LA REDACCIóN
México, D.F., 30 de junio (apro).- Seis personas han sido asesinadas en distintos puntos de Chihuahua, entre ellas un militar. Como parte de las agresiones del crimen organizado, dos víctimas más fueron heridas con arma de fuego.
Felipe Rafael González Ruiz, soldado de infantería perteneciente al 76 Batallón, fue muerto a golpes y abandonado en la ciudad de Parral.
La víctima, de 27 años de edad, sufrió una herida en el cráneo y fue golpeado en todo el cuerpo.
De acuerdo con la versión del sistema 060, habría sido ultimado el pasado domingo, aunque fue reportado por testigos hasta este lunes.
El cuerpo fue hallado en el camino de terracería que comunica a El Parral con Villa Escobedo.
Horas antes, Francisco Hernández González, de 45 años, fue ejecutado a balazos el cruce de las calles Amapola y general Gilberto Silveyra, en Ciudad Juárez.
Un comando a bordo de una camioneta color verde abrió fuego contra la víctima, matándola en el instante. Griselda Varela, una transeúnte que pasaba por el lugar, fue herida en uno de los tobillos y trasladada al Hospital General de Zona 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
En otro caso, minutos antes de las diez de la noche un joven de aproximadamente 25 años de edad fue acribillado y muerto en la intersección de las calles las calles Violetas y Azucenas, también en Ciudad Juárez.
Sufrió tres impactos de bala en el tórax. Vestía una camiseta blanca y pantalón de mezclilla. Aún no es identificado.
A las diez de la noche, un hombre sufrió 20 disparos en el cuerpo. Fue trasladado a la delegación Salvárcar de la Cruz Roja, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.
Aproximadamente quince minutos después, testigos reportaron a un hombre muerto a bordo de una camioneta modelo Blazer 1994.
El cadáver, con perforaciones de bala, fue abandonado en las inmediaciones de la plaza Búfalo.
Antes de las once de la noche, dos adolescentes fueron baleados en el cruce de las calles Guadalupe Victoria y Luis Escobar, en la colonia Morelos.
Uno de ellos murió al instante, y el segundo, identificado como Julio César Matus Valdez, de 14 años, convalece en un hospital local.
(Con información de El Diario, El Ágora y Puente Libre)
(Proceso, 30 de junio de 2009)
martes, 30 de junio de 2009
Matan a golpes a militar en Chihuahua; 5 ultimados en Juárez
jueves, 25 de junio de 2009
Denuncia de indígena violada por militares llega a la Corte Interamericana
LA REDACCIóN
MÉXICO, DF, 25 de junio (apro).- La CIDH informó hoy desde Washington que demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al gobierno mexicano por el caso de Inés Fernández Ortega, una mujer indígena guerrerense que en 2002 fue violada y torturada por militares.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), interpuso la demanda contra México por la violación y tortura de la indígena me'phaa a manos de militares, pues hasta el momento no se ha investigado ni sancionado a los responsables, y tampoco ha habido la reparación de la víctima.
Hace unas semanas la organizaciones de derechos humanos Tlachinollan y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) dieron a conocer que la CIDH determinó, desde el 7 de mayo, remitir el caso de Inés a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indígena tlapaneca violada y torturada por militares el 22 de marzo de 2002 en su domicilio, ubicado en la región de La Montaña de Guerrero.
Ese día un grupo de soldados entró en su casa para interrogarla en relación con un presunto robo de carne y la aparición de un grupo armado. Al no responder a sus preguntas, la violaron.
Semanas atrás se había registrado otro caso parecido.
Valentina Rosendo Cantú, que entonces tenía 17 años, fue abordada el 16 de febrero de ese mismo años en su domicilio por soldados, que le hicieron preguntas sobre las actividades de algunos "hombres encapuchados", en referencia a la guerrilla guerrerense.
Al responder que no conocía a ninguno, la amenazaron y dos soldados la violaron.
Del caso de Valentina también se espera una resolución, pues la CIDH ya emitió su informe de fondo, mismo que no se ha hecho público en virtud que el procedimiento considera un plazo para que el gobierno mexicano atienda a los requerimientos de la CIDH y la queja pueda ser resuelta por la vía de la conciliación.
Los dos casos estuvieron radicados desde 2002 hasta 2008 ante la justicia militar, misma que al final concluyó que en los hechos no habían participado efectivos castrenses, por lo que remitió la denuncia a la Procuraduría de Guerrero.
En estos años, la tensión en la zona se ha ido incrementando contra los grupos civiles y de derechos humanos en acciones que incluyen el asesinato del hermano de Inés poco antes que se cumplieran seis años de la agresión.
Además, integrantes de la organización de derechos humanos Tlachinollan han denunciado diversas amenazas.
(Proceso, junio de 2009)
Hay “indicios” de los soldados que mataron a na savi en camión: MP
Contradicen militares la versión de la Sedena en el asesinato de Bonfilio Rubio
El camión sí se detuvo, declaran ante el Ministerio Público un sargento y dos efectivos
Liberan al indígena arrestado por usar botas tipo militar; el delito no es grave, determinan
ROBERTO RAMIREZ BRAVO (Enviado)
Huamuxtitlan, 24 de junio. Un sargento y dos soldados de infantería del batallón militar adscrito a Tlapa negaron, ante el juez mixto de este distrito de Zaragoza, que el sábado pasado los soldados hayan disparado contra un autobús de pasajeros porque su chofer no se detuvo, como fue la versión inicial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre esos hechos, en los que asesinaron al indígena Bonfilio Rubio Villegas.
Se trata del sargento segundo Rigoberto Hernández Prieto y los soldados Eloy Rodríguez García y Félix Ignacio Carranza, quienes declararon ante el juez Fidel Alfaro Alonso, en la causa penal 10/2009, que se sigue al indígena na savi Fausto Saavedra Valera, que la noche del incidente fue detenido por portar botas tipo militar.
En su declaración, Hernández Prieto señaló que aproximadamente a las 10:30 de la noche del sábado 20 de junio estaba en el puesto de revisión en el crucero de Santa Cruz, en el kilómetro 213 más 500 de la carretera Chilpancingo-Las Peñas, Puebla, donde interceptaron al autobús de la compañía Sur número 6148 y placas 367-HR7, procedente de Tlapa, y al hacer la revisión, el soldado Félix Ignacio Carranza le informó de la presencia de Fausto Saavedra y sus botas.
El camión duró detenido hasta que vino el comandante de la fuerza de reacción inmediata –del cual no proporciona el nombre– e interrogó al conductor, Francisco Emanuel Pizano Alejo, para verificar que coincidiera el nombre del na savi con sus registros; luego, cuando le dijo al chofer que se quedaría detenido el indígena, discutieron, porque Pizano Alejo quería que le hiciera una anotación “en su libreta de registro de pasajeros que constara que el propietario de las botas se iba a quedar para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes”.
El sargento da cuenta de la discusión, pero no dice qué pasó después, cuando ocurrieron los disparos, ya que el expediente para el que hizo su declaración era sólo por el incidente de las botas.
En un sentido similar hablaron los soldados, quienes coinciden en la hora y lugar en que se efectuó la revisión del autobús, y en que durante ésta se encontró al joven de las botas, en los folios del calzado y en los datos del autobús.
El soldado Félix Ignacio precisó que el camión –con capacidad para 49 personas– circulaba con dirección a Huamuxtitlán, y se le indicó que se desviara de su carril para ser revisado y “así lo hizo”.
Eloy Rodríguez, a su vez, dijo que al llegar el autobús se le indicó que bajara su velocidad “y así lo hizo”.
Los tres coinciden en su declaración que al saber que es un delito usar insignias militares, lo detuvieron.
Ninguno da más datos de lo que ocurrió después, respecto a cuando dispararon contra el autobús. Sin embargo, el agente del Ministerio Público (MP) integró la averiguación ZAR/02038/2009 por el delito de homicidio en agravio del indígena Bonifacio Rubio, quien murió de un balazo en el cuello luego de que soldados dispararon contra el camión cuando se retiraba.
El determinador Rosendo García dijo que “está claro” que fueron los militares quienes mataron al civil en el autobús, y afirmó que “hay indicios” de los responsables, pero todavía no hay ningún nombre, y aunque sostuvo que hay colaboración con las autoridades castrenses, no entró en detalles de qué acciones concretas se llevan a cabo, porque, dijo, se podrían “entorpecer” las averiguaciones, ya que los responsables podrían huir.
“Mejor así, calladitos”
En tanto, trascendió aquí que cuatro soldados que participaron esa noche en el ataque al autobús fueron puestos a disposición del Ministerio Público militar con sede en Chilpancingo, aunque no fue posible conseguir sus nombres ni cuál es su situación jurídica, pues fuentes cercanas a la investigación ministerial señalaron que del Ejército no ha habido ningún contacto oficial al respecto.
Libre bajo fianza
Asistido por el abogado del centro de derechos humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el indígena na savi Fausto Saavedra Valera, quien fue detenido en posesión de las botas tipo militar –por lo cual se originó el incidente que terminó en que los soldados dispararon contra el autobús de pasajeros y mataron a uno–, será puesto este jueves en libertad, luego de que el juez Fidel Alfaro Alonso determinó que el delito por el que se le acusa no es grave, y ordenó su libertad condicional tras el pago de una fianza de 6 mil pesos.
El acusado se reservó su derecho a declarar. Su abogado –quien pidió la fianza y la ampliación del término para determinar la situación jurídica del detenido– alegó que el delito que se le imputa no está probado, pues se requiere que haya intención de burla o agravio hacia la sociedad o a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual no ocurre.
El agente del Ministerio Público adscrito a este caso, Jorge Luis Astudillo, se limitó a pedir que el juez decrete el auto de formal prisión contra el acusado.
(La Jornada Guerrero 25 de junio de 2009)
miércoles, 24 de junio de 2009
En busca de guerrilleros, militares torturan a pobladores de la sierra de Guerrero: AI
Amenazan incluso con armas a mujeres y niños de tres comunidades, denuncia
Existe el inminente peligro de que esas violaciones a los derechos humanos se repitan, alerta
Emir Olivares Alonso
Amnistía Internacional (AI) denunció que durante un operativo militar contra el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en tres comunidades de la sierra de Guerrero, integrantes del Ejército torturaron, amenazaron y hostigaron a los pobladores de esas regiones, incluidos mujeres y niños.
Ante ello, emitió una recomedación urgente, por el temor de que esta población vuelva a ser víctima de abusos y delitos cometidos por soldados.
El documento fue dirigido al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; al gobernador de la entidad, Zeferino Torreblanca; al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, y a organismos internacionales de defensa de los derechos humanos.
Destacó que desde 2008 ha documentado que en México se han incrementado incidentes en los que miembros del Ejército incurren en homicidios, torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y registros domiciliarios ilegales.
Sobre este caso, AI documentó que del 9 al 13 de junio varios militares incursionaron en las localidades Puerto de las Ollas, Las Palancas y El Jilguero, del municipio de Coyuca de Catalán, donde torturaron a dos hombres y agredieron, amenazaron y hostigaron con armas a mujeres y niños.
Demandan garantías
El organismo internacional exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos, y que garanticen la seguridad de los residentes de esos sitios contra futuros ataques, pues "existe ese inminente peligro".
AI precisó que el pasado 9 de junio 60 soldados llegaron hasta estas comunidades disparando al aire y contra los lugareños. Agregó que el día siguiente llegaron más militares, que sumaban alrededor de 500.
"Durante cinco días hostigaron a las mujeres y a los niños que permanecieron en el lugar, y torturaron a algunos", subrayó AI. Agregó que los militares abandonaron esas comunidades el 13 de junio, cuando llegó una misión de observación conformada por varias organizaciones civiles, entre ellas la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero.
De acuerdo con esa misión –aseveró AI–, Omar García, adolescente de 14 años y poblador de la región, "fue torturado por más de tres horas, pues le aplicaron descargas eléctricas, le vendaron los ojos, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, lo golpearon y lo amenazaron con castrarlo".
Otra de las víctimas fue un hombre de 33 años, César Acosta Ávila, quien desde hace dos años sufre las secuelas de una hemorragia cerebral. Éste "fue víctima de torturas durante tres horas: los soldados le introdujeron agujas bajo las uñas, le propinaron puñetazos en los oídos, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico, lo golpearon en cabeza y pecho, amenazaron con aplicarle descargas eléctricas en los pezones y le advirtieron que si denunciaba el trato de que fue objeto, sería encarcelado".
AI informó además que, en un intento por obtener información del ERPI, durante esos cinco días los militares amenazaron y hostigaron a las mujeres. A tres de ellas "les colocaron cuchillos en la garganta, mientras que a una que estaba embarazada la empujaron y lanzaron contra la pared; a una más, con un bebé en brazos, amenazaron con matarla".
La organización civil de derechos humanos más grande del mundo denunció que otros informes revelan que los soldados "amenazaron e interrogaron a varios menores de edad, entre ellos un niño de ocho años, a quien apuntaron con una pistola".
Añadió que el Ejército allanó los hogares de los lugareños, robó y destruyó bienes, además de amenazar con quemar las cabañas e intentar falsificar pruebas para vincular a los comuneros con grupos armados y con el narcotráfico.
(La Jornada, 24 de junio de 2009)
Exigen respuesta del gobierno por víctima de camión baleado por militares
Este miércoles se llevó a cabo el sepelio de Bonfilio Rubio Villegas, originario de la comunidad de Tlatzala, en el municipio de Tlapa, Guerrero y quien se desempeñaba como peón de albañil en la ciudad de México.
Mié, 24/06/2009 - 20:00
El trabajador indígena pensaba migrar a Nueva York para mejorar las condiciones de su familia. Foto: Jonathan Pardiñas
- Disparos a autobús en Guerrero fue por intento de fuga del chofer
- Disparan militares contra autobús de pasajeros en Guerrero, un muerto
México.- Bonfilio Rubio Villegas tenía 29 años. Trabajaba como peón de albañil en la
Ciudad de México, pero el sueldo ya no le alcanzaba y decidió como miles de migrantes, emprender un viaje el próximo viernes a Estados Unidos, a Nueva York, para buscar una oportunidad.
Por eso, la noche del sábado 20 de junio viajó a Huamuxtitlán, en la región de la Montaña en Guerrero, para despedirse de sus padres. Nunca llegó.
El camión de pasajeros perteneciente a la línea Sur en el que viajaba fue baleado por miembros del 93 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, con sede en Tlapa. El chofer del autobús, Francisco Pizano Alejo no se detuvo ante el alto que hicieron los uniformados y dispararon, matando a Bonfilio, pasajero del autobús. El conductor, quien transportaba diez kilogramos de mariguana quedó detenido.
Este miércoles se llevó a cabo el sepelio de Bonfilio, originario de la comunidad de Tlatzala, en el municipio de Tlapa. Familiares y amigos pidieron al gobierno federal una respuesta ante estos hechos, ya que hasta el momento ni el Ejército ni ninguna autoridad les ha dado una explicación.
Jonathan Pardiñas/Milenio
(Milenio, 24 de junio de 2009)
Civil habría puesto la mariguana en el camión, denuncia detenido
Intentó fotografiar al conductor, luego subió al autobús, tras ello, “aparecieron” los paquetes
JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)
Huamuxtitlan, 23 de junio. Francisco Emanuel Pizano Alejo es originario del Distrito Federal. Vive actualmente en el Valle de Chalco. Tiene 30 años. Desde hace 12 trabaja como conductor de transporte público, pero hace un par que se empleó con la empresa de autobuses Sur.
El domingo rindió su declaración ante el Ministerio Público (MP), en Huamuxtitlán, con ayuda de los abogados de su empresa. El testimonio que ahí rindió fue sobre la muerte del pasajero Porfirio Rubio Villegas, quien viajaba en el camión que iba al Distrito Federal, el sábado por la noche. Pero acerca de los paquetes de mariguana, 10 kilos, que encontraron los soldados en la unidad, tendrá que hacerlo ante la Procuraduría General de la República (PGR), en Chilpancingo. Se sabe que este martes fue trasladado desde Huamuxtitlán.
El lunes como a la 1 de la tarde fue posible hablar con Pizano, cuando aún estaba en la cárcel municipal. Todavía no era consignado a la PGR, pero seguramente ofrecerá a los fiscales la siguiente versión sobre el misterioso hallazgo de la droga en el autobús, que previamente había sido revisado ya con minuciosidad por los soldados en el retén, antes de que ocurrieran los disparos.
Después de la agresión, cuando emprendió la huida, “llegué a la terminal y lo primero que hice fue estacionar el autobús, me acerqué con el comisionista y le pedí de favor que hablara a los servicios de emergencia y a Tlapa para reportar la situación. Así lo hizo. En eso estábamos, no pasaron más de cinco minutos cuando me alcanzan los militares otra vez y estaban afuera de la terminal.
“Me alcanza a agarrar uno por la parte de atrás del pantalón y me dice: ‘¡hazte para acá cabrón, ya valiste verga!’”. Así me dijo. Entonces yo la verdad le di un manotazo y le dije: ‘¡a mí no me vas a llevar cabrón!’. Sí le grité, ya molesto, espantado. Me dijo: ‘¡a mí no me grites!’. Le dije: ‘¡cómo no quieres que te grite si me mataste a un pasajero, traigo un pasajero muerto!’.
“El iba a darme el cachazo, pero cuando dije eso y el pasaje se puso al brinco, le empezaron a gritar que eran unos asesinos. Muchas cosas le gritaron. Como que le midió, entonces se subieron al camión, vieron el cadáver, se bajaron y se retiraron.
Francisco es un joven delgado. Esa condición física parece haber aumentado desde el domingo en la madrugada. Luce ojeras. Es padre de familia.
Cuenta que en medio de la agitación, ya frente a la terminal de autobuses, en Huamuxtitlán, un hombre vestido de civil primero quiso tomarle fotografías. El se negó. Agentes de la Policía Federal (PF) y soldados estaban en el camión, revisando. Abajo, los pasajeros y Pizano.
“Me revisaron el camarote. Tampoco encontraron nada en el camarote. Estuvieron dando vueltas y de repente me dice un militar que su aparato detectaba algo en la parte de atrás del autobús, que si por favor le abría la tapa del motor. Sí, le abrí la tapa del motor. Checó abajo, estuvo checando. Yo vi cuando bajó el civil de la mochila se bajó y dijo, es que aquí no hay nada, vamos a ver allá arriba.
“Como a las 2:30 de la mañana estaban pasando un aparatito los militares en el camión, me imagino que para detectar una sustancia o algo así. Le dieron y le dieron vuelta. Yo vi, y le soy sincero: siento que fue él (quien puso los paquetes de mariguana en el autobús), la persona que estaba tomando fotos de parte de ellos. Traía una mochila grande. Esa persona estaba subiendo y bajando constantemente”.
Iba para Tuncingo
Fausto Saavedra Valera es de Xilistlahuaca, un pueblo na savi de los más alejados de Metlatónoc, en la agreste y pobre zona alta de La Montaña. Tiene 32 años. Hasta el lunes por la tarde su familia no sabía de él. Acudieron al centro de derechos humanos Tlachinollan, en Tlapa, donde abogados de la organización coadyuvaron a localizarlo y también lo asisten en su defensa.
El sábado por la mañana Fausto salió de la localidad y en la noche, tomó en Tlapa el autobús que lo llevaría a Tuncingo, Puebla, donde se encontraría con un amigo. Tenía un empleo para él como peón o campesino. Esta es la versión que ofreció al reportero el lunes, acompañado de Pizano, en una celda diminuta, en Huamuxtitlán.
–¿Cómo fue que te bajaron los soldados por las botas?
–Yo estaba abajo cuando me vieron las botas. Ya habían revisado a toda la gente. Estaban subiendo a la gente cuando un oficial me vio las botas, me dijo que me las quitara y me las quité.
“Ya después de la revisión, estaba subiendo la gente. Ya nos íbamos. Yo iba a subir hasta el último. Alguien me vio las botas y me dijo que me las quitara. Me las quité las dos y ya no me las quería entregar. Yo las quería, pero ya no me las quería entregar”.
–¿Qué te dijeron de los motivos de tu detención?
–Pues que esas botas no los puede cargar otra persona. Le dije que me las había vendido un amigo que trabaja en Tlapa.
–¿Y qué te dijeron cuando les dijiste que te las había vendido un amigo?
–Pues nada. No me dijeron nada. Que me iban a detener por eso. Por las botas. Yo me bajé con mi mochila cuando fue el retén, nomás traía una mochila.
–¿Estando abajo escuchaste si alguien de los soldados dio la orden de disparar?
–Pues yo no escuché nada, porque estaba hablando, no sé quién es el militar con el que hablaba. Estaba hablándole, pidiéndole que me dejara ir, que se quedaran las botas porque el camión todavía estaba ahí. Me dijo que no. Se fue el camión y yo me quedé ahí. Ya después oí los disparos, pero yo estaba abajo, con ellos, con los soldados.
(La Jornada Guerrero, 24 de juniio de 2009)
martes, 23 de junio de 2009
Militares matan a na savi en retén; “siembran” droga como excusa
Detienen a indígena por usar botas como las del Ejército; también arrestan al chofer
Revisan un autobús, lo dejan ir, luego ordenan que se detenga, los ignoran y disparan
Hallan 10 paquetes de mariguana que no fueron encontrados durante la inspección
JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)
Huamuxtitlan, 22 de junio. Sábado 20 de junio, 10:30 de la noche: en un retén militar de más de 30 soldados, en la carretera federal que comunica a Tlapa con Puebla, a menos de dos kilómetros de Huamuxtitlán, el autobús de la línea Sur es detenido por los militares. Uno de ellos sube e informa a los pasajeros que habrá una “revisión de rutina”. Pide a los varones que bajen. Las mujeres permanecen en sus asientos y comienza la inspección.
Pasaron más de 15 minutos. Arriba, un solado se encarga del chequeo minucioso al equipaje. Abajo, otros soldados revisan a los pasajeros.
La inspección “de rutina” concluye sin contratiempos, o al menos eso parece hasta que uno de los soldados nota que el indígena na savi Fausto Saavedra Valera usa botas tipo militar. El jefe del retén da luz verde al conductor, le dice que todo está “en orden”, pero que el pasajero de las botas tendrá que quedarse, porque su calzado no es de uso civil y constituye un delito. El conductor, Francisco Pizano, y otros pasajeros, increpan la decisión de los soldados.
Pizano pide al jefe militar que firme un documento en el cual deje constancia que el Ejército tiene al indígena, para justificar su ausencia ante la empresa. El encargado se niega. Intercambian insultos y después, cuando otro militar apacigua la discusión, el conductor sube el autobús, lo echa a andar y le advierte que es injusta la retención del na savi de Xilistlahuaca, Metlatónoc.
10:50 de la noche: de un silbido, el militar le ordena que se vuelva a detener y Pizano lo ignora. No han pasado más de 100 metros cuando se escuchan las primeras ráfagas que salieron de las metralletas de otros soldados, que estaban más adelante del retén. Los disparos dieron en la carrocería del autobús y en el cuello de Porfirio Rubio Villegas, un indígena de Tlapa, quien murió al instante.
Lunes 22 de junio: en la cabecera de Huamuxtitlán, un vehículo destartalado vende como pan caliente un periódico regional que da cuenta de la muerte del indígena. “Barbarie de militares”, consigna el encabezado principal.
En la cárcel de la ciudad están encerrados, en una diminuta celda, Francisco Pizano Y Porfirio Rubio. Han sido para ambos las 48 horas más largas de su vida porque ninguno sabe exactamente, hasta la fecha, cuál es el motivo de su detención. El sábado a las 11 de la noche, tras la balacera, el autobús se refugió en la terminal que tiene la empresa en Huamuxtitlán. Hasta ahí llegaron, primero, la Policía Municipal, después los soldados del retén, agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP), del Ministerio Público y paramédicos de la Cruz Roja .
El lunes por la tarde, en Chilpancingo, según empezaron a reportar los portales de periódicos del Distrito Federal, el Ejército ofreció la versión oficial de los hechos, y subraya dos momentos claves sobre la muerte del indígena de Metlatónoc: primero, que los soldados reaccionaron con disparos debido a que el conductor no se detuvo cuando lo ordenaron; segundo, que cuando inspeccionaron el camión encontraron 10 kilos de mariguana.
Francisco y Porfirio se ven cansados en la celda. Largas han sido las últimas horas. El domingo, por separado, los llevaron a declarar al Ministerio Público de Huamuxtitlán, pero a ninguno le han informado con precisión cuáles son los cargos que enfrentan.
Se habla con ellos a través de las rejas. En su testimonio contradicen las versiones oficiales y dan más detalles de los que sucedió. Pizano –barba crecida y con aliento a cigarrillo– sostiene: “en ningún momento me negué a la revisión, a nada, yo creo que los paquetes fueron sembrados”.
Cuenta que un par de horas después de las ráfagas, estando en la terminal de Huamuxtitlán, un soldado, un agente del MP y uno de la PFP seguían revisando el camión. “Nos habla el federal y nos dice: venga para acá y en la misma fila de asientos donde estaba el cadáver, pero del otro lado, no estaban ni escondidos ni nada, estaban unos paquetes envueltos en cinta canela. No estaban escondidos, estaban a simple vista.
“Mi pregunta es: si me están revisando en el retén antes, más de 10 minutos, luego, cuando estaban las autoridades, yo vi al señor del MP que se paró prácticamente ahí en los asientos de atrás, él estaba ahí parado cuando estaban haciendo la diligencias, entonces es imposible que no los hayan visto antes, que no los hayan pisado”.
De Porfirio, sus familiares no tuvieron noticias hasta el lunes por la tarde. El domingo permaneció bajo custodia de los militares en Tlapa y después lo llevaron a los separos en Huamuxtitlán.
Hasta ese momento no había podido hablar con nadie. Ni llamadas por teléfono ni un abogado le fueron concedidos. Los soldados sólo le dijeron: “esas botas (que consiguió en Tlapa, donde se exhiben en varias tiendas) no las puede cargar cualquier persona, son de uso exclusivo de los militares”.
Desde el sábado por la noche Porfirio Rubio anda en calcetines.
(La Jornada Guerrero, 23 de junio de 2009)
lunes, 22 de junio de 2009
Ejército dispara contra autobús y muere pasajero en Guerrero
Según la versión castrense, los soldados le hicieron el alto al transporte de pasajeros pero el chofer nos e detuvo, por lo que dispararon
Adriana Covarrubias/corresponsal
El Universal
Acapulco, Gro. Lunes 22 de junio de 2009
16:34 Elementos del Ejército Mexicano del 96 batallón de infantería dispararon contra un autobús de pasajeros de la ruta Alpoyeca- Huamuxtitlán, región de la Montaña alta, pues según su versión es que cuando le marcaron el alto para que se detuviera, pero el conductor los embistió. Derivado de esos disparos, una personas murió. Los militares hallaron 10 kilos de mariguana en el camión.
De acuerdo a la versión oficial de la 35 zona militar, los hechos se registraron el pasado viernes alrededor de las 22:30 de la noche, cuando en un retén militar ubicado en el crucero cerca del poblado de Santa Cruz en el kilómetro 93 de la carretera federal Alpoyeca-Huamuxtitlán, le pidieron al chofer el autobús de pasajeros de la línea Sur con el número económico 45 que se parara, pero se negó y siguió su camino.
Los militares hicieron disparos al aire para que el conductor del autobús se detuviera, pero continuó conduciendo y los soldados le dieron alcance diez minutos después sobre la carretera, donde se logró detener al chofer, del cual no proporcionaron su nombre.
Al revisar el autobús de pasajeros encontraron entre los últimos asientos a una persona tirada con un balazo en la nuca y de acuerdo a una identificación que se le encontró la persona se llamó Bonifacio Rubio Villegas.
Además encontraron en la maletera del autobús, cinco paquetes de mariguana que estaban en forma de ladrillo y que de acuerdo al peso equivale a 10 kilos.
El chofer del autobús de pasajeros de la línea del Sur se encuentra detenido y junto con la mariguana fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.
cgb
(El Universal, 12 de junio de 2009)
lunes, 15 de junio de 2009
Senado desconoce ejercicios militares en EU
EL UNIVERSAL dio a conocer este lunes que el Ejército mexicano y otras agencias participarán del 27 al 31 de julio próximo, en ejercicios multinacionales antiterroristas
Ricardo Gómez
El Universal
Ciudad de México Lunes 15 de junio de 2009
16:59 El presidente del Senado, Gustavo Madero, confirmó que hasta este lunes no ha recibido ninguna solicitud para que el Ejército mexicano acuda a ejercicios multinacionales en Estados Unidos contra el terrorismo.
EL UNIVERSAL dio a conocer este lunes que el Ejército mexicano y otras agencias participarán del 27 al 31 de julio próximo, en ejercicios antiterroristas en Estados Unidos, junto con otras naciones como Canadá, Australia y Reino Unido.
"No hay información del Ejecutivo sobre esa información (sic)", reconoció este lunes el senador del PAN y coordinador de esa bancada.
En conferencia de prensa, el integrante de la Comisión Permanente prefirió no hablar sobre el tema hasta que oficialmente tenga conocimiento de ello.
En la edición de este lunes se señala que se trata del Ejercicio táctico de Nivel Nacional 2009 (NLE, por sus siglas en inglés), el cual es designado como parte del Programa Tier I del Pentágono (sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos).
Este ejercicio era conocido antes como "Top Off" o ejercicio para oficiales de alto rango, y será la primera acción conjunta masiva en territorio estadounidense en la que participarán el Ejército mexicano en su historia, así como las agencias federales.
(El Universal, 15 de junio de 2009)
domingo, 14 de junio de 2009
Servían 10 oficiales militares a “El Chapo”
Defensa Nacional los entrega; pueden estar detenidos subtenientes y hasta un teniente
Silvia Otero
El Universal
Domingo 14 de junio de 2009
silvia.otero@eluniversal.com.mx
Un grupo de 10 militares con grado de oficiales subalternos del Ejército colaboraba con el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, filtrando información al grupo criminal sobre las operaciones que desplegaría la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra la organización, por lo que los uniformados fueron detenidos y entregados a la Procuraduría General de la República (PGR).
Una investigación militar permitió descubrir la infiltración del cártel del Pacífico en las filas castrenses, donde los narcotraficantes lograron reclutar a los 10 oficiales, entre los que se encuentran subtenientes del Ejército y al parecer hasta un teniente —de acuerdo con fuentes federales—, quienes desde la noche del viernes rinden declaración en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
La Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer ayer que determinó no juzgar en el fuero militar a los sospechosos de trabajar al servicio de El Chapo Guzmán, para que éstos sean procesados en los juzgados civiles y enfrenten cargos por delincuencia organizada y los delitos que resulten de su presunta colusión con el narcotráfico.
En un escueto comunicado, la dependencia reveló que derivado de una investigación de la Procuraduría General de Justicia Militar, se detectó a 10 oficiales subalternos que filtraba información a integrantes de la organización delictiva Guzmán Loera, lo que implica que la penetración del grupo criminal fue más allá del reclutamiento de los elementos de tropa.
Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional no precisó el rango de los detenidos, ni la región militar a la que estaban adscritos o la zona en la que estos 10 oficiales subalternos tejieron una red de protección para los integrantes del cártel del Pacífico.
Hasta el cierre de esta edición, la Procuraduría General de la República tampoco proporcionó información sobre la identidad de los detenidos que la Sedena decidió entregarles, ante las evidencias que recabó sobre las presuntas actividades delictivas de sus oficiales.
La Secretaría de la Defensa Nacional sólo indicó que con la detención y entrega de los militares “ratifica su compromiso ante la sociedad, que su proceder en el combate al narcotráfico y crimen organizado será firme, enérgico y decidido, por lo cual no se vacilará en juzgar y castigar conforme a derecho a los integrantes del Instituto Armado que incurran en este tipo de delitos”.
Militares ligados al capos
Los nexos de militares de rango con el narcotráfico se han registrado también en el pasado. En 1997 fue detenido el general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), quien fue condenado a 40 años de prisión por brindar protección al extinto Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, quien fuera líder del cártel de Juárez.
Por sus presuntos vínculos con esa misma organización, los generales Arturo Acosta Chaparro Escapite y Francisco Humberto Quirós Hermosillo (finado) fueron detenidos en agosto de 2000 y tras un proceso militar se les sentenció a 15 y 16 años de prisión, respectivamente, aunque en 2002 obtuvieron un amparo; al final al primero de ellos se le concedió la libertad el 29 de junio de 2007 por falta de pruebas por delitos contra la salud.
En fechas recientes, en enero de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional también entregó a la PGR a cuatro militares —un jefe, tres oficiales y un elemento de tropa—, tras descubrirse que colaboraban con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, por lo que estos ex elementos castrenses son procesados en el juzgado séptimo de distrito en materia penal.
Mientras que en mayo de este año la Procuraduría de Justicia Militar también detuvo y puso a disposición de la PGR a 12 militares por sus presuntos nexos con el grupo de sicarios de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo.
(El Universal, 14 de junio de 2009)
Militares filtraban datos a “El Chapo” Guzmán
Descubren que el cártel del Pacífico logró reclutar a 10 elementos, entre los que se encuentran subtenientes y al parecer hasta un teniente, quienes fueron detenidos y entregados a la PGR
Silvia Otero
El Universal
Domingo 14 de junio de 2009
La infiltración del crimen organizado volvió a llegar a oficiales del Ejército de mediano rango, ya que se encargaban de proporcionar información al grupo de Joaquín El Chapo Guzmán sobre las operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra la organización.
Una investigación militar permitió descubrir que el cártel del Pacífico logró reclutar a 10 elementos, entre los que se encuentran subtenientes y al parecer hasta un teniente, quienes fueron detenidos y entregados a la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con fuentes federales, desde el viernes por la noche rinden declaración en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
La Sedena dio a conocer ayer que determinó no juzgar en el fuero militar a los sospechosos de trabajar al servicio de El Chapo Guzmán, para que éstos sean procesados en un tribunal civil y enfrenten cargos por delincuencia organizada y los delitos que resulten de su presunta colusión con el narcotráfico.
La dependencia reveló en un escueto comunicado que derivado de una indagatoria de la Procuraduría General de Justicia Militar se detectó a los 10 oficiales subalternos que filtraban información a integrantes de la organización de Guzmán Loera, lo que implica que la penetración del grupo criminal fue más allá del reclutamiento de los elementos de tropa.
Sin embargo, no precisó el rango de los detenidos ni la región militar a la que estaban adscritos o la zona en la que los 10 militares tejieron una red de protección para los integrantes del cártel del Pacífico.
Hasta el cierre de esta edición, la PGR tampoco proporcionó información sobre la identidad de los detenidos que la Defensa Nacional decidió entregarle, ante las evidencias que recabó sobre las presuntas actividades delictivas de sus oficiales.
(El Universal 14 de junio de 2009)
Calderón lleva al país al fascismo
JENARO VILLAMIL
El país "rápidamente se está acercando" a un modelo de Estado fascista ante la mala apuesta del gobierno de Felipe Calderón por "narcotizar la lucha político-electoral", advierte el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones. E insiste en la necesidad de continuar con la reforma del Estado, o de lo contrario la próxima contienda por la Presidencia podría generar más incertidumbre aun que la pasada. Además, revela un encuentro en el que Calderón, como presidente electo, le propuso al PRI un cogobierno...
En pleno debate sobre la actitud sesgada del gobierno calderonista en la lucha contra el narcotráfico, y en medio de la guerra sucia electoral desatada por el PAN contra el PRI, Manlio Fabio Beltrones subraya, en una extensa entrevista con Proceso, la preocupación de las bancadas del Senado porque “los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son la intervención telefónica, los cateos y el arraigo, están siendo utilizados de manera incorrecta y facciosa”.Actor de los primeros acuerdos entre el PRI y el gobierno de Felipe Calderón, Beltrones medita cada una de sus palabras. No rompe con la administración calderonista porque confía que “el presidente Felipe Calderón haga un alto en el camino y recupere su visión de estadista de largo plazo”, pero admite que existe en el gobierno federal un “ala dura” que encabeza las posiciones “más facciosas” del panismo.“Esta política facciosa del gobierno –insiste– ha hecho mucho daño, ha minado la confianza incluso en torno a sus buenos propósitos y la mayoría de los observadores se pregunta: al pasar el 5 de julio, quién va a recoger y a reponer los platos rotos que permitan rearmar los acuerdos de todos los actores del país”, argumenta Beltrones.El exgobernador de Sonora ubica como fecha determinante del avance de “los duros” del PAN el avionazo del 4 de noviembre de 2008:“Creo que esa vertical de Felipe Calderón se perdió cuando se desplomó el avión de Juan Camilo Mouriño. Y otro tipo de criterios, más de un jefe de partido que de un jefe de Estado, fueron los que se impusieron. Después de Juan Camilo, los duros del PAN ganaron la batalla e intentaron gobernar. Y en buena parte, por su falta de visión y de respeto a la pluralidad, son quienes encabezan el desastre político y económico al que, parece, nos estamos acercando en el corto plazo.”
–¿Son los más facciosos? –se le pregunta a Beltrones.
–Estos duros son los que empujaron a Felipe Calderón a simular un gobierno que respeta la pluralidad, cuando en realidad sus acciones lo único que intentan es apoyar a su partido.
–¿Quiénes son esos duros? ¿Germán Martínez?
–Es el protagonista más visible, aunque no debe ser el único de los que están participando en estas decisiones. Le corresponde a él dar la cara, pues es el presidente del PAN.
Crítico del “desastre económico” actual, Beltrones ha dado un giro en sus declaraciones frente a la administración de Felipe Calderón. El 19 de marzo pasado le demandó que “se faje los pantalones” para definir una posición firme en asuntos delicados, como la adquisición de los activos de Citigroup-Banamex por parte del gobierno de Estados Unidos, la definición de la refinería de Pemex y el conflicto diplomático con Francia generado por el caso de Florence Cassez.Sin embargo, él ubica el punto de quiebre en mayo pasado, cuando el gobierno calderonista, “para evitar el fracaso electoral, comienza a utilizar de manera político-electoral el combate al narcotráfico”, dice.Insiste en que la movilización del Ejército para el combate al narcotráfico debe tener un plazo para regresarlo a los cuarteles. Reconoce la labor realizada por las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, pero también aclara que, de no fijar el plazo referido, “el jefe real del Ejército mexicano, con el tiempo, tendrá que responder directamente por todas las acciones que se cometan por parte de las Fuerzas Armadas, que están capacitadas para otra función superior, más que la de actuar como policías”.“Todo lo que quepa dentro de lo que no sea el cumplimiento explícito del estado de derecho, que no es lo mismo que el Estado de derecha” en el que vivimos.
Riesgo de fascismo
–¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cuando el PRI en el Senado ha pedido que se fije un plazo perentorio para el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles?
–Silencio absoluto. Soporta esta actitud en las encuestas que hoy aparecen y en las que la mayoría de los mexicanos dice estar de acuerdo en que el Ejército haya salido a combatir al narcotráfico.“Pero ese no es el punto. El tema se centra en si es el Ejército el que debe hacer el trabajo policiaco, porque de ser así debemos pedirle a los policías que hagan el trabajo del Ejército y es cuando se complica toda la operación”.
–Usted ha mencionado con frecuencia que se ha sustituido el estado de derecho por un Estado de derecha, pero, ¿no estamos más cerca del fascismo?
–Si no lo estamos en este momento, parece que rápidamente nos estamos acercando. A muchos nos preocupa que los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son la intervención telefónica, la de los cateos y el arraigo, estén siendo utilizados de manera incorrecta y facciosa. Porque lo lastima desde sus inicios y ese no es el espíritu que nos hizo llegar al acuerdo. Por ello, se dieron tantas resistencias entre muchos senadores y diputados para otorgar los mismos instrumentos de excepción.“Nunca antes un gobierno había tenido tantos instrumentos para combatir a la delincuencia organizada, no obstante que se habían dado resultados tan mediocres”, subraya.Beltrones, como presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada del PRI, fue el principal negociador para que se aprobara una serie de reformas a fin de otorgarle atribuciones extraordinarias al Ministerio Público federal. Una de las discusiones más fuertes en el Senado se produjo a raíz de la ley de extinción de dominio, que aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo.
– ¿No fueron ingenuos en este sentido? ¿No pensaron que iban a usar facciosamente estas atribuciones?
–Teníamos que correr ese riesgo. Fue una actitud de buena fe. Lamento mucho que hoy se discuta sobre un gobierno que no está a la altura de esa condición y no respete los propósitos que lo animaron.
–¿Siente una traición?
–No, veo una irresponsabilidad, pero también observo que estamos a tiempo de corregir estas desviaciones para beneficio del país.
–¿En plena época electoral?
–Confío en que el presidente Felipe Calderón haga un alto en el camino y recupere su visión de estadista a largo plazo.En la primera parte de la entrevista, Beltrones recuerda que la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador ya había hecho la misma acusación que ahora el PRI, en plena campaña electoral y ante los ataques recientes dirigidos por el líder nacional panista Germán Martínez, le reprocha al gobierno de Felipe Calderón.
En medio de esta tensión se reunieron gobernadores priistas y la dirigencia nacional de su partido para analizar cuál debía ser la respuesta ante la guerra sucia electoral del PAN y el doble rasero, de índole electoral, de la lucha contra el narcotráfico. Esto mismo fue denunciado por la bancada priista en la Comisión Permanente a raíz de los operativos en Morelos, Michoacán y Nuevo León.
–¿No habían tenido antes esa certeza de un manejo político-electoral de la lucha contra el narcotráfico?
–No, existía otra presunción que mantenían algunos adversarios políticos de Felipe Calderón: que por lo difícil de su acceso a la Presidencia de la República había tenido que sacar al Ejército a las calles para realizar una serie de operativos que le construyeran la imagen de presidente valiente y le quitara la de presidente ilegítimo que le había puesto Andrés Manuel López Obrador.
“Hasta ahí, la especulación que algunos hicieron, y que con algunos golpes eficaces la iba desvaneciendo. Pero, en este caso, han sido los mismos componentes del Estado mexicano, como los gobernadores de los estados o los miembros del Congreso, quienes han iniciado la denuncia de estas acciones en contra del narcotráfico y de la corrupción política. Esto no resulta nada sano, porque ha generado grandes confusiones y resistencias en donde no existían para el objetivo correcto, que debe ser el cumplimiento del estado de derecho.“En síntesis, fue una mala apuesta de Felipe Calderón y de su partido haber narcotizado la lucha político-electoral.”
“El régimen ya no funciona”
Impulsor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA) a principios de la LX Legislatura para avanzar en la reforma del Estado, Beltrones no abandona este punto:“Queremos que se rectifique el rumbo del país, y esto es en el entendido de que el régimen político presidencial, tal cual, ya no funciona. Fue planeado para que lo ejerciera un partido hegemónico, pero a partir de la pluralidad expresada en las elecciones el sistema no está preparado para premiar los acuerdos sino, por el contrario, parece castigarlos”, sostiene Beltrones.La agenda de reforma política que defiende el político sonorense es conocida como las “ocho erres”: la ratificación de los miembros del gabinete; la reelección de legisladores y munícipes; la reducción del Congreso para disminuir 100 diputaciones plurinominales y la reducción de senadores por la vía plurinominal; la reingeniería del gobierno para hacerlo menos pesado y burocrático; la reducción del gasto corriente; la reforma de la política social y la política de relaciones exteriores; así como la incorporación de figuras como la revocación de mandato presidencial y el referéndum. Beltrones reconoce que estas dos últimas propuestas son las más polémicas, y aclara que tanto la revocación del mandato como el referéndum “deben estar acotados para evitar su abuso y garantizar gobernabilidad”.Con todo, añade, “tenemos que regresarle a la gente instrumentos básicos para interactuar con sus gobernantes. Uno de ellos es la revocación de mandato, con el que se pueda castigar a los gobernantes y no esperar a que la Sacra Rota algún día los declare incapaces mentales, sino desde antes poderlos relevar del cargo”.
–Pero estas reformas no son las que se están discutiendo legislativamente…
–Estas erres sí están en el debate de muchos de nosotros, aunque no han permeado en la población debido a que tenemos elecciones el 5 de julio, y a que los partidos han privilegiado en su estrategia cuerpo a cuerpo para demostrar cuál es el más malo, no el mejor. Las propuestas se han hecho a un lado. Por eso, un grupo importante del priismo dentro del Congreso –en el que me incluyo– ha formado una corriente a fin de pensar, no en el 5 sino en el 6 de julio, a fin de reflexionar sobre las reformas necesarias para la gobernabilidad moderna.
–Algunos observadores han señalado que hay lentitud de parte de la dirigencia del PRI frente a los ataques de los duros del PAN. No se ve un PRI combativo, se ve un PRI reactivo...
–¿No es un error?
–No.
Reconozcamos algo: el gobierno y su partido se acuartelaron en una estrategia mediática de combate a la delincuencia que “premiaba” a un presidente valiente y a un partido político que lo acompañaba. Todo ello para tender una cortina de humo sobre el fracaso económico de este gobierno, que nos está llevando al peor decrecimiento que un país va a tener en 2009, no obstante que su diagnóstico había sido que estábamos lo suficientemente blindados y que si en Estados Unidos había un resfriado, nosotros tendríamos sólo un catarrito. Hoy vemos que es de tal tamaño el desastre, que lo tendremos que pagar con el mayor desempleo que haya vivido México.
Mal rumbo
Con una carrera de más de tres décadas en el servicio público, Beltrones ha sido diputado, dos veces senador, gobernador de Sonora entre 1991 y 1997, subsecretario de Gobernación, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el sector popular del PRI, y ahora se encuentra en la antesala de la lucha por la candidatura presidencial de su partido para 2012.Reconocido como un hábil operador político, Beltrones fue un colaborador de primera línea de los tres últimos presidentes priistas, pero también un protagonista polémico en coyunturas críticas, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la crisis poselectoral de 2006.Esa experiencia ha convertido a Beltrones en un personaje tan respetado como temido por adversarios y simpatizantes, pero también un político que se colocó como el “factor bisagra” ante la crisis inicial del gobierno de Felipe Calderón, aun cuando el PRI perdió por segunda vez la Presidencia de la República.Su posición crítica de estos momentos contrasta no sólo con su papel en la toma de posesión de Calderón, en diciembre de 2006, sino también con los acuerdos iniciales con la administración panista que llevaron a la reforma del sistema de pensiones, a la reforma electoral de 2007 y a la polémica reforma petrolera de 2008, que generó el primer enfrentamiento directo entre Beltrones y el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.
–Usted siempre ha defendido la gobernabilidad como un factor clave para la reforma del régimen político. ¿Estamos ante una crisis de gobernabilidad tal que desbarranque al régimen?
–Lo único que lamento es que el debate no esté puesto sobre lo importante sino sobre lo circunstancial. De no alcanzar las reformas políticas, económicas y sociales que el régimen requiere, 2012 podrá ser igual o peor que 2006.
Beltrones relata que, antes de tomar posesión, como presidente electo Calderón se reunió en las oficinas panistas de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, con el exdirigente nacional priista Mariano Palacios Alcocer, con el propio Beltrones y con su homólogo en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón.“En una plática amable y coloquial (Calderón) nos habló de la posibilidad de un cogobierno, que podría iniciarse con la presencia de algunos priistas en ciertas secretarías. Ahí, con enorme claridad y honestidad, Mariano Palacios le dijo que si quería llegar a una nueva forma de gobierno, lo estableciera en la Constitución, creando las nuevas instituciones, y alejándonos de las ocurrencias que inició Ernesto Zedillo entregando la PGR a un panista como cuota de poder, pero no con una visión de modernización del sistema político mexicano.”En julio del año pasado, en vísperas de la presentación de su libro Señal de alerta. Advertencia de una regresión política, el expresidente del PAN, Manuel Espino, comentó al reportero Álvaro Delgado que Felipe Calderón buscó una concertacesión con Beltrones poco antes de que llegara a Los Pinos.“Según Espino –escribió Delgado–, es lógico que Calderón busque reformas por la vía de la negociación. ‘Lo que no entiendo es que, a cambio de promesas, se le otorguen concesiones a un hombre como Manlio, un hombre escurridizo, que suele cobrar antes de cumplir y que finalmente tiene el propósito de ser determinante en la sucesión presidencial con él como candidato o con alguien que él apoye o ponga de candidato de su partido. Me parece que es válida la negociación, pero el extremo hasta donde la está llevando me parece que está cerca de la temeridad’.” (Proceso 1654) Inevitable la comparación con lo sucedido en la Presidencia de Ernesto Zedillo, y reciente el debate generado por las declaraciones del expresidente Miguel de la Madrid sobre la familia Salinas de Gortari, se le cuestiona a Beltrones sobre las reacciones generadas por las participaciones recientes de los expresidentes.
Responde:
–Es un debate a destiempo y difícil de evaluar por tantos desmentidos. Estos últimos nos obligarían a hacer hipótesis o elucubraciones, y yo hace tiempo que me alejé de eso.
(Proceso, junio de 2009 [vía El Justo Reclamo])
Arraigan a 9 militares por vínculos con el narco
A diferencia de la información difundida por la Sedena en la que se hace alusión a la relación de los militares con El Chapo Guzmán, la PGR reporta que son investigados por ligas con El Mayo Zambada
Carlos Avilés Allende
El Universal
Ciudad de México Domingo 14 de junio de 2009
20:29
Un juez federal concedió una orden de arraigo por 40 días para mantener bajo investigación a 9 de 10 militares que la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición de la Procuraduría General de la República por presuntamente estar ligados a grupos del narcotráfico.
A diferencia de la información difundida por la Sedena en la que se hace alusión a la relación de los militares con Joaquín El Chapo Guzmán, la PGR reportó que son investigados por sus presuntos vínculos con la organización liderada por Ismael El Mayo Zambada, quien forma parte del mismo cártel.
De acuerdo con información extraoficial, uno de los militares sigue en calidad de presentado, por lo que se espera que sea en las próximas horas cuando se defina su situación jurídica.
En la lista de arraigados destaca el caso de un capitán segundo de Infantería, como el oficial de mayor rango sujeto a investigación.
La mayoría de los detenidos -8 de ellos- son tenientes de caballería y de infantería, y sólo uno de ellos es subteniente de Infantería.
Sin hacer alusión a la intervención de la Sedena en este caso, la PGR informó, mediante un comunicado, que los efectivos militares arribaron a la SIEDO el 12 de junio, en cumplimiento a una orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público de la Federación.
"Por lo que se les decretó su legal retención, toda vez que de las investigaciones realizadas se obtuvo información que los vincula con actividades que permitían a la organización de El Mayo Zambada, evadir a las autoridades y operar con impunidad".
fml
(El Universal, 14 de junio de 2009)
sábado, 13 de junio de 2009
Caen militares coludidos con El Chapo Guzmán
La Secretaría de la Defensa Nacional entrega a la PGR a 10 oficiales subalternos del Ejército, tras detectar que filtraban información a integrantes de la organización delictiva del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera
Silvia Otero
El Universal
Ciudad de México Sábado 13 de junio de 2009
15:42 La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detectó que diez oficiales subalternos del Ejército colaboraban con el cártel de Joaquín "El Chapo" Guzmán, por lo que los entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que enfrenten cargos en juzgados civiles.
En un escueto comunicado la dependencia reveló la infiltración del narcotráfico en sus filas, y detalló que derivado de una investigación que realizó la Procuraduría General de Justicia Militar, se detectó que un grupo de diez oficiales subalternos filtraban información a integrantes de la organización delictiva "Guzmán Loera".
Ante las evidencias en contra de estos militares, la Sedena determinó que los 10 sospechosos fueran puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y los entregó el viernes a las autoridades.
La dependencia indicó que "ratifica su compromiso ante la Sociedad, que su proceder en el combate al narcotráfico y crimen organizado será firme, enérgico y decidido, por lo cual no se vacilará en juzgar y castigar conforme a derecho a los integrantes del Instituto Armado que incurran en este tipo de delitos".
mzr / gdh
(El Universal, 13 de junio de 2009)