■ El Ejército sólo ayuda a la CNDH ante abusos de soldados, afirma funcionario de Sedena
■ “No hay intención de afectar a la población” cuando algún civil muere en acciones castrenses, dice el general Antonio López Portillo, titular del área
■ En los tres meses recientes, 122 quejas
Jesús Aranda
Las denuncias contra militares por violaciones a los derechos humanos, tanto por operativos antidrogas como por razones administrativas, se han incrementado en los pasados tres años, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), creada el primero de enero pasado.
El general Jaime Antonio López Portillo, titular de dicha dirección, afirma en entrevista con La Jornada que la dependencia a su cargo no tiene el propósito de defender a los militares ni de hacer investigaciones judiciales, sino agilizar la entrega de información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando haya denuncias contra soldados.
Además, representa a la Sedena ante organismos internacionales –como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– cuando hay acusaciones contra el Estado mexicano relacionadas con militares.
Reconoce que la labor de la dirección se ha incrementado en los años recientes debido a los operativos contra el crimen organizado impulsados en la presente administración, y sostiene que los civiles muertos en estas acciones a manos de soldados son consecuencia de que “en el momento salieron del control del soldado que participaba en los hechos, pero no con una premeditada intención de afectar a la población”.
Las denuncias más repetidas contra soldados tienen que ver con cateos y visitas domiciliarias ilegales, detenciones arbitrarias, ejercicio indebido de la función pública y lesiones. Mención aparte merece la muerte de civiles por soldados en retenes. “Hemos tenido cuatro casos de homicidios y lesiones de manera colateral con el trabajo operativo de las tropas”, afirma.
La mayor incidencia de quejas ha sido en Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán.
Precisa que la dependencia a su cargo no investigará denuncias contra militares, como tampoco tiene previsto establecer diálogo directo con organizaciones no gubernamentales (ONG) para tratar “casos concretos”, sino más bien, tiene la encomienda de entregar a la CNDH la información que requiera sobre los soldados que sean acusados de violar los derechos humanos.
El ex director de justicia militar y ex procurador castrense señala que en 2006 la Sedena recibió 188 denuncias contra soldados; en 2007 la cifra aumentó a 376, de las cuales 288 fueron presentadas por civiles y 88 por militares, por cuestiones relacionadas con procedimientos administrativos internos. El año pasado, la Sedena atendió siete recomendaciones de la CNDH.
En 2008, del primero de enero al 25 de marzo, recibió 122 quejas (cifra proporcionalmente mayor a la del año pasado), de las cuales 108 corresponden a civiles y 14 a militares, este año la CNDH no ha emitido ninguna recomendación relacionada con el Ejército.
Acerca de si la creación de la dirección a su cargo fue consecuencia de la muerte de la anciana Ernestina Ascensión, en Zongolica, Veracruz, quien presuntamente fue violada por soldados, o por la violación tumultuaria de mujeres en Castaños, Coahuila, el ex procurador militar asevera que ningún asunto en particular motivó la creación de la dirección, sino la necesidad de la Sedena de tener asesoría jurídica en la materia, así como para promover y difundir los derechos humanos de los soldados y la equidad de género en la milicia.
Cuando la dirección tiene conocimiento de algún delito relacionado con militares se da parte de inmediato a las autoridades castrenses o civiles correspondientes, para que éstas rindan un informe y éste se entregue a la CNDH.
Llama la atención que se ha detectado que algunas de las denuncias contra militares, especialmente por operativos antidrogas, responden a una estrategia de abogados de personas acusadas de delitos contra la salud, como maniobra de defensa de sus clientes; sin embargo, sostuvo que cada acusación es investigada de manera particular.
Una preocupación de la Sedena, indica, es que los soldados hagan uso racional de la fuerza, por lo que se imparte adiestramiento constante al personal operativo en la materia. “Se están generando a detalle las tareas que se tienen que llevar a cabo, por ejemplo, en la revisión de vehículos en un puesto de control, para evitar cualquier roce, fricción o exceso hacia la población civil”.
–¿Se trabajaría sobre casos concretos con las ONG?
–Con las ONG no serían asuntos concretos, porque para eso está la CNDH.
–Por ejemplo, si como civil me veo directamente afectado por un operativo militar, ¿puedo acudir ante ustedes o ante la CNDH?
–El camino es la CNDH, independientemente de que si a nosotros nos dan copia, adelantamos el trabajo, y requerimos o damos vista al área correspondiente; eso no impide atender un derecho de petición, pero no porque la dirección vaya a hacer trabajo de investigación, porque no estamos facultados para eso.
(La Jornada, 31 de marzo de 2008)
lunes, 31 de marzo de 2008
En tres años crecieron las denuncias contra militares por violar derechos humanos
miércoles, 12 de marzo de 2008
Reconoce Sedena que operativos militares contra el narco molestan a pobladores
■ Insta a denunciar abusos, que “no se toleran cuando se comprueban plenamente”
Jesús Aranda
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que existen sectores de la población en los que “se genera tensión y molestia y se sientan interrumpidos en su tranquilidad y vida social” por los operativos contra el narcotráfico que lleva a cabo el Ejército Mexicano. Por segunda ocasión en una semana, la dependencia invitó a los representantes de las diferentes organizaciones “preocupadas por la loable labor de vigilar los derechos humanos” a denunciar la mala actuación que pudiera tener el personal militar en esos operativos, y “acercarse a esta secretaría y a las autoridades competentes” para que hagan llegar sus quejas.
En un comunicado, la Sedena añadió que su interés es dejar en claro que en el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos “no se solapa, ni se toleran los abusos a las garantías individuales, cuando se llegan a comprobar plenamente”.
El domingo pasado la Sedena emitió un comunicado referido a la denuncia de organizaciones defensoras de derechos en Tamaulipas por las agresiones cometidas por personal militar en el marco del operativo anticrimen que desarrolla en esa entidad y a los resultados obtenidos durante la presente administración en ese ámbito. La dependencia se refirió en términos similares a la Operación de Alto Michoacán y reiteró su “respeto irrestricto a los derechos humanos y la firme intención de hacer transparente su intención”.
El comunicado afirma que “la actuación de las tropas en algunos casos, son derivadas de las valiosas denuncias ciudadanas en esa entidad (Michoacán), con resultados favorables”, por lo que exhortó a los ciudadanos a que “sigan con esa valiente actitud y que tengan la plena confianza que no se escatimará esfuerzo en la importante labor de conservar la seguridad que demandan los mexicanos”.
Al igual que en enero pasado en Tijuana, cuando la Sedena exhortó a la población a denunciar ante la región militar correspondiente a infractores de la ley, con la promesa de investigar y actuar en consecuencia, hizo lo propio en el caso Michoacán.
Por otra parte, el escrito reporta que en lo que va de la actual administración se han decomisado en Michoacán 112 toneladas de mariguana, 40 litros de efedrina, 14 kilogramos de cocaína, 464 vehículos terrestres y una embarcación; se destruyeron 3 mil 674 hectáreas de mariguana, siete hectáreas de amapola, 376 secaderos de droga, tres pistas de aterrizaje, y se aseguraron 885 armas de diversos calibres.
(La Jornada, 12 de marzo de 2008)
martes, 11 de marzo de 2008
Persisten abusos contra migrantes, pese a denuncias ante Derechos Humanos: CEM
■ Militares, policías y criminales, entre los agresores, informa al relator Jorge Bustamante
Víctor Ballinas
El área Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) denunció ante el relator especial de Naciones Unidas para los Migrantes, Jorge Bustamante, la violación de los derechos de extranjeros que atraviesan el país en busca de llegar a Estados Unidos.
“Vemos con preocupación las violaciones y vejaciones que sufren los migrantes, en su mayor parte centroamericanos, en su travesía por México hacia Estados Unidos: son secuestrados, se les detiene de manera arbitraria y los agentes pastorales de movilidad humana son agredidos por policías de todas las corporaciones”, aseveró.
Durante la reunión con organizaciones civiles defensoras de los derechos de los migrantes, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la CEM, en voz de Leticia Gutiérrez, expuso a Bustamante que en Tierra Blanca, Veracruz, es frecuente y creciente el secuestro contra migrantes en las rutas que utilizan los centroamericanos.
“Esta situación es del conocimiento de las autoridades, y a pesar de las quejas interpuestas de manera reiterada ante las comisiones Nacional de los Derechos Humanos y la estatal de Derechos Humanos de Veracruz, así como ante el Ministerio Público, los migrantes que transitan por Tierra Blanca siguen siendo víctimas del secuestro en su modalidad de delincuencia organizada”.
La CEM expuso ante el relator que agentes de la pastoral, personas afectadas y periódicos de circulación nacional han dado cuenta de diversos plagios, y testigos de los hechos “argumentan que los autores del delito pertenecen a un grupo llamado Los Zetas, al que se ubica como brazo armado del cártel del Golfo. Y en información periodística se habla de complicidad de la policía auxiliar del estado y de la ausencia de las autoridades.
“Un sinnúmero de extranjeros son objeto de detenciones arbitrarias por policías municipales en diversas ciudades del país, con el pretexto de que los migrantes se encuentran cometiendo una falta administrativa o han mostrado alguna actitud sospechosa.”
Leticia Gutiérrez denunció que sistemáticamente intervienen en las detenciones y los abusos “miembros del Ejército, las policías estatales, judiciales, sectoriales y los guardias de seguridad privada que trabajan en los ferrocarriles; estos últimos, al interceptar a los migrantes para extorsionarlos y robarlos les han ocasionado daños irreparables, como la mutilación de brazos y piernas”.
También ante el relator, la organización civil Sin Fronteras expuso el caso de los menores de edad no acompañados.
Destacó que en los dos años anterios se ha observado un aumento considerable en el número de migrantes adolescentes no acompañados “que han sido detenidos en las estaciones migratorias de la ciudad de México y Tapachula. Se les detuvo mientras migraban hacia Estados Unidos y/o a Canadá.
“Durante su viaje son sujetos de actos de discriminación, violencia y extorsión por bandas delictivas, traficantes, tratantes y autoridades, y son además objeto de violaciones a sus derechos humanos durante su detención, deportación y recepción.”
Sin Fronteras refirió que en el monitoreo realizado durante 2006 y 2007 “los abusos y las violaciones manifestados por los migrantes de nacionalidad centroamericana son robo de pertenencias, abusos físicos y verbales, intimidación, extorsión y engaño, entre otros. La mayoría de estos actos se efectuó durante el viaje y en el momento de la verificación” de la identidad.
Añadió que los adolescentes detenidos en las estaciones migratoria de Iztapalapa y de Tapachula manifestaron no tener información sobre el proceso al que eran sujetos.
Las organizaciones sociales propusieron al relator que en el caso de los secuestros de migrantes “realice una visita a la región de Tierra Blanca para conocer más a fondo la problemática que se vive en el Golfo de México, solicitar al Instituto Nacional de Migración una presencia más constante de los grupos Beta donde se cometen los secuestros y que solicite a la Procuraduría General de la República su intervención para detener estas agresiones contra migrantes”.
Encuentros con funcionarios
Por otra parte, Bustamante se reunió ayer con la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de Gobernación, Ana Teresa Aranda, y en los próximos días lo hará con altos funcionarios de las secretarías de Seguridad Pública y del Trabajo y Previsión Social.
También tendrá encuentros con funcionarios del Instituto Nacional de Migración y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. De igual forma, se entrevistará con representantes de gobiernos estatales, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.
(La Jornada, 11 de marzo de 2008)
domingo, 9 de marzo de 2008
Investiga Sedena supuestos abusos de militares en Tamaulipas
Luego de las denuncias del Movimiento Ciudadano Contra los Abusos de Militares y Federales, la dependencia indicó que inició las acciones pertinentes para deslindar responsabilidades.
Notimex / La Jornada On Line
Publicado: 09/03/2008 19:29
México, DF. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que de conformidad con sus leyes y reglamentos inició las acciones pertinentes tras las denuncias del Movimiento Ciudadano Contra los Abusos Militares y Federales de Tamaulipas.
Por medio de un comunicado, la dependencia aseguró que se deslindarán las responsabilidades de los supuestos abusos y se mantendrá a la sociedad informada sobre los avances y resultados de las investigaciones.
Sin embargo, recordó que en el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico, muchas han sido las acciones exitosas del Ejército con base en denuncias ciudadanas sobre diversos delitos.
Detalló que ello "demuestra que así como existe una parte de la población que demanda se aclaren las inconsistencias legales, está presente otra que colabora ampliamente con el cuerpo armado".
Insistió que los militares mantendrán siempre pleno respeto a las garantías individuales e invitó a las organizaciones que vigilan los derechos humanos a acercarse a la institución para colaborar en esa materia.
En otra vertiente, la Sedena dio a conocer los resultados que ha obtenido estos primeros meses del año en el combate a la delincuencia organizada en la operación de alto impacto Nuevo León-Tamaulipas.
Precisó que decomisó más de 12 toneladas de cocaína, 7.05 kilogramos de goma de opio, 1.7 de heroína, 14 de metanfetaminas, 83 pastillas tóxicas y cantidades mínimas de cristal y crack.
Asimismo, aseguró 959 automóviles y camionetas, un avión y ocho embarcaciones, así como dos mil 834 armas de todos los calibres, 385 mil 850 cartuchos y 444 granadas
Destruyó ocho plantíos de mariguana con extensión total de cinco mil 257 metros cuadrados, 162 toneladas 18 kilogramos de la droga, 41.27 kilogramos de la semilla del mismo enervante, tres sembradíos de amapola y una pista de aterrizaje.
Además, se aseguraron 12 millones 241 mil 55 pesos y tres millones 919 mil 602 dólares en efectivo. En las acciones fueron detenidos 808 mexicanos y siete extranjeros.
La Secretaría de la Defensa Nacional subrayó que con esos operativos apoya los programas del gobierno federal para fortalecer la seguridad de las familias mexicanas y reitera su compromiso ineludible de respetar las garantías individuales.
(La Jornada On Line, 9 de marzo de 2008)
sábado, 8 de marzo de 2008
Exige la Cámara de Diputados aclarar y castigar agresiones sexuales de soldados
Las autoridades del Ejército Mexicano "se autoexculpan": edil de Soledad Atzompa
Preocupa a legisladores la violación tumultuaria de anciana indígena, que provocó su muerte
ROBERTO GARDUÑO, ENRIQUE MENDEZ, ANDRES T. MORALES REPORTEROS, CORRESPONSAL
La violación tumultuaria que la anciana indígena identificada con las siglas EAR padeció el fin de semana anterior en el estado de Veracruz, agresión que le provocó la muerte el 26 de febrero pasado, y la constante redición de hechos violentos contra mujeres en distintas partes del país a manos de integrantes del Ejército Mexicano, propició que la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Marisela Contreras Julián, presentara ante la mesa directiva del órgano legislativo un punto de acuerdo para exigir el esclarecimiento y castigo de esos actos reprobables e impunes.
En tanto, el presidente municipal de Soledad Atzompa, Veracruz -donde ocurrió el ataque contra EAR-, Javier Pérez Pascuala, sostuvo que "el pueblo indígena no cree en las versiones del Ejército Mexicano, cuyas autoridades actúan como juez y parte y se autoexculpan".
El edil, asimismo, repudió el comunicado emitido el martes pasado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en el cual se aseguró que no hay elementos para atribuir a soldados el ataque contra la anciana, perpetrado en la comunidad de Tetlazinga.
La exigencia de la legisladora federal Marisela Contreras refiere en primer término un exhorto a Felipe Calderón Hinojosa, para que "en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y responsable de la actuación de éstas", ordene que se apliquen "todas las medidas necesarias, a efecto de que se sancione a los responsables de las violaciones y asesinatos en contra de mujeres en todas las regiones del país, presuntamente realizados por miembros del Ejército Mexicano, y evitar que la conducta de los efectivos militares incurra, de nuevo, en violaciones contra los derechos humanos de las mujeres".
En segunda instancia, la Cámara de Diputados solicitó, también al presidente Calderón Hinojosa y a las autoridades del estado de Veracruz, esclarecer el homicidio de EAR, mujer indígena de 73 años edad, cometido "presuntamente por miembros del Ejército Mexicano".
La diputada Contreras Julián afirmó que "es reprobable que el Ejército Mexicano se encuentre inmiscuido en este tipo de acusaciones. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se exige el esclarecimiento de los asesinatos cometidos contra mujeres, y se reprueba la conducta de los efectivos militares inmiscuidos en abusos sexuales contra mujeres y vejaciones de sus derechos humanos".
Reclamó que sean las propias autoridades las que ejerzan la violencia y vulneren los derechos de las mujeres, sin recibir castigo aquellos que son responsables.
"Esta violencia de género no sólo se da en Ciudad Juárez, donde existen cientos de feminicidios sin castigo; no se da sólo en el estado de México o en Morelos, Chiapas, Oaxaca o Guerrero. Es una vergüenza, y se está suscitando en todas las regiones del país, donde el despliegue de efectivos militares en los operativos que se están llevando a cabo se ha desviado de la misión que se les ha encomendado", dijo la perredista Marisela Contreras.
Recordó que el 4 de junio de 1994, tres mujeres indígenas tzeltales denunciaron que fueron violadas por soldados que participaban en acciones militares contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el municipio de Altamirano, Chiapas; el 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores y Aurelia Méndez, indígenas de la región de Zopilotepec, Atlixtac de Alvarez, en el estado de Guerrero, denunciaron que cinco soldados las violaron; en 1997, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca recibió la denuncia de que soldados violaron a 12 mujeres en la zona de los Loxicha.
El 21 de abril de 1999 Victoriana Vázquez, de 50 años, y Francisca Santos, de 33, denunciaron que fueron objeto de ataques sexuales por parte de miembros del Ejército Mexicano en la región de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero.
El 16 de febrero de 2002, en la Barranca de Bejuco, Guerrero, Valentina Rosendo denunció una agresión por parte de ocho soldados del 41 Batallón de Infantería.
El 22 de marzo de 2002, en Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, denunció haber sido violada por 11 soldados.
El 11 de julio de 2006, más de 20 elementos del Ejército Mexicano violaron en el municipio de Castaño, Coahuila, a 13 mujeres sin que hasta el momento se haya sancionado a los responsables de esa terrible agresión sexual.
De su lado, el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, consideró que los agresores de EAR no pudieron ser habitantes del municipio asentado en la sierra de Zongolica.
"Estamos seguros de que fueron soldados, no pueden ser otras personas porque de antemano se sabe que en Soledad Atzompa toda la gente es pacífica, allí no hay violencia y nunca se ha presentado algún hecho de violación sexual", dijo ayer en conferencia de prensa ofrecida en el puerto de Veracruz.
Pérez Pascuala explicó que personalmente ayudó a trasladar a la anciana agredida al Hospital Regional de Río Blanco, vio las condiciones en que iba y escuchó el reporte de los médicos que la atendieron.
"Esa bestialidad no la pudo cometer un habitante del poblado de Tetlacinga, donde todos se conocen y se respetan, porque han vivido juntos por décadas; no fueron lugareños, de ninguna manera, fueron soldados", reiteró.
(La Jornada, 8 de marzo de 2008)
miércoles, 5 de marzo de 2008
La seguridad federal, errática
La seguridad federal, errática
Plaza Pública
Miguel Ángel Granados Chapa
Convertida por el presidente de la república en el eje civil del combate a la delincuencia organizada, para actuar de consuno con el Ejército y la Armada, la Secretaría de Seguridad Pública no acierta a hallar su ruta y camina con pasos vacilantes en una misión de que depende la tranquilidad de la gente en todo el país.
El titular de ese ramo, Genaro García Luna, llegó a su cargo precedido de mala fama, así en su desempeño en la Policía Federal Preventiva durante el último sexenio priista, como al frente de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Eso no obstante, se le confió una estructura policial destinada a concentrar funciones de los órganos de investigación y seguridad federales. De modo informal, porque no ha sido enviado al Congreso el proyecto de reforma a las leyes que les dieron origen, se trató de crear un solo cuerpo, la Policía Federal, a partir de la PFP y la AFI. Como anticipo de la fusión, se designó a un solo jefe de ambas corporaciones, Ardelio Vargas Fosado, un abogado a quien las vicisitudes de la lucha política veracruzana arrojaron a oficinas encargadas de seguridad nacional.
Sin que se explicaran nunca los motivos de su destitución, Vargas Fosado causó baja el 30 de marzo del año pasado y fue acogido por el procurador Eduardo Medina Mora dentro de la estructura de la PGR, lo que pareció confirmar una creciente diferencia de opiniones, rayana en la disputa burocrática, entre el procurador y el secretario. De ser verdadera la animosidad entre ambos, se comprenden los motivos de la parte que corresponde a Medina Mora, pues se le ha despojado del principal órgano de indagación del ministerio público, ya que la AFI quedó encuadrada en la SSP.
El mismo 30 de marzo pasado, sin ninguna base legal, García Luna creó cuatro subsecretarías, denominadas con criterios burocráticos: Prevención, Vinculación y Derechos Humanos; Sistema Penitenciario Federal; Evaluación y Desarrollo Institucional, y Estrategia e Inteligencia Policial, a cargo respectivamente de Monte Alejandro Rubido, José Luis Lagunes, Francisco Niembro González y José Patricio Patiño Arias.
Salvo Lagunes, introducido a las funciones federales por Miguel Ángel Yunes a cuyo lado trabajó en el gobierno vera- cruzano, el resto de los subse-cretarios eran compañeros y amigos de García Luna.
Antes de que esa estructura cumpliera un año, la semana pasada fue reordenado el organigrama. Salió Lagunes de la Subsecretaría responsable de las cárceles federales, sin que se explicaran las causas, lo que facilitará que su jefe político le dé cabida en el Issste. Y en un incomprensible trueque de funciones, el subsecretario Patiño pasó del área sustantivamente más relevante, la de estrategia e inteligencia policial, a administrar el Sistema Penitenciario Federal, en lugar de Lagunes. Patiño a su vez fue reemplazado a partir del 1 de marzo por Facundo Rosas Rosas, ingeniero civil graduado en la UAM, como su jefe el se-cretario García Luna.
Antes de su ascenso, Rosas Rosas era comisionado en funciones de la jurídicamente inexistente Policía Federal, que de creer una denuncia reciente no sólo carece de sustento legal, sino que incumple los propósitos que deberían animarla sin que de ello, por añadidura, tenga conocimiento el Ejecutivo federal.
Eso al menos supone Javier Herrera Valles, que era comisario general, coordinador de Seguridad Regional de la PFP, quien en una carta al presidente de la república niega que la PFP y la AFI se hayan fusionado, y ni siquiera hay coordinación entre ambas. No se trata de una mera deficiencia burocrática, sino de negligencia que pone en riesgo la vida y la eficacia del trabajo de los agentes, pues se les lanza a realizar misiones sin previas actividades de inteligencia que aseguren su buen resultado.
“En el mes de febrero de 2007 —cita como ejemplo vivido en carne propia, pero que no es el único— se me ordenó iniciar el operativo Nuevo León-Tamaulipas, igualmente sin dirección ni trabajo de inteligencia, dando a conocer nuevamente a los medios de comunicación de manera previa el inicio de dicho operativo”.
Errores como ese que alertan a la delincuencia no son banales, sino que pueden producir efectos muy graves, como el asesinato de tres miembros de la AFI, ultimados en un hotel regiomontano en septiembre de 2007, casi al mismo tiempo que dos más fueron torturados y muertos, cuyos cadáveres aparecieron en una gasolinera de Santa Catarina.
Esos crímenes, recuerda Herrera en su carta a Calderón (que sin embargo fue ya conocida por García Luna) quedaron impunes, “como todos los que se han cometido contra miembros de la PFP y la AFI, con la consecuente desmoralización del personal de servicio” (Reforma, 1 de marzo).
Herrera se formó en la escuela profesional de la antigua Policía Federal de Caminos, que se fundió con otras corporaciones en 1999 al ser creada la PFP. Es también licenciado en criminología y capitán de vuelo en helicópteros.
Sin explicación fue removido de su cargo el 20 de febrero, como lo fueron en julio pasado cientos de jefes de las corporaciones federales. Quizá no hubiera padecido esa suerte de ser amigo de García Luna. Todavía se recuerda que después de la escandalosa incursión de un grupo armado en Cananea, que transitó por todo Sonora ante la impasibilidad de la PFP, fueron removidos Javier Garza Palacios y cinco mandos más.
Pero debido a su vínculo con el secretario, Garza Palacios reapareció como representante de la SSP en Bogotá.— México, D.F.
miguelangel@granadoschapa.com
(Diario de Yucatán, 5 de marzo de 2008)
lunes, 3 de marzo de 2008
Elementos del Ejército catean vivienda de regidor panista en Ciudad Juárez
■ El funcionario asegura que ingresaron sin orden de cateo y que no encontraron nada ilegal
Rubén Villalpando (Corresponsal)
Ciudad Juárez, Chih., 2 de marzo. Personal del Ejército Mexicano entró por la fuerza a la casa de Gustavo Muñoz Hepo, empresario, regidor y coordinador de la fracción del PAN en el cabildo local, sin contar con orden de cateo. Los militares argumentaron que tenían una denuncia anónima de que la vivienda era utilizada por el crimen organizado.
Muñoz Hepo, dirigente del PAN en Juárez, informó en una carta que envió a medios locales que la incursión de militares ocurrió a las 4 de la mañana de este domingo, cuando su familia dormía y él estaba en la capital de Chihuahua para participar en la convención en que se renovaría a la dirigencia estatal del blanquiazul.
Señaló que los soldados “exigieron se les permitiera el acceso o usarían un marro de grandes dimensiones para entrar por la fuerza; fueron atendidos por mis hijos y familiares”.
Sostuvo que “la revisión duró alrededor de 15 minutos y se realizó en todas las habitaciones y cuartos de la casa, concluyendo sin mayores contratiempos con la retirada de los militares, quienes presuntamente iban en busca de armas y droga como producto de una denuncia anónima, según argumentaron ellos mismos, sin que encontraran nada.
“Es muy lamentable el estado de indefensión que vivimos los juarenses, el sentimiento de impotencia, terror y abandono que cualquier familia puede vivir en un acto como éste. Afortunadamente la revisión que se hizo terminó bien, sin ningún incidente que lamentar, pero ¿quién puede garantizar que así sea en todos los casos?”, expresó.
El regidor indicó que como resultado de diversos operativos realizados el fin de semana en domicilios particulares de esta localidad, se observa que la ciudadanía “confía plenamente en el Ejército y sus actividades.
“Sin embargo, considero que los ciudadanos de bien debemos estar amparados, más que por la buena fama y prestigio de una institución, por las leyes de este país, y este tipo de operativos se deben reglamentar y supervisar de mejor manera, para salvaguardar los derechos y las garantías de personas inocentes, por lo que en los próximos días acudiremos ante las autoridades militares de la ciudad para solicitar información detallada sobre éstos, así como la forma en que se prevé castigar la comisión de abusos o excesos del personal a cargo de los operativos”, dijo el líder panista en Juárez.
Destacó que “ya vivimos demasiada violencia en las calles de la ciudad para que además tengamos que soportar ahora esta violencia enmascarada en nuestros propios domicilios, y en horas de la madrugada”.
Muñoz Hepo acotó que como representante ciudadano y como dirigente político, aprueba y felicita al Ejército Mexicano por sus resultados en la lucha contra el crimen organizado, pero reprueba y condena enérgicamente la utilización de métodos que violentan y laceran los más elementales derechos individuales, alterando gravemente las ya de por sí alteradas condiciones de vida de las familias juarenses.
Desde que el Ejército Mexicano combate al narcotráfico, efectivos castrenses han entrado en al menos en 10 casas de Juárez sin orden de cateo, y en al menos seis han encontrado a presuntos narcotraficantes, drogas y armas, pero en otras cuatro ocasiones han ingresado a casas de familias sin relación alguna con ilícitos, donde han destrozado puertas y muebles. En una de esas casas incluso robaron televisiones, aparatos de sonido y otros equipos electrónicos.
(La Jornada, 3 de marzo de 2008)
