serio una supuesta amenaza de la rama saudí de la organización terrorista Al Qaeda de atacar a México, Canadá, Venezuela y otros proveedores de crudo a EU.

A raíz de ese supuesto anuncio de Al Qaida, las autoridades mexicanas redoblaron la vigilancia en varias instalaciones petroleras del sureste del país y las localizadas en el Golfo de México.

(Univisión.com, 19 de febrero de 2007)

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Militarización, signo de los primeros 50 días de Calderón

ALONSO URRUTIA

Los primeros 50 días de gobierno de Felipe Calderón se han dado bajo el signo de la militarización, de un protagonismo sustancial del Ejército alentado desde Los Pinos. El mandatario se ha empeñado en sustentar un gobierno civil con un énfasis desmedido en las fuerzas armadas, señalaron los analistas Magdalena Gómez y Jorge Camil, al participar en un foro organizado por La Jornada y Casa Lamm sobre el tema.

Camil destacó que es sorprendente que Calderón haya comenzado más bien por el uso de la fuerza que por la utilidad del diálogo. Subrayó que el más importante sustento al que ha apostado es el combate al narcotráfico, como parte de un acto de legitimación. La pregunta es: ¿ha decidido el Presidente compartir el poder con las fuerzas armadas?

A su vez, Magdalena Gómez subrayó que el gobierno del panista michoacano ha pretendido revertir una ilegitimidad de origen con acciones espectaculares donde el Ejército tiene un papel central. Lo que pretende el nuevo gobierno es ganarse lo que no tiene: la credibilidad y la legitimidad.

Durante el mismo foro, el internacionalista Gustavo Leal aludió al elevado costo que tendrán para el país las facturas por pagar que tiene Felipe Calderón Hinojosa para su llegada al gobierno. Y ejemplificó con la Secretaría de Salud, cuya responsabilidad recae en un panista ultraconservador, José Angel Córdova; en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ex senador blanquiazul Juan Molinar Horcasitas, y en el ISSSTE un elbista que se desempeñó en el área de Seguridad Pública, Miguel Angel Yunes Linares.

En su intervención, Gómez subrayó que en los albores del nuevo gobierno, más que rebasar por la izquierda a la postura de López Obrador, lo que ha quedado claro es que Calderón es la continuidad del modelo neoliberal. Por añadidura, dijo que ha comenzado con acciones ilegales, como la centralización del mando policiaco sin reformar todavía la legislación, a lo que debe agregarse que en los hechos ha sido un gobierno civil que ha puesto un énfasis desmedido en el Ejército.

Tras cuestionar la conformación presupuestal que optó por golpear a la cultura y la educación, Gómez señaló que este gobierno dista de ser un proyecto alternativo de nación y sus primeras acciones sociales están lejanas de poder cumplir sus ofertas de abatir la pobreza, generar empleo y acabar con la inseguridad.

La especialista enumeró un conjunto de actos que han evidenciado la orientación del actual gobierno: el mismo día que anunciaba ante el Foro de Inversiones y Cooperación Hispano Mexicano que velaría por los derechos de los inversionistas, se detenía al dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio Sosa; su reivindicación del estado de derecho contrasta con el apoyo al gobierno oaxaqueño de Ulises Ruiz Ortiz.

Su reacción al alza en la tortilla, lejos de ser acciones de protección social, fue una oficialización de un incremento de 40 por ciento en el precio de ese alimento. Esto sin contar que sólo 5 mil de los 65 mil establecimientos acudieron al llamado gubernamental.

En su oportunidad, Camil reprochó que el gobierno de Calderón quiera regresar a viejos regímenes que utilizaron indiscriminadamente a los militares. Esto ha sido una confesión propia, cuando sostuvo que sería un presidente cercano a las fuerzas armadas, por eso no le preocupan las diversas críticas que han descalificado su excesivo militarismo, lo que muestra que no tiene idea de la perspectiva histórica.

Sin descalificar la necesidad de combatir al crimen organizado, Camil señaló que el uso del Ejército y el énfasis que le ha dado Calderón asemeja a la forma obsesiva como el presidente estadunidense, George W. Bush, ha enfrentado la guerra en Irak.

Camil subrayó que el Presidente incumplió su promesa de conformar un gobierno de coalición, por el contrario, se inclinó por un gobierno panista conservador y, en algunos casos, como el secretario de Gobernación, de línea dura. Esto, sin olvidar que el mandatario ha privilegiado más su relación con las fuerzas armadas que con los partidos políticos.

A su vez, Gustavo Leal hizo una crítica a los inconsistentes programas sociales que, ''si con Fox fueron malos, con Calderón están peor'', dijo en alusión a la evidente improvisación con que se han instrumentado, centrándose en el caso del sector salud.

Al respecto, criticó que las facturas que tiene por pagar Calderón, tienen un costo elevado en un sector fundamental. El analista señaló que se eligió al IMSS y al ISSSTE como espacios para liquidar facturas.

(La Jornada, 24 de enero de 2007J)

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Ejército México sancionará a militares permitieron toma fotos con futbolistas

18/01/2007 - 20:08(GMT)
México, 18 jul (EFE)- El ministerio de Defensa mexicano ha decidido sancionar a los mandos castrenses que permitieron que jugadores del campeón de fútbol del Torneo Apertura, el club Chivas de Guadalajara, se tomara unas fotos con soldados y equipo militar, la pasada semana.

La toma de las fotos, que solicitó el dueño del Club Chivas, Jorge Vergara y que se concretó el pasado 12 de enero, fue reprobada en una carta privada que hoy reproduce el diario "Milenio" por el Secretario de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván.

El ministro ha dispuesto que "se apliquen de inmediato las medidas disciplinarias correspondientes a los responsables" de la iniciativa, señala la misiva dirigida al periodista Joaquín López Dóriga, columnista de "Milenio" crítico en su texto de ayer con la iniciativa.

Hace seis días los futbolistas accedieron a las instalaciones castrenses y se tomaron fotos con un grupo de soldados, quienes pudieron también tomarse fotos con ellos y pedirles autógrafos.

Entre las fotos hubo algunas de las estrellas del "Rebaño Sagrado", como se conoce popularmente a las Chivas, subidos en un tanque y rodeados de los militares.

En otras aparecen las estrellas del fútbol mexicano subidas a un Hummer.

El periodista López Dóriga se preguntó públicamente ayer en una columna si la institución castrense, había "autorizado esta mascarada" a lo que contestó también por carta de inmediato el general mexicano con el anuncio de una sanción.

Galván aclara que sólo se permitió "un encuentro deportivo entre el equipo de Guadalajara y el personal, pero de ninguna manera los actos que han sido difundidos", indica la misiva a la que tuvo acceso Efe.

El ministro asegura que intentará "preservar intacto el prestigio que con tanto esfuerzo ha alcanzado el Instituto Armado" al frente de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

El Chivas utilizó las fotos en publicidad pagada donde el equipo aparece en formación con los soldados, formando todos ellos una estrella, con los soldados armados y los jugadores en calzón corto, con su camiseta rojiblanca.

Vergara, un excéntrico y controvertido empresario de Jalisco, oeste de México, acostumbra a promover este tipo de sesiones en lugares curiosos, emblemáticos o populares.

El Chivas de Guadalajara, equipo cuya mascota es una cabrita, es uno de los conjuntos más populares que hay en el fútbol mexicano.

EFE act/gb/chs

Terra/EFE

(Terra, 18 de enero de 2007)

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Calderón inaugura régimen militaroide

POR PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Felipito Calderón, cuya presidencia espuria le queda grandrísima, contlnúa en más de lo mismo: Dócil sirviente de los intereses trasnacionales; metido en el infierno de la corrupción y la impunidad imperante en las últimas décadas. Enemigo de la educación, su primera intención fue reducir el presupuesto del ramo, lo cual le fue enmendado por los legisladores que no quisieron involucrarse en ese atentado contra México. También propuso elevar el precio de los refrescos y cigarros.

En otro sentido, Felipito omitió considerar a los migrantes en el Presupuesto de Egresos para 2007. Ni un peso solicitó para hacer realidad 14 de los Programas de Protección de los Mexicanos en el Exterior. O sea, no le importa la suerte de nuestros miserables braceros que se arriesgan a ir a los Estados Unidos para buscar trabajo y ganarse unos dólares con el fin de subsistir; lo que les fue negado en su propia Patria. A Calderón nada le interesa que a los migrantes los maten, los tortturen, los balaceen. Su mentalidad es militaroide, represiva. Es notoria su taita de sensibilidad y calidad humana.

En el incipiente sexenio calderonista, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció en su informe preliminar del 18 de diciembre, lo siguiente: en Oaxaca prosigue una "situación de conflicto", hubo 20 muertos, 349 detenidos y 370 lesionados. Precisó que la Policía Federal Preventiva "hizo uso excesivo de la fuerza; la vida institucional, dañada". Los miembros de la APPO continúan siendo agredidos y encarcelados.

Pero, eso si Calderón sostiene al gobernante Ulises Ruiz, quien se ha manchado con más de una docena de asesinatos en la entidad.

Según acuso Andrés Manuel López Obrador recientemente en Campeche, la familia del jefe de la Oficina de la Presidencia de la República Juan Camilo Mouriño Terrazo, trafica gasolina a través de la empresa Grupo Energético del Sureste. Creó un emporio en Campeche y ha empobrecido a los trabajadores. Al respecto, ese señor representa el macabro papel que desempeñó durante el sexenio salinista Joseph. Maríe Córdoba Montoya. Siempre está junto al presidente Calderón para escuchar lo que dicen y hacen los funcionarios que acuden a Los Pinos. Les aplica "marcaje personal", según se denunció en El Universal el 19 de diciembre pasado.

¡Qué sombrío panorama nos espera bajo un neosalinato! Por lo que se ve, el presidentito se encuentra aprisionado por el pulpo de los intereses creados prliistas, televisivos, banqueros, empresariales foxianos.

Calderón sigue en el más de lo mismo, con su campaña mediática a través de la televisión y la radio, al Igual que Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Salinas de Gortari, exaltando desde el inicio de su gobierno sus demagógicos actos.

En el equipo calderonista se ha infiltrado la corrupta Elba Esther Gordillo, quien colocó a su yerno Fernando González Sánchez como subsecretario de Educaci6n Básica en la Secretaría de Educación Pública.

Al respecto, Noé Rivera ex-operador político de Elba Esther Gordillo, denunció que González Sánchez fue contrabandista de relojes Rolex en un vuelo de San Diego-Tijuana, pegándoselos en el cuerpo bajo la ropa (entre 100 Y 150, con valor de decenas de miles de dólares.)

A Femando González Sánchez le ha llovido en su milpita. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pidió su renuncia o destitución inmediata, debido a que es "inaceptable que el poder corrupto del sindicato se instale en forma descarada" en la Secretaría de Educación Pública" '

Agregó la CNTE que el yerno de 1a maestra Gordillo se caracteriza por su "servilismo y la obediencia a los intereses" de dicha maestra, lo cual garantiza "el monopolio podrido de la ex priísta en la SEP".

Por otra parte, Guillermo Aréchiga, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaclón, expresó que parte del equipo de Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP, "tiene los mismos nexos, la misma escuela y comparte orígenes en cuanto a una ideología de derecha". (La Jornada, 14/12/06)

Y sigue la mata dand: en el equipo calderonista: Jesús González Schmal, ex¬ presidente de la Comisi6n Especial de la Cámara de Diputados que investiga a la empresa Construcciones Prácticas, denunció públicamente que el ahora subsecretario de Educación Básica de la Secretaría da Educación Pública, Fernando González Sánchez, firmó en el Comité de Créditos del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales para los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) préstamos a favor de profesores y servidores públicos que adquirieron casas en Acapulco, que a la larga fueron vendidas a precio de regalo por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) a los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún, por conducto de la inmobiliaria Kilate. Dichos créditos fueron irregulares y ni siquiera los adquirentes lograron escriturar las propiedades.

EL EQUIPO CALDERONISTA, CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Autoritariamente, Felipe Calderón se he proclamado como adalid de la libertad de expresión. Pero ya en la práctica está afilando sus colmillos para censurar tan sagrado principio. José Gutiérrez Vívó, director general del Grupo Monitor reveló en la ceremonia de entrega de los premios nacionales de periodismo organizado por el Club de Periodistas de México, que antes de que tomara posesión el nuevo Presidente, el equipo calderonista le envío un mensaje: Están castigados. Vamos a ver cómo se comportan. Si quieren difundir nuestra información, bien; si no, también. Cuando consideremos que hay un buen comportamiento, entonces se arreglara una entrevista con el Presidente Calderón".

Al respecto, el connotado y valiente periodista comentó lo siguiente: "Parecerá increíble lo que voy a expresar, pero estoy muy consciente de lo que estoy diciendo: Nunca me había tocado, en 40 anos, que antes de que se tomara posesión de un cargo, se mandara un recado diciendo "están castigados. Vamos a ver cómo se comportan, vamos a ver su conducta. No nos importa que trasmitan la información de esta oficina de la Presidencia. ¿Qué pueden hacer? Y si se portan bien, en algún momento les dará una audiencia el señor Presidente para llegar a un arreglo".

Exclamó Gutiérrez Vivó: "Esto es una vergüenza que no se puede! tolerar. Simplemente no buscó apoyos que luego se mal entienden. pero es intolerable que a estas alturas, y en este mundo que tanto se dice que es transparente y globalizado, tengamos que escuchar esa. clase de mensajes que me parecen indignos de la Presidencia de la República y de quien perfectamente sé quien me los envió".

En parecidas circunstancias se encuentran los íntegros periodistas Carmen Aristegui y Ricardo Rocha.

¿Este es el régimen gobiernista defensor" de la libertad de expresión?

Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en manos del salinista Luis Téllez, ha descartado la iniciativa de concesionar una tercera cadena de televisión en México, que pueda hacer competencia a los monopolios de Televisa y de TV Azteca, con lo cual se sigue coartando una amplitud informativa que realmente pueda responder a la realidad de la Nación mexicana.

El equipo calderonista prosigue la misma tendencia dictatorial, derechista, conservadora, clerical. Los panistas santurrones se persignan por las mafias que cometen latrocinios durante todo el día, verdaderos hampones y saqueadores. Y en la noche dan gracias a Dios por sus atrocidades. Y hasta en el sueno cometen fechorías.

¿Cuánto durarán en el poder?

(Voces del periodista, enero de 2007)

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Calderón: El grosero uso del Ejército

alvaro delgado

México, D.F., 15 de enero (apro).- A la intimidación social que implica el uso inconstitucional de las Fuerzas Armadas del país por parte de Felipe Calderón, quien suple la incompetencia y aun robustece la complicidad de la autoridad civil ante y con los capos del narcotráfico, se suma ahora la insolente utilización del Ejército para promocionar al equipo de futbol Guadalajara, propiedad de Jorge Vergara.

Vergara, cuya repentina transformación de vendedor de carnitas a magnate del futbol no se explica sin la colusión con miembros del poder público --como Francisco Ramírez Acuña, Vicente Fox y Marta Sahagún--, puede hacer con su equipo lo que le venga en gana, como lo hizo el año pasado, al disfrazar de payasos de circo a los jugadores, pero no tiene derecho a hacerlo con una institución de la República.

Por supuesto, la decisión de utilizar como patiños a 200 militares de la 15 Zona Militar, que posaron en fotografías propagandísticas para el negocio de Vergara, entre ellas en medio de tanques de guerra, tiene un único responsable: Felipe Calderón, cuya urgencia de afirmación personal y política coloca a las Fuerzas Armadas en el extremo del ridículo.

Si ya de por sí los mandos y tropas de las Fuerzas Armadas han sido expuestos al poder corruptor del crimen organizado y aun a la represión contra mexicanos, debido a la incompetencia de los políticos para contener conflictos sociales --por la vía del disfraz de militares con uniforme gris--, el uso de elementos y equipo castrense es más grave que una sola ocurrencia de quienes asaltaron el gobierno.

Nada más falta que los militares sean utilizados por modistos en pasarelas de modas. Ni siquiera Fox, que ya es mucho decir, usó de manera tan utilitarista al Ejército, que eventualmente puede beneficiarse en imagen con su sometimiento al dueño de las chivas, ciertamente el equipo de futbol más popular de México, integrado sólo por mexicanos y en búsqueda del segundo campeonato, en lo que se denominó “Operación bicampeonato”.

“Luego de conseguir el décimo primer título, chivas tiene como propósito ir por el bicampeonato y para ello se integran en un solo equipo, juntando la unión, la fuerza y la disciplina, tal y como lo hace el Ejército mexicano. Se tomaron dos fotos especiales, una posando en un tanque de guerra y con 200 militares alrededor, y una muy emotiva, donde se formó una estrella gigante de color verde militar y en medio los jugadores campeones del futbol mexicano”, dice el boletín del equipo de las chivas.

Y expresó Vergara: “La foto me encantó. Cumplimos un propósito que era la de agradecer al Ejército por todo lo que hacen por México y que tenemos en común que somos puros mexicanos y por supuesto exitosos.”

El mismo propietario del equipo de futbol mandó publicar desplegados en los diarios una “promesa de mexicanos a mexicanos”, dirigida al general de brigada Amado Enésimo Flores Morales, comandante de la XV Zona Militar, acompañada de una fotografía, en la que soldados forman una estrella, en medio de la cual se ubican los jugadores de chivas:

“Gracias por haber compartido con usted y los integrantes del heroico Ejército nacional a su cargo, la foto oficial de nuestro equipo. Prometemos, en honor a la patriótica misión que desempeñan (sic) incansablemente a través de la protección civil, solidaridad internacional (resic), socorro en desastres naturales, conservación del medio ambiente y trabajo social, que la próxima estrella que ya empieza a iluminarnos será para ustedes.”

Más allá de la empalagosa palabrería de Vergara, solapada por Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, esta grosera mezcla de jugadores de futbol y soldados es una violación clara a la Constitución y de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos.

Calderón y su secretario de la Defensa Nacional sólo pueden hacer lo que la Constitución y las leyes los facultan y no lo que se le venga en gana, y en ninguna parte de las disposiciones los autoriza para que los elementos castrenses sean utilizados como actores y escenografía de negocios particulares, salvo que se quiere hacer pasar esa utilización como “acción cívica”.

En las Fuerzas Armadas haya oficiales dignos que, sin duda, deberán manifestar su repudio a una conducta que, en vez de enaltecerla, envilece a la institución armada. La disciplina, valor que priva en las filas del Ejército, no es atenuante ante la arbitrariedad y la frivolidad civil.

Apuntes

Ya se ha acreditado aquí, en varias ocasiones, que Calderón no es lo que dijo ser, y en una de las materias en las que se exhibe a plenitud es en la transparencia, que debe actuar conforme a la ley. Cualquier que quiera saber, por ejemplo, quiénes forman parte de la nueva alta burocracia en el portal de Internet de la Presidencia de la República no puede hacerlo, en contra de lo que dispone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. A mes y medio del inicio del desgobierno, hay un aviso: “Agradecemos su comprensión y le comunicamos que en breve culminaremos con este proceso, por lo que nuevamente (sic) podrá consultar la información de su interés.” Pero la ley es la ley, mientras todos lo productos de consumo --tortillas incluidas-- siguen subiendo de precio y Calderón anuncia su más reciente puntada: Creación de empleo por decreto…

delgado@proceso.com.mx

(Proceso, 15 de enero de 2007)

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Calderón: la tentación totalitaria

Jorge Camil

La reciente aparición de Felipe Calderón con chaqueta y gorra militar es preocupante, porque fortalece la creencia de que el régimen descansa cada vez más en las fuerzas armadas. Y aunque la salida fácil es la "guerra contra el narcotráfico", un tema que aplaudimos todos los mexicanos, por más que tenga matices parecidos a la "guerra contra el terrorismo" del señor Bush, es imposible separar el apoyo militar del acrimonioso conflicto electoral de 2006. En este contexto, la gorra de cinco estrellas pudiese estar más bien destinada a fortalecer la figura presidencial. (¿Quién se atreve a meterse con el comandante supremo de las fuerzas armadas?)

Tras el desastroso final de Vicente Fox se especulaba que Calderón iniciaría su mandato con algún hecho espectacular destinado a restablecer el orden, asegurar la gobernabilidad y comenzar a ganar la presidencia desde la presidencia. Algunos imaginaron que rompería el duopolio televisivo e iniciaría acciones legales contra los hijos de Marta Sahagún y el ex gobernador del estado de México. Se hablaba de tempranas iniciativas de ley destinadas a fomentar la competencia económica como paso inicial para erradicar los principales monopolios empresariales. Pero no. Aún no. Quizá jamás lleguen a materializarse en este sexenio las acciones surgidas del imaginario popular, de ese terco deseo de que las cosas cambien, de que lleguemos finalmente a la meta de esta interminable transición democrática. Calderón, en cambio, recurrió a la fuerza militar con excusa de perseguir al narcotráfico en su estado natal y reprimir el movimiento popular en Oaxaca. Y en cuanto al tema económico, propuso un raquítico Presupuesto de Egresos que indica la decisión de continuar privilegiando las finanzas por encima de programas sociales y culturales.

Si el prematuro uso de las fuerzas armadas mostró a un mandatario dispuesto a gobernar con el dedo en el gatillo, el rígido Presupuesto de Egresos, un documento sin pena ni gloria, anunció una presidencia opaca en la que el férreo control económico y administrativo será la prioridad de un régimen claramente neoliberal. Cero déficit, cero deuda, cero tolerancia. El Presidente se presentó como un avaricioso pater familias que gasta con cuentagotas el dinero que ingrese a las arcas de la nación. En un entorno así, los recortes sustanciales en educación pública, ciencia, tecnología y cultura nos dan la medida del hombre: ¡Adolfo Ruiz Cortines en pleno siglo XXI! Sin embargo, en cuanto al uso indiscriminado de la fuerza pública, que pudiese llevar al Presidente a caer en la "tentación totalitaria" de otras épocas, la decisión chocaría con las barreras levantadas durante nuestra inacabada transición democrática. La represión al estilo del rabioso Gustavo Díaz Ordaz, o del autoritario Luis Echeverría, independientemente del motivo, sería impensable de cara a los resultados electorales del 2 de julio. Una ventaja de medio por ciento, proveniente de un tercio del padrón electoral, difícilmente sirve de base popular para justificar el uso continuo e inconstitucional del Ejército para labores propias de los cuerpos policiacos.

Antes de caer en la tentación de regresar al pasado, el Presidente debería considerar que el régimen priísta, el modelo a seguir, contaba con un pacto social no escrito, y el consentimiento tácito de la mayoría, además de indisolubles lazos clientelares con obreros, campesinos y fuerzas populares. Más importante aún, ejercía un férreo control de facto sobre los medios de comunicación. Ese control, no obstante la censura y las veladas advertencias del actual secretario de Gobernación, sería insostenible frente a una libertad de expresión ganada en buena lid por los medios independientes en el contexto de la avasalladora revolución digital. (El presidente de Google, el buscador cibernético, declaró recientemente que el Internet constituye hoy día una garantía de libertad de expresión y democracia. Y tiene razón, porque en un mundo de youtube.com, flickr.com, myspace.com e innumerables blogs personales, en el que millones de noticias, fotos y videos se intercambian diariamente por usuarios privados alrededor del mundo, ¿cómo se podría detener el flujo de noticias de México al exterior y viceversa?)

Por otra parte, cualquier represión sin base popular, sujeta a la convenenciera alianza con el PRI, tendría que salir de una inopinada decisión de jugarse el todo por el todo. Calderón, un panista de la vieja escuela, de los que creían en la "brega de eternidad", se refugió al final en un gabinete partidista e incumplió su promesa de construir un verdadero gobierno de coalición. Continúa ostentándose como un gobernante abierto al diálogo, pero en la práctica designó a un secretario de Gobernación de línea dura con historial en Amnistía Internacional, y sigue privilegiando una preocupante relación con las fuerzas armadas.

¡Que no se equivoque el Presidente!, los Díaz Ordaz y los Echeverría quedaron sepultados en Tlatelolco. Hoy, el poder político se gana sólo con diálogo, convencimiento y democracia.

(La Jornada, 12 de enero de 2007)

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El comandante supremo

Gilberto López y Rivas

Las primeras semanas del presidente espurio de México, Felipe Calderón, confirman que sobre todo en política, forma es contenido. Su toma de posesión ilegal, rodeado de militares, a la media noche del último día de noviembre y la sesión del Congreso de la Unión en la que juramentó como titular del Ejecutivo, igualmente fuera de las normas y los procedimientos legislativos y constitucionales, protegido y cercado por el Estado Mayor Presidencial, son significativos en cuanto a qué esperar de un proceso marcado por el fraude electoral y la imposición violenta del candidato oficialista por parte de los poderes fácticos y el apoyo tácito de los altos mandos del Ejército y la Armada. Lo que mal comienza mal termina.

La casaca verde olivo y la gorra que ostenta el águila y las cinco estrellas del grado de comandante supremo de las Fuerzas Armadas que portaba Calderón el 3 de enero en Michoacán ­que nunca fueron utilizados por los presidentes priístas­ en una más de sus profusas reuniones con soldados en el corto tiempo de asumir el cargo; el aumento de salarios y recursos para los militares por encima de cualquier otro rubro o sector; la utilización masiva del ejército en operativos contra el crimen organizado en tres estados de la república en violación a la Constitución y, en particular, la violencia ejercida contra el pueblo oaxaqueño y la APPO, hacen pensar que Calderón más que presidente se asume como jefe supremo de la represión y el orden capitalistas.

En estas primeras semanas de la presidencia ilegítima, las acciones de su titular tienen una clara connotación militar y un involucramiento cada vez mayor del Ejército en misiones de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico, lo que significa una confesión del fracaso de la Procuraduría General de la República, las secretarías de Seguridad Pública y Gobernación y la Agencia Federal de Investigación para contener el avance y las ejecuciones (más de 2 mil) de los cárteles de la droga en México y para garantizar una seguridad pública efectiva, profesional y respetuosa de los derechos humanos de los ciudadanos.

Ya en 1999 analizábamos las razones ­que continúan vigentes­ por las cuales las fuerzas armadas mexicanas se encuentran en desventaja en la lucha contra el narcotráfico: 1. El adiestramiento de los militares no va encaminado a prepararlos para misiones de seguridad pública y lucha contra el tráfico de drogas. 2. El crimen organizado por su poder económico penetra fácilmente las estructuras castrenses a través de su cooptación, corrompiendo a la institución armada desde la tropa hasta la alta oficialidad y convirtiéndola en cómplice de la acción delictiva. 3. Los recursos materiales de las fuerzas armadas están en desventaja con respecto al crimen organizado, el cual cuenta con los más modernos medios de comunicación e intercepción de señales, armamento, vehículos, aeronaves, navíos e infraestructura operativa. 4. La saturación de misiones de las fuerzas armadas traen consigo desgaste y deserciones: trabajo de inteligencia, seguridad pública, lucha contra el crimen organizado, represión de disidencias sociales y contrainsurgencia (las cuales abarcan diversas tareas de labor social y propaganda entre la población civil), contingencias y desastres naturales, etcétera. 5. Predominio del narcotráfico marítimo y en consecuencia fracaso en la contención de cargamentos ante la obsolescencia de las embarcaciones y los recursos de la Armada. 6. Resultados nulos, desprestigio, invasión de esferas de competencia entre sí (Ejército y Marina) y con diversas instituciones federales y estatales. 7. Inversiones inútiles en compra de transporte aéreo y marítimo inservible y riesgoso. 8. Nulo monitoreo del Congreso de la Unión y de la sociedad civil en el presupuesto militar, el cual resulta en un botín que propicia también la corrupción y la discrecionalidad en el gasto público. 9. Dependencia cada vez mayor de las fuerzas armadas mexicanas a Estados Unidos e incorporación de las mismas a los planes y mecanismos de dominio estratégico imperialista a través de la lucha contra el narcotráfico y ahora del "combate al terrorismo internacional".

A Felipe Calderón parecen no importarle estos señalamientos reiterados a lo largo de más de una década desde muy diversas perspectivas críticas, inclusive dentro de los reducidos sectores patrióticos de las propias fuerzas armadas (¡que los hay!), y ha inaugurado su gobierno usurpado a partir de una colaboración estrecha con los nuevos secretarios de Marina y Defensa Nacional encauzando la realización de operativos militares espectaculares condenados al fracaso y cuya finalidad es tranquilizar a quienes lo llevaron al poder, mostrando su mano firme y sus aficiones militaristas y represivas.

Así, lo más preocupante de estas primeras semanas de Calderón es el mensaje que está dando a los ciudadanos todos y a la oposición de izquierda en particular: 1. Soy un presidente ilegítimo repudiado por millones de mexicanos, pero cuento con el apoyo de los militares. 2. Mi prioridad como gobernante es la seguridad para los capitales y la mediatización y control de la disidencia y la protesta social. 3. No me importa recortar el presupuesto para la educación, la salud, la cultura y el gasto social mientras el sector castrense se sienta no sólo apoyado, sino estimulado para el desempeño de sus tareas.

No serán posibles la intimidación ni el repliegue de los movimientos sociales del pueblo mexicano ante estos intentos por hacer retroceder al país a etapas ya superadas por décadas de luchas civilistas, democráticas y de defensa de la soberanía e integridad de la nación. ¡La derecha no pasara!

(La Jornada, 12 de enero de 2007)

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México, con Calderón, podría estar en el inicio de un lento proceso de militarización

Carlos Fazio
Rebelión


Compañeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO),de la Asamblea Popular de los Pueblos de México (APPM)y de la Fracción Parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados.


Dado que en otras ocasiones y en ámbitos diferentes me he referido a la situación de los derechos humanos en Oaxaca y a que durante el evento que nos convoca se rendirán diferentes testimonios de víctimas directas de la represión, quiero enfocar mi intervención en el análisis de la coyuntura y las tendencias hacia la conformación de un nuevo régimen autoritario en nuestro país.

México vive un larvado proceso de fascistización. Si no se lo frena ahora, su consecuencia lógica puede ser la consolidación de un Estado terrorista. Conviene tomar en cuenta que el terrorismo de Estado es algo más que la violenta implantación de un régimen dictatorial: es una política cuidadosamente planificada y ejecutada que responde a un proyecto de dominación de clase tendiente a configurar un nuevo modelo de Estado que actúa pública y al mismo tiempo clandestinamente a través de sus estructuras institucionales.

El estado de Jalisco, en 2004, con Francisco Ramírez Acuña, y los estados de México y Oaxaca, en 2006, bajo las gubernaturas de Enrique Peña Nieto y Ulises Ruiz, respectivamente, son sendos laboratorios para la imposición de un nuevo modelo de dominación a nivel nacional. En dichos casos, el Estado abandonó abierta o encubiertamente el imperio del derecho y adoptó formas de excepción, dando vigencia a la máxima latina “lo que place al príncipe tiene fuerza de ley”. En esos casos, los gobernadores de Jalisco, estado de México y Oaxaca contaron con el aval del ex titular del Poder Ejecutivo, Vicente Fox, y con la actuación violenta de fuerzas coercitivas, locales y federales.

El uso de la fuerza guarda relación con la pérdida de hegemonía del bloque de poder, a través de sus representantes políticos y portadores ideológicos, lo que obligó a la adopción de formas excepcionales para la solución de las crisis. La fractura en el bloque de poder −la ausencia de consenso político por parte de los intereses del capital monopólico y las constantes disputas entre las fracciones de clase dentro del bloque dominante−, y la ineficacia de los instrumentos coercitivos que garantizaban un consentimiento condicionado de las clases subordinadas −verbigracia, la incapacidad de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) para encauzar la lucha de clases dentro de los canales legitimados por el sistema−, llevaron a la sustitución de los mecanismos de dominación. Cuanto más graves y catastróficas sean estas crisis, más excepcionalidad adquirirá la forma del Estado; más apelará el bloque de poder a los estamentos militares y paramilitares (escuadrones de la muerte, sicarios a sueldo, policías ministeriales, municipales y auxiliares vestidos de civil, como ocurre hoy en Oaxaca) para resolver de manera coercitiva lo que no le es posible ya lograr por el consentimiento.

Guiados por una fría racionalidad tecnocrática institucionalizada, en la coyuntura del 2006, el fraude electoral −un nuevo fraude de Estado montado en parte sobre el voto del miedo−, así como la represión violenta de tipo contrainsurgente en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Michoacán), San Salvador Atenco (estado de México) y Oaxaca, y un virtual estado de sitio en torno al Palacio Legislativo de San Lázaro (en vísperas y durante el sexto informe de gobierno foxista y el cambio de mando Fox-Calderón), han sido las formas de control directo del Estado y el acomodamiento del mismo a las necesidades de los intereses estratégicos afectados.

De manera gradual desde la insurrección campesino-indígena del EZLN en Chiapas (1994), México ha vivido un lento proceso de militarización de todo el aparato del Estado y adoptado cada vez más formas propias de un Estado de excepción. El Estado-mediación ha ido cediendo espacio al Estado-fuerza, lo que, de suyo, implica la elaboración de un nuevo derecho de base esencialmente discrecional en cuanto a las facultades de los poderes públicos, sin sujeción a criterios de razonabilidad y autolimitación.

La “legitimación” del uso de la represión violenta desproporcionada y la práctica de la tortura contra grupos altermundistas en Jalisco (2004), por el secretario de Gobernación del régimen actual, Ramírez Acuña, y la reproducción aumentada del nuevo modelo autoritario en Michoacán, Atenco y Oaxaca (2006), configuran un Estado contrainsurgente en ciernes. Una nueva “filosofía” y un nuevo tipo de dominación que, con el aval de Felipe Calderón desde antes de asumir el cargo como presidente impuesto, y con el concurso del Ejército, la Marina de Guerra, la Policía Federal Preventiva (PFP), la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la actuación de grupos paramilitares, exhibe de manera descarnada, en Oaxaca, la nueva faz de un Estado clandestino que utiliza el crimen y el terror como método.

Asimismo, como laboratorio del horror, Oaxaca exhibe la impunidad fáctica y jurídica de “las fuerzas del orden”, amparadas por un sistema judicial cómplice y temeroso, que ha sido usado como instrumento de represión, persecución política y amedrentamiento. Una impunidad total para matar, secuestrar-desaparecer, aprisionar, torturar, vejar, humillar, violar sexualmente y trasladar a miles de kilómetros, fincándoles cargos múltiples, a disidentes políticos considerados “vándalos”, “subversivos” o “terroristas” según la lógica que impera en las estructuras del poder dominante, local y federal.

Ante la incapacidad de las viejas formas de dominación para defender el orden capitalista dependiente y contrarrestar la contestación social en ascenso, la clase en el poder incorpora una actividad paralela del Estado mediante una doble cara de actuación de sus aparatos coercitivos: una pública y sometida a las leyes, y otra clandestina, que aplica el “terror benigno” al margen de toda legalidad formal.

La conformación de un “gabinete de choque” por el espurio Calderón, con la llegada del ex subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Agustín Carstens, a la Secretaría de Hacienda y el “padrino” Francisco Ramírez Acuña a Gobernación −prontuariado por organizaciones humanitarias por los delitos de tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación de prisioneros y ahora dotado de amplias facultades para coordinar acciones de seguridad nacional−, anticipaban ya, en diciembre pasado, un gobierno de “mano dura” afín a los intereses cupulares del Consejo Coordinador Empresarial y sus aliados transnacionales.

Asimismo, la designación de dos hombres extraídos de los sótanos de la seguridad del Estado, Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, en la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), respectivamente, formó parte del mensaje autoritario inicial del nuevo gobierno. La reubicación en puestos clave del área de seguridad, de dos hombres que participaron en tareas de mando en los hechos de violencia estatal antiterrorista en Michoacán, Atenco y Oaxaca, no sólo dio una idea del continuismo del régimen de derecha panista sino que evidenció la voluntad del titular del Ejecutivo federal de persistir en las políticas de escarmiento y terror disuasorio, violatorias de los derechos humanos, del gobierno anterior.

La tendencia hacia la conformación de un régimen de fuerza de nuevo tipo, sustentado en el poder de las armas, el terrorismo de Estado y la censura previa,2 y no en la Constitución, las leyes y la civilidad republicana, se ha venido confirmando con la militarización de la seguridad interior vía la presunta “guerra” contra el crimen organizado (operativos castrenses Michoacán, Tijuana y Sinaloa) y el proyecto de reingeniería de los órganos de seguridad del Estado, que comprende la creación de un Cuerpo Federal de Policía y gendarmerías supervisadas por el Ejército en localidades con menos de 20 mil habitantes así como la figura de un nuevo “zar” antidrogas.3



Calderón: ¿mano militar?



Felipe Calderón dijo en campaña que tenía la “mano firme” para restablecer “el orden y la seguridad” en México. Y desde que asumió la Presidencia ha esgrimido un vocabulario bélico e incluso se exhibió en indumentaria militar. Sin embargo, en política, la forma y los símbolos importan. Por eso, el “estilo personal de gobernar” del actual titular del Ejecutivo ha arrancado algunas expresiones de alerta.

Desde un primer momento, Calderón, quien ganó los comicios por medio punto porcentual y cuya legitimidad ha estado acotada por la sombra de un megafraude de Estado, ha querido significar su asociación con las Fuerzas Armadas. Ningún otro asunto ha recibido tanta atención en los medios masivos de comunicación, en particular en la radio y la televisión, como los anuncios de la Presidencia para mostrar su cercanía con las instituciones armadas.

En el primer minuto del 1 de diciembre pasado, en una ceremonia sin precedentes en la vida republicana de México, Calderón asumió la titularidad del Poder Ejecutivo en la residencia oficial de Los Pinos rodeado de militares. En un acto simbólico de traspaso del poder, su antecesor, Vicente Fox, se despojó de la banda presidencial y la entregó a un cadete del Colegio Militar. Acto seguido, ya investido como mandatario, Calderón tomó protesta a los miembros de su gabinete de Seguridad Nacional.

Horas después se produciría su agitada toma de mando ante un Congreso militarizado. Pero lo más significativo de ese 1 de diciembre fue la presencia de Calderón en el Campo Marte, donde presenció un desfile castrense y luego, exceptuándolos de la austeridad burocrática, anunció un aumento salarial para los miembros de las instituciones armadas.

Con posterioridad, en el marco de una gran cobertura mediática y contraviniendo el texto del artículo 129 constitucional, que prohíbe a las Fuerzas Armadas ejercer en tiempos de paz funciones que no tengan “exacta conexión con la disciplina militar”, lanzó su “guerra” contra el narco y la delincuencia organizada mediante la intervención combinada de soldados del Ejército, infantes de Marina y las policías de todos los niveles en Michoacán, Baja California y Sinaloa, estados detectados como los principales “focos rojos” de la criminalidad.

Previamente había ordenado transferir 7,500 efectivos de la Tercera Brigada de Policía Militar y 2,500 de la Marina de Guerra a la Policía Federal Preventiva, confirmando el carácter paramilitar de ese cuerpo, en un hecho que entraña, a la vez, una contradicción, ya que la tarea de prevención del delito no se lleva con la preparación y la actividad castrenses.

En el Presupuesto para el año fiscal aprobado en diciembre por el Congreso, se registró un aumento significativo en el rubro seguridad, en detrimento de otras áreas como educación y cultura. Así, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública pasó de 9.5 mil millones de pesos en 2006 a 13.6 mil millones para 2007; el de la Secretaría de la Defensa Nacional aumentó de 26.9 mil millones de pesos a 32.2 mil millones, y el de la Marina pasó de 9.4 mil millones de pesos a 10.9 mil millones de pesos para los mismos años.4 Por su parte, la Secretaría de Gobernación gastará casi 40 por ciento de su presupuesto en inteligencia estratégica y seguridad nacional.5

Por otra parte, el 3 de enero pasado, en la que fue su primera actividad pública en 2007, el Presidente se presentó en el cuartel principal de la 43ª. Zona Militar, en Apatzingán, Michoacán, ataviado con una gorra de cinco estrellas y casaca militar de combate, rindió “tributo” a las Fuerzas Armadas y compartió el “rancho” (el pan y la sal según la jerga castrense), con los soldados. Desusado en México, el gesto fue interpretado como un intento por ostentarse como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pero también fue visto como una manera de demostrar que cuenta con el apoyo del Ejército después de una elección muy cuestionada. Miguel Angel Granados Chapa habló incluso de la “sujeción” del presidente de la República a las Fuerzas Armadas.6 Y la portada de la revista Proceso de esta semana es de suyo elocuente: “El rehén”, es el título de portada que atraviesa una foto que exhibe a Calderón con quepí militar y uniforme de faena verde olivo, rodeado de mandos castrenses.7

Los espectaculares y multipublicitados operativos conjuntos del Ejército, la Marina de Guerra y las distintas policías contra el narco y la delincuencia organizada han arrojado hasta ahora magros resultados. Lo que sí avanza de facto es la reestructuración de todas las policías bajo un mando único a nivel federal.

El proyecto ha sido elaborado por expertos en contraterrorismo que han pasado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), con asesoría de mandos militares, de la Guardia Civil española, la policía francesa y otras corporaciones extranjeras como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Sin que hayan sido aprobadas por el Congreso las reformas legales correspondientes para su creación, el nuevo Cuerpo Federal de Policía (CFP) fusionará y asumirá las atribuciones, facultades, capacidades y la operación de la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigaciones y la Inspección Migratoria, y muy posiblemente también a la Policía Fiscal, que hoy depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De manera provisoria, hasta que el Congreso apruebe las modificaciones, el mando de la CFP −que hará las veces de una policía nacional encargada de la seguridad, pero también del control de los movimientos políticos y sociales−, ha sido encomendado al general de Brigada Ardelio Vargas Fosado, quien el 15 de diciembre pasado fue designado comisionado de la PFP y director de la AFI, simultáneamente.8

El general Vargas, quien inició su carrera en el área del espionaje político en la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) y fungió como director de investigaciones en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), antes de ser nombrado jefe del Estado Mayor de la PFP, cargo desde el cual dirigió en el terreno los operativos contrainsurgentes en San Salvador Atenco y Oaxaca, en 2006, comandará una fuerza de 40 mil hombres.

Asimismo, el comisionado tendrá bajo su mando a cinco comisarios, cada uno a cargo de un área específica: policía ciudadana, policía auxiliar del Ministerio Público, aduanas, migración e inteligencia. Esta última, cuyo comisario designado es Ignacio Nemesio Lugo, se encargará de investigar terrorismo y grupos armados.9

Trascendió que en la creación de la figura de un “zar” antidrogas, el gobierno de Calderón ha trabajado de manera estrecha con autoridades de Estados Unidos adscritas al área de seguridad nacional y altos mandos militares. Se anticipa, también, que el nuevo “zar” antinarcóticos tendrá vínculos directos con todas las áreas de los departamentos de Estado y del Tesoro, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la agencia antidrogas de Estados Unidos. Se prevé incluso la instalación de más oficinas de la DEA en territorio mexicano.10

En el marco del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), igual que Vicente Fox, en el gobierno de Calderón la política interior de México forma parte de la agenda de seguridad nacional de Washington. Por su asimetría, la militarización y transnacionalización de los “esfuerzos bilaterales” del combate contra el crimen organizado y el terrorismo, significa, para México, una cesión de soberanía.

Por otra parte, cabe apuntar que la “guerra” del Estado contra el crimen organizado plantea un falso dilema. Se podrá controlar, administrar o acotar al hampa. Pero no derrotarla. Porque en México existe una corrupción institucionalizada. La criminalidad organizada ha tenido un desarrollo endógeno. No se trata de un fenómeno paralelo, ajeno a las estructuras del Estado. Ha crecido al interior mismo de la estructura de poder. Atraviesa a las grandes empresas, la banca privada, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, el aparato judicial, la clase política.

Con medidas de tipo policial y militar, Calderón podrá intentar devolver cierta autoridad al Estado y un mínimo de orden a la sociedad. Que paren las decapitaciones y la violencia extrema. Pero nada más, salvo intentar legitimarse.

Para derrotar a la criminalidad se necesita reformar a fondo las injustas estructuras. Pero esa no es la “misión” del proyecto conservador de Felipe Calderón.

De allí que, como decíamos al principio, lo que se avizora para México sea un nuevo modelo autoritario de seguridad. Un Estado de corte cada vez más policial-militar, basado en prácticas de tipo contrainsurgente. Un nuevo Estado de excepción, que con la excusa de combatir a los cárteles y las mafias, esté dirigido a controlar y/o aplastar a los movimientos sociales y a la disidencia política interna.

México viaja a contracorriente de los vientos de fronda que azotan la geografía latinoamericana. Con Calderón, presidente débil, podríamos estar asistiendo a un proceso de bordaberrización del Estado. La expresión alude a la experiencia uruguaya protagonizada por el presidente Juan María Bardaberry, quien llegó al gobierno en 1972 mediante un fraude electoral y un año después, con apoyo de los militares, disolvió el Parlamento, ilegalizó los sindicatos, cerró la Universidad y dio inicio a un proceso cívico-militar basado en la represión, la desaparición y la tortura, de la mano de una Doctrina de Seguridad Nacional patrocinada por Estados Unidos en todo el Cono Sur de América Latina.

Es decir, México, con Calderón, podría estar en el inicio de un lento proceso de militarización bajo fachada civil, sustentado en leyes de excepción.

Al respecto, cabe recordar, finalmente, que, como decían los clásicos y sucedió en Uruguay y otros países de la región, “las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse sobre ellas”.



1 Carlos Fazio, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Periodista y escritor. Colaborador de La Jornada.

2 En enero de 2007, el director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Garzón Valdez, contraviniendo el artículo séptimo constitucional, censuró un programas en medios electrónicos de Andrés Manuel López Obrador, para transmitirse con cargo a los tiempos oficiales del Partido de la Revolución Democrática, donde había fragmentos de su toma de posesión como “presidente legítimo” de México.

3 Gustavo Castillo García, “Plantea el gobierno gendarmerías para pueblos con menos de 20 mil habitantes”. La Jornada, 17 de diciembre de 2006

4 José Luis Piñeyro, “Gasto, ¿público?”. El Universal, 6 de enero de 2007.

5 Fabiola Martínez, “Usará Gobernación 40% de su gasto en inteligencia y seguridad nacional”. La Jornada, 27 de diciembre de 2006.

6 Miguel Angel Granados Chapa, “La sujeción”. Revista Proceso número 1575, 7 de enero de 2007.

7 Ver portada de la revista Proceso número 1575, 7 de enero de 2007.

8 Gustavo Castillo García, “Arranca en los hechos unión de AFI y PFP bajo mando de Ardelio Vargas”. La Jornada, 16 de diciembre de 2006.

9 Gustavo Castillo García, “Plantea el gobierno gendarmerías para pueblos con menos de 20 mil habitantes”, ya citado.

10 Gustavo Castillo García, “Estrecha colaboración México-EU para crear la figura de zar antidrogas”. La Jornada, 5 de enero de 2007.

(Rebelion.org, 12 de enero de 2007. Ponencia presentada en el Foro Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca el pasado Martes 9 denero)

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