Como pago a los “servicios extraordinarios” prestados por el Ejército Mexicano a la Presidencia de la República, las fuerzas armadas buscan que se les retribuya con un presupuesto adicional de 3 mil 500 millones de pesos para el próximo año. Los militares ven la oportunidad de incrementar los recursos destinados a sueldos y prestaciones
Yenise Tinoco
Déficit en vivienda y servicios médicos para militares en activo y en retiro son el saldo de años de abandono en materia de prestaciones a los elementos castrenses, aseguró el director General del Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), Fermín Rivas García, ante los diputados de la Comisión de Seguridad Social. Por ello, el general de división solicitó, en una reunión a puerta cerrada con los legisladores, que se incrementara el presupuesto militar en 3 mil 500 millones de pesos. Con ello se buscaría mejorar las condiciones sociales y de salud de sus derechohabientes.
Rivas García les explicó que el ISSFAM requiere, por lo menos, 3 mil 450 millones de pesos adicionales para subsanar el déficit en materia de servicio médico y de vivienda, y de esa forma estar en condiciones de mejorar salarios y pensiones, y al mismo tiempo evitar deserciones una vez que se proporcionen mejores niveles de vida a los militares.
De acuerdo con datos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), en cinco años han desertado más de 152 mil elementos, en tanto que en la Secretaría de Marina (Semar), en el mismo lapso de tiempo, alrededor de 10 mil efectivos han abandonado las filas de los marinos.
Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, menciona que, en un momento histórico donde se utilizan las fuerzas armadas de manera incorrecta, dándole actividades que no le corresponde encabezar como el combate al narcotráfico, el aumento de salario y de prestaciones se interpretan como “una manera de premiar” las acciones extraordinarias que llevan acabo militares y marinos.
José Francisco Gallardo, general brigadier del Ejército Mexicano y candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que el excesivo presupuesto que hoy pide el titular del ISSFAM, para aumentar las prestaciones a sus miembros, es el pago a los servicios prestados al presidente Felipe Calderón.
“El ejército va a pedir eso y más. Ellos tienen una situación de privilegios que les da ventaja sobre cualquier institución del Estado para hacer esas peticiones, ya que se sienten con el derecho de hacerlas”, considera Gallardo.
El Ejército tiene una demanda de 33 mil solicitudes pendientes para créditos hipotecarios, y al año sólo es posible satisfacer el 7 por ciento. Además, los hospitales castrenses registran un desbasto de medicamento superior al 60 por ciento, el cual tiene que ser solventado por los derechohabientes del sistema de seguridad social militar.
Fermín Rivas García, titular del ISSFAM, expuso a los diputados que en materia de medicamentos existe desbasto en la mayoría de los hospitales de ambas secretarías –Defensa y Marina–, donde el 66 por ciento de las medicinas las otorgan las dependencias. Además, ante la escasez, es el derechohabiente quien termina cubriendo el déficit con sus recursos.
Para resolver el problema de desabasto de medicamentos se requieren 500 millones de pesos. Además, se está depurando la base de datos de los derechohabientes del Instituto, para tratar de hacer una sola tarjeta de identidad con el fin de tener un control administrativo. A la fecha, se han recogido casi 7 mil tarjetas de personas que no deben tener derecho al servicio médico militar.
Entre las prestaciones que se cubrirían con los recursos extraordinarios se encuentra el servicio médico, pues el instrumental quirúrgico, el equipo de Rayos X y de telemedicina de los hospitales de la Sedena y Semar tienen un promedio de vida actual de 15 años.
De acuerdo con información del ISSFAM, anualmente las clínicas del Instituto dan 2 millones de consultas a 610 mil 340 usuarios. El desglose de la forma en que es atendido el universo de elementos militares es: 51 mil 953 militares en situación de retiro; 25 mil 262 pensionistas y 533 mil 125 derechohabientes.
Margarita Arenas Guzmán, diputada panista e integrante de la Comisión de Seguridad Social, sostiene que la atención médica es una de las situaciones más sensibles para la población, y lamenta que no exista estudio alguno que mida la calidad de las más de 2 millones de consultas anuales que brindan los hospitales militares.
Pensiones
El titular del ISSFAM, informó a los legisladores que de los 3 mil 500 millones de pesos, 2 mil 200 millones serían para cubrir las necesidades de los haberes de retiro, pensiones y compensaciones. Se pretende incrementar los montos destinados al retiro, pensiones y compensaciones, de 70 por ciento que en la actualidad se otorga, a 95 por ciento del salario base.
Aun cuando los diputados de la Comisión de Seguridad Social cuestionaron al director del ISSFAM sobre pasivos proyectados a futuro de acuerdo con la tendencia de más retirados, lo cierto es que las pensiones y compensaciones son cubiertas en su totalidad por el erario federal. El instituto no maneja ningún fondo de pensión (Contralínea, 80).
La población de militares en situación de retiro tiene una taza de crecimiento anual del 5 por ciento en promedio. Y los haberes de retiro que perciben para el personal de tropa equivale a 73 por ciento del ingreso mensual del personal activo; así que, si el sueldo promedio mensual es de 5 mil 24 pesos, el retiro es de 3 mil 646 pesos. Para generales y almirantes, de 19 por ciento, es decir, de 111 mil 350 pesos, y su pensión oscila alrededor de los 21 mil 214 pesos por mes.
La reforma
Dentro de la propuesta de reforma que presentó el titular del ISSFAM a la Cámara de Diputados se contemplan tres conceptos principales: incremento de 70 a 95 por ciento a los haberes de retiro, pensiones y compensaciones; un porcentaje adicional para militares en activo que pasarán a situación de retiro con 30 ó más años de servicio y un aumento de las aportaciones del gobierno federal para otras prestaciones.
En el tema de las aportaciones del gobierno federal se pretende obtener mil 250 millones para cubrir de 1.8 a 2 por ciento el haber y sobrehaber de los militares en activo para el Seguro de Vida Militar; de 0.5 a 3 por ciento el haber y el sobrehaber mínimo vigente del personal en activo para el Seguro Colectivo de Retiro, y de 11 a 15 por ciento del equivalente a los haberes de retiro y pensiones para el Servicio Médico y otras prestaciones que no tienen cuota específica.
Por otra parte, el Instituto argumenta que sólo puede rehabilitar las viviendas de su patrimonio en un 3 por ciento, es decir, una vivienda rehabilitada por cada 30 años. Para atenuar el rezago y poner en condiciones óptimas 9 mil 160 unidades, solicita se autorice un recurso por 293 millones de pesos.
Para solucionar el problema en el rezago de entrega de créditos hipotecarios, el ISSFAM considera necesario que el Ejecutivo Federal apoye en forma directa al fondo de la vivienda militar con 500 millones de pesos anuales durante la presente administración.
Además, requiere 304 millones de pesos para levantar casas hogar para militares retirados; apoyo para construir tres centros de desarrollo infantil, tres centros deportivos y de recreo, así como para sostener los cambios de adscripción e incrementar el número de becas escolares –de las 2 mil 410 por ciclo escolar actuales a 10 mil– y para que sean de 400 pesos mensuales en vez de 200.
Los olvidados
Alfonso Suárez del Real, diputado de extracción perredista, comenta que en los últimos años las fuerzas armadas se conformaron con los recursos que el Ejecutivo les asignara. Y señala que los insumos para cubrir las dietas o el pago de estipendios de la tropa y de los oficiales estuvieron muy por debajo del resto de burocracia.
Dentro del mismo Ejército, dice el legislador, los sueldos que tienen los altos mandos reflejan la gran inequidad que existe con respecto al resto de los miembros de las fuerzas armadas, inequidad más acentuada si se los compara con los demás trabajadores del Estado.
Jorge Justiniano González Betancourt, militar de carrera y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, menciona que durante años la tropa no tenía acceso a un crédito hipotecario porque su sueldo no alcanzaba para pedir tal beneficio. Y sostiene que el aumento al presupuesto del ISSFAM para brindar mayores prestaciones a sus derechohabientes “es una deuda que falta cumplir”.
Ramón Valdés Chávez, intrigante de la Comisión de Seguridad Social, dice que resulta necesario un reforzamiento de las prestaciones sociales que se ofertan en las fuerzas armadas con la finalidad de profesionalizar los servicios médicos y garantizar el acceso a las prestaciones que por ley le corresponden, sin dejar de lado la calidad en el servicio.
Recursos propios
Francisco Gallardo considera dudoso el origen de la propuesta del director del ISSFAM, y más dudoso aún el supuesto déficit en sus finanzas. Explica que, dentro del presupuesto de Defensa y Marina, se incluyen recursos para el Instituto.
“El presupuesto adicional que hoy se pide al Congreso se puede subsanar a través de los recursos que genera la Sedena”, dice el general. Dichos recursos provienen de los intereses que cobra el Banco del Ejército por préstamos personales y créditos para la compra de casas o vehículos. Asimismo, la Sedena cuenta con tiendas de servicio en todo el país y cobra cuando rectifica la cartilla militar nacional o cuando otorga permisos para la fabricación de explosivos o para la portación de arma de fuego.
(Contralínea, 1a quincena de agosto de 2007)
miércoles, 1 de agosto de 2007
El ejército pasa factura a calderón
domingo, 29 de julio de 2007
De interés público... Y dale con lo mismo
Julio Morales
El Sol de Parral
29 de julio de 2007
"En este momento podría haber abordado temas como el del "chino gate o el de la reforma fiscal" pero me parece que estos son la cortina de humo para ocultar la militarización del país y ello evidencia claramente la visión errática del gobierno federal acerca de lo que significa la seguridad pública y sus formas de garantizarla; además, las fuerzas armadas continúan haciéndola de policías y eso preocupa porque así desvirtúa su naturaleza jurídica, pues no existe en el país ese estado de excepción que justificaría legalmente su intervención".
Y en ese intento de restablecer el orden público en México, los retenes, toques de queda y demás abusos de militares contra civiles se volvieron cosa común en San Nicolás de los Garza Nuevo León y Ciudad Juárez en Chihuahua en los últimos meses. Violaciones a derechos humanos aunados a modificaciones y decisiones en el terreno legal dieron lugar a Instancias que otorgan mayores facultades y nuevos ámbitos de competencia a las fuerzas armadas, dándose un retroceso grave en la historia del país, al contravenir el actual gobierno, como sucediera en el sexenio Díaz Ordaz - el espíritu Constitucional, montando en las fuerzas armadas todo su programa de seguridad pública nacional, si el 129 constitucional especifica que "en tiempos de paz, las fuerzas armadas no podrán ejercer funciones ajenas a la disciplina militar, mucho menos ejercer funciones policiales", asimismo, el 89 Constitucional en su fracción VI, faculta al Presidente a disponer de todas las fuerzas armadas y enfrentar una invasión extranjera o amenazas a la preservación de la seguridad nacional, sólo así se justificaría la creación de un cuerpo elite. Pero el Decreto publicado en el diario oficial el 10 de mayo pasado, creo el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, grupo elite bajo las órdenes directas del "espurio", dependiendo de manera técnica, operativa y administrativa de la SEDENA; Ahí se estableció que la creación del CFAF tiene el objetivo principal, de manejar situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública con elementos especialmente adiestrados y capacitados. Pero el origen oscuro del actual mandatario y atribuciones que este se auto-otorgó, siembran la duda de que tal cuerpo especial de las fuerzas armadas además de combatir a la delincuencia organizada, sea utilizado en la represión simulada, en actividades contra la guerrilla y suprimir movimientos sociales, es decir, un órgano para perseguir opositores políticos, percepción sustentada en modificaciones al Código Penal para calificar de terroristas a líderes sociales a movimientos en su conjunto. El de Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, procesado irregularmente a 67 años de prisión, por los cargos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación y el de Flavio Sosa líder de la APPO en Oaxaca bajo cargos similares, evidencian tal posibilidad. Baste decir que dicho decreto presidencial que creó el CFAF pasó por encima del Congreso, debido a facultades que otorga al "espurio" el 89 constitucional fracción VI en las Leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea como jefe supremo, que sin embargo, no son reglamentarias exclusivas de la Constitución, porque promulgar tal decreto no es acto meramente administrativo como el impostor lo hizo creer al exponer sus motivos, y si un acto de organización que cae en el ámbito legislativo y al invadir esta esfera, corresponde al Congreso de la Unión reglamentar y ordenar al Ejército; así lo citan los Artículos Constitucionales 29, 31, 35, 89 y 119 además del 73. Si a Usted le interesa consúltelos, verifíquelos y discútalos.
(El Sol de Parral, 29 de juio de 2007)
jueves, 12 de julio de 2007
Movilizan a 5 mil soldados élite
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF)
Jorge Alejandro Medellín y Manuel Lombrera
El Universal
Jueves 12 de julio de 2007
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado el 9 de mayo, y que está bajo las órdenes directas del Presidente de la República, luego de los atentados perpetrados en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde la mañana del pasado 10 de julio, el alto mando movilizó a casi la totalidad de los 5 mil efectivos que integran el CFAF, indicaron altas fuentes militares. Ese día, según las fuentes, el titular de la Sedena, general Guillermo Galván Galván, se reunió en la sala de juntas de la dependencia con los comandantes de las 12 regiones y 45 zonas militares del país para darles a conocer las directivas de seguridad con las que se está enfrentando la situación por los estallidos en Guanajuanto y Querétaro.
El general Galván recibió informes sobre movimientos y presencia de la guerrilla en el país y ordenó a sus mandos triplicar la vigilancia estratégica en la nucleoelétrica de Laguna Verde y en las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas, en Tabasco.
De igual forma, se reforzó la vigilancia en termoeléctricas, hidroeléctricas, presas y plantas industriales que se consideraron como posibles blancos de atentados con explosivos.
Éstas se sumaron a las 142 instalaciones que la Sedena, Marina y la Policía Federal Preventiva (PFP) resguardan en todo el país.
La reunión con los mandos territoriales inició a las 14:00 horas del pasado martes y duró poco más de dos horas; en ella se priorizó reforzar la inteligencia y se ordenó triplicar la vigilancia en Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Tabasco.
Este martes en al menos una docena de estados, elementos del Ejército y PFP reforzaron la vigilancia en refinerías, presas, terminales marítimas y de almacenamiento, y en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un especial énfasis en sobrevuelos de estas instalaciones y sus inmediaciones.
Los pasados 5 y 10 de julio, instalaciones de Pemex en Guanajuato y Querétaro fueron objeto de atentados cuya autoría se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario para exigir la libertad de dos de sus militantes.
Pemex ratificó que se incrementaron sus patrones de seguridad en todas las instalaciones y que, de manera especial, se ampliaron los “celajes aéreos” (vigilancia aérea) con helicópteros y personal de tierra, a lo largo de los 14 mil kilómetros de los derechos de vía en todo el país, que incluye los 65 mil kilómetros de la red de ductos.
En Veracruz, el subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández, dijo que la industria petrolera tiene resguardo permanente por elementos de la Sedena, Marina y Seguridad Pública.
Detalló que Pemex les comunicó que se mantendría —por el momento— la misma vigilancia aplicada desde hace un año, cuando la organización terrorista Al-Qaeda amenazó con atacar instalaciones en México.
En Campeche, el comandante Martín Fernández Zetina señaló que, en coordinación con autoridades de Pemex, reforzó la vigilancia en las plataformas petroleras.
También en Hidalgo militares y agentes federales reforzaron la vigilancia en las instalaciones de la refinería Miguel Hidalgo, y en los ductos de Pemex que atraviesan la entidad, confirmó Víctor Hugo Deschamps Lugo, vocero de la paraestatal.
La misma acción se realizó en el complejo Pemex Cactus y las cuatro hidroeléctricas de Chiapas.
En Salamanca, donde el pasado 5 de julio se registraron cinco explosiones en ductos de gas de Pemex, el edil Ignacio Luna Becerra pidió a los consejeros municipales “permanecer con los ojos bien abiertos” y denunciar al número 066 de Seguridad Pública cualquier irregularidad.
En tanto, el Grupo de Coordinación de Baja California aplicará el plan Centinela para vigilar los puntos vulnerables que pudieran ser blanco de atentados.
En este marco, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, informó que pidió al gobierno federal reforzar todos los lugares estratégicos de Pemex en el estado.
El vocero del sindicato petrolero, Roberto Contreras, afirmó: “No existe ninguna relación entre los accidentes y las negociaciones contractuales porque las pláticas se están llevando en muy buen nivel”. (Con información de Alberto López, Édgar Ávila, Xóchitl Álvarez, Julieta Martínez, Dinorath Mota, Hilda Fernández, Juan Cedillo, Francisco Ynurreta y Óscar Gutiérrez, corresposnales)
(El Universal, 12 de julio de 2007)
miércoles, 11 de julio de 2007
¿Guerra contra el narcotráfico o la militarización de México?
Laura Carlsen | 11 de julio de 2007
Quisiera ofrecer algunos elementos para enmarcar la guerra contra el narcotráfico en un contexto histórico e internacional que espero nos ayude entender los peligros y proponer políticas alternativas y estrategias de resistencia desde ahora.
Este marco ampliado nos da aún más razones por pensar que el modelo militarizado de combate al narcotráfico presente graves riesgos para la soberanía nacional y para los derechos de los ciudadanos mexicanos.
"Guerra contra el narcotráfico": Importación directa de los EEUU
La frase "guerra contra el narcotráfico" fue inventada e utilizada por primera vez por el Presidente Richard Nixon en 1971, en un contexto político muy parecido al actual estadounidense. Empantanado en una guerra que no podía ganar, con un déficit comercial e inflación rampante, en este año Nixon declaró que las drogas eran el "enemigo público número uno".
Nixon entró a la presidencia con la promesa de mano dura contra el crimen. Se dio cuenta que por las características del problema y las responsabilidades principalmente de los estados en el asunto, en realidad tenia pocas posibilidades de tener un impacto grande desde el ejecutivo. Para dar un papel espectacular y preponderante al gobierno federal, creó de un problema preocupante, una verdadera crisis de drogas a través de la manipulación de las estadísticas.
Si este contexto histórico suena parecido es que la invención de la guerra contra las drogas tuvo un objetivo primordial que también se aplica al caso de México hoy—expandir extralegalmente los poderes de la presidencia y consolidar una imagen de líder fuerte frente a la sociedad y en medio de circunstancias difíciles y debilidades políticas. Según varios análisis, se trataba de una manipulación de miedo para ganar poderes de emergencia—incluyendo detenciones preventivas, espionaje, redadas, etc.
Después de lanzar la "guerra contra el narcotráfico" Nixon crea varias agencias anti-droga que tienen en común que reportan directamente al presidente y no pasan por la supervisión del Congreso: el Departamento para la Aplicación de las leyes anti-droga, y después la DEA, una súper-agencia combinando agentes del Agencia de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD), Aduanas, la CIA y la Oficina contra el abuso de las drogas para coordinar esfuerzos locales y federales (ODALE).
Con la creación de estas agencias federales, la presidencia restó de los estados y municipios el poder de combatir las drogas en el marco de un problema comunitario o de salud, y de paso estableció agencias bajo el mando directo del presidente. Esto tendrá grandes repercusiones en el equilibrio de poderes. No es casual que exactamente un año después de anunciar la guerra contra el narcotráfico—el 17 de junio de 1972—un grupo de personas que se conocieron en estas nuevas agencias anti-droga coordinadas por el ejecutivo llevaron a cabo otra encomienda de su presidente: el robo de las oficinas del partido demócrata en el hotel Watergate.
A pesar de que, como todos sabemos, Nixon cayó víctima de su propia arrogancia y excesos, nos dejó con la guerra contra el narcotráfico, un modelo que sigue siendo fundamental para mantener el control en la sociedad estadounidense. La criminalización de los consumidores de drogas ha llevado al encarcelamiento de una gran parte de las poblaciones latina y africano-americana, el enfoque en la producción y abasto en lugar del consumo permite obviar en el discurso los profundos problemas internos de la sociedad estadounidense y la mano dura canaliza fondos gubernamentales a fortalecer las fuerzas policiacas en lugar de gastar el mismo dinero en programas de salud y educación pública en las comunidades.
Pero quizás donde más ha sido útil el modelo es como una herramienta para mantener el control geopolítico. Elevar el tráfico de drogas a un asunto de seguridad nacional le ha permitido intervenir en la política de los países productores de droga y de transito.
Sin duda, el caso clásico de injerencia estadounidense en un país a través del modelo de la guerra contra el narcotráfico ha sido el Plan Colombia.
Plan Colombia
Desde el año 2000 cuando empezó, EEUU ha enviado aproximadamente 4.3 mil millones de dólares al gobierno colombiano supuestamente para la lucha contra las drogas; 76% a las fuerzas militares. Ha sido un fracaso rotundo. No es necesario repetir los resultados—el precio de cocaína en EEUU ha bajado, tiene mayor pureza, y según un congresista la superficie del territorio colombiano cultivado en coca ha incrementado 42%.
Además de su absoluta falta de eficacia en detener la producción, procesamiento y transito de drogas, el Plan Colombia se ha utilizado para apoyar a la derecha colombiana en su guerra contra las insurgencia. El analista Frank Smyth señala que en 2001 Colombia ya había superado a El Salvador como el esfuerzo contrainsurgencia estadounidense más grande desde Viet Nam. Después de unos años, el Plan Colombia fue ampliado formalmente para autorizar el uso de la ayuda militar en la guerra interna y en particular en contra de las FARC.
Con la llegada de armamento y dinero para las fuerzas militares, la violación de derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y el asesinato de civiles también han aumentado de manera tan alarmante que hasta el Congreso de los Estados Unidos está preocupado. En la autorización de nuevos fondos para Plan Colombia, la Cámara de Representantes aprobó una versión que reduce la ayuda militar por 30 millones (36%), pone condicionamientos en materia de derechos humanos, y reduce las fumigaciones. El total de la asistencia al gobierno colombiano sigue siendo enorme—65% militar en este presupuesto comparado a 80% antes. Sin embargo, junto con el probable rechazo a aprobar el TLC con Colombia debido a las violaciones de derechos humanos, marca un mínimo reconocimiento de que la política anti-droga de Plan Colombia no funciona.
Desde el Plan Colombia al Plan México
Ahora a pesar del desastre del Plan Colombia se plantea el Plan México en términos que parecen ser muy similares. En mayo el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Silvestre Reyes dijo que México necesita mayor apoyo en su lucha contra el narcotráfico al estilo de Plan Colombia. El Plan México, implicaría programas de cooperación, entrenamiento, intercambio de información y recursos. Inmediatamente la frase salió en los medios y fue desmentido por el gobierno mexicano.
Llame como se llame, es evidente que estamos frente a una acción coordinada de militarización en nombre de la seguridad, y que el modelo implica una etapa de mucho mayor participación de Estados Unidos. Esta participación se da en cuatro niveles: primero en la planeación de medidas nacionales y locales de seguridad, segundo en el entrenamiento de policías y elementos del ejército y de los cuerpos de investigación, después en la ejecución de acciones y políticas de seguridad y de "guerra contra el narcotráfico" en territorio mexicano.
Esta etapa de colaboración entre México y Estados Unidos en asuntos de seguridad empezó formalmente con el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Anteriormente existían acuerdos de colaboración entre la defensa y los cuerpos policíacos de los dos países, sin embargo con el ASPAN se inicia la tarea de construir una agenda tri-nacional de seguridad sin precedentes, que en lugar de enfrentar, invadir o someter a la fuerza a México como ha hecho EEUU en el pasado, busca cooptar el estado mexicano en el marco del TLCAN, haciendo que el país acepte una serie de obligaciones relacionadas a la seguridad de los Estados Unidos.
Fechas clave en este proceso son la reunión en Mérida en marzo entre los presidentes Bush y Calderón y la reunión el 11 de enero entre el Procurador de EEUU Alberto González y de México Eduardo Medina Mora. En esta última reunión se acordaron según la prensa nacional una serie de acciones incluyendo la construcción de un sistema bilateral de identificación de traficantes, un diagnóstico de las policías mexicanas, el envío de ocho aeronaves para la detección e intercepción de aviones con cargamentos de droga, y que agentes de la DEA participen como supervisores de labores de erradicación. También por estas fechas el DEA anunció su intención de colocar agentes en otros puntos en la frontera, entre ellos Matamoros y Nuevo Laredo.
Sería una simplificación decir que el Plan México sea una copia fiel o la sustitución del Plan Colombia en los designios geopolíticos de EEUU para la región. Sin embargo, un análisis del Plan Colombia en el contexto mexicano resulta interesante, e igual que el análisis del origen de la guerra contra el narcotráfico en EEUU da unas pistas de por donde vamos.
Entre los rasgos principales del Plan Colombia que podrían aplicar o están aplicando en México están:
1. El creciente papel del ejército en la sociedad. En México el ejército es una institución fuerte pero malentrenado para combatir el narcotráfico. Su uso en estas tareas está llevando a graves violaciones de derechos humanos.
2. La expansión de las fuerzas paramilitares, la presencia de mercenarios, y empresas privadas inclusive extranjeras en tareas de seguridad. En México el problema de los paramilitares es serio en Chiapas y con la militarización se espera que empeore por la sencilla razón de que tarde o temprano con el aumento de armas estos llegan a sus manos.
3. La ampliación de la guerra contra el narcotráfico a la represión de disidentes y contrainsurgencia.
También hay importantes diferencias entre México y Colombia. México no vive una guerra ni está en jaque el control de grandes partes del territorio nacional. Y otro factor que distingue un Plan México de un Plan Colombia es la relación específica entre México y Estados Unidos, en particular la proximidad geográfica y la dependencia economía que existe después de 13 años del TLCAN. Estos factores aumentan el riesgo de pérdida de soberanía nacional.
Hasta ahora el resultado principal de la guerra contra el narcotráfico de Calderón ha sido desatar la violencia en varias regiones del país. En marzo, el número de policías ejecutados había subido 50% respeto al año pasado. Para finales de mayo habían más de 1,000 asesinados relacionado con el narcotráfico. La muerte, extradición o detención de capos lleva a batallas para la sucesión sin acabar con la producción y tránsito de la droga. La cantidad y bajo precio de las drogas en las calles de las ciudades estadounidenses es el mejor indicador de que el tráfico no ha afectado el flujo constante de drogas hacía los mercados del consumidor número uno en el mundo—EEUU.
En resumen, la historia nos muestra que el modelo de "la guerra contra el narcotráfico" tiene una serie de objetivos ocultos y resultados anti-democráticos que atentan contra la paz y la soberanía.
En la guerra contra el narcotráfico, se confluyen los objetivos de EEUU con los intereses del gobierno de Felipe Calderón. Los Estados Unidos busca extender su presencia militar y su hegemonía en la región, y lo ha hecho bajo el modelo del ASPAN, de la guerra contra el terrorismo y la militarización de la frontera, y ahora en la guerra contra el narcotráfico. Con mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, su participación en la formación de agentes y soldados, y su injerencia en el diseño de las políticas de seguridad en México, por lo pronto no hace falta tener mayor presencia de tropas. La promesa de cantidades de recursos y ayuda militar al estilo Plan Colombia es suficiente para asegurar que el gobierno mexicano siga el guión de seguridad escrito en Washington.
Por otro lado, Felipe Calderón—un presidente débil y con poca credibilidad popular—decidió desde el primer día de su presidencia seguir la receta de los gobiernos tambaleantes de construir un enemigo externo para consolidar su posición, apoyado por el aparato militar, y con el uso de la represión ó la amenaza de represión. La militarización del país constituye una medida preventiva en una coyuntura en que no tiene garantizado el control social.
Resumiendo
Primero, este modelo funciona en la práctica para ampliar el poder de la presidencia. Desde el inicio del modelo esto es uno de sus propósitos principales. Fortalece el poder ejecutivo sin contrapesos y transparencia, quitando poderes de los otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos.
Segundo, promueve la militarización de la sociedad y construye un poder de facto de fuerzas especializadas con pocos controles legales o sociales. El modelo de enfrentar el tráfico, venta y consumo de drogas con medidas militares, aumenta la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde estas sean débiles puede causar severos retrasos en una transición a la democracia.
Tercero, invariablemente se extiende a una guerra contra la oposición política en países en donde se ha aplicado, borrando la línea entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, y los disidentes.
Cuarto, existe una clara amenaza a la soberanía nacional bajo este esquema. Otra vez viendo el Plan Colombia, se ha desarrollado una economía dependiente de la ayuda militar desde afuera, y la imposición de un modelo de lucha contra el narcotráfico que no solo no ha tenido resultados, sino que ha profundizado la violencia y la destrucción social y ambiental de gran parte del territorio, creando un círculo vicioso de miedo y caos que se utiliza para justificar la continuación de la intervención extranjera. Sólo la vigilancia de grupos ciudadanos y de derechos humanos en EEUU lograba que se mantuviera un tope al número de soldados EEUU en territorio Colombiano, y hubo un incremento paulatino de mercenarios estadounidenses de empresas particulares sub-contratados para llevar a cabo funciones militares bajo el Plan Colombia.
El Plan México contempla el entrenamiento de las fuerzas mexicanas bajo el esquema de EEUU y en particular del gobierno de George W. Bush. Se amplia la red de agentes anti-drogas y aduanales estadounidenses que opera en el país, y se reduce el espacio para aplicar políticas basadas en las prioridades nacionales y no en la agenda de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos.
En este sentido, el ASPAN, la Guerra contra el Terrorismo de Bush, y la guerra contra el narcotráfico de Calderón son todos aspectos de una estrategia para ampliar la hegemonía de los Estados Unidos en la región, pasando por la consolidación de un gobierno de dudosa legitimidad en México que garantice sus intereses.
Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) en la Ciudad de México, donde ha trabajado como analista y escritora política por dos décadas. Este artículo fue parte de una ponencia en Casa Lamm en la Ciudad de México el 25 de junio de 2007.
(Programa de las Américas, 11 de julio de 2007)
miércoles, 27 de junio de 2007
Calderón busca, vía militarización, un liderazgo que no ganó en las urnas: expertos
Cuestionan el papel preponderante de las fuerzas armadas en el combate al narco
JESUS ARANDA
La militarización de la lucha contra el narcotráfico responde a la política diseñada por el presidente Felipe Calderón con la cual pretende asumir un liderazgo que no obtuvo en las urnas, apoyado, fundamentalmente, por las fuerzas armadas.
Coincidieron en lo anterior la investigadora Laura Carlsen, del Centro de Política Internacional con sede en Washington; el embajador Víctor Flores Olea y el catedrático John Saxe Fernández, al participar en el panel organizado por Casa Lamm y La Jornada sobre el tema Guerra contra el narco o militarización de México.
Carlsen agregó que el plan México, con el que se pretende combatir el crimen organizado, resulta ser una copia del fallido plan Colombia, el cual ha tenido como consecuencia la pérdida de soberanía y la criminalización de la oposición y de los luchadores sociales.
Añadió que llama la atención la política asumida por el presidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico, al calificar a éste del enemigo principal que tiene el país y un peligro para la soberanía nacional.
Lo mismo hizo en su momento el presidente de Estados Unidos Richard Nixon, quien llegó al poder débil políticamente y con la necesidad de fortalecer su liderazgo, añadió.
En el caso de Calderón, añadió la especialista, éste se ha apoyado en las fuerzas armadas para combatir el tráfico ilegal de drogas y la creciente violencia que tiene lugar en el país, pero también lo ha hecho con el propósito de consolidar su Presidencia, a la que llegó debilitado por el controvertido proceso electoral pasado.
Carlsen agregó que con la integración de México al Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN) el país ha asumido como suya la agenda de seguridad y en contra del terrorismo de Estados Unidos, lo cual va en detrimento de la soberanía nacional.
Además, añadió, se ha aceptado la tesis estadunidense de que las fuerzas armadas deben combatir al crimen organizado, lo cual tiene también un trasfondo estratégico que ya se ha aplicado en Colombia, en el sentido de que la militarización de la lucha contra el narcotráfico abre la puerta a la criminalización de los conflictos sociales y con ello a la represión de los opositores al gobierno en turno.
Por su parte, el embajador Víctor Flores Olea destacó la política de sumisión del gobierno mexicano hacia Estados Unidos y refirió que la militarización de la seguridad pública abre espacios para la represión y violación de los derechos humanos, como ha ocurrido últimamente en eventos en los que soldados se han visto involucrados en la muerte de civiles.
A su vez, el investigador de la UNAM John Saxe Fernández, quien no acudió por estar enfermo, señaló en su ponencia -que fue leída por el moderador Angel Guerra- que la sumisión del gobierno mexicano en materia de política exterior y seguridad hacia Estados Unidos se ha fortalecido en los años recientes con la creciente capacitación de militares mexicanos en el vecino país y la adquisición de armamento, la cual se ha multiplicado a partir del gobierno de Miguel de la Madrid.
(La Jornada, 27 de junio de 2007)
miércoles, 20 de junio de 2007
Felipe Calderón: respuestas sin pregunta
Alejandro Nadal
Si el ejército es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Quizás a Felipe Calderón ya hasta se le olvidó. Acaso se le ocurrió durante la campaña, cuando las encuestas baratas y mal diseñadas le revelaron que "la gente" pedía orden y mano firme. Es posible que esta idea se le haya reforzado en la crisis poselectoral, cuando sintió que "su gente" ya estaba harta de tanta protesta y caos.
Pero ¿cuál es el estado de cosas que el ejército debe proteger y mantener? Vamos a ver. Hoy existe un consenso entre los economistas de todas las filiaciones: la economía mexicana permanece en un letargo peligroso. De ahí se desprenden todo tipo de problemas, desde la desigualdad, hasta la migración y el deterioro ambiental. ¿Podría estar ahí la guerra que el ejército estaría llamado a ganar? Claro que no. El estancamiento económico depende del dogma según el cual en la globalización neoliberal no hay espacio para una política económica para el desarrollo. Así de sencillo. Por eso no hay política para el campo ni para la industria. Por eso se piensa que tampoco es posible una política macroeconómica contra-cíclica para fomentar la actividad económica en épocas de recesión o crisis.
Esa visión dogmática se encuentra ahora plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Si ese documento de tanta pobreza conceptual contiene el plan de trabajo de la gestión de Felipe Calderón, estamos en aprietos.
Para muestra basta un botón. El primer eje rector del PND es el estado de derecho y la seguridad, "para que las familias sientan que su patrimonio está seguro". Para eso, alguien de mirada estrecha podría pensar se puede utilizar al ejército. Pero, ¿proteger el patrimonio de quién? No es una pregunta trivial. Una idea de la concentración de riqueza está dada por la estructura de cuentas bancarias. En México, cerca de el 60 por ciento de las cuentas en bancos apenas tienen saldos inferiores a mil pesos y son responsables del 0.4 por ciento del valor de los depósitos bancarios. En el otro extremo, el 0.3 por ciento de las cuentas en bancos tiene saldo promedio de un millón de pesos y acapara el 68 por ciento de todos los depósitos.
El segundo eje rector del PND tiene que ver con el desempeño de la economía. La meta ahora para el crecimiento del PIB es de "5 por ciento al final del sexenio". ¡Qué bueno! Ya le bajamos dos puntos porcentuales a la fanfarronería foxista, aunque el promedio podría ser igual al del sexenio anterior. Lo interesante es que aun con una tasa de crecimiento de 5 por ciento se necesitarían 72 años para que el ingreso del 10 por ciento de la población más pobre en México pueda alcanzar el del 10 por ciento más rico.
Este es un país que le cerró la puerta en las narices a millones de jóvenes que no estudian y que tampoco tienen trabajo. El mensaje que se les dio es claro y terrible: a ver cómo le hacen, porque en este modelo económico no caben. Una bomba de tiempo. ¿Podría desactivarse con retenes del ejército?
El PND afirma que el aumento en la población en edad de trabajar (el llamado bono demográfico) es una gran oportunidad. Pero con las metas del Plan, ese bono sólo va a beneficiar a la economía de Estados Unidos. En efecto, la fuerza de trabajo en el vecino país ya no puede crecer sino a través de la migración. México "resuelve" su problema de empleo expulsando su fuerza de trabajo a Estados Unidos. Adiós al bono demográfico.
¿Será el ejército una respuesta al problema de las finanzas públicas averiadas por las cargas financieras de tanto gobierno incompetente y estúpidamente corrupto? ¿Al riesgo de colapso energético que irremediablemente sufrirá México si no resuelve su transición a una economía baja en carbono y en emisiones de gases invernadero? ¿Al deterioro ambiental que vive nuestro país en todas las regiones y en casi todos sus ecosistemas? No, ¿verdad? Ni siquiera se arreglarán problemas como el de las mafias de la tala clandestina que cobraron la vida de Aldo Zamora, otro joven campesino asesinado por defender el bosque.
Hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están debatiendo si los retenes militares restringen el libre tránsito de los ciudadanos. Eso es como discutir si el león deshizo el prado antes de devorar al cordero. No se equivoquen, señores ministros de la SCJN, la Constitución es clara: "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". El ejército no tiene funciones de policía y no puede ser utilizado para aplicar la ley de armas de fuego o para combatir la delincuencia.
En la coyuntura actual, el ejército no es la respuesta para ninguno de los grandes problemas nacionales. Felipe Calderón debe entenderlo bien: no hay nada más peligroso que equivocarse de pregunta. Eso no lo cambian ni diez regimientos blindados.
(La Jornada, 20 de junio de 2007)
sábado, 16 de junio de 2007
Agudiza Calderón crisis en el ejército
Zósimo Camacho
Con la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, Felipe Calderón busca rescatar al Ejército de la derrota en su “guerra” contra pistoleros de narcotraficantes. La violencia desatada –que arroja más de mil 500 muertos y ningún narcotraficante detenido en casi siete meses– es la coartada para involucrar de lleno a la milicia en el“restablecimiento del orden público”, lo que, a decir de especialistas, apunta más a los movimientos sociales que al crimen organizado.
Como no se hacía desde 1968, cuando al frente del Poder Ejecutivo se encontraba Gustavo Díaz Ordaz, el Ejército Mexicano vuelve a ser requerido para “restablecer el orden público”, según el decreto por el que se crea el “Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo pasado.
Desmoralizado, con bajos salarios aún después del publicitado aumento a la tropa, ante quejas de trato despótico por parte de los altos mandos y bajo acusaciones de violar derechos humanos, las fuerzas armadas entregan magros resultados en sus encuentros con gatilleros de narcotraficantes, organizaciones con elementos “más motivados” que los efectivos castrenses.
“La lucha es contra organizaciones que tienen la capacidad de operar en tierra, mar y aire. Incluso, han cooptado a muchos elementos del Ejército; han penetrado todo el aparato policiaco; poseen servicios de inteligencia, y tienen a su disposición recursos económicos ilimitados”, advierte el maestro en sociología y especialista en fuerzas armadas Guillermo Garduño.
Y es que, aunque el gobierno federal machaca que se libra una “guerra” entre el Estado mexicano y el narcotráfico, sólo el Ejército parece librar las batallas. A casi siete meses de la actual administración no se ha desmembrado una sola red financiera de ninguno de los cárteles que operan en territorio mexicano. Tampoco se han develado nexos entre delincuentes y autoridades políticas de los tres niveles de gobierno.
Por definición, al crimen organizado le son inherentes los nexos con el poder político, pero ni un sólo funcionario ha pisado la cárcel. Tampoco se han descubierto quiénes son los “delincuentes de cuello blanco” que lavan el dinero del narcotráfico y que, según estimaciones de Transparencia Internacional, en México superan anualmente los 30 mil millones de dólares. El tema ni siquiera está en la agenda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para colmo, no existen campañas que prevengan el consumo y tráfico de enervantes.
“Desde diciembre pasado, el Ejército ha estado actuando solo. No veo a ni una autoridad civil actuando. Jamás he visto, escuchado o tenido información de que las autoridades aduanales estén realizando acciones determinantes para impedir el trasiego de drogas y armas. Al Ejército se le ha dejado completamente solo y con las Fuerzas Armadas no se juega”, advierte Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y legislador por el Partido de la Revolución Democrática.
En un escenario donde las policías federales y estatales han desaparecido casi completamente, sólo el Ejército mantiene una lucha desigual en las calles y carreteras que, a decir de especialistas, está perdida, pues no se están “tocando” las estructuras político-financieras del narcotráfico.
“Sólo si se logra golpear a las finanzas del crimen organizado tendremos una reducción significativa del narcotráfico”, considera Guillermo Garduño.
La creación del Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea vendría a dar legalidad a las actividades de las fuerzas armadas en las entidades federativas, pero también buscaría retirar al grueso de la tropa del combate al narcotráfico.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Jorge Justiniano González Betancourt, rechaza que exista ilegalidad en la conformación del cuerpo especial, que tendrá entre sus objetivos garantizar la seguridad pública.
El general en retiro y diputado por el Partido Acción Nacional dice que “todo es absolutamente legal, pues los cuerpos especiales están previstos en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. Estamos enfrentando momentos que son de contingencia extraordinaria y por eso se ha destinado un cuerpo al combate al narcotráfico. Más que nada, coadyuvará con las autoridades civiles y, como todo cuerpo especial, recibirá adiestramiento y capacitación especiales”.
El legislador agrega que las fuerzas armadas no necesitarán una partida presupuestal extraordinaria para el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
Guillermo Garduño considera que la creación del nuevo grupo de elite “es incuestionablemente una buena intención; pero no tenemos garantía de que el Ejército acabará con el problema. Las certezas no existen y menos en esta época”.
Según Garduño, con el Cuerpo Especial, Calderón busca “ajustar el tipo de fuerza del Estado a la que va a ser combatida, pues no se trata sólo de ‘echarle el Ejército’ al narco, algo que fracasaría al intentar enfrentar una fuerza convencional con otras no convencionales”.
Sin embargo, para el antropólogo social y especialista en Seguridad Nacional Gilberto López y Rivas, la decisión de Felipe Calderón de crear un nuevo grupo especial “se da ante el fracaso del Ejército en los operativos antinarco, pues ya van muchos muertos y no se detiene el tráfico de drogas. Al contrario, los narcotraficantes hasta provocan a los militares dejando cabezas humanas cerca de los cuarteles”.
Quien fuera agente del servicio secreto de la Unión Soviética agrega que el nuevo cuerpo especial no detendrá el descrédito y la derrota del Ejército Mexicano. Para el analista, el culpable sería el presidente Felipe Calderón, pues “en aras de obtener la legitimidad que no obtuvo en las urnas” expuso irresponsablemente a las fuerzas armadas al desprestigio.
“La conformación de este cuerpo especializado va en contra de todo lo que hemos venido diciendo la mayoría de quienes nos dedicamos a hacer análisis políticos. Hemos dicho que se tiene que sacar al Ejército del combate al tráfico de drogas. Y así digan que van a usar a un cuerpo de elite o a tropa regular, finalmente es el Ejército, el cual no está preparado para las actividades que le han encomendado.”
A este respecto, el maestro en Sociología y especialista en Seguridad Nacional, José Luis Piñeyro, señala que en el decreto constitutivo del Cuerpo Especial “se está mezclando la gimnasia con la magnesia, porque se habla de combatir el crimen organizado, pero también situaciones de perturbación del orden público”.
La represión que viene
Y es que el nuevo cuerpo de elite –el cual terminará su integración el 10 de agosto y se espera que cuente con hasta 30 mil elementos– podrá intervenir no sólo en actividades contra la delincuencia organizada, sino en la ambigüedad de las “tareas de restauración del orden y seguridad pública […] o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación”, según el artículo 2 del decreto.
Además, de acuerdo con el artículo 5, este cuerpo castrense “recibirá adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el reestablecimiento del orden público y el Estado de Derecho”.
“Esto es algo que preocupa, porque se suma a las modificaciones realizadas al Código Penal, en donde ahora, con cierta laxitud, se puede calificar de terroristas a líderes sociales o al conjunto del movimiento social”, considera José Luis Piñeyro.
Luego de haber asumido el Poder Ejecutivo bajo acusaciones de fraude electoral y epítetos de “espurio”, el gobierno de Felipe Calderón parecería estar preparándose a una serie de protestas y movimientos sociales que aparecerían en 2010.
La reforma al artículo 139 del Código Penal Federal –consumada el 26 de abril pasado y en la que se criminaliza la protesta social– y la firma de un convenio con Estados Unidos para espiar conversaciones telefónicas y por internet –dado a conocer por el diario estadunidense Los Ángeles Times– sugieren que el calderonismo toma provisiones para una eventual cadena de protestas que organizaciones como La Otra Campaña, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el Frente Amplio de Izquierda estarían preparando.
“Por lo que se ve, se pretende que el cuerpo especial de las fuerzas armadas no sólo combatan al crimen organizado, sino que realicen actividades contraguerrilleras y, peligrosamente, se puedan usar contra movimientos sociales. Hay un riesgo de que se busque perseguir la oposición política”, advierte José Luis Piñeyro.
Sin embargo, al Ejército le ha resultado desastroso salir a las calles a “restaurar el orden público”. Tuvieron que pasar décadas para que la sociedad le retribuyera parte de la confianza perdida luego de la “masacre” del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Garduño señala que las “fuerzas morales” son “un factor esencial” en cualquier Ejército.
“Las policías federales y estatales perdieron desde hace tiempo esa característica y por ello ya no pueden ganarle la batalla al narcotráfico. El Ejército representa tradición y respeto; pero si pierde esto, que es su fuerza moral, estará perdido. El riesgo que corre el país es que finalmente el Ejército pierda la batalla y, entonces sí, esto se va a volver inenarrable.”
Ahora, Calderón vuelve a encomendarle a las fuerzas armadas el restablecimiento del orden público, cuando no son capaces siquiera de retener a su tropa. Los jóvenes militares no encuentran motivos para seguir en el Ejército y lo abandonan sin miramientos. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, existen alrededor de 150 mil desertores del Ejército. En contraparte, actualmente sólo hay 130 mil efectivos. Y los propios mandos ya se muestran incómodos ante una lucha que no les corresponde y que, al parecer, están librando solos.
“En el Ejército ya empiezan a asomar inconformidades. Ellos no son felices cuando los ponen de policías. Tanto su formación como sus misiones fundamentales están orientadas a la defensa de la integridad territorial y política”, considera José Luis Piñeyro.
“La tropa sigue teniendo una escasa remuneración, también padece sobrecargas de trabajo y abusos por parte de sus superiores. Todo eso lleva a muchos a desertar. Ya tenemos una cantidad impresionante de gente que ha salido y que forma un ejército paralelo aún y cuando no esté unificado”, concluye Guillermo Garduño.
(Contralínea, 2a quincena de junio de 2007)
viernes, 8 de junio de 2007
La guerra sucia, contra las mujeres
Rosalva Aída Hernández Castillo
Los primeros meses de gobierno de Felipe Calderón se caracterizan por la militarización de las principales regiones indígenas del país y la continuidad de una política de penalización de los movimientos sociales que, en nombre de la "paz social", pretende justificar la violencia de Estado y la represión. La modificación al Código Penal Federal, aprobada el 26 de abril del 2007, para "castigar el terrorismo" y fijar penas más severas para quienes amenacen la tranquilidad de la población "por cualquier medio violento", es denunciada como una estrategia más para criminalizar a los movimientos sociales.
El llamado "multiculturalismo neoliberal" que caracterizó el gobierno de Vicente Fox --mediante la apropiación y trivializació n de las demandas de los pueblos indígenas-- es sustituido ahora por un neo-conservadurismo que trata como delincuentes a los indígenas organizados y sustituye la retórica en torno al reconocimiento cultural, por un discurso desarrollista contra la pobreza. (El Estado y los indígenas en tiempos del pan. Neoindigenismo, legalidad e Identidad, Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y Teresa Sierra, coordinadoras, ciesas-Porrúa, México 2005.)
En este nuevo contexto, las mujeres indígenas sufren de manera específica las consecuencias de la militarizació n del país, al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en las regiones donde existen antecedentes de organización indígena y campesina. La denuncia de la violación de una anciana nahua de 73 años, Ernestina Ascención Rosario, por parte de cuatro efectivos del Ejército en la Sierra de Zongolica en Veracruz, el pasado 25 de febrero, pone en evidencia el rechazo de la población indígena ante la presencia del ejército en sus comunidades. El debate nacional que este incidente provocó ha convertido al cuerpo de Ernestina en una arena de pugnas políticas entre el gobierno federal, estatal y municipal, donde la justicia parecería ser la última prioridad de funcionarios y gobernantes.
Este caso no es algo aislado. Según informes de Amnistía Internacional, desde 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca (estados donde hay una gran efervescencia organizativa) .
Lo paradigmático del caso es que, una vez más, pone en evidencia el racismo y el sexismo de los grupos de poder y la red de complicidades que posibilita y perpetúa la impunidad en México. Pese a que Ernestina Ascención denunció a sus violadores antes de morir y quince personas --familiares, autoridades comunitarias y médicos legistas--, escucharon su denuncia y dieron fe de los estragos que la violación tumultuaria dejó en el cuerpo de la anciana, Felipe Calderón negó la veracidad de la denuncia sin tener ningún informe médico o legista que fundamentara su versión de "muerte por gastritis". Como en los viejos tiempos de las monarquías, la palabra del "Supremo" fue suficiente para desmentir el certificado de defunción, las necropsias firmadas por tres médicos legistas, el dictamen del procurador estatal de Justicia de Veracruz y el propio testimonio de lavíctima.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres, instancias creadas supuestamente para defender los derechos de los ciudadanos, hicieron eco de la versión oficial. Rocío García Gaytán, presidenta de Inmujeres, descalificó las últimas palabras de Ernestina, ya que fueron expresadas en náhuatl y la mujer estaba moribunda (¡?). Después de un amplio debate nacional sobre el caso, todas las pruebas de la violación parecen haberse esfumado junto con la familia de la víctima.
La misma impunidad y el mismo racismo, encontraron las hermanas Méndez Sántiz, tres mujeres tzeltales violadas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994; Delfina Flores Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez, tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, quienes fueron violadas por cinco soldados el 3 de diciembre de 1997; las 12 mujeres indígenas de la zona de Loxichas, Oaxaca, violadas por efectivos del ejército mexicano en 1997; las mujeres nahuas Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casas abandonadas en abril de 1999; Valentina Rosendo Cantú agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, en febrero del 2002; Inés Fernández Ortega, violada en su casa por 11 soldados el 22 de marzo de 2002,en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero; las 23 mujeres agredidas sexualmente en Atenco por fuerzas de seguridad en mayo del 2006; las trece mujeres de Castaños, Coahuila que el 11 de julio de 2006 fueron víctimas de una violación tumultuaria por parte de 20 soldados. Más que de casos aislados cometidos por enfermos mentales, estas cifras y estos nombres dan cuenta de una política de intimidación que utiliza la violencia sexual como arma de desmovilización política. Los cuerpos de las mujeres indígenas se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra el movimiento indígena. Como lo plantea Maylei Blackwell, la violación es una colonización íntima que degrada la sexualidad de las mujeres indígenas. Si en el pasado sus cuerpos fueron la materia prima para forjar la nación mestiza, ahora son el espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto neocolonial.
En esta lucha por la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas y campesinos, las mujeres mantienen una importante participación. Las fotos de las mujeres zapatistas enfrentando al ejército han dado la vuelta al mundo. En la coyuntura actual oaxaqueña, las mujeres fueron las encargadas de tomar la radio universitaria y durante tres meses fueron voces femeninas las que diariamente transmitieron desde Radio Caserola las demandas de destitución del gobierno de Ulises Ruiz y los llamados a mantener la resistencia.
La participación de las mujeres en el movimiento zapatista y en movimientos como los de Atenco y Oaxaca, han venido a trastocar los roles de género al interior de las comunidades, y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano. No es casual entonces que ante el "peligro desestabilizador" los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres. El nuevo colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la violencia sexual para sembrar el terror e intimidar a las mujeres organizadas.
Análisis de género en otras regiones militarizadas como el de Davida Wood en Palestina o Dette Denich en Sarajevo, señalan que en contextos de conflicto político militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de lucha política y la violación sexual se instrumenta como forma de demostrar poder y dominación sobre el enemigo.
Chiapas, Atenco, Guerrero y ahora Oaxaca no son una excepción: la militarizació n y la paramilitarizació n afectan de manera específica a las mujeres en esta guerra sucia no declarada. Desde una ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo. Al igual que los soldados serbios, las fuerzas represivas del Estado mexicano "se apropian de los cuerpos de las mujeres simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos en una lucha contra sus enemigos hombres, reproduciendo esquemas de los patriarcados tradicionales, en los que la ineficacia de los hombres para proteger a sus mujeres, controlar su sexualidad y sus capacidades reproductivas, era considerada como un símbolo de debilidad del enemigo" (Dette Denich, en el libro colectivo Feminism, Nationalism and Militarism, 1995).
Todos estos casos de violación sexual por parte de militares o fuerzas de seguridad, que parecen sacados de un expediente sobre la represión en Guatemala, han sucedido en el México de la "transición democrática", mientras el gobierno mexicano firma varios convenios internacionales contra la violencia hacia las mujeres. Estos compromisos han sido letra muerta y no han limitado ni frenado a las fuerzas represivas del Estado.
Esta política de "dos caras" caracteriza al gobierno de Felipe Calderón, pues por un lado el Congreso aprobó en febrero pasado una de las leyes contra la violencia hacia las mujeres más avanzada de América Latina, tipificando el delito de feminicidio, a la vez que mujeres activistas de Atenco y Oaxaca siguen encarceladas y las violaciones sexuales cometidas durante los operativos policiacos y militares siguen sin castigarse.
La apropiación e institucionalizació n de los discursos en torno a la equidad de género por parte del Estado mexicano, despojándolos de su radicalidad crítica nos lleva a pensar en la necesidad de reivindicar la denuncia del colonialismo como parte de la crítica feminista. Urge construir alianzas entre el movimiento feminista y el movimiento indígena [.... y con los movimientos sociales en general, meto mi cuchara.....] para denunciar y desarticular las estrategias neocoloniales que usan la violencia sexual como herramienta contrainsurgente. La libertad de los y las presas políticas debe de ser una demanda urgente de las organizaciones feministas, pues la integridad física de quienes denunciaron la violencia sexual estará en peligro mientras continúen presas. Durante el conflicto magisterial en Oaxaca, 153 mujeres han pasado por las cárceles y muchas de ellas han sido víctimas de violencia física y psicológica. Trece mujeres participantes en el movimiento continúan desaparecidas y 64 activistas siguen presos. En el caso de Atenco, 29 activistas siguen en la cárcel, entre ellos cinco mujeres.
En el contexto político actual, recuperar la radicalidad de la crítica feminista resulta fundamental ante una política de Estado que utiliza los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas [....y de las mujeres en general, no olvidemos el debate moralino patriarcal sobre el aborto y la nula capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo...] como campo de batalla de una nueva guerra sucia que en estos momentos específicos se libra en distintas regiones de México.
Aída Hernández es investigadora de CIESAS y coordinadora del Seminario Género y Etnicidad.
(Actualidad Étnica, 8 de junio de 2007)
martes, 5 de junio de 2007
Muerte en el retén
Miguel Angel Granados Chapa
Hasta ayer al mediodía, la Secretaría de la Defensa Nacional se había abstenido de informar sobre la desgracia ocurrida el viernes por la noche en un retén sinaloense, cuando soldados dispararon contra el vehículo en que viajaba una familia y mataron a cinco personas.
Hasta el mediodía del lunes 4, la Secretaría de la Defensa Nacional no había emitido información sobre un episodio muy confuso ocurrido el viernes 1o. de junio por la noche en el municipio de Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, que dejó un saldo inequívoco: una mujer y cuatro menores de edad, todos miembros de una familia, fueron muertos a tiros, disparados por integrantes de un puesto de inspección militar. Murieron Griselda Galaviz Barraza, de 25 años, Alicia Esparza Parra, de 17, y los hijos de la primera Joniel, Griselda y Juana Esparza Galaviz, de 7, 4 y 2 años de edad. Resultaron heridos el chofer del vehículo, Adán Abel Esparza Parra, de 29 años, Teresa Flores de 16 y José Carrillo Esparza, de 5 años de edad.
Priva la confusión en torno a los hechos. No está claro si la familia, que viajaba en una camioneta pick up, volvía de un funeral o de un curso de actualización educativa, puesto que ambas versiones han circulado. No se sabe con precisión si el conductor del vehículo no logró frenar a tiempo, tan pronto como lo pidieron los soldados del retén, y por ello los militares dispararon, o uno de los tiradores salió inesperadamente a la carretera "y al tiempo que le marcaba el alto a sus ocupantes les abrió fuego" (Noroeste.com, 3 de junio). Por otro lado, mientras que una "fuente cercana a la Novena Zona militar indicó que en el vehículo se localizaron armas y drogas" (Reforma, 3 de junio), los deudos de las víctimas lo niegan: "Cómo se les ocurre que unas mujeres y un niño van a traer armas, quieren justificarse a toda costa", dijo Faustino Esparza Parra, hermano del conductor, quien "se bajó de la camioneta con una mano herida y con la mano buena les hacía señas y les gritaba que no dispararan por favor, que venían señoras y niños. Pero los militares le dispararon a la mano buena, y siguieron disparando contra la camioneta". Otros familiares, sobrevivientes de la balacera, dijeron que "los militares les hicieron perder mucho tiempo y no los dejaban mover a los heridos... Explicaron que en el camino se encontraron más camiones llenos de soldados que se dirigían al lugar de los hechos, y nuevamente perdieron mucho tiempo porque los revisaron a pesar de que ellos les explicaron que llevaban heridos... Con todo el tiempo perdido, en lugar de hacer cinco horas hasta el Hospital General de Culiacán se hicieron ocho, lamentaron" (Noroeste.com, 3 de junio).
Los familiares de las víctimas, según el parte de la Policía Ministerial, dijeron que "los elementos del Ejército sembraron un costal de mariguana a tres metros de la camioneta". De ser verdad ese dicho, acaso lo hicieron los militares para ocultar su responsabilidad, no sólo por disparar sino por la circunstancia en que se hallaban. Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la que los afectados ocurrieron en queja el sábado, dijo el domingo: "Tenemos información que indica que presuntamente los militares que participaron en los hechos que culminaron en una desgracia, se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes... se nos indicó también que podría haber consumo de algún tipo de droga" (Reforma, 4 de junio). El propio ombudsman estatal había informado de quejas de los familiares porque "al momento de querer levantar el vehículo donde venía la familia", se opusieron soldados, lo que provocó forcejeos. "'Al parecer, no permitieron que se la trajeran (la camioneta)', manifestó" (Noroeste.com, 3 de junio).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se apersonó en el lugar de los hechos, mediante tres visitadores adjuntos y dos peritos médicos, para "conocer directamente las quejas por probables violaciones a derechos fundamentales por parte de elementos militares destacamentados en el retén, así como para iniciar las investigaciones que comprenden inspecciones oculares, entrevistas y la solicitud de información a las autoridades sobre los operativos realizados".
Como parte de la estrategia de conjuntar las fuerzas federales en determinadas entidades y regiones, el 7 de enero comenzó el Operativo Triángulo Dorado en la confluencia de los estados de Chihua-hua, Durango y Sinaloa. A esa operación corresponde el retén instalado cerca del poblado Los Alamillos, cerca de la comunidad La Joya de los Martínez. En otro sitio del propio municipio de Sinaloa de Leyva, en Ocorahui, el propio viernes en que se produjo la matanza fue asesinado José Lucio Juárez Pérez, por un grupo de matones que al mismo tiempo secuestró a Ebodio Soto Domínguez, de 15 años. "Del jovencito no se sabía nada hasta ayer en la mañana cuando fue encontrado su cuerpo tirado a la orilla del camino, a un costado de las casas del poblado Ciénega de los Parra" (Debate.com.mx, 3 de junio). El 21 de mayo la presencia del Ejército se había extendido a Culiacán, donde no ha cesado la violencia delincuencial. El 2 de febrero, cerca del palacio de gobierno de la capital fueron asesinados dos militares.
Después de que al retén de Los Alamillos acudieron agentes del Ministerio Público estatal, federal y militar, se produjo la detención de 19 elementos del Ejército que fueron llevados a la Prisión Militar de Mazatlán. El rumor de posesión de armas y drogas atribuida a las víctimas no se formalizó en acusación, y los heridos permanecen sin custodia en el hospital de Culiacán, donde la familia sufre ahora la pena de conseguir recursos para la atención médica. Todavía no se responsabiliza a nadie de los homicidios y las lesiones, que inequívocamente ocurrieron, aunque no se precise cómo.
Cajón de Sastre
Imposible aprisionar en un espacio breve como éste, así nos limitáramos a su simple enumeración, la variedad de tareas que en media docena de artes emprendió Juan José Gurrola Iturriaga, nacido el 19 de noviembre de 1935 y muerto el 1o. de junio pasado. En el teatro, su campo más fértil, más asiduamente roturado, hizo de todo: creó obras, las tradujo, las dirigió, las actuó, les hizo escenografía, que fue el arte para el que se preparó formalmente, en la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM y en cursos de diseño y tecnología teatral en Estados Unidos. Pero entró también en parcelas cercanas, como el cine, la televisión, la radio, la pintura, la música. En todos esos territorios dio de qué hablar, pues a menudo su crítica al orden establecido, las ideas rutinarias, los convencionalismos burocráticos se expresaba de modo lapidario, ya sea de palabra o de obra. Fernando de Ita, gurroliano él mismo, lo llamó "el Picasso de nuestro teatro", único genio de la escena mexicana, según dictamen de Ludwik Margules.".
sábado, 26 de mayo de 2007
Felipe Calderón impone el estado de excepción para ordenar al país
Manú Dornbierer
Al neoliberalismo, mientras más débil está por sus fracasos en el mundo entero, más se agudiza la militarización en los países que han caido en su ámbito material. Al tambaleante Bush con los aberrantes resultados conocidos: -La destrucción de Iraq. -La muerte de cientos de miles de iraquíes (para democratizarlos). La pérdida de más de 3 mil soldados estadunidenses.-El odio del mundo hacia USA.- El obvio sometimiento de la ONU a los designios imperiales.
Además, el recalentamiento peligroso del polvorín que es el Medio Oriente. E internamente:- La imposición del Patriot Act, dictatorial y limitante de los derechos civiles. La caída de la economía y, finalmente, la pérdida del Congreso para los republicanos.
Apenas hoy los gringos se están dando cuenta de la barbarie de su presidente. Y los daños al planeta, así en suelo ajeno como en el propio, proviene de dos elecciones fraudulentas del millonario George W. Bush, obsesionado por la guerra, aunque cuando él tuvo que hacerla en Vietnam su padre le evitó la molestia.
En el México actual, Calderón ha impuesto sin duda por disposición de los búnkeres neoliberales, una militarización que nunca anunció en su campaña. Curiosamente ambos mandatarios proceden de elecciones similares, empezaron débiles, apoyados por plutócratas y requieren del “terror” ciudadano para que la gente sienta que “los necesita”. Pero Calderón tiene mejores pretextos que Bush: La inseguridad, la delincuencia en México debidos a la galopante miseria y los malos gobiernos, el descarado narcotráfico que patrocinó Fox o cuando menos toleró porque a decir de los expertos, hubo una alianza con el célebre narcotraficante Chapo Guzmán al que dejó escapar de la cárcel y nunca buscó. Por eso el célebre capo no fue extraditado esta semana como los demás dirigentes del narcotráfico de nacionalidad mexicana.
A propósito de los operativos militares se oye decir a los que no entienden lo que es una dictadura militar : ¡Por fin alguien hace algo! Sí, sólo que ese algo es cambiar el status jurídico del país: Militarizar al régimen civil vigente y puede resultar el remedio mucho peor que la enfermedad. La gente pensante que conoce a fondo la situación que vive el México sometido al neoliberalismo disfrazado de democracia, se da cuenta de los "Riesgos de la Militarización de la Seguridad Pública".
Por ejemplo, en un boletín mancomunado de prensa (SC/01, del 18 de enero, fechado en la Cd. De México), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", del Frente Cívico Sinaloense, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, se expone lo siguiente:
"Expresamos nuestra profunda preocupación porque la creciente incorporación de militares en tareas de seguridad interior se da en detrimento del fortalecimiento de la policía civil. Además, esta respuesta del gobierno federal ante la legítima demanda de seguridad de los ciudadanos mexicanos ha demostrado su ineficacia..
"Desde la creación de la PFP los gobiernos federales de Zedillo, Fox y Calderón han insistido en militarizar la seguridad pública. A pesar de ello la situación no ha mejorado. Diversos organismos internacionales han emitido recomendaciones al gobierno mexicano para desvincular a los cuerpos militares de los cuerpos de seguridad pública.
"Exigimos al Estado mexicano una política de seguridad interior basada en el bienestar social de las mayorías, la profesionalización de los cuerpos de seguridad y el respeto irrestricto al los derechos humanos y al debido proceso".
Y más adelante explica : «La experiencia nos revela que existe un riesgo real en el hecho de que las fuerzas armadas se involucren en actividades de seguridad pública. No son pocos los casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por elementos militares en contra de poblaciones vulnerables durante operativos como el implementado ahora, pues el fuero militar evita que los miembros de las Fuerzas armadas puedan ser presentados ante la justicia civil, lo cual propicia la impunidad y la falta de rendición de cuentas...»
Sigue el texto: «Por todo lo señalado, las organizaciones firmantes insistimos en que el involucramiento de elementos militares en tareas de seguridad interior, en un país con una incipiente democracia electiva y con un incremento acelerado de la pobreza en la población, representa un riesgo importante para la construcción de un modelo de seguridad pública que garantice de manera eficaz, y respetando los derechos humanos, la seguridad de la población. Al respecto, queremos insistir que en distintas recomendaciones emitidas por organismos de protección a los derechos humanos –entre ellas el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU–, se ha solicitado al gobierno mexicano la separación de los militares de las tareas policíacas».
Pero por más organizaciones respetables nacionales o internacionales que sin duda rubricarán el boletín citado, el gobierno neoliberal plutócrata no hará el menor caso. Ha recibido órdenes del gobierno de Bush por una parte y mucho dinero de los empresarios transnacionales para que haga lo que unos y otros creen que requiere México: Militarización. Calderón tiene en esos niveles los apoyos necesarios dentro y fuera y hasta para crearse una aureola de héroe.
Por fortuna en México hay aún gente pensante, la mayoría. Los legisladores de cualquier partido, que no esten completamente vendidos, deberían aprovechar la ocasión para votar ahora ese REFERENDUM que tanto necesitamos los mexicanos. Los presidentes no tienen un cheque en blanco. Aún tras una elección limpia -NO es el caso- no puede un presidente, con todo y el excelente pretexto de la inseguridad, militarizar una nación que apenas se ufana de su reciente democracia. Es algo tan trascendental que debe consultarse con la población entera en forma directa. La necesidad existe más que nunca, nos falta el instrumento, el Referendum, y el organismo que podría monitorearlo, porque nadie puede confiar en el IFE por más que se promueva al amparo de la Ley Televisa. ¿Recurrir a una instancia internacional quizás ya que estamos en plena globalización?
Por otra parte, la dramática militarización que nos imponen tiene aspectos ridículos. Los militares del Estado Mayor Presidencial no deben de estar muy a gusto con que los usen como en una opereta, como lo hizo el “vicepresidente”, Juan Camilo Mouriño: en una fiesta privada, pero a nombre del estado de Campeche, en su finca Gely en la Comunidad de Imi, se llevó a cabo la coronación de “Nuestra Belleza Infantil” su hija de 5 o 6 años, María de los Angeles Mouriño Escalante. Los militares acordonaron a los campesinos locales, impidiendo el libre tránsito para que la ex Miss México, Lupita Jones, llegada en avión especial, coronara a la niña y el acto fuera amenizado por los Jeans que dio a conocer Televisa durante la campaña calderonista. ¿Y quién pagó la fiesta?
¡REFERENDUM! diputados. Hay que preguntar a los mexicanos si quieren o no un régimen franquista como el que vino a promover en plena campaña el Sr. Rebuznar, amigo de Calderón y de Bush.
Apéndice: Aumento a los Militares: 46 %
Aumento a Maestros, Obreros, Burócratas, Universitarios: 3.8 %
Sí a alguien no le quedaba claro lo que está sucediendo en México y se va con la idea falsa de que los militares están en las calles para realizar la “noble labor” de combatir el narcotráfico, cada vez se aclara más y más lo que significa que empezando por la tropa se les haya asignado un aumento salarial del 46%. Leyeron bien: 46%, mientras para los obreros, maestros, trabajadores universitarios, burócratas, se encuentran con un tope salarial que fija un aumento un aumento máximo de 3.8 %.
El mensaje es muy claro: los Estados Unidos le han mandatado a Felipe Calderón tener un ejército que poco a poco se vaya convirtiendo en una institución ajustada a una fuerza mercenaria, que esté allí por el dinero que recibe, no por la convicción de ser garante de la Seguridad del estado nacional.
Para que los obreros que recibieron un aumento de menos de $2,00 diarios (sesenta pesos al mes, cinco dólares) tengan una idea de la magnitud del aumento a los militares, revisemos el ejemplo que dio Calderón: “el soldado raso de menor ingreso, perteneciente a la primera Región Militar, de obtener 3 mil 500 pesos mensuales, pasó a 5 mil 200 pesos, es decir, 46 por ciento más”.
¿De dónde saldrá ese dinero?... de los impuestos, recortando gastos para escuelas, universidades, salud, entre otros rubros.
Queda claro que para Felipe Calderón lo que importa no es que la población mexicana tenga resuelta sus problemas económicos, sino que todos los mexicanos vayan entendiendo que el que proteste será reprimido. Ahora es con el pretexto del narcotráfico, con el que a cualquier “hijo de vecino” le pueden “poner el dedo” y presumir su responsabilidad penal. Mañana el pretexto será el terrorismo, considerando terrorista a quien se atreva a cuestionar la privatización del petróleo, la electricidad, la educación, la salud, todo eso que ellos ya están dispuestos a imponer y que llaman las reformas estructurales.
Dice Calderón que todo esto se hace para lograr la seguridad. Pero qué es para él la seguridad: cuidar los bancos, la bolsa de valores, que no haya protestas contra los grandes inversionistas, sobre todo extranjeros; que no haya huelgas, que se respete la propiedad privada (incluyendo aquella que se acumuló con la corrupción y la explotación). A ellos no les interesa que haya seguridad para los trabajadores, empezando por la seguridad en el empleo. Eso no es de su interés y como sienten que cada día hay más gente inconforme, necesitan un ejército pagado como fuerza mercenaria de la que no haya deserciones, a cambio de un sueldo que no van a poder obtener en otra actividad.
Los militares están copando toda la esfera política incluyendo las labores policiales. Por cierto que esto es otra disposición de los gringos. En un informe realizado por Adam Isacson, Lisa Haugaard y Joy Olson, queda claro que el Pentágono sigue impulsando prácticas militares, programas y doctrina militar en América Latina “confundiendo los roles civiles y militares, especialmente tras crear nuevas misiones militares dentro de las fronteras de los países".
En el presupuesto FY2005 de ayuda militar estadounidense se desglosa la ayuda económica para América Latina y el Caribe. La superpotencia provee 921 millones de dólares en ayuda económica, y al menos 859 millones para ayuda militar.
El 12 de marzo estará Bush en México para que Calderón le rinda cuentas, a lo que el chaparrito contestará: aumenté el 46% del salario a los militares, además de seguir preparando fuerzas de contrainsurgencia para enfrentar el descontento popular.
Se necesita estar ciego para no ver que el plan de los poderosos (para México) es el control militar del descontento popular. Habrá que ver si los hijos de Villa y de Zapata se amedrentan con los kaibiles mexicanos.
Pero no hay que olvidar que es tan burda la supeditación de los altos mandos militares a los mandos gringos, que dentro de las fuerzas armadas hay gente conciente y patriota que está haciendo una labor callada y que se opondrá a que el ejército mexicano se convierta en verdugo de su pueblo, pero con el propósito real de defender los intereses económicos y políticos de las trasnacionales.
La lucha que se avecina no va a ser sencilla; por el contrario, será cruenta, por lo que hay que empezar a prepararse desde ahora. Lo primero que hay que hacer es lo que millones de trabajadores ya están haciendo: enterarse, juntarse con grupos experimentados en la lucha y organizarse.
(Voltairenet.org, 26 de mayo de 2007)
viernes, 25 de mayo de 2007
Ni un paso atrás en labor del Ejército: Calderón
La participación de militares, hasta que sea necesaria: PGR
Sergio Javier Jiménez
El Universal
Viernes 25 de mayo de 2007
GÓMEZ PALACIO, Dgo.- En respuesta al exhorto del Congreso para retirar al Ejército de la lucha contra el crimen, el presidente Felipe Calderón señaló que no dará "ni un paso atrás" en la tarea de defender a México de la delincuencia organizada.
"Haremos todo lo que esté en nuestras manos, aunque algunos insistan en eliminar y restringir la acción del gobierno federal", añadió.
Pidió al público que lo escuchaba manifestar "a los legisladores del PRD y a algunos del PRI" -que promovieron el miércoles el exhorto- si el futuro que quieren para el país es el de la delincuencia.
El mandatario dijo -al momento que con el dedo golpeaba sobre el atril- que su administración llegará hasta donde la gente diga.
En su discurso aludió de manera directa a perredistas y priístas: "Si ese es el futuro que quieren (el de la delincuencia), que lo digan de una vez. Esta acción de gobierno sólo puede hacerse si la ciudadanía la apoya, no es tarea sólo del Presidente, del gobierno federal, no es una tarea personal, es una tarea colectiva".
En la ciudad de México, en reunión con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, aseguró que la participación del Ejército en las tareas de seguridad y en la aplicación de operativos será temporal, pero "todo el tiempo que sea necesario",
A los legisladores mencionó que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública está perfectamente legitimada en la Constitución, en la ley y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aceptó que el gobierno perdió el poder ante el crimen y que disputa potestades exclusivas del Estado como el uso de la fuerza e incluso el cobro de impuestos en algunas regiones.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, afirmó que insistirá para que el Ejército se retire de las labores de seguridad pública y de combate al crimen organizado. "No vivimos en una dictadura. Hay un estado de derecho", expresó.
(Con información de Silvia Otero y Liliana Alcántara).
(El Universal, 25 de mayo de 2007)
lunes, 21 de mayo de 2007
La ley como fetiche
Carlos Fazio
El gobierno espurio de Felipe Calderón está empeñado en construir un Estado autoritario, más subordinado y dependiente de Estados Unidos, donde las fuerzas armadas y los organismos de seguridad jueguen un papel clave. El nuevo modelo de Estado contrainsurgente cuenta con el aval de los poderes fácticos y el capital financiero, articulados en la coyuntura por una lógica de Estado.
En el marco de una campaña de propaganda mediática de gran envergadura, en los últimos días Calderón ha estado convocando a la ciudadanía a sumarse a "su" guerra. Con un discurso centrado en la violencia, en nombre de "la patria", está llamando a "los mexicanos" a "formar un solo frente contra los enemigos de México". Su intención es imbuir a la sociedad civil de su lógica belicista y arrancar el apoyo a soluciones de fuerza. Tal pareciera que Calderón ha decidido cancelar los caminos de la lucha civil pacífica y ha optado por confrontar a los movimientos sociales en las calles y en las cárceles.
Para ello ha instruido la formación de una nueva fuerza de despliegue rápido, denominada Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos (ver decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2007), cuya misión anticonstitucional, entre otras, serán "diversas tareas" de "seguridad interna", incluido "el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública". La nueva encomienda viene a modificar el carácter de la institución armada, convirtiéndola en lo que bien puede calificarse de "ejército de ocupación" en su propio país.
Se puede deducir que en materia de "seguridad pública" la misión fundamental del nuevo cuerpo militar especializado será enfrentar líderes y grupos sociales inconformes catalogados según la lógica guerrerista del "enemigo interno". Es decir, se tratará de impedir toda muestra de descontento y, sobre todo, imposibilitar por vía de la fuerza, la tortura y el terror (como ha venido comprobándose en la práctica en Atenco, Oaxaca, Guerrero y Michoacán) cualquier cambio, por mínimo que sea, en la estructura social de la nación. En esa lógica, y dado que se trata de una "guerra" (según persiste en calificarla Calderón), el "enemigo" no está afuera, sino en el interior del país, y es fácilmente identificado como la "antipatria" o el "elemento subversivo" al que hay que aniquilar.
En ese contexto, la sentencia dictada por el juez Alfredo Blas, de Toluca, el 5 de mayo, quien mediante la fabricación del delito de "secuestro equiparado" condenó a 67 años de prisión a los luchadores sociales Ignacio del Valle, Felipe Alvarez y Héctor Galindo, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, no sólo constituye un acto de venganza, escarmiento y sevicia judicial, sino que desnuda la naturaleza fascistoide del régimen de facto encabezado por Calderón y sus aliados.
La sentencia dejó firme una lectura jurídica sobre las formas de la protesta social y sentó los lineamientos para el futuro. Pero además, la medida desnuda el renovado papel del Poder Judicial, que avanza sobre el terreno social para reducir la protesta ciudadana a un tema de legalidad, con la pretensión de desalentar cualquier abordaje centrado en el conflicto. Como ha ocurrido antes en la historia de México, la sanción legal busca desplazar lo político, y ejercer su poder normativo reforzando el supuesto carácter abstracto e imparcial del precepto jurídico.
Esa "purificación" de la esfera judicial puede entenderse como una "fetichización" de la ley, que refleja cómo una autonomización creciente de lo político exige transformar el conflicto social en mero litigio jurídico. Por ello que vez que lo social se politiza aparecen voces que denuncian el supuesto ataque a las "instituciones"y al "Estado de derecho" y llaman a defender la "Patria" y consensos políticos fundacionales como la "mexicanidad". Las reivindicaciones políticas devienen así actos delincuenciales o "subversivos", la denuncia se convierte en "apología del delito", y la movilización social en "motín", "asonada" o "rebelión".
Por la vía de criminalizar la protesta y transformar una acción política en delito penal, equiparando a manifestantes y luchadores políticos y gremiales con narcotraficantes, secuestradores o terroristas, la renovada justicia represora pasa a ser un elemento de control y disciplinamiento social que intenta impedir el avance de las organizaciones populares que se oponen a la lógica del pensamiento único neoliberal. El castigo de la rebeldía busca reducir a los actores sociales a meros espectadores y fijar sus acciones en los estrechos límites que marcan los ejecutores de la ley, muchos de los cuales son los fiscales de la impunidad del antiguo régimen priísta y el continuismo foxista-calderonista.
Es evidente que hay jueces que están haciendo política y persiguen a los que protestan. Eso entraña un mensaje represivo, pero también podría interpretarse como un intento por presionar al gobierno surgido de un fraude para que vire aún más a la derecha. En ese marco, el binomio formado por una institución armada convertida en Ejército de ocupación en su propio país y jueces políticos que actúan de consuno con los militares contra un "enemigo interno", en un escenario de violencia y caos generalizado a escala nacional, no deja mucho margen para el optimismo.
(La Jornada, 21 de mayo de 2007)
viernes, 11 de mayo de 2007
México estrena un cuerpo militar para situaciones de excepción bajo mando presidencial
Aunque oficialmente no ha trascendido cuántos agentes lo integrarán, algunos medios locales señalan que esta fuerza podría tener al menos 3.500 miembros
EFE - México - 11/05/2007
México cuenta desde ayer con un nuevo cuerpo militar de élite destinado a mantener el orden y actuar en situaciones de excepción que estará bajo las órdenes de la presidencia del país. El decreto de creación del nuevo cuerpo militar entra en vigor en medio de una ola de violencia derivada del crimen organizado en varios Estados de México, donde este año han sido asesinadas 958 personas, según datos extraoficiales citados por el diario El Universal.
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado por el presidente, Felipe Calderón, intensificará el combate contra las bandas criminales y el narcotráfico bajo la supervisión directa del jefe del Estado. La Secretaría (ministerio) de Defensa Nacional (Sedena) se encargará de la operatividad administrativa y técnica de la nueva corporación militar. El propósito de este nuevo cuerpo será "el restablecimiento del orden público y el Estado de derecho" en México cuando ambos estén amenazados.
Hasta la fecha, ante las situaciones más graves que ocurrían en los 32 Estados mexicanos, si la autoridad estatal o local se veía desbordada se complementaba con cuerpos federales.Entre dichos cuerpos, destacan la Policía Federal Preventiva (PFP), dependiente del ministro de Seguridad Pública (SSP), y la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), subordinada a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general). El decreto de creación del nuevo cuerpo, en vigor desde ayer, señala que las acciones del CFAF se llevarán a cabo "a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles de cualquier nivel de Gobierno a quienes preste apoyo".
3.500 agentes
Aunque oficialmente no ha trascendido cuántos agentes lo integrarán, algunos medios locales señalan que esta fuerza podría tener al menos 3.500 miembros. La creación de la corporación militar se sustenta en un fallo de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) que determina que el Ejército de México puede brindar apoyos a otros entes en la seguridad pública.
El año pasado, dos de las acciones más llamativas tuvieron lugar en Oaxaca, un Estado sumido en una crisis durante más de medio año por un conflicto político-social que causó una veintena de muertos, y los desórdenes de San Salvador Atenco de mayo, donde murieron dos personas. Esta segunda actuación acabó, además, con más de 200 detenciones tras secuestros de agentes policiales y enfrentamientos entre los alzados y la policía federal y del Estado de México, entidad que purgó a los mandos que dirigieron aquella acción tras admitir que se cometieron abusos de autoridad.
(El País, 11 de mayo de 2007)
jueves, 10 de mayo de 2007
La estrategia de la militarización
RAMÓN GUZMÁN RAMOS
La primera cuestión que seguramente se planteó Felipe Calderón al hacerse cargo de la Presidencia de la República debió haber sido sobre la problemática más urgente a la que tendría que enfrentarse. Era necesario escoger de entre todos el problema más grave que padecía la sociedad. El objetivo fundamental consistía en dar un golpe mediático contundente que le permitiera empezar a hacerse de la legitimidad que no había obtenido del reciente proceso electoral. Y el problema más urgente era –y sigue siendo– el de la inseguridad pública. Su antecesor, Vicente Fox, había dejado que el crimen organizado creciera desmedidamente hasta el punto en que llegó a convertirse en un verdadero asunto de seguridad nacional.
La mejor estrategia que se acomodaba a sus pretensiones era la militarización. El uso de las fuerzas armadas le daba al presidente Calderón la posibilidad de alcanzar dos objetivos al mismo tiempo: 1) darle un golpe espectacular al crimen organizado y hacerse de la legitimidad que tan urgentemente estaba necesitando; y 2) hacer una contundente demostración de fuerza, del control de la fuerza pública por parte del Ejecutivo federal, para disuadir a la población de cualquier intento de rebelión cívica en su contra, sobre todo cuando casi la mitad del electorado cuestionaba directamente su triunfo en las urnas.
En Michoacán, la violencia desatada por el crimen organizado llegaba a situaciones de guerra. Las ejecuciones y los enfrentamientos entre los cárteles de la droga por el control de territorios saturaban la atmósfera de un olor a horror y a muerte. Todavía no podemos asegurar con precisión cuál fue realmente la causa por la que Calderón decidió iniciar sus operativos conjuntos en la entidad. Quizá el hecho de haber un gobierno perredista influyó en su decisión –además de que es su tierra natal–, más cuando una buena parte del perredismo michoacano, sobre todo el oficial, había tenido serias diferencias con López Obrador y algunos acercamientos con el foxismo. Quién sabe. Estos son elementos que se pudieron haber tomado en cuenta a la hora de decidirse a empezar por Michoacán. Un triunfo militar aquí contra el narco le significaría la adquisición de todo ese capital político que estaba necesitando desesperadamente.
Las cosas, sin embargo, no le han resultado a Calderón como quisiera. La estrategia de militarizar la lucha contra el crimen organizado y de usar al Ejército como una fuerza de disuasión política ha empezado a generar efectos de desastre. Los cárteles que se disputan encarnizadamente el control de los territorios en el país han empezado a dirigir su capacidad de fuego contra las corporaciones policiacas y el Ejército. Esta es, por cierto, una guerra que nadie puede ganar. Es que tendría que ser una guerra de exterminio, como en efecto se empieza a mostrar. Y los narcos no son de ninguna manera una especie en extinción. Son capaces de reponer rápidamente a los elementos que se aniquilan y de volver a crecer con su enorme, inacabable, poder de fuego y de corrupción.
Lo que está ocurriendo más bien es que la militarización de la estrategia de combate al narcotráfico invade ya a la sociedad. La pretensión de disuasión ha rebasado todos los límites y se convierte en una política de intimidación directa y de represión indiscriminada contra la población civil. Lo que se empieza a militarizar es la vida social. Y la militarización implica la violación sistemática, de facto en este caso, de las garantías constitucionales de la sociedad civil. Lo que ha estado sucediendo durante estos días en la región de Tierra Caliente es una muestra alarmante de lo que podría ser una tendencia a nivel nacional. Felipe Calderón se podría sentir tentado a afianzarse exclusivamente en las fuerzas armadas del país y dejar a un lado las disposiciones que le marca la Constitución.
Pero esta estrategia está mostrando también una contradicción garrafal. No ha logrado acabar con el crimen organizado. Al contrario, las ejecuciones, los enfrentamientos entre los cárteles y entre éstos y el gobierno son cada vez más frecuentes y más sangrientos, con un daño colateral a la sociedad civil que raya en el terror. El descontento ciudadano, que se concentraba casi exclusivamente en el cuestionamiento a los resultados electorales del 2 de julio del 2006, se ha desplazado a otros sectores de la sociedad civil, como los sindicatos, las organizaciones populares y campesinas, que no han vacilado en tomar los espacios públicos para impulsar un movimiento de magnitud nacional en contra de las reformas estructurales del régimen. Y está en ciernes otro tipo de descontento colectivo, que tiene que ver con la violación generalizada de los derechos humanos.
La estrategia de militarización que ha adoptado Felipe Calderón podría empezar a meter todo tipo de tensiones entre las propias fuerzas armadas. El Ejército no puede hacerse cargo por sí solo de un problema que les compete directamente a las corporaciones policiacas y que requiere, como se ha insistido, de una estrategia diferente que incorpore las acciones de inteligencia. Pero no sólo a través de la violencia se combate un proceso de descomposición social como el que estamos padeciendo. Es necesario abrir otros frentes en donde las armas tengan que ver más bien con el desarrollo equitativo, la construcción de oportunidades para todos, la educación y la cultura. Aceptar que la militarización es el único recurso que nos queda es como abrirle paso sin ninguna resistencia a un proceso de fascistización de la vida nacional que nos puede asfixiar políticamente a todos.
(La Jornada Michoacán, 10 de mayo de 2007)
Crea Ejército grupo élite de apoyo a seguridad pública
La nueva corporación castrense, que de acuerdo con fuentes militares se formaría con unos 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), estará bajo las órdenes del Presidente, pero dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
Jorge Ramos Pérez y María de la Luz González
El Universal
Jueves 10 de mayo de 2007
El presidente Felipe Calderón creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que apoyará a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, restauración del orden, combate al crimen organizado y actos contra la seguridad de la nación.
La nueva corporación castrense, que de acuerdo con fuentes militares se formaría con unos 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes), estará bajo las órdenes del Presidente, pero dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con el artículo 2 del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, dicha corporación actuará por instrucciones del presidente "a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno a quienes preste el apoyo".
Un capítulo más
Ernesto López Portillo, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), consideró que la creación del organismo institucionaliza la política del presidente Calderón de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, "práctica que ha acompañado a la historia de México".
"Este es un capítulo más en la transición del Estado para caracterizar al fenómeno de la delincuencia organizada como un problema de seguridad nacional y de seguridad pública y, además, hace patente la debilidad de las instituciones civiles, particularmente las policiales, y el fortalecimiento de las militares", sostuvo.
José Luis Piñeyro, experto en seguridad nacional de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) , consideró "preocupante" el anuncio porque se corre el riesgo de que también se utilice para aplacar movimientos sociales.
"El desacuerdo es que el Ejército pueda participar en la contención de movimientos de protesta social", sostuvo el analista.
Consideró que la creación del cuerpo de élite se inscribe en el combate al narcotráfico, en el que a pesar de que oficialmente se ha dicho que se trata de "recuperar territorio" esto es discutible y "tiene sus asegunes" porque en Michoacán se realizaron operativos en el arranque del sexenio pero ante los hechos de violencia recientes "se recupera y no se recupera".
El decreto firmado por el presidente Felipe Calderón y el titular de la Secretaría de la Defens Nacional, Guillermo Galván, entrará en vigor a partir de hoy 10 de mayo.
López Portillo expresó además su preocupación por el hecho de que el decreto no defina las condiciones de la cadena de mando en que se darán las intervenciones de la nueva corporación militar, pues esa indefinición podría llevar a "una virtual sustitución operativa del Ejército por la policía".
El decreto sustenta la creación de este cuerpo especial en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que autoriza la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.
"Eso es cierto, pero hay una salvedad, y es que la autoridad civil tiene que estar al mando, y el decreto no establece cómo se resuelve la cadena de mando en terreno estratégico, operativo y táctico", advirtió López Portillo.
El decreto establece que la nueva corporación se integrará por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, y con los mandos y órganos de mando que determine el titular de la Sedena, y aclara que no podrá sustituir, en ningún caso, a las autoridades apoyadas en las funciones que legalmente les competan.
Los integrantes de la corporación recibirán adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, con el objeto de restablecer el orden público y el Estado de derecho, señala.
El decreto fija a la Defensa 90 días para brindar los recursos humanos, materiales y presupuestarios.
(El Universal, 10 de mayo de 2007)
miércoles, 9 de mayo de 2007
Crea Sedena el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal
El grupo especial del Ejército actuará por instrucciones del Presidente para combatir a la delincuencia organizada y en actos que atenten contra la seguridad nacional
Notimex
El Universal
Ciudad de México
Miércoles 09 de mayo de 2007
08:40 La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) publica el decreto por el que se crea el grupo especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
El documento, difundido en el Diario Oficial de la Federación, precisa que el cuerpo especial coadyuvará en el combate a la delincuencia organizada y aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional; además, apoyará la restauración del orden.
El decreto, que entrará en vigor este 10 de mayo, indica que este organismo en ningún caso podrá sustituir en las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas.
Dependiente de la Sedena, este nuevo organismo actuará por instrucciones del Presidente de la República "a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo".
Señala que se le brindarán los recursos humanos y materiales que requiera, y estará conformado por unidades organizadas, equipadas y adiestradas, las cuales se constituirán por mando, órganos de mando y el número de unidades que determine el titular de la Sedena.
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal recibirá adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden y del Estado de derecho.
La Sedena tiene 90 días a partir de esta publicación para brindar los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para que este organismo inicie sus funciones.
fllq/grg/goc
(EL Universal, 9 de mayo de 2007)
