Gabriel León y Jesús Aranda
El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, consideró que las recomendaciones emitidas la semana pasada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por abusos cometidos por integrantes del Ejército son señalamientos “muy pertinentes”, porque recogen la preocupación social debida a la violación de las garantías de la población por fuerzas militares desplegadas en tareas de seguridad pública.
Luego de participar en el Encuentro iberoamericano desarrollo social, democracia y no discriminación, el funcionario del organismo internacional puntualizó que “es evidente que no es la fuerza militar la que debe intervenir en materia de seguridad interna”.
Expuso que cualquier acción que despliegue el gobierno federal para salvaguardar la seguridad pública de la población debe tener lugar en un marco de respeto a los derechos humanos.
Por otra parte, la jerarquía católica consideró preciso que el gobierno federal atienda las recomendaciones de la CNDH y ordene el repliegue de las fuerzas armadas a sus cuarteles.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó que luego de conocerse la semana pasada los señalamientos del organismo, el gobierno de Felipe Calderón está obligado a revisar los procedimientos en los que se ven involucrados efectivos de las fuerzas armadas, evitar que cometan atropellos y revisar la permanencias de los mismos en la calle.
La jerarquía católico destacó que “desde siempre” se han condenado los abusos cometidos por las fuerzas militares en contra de la población civil, como ocurrió, entre otros casos, en el poblado de Castaños, Coahuila, donde una veintena de uniformados agredió sexualmente a un grupo de mujeres y golpeó a habitantes de la comunidad.
En tanto, Maureen Meyer, funcionaria de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, planteó que “cualquier programa de colaboración entre México y Estados Unidos para combatir al narcotráfico “debe incluir mecanismos de supervisión para asegurar el respeto a las garantías, al debido proceso y a los derechos humanos”.
Al participar en el seminario internacional México: la seguridad nacional en la encrucijada, que se desarrolla en El Colegio de México, la especialista sostuvo que la historia de violaciones a los derechos humanos por policías y militares, y el clima de impunidad que los rodea, “subraya la necesidad de asegurar que cualquier asistencia proporcionada a las fuerzas de seguridad en México no sea a costa del respeto y la promoción de las garantías individuales”.
Como muestra de esta impunidad Meyer señaló las recomendaciones que emitió la CNDH en contra del Ejército por violaciones a los derechos de la población civil.
Amerigo Incalcaterra destacó que la CNDH ha dado un seguimiento exhaustivo a las tareas de seguridad del Ejército y expuso que las tareas de los militares deben tener lugar “dentro de ciertos márgenes que permitan que su actuación sea más efectiva y eficaz”.
En entrevista, expuso que México enfrenta “un problema serio y grave” en su lucha contra la delincuencia organizada, por lo que la solución no es retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
“Lo que sí es importante –añadió el titular del ACNUDH– es que en la medida en que el Estado mexicano ha tomado la decisión de utilizar ciertas fuerzas militares en tareas de seguridad interna, esto se haga dentro de un marco de respeto y garantía a los derechos humanos.”
Confió en que antes de que el gobierno federal siga corriendo los riesgos de mantener a las fuerzas militares en la calle, “debe tomar en cuenta que el tema de la seguridad pública es sumamente delicado y grave”, por lo que “la obligación de Naciones Unidas, y lo que recomienda y exige a sus estados asociados, es combatir toda clase de violencia y al crimen organizado.
“En el tema de la utilización de los mecanismos de fuerza hay que ser cautelosos. No hay una receta. Cada estado tiene que reaccionar y dar una respuesta adecuada, según sus propios ordenamientos jurídicos”, puntualizó.
(La Jornada, 26 de septiembre de 2007)
miércoles, 26 de septiembre de 2007
Apoya la ONU recomendaciones del ombudsman contra abusos militares
sábado, 22 de septiembre de 2007
Castigar a militares violadores de derechos, exige CNDH a Calderón
Víctor Ballinas
El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, urgió ayer al presidente Felipe Calderón a que se pronuncie y tome las medidas correspondientes ante la gravedad de las violaciones a derechos humanos cometidas por más de 78 militares contra civiles, que van desde ultrajes a 16 mujeres, tortura y detenciones arbitrarias hasta asesinatos..
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo esperar “que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y ordene el castigo para los militares involucrados”. Reveló que “en el caso de las 14 mujeres violadas en Castaños, Coahuila, participó un general, y en el asesinato de una familia en Sinaloa está involucrado un coronel”.
Advirtió que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública puede resultar contraproducente, “como demuestran los hechos violatorios de las garantías corroborados por la CNDH”. Asimismo, dijo que “es hora de que el gobierno genere un plan para regresar a los militares a los cuarteles y se deje de exponerlos en misiones para las que no están preparados y que no son de su competencia estricta. Será por el bien de los derechos humanos y del Ejército”.
Insistió en la necesidad de que el Ejecutivo establezca fechas para el retiro gradual del Ejército de las labores policiaca. “Sería irresponsable, como ombudsman nacional, si pidiera que en este preciso momento se retirara a los militares de las labores que no son de su competencia, no sólo porque en varias regiones del país se generaría una ausencia de Estado, que únicamente puede convenir al narcotráfico y a otros grupos que actúan con violencia, sino también porque muchos mexicanos perderían la única protección que tienen contra la delincuencia organizada.
“Paralelamente al retiro gradual del Ejército es imperativo que las policías municipales, estatales y federales asuman cabalmente la responsabilidad que por ley les corresponde”, insistió, y recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la presencia de militares en labores policiacas debe ser excepcional, únicamente de apoyo y sin usurpar jamás las esferas de competencia de la autoridad civil, guardando el más escrupuloso respeto a las garantías individuales.
En conferencia de prensa, Soberanes Fernández se pronunció, “a título personal y como abogado”, por la revisión del fuero militar. “Creo que la existencia de ese fuero debe ser algo excepcional; tiene que aplicarse a los militares por el ejercicio de sus cargos y por actos contra la disciplina militar; en todos los demás casos debe ser la justicia civil la que investigue los delitos, ya sean del fuero común o federales”.
Subrayó: “pienso que debe abrirse un debate en los foros jurídicos y académicos, y con la sociedad para que opinen al respecto”, pero, “como ombudsman, creo que se debe respetar la ley, y la Constitución establece el fuero militar en su artículo 13”.
El titular de la CNDH presentó ayer a la opinión pública las recomendaciones 37, 38, 39 y 40 que este año dirigió al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guillermo Galván Galván, por violaciones graves a derechos humanos cometidas por militares contra civiles en Coahuila, Sinaloa y Michoacán.
Expuso los casos de Castaños, Coahuila, donde el 11 de julio de 2006 militares violaron a 14 mujeres de los salones El Pérsico Dancing y Las Playas Cabaret en represalia por que detuvieron a un militar en una de las cárceles privadas con que contaban esos centros, y en cuyo actos de ultraje participó un general, por lo que emitió la recomendación 37/2007.
Detalló que la recomendación 38/2007 se refiere a los hechos ocurridos el 2, 3 y 4 de mayo de este año en Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo, Michoacán, donde después de que militares fueron emboscados por presuntos grupos armados, se desplazaron al lugar cientos de elementos castrenses, quienes cometieron detenciones arbitrarias, torturas, cateos, robos a domicilios y violaciones sexuales contra cuatro mujeres, dos de ellas menores de edad.
La recomendación 39 –dijo– se refiere a los hechos ocurridos el 7 de mayo de este año en Apatzingán, Michoacán, donde cuatro presuntos narcotraficantes perdieron la vida al enfrentarse con miembros del Ejército, quienes posteriormente detuvieron a ocho personas a las que mantuvieron incomunicadas y retenidas de manera ilegal en instalaciones militares, donde las torturaron, además de que durante los cateos cometieron robos.
En el caso de la recomendación 40/2007, se refiere a los hechos ocurridos en el municipio Sinaloa de Leyva, en Sinaloa, donde soldados que estaban acampando a la orilla de la carretera dispararon contra una camioneta en la que viajaban ocho personas. Los soldados habían consumido mariguana y uno, además, cocaína. En el tiroteo murieron dos personas –una mujer y su hija–, y posteriormente perecieron tres más a causa de las heridas recibidas, porque “los militares impidieron que se les diera atención médica”.
Asimismo, Soberanes destacó que la CNDH investiga 202 expedientes de queja presentados por violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de la Sedena.
Advirtió que un Ejército débil y vacilante sólo conviene al narcotráfico y a quienes buscan imponer cambios políticos por medio de la violencia. Y advirtió: “la CNDH sostiene que conocer y castigar con el rigor que marca la ley a los individuos que agraviaron los derechos humanos fortalecerá a la milicia en su conjunto y elevará su autoridad moral”. Con ello “se enviará a la sociedad el mensaje de que la institución de las fuerzas armadas no tolera que sus integrantes violen las garantías fundamentales de la población”.
México necesita un Estado capaz de imponer el imperio de la ley, un Estado capaz de interponerse como un escudo entre los criminales y los ciudadanos. “Ninguna ganancia social puede haber si se busca hacer de la autoridad una figura vacilante y temerosa; seríamos los mexicanos quienes pagaríamos las consecuencias”.
“Las recomendaciones que hacemos públicas hoy no son un amago a nadie, sino un llamado firme y comprometido para la reflexión, para las decisiones responsables. Se requiere urgentemente una cruzada educativa y de capacitación en el Ejército”.
(La Jornada, 22 de septiembre de 2007)
martes, 18 de septiembre de 2007
Élite militar deja de depender directamente del Presidente
Jorge Ramos
El Universal
Martes 18 de septiembre de 2007
jorge.ramos@eluniversal.com.mx
El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército mexicano, que actuará en tareas de seguridad pública a petición de autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, para la restauración del orden, combate al crimen organizado y actos contra la seguridad de la nación, ya no estará directamente bajo las órdenes del Presidente de la República.
Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que reforma al anterior que creó al Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos bajo las órdenes del Presidente de la República. Este cuerpo dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”, señala el decreto publicado en el mismo DOF el 9 de mayo pasado.
Ayer se modificó ese artículo para quedar así: “Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Además, se establece que la solicitud para que actúe este cuerpo especial deberá hacerse al secretario de Gobernación.
La nueva corporación castrense, según se anunció desde el pasado 9 de mayo, se formará con 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales.
El domingo pasado, durante el desfile con motivo del 197 aniversario de la Independencia, miembros de este nuevo cuerpo fueron presentados ante el presidente Felipe Calderón Hinojosa y la gente que acudió a ver la tradicional parada militar en el zócalo.
(El Universal, 18 de septiembre de 2007)
lunes, 17 de septiembre de 2007
Militariza Calderón a sus hijos para el desfile
Reaparecen aeronaves y se presentan las Fuerzas de Apoyo Federal
Jesús Aranda y Claudia Herrera.
La reaparición de las aeronaves militares en el cielo del valle de México, la demostración de fuerza en el plancha del Zócalo capitalino, con el despliegue de paracaidistas de elite; la presentación oficial de las Fuerzas de Apoyo Federal, creadas en la presente administración para combatir al crimen organizado, y la “desaparición” de los “contingentes históricos”, caracterizaron ayer el desfile conmemorativo del inicio de la guerra de Independencia.
El presidente Felipe Calderón también imprimió un toque personal al acto, al presentar a sus pequeños hijos, Juan Pablo y Luis Felipe, vestidos con uniforme militar, con todo e insignias que asemejaban los grados de mayor y teniente coronel, respectivamente.
Ataviados con gorra castrense (el mayor con dos estrellas y el menor con una), los pequeños imitaban a su padre cuando éste levantaba la mano a la altura de la cabeza para saludar desde el balcón central de Palacio Nacional a los contingentes de soldados y marinos. El titular del Ejecutivo federal estuvo acompañado por su esposa, Margarita Zavala; por el general secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; por Mariano Francisco Saynez Mendoza, almirante secretario de Marina; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y el presidente del Senado, Santiago Creel.
A los niños Calderón les quedaba bien el traje; se lo hicieron a la medida en la Secretaría de la Defensa Nacional, comentó un militar, quien sin embargo reconoció que había sido un “exceso” que los pequeños portaran insignias. Aunque “sabemos –justificó– que el Presidente lo hizo por la alta estima que le tiene a las fuerzas armadas”.
Además de los miembros del gabinete presidencial, diplomáticos e invitados especiales, estuvieron los hermanos de la esposa del Presidente, entre ellos Juan Ignacio e Hildebrando Zavala, este último acusado por Andrés Manuel López Obrador de haberse enriquecido con contratos gubernamentales cuando Calderón era secretario de Energía.
Cuando arribó Felipe Calderón al Zócalo, miles de militares ya ocupaban la parte central de la plaza; acto seguido, subió a un vehículo Hummer y, acompañado por los titulares de Defensa y de Marina, pasó revista a soldados y marinos presentes.
Tan pronto ocupó su lugar el Ejecutivo federal en el balcón central, hizo su aparición una escuadra de aviones supersónicos F/5, los cuales, al igual que el resto de las 68 aeronaves y helicópteros de la Fuerza Aérea y 12 más de la Armada de México, pasaron en formación hasta en tres ocasiones sobre el centro de la ciudad de México. Después del accidente aéreo de 1995, cuando cuatro aviones militares chocaron en el aire y se desplomaron por el rumbo de Cuajimalpa, con un saldo de seis muertos, las aeronaves sólo habían desfilado en 2001, el primer año del sexenio de Vicente Fox.
En esta ocasión, por primera vez, las tropas especiales del Ejército hicieron una demostración en el corazón del país. De entrada, aparecieron 12 paracaidistas que saltaron desde un helicóptero a la plancha de la Plaza de la Constitución. Después, dos helicópteros Blackhawk Sikorsky artillados sobrevolaron a unos metros de altura y bajaron militares camuflados para llevar a cabo un simulacro de “infiltración de soga rápida”.
Ambas maniobras fueron recibidas con aplausos por las personas que ocupaban las gradas o que permanecían de pie en espera de poder acercarse a la plancha, una vez que fueran retiradas las vallas de seguridad.
El comandante de la columna del desfile, general de división Tomás Angeles Dauahare, estuvo acompañado por un vicealmirante de la Armada y un general de ala de la Fuerza Aérea, como muestra de la nueva relación de cooperación que hay entre las fuerzas armadas.
Sin embargo, trascendió que en la demostración de las fuerzas especiales participaron únicamente elementos del Ejército y la Fuerza Aérea.
El desfile formal se inició por tierra, mientras por aire pasaban continuamente aviones y helicópteros. Así, hicieron su presentación oficial los integrantes de las Fuerzas de Apoyo Federal, vestidos con un uniforme café y con sus vehículos pintados de igual color.
Este agrupamiento fue creado oficialmente el 10 de mayo pasado y tiene como misión principal coadyuvar en el combate a la delincuencia organizada en “aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional, y en la restauración del orden”. El grupo depende de la Sedena, pero actúa bajo las órdenes del Presidente y “a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste apoyo”.
Siguieron las fuerzas especiales, las cuales, de acuerdo con el guión de la transmisión televisiva, han participado “de manera destacadísima y con una eficacia sorprendente” en las 21 operaciones que ha llevado el Ejército en contra de la delincuencia organizada en lo que va de este gobierno.
Después de que pasaron los agrupamientos motorizados tocó el turno a los planteles de las escuelas militares y navales; también desfilaron vehículos Ural y fuerzas de la Armada de México.
El desfile empezó poco después de las 10 de la mañana y terminó una hora 39 minutos después con el paso de 120 charros y sus cabalgaduras. Quedaron fuera los llamados “destacamentos históricos”, como los zacapoaxtlas y cuerudos de Michoacán. Participaron 18 mil 147 elementos en total, más 98 piezas de artillería, 557 vehículos, 55 caballos y 12 canes.
(La Jornada, 17 de septiembre de 2007)
Publican reforma que crea Cuerpo de Especial del Ejército
El grupo estará bajo las órdenes técnica, operativa y administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional
Jorge Ramos Pérez
El Universal
Ciudad de México
Lunes 17 de septiembre de 2007
12:03 El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó hoy el decreto que reforma el diverso que crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos bajo las órdenes del Presidente de la República. Este cuerpo dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional ”, señalaba el decreto publicado en el mismo DOF el 9 de mayo pasado.
Este lunes se modificó el mismo artículo que, entre otras cosas, elimina la frase “bajo las órdenes del Presidente de la República ”.
De esta manera, el artículo 1 del decreto queda de la siguiente manera:
“Se crea el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional ”.
Además, se establece que la petición deberá hacerse al secretario de Gobernación para que actúe este cuerpo especial.
El artículo 2, que también fue modificado, establece ahora lo siguiente:
“El Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal es un organismo que tiene como misiones generales, las que establece el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y en particular, proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación, para lo cual contará con los recursos humanos, materiales, técnicos, tecnológicos, tácticos y estratégicos, que le permitan cumplir con tales misiones”.
Precisa que “este cuerpo podrá intervenir cuando, habiendo solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles que requieran apoyo, así se resuelva conforme lo dispuesto en el cuarto párrafo de este precepto. En ningún caso podrá sustituirse en las funciones que legalmente competan a las autoridades federales o locales apoyadas”.
Añade que “la solicitud deberá precisar las circunstancias excepcionales que la motivan, las acciones ejecutadas hasta ese momento, el área geográfica afectada, así como el periodo mínimo de tiempo en que se requeriría la intervención”.
Por ello “dicha solicitud deberá presentarse ante el Secretario de Gobernación quien, conjuntamente con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública, evaluará la situación a enfrentar, el estado actual de la misma, las posibles alternativas a instrumentar y, en su caso, hará la propuesta de intervención y coordinación entre las autoridades involucradas”.
Y “el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional autorizará la intervención del cuerpo especial en términos del artículo 11 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”.
La publicación señala que “que el objetivo fundamental del citado Decreto es contar con un cuerpo adscrito a las fuerzas armadas debidamente capacitado, para que, en los casos excepcionales, en que dichas fuerzas sean requeridas para actuar en auxilio de las autoridades civiles en tareas de seguridad pública, restauración del orden público e incluso para enfrentar al crimen organizado, cuenten con la preparación necesaria para atender situaciones distintas de aquellas estrictamente bélicas”.
La nueva corporación castrense, según se anunció desde el pasado 9 de mayo, se formará con 3 mil 500 integrantes del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfes) y aunque estará bajo las órdenes del Presidente, dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
mvc/grg
(El Universal, 17 de septiembre de 2007)
domingo, 16 de septiembre de 2007
Ante una confirmación impropia
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
El desfile del 16 de septiembre quedó esta vez marcado por el deplorable uso que el presidente Calderón hizo de sus propios hijos Juan Pablo y Luis Felipe, y por la presentación del Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal (Cefaf), creado por decreto del Ejecutivo aparecido en el Diario Oficial el 9 de mayo anterior.
Cada familia tiene derecho a educar y ataviar a sus miembros conforme a sus criterios, y nadie debe interferir en el ejercicio de ese derecho ni a violar la intimidad de la vida hogareña, pero lo que acontezca en la familia del jefe del Estado mexicano, máxime cuando ocurre a la luz pública, queda sujeto al escrutinio de la sociedad. Por eso es posible censurar a Calderón por hacer vestir a sus vástagos réplicas de uniformes del Ejército (mejor cortadas que las utilizadas por el propio comandante supremo), con insignias que en la vestimenta militar formal identifican a los mayores (una estrella) y a los tenientes coroneles (dos estrellas).
Fue usual —y la costumbre no ha desaparecido del todo— en las monarquías que los futuros reyes, cuando aún eran niños, ostentaran galas militares y hasta recibieran honores correspondientes a los jefes castrenses. Pero es impropio que eso ocurra en una república y es condenable que un padre de familia use de ese modo a sus inocentes criaturas para confirmar su adhesión y admiración a las fuerzas armadas, evidenciadas desde los últimos minutos del sexenio anterior y los primeros del presente, en que militares fueron testigos únicos de la transmisión de la Presidencia de la República de Fox a Calderón.
Si ningún padre tiene derecho a considerar como cosas a su descendencia, menos lo tiene el actual Presidente de la República que recibió de su padre, don Luis Calderón Vega, pleno respeto a su modo de ser y de pensar. Decepcionado por el rumbo que seguía Acción Nacional, en que había sido figura notable desde casi la fundación del partido, don Luis abandonó explícitamente su pertenencia al PAN en 1981, pero se abstuvo de arrastrar en esa decisión a sus hijos Luisa María, Juan Luis y Felipe de Jesús que, en sentido contrario, comenzaban en ese tiempo su militancia.
No obstante que en 1984 Calderón Vega denunció “el robo de un partido prestigiado” por los empresarios norteños que le imprimieron su sello, no pretendió que sus hijos mantuvieran sus mismas convicciones y abandonaran el partido en que Felipe haría carrera hasta llegar a la Presidencia.
Ya en ese cargo Calderón ha subrayado su identificación, susceptible de ser entendida como dependencia, con los uniformados (al punto de juzgar apetecible que sus pequeños hijos lo sean también). Ha hecho descansar en el Ejército y en menor medida en la Marina el combate contra la delincuencia organizada, con resultados poco fructíferos.
Movido por ese resultado, el 4 de mayo dispuso la creación del Cuerpo que hizo su presentación ayer. El decreto respectivo, aparecido en el Diario Oficial el 9 de mayo, instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional para que “dentro del término de 90 días naturales” llevara “al cabo las acciones pertinentes para proveer los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios” para organizar la nueva unidad.
En ese lapso puntualmente cumplido, fueron reclutados cerca de 2,000 soldados, oficiales y jefes que no mostraron la renuencia de sus compañeros cuando se trata de ingresar a la Policía Federal Preventiva. Por instrucciones de Calderón, 10,000 efectivos militares debían engrosar las filas de la PFP, sin que de lejos se haya conseguido el tránsito de ese número. Quizá la previsión de esa reticencia —aunque no está por supuesto explícita en los considerandos del decreto correspondiente— movió a organizar un cuerpo de índole policial pero integrado al Ejército mismo y no a una corporación distinta.
El Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal quedó integrado por una brigada de 1,884
integrantes, armados con fusiles FX-05, calibre 5.56 x 45 milímetros, que se transportan en camionetas Pick-up RAM artilladas con ametralladoras MK-19 y Barret, calibre 50 milímetros.
Los miembros del flamante cuerpo (algunos de los cuales descendieron mediante cuerdas desde dos helicópteros que volaban sobre el Zócalo, en su primera demostración pública) visten uniformes color capuchino —que es también el de sus vehículos— y boina negra. (Reforma, 17 de septiembre).
Conforme al decreto de su creación, el Cefaf está “bajo las órdenes del Presidente de la República” y “dependerá técnica, operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional”. Su misión consiste en “proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno en tareas de restauración del orden y seguridad públicas, en el combate a la delincuencia organizada o contra actos que atenten contra la seguridad de la nación”.
El Cuerpo Especial “intervendrá por instrucciones del Presidente de la República, a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles a quienes preste el apoyo. En ningún caso se podrá sustituir en las funciones que legalmente competan a las autoridades apoyadas”. Su papel en el combate a la delincuencia casi desaparece al disponerse que sus miembros reciban “adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación y alteración o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden público y del estado de derecho”.— México, D.F.".
miércoles, 12 de septiembre de 2007
México frágil
Miguel Ángel Granados Chapa
12 Sep. 07
El ataque del Ejército Popular Revolucionario a ductos de Pemex, donde colocó a las dos de la mañana del lunes 12 cargas explosivas, de las que sólo una falló, fue un alarde para mostrar capacidad de fuego y organización y despliegue de efectivos por doquier
En un lapso tan breve como seis horas, nuestro país vivió acontecimientos que muestran su fragilidad, derivada de la incompetencia gubernamental para hacer cumplir la ley, ineptitud aprovechada por núcleos sociales tan diversos como empresarios y terroristas que desafían de distinto modo y con diferentes fines a una autoridad cuando no impasible, corrupta.
El domingo, cerca de Monclova, un camión cargado con 25 toneladas de nitrato de amonio chocó contra una camioneta y poco después estalló su contenido en una explosión que mató a 28 personas y causó lesiones a más de 200. No fue en sentido estricto un accidente, regido por el azar, pues si bien la colisión entre los dos vehículos fue un acontecimiento fortuito, su principal consecuencia pudo haberse evitado. Eso es lo que impide hablar de sólo un accidente.
El camión, de la empresa transportadora Fletes y Traspaleos, salió de la planta de la compañía de productos químicos Orica en Cuatrociénegas rumbo a Colima. Según indicios, la operación contravenía los ordenamientos que norman el transporte de sustancias explosivas, que deben ser tratadas con gran delicadeza por razones de seguridad pública y de seguridad nacional. Los tripulantes deberían contar con adiestramiento para el manejo de la sustancia en circunstancias normales y en situaciones de emergencia. Y, sin embargo, tan pronto se produjo el choque, huyeron sin alertar en la forma prescrita (que incluye llamar al Sistema Nacional de Emergencias) sobre el riesgo inminente del estallido. Ellos se salvaron, pero no así cientos de personas que llegaron de inmediato a prestar auxilio o a informar sobre el percance, muchas de las cuales murieron o quedaron heridas. El vehículo viajaba a su suerte, sin unidades de acompañamiento, en previsión de sucesos como el ocurrido o el riesgo potencialmente más peligroso aun de ser asaltado para hacerse del cargamento, ya sea con fines mercantiles o políticos. Ni la Policía Federal Preventiva ni el Ejército federal, que tienen responsabilidades respecto de la seguridad del tránsito y del trasiego de explosivos, estaban al tanto de ese viaje, que debió realizarse con aviso a dichas autoridades.
El diario Reforma puntualiza que si bien el nitrato de amonio se utiliza de manera lícita en la industria minera y de la construcción, es también apetecido por delincuentes peligrosísimos como los que con ese material hicieron estallar el edificio federal de Oklahoma en Estados Unidos, en 1995, que causó la muerte de 137 personas. Informa, asimismo, que el Ejército Popular Revolucionario lo ha utilizado en algunas de sus incursiones.
Quizá lo hizo de nuevo horas después. A las dos de la mañana del lunes se inició en seis puntos del estado de Veracruz y uno más en Tlaxcala un ataque contra ductos de Pemex, que provocaron incendios en la cercanía de cuatro poblados y obligaron a cerrar el suministro de gas natural a más de mil instalaciones industriales en nueve entidades de la República, muchas de las cuales han tenido que suspender sus propias operaciones por la falta de ese energético.
La operación destructora, reconocida de inmediato por Pemex como un acto premeditado, se asemejó mucho a la ocurrida en julio pasado en Guanajuato y Querétaro, que también causó estragos no sólo a las instalaciones de la empresa petrolera, sino a su clientela en diversos estados. Ocurrieron en la madrugada, con la obvia intención de no causar víctimas sino destrozos materiales, tanto directa como indirectamente. Por ignorancia o por sigilo, ni Pemex ni la Procuraduría General de la República reconocieron aquella vez que se trataba de atentados. Sólo aceptaron que eso era cuando el 10 de julio -justamente dos meses antes de los estallidos veracruzanos- el EPR las caracterizó como "acciones quirúrgicas de hostigamiento", destinadas a forzar la presentación de dos de sus dirigentes, detenidos el 25 de mayo en Oaxaca y de los que no ha vuelto a saberse más. La guerrilla anunció que no cesaría su campaña político-militar hasta la aparición de los desaparecidos.
Por impericia o por negligencia, las autoridades no asumieron la calidad de esa amenaza, que se consumó el lunes a primera hora. En mucho mayor medida que en julio, esta vez, el ataque fue al mismo tiempo un alarde de poder y exactitud. El EPR se adjudicó ayer al mediodía la operación y al describirla hizo gala de su conocimiento del mapa estratégico de Pemex y exhibió su vulnerabilidad: "Unidades militares pertenecientes a nuestro ejército colocaron 12 cargas explosivas en igual número de ductos de Pemex en los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván, Olmeaca, Mendoza, Cumbres de Maltrata en Veracruz y en Cuapiaxtla, Tlaxcala, de las cuales la colocada en el oleoducto de 24 pulgadas Nuevo Tepa-Cadereyta (en La Antigua) no se activó. Todas fueron activadas simultáneamente a las 2:00 horas del día 10 del presente mes".
Ha quedado interrumpido el suministro de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad, que lo utiliza para generar fluido eléctrico y a más de mil empresas, entre ellas la planta Volkswagen en Puebla (como ocurrió en julio a Nissan en Aguascalientes), y acaso la suspensión del servicio se prolongue hasta el fin de esta semana. Esos efectos parecen no haber sido ignorados por los atacantes, sino al contrario contar en su estrategia.
La fragilidad de México, en esos casos al menos, deriva de causas diversas, pero la constante es la incapacidad gubernamental de ser eficaz lícitamente.
Cajón de Sastre
Andrés Manuel López Obrador había estado en la Cámara de Diputados el 7 de abril de 2005 para defenderse del desafuero que finalmente se decretó allí como parte de la maniobra, a la postre fallida, mediante la cual Vicente Fox quiso impedirle ser candidato a la Presidencia de la República, maniobra que sin embargo fue a la larga exitosa porque el jefe del Gobierno de la Ciudad de México no se convirtió en titular del Poder Ejecutivo. Ayer tornó a San Lázaro, ahora en su calidad de voz principal de la oposición, líder de los legisladores agrupados en los partidos que sostuvieron su candidatura. Presentó un proyecto de legislación fiscal y arengó a los diputados a impedir la aprobación de impuestos lesivos para la gente. Le sienta bien el aire parlamentario. Por eso debería ser en 2009 candidato a diputado, para impulsar como hizo el año pasado la votación para su partido y sus aliados. Sin ese aliciente, la presencia electoral del PRD decaerá casi automáticamente. Quizá no debería desdeñar esa posibilidad.
Correo electrónico: miguelangel@granadoschapa.com
(El Norte.com, 12 de septiembre de 2007)
miércoles, 1 de agosto de 2007
El ejército pasa factura a calderón
Como pago a los “servicios extraordinarios” prestados por el Ejército Mexicano a la Presidencia de la República, las fuerzas armadas buscan que se les retribuya con un presupuesto adicional de 3 mil 500 millones de pesos para el próximo año. Los militares ven la oportunidad de incrementar los recursos destinados a sueldos y prestaciones
Yenise Tinoco
Déficit en vivienda y servicios médicos para militares en activo y en retiro son el saldo de años de abandono en materia de prestaciones a los elementos castrenses, aseguró el director General del Instituto de Seguridad Social para la Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), Fermín Rivas García, ante los diputados de la Comisión de Seguridad Social. Por ello, el general de división solicitó, en una reunión a puerta cerrada con los legisladores, que se incrementara el presupuesto militar en 3 mil 500 millones de pesos. Con ello se buscaría mejorar las condiciones sociales y de salud de sus derechohabientes.
Rivas García les explicó que el ISSFAM requiere, por lo menos, 3 mil 450 millones de pesos adicionales para subsanar el déficit en materia de servicio médico y de vivienda, y de esa forma estar en condiciones de mejorar salarios y pensiones, y al mismo tiempo evitar deserciones una vez que se proporcionen mejores niveles de vida a los militares.
De acuerdo con datos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), en cinco años han desertado más de 152 mil elementos, en tanto que en la Secretaría de Marina (Semar), en el mismo lapso de tiempo, alrededor de 10 mil efectivos han abandonado las filas de los marinos.
Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, menciona que, en un momento histórico donde se utilizan las fuerzas armadas de manera incorrecta, dándole actividades que no le corresponde encabezar como el combate al narcotráfico, el aumento de salario y de prestaciones se interpretan como “una manera de premiar” las acciones extraordinarias que llevan acabo militares y marinos.
José Francisco Gallardo, general brigadier del Ejército Mexicano y candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que el excesivo presupuesto que hoy pide el titular del ISSFAM, para aumentar las prestaciones a sus miembros, es el pago a los servicios prestados al presidente Felipe Calderón.
“El ejército va a pedir eso y más. Ellos tienen una situación de privilegios que les da ventaja sobre cualquier institución del Estado para hacer esas peticiones, ya que se sienten con el derecho de hacerlas”, considera Gallardo.
El Ejército tiene una demanda de 33 mil solicitudes pendientes para créditos hipotecarios, y al año sólo es posible satisfacer el 7 por ciento. Además, los hospitales castrenses registran un desbasto de medicamento superior al 60 por ciento, el cual tiene que ser solventado por los derechohabientes del sistema de seguridad social militar.
Fermín Rivas García, titular del ISSFAM, expuso a los diputados que en materia de medicamentos existe desbasto en la mayoría de los hospitales de ambas secretarías –Defensa y Marina–, donde el 66 por ciento de las medicinas las otorgan las dependencias. Además, ante la escasez, es el derechohabiente quien termina cubriendo el déficit con sus recursos.
Para resolver el problema de desabasto de medicamentos se requieren 500 millones de pesos. Además, se está depurando la base de datos de los derechohabientes del Instituto, para tratar de hacer una sola tarjeta de identidad con el fin de tener un control administrativo. A la fecha, se han recogido casi 7 mil tarjetas de personas que no deben tener derecho al servicio médico militar.
Entre las prestaciones que se cubrirían con los recursos extraordinarios se encuentra el servicio médico, pues el instrumental quirúrgico, el equipo de Rayos X y de telemedicina de los hospitales de la Sedena y Semar tienen un promedio de vida actual de 15 años.
De acuerdo con información del ISSFAM, anualmente las clínicas del Instituto dan 2 millones de consultas a 610 mil 340 usuarios. El desglose de la forma en que es atendido el universo de elementos militares es: 51 mil 953 militares en situación de retiro; 25 mil 262 pensionistas y 533 mil 125 derechohabientes.
Margarita Arenas Guzmán, diputada panista e integrante de la Comisión de Seguridad Social, sostiene que la atención médica es una de las situaciones más sensibles para la población, y lamenta que no exista estudio alguno que mida la calidad de las más de 2 millones de consultas anuales que brindan los hospitales militares.
Pensiones
El titular del ISSFAM, informó a los legisladores que de los 3 mil 500 millones de pesos, 2 mil 200 millones serían para cubrir las necesidades de los haberes de retiro, pensiones y compensaciones. Se pretende incrementar los montos destinados al retiro, pensiones y compensaciones, de 70 por ciento que en la actualidad se otorga, a 95 por ciento del salario base.
Aun cuando los diputados de la Comisión de Seguridad Social cuestionaron al director del ISSFAM sobre pasivos proyectados a futuro de acuerdo con la tendencia de más retirados, lo cierto es que las pensiones y compensaciones son cubiertas en su totalidad por el erario federal. El instituto no maneja ningún fondo de pensión (Contralínea, 80).
La población de militares en situación de retiro tiene una taza de crecimiento anual del 5 por ciento en promedio. Y los haberes de retiro que perciben para el personal de tropa equivale a 73 por ciento del ingreso mensual del personal activo; así que, si el sueldo promedio mensual es de 5 mil 24 pesos, el retiro es de 3 mil 646 pesos. Para generales y almirantes, de 19 por ciento, es decir, de 111 mil 350 pesos, y su pensión oscila alrededor de los 21 mil 214 pesos por mes.
La reforma
Dentro de la propuesta de reforma que presentó el titular del ISSFAM a la Cámara de Diputados se contemplan tres conceptos principales: incremento de 70 a 95 por ciento a los haberes de retiro, pensiones y compensaciones; un porcentaje adicional para militares en activo que pasarán a situación de retiro con 30 ó más años de servicio y un aumento de las aportaciones del gobierno federal para otras prestaciones.
En el tema de las aportaciones del gobierno federal se pretende obtener mil 250 millones para cubrir de 1.8 a 2 por ciento el haber y sobrehaber de los militares en activo para el Seguro de Vida Militar; de 0.5 a 3 por ciento el haber y el sobrehaber mínimo vigente del personal en activo para el Seguro Colectivo de Retiro, y de 11 a 15 por ciento del equivalente a los haberes de retiro y pensiones para el Servicio Médico y otras prestaciones que no tienen cuota específica.
Por otra parte, el Instituto argumenta que sólo puede rehabilitar las viviendas de su patrimonio en un 3 por ciento, es decir, una vivienda rehabilitada por cada 30 años. Para atenuar el rezago y poner en condiciones óptimas 9 mil 160 unidades, solicita se autorice un recurso por 293 millones de pesos.
Para solucionar el problema en el rezago de entrega de créditos hipotecarios, el ISSFAM considera necesario que el Ejecutivo Federal apoye en forma directa al fondo de la vivienda militar con 500 millones de pesos anuales durante la presente administración.
Además, requiere 304 millones de pesos para levantar casas hogar para militares retirados; apoyo para construir tres centros de desarrollo infantil, tres centros deportivos y de recreo, así como para sostener los cambios de adscripción e incrementar el número de becas escolares –de las 2 mil 410 por ciclo escolar actuales a 10 mil– y para que sean de 400 pesos mensuales en vez de 200.
Los olvidados
Alfonso Suárez del Real, diputado de extracción perredista, comenta que en los últimos años las fuerzas armadas se conformaron con los recursos que el Ejecutivo les asignara. Y señala que los insumos para cubrir las dietas o el pago de estipendios de la tropa y de los oficiales estuvieron muy por debajo del resto de burocracia.
Dentro del mismo Ejército, dice el legislador, los sueldos que tienen los altos mandos reflejan la gran inequidad que existe con respecto al resto de los miembros de las fuerzas armadas, inequidad más acentuada si se los compara con los demás trabajadores del Estado.
Jorge Justiniano González Betancourt, militar de carrera y presidente de la Comisión de Defensa Nacional, menciona que durante años la tropa no tenía acceso a un crédito hipotecario porque su sueldo no alcanzaba para pedir tal beneficio. Y sostiene que el aumento al presupuesto del ISSFAM para brindar mayores prestaciones a sus derechohabientes “es una deuda que falta cumplir”.
Ramón Valdés Chávez, intrigante de la Comisión de Seguridad Social, dice que resulta necesario un reforzamiento de las prestaciones sociales que se ofertan en las fuerzas armadas con la finalidad de profesionalizar los servicios médicos y garantizar el acceso a las prestaciones que por ley le corresponden, sin dejar de lado la calidad en el servicio.
Recursos propios
Francisco Gallardo considera dudoso el origen de la propuesta del director del ISSFAM, y más dudoso aún el supuesto déficit en sus finanzas. Explica que, dentro del presupuesto de Defensa y Marina, se incluyen recursos para el Instituto.
“El presupuesto adicional que hoy se pide al Congreso se puede subsanar a través de los recursos que genera la Sedena”, dice el general. Dichos recursos provienen de los intereses que cobra el Banco del Ejército por préstamos personales y créditos para la compra de casas o vehículos. Asimismo, la Sedena cuenta con tiendas de servicio en todo el país y cobra cuando rectifica la cartilla militar nacional o cuando otorga permisos para la fabricación de explosivos o para la portación de arma de fuego.
(Contralínea, 1a quincena de agosto de 2007)
domingo, 29 de julio de 2007
De interés público... Y dale con lo mismo
Julio Morales
El Sol de Parral
29 de julio de 2007
"En este momento podría haber abordado temas como el del "chino gate o el de la reforma fiscal" pero me parece que estos son la cortina de humo para ocultar la militarización del país y ello evidencia claramente la visión errática del gobierno federal acerca de lo que significa la seguridad pública y sus formas de garantizarla; además, las fuerzas armadas continúan haciéndola de policías y eso preocupa porque así desvirtúa su naturaleza jurídica, pues no existe en el país ese estado de excepción que justificaría legalmente su intervención".
Y en ese intento de restablecer el orden público en México, los retenes, toques de queda y demás abusos de militares contra civiles se volvieron cosa común en San Nicolás de los Garza Nuevo León y Ciudad Juárez en Chihuahua en los últimos meses. Violaciones a derechos humanos aunados a modificaciones y decisiones en el terreno legal dieron lugar a Instancias que otorgan mayores facultades y nuevos ámbitos de competencia a las fuerzas armadas, dándose un retroceso grave en la historia del país, al contravenir el actual gobierno, como sucediera en el sexenio Díaz Ordaz - el espíritu Constitucional, montando en las fuerzas armadas todo su programa de seguridad pública nacional, si el 129 constitucional especifica que "en tiempos de paz, las fuerzas armadas no podrán ejercer funciones ajenas a la disciplina militar, mucho menos ejercer funciones policiales", asimismo, el 89 Constitucional en su fracción VI, faculta al Presidente a disponer de todas las fuerzas armadas y enfrentar una invasión extranjera o amenazas a la preservación de la seguridad nacional, sólo así se justificaría la creación de un cuerpo elite. Pero el Decreto publicado en el diario oficial el 10 de mayo pasado, creo el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, grupo elite bajo las órdenes directas del "espurio", dependiendo de manera técnica, operativa y administrativa de la SEDENA; Ahí se estableció que la creación del CFAF tiene el objetivo principal, de manejar situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública con elementos especialmente adiestrados y capacitados. Pero el origen oscuro del actual mandatario y atribuciones que este se auto-otorgó, siembran la duda de que tal cuerpo especial de las fuerzas armadas además de combatir a la delincuencia organizada, sea utilizado en la represión simulada, en actividades contra la guerrilla y suprimir movimientos sociales, es decir, un órgano para perseguir opositores políticos, percepción sustentada en modificaciones al Código Penal para calificar de terroristas a líderes sociales a movimientos en su conjunto. El de Ignacio del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, procesado irregularmente a 67 años de prisión, por los cargos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación y el de Flavio Sosa líder de la APPO en Oaxaca bajo cargos similares, evidencian tal posibilidad. Baste decir que dicho decreto presidencial que creó el CFAF pasó por encima del Congreso, debido a facultades que otorga al "espurio" el 89 constitucional fracción VI en las Leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea como jefe supremo, que sin embargo, no son reglamentarias exclusivas de la Constitución, porque promulgar tal decreto no es acto meramente administrativo como el impostor lo hizo creer al exponer sus motivos, y si un acto de organización que cae en el ámbito legislativo y al invadir esta esfera, corresponde al Congreso de la Unión reglamentar y ordenar al Ejército; así lo citan los Artículos Constitucionales 29, 31, 35, 89 y 119 además del 73. Si a Usted le interesa consúltelos, verifíquelos y discútalos.
(El Sol de Parral, 29 de juio de 2007)
jueves, 12 de julio de 2007
Movilizan a 5 mil soldados élite
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF)
Jorge Alejandro Medellín y Manuel Lombrera
El Universal
Jueves 12 de julio de 2007
La Secretaría de la Defensa Nacional ordenó la movilización de las unidades de élite que integran el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF), creado el 9 de mayo, y que está bajo las órdenes directas del Presidente de la República, luego de los atentados perpetrados en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Desde la mañana del pasado 10 de julio, el alto mando movilizó a casi la totalidad de los 5 mil efectivos que integran el CFAF, indicaron altas fuentes militares. Ese día, según las fuentes, el titular de la Sedena, general Guillermo Galván Galván, se reunió en la sala de juntas de la dependencia con los comandantes de las 12 regiones y 45 zonas militares del país para darles a conocer las directivas de seguridad con las que se está enfrentando la situación por los estallidos en Guanajuanto y Querétaro.
El general Galván recibió informes sobre movimientos y presencia de la guerrilla en el país y ordenó a sus mandos triplicar la vigilancia estratégica en la nucleoelétrica de Laguna Verde y en las plantas de nitrógeno de Atasta y Dos Bocas, en Tabasco.
De igual forma, se reforzó la vigilancia en termoeléctricas, hidroeléctricas, presas y plantas industriales que se consideraron como posibles blancos de atentados con explosivos.
Éstas se sumaron a las 142 instalaciones que la Sedena, Marina y la Policía Federal Preventiva (PFP) resguardan en todo el país.
La reunión con los mandos territoriales inició a las 14:00 horas del pasado martes y duró poco más de dos horas; en ella se priorizó reforzar la inteligencia y se ordenó triplicar la vigilancia en Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Tabasco.
Este martes en al menos una docena de estados, elementos del Ejército y PFP reforzaron la vigilancia en refinerías, presas, terminales marítimas y de almacenamiento, y en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un especial énfasis en sobrevuelos de estas instalaciones y sus inmediaciones.
Los pasados 5 y 10 de julio, instalaciones de Pemex en Guanajuato y Querétaro fueron objeto de atentados cuya autoría se adjudicó el Ejército Popular Revolucionario para exigir la libertad de dos de sus militantes.
Pemex ratificó que se incrementaron sus patrones de seguridad en todas las instalaciones y que, de manera especial, se ampliaron los “celajes aéreos” (vigilancia aérea) con helicópteros y personal de tierra, a lo largo de los 14 mil kilómetros de los derechos de vía en todo el país, que incluye los 65 mil kilómetros de la red de ductos.
En Veracruz, el subsecretario de Protección Civil, Ranulfo Márquez Hernández, dijo que la industria petrolera tiene resguardo permanente por elementos de la Sedena, Marina y Seguridad Pública.
Detalló que Pemex les comunicó que se mantendría —por el momento— la misma vigilancia aplicada desde hace un año, cuando la organización terrorista Al-Qaeda amenazó con atacar instalaciones en México.
En Campeche, el comandante Martín Fernández Zetina señaló que, en coordinación con autoridades de Pemex, reforzó la vigilancia en las plataformas petroleras.
También en Hidalgo militares y agentes federales reforzaron la vigilancia en las instalaciones de la refinería Miguel Hidalgo, y en los ductos de Pemex que atraviesan la entidad, confirmó Víctor Hugo Deschamps Lugo, vocero de la paraestatal.
La misma acción se realizó en el complejo Pemex Cactus y las cuatro hidroeléctricas de Chiapas.
En Salamanca, donde el pasado 5 de julio se registraron cinco explosiones en ductos de gas de Pemex, el edil Ignacio Luna Becerra pidió a los consejeros municipales “permanecer con los ojos bien abiertos” y denunciar al número 066 de Seguridad Pública cualquier irregularidad.
En tanto, el Grupo de Coordinación de Baja California aplicará el plan Centinela para vigilar los puntos vulnerables que pudieran ser blanco de atentados.
En este marco, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, informó que pidió al gobierno federal reforzar todos los lugares estratégicos de Pemex en el estado.
El vocero del sindicato petrolero, Roberto Contreras, afirmó: “No existe ninguna relación entre los accidentes y las negociaciones contractuales porque las pláticas se están llevando en muy buen nivel”. (Con información de Alberto López, Édgar Ávila, Xóchitl Álvarez, Julieta Martínez, Dinorath Mota, Hilda Fernández, Juan Cedillo, Francisco Ynurreta y Óscar Gutiérrez, corresposnales)
(El Universal, 12 de julio de 2007)
miércoles, 11 de julio de 2007
¿Guerra contra el narcotráfico o la militarización de México?
Laura Carlsen | 11 de julio de 2007
Quisiera ofrecer algunos elementos para enmarcar la guerra contra el narcotráfico en un contexto histórico e internacional que espero nos ayude entender los peligros y proponer políticas alternativas y estrategias de resistencia desde ahora.
Este marco ampliado nos da aún más razones por pensar que el modelo militarizado de combate al narcotráfico presente graves riesgos para la soberanía nacional y para los derechos de los ciudadanos mexicanos.
"Guerra contra el narcotráfico": Importación directa de los EEUU
La frase "guerra contra el narcotráfico" fue inventada e utilizada por primera vez por el Presidente Richard Nixon en 1971, en un contexto político muy parecido al actual estadounidense. Empantanado en una guerra que no podía ganar, con un déficit comercial e inflación rampante, en este año Nixon declaró que las drogas eran el "enemigo público número uno".
Nixon entró a la presidencia con la promesa de mano dura contra el crimen. Se dio cuenta que por las características del problema y las responsabilidades principalmente de los estados en el asunto, en realidad tenia pocas posibilidades de tener un impacto grande desde el ejecutivo. Para dar un papel espectacular y preponderante al gobierno federal, creó de un problema preocupante, una verdadera crisis de drogas a través de la manipulación de las estadísticas.
Si este contexto histórico suena parecido es que la invención de la guerra contra las drogas tuvo un objetivo primordial que también se aplica al caso de México hoy—expandir extralegalmente los poderes de la presidencia y consolidar una imagen de líder fuerte frente a la sociedad y en medio de circunstancias difíciles y debilidades políticas. Según varios análisis, se trataba de una manipulación de miedo para ganar poderes de emergencia—incluyendo detenciones preventivas, espionaje, redadas, etc.
Después de lanzar la "guerra contra el narcotráfico" Nixon crea varias agencias anti-droga que tienen en común que reportan directamente al presidente y no pasan por la supervisión del Congreso: el Departamento para la Aplicación de las leyes anti-droga, y después la DEA, una súper-agencia combinando agentes del Agencia de Narcóticos y Drogas Peligrosas (BNDD), Aduanas, la CIA y la Oficina contra el abuso de las drogas para coordinar esfuerzos locales y federales (ODALE).
Con la creación de estas agencias federales, la presidencia restó de los estados y municipios el poder de combatir las drogas en el marco de un problema comunitario o de salud, y de paso estableció agencias bajo el mando directo del presidente. Esto tendrá grandes repercusiones en el equilibrio de poderes. No es casual que exactamente un año después de anunciar la guerra contra el narcotráfico—el 17 de junio de 1972—un grupo de personas que se conocieron en estas nuevas agencias anti-droga coordinadas por el ejecutivo llevaron a cabo otra encomienda de su presidente: el robo de las oficinas del partido demócrata en el hotel Watergate.
A pesar de que, como todos sabemos, Nixon cayó víctima de su propia arrogancia y excesos, nos dejó con la guerra contra el narcotráfico, un modelo que sigue siendo fundamental para mantener el control en la sociedad estadounidense. La criminalización de los consumidores de drogas ha llevado al encarcelamiento de una gran parte de las poblaciones latina y africano-americana, el enfoque en la producción y abasto en lugar del consumo permite obviar en el discurso los profundos problemas internos de la sociedad estadounidense y la mano dura canaliza fondos gubernamentales a fortalecer las fuerzas policiacas en lugar de gastar el mismo dinero en programas de salud y educación pública en las comunidades.
Pero quizás donde más ha sido útil el modelo es como una herramienta para mantener el control geopolítico. Elevar el tráfico de drogas a un asunto de seguridad nacional le ha permitido intervenir en la política de los países productores de droga y de transito.
Sin duda, el caso clásico de injerencia estadounidense en un país a través del modelo de la guerra contra el narcotráfico ha sido el Plan Colombia.
Plan Colombia
Desde el año 2000 cuando empezó, EEUU ha enviado aproximadamente 4.3 mil millones de dólares al gobierno colombiano supuestamente para la lucha contra las drogas; 76% a las fuerzas militares. Ha sido un fracaso rotundo. No es necesario repetir los resultados—el precio de cocaína en EEUU ha bajado, tiene mayor pureza, y según un congresista la superficie del territorio colombiano cultivado en coca ha incrementado 42%.
Además de su absoluta falta de eficacia en detener la producción, procesamiento y transito de drogas, el Plan Colombia se ha utilizado para apoyar a la derecha colombiana en su guerra contra las insurgencia. El analista Frank Smyth señala que en 2001 Colombia ya había superado a El Salvador como el esfuerzo contrainsurgencia estadounidense más grande desde Viet Nam. Después de unos años, el Plan Colombia fue ampliado formalmente para autorizar el uso de la ayuda militar en la guerra interna y en particular en contra de las FARC.
Con la llegada de armamento y dinero para las fuerzas militares, la violación de derechos humanos, el desplazamiento de comunidades enteras y el asesinato de civiles también han aumentado de manera tan alarmante que hasta el Congreso de los Estados Unidos está preocupado. En la autorización de nuevos fondos para Plan Colombia, la Cámara de Representantes aprobó una versión que reduce la ayuda militar por 30 millones (36%), pone condicionamientos en materia de derechos humanos, y reduce las fumigaciones. El total de la asistencia al gobierno colombiano sigue siendo enorme—65% militar en este presupuesto comparado a 80% antes. Sin embargo, junto con el probable rechazo a aprobar el TLC con Colombia debido a las violaciones de derechos humanos, marca un mínimo reconocimiento de que la política anti-droga de Plan Colombia no funciona.
Desde el Plan Colombia al Plan México
Ahora a pesar del desastre del Plan Colombia se plantea el Plan México en términos que parecen ser muy similares. En mayo el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Silvestre Reyes dijo que México necesita mayor apoyo en su lucha contra el narcotráfico al estilo de Plan Colombia. El Plan México, implicaría programas de cooperación, entrenamiento, intercambio de información y recursos. Inmediatamente la frase salió en los medios y fue desmentido por el gobierno mexicano.
Llame como se llame, es evidente que estamos frente a una acción coordinada de militarización en nombre de la seguridad, y que el modelo implica una etapa de mucho mayor participación de Estados Unidos. Esta participación se da en cuatro niveles: primero en la planeación de medidas nacionales y locales de seguridad, segundo en el entrenamiento de policías y elementos del ejército y de los cuerpos de investigación, después en la ejecución de acciones y políticas de seguridad y de "guerra contra el narcotráfico" en territorio mexicano.
Esta etapa de colaboración entre México y Estados Unidos en asuntos de seguridad empezó formalmente con el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Anteriormente existían acuerdos de colaboración entre la defensa y los cuerpos policíacos de los dos países, sin embargo con el ASPAN se inicia la tarea de construir una agenda tri-nacional de seguridad sin precedentes, que en lugar de enfrentar, invadir o someter a la fuerza a México como ha hecho EEUU en el pasado, busca cooptar el estado mexicano en el marco del TLCAN, haciendo que el país acepte una serie de obligaciones relacionadas a la seguridad de los Estados Unidos.
Fechas clave en este proceso son la reunión en Mérida en marzo entre los presidentes Bush y Calderón y la reunión el 11 de enero entre el Procurador de EEUU Alberto González y de México Eduardo Medina Mora. En esta última reunión se acordaron según la prensa nacional una serie de acciones incluyendo la construcción de un sistema bilateral de identificación de traficantes, un diagnóstico de las policías mexicanas, el envío de ocho aeronaves para la detección e intercepción de aviones con cargamentos de droga, y que agentes de la DEA participen como supervisores de labores de erradicación. También por estas fechas el DEA anunció su intención de colocar agentes en otros puntos en la frontera, entre ellos Matamoros y Nuevo Laredo.
Sería una simplificación decir que el Plan México sea una copia fiel o la sustitución del Plan Colombia en los designios geopolíticos de EEUU para la región. Sin embargo, un análisis del Plan Colombia en el contexto mexicano resulta interesante, e igual que el análisis del origen de la guerra contra el narcotráfico en EEUU da unas pistas de por donde vamos.
Entre los rasgos principales del Plan Colombia que podrían aplicar o están aplicando en México están:
1. El creciente papel del ejército en la sociedad. En México el ejército es una institución fuerte pero malentrenado para combatir el narcotráfico. Su uso en estas tareas está llevando a graves violaciones de derechos humanos.
2. La expansión de las fuerzas paramilitares, la presencia de mercenarios, y empresas privadas inclusive extranjeras en tareas de seguridad. En México el problema de los paramilitares es serio en Chiapas y con la militarización se espera que empeore por la sencilla razón de que tarde o temprano con el aumento de armas estos llegan a sus manos.
3. La ampliación de la guerra contra el narcotráfico a la represión de disidentes y contrainsurgencia.
También hay importantes diferencias entre México y Colombia. México no vive una guerra ni está en jaque el control de grandes partes del territorio nacional. Y otro factor que distingue un Plan México de un Plan Colombia es la relación específica entre México y Estados Unidos, en particular la proximidad geográfica y la dependencia economía que existe después de 13 años del TLCAN. Estos factores aumentan el riesgo de pérdida de soberanía nacional.
Hasta ahora el resultado principal de la guerra contra el narcotráfico de Calderón ha sido desatar la violencia en varias regiones del país. En marzo, el número de policías ejecutados había subido 50% respeto al año pasado. Para finales de mayo habían más de 1,000 asesinados relacionado con el narcotráfico. La muerte, extradición o detención de capos lleva a batallas para la sucesión sin acabar con la producción y tránsito de la droga. La cantidad y bajo precio de las drogas en las calles de las ciudades estadounidenses es el mejor indicador de que el tráfico no ha afectado el flujo constante de drogas hacía los mercados del consumidor número uno en el mundo—EEUU.
En resumen, la historia nos muestra que el modelo de "la guerra contra el narcotráfico" tiene una serie de objetivos ocultos y resultados anti-democráticos que atentan contra la paz y la soberanía.
En la guerra contra el narcotráfico, se confluyen los objetivos de EEUU con los intereses del gobierno de Felipe Calderón. Los Estados Unidos busca extender su presencia militar y su hegemonía en la región, y lo ha hecho bajo el modelo del ASPAN, de la guerra contra el terrorismo y la militarización de la frontera, y ahora en la guerra contra el narcotráfico. Con mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, su participación en la formación de agentes y soldados, y su injerencia en el diseño de las políticas de seguridad en México, por lo pronto no hace falta tener mayor presencia de tropas. La promesa de cantidades de recursos y ayuda militar al estilo Plan Colombia es suficiente para asegurar que el gobierno mexicano siga el guión de seguridad escrito en Washington.
Por otro lado, Felipe Calderón—un presidente débil y con poca credibilidad popular—decidió desde el primer día de su presidencia seguir la receta de los gobiernos tambaleantes de construir un enemigo externo para consolidar su posición, apoyado por el aparato militar, y con el uso de la represión ó la amenaza de represión. La militarización del país constituye una medida preventiva en una coyuntura en que no tiene garantizado el control social.
Resumiendo
Primero, este modelo funciona en la práctica para ampliar el poder de la presidencia. Desde el inicio del modelo esto es uno de sus propósitos principales. Fortalece el poder ejecutivo sin contrapesos y transparencia, quitando poderes de los otros niveles de gobierno y restringiendo los derechos ciudadanos.
Segundo, promueve la militarización de la sociedad y construye un poder de facto de fuerzas especializadas con pocos controles legales o sociales. El modelo de enfrentar el tráfico, venta y consumo de drogas con medidas militares, aumenta la violencia y debilita las instituciones democráticas. En países donde estas sean débiles puede causar severos retrasos en una transición a la democracia.
Tercero, invariablemente se extiende a una guerra contra la oposición política en países en donde se ha aplicado, borrando la línea entre la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, y los disidentes.
Cuarto, existe una clara amenaza a la soberanía nacional bajo este esquema. Otra vez viendo el Plan Colombia, se ha desarrollado una economía dependiente de la ayuda militar desde afuera, y la imposición de un modelo de lucha contra el narcotráfico que no solo no ha tenido resultados, sino que ha profundizado la violencia y la destrucción social y ambiental de gran parte del territorio, creando un círculo vicioso de miedo y caos que se utiliza para justificar la continuación de la intervención extranjera. Sólo la vigilancia de grupos ciudadanos y de derechos humanos en EEUU lograba que se mantuviera un tope al número de soldados EEUU en territorio Colombiano, y hubo un incremento paulatino de mercenarios estadounidenses de empresas particulares sub-contratados para llevar a cabo funciones militares bajo el Plan Colombia.
El Plan México contempla el entrenamiento de las fuerzas mexicanas bajo el esquema de EEUU y en particular del gobierno de George W. Bush. Se amplia la red de agentes anti-drogas y aduanales estadounidenses que opera en el país, y se reduce el espacio para aplicar políticas basadas en las prioridades nacionales y no en la agenda de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos.
En este sentido, el ASPAN, la Guerra contra el Terrorismo de Bush, y la guerra contra el narcotráfico de Calderón son todos aspectos de una estrategia para ampliar la hegemonía de los Estados Unidos en la región, pasando por la consolidación de un gobierno de dudosa legitimidad en México que garantice sus intereses.
Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas (www.ircamericas.org) en la Ciudad de México, donde ha trabajado como analista y escritora política por dos décadas. Este artículo fue parte de una ponencia en Casa Lamm en la Ciudad de México el 25 de junio de 2007.
(Programa de las Américas, 11 de julio de 2007)
miércoles, 27 de junio de 2007
Calderón busca, vía militarización, un liderazgo que no ganó en las urnas: expertos
Cuestionan el papel preponderante de las fuerzas armadas en el combate al narco
JESUS ARANDA
La militarización de la lucha contra el narcotráfico responde a la política diseñada por el presidente Felipe Calderón con la cual pretende asumir un liderazgo que no obtuvo en las urnas, apoyado, fundamentalmente, por las fuerzas armadas.
Coincidieron en lo anterior la investigadora Laura Carlsen, del Centro de Política Internacional con sede en Washington; el embajador Víctor Flores Olea y el catedrático John Saxe Fernández, al participar en el panel organizado por Casa Lamm y La Jornada sobre el tema Guerra contra el narco o militarización de México.
Carlsen agregó que el plan México, con el que se pretende combatir el crimen organizado, resulta ser una copia del fallido plan Colombia, el cual ha tenido como consecuencia la pérdida de soberanía y la criminalización de la oposición y de los luchadores sociales.
Añadió que llama la atención la política asumida por el presidente Felipe Calderón en contra del narcotráfico, al calificar a éste del enemigo principal que tiene el país y un peligro para la soberanía nacional.
Lo mismo hizo en su momento el presidente de Estados Unidos Richard Nixon, quien llegó al poder débil políticamente y con la necesidad de fortalecer su liderazgo, añadió.
En el caso de Calderón, añadió la especialista, éste se ha apoyado en las fuerzas armadas para combatir el tráfico ilegal de drogas y la creciente violencia que tiene lugar en el país, pero también lo ha hecho con el propósito de consolidar su Presidencia, a la que llegó debilitado por el controvertido proceso electoral pasado.
Carlsen agregó que con la integración de México al Acuerdo de Seguridad para América del Norte (ASPAN) el país ha asumido como suya la agenda de seguridad y en contra del terrorismo de Estados Unidos, lo cual va en detrimento de la soberanía nacional.
Además, añadió, se ha aceptado la tesis estadunidense de que las fuerzas armadas deben combatir al crimen organizado, lo cual tiene también un trasfondo estratégico que ya se ha aplicado en Colombia, en el sentido de que la militarización de la lucha contra el narcotráfico abre la puerta a la criminalización de los conflictos sociales y con ello a la represión de los opositores al gobierno en turno.
Por su parte, el embajador Víctor Flores Olea destacó la política de sumisión del gobierno mexicano hacia Estados Unidos y refirió que la militarización de la seguridad pública abre espacios para la represión y violación de los derechos humanos, como ha ocurrido últimamente en eventos en los que soldados se han visto involucrados en la muerte de civiles.
A su vez, el investigador de la UNAM John Saxe Fernández, quien no acudió por estar enfermo, señaló en su ponencia -que fue leída por el moderador Angel Guerra- que la sumisión del gobierno mexicano en materia de política exterior y seguridad hacia Estados Unidos se ha fortalecido en los años recientes con la creciente capacitación de militares mexicanos en el vecino país y la adquisición de armamento, la cual se ha multiplicado a partir del gobierno de Miguel de la Madrid.
(La Jornada, 27 de junio de 2007)
miércoles, 20 de junio de 2007
Felipe Calderón: respuestas sin pregunta
Alejandro Nadal
Si el ejército es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Quizás a Felipe Calderón ya hasta se le olvidó. Acaso se le ocurrió durante la campaña, cuando las encuestas baratas y mal diseñadas le revelaron que "la gente" pedía orden y mano firme. Es posible que esta idea se le haya reforzado en la crisis poselectoral, cuando sintió que "su gente" ya estaba harta de tanta protesta y caos.
Pero ¿cuál es el estado de cosas que el ejército debe proteger y mantener? Vamos a ver. Hoy existe un consenso entre los economistas de todas las filiaciones: la economía mexicana permanece en un letargo peligroso. De ahí se desprenden todo tipo de problemas, desde la desigualdad, hasta la migración y el deterioro ambiental. ¿Podría estar ahí la guerra que el ejército estaría llamado a ganar? Claro que no. El estancamiento económico depende del dogma según el cual en la globalización neoliberal no hay espacio para una política económica para el desarrollo. Así de sencillo. Por eso no hay política para el campo ni para la industria. Por eso se piensa que tampoco es posible una política macroeconómica contra-cíclica para fomentar la actividad económica en épocas de recesión o crisis.
Esa visión dogmática se encuentra ahora plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Si ese documento de tanta pobreza conceptual contiene el plan de trabajo de la gestión de Felipe Calderón, estamos en aprietos.
Para muestra basta un botón. El primer eje rector del PND es el estado de derecho y la seguridad, "para que las familias sientan que su patrimonio está seguro". Para eso, alguien de mirada estrecha podría pensar se puede utilizar al ejército. Pero, ¿proteger el patrimonio de quién? No es una pregunta trivial. Una idea de la concentración de riqueza está dada por la estructura de cuentas bancarias. En México, cerca de el 60 por ciento de las cuentas en bancos apenas tienen saldos inferiores a mil pesos y son responsables del 0.4 por ciento del valor de los depósitos bancarios. En el otro extremo, el 0.3 por ciento de las cuentas en bancos tiene saldo promedio de un millón de pesos y acapara el 68 por ciento de todos los depósitos.
El segundo eje rector del PND tiene que ver con el desempeño de la economía. La meta ahora para el crecimiento del PIB es de "5 por ciento al final del sexenio". ¡Qué bueno! Ya le bajamos dos puntos porcentuales a la fanfarronería foxista, aunque el promedio podría ser igual al del sexenio anterior. Lo interesante es que aun con una tasa de crecimiento de 5 por ciento se necesitarían 72 años para que el ingreso del 10 por ciento de la población más pobre en México pueda alcanzar el del 10 por ciento más rico.
Este es un país que le cerró la puerta en las narices a millones de jóvenes que no estudian y que tampoco tienen trabajo. El mensaje que se les dio es claro y terrible: a ver cómo le hacen, porque en este modelo económico no caben. Una bomba de tiempo. ¿Podría desactivarse con retenes del ejército?
El PND afirma que el aumento en la población en edad de trabajar (el llamado bono demográfico) es una gran oportunidad. Pero con las metas del Plan, ese bono sólo va a beneficiar a la economía de Estados Unidos. En efecto, la fuerza de trabajo en el vecino país ya no puede crecer sino a través de la migración. México "resuelve" su problema de empleo expulsando su fuerza de trabajo a Estados Unidos. Adiós al bono demográfico.
¿Será el ejército una respuesta al problema de las finanzas públicas averiadas por las cargas financieras de tanto gobierno incompetente y estúpidamente corrupto? ¿Al riesgo de colapso energético que irremediablemente sufrirá México si no resuelve su transición a una economía baja en carbono y en emisiones de gases invernadero? ¿Al deterioro ambiental que vive nuestro país en todas las regiones y en casi todos sus ecosistemas? No, ¿verdad? Ni siquiera se arreglarán problemas como el de las mafias de la tala clandestina que cobraron la vida de Aldo Zamora, otro joven campesino asesinado por defender el bosque.
Hoy los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están debatiendo si los retenes militares restringen el libre tránsito de los ciudadanos. Eso es como discutir si el león deshizo el prado antes de devorar al cordero. No se equivoquen, señores ministros de la SCJN, la Constitución es clara: "en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". El ejército no tiene funciones de policía y no puede ser utilizado para aplicar la ley de armas de fuego o para combatir la delincuencia.
En la coyuntura actual, el ejército no es la respuesta para ninguno de los grandes problemas nacionales. Felipe Calderón debe entenderlo bien: no hay nada más peligroso que equivocarse de pregunta. Eso no lo cambian ni diez regimientos blindados.
(La Jornada, 20 de junio de 2007)
sábado, 16 de junio de 2007
Agudiza Calderón crisis en el ejército
Zósimo Camacho
Con la creación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, Felipe Calderón busca rescatar al Ejército de la derrota en su “guerra” contra pistoleros de narcotraficantes. La violencia desatada –que arroja más de mil 500 muertos y ningún narcotraficante detenido en casi siete meses– es la coartada para involucrar de lleno a la milicia en el“restablecimiento del orden público”, lo que, a decir de especialistas, apunta más a los movimientos sociales que al crimen organizado.
Como no se hacía desde 1968, cuando al frente del Poder Ejecutivo se encontraba Gustavo Díaz Ordaz, el Ejército Mexicano vuelve a ser requerido para “restablecer el orden público”, según el decreto por el que se crea el “Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de mayo pasado.
Desmoralizado, con bajos salarios aún después del publicitado aumento a la tropa, ante quejas de trato despótico por parte de los altos mandos y bajo acusaciones de violar derechos humanos, las fuerzas armadas entregan magros resultados en sus encuentros con gatilleros de narcotraficantes, organizaciones con elementos “más motivados” que los efectivos castrenses.
“La lucha es contra organizaciones que tienen la capacidad de operar en tierra, mar y aire. Incluso, han cooptado a muchos elementos del Ejército; han penetrado todo el aparato policiaco; poseen servicios de inteligencia, y tienen a su disposición recursos económicos ilimitados”, advierte el maestro en sociología y especialista en fuerzas armadas Guillermo Garduño.
Y es que, aunque el gobierno federal machaca que se libra una “guerra” entre el Estado mexicano y el narcotráfico, sólo el Ejército parece librar las batallas. A casi siete meses de la actual administración no se ha desmembrado una sola red financiera de ninguno de los cárteles que operan en territorio mexicano. Tampoco se han develado nexos entre delincuentes y autoridades políticas de los tres niveles de gobierno.
Por definición, al crimen organizado le son inherentes los nexos con el poder político, pero ni un sólo funcionario ha pisado la cárcel. Tampoco se han descubierto quiénes son los “delincuentes de cuello blanco” que lavan el dinero del narcotráfico y que, según estimaciones de Transparencia Internacional, en México superan anualmente los 30 mil millones de dólares. El tema ni siquiera está en la agenda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para colmo, no existen campañas que prevengan el consumo y tráfico de enervantes.
“Desde diciembre pasado, el Ejército ha estado actuando solo. No veo a ni una autoridad civil actuando. Jamás he visto, escuchado o tenido información de que las autoridades aduanales estén realizando acciones determinantes para impedir el trasiego de drogas y armas. Al Ejército se le ha dejado completamente solo y con las Fuerzas Armadas no se juega”, advierte Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados y legislador por el Partido de la Revolución Democrática.
En un escenario donde las policías federales y estatales han desaparecido casi completamente, sólo el Ejército mantiene una lucha desigual en las calles y carreteras que, a decir de especialistas, está perdida, pues no se están “tocando” las estructuras político-financieras del narcotráfico.
“Sólo si se logra golpear a las finanzas del crimen organizado tendremos una reducción significativa del narcotráfico”, considera Guillermo Garduño.
La creación del Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea vendría a dar legalidad a las actividades de las fuerzas armadas en las entidades federativas, pero también buscaría retirar al grueso de la tropa del combate al narcotráfico.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Jorge Justiniano González Betancourt, rechaza que exista ilegalidad en la conformación del cuerpo especial, que tendrá entre sus objetivos garantizar la seguridad pública.
El general en retiro y diputado por el Partido Acción Nacional dice que “todo es absolutamente legal, pues los cuerpos especiales están previstos en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea. Estamos enfrentando momentos que son de contingencia extraordinaria y por eso se ha destinado un cuerpo al combate al narcotráfico. Más que nada, coadyuvará con las autoridades civiles y, como todo cuerpo especial, recibirá adiestramiento y capacitación especiales”.
El legislador agrega que las fuerzas armadas no necesitarán una partida presupuestal extraordinaria para el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
Guillermo Garduño considera que la creación del nuevo grupo de elite “es incuestionablemente una buena intención; pero no tenemos garantía de que el Ejército acabará con el problema. Las certezas no existen y menos en esta época”.
Según Garduño, con el Cuerpo Especial, Calderón busca “ajustar el tipo de fuerza del Estado a la que va a ser combatida, pues no se trata sólo de ‘echarle el Ejército’ al narco, algo que fracasaría al intentar enfrentar una fuerza convencional con otras no convencionales”.
Sin embargo, para el antropólogo social y especialista en Seguridad Nacional Gilberto López y Rivas, la decisión de Felipe Calderón de crear un nuevo grupo especial “se da ante el fracaso del Ejército en los operativos antinarco, pues ya van muchos muertos y no se detiene el tráfico de drogas. Al contrario, los narcotraficantes hasta provocan a los militares dejando cabezas humanas cerca de los cuarteles”.
Quien fuera agente del servicio secreto de la Unión Soviética agrega que el nuevo cuerpo especial no detendrá el descrédito y la derrota del Ejército Mexicano. Para el analista, el culpable sería el presidente Felipe Calderón, pues “en aras de obtener la legitimidad que no obtuvo en las urnas” expuso irresponsablemente a las fuerzas armadas al desprestigio.
“La conformación de este cuerpo especializado va en contra de todo lo que hemos venido diciendo la mayoría de quienes nos dedicamos a hacer análisis políticos. Hemos dicho que se tiene que sacar al Ejército del combate al tráfico de drogas. Y así digan que van a usar a un cuerpo de elite o a tropa regular, finalmente es el Ejército, el cual no está preparado para las actividades que le han encomendado.”
A este respecto, el maestro en Sociología y especialista en Seguridad Nacional, José Luis Piñeyro, señala que en el decreto constitutivo del Cuerpo Especial “se está mezclando la gimnasia con la magnesia, porque se habla de combatir el crimen organizado, pero también situaciones de perturbación del orden público”.
La represión que viene
Y es que el nuevo cuerpo de elite –el cual terminará su integración el 10 de agosto y se espera que cuente con hasta 30 mil elementos– podrá intervenir no sólo en actividades contra la delincuencia organizada, sino en la ambigüedad de las “tareas de restauración del orden y seguridad pública […] o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación”, según el artículo 2 del decreto.
Además, de acuerdo con el artículo 5, este cuerpo castrense “recibirá adiestramiento y capacitación especializada en el manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el reestablecimiento del orden público y el Estado de Derecho”.
“Esto es algo que preocupa, porque se suma a las modificaciones realizadas al Código Penal, en donde ahora, con cierta laxitud, se puede calificar de terroristas a líderes sociales o al conjunto del movimiento social”, considera José Luis Piñeyro.
Luego de haber asumido el Poder Ejecutivo bajo acusaciones de fraude electoral y epítetos de “espurio”, el gobierno de Felipe Calderón parecería estar preparándose a una serie de protestas y movimientos sociales que aparecerían en 2010.
La reforma al artículo 139 del Código Penal Federal –consumada el 26 de abril pasado y en la que se criminaliza la protesta social– y la firma de un convenio con Estados Unidos para espiar conversaciones telefónicas y por internet –dado a conocer por el diario estadunidense Los Ángeles Times– sugieren que el calderonismo toma provisiones para una eventual cadena de protestas que organizaciones como La Otra Campaña, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el Frente Amplio de Izquierda estarían preparando.
“Por lo que se ve, se pretende que el cuerpo especial de las fuerzas armadas no sólo combatan al crimen organizado, sino que realicen actividades contraguerrilleras y, peligrosamente, se puedan usar contra movimientos sociales. Hay un riesgo de que se busque perseguir la oposición política”, advierte José Luis Piñeyro.
Sin embargo, al Ejército le ha resultado desastroso salir a las calles a “restaurar el orden público”. Tuvieron que pasar décadas para que la sociedad le retribuyera parte de la confianza perdida luego de la “masacre” del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Garduño señala que las “fuerzas morales” son “un factor esencial” en cualquier Ejército.
“Las policías federales y estatales perdieron desde hace tiempo esa característica y por ello ya no pueden ganarle la batalla al narcotráfico. El Ejército representa tradición y respeto; pero si pierde esto, que es su fuerza moral, estará perdido. El riesgo que corre el país es que finalmente el Ejército pierda la batalla y, entonces sí, esto se va a volver inenarrable.”
Ahora, Calderón vuelve a encomendarle a las fuerzas armadas el restablecimiento del orden público, cuando no son capaces siquiera de retener a su tropa. Los jóvenes militares no encuentran motivos para seguir en el Ejército y lo abandonan sin miramientos. De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, existen alrededor de 150 mil desertores del Ejército. En contraparte, actualmente sólo hay 130 mil efectivos. Y los propios mandos ya se muestran incómodos ante una lucha que no les corresponde y que, al parecer, están librando solos.
“En el Ejército ya empiezan a asomar inconformidades. Ellos no son felices cuando los ponen de policías. Tanto su formación como sus misiones fundamentales están orientadas a la defensa de la integridad territorial y política”, considera José Luis Piñeyro.
“La tropa sigue teniendo una escasa remuneración, también padece sobrecargas de trabajo y abusos por parte de sus superiores. Todo eso lleva a muchos a desertar. Ya tenemos una cantidad impresionante de gente que ha salido y que forma un ejército paralelo aún y cuando no esté unificado”, concluye Guillermo Garduño.
(Contralínea, 2a quincena de junio de 2007)
viernes, 8 de junio de 2007
La guerra sucia, contra las mujeres
Rosalva Aída Hernández Castillo
Los primeros meses de gobierno de Felipe Calderón se caracterizan por la militarización de las principales regiones indígenas del país y la continuidad de una política de penalización de los movimientos sociales que, en nombre de la "paz social", pretende justificar la violencia de Estado y la represión. La modificación al Código Penal Federal, aprobada el 26 de abril del 2007, para "castigar el terrorismo" y fijar penas más severas para quienes amenacen la tranquilidad de la población "por cualquier medio violento", es denunciada como una estrategia más para criminalizar a los movimientos sociales.
El llamado "multiculturalismo neoliberal" que caracterizó el gobierno de Vicente Fox --mediante la apropiación y trivializació n de las demandas de los pueblos indígenas-- es sustituido ahora por un neo-conservadurismo que trata como delincuentes a los indígenas organizados y sustituye la retórica en torno al reconocimiento cultural, por un discurso desarrollista contra la pobreza. (El Estado y los indígenas en tiempos del pan. Neoindigenismo, legalidad e Identidad, Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y Teresa Sierra, coordinadoras, ciesas-Porrúa, México 2005.)
En este nuevo contexto, las mujeres indígenas sufren de manera específica las consecuencias de la militarizació n del país, al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en las regiones donde existen antecedentes de organización indígena y campesina. La denuncia de la violación de una anciana nahua de 73 años, Ernestina Ascención Rosario, por parte de cuatro efectivos del Ejército en la Sierra de Zongolica en Veracruz, el pasado 25 de febrero, pone en evidencia el rechazo de la población indígena ante la presencia del ejército en sus comunidades. El debate nacional que este incidente provocó ha convertido al cuerpo de Ernestina en una arena de pugnas políticas entre el gobierno federal, estatal y municipal, donde la justicia parecería ser la última prioridad de funcionarios y gobernantes.
Este caso no es algo aislado. Según informes de Amnistía Internacional, desde 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca (estados donde hay una gran efervescencia organizativa) .
Lo paradigmático del caso es que, una vez más, pone en evidencia el racismo y el sexismo de los grupos de poder y la red de complicidades que posibilita y perpetúa la impunidad en México. Pese a que Ernestina Ascención denunció a sus violadores antes de morir y quince personas --familiares, autoridades comunitarias y médicos legistas--, escucharon su denuncia y dieron fe de los estragos que la violación tumultuaria dejó en el cuerpo de la anciana, Felipe Calderón negó la veracidad de la denuncia sin tener ningún informe médico o legista que fundamentara su versión de "muerte por gastritis". Como en los viejos tiempos de las monarquías, la palabra del "Supremo" fue suficiente para desmentir el certificado de defunción, las necropsias firmadas por tres médicos legistas, el dictamen del procurador estatal de Justicia de Veracruz y el propio testimonio de lavíctima.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres, instancias creadas supuestamente para defender los derechos de los ciudadanos, hicieron eco de la versión oficial. Rocío García Gaytán, presidenta de Inmujeres, descalificó las últimas palabras de Ernestina, ya que fueron expresadas en náhuatl y la mujer estaba moribunda (¡?). Después de un amplio debate nacional sobre el caso, todas las pruebas de la violación parecen haberse esfumado junto con la familia de la víctima.
La misma impunidad y el mismo racismo, encontraron las hermanas Méndez Sántiz, tres mujeres tzeltales violadas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994; Delfina Flores Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez, tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, quienes fueron violadas por cinco soldados el 3 de diciembre de 1997; las 12 mujeres indígenas de la zona de Loxichas, Oaxaca, violadas por efectivos del ejército mexicano en 1997; las mujeres nahuas Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casas abandonadas en abril de 1999; Valentina Rosendo Cantú agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, en febrero del 2002; Inés Fernández Ortega, violada en su casa por 11 soldados el 22 de marzo de 2002,en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero; las 23 mujeres agredidas sexualmente en Atenco por fuerzas de seguridad en mayo del 2006; las trece mujeres de Castaños, Coahuila que el 11 de julio de 2006 fueron víctimas de una violación tumultuaria por parte de 20 soldados. Más que de casos aislados cometidos por enfermos mentales, estas cifras y estos nombres dan cuenta de una política de intimidación que utiliza la violencia sexual como arma de desmovilización política. Los cuerpos de las mujeres indígenas se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra el movimiento indígena. Como lo plantea Maylei Blackwell, la violación es una colonización íntima que degrada la sexualidad de las mujeres indígenas. Si en el pasado sus cuerpos fueron la materia prima para forjar la nación mestiza, ahora son el espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto neocolonial.
En esta lucha por la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas y campesinos, las mujeres mantienen una importante participación. Las fotos de las mujeres zapatistas enfrentando al ejército han dado la vuelta al mundo. En la coyuntura actual oaxaqueña, las mujeres fueron las encargadas de tomar la radio universitaria y durante tres meses fueron voces femeninas las que diariamente transmitieron desde Radio Caserola las demandas de destitución del gobierno de Ulises Ruiz y los llamados a mantener la resistencia.
La participación de las mujeres en el movimiento zapatista y en movimientos como los de Atenco y Oaxaca, han venido a trastocar los roles de género al interior de las comunidades, y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano. No es casual entonces que ante el "peligro desestabilizador" los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres. El nuevo colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la violencia sexual para sembrar el terror e intimidar a las mujeres organizadas.
Análisis de género en otras regiones militarizadas como el de Davida Wood en Palestina o Dette Denich en Sarajevo, señalan que en contextos de conflicto político militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de lucha política y la violación sexual se instrumenta como forma de demostrar poder y dominación sobre el enemigo.
Chiapas, Atenco, Guerrero y ahora Oaxaca no son una excepción: la militarizació n y la paramilitarizació n afectan de manera específica a las mujeres en esta guerra sucia no declarada. Desde una ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo. Al igual que los soldados serbios, las fuerzas represivas del Estado mexicano "se apropian de los cuerpos de las mujeres simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos en una lucha contra sus enemigos hombres, reproduciendo esquemas de los patriarcados tradicionales, en los que la ineficacia de los hombres para proteger a sus mujeres, controlar su sexualidad y sus capacidades reproductivas, era considerada como un símbolo de debilidad del enemigo" (Dette Denich, en el libro colectivo Feminism, Nationalism and Militarism, 1995).
Todos estos casos de violación sexual por parte de militares o fuerzas de seguridad, que parecen sacados de un expediente sobre la represión en Guatemala, han sucedido en el México de la "transición democrática", mientras el gobierno mexicano firma varios convenios internacionales contra la violencia hacia las mujeres. Estos compromisos han sido letra muerta y no han limitado ni frenado a las fuerzas represivas del Estado.
Esta política de "dos caras" caracteriza al gobierno de Felipe Calderón, pues por un lado el Congreso aprobó en febrero pasado una de las leyes contra la violencia hacia las mujeres más avanzada de América Latina, tipificando el delito de feminicidio, a la vez que mujeres activistas de Atenco y Oaxaca siguen encarceladas y las violaciones sexuales cometidas durante los operativos policiacos y militares siguen sin castigarse.
La apropiación e institucionalizació n de los discursos en torno a la equidad de género por parte del Estado mexicano, despojándolos de su radicalidad crítica nos lleva a pensar en la necesidad de reivindicar la denuncia del colonialismo como parte de la crítica feminista. Urge construir alianzas entre el movimiento feminista y el movimiento indígena [.... y con los movimientos sociales en general, meto mi cuchara.....] para denunciar y desarticular las estrategias neocoloniales que usan la violencia sexual como herramienta contrainsurgente. La libertad de los y las presas políticas debe de ser una demanda urgente de las organizaciones feministas, pues la integridad física de quienes denunciaron la violencia sexual estará en peligro mientras continúen presas. Durante el conflicto magisterial en Oaxaca, 153 mujeres han pasado por las cárceles y muchas de ellas han sido víctimas de violencia física y psicológica. Trece mujeres participantes en el movimiento continúan desaparecidas y 64 activistas siguen presos. En el caso de Atenco, 29 activistas siguen en la cárcel, entre ellos cinco mujeres.
En el contexto político actual, recuperar la radicalidad de la crítica feminista resulta fundamental ante una política de Estado que utiliza los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas [....y de las mujeres en general, no olvidemos el debate moralino patriarcal sobre el aborto y la nula capacidad de las mujeres para decidir sobre su cuerpo...] como campo de batalla de una nueva guerra sucia que en estos momentos específicos se libra en distintas regiones de México.
Aída Hernández es investigadora de CIESAS y coordinadora del Seminario Género y Etnicidad.
(Actualidad Étnica, 8 de junio de 2007)
